El Sur de Acapulco
El desastre financiero que dejaron las anteriores administraciones municipales tendrá consecuencias de largo plazo. En 2013 apenas comienza el via crucis con el que deberán cargar no pocos alcaldes para responder a las enormes carencias y rezagos sociales de sus demarcaciones con recursos muy disminuidos, ya que parte del dinero se destinará a cubrir las deudas adquiridas por las administraciones anteriores con diferentes acreedores.
El de las deudas municipales no es un problema exclusivo de los municipios de Guerrero, sino que es un fenómeno relativamente reciente y que afecta a cientos de gobiernos locales en todo el país.
Sin embargo, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco), los municipios de Guerrero se encuentran entre los que incrementaron su deuda de manera significativa en números relativos durante el periodo 2005-2012, ya que se reportó un aumento de ¡9 mil 704! por ciento y ocupan en este rubro el segundo lugar nacional, solo después de Hidalgo.
Este alto porcentaje de endeudamiento se debe a que al 31 de diciembre de 2008, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no reportaba ningún adeudo entre los municipios de Guerrero; los primeros registros de la dependencia federal corresponden a diciembre de 2009, es decir, un año después de que asumieron el cargo las autoridades municipales anteriores.
Pero en números absolutos, los municipios guerrerenses no se ubican en los primeros lugares del país, pues su deuda registrada ante la SHCP en conjunto sumaba 515 millones de pesos al 30 de junio de 2012, muy por debajo de la deuda conjunta de municipios de estados como Jalisco, que alcanzó 8 mil 130 millones de pesos, México con 5 mil 627 millones y Nuevo León cuyos municipios deben 5 mil 237 millones de pesos.
El Imco también identificó en su investigación que las deudas de 10 municipios (Guadalajara, Tijuana Monterrey, Zapopan, Benito Juárez, Nuevo Laredo, León Mexicali, San Nicolás de los Garza y Tlaquepaque) representaron 33.5 por ciento del total de pasivos municipales del país.
Sorprende que a Acapulco no se le considere dentro de la lista de los 20 municipios más endeudados, pero esto se explica porque la mayor parte de lo que debe este ayuntamiento –cuyos cálculos van de 2 mil a 2 mil 500 millones de pesos– no fue registrado ante la SHCP, pues los estados y municipios sólo están obligados a registrar financiamiento vinculados con sus participaciones federales.
Al respecto, el Consejo de Estabilización del Sistema Financiero explica que en algunas entidades federativas, la deuda real de estados y municipios es hasta tres veces mayor al monto de la registrada en la SHCP.
Los municipios han disminuido su deuda reportada a lo largo del año. Al 30 de junio, como señala el Imco, ésta sumaba 515 millones y 45 los municipios de Guerrero endeudados destacando Acapulco, Zihuatanejo, Atoyac, Chilpancingo y Ayutla. Sólo 29 municipios tenían pasivos menores a un millón de pesos, según la página electrónica de la SHCP.
Pero al 30 de septiembre, ya sólo tres municipios registraron deuda (Acapulco, Zihuatanejo y Atoyac), y al 30 de diciembre, sólo dos (Acapulco y Zihuatanejo). Sin duda los ayuntamientos dejaron las arcas vacías en el último trimestre de 2012 para cumplir las deudas que adquirieron.
Los ingresos de los municipios
Para el ejercicio 2013, los ayuntamientos de Guerrero no tendrán incremento en sus ingresos, salvo las actualizaciones por la inflación.
Todos los municipios reciben recursos provenientes de las transferencias federales (participaciones y aportaciones, principalmente) y de la recaudación de ingresos propios (cobro de impuestos, derechos, aprovechamientos, etc.). Excepto municipios como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo, la mayoría de demarcaciones locales del estado tiene ingresos propios muy disminuidos, por lo que dependen mucho de los recursos federales.
De acuerdo con su ley de ingresos, se estima que el municipio de Acapulco tendrá ingresos en el ejercicio 2013 por un total de 2 mil 273 millones de pesos. De este total, las transferencias federales suman mil 536.7 millones de pesos y los ingresos propios del puerto se calculan en 736.3 millones, la mayoría de los cuales (65.5 por ciento) provendrán del cobro de impuestos por 483 millones.
Sin embargo, parte de estos recursos tendrán que destinarse al pago de las deudas adquiridas por la administración municipal anterior, ya que la propia Ley de Ingresos de Acapulco autoriza al ayuntamiento “a realizar las operaciones y actos jurídicos necesarios para reestructurar y/o refinanciar y/o sustituir los créditos constitutivos de deuda pública contraídos previamente con autorización expresa del Congreso del Estado”.
Y agrega que estas acciones de refinanciamiento o reestructura podrán ser por un monto de hasta 460 millones de pesos.
Y en el mismo documento, el Congreso del Estado autoriza al ayuntamiento de Acapulco para la contratación de nuevos financiamientos “hasta por un monto equivalente a 30 por ciento del total de los ingresos autorizados en la presente ley de ingresos”.
Lo anterior significa que el municipio de Acapulco se seguirá endeudando para pagar sus pasivos actuales y para la operación normal del ayuntamiento, y lo podrá hacer hasta por 681.9 millones de pesos en el presente año.
La situación financiera de Acapulco es tan grave que el presidente municipal Luis Walton Aburto solicitó en varias ocasiones al gobierno federal el “rescate” del puerto ante la grave falta de recursos.
Incluso el Congreso del Estado emitió un acuerdo parlamentario, en noviembre pasado, en donde exhorta a los legisladores federales de las dos cámaras “para que aprueben una partida extraordinaria en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2013 y apoyen con recursos extraordinarios para la recuperación del H. ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez” por mil 300 millones de pesos.
En la exposición de motivos se argumenta que “nuestros ayuntamientos se encuentran en situación de crisis heredadas por administraciones pasadas, laudos laborales, pago de aguinaldos, deudas pendientes con proveedores”.
Continúa la exposición que el municipio de Acapulco “hoy sufre una crisis económica, este quebranto económico le llevará mucho tiempo para reponerse y muy probablemente sean varias las administraciones que en lo futuro tendrán que sufrir las consecuencias.”
Sin embargo, en ningún momento el acuerdo parlamentario se pronuncia por sancionar a quienes dejaron en esta situación vulnerable al ayuntamiento ni tampoco por establecer medidas de control y vigilancia que las eviten en el futuro. Solo piden más recursos.
Pero ni el exhorto del Congreso local ni los pedidos de Luis Walton surtieron efecto, y el presupuesto de ingresos del municipio de Acapulco para 2013 quedó prácticamente inalterado.
Los más perjudicados con esta disminución de recursos son los habitantes del municipio que verán restringidos significativamente los servicios públicos, la construcción de obras, los programas sociales y otras acciones del gobierno municipal.
Los ingresos de municipios “grandes”
La capital del estado tendrá ingresos durante el ejercicio 2013 por un total de 538.5 millones de pesos, de los cuales 426.9 millones provienen de las transferencias federales y 66.9 millones por concepto de ingresos propios (12.3 por ciento); adicionalmente tendrá 44.5 millones por convenios firmados con el gobierno federal.
El ayuntamiento que preside Mario Moreno Arcos solicitó autorización al Congreso para contratar un crédito “por un monto equivalente a 30 por ciento del total de los ingresos ordinarios autorizados en la presente ley de ingreso”, pero la petición no fue autorizada.
Sin embargo, se dejó abierta la posibilidad para que el ayuntamiento presente solicitudes de autorización de endeudamiento cuando lo considere necesario.
En el caso del municipio de Iguala, su ley de ingresos establece que durante 2013 recibirá recursos por 367.3 millones de pesos, de los que 261.1 son transferencias federales (participaciones y aportaciones) y 71.7 millones ingresos propios (19.5 por ciento del total). De manera adicional, Iguala tendrá recursos por 34.4 millones de pesos de ingresos extraordinarios, sin especificar su origen.
Por su parte, el municipio de José Azueta podrá disponer de recursos que suman 430.5 millones de pesos, de los cuales 265.1 millones serán recursos provenientes de la federación, 158 de recursos propios (36.8 por ciento) y 6.7 de recursos extraordinarios.
Finalmente, en la revisión de la ley de ingresos del municipio de Taxco se identificó que en 2013 obtendrá recursos por 291.7 millones de pesos, de éstos 226.6 millones corresponden a participaciones y aportaciones federales, 26.1 millones a ingresos propios (8.9 por ciento) y 38.7 a recursos extraordinarios.
Los otros municipios
El gobierno del estado envió al Congreso local una ley de ingresos para respaldar a 15 municipios que no enviaron su propia ley para el ejercicio 2013. En conjunto, los 15 municipios (Ahuacuotzingo, Atlamajalcingo, Coahuayutla, Copanatoyac, Cualac, Cuetzala, José Joaquín de Herrera, Metlatónoc, Mochitlán, Tlacoapa, Tlalixtaquilla, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Xochistlahuaca y Zapotitlán) recibirán recursos por 671.2 millones de pesos.
Destaca de este grupo el municipio de Xochistlahuaca, que recibirá del orden de 105.5 millones, Ahuacuotzingo, con 73.5 millones, Metlatónoc 70.1 millones, José Joaquín Herrera, 61.7 millones y Copanatoyac, con 57.2 millones de pesos.
Finanzas estatales
El Imco informó que de 2008 a 2010 la calidad de la información presupuestal que presentaron los estados fue cada vez peor. Con base en el índice de información presupuestal estatal –un parámetro diseñado por el Imco–, ese instituto encontró que en el periodo de tres años, en 18 estados la calificación disminuyó significativamente como en Baja California y Michoacán (22 por ciento de decremento), Campeche (19 por ciento), Guerrero (19) y Distrito Federal (17 por ciento); mientras que otras entidades, como Colima y Yucatán incrementaron sus índices.
El caso de Guerrero es singular porque en 2008 tuvo la segunda mejor posición del país y luego bajó al lugar 10 en 2010. En 2008, por ejemplo, tuvo una calificación de 71.4 por ciento y al año siguiente disminuyó drásticamente a 48.8 por ciento para ocupar la posición 17. En el siguiente ejercicio fiscal (2010) el estado se recuperó y obtuvo 58.1 por ciento para desplazarse a la posición 10.
Lo anterior significa que en un solo gobierno, el de Zeferino Torreblanca Galindo, hubo diferentes criterios y disposición para transparentar la información presupuestal.
El estado volvió a los primeros lugares en 2012, ya con el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, al registrar el quinto lugar, con 68 por ciento, en la lista del Imco.
Esta posición, que por sí misma tiene su propio valor, hay que matizarla sin embargo, pues está muy lejos de la pretensión de varios funcionarios del gobierno del estado que quieren ver en este reconocimiento del Imco, un gobierno con plena transparencia.
La evaluación que realiza cada año el Imco se refiere a la presentación y difusión de la información presupuestal, pero éste es sólo uno de los numerosos aspectos del ejercicio de gobierno que deben transparentarse.
De manera particular, los criterios que se evaluaron para obtener el quinto lugar fueron la calidad y cantidad de información incluida en un documento: el presupuesto de egresos del estado del año 2012, que satisficieron los parámetros propuestos por el Imco.
Pero el ejercicio de estos recursos es otra cosa, y ahí no hay nada claro.
martes, 19 de febrero de 2013
martes, 5 de febrero de 2013
Claroscuros del derecho de acceso a la infromación en 2012
El Sur de Acapulco
Desde que los guerrerenses comenzaron a ejercer su derecho a la información, amparados por la Ley de Acceso a la Información de 2006, el Ejecutivo del estado ha obstaculizado este derecho ciudadano por medio del cobro excesivo de la reproducción de documentos y de la venta de soportes de información como los discos compactos.
Tanto el gobierno de Zeferino Torreblanca como el de Ángel Aguirre, a través de las políticas que aplica la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, ha dificultado que los ciudadanos tengan acceso a documentos en poder del gobierno del estado.
Haciendo caso omiso al artículo sexto de la Constitución federal, y al 2, 122 y 123 de la Ley de Transparencia del estado, que garantizan la gratuidad de la información, la Sefina estableció para 2013 un costo de 4.30 pesos por una fotocopia simple, 43 pesos por un disco compacto (para el traslado electrónico de información) y 32 pesos por una copia certificada.
Ante esta irregularidad que lleva practicándose más de seis años (dos en la actual administración estatal), el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero, una de cuyas funciones es garantizar que se cumpla lo que dicta la ley en la materia, a la fecha no se ha pronunciado ni mucho menos intervenido.
La gratuidad en el sexto constitucional
La reforma del artículo sexto de la Constitución federal tuvo su origen en los criterios desiguales que manejaban las leyes de transparencia y acceso a la información de los estados; uno de estos principios poco homogéneos era precisamente el cobro diferenciado que hacía cada entidad por el derecho de acceso a la información.
En el estado de Guerrero, por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública de 2006, en su artículo 47, establecía que “los costos por obtener la información pública” incluían el pago de los derechos establecidos en las leyes respectivas, el costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información y el costo de envío.
En el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, para tener acceso a la información se tenían que desembolsar 3.50 pesos por cada fotocopia simple y 34 pesos por un disco compacto. En el año siguiente, lo redujo apenas a 3.20 pesos por una fotocopia.
La base normativa de estos cobros se establecía en la Ley de Hacienda del estado, que en diciembre de 2006, mediante una modificación, añadió el artículo 102 bis el cobro de “derechos por reproducción y envío de materiales que contengan información pública del gobierno del estado de Guerrero y de sus entidades públicas”.
En este artículo se estableció que adicional a los “derechos por acceso a la información”, de por sí caros, se harían cobros por “fomento educativo y asistencia”, “construcción de caminos”, “fomento a la actividad turística” y “recuperación ecológica”.
Estos cobros fueron legales, aunque injustos, hasta julio de 2007, fecha en que se aprobó la reforma al sexto constitucional y que contenía principios con los que se buscaba homologar las leyes estatales. Se incluyó en el texto constitucional que “toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos”.
Para hacer congruente la ley local de transparencia (que de acuerdo con varios estudios era una de las peores leyes del país) a los principios del sexto constitucional, en 2010 entró en vigor una nueva norma en Guerrero que incluyó de manera expresa la gratuidad de la información en los artículos 2, 122 y 123 como lo mandataba la Constitución federal.
En dichos artículos se menciona que “las solicitudes de acceso a la información serán gratuitas” y que los solicitantes sólo cubrirán “el costo de los materiales utilizados para la reproducción de la información”, “el costo de su envío” y “la certificación de documentos, cuando proceda”.
Sin embargo, todavía hoy, varias dependencias del gobierno exigen a los solicitantes de información acudir a la Sefina a pagar un costo que es inconstitucional, que al no poderse cubrir, restringe el derecho de acceso a la información.
Tal fue el caso reciente de una solicitud de información presentada ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para pedir el expediente de la obra del Polideportivo de Chilpancingo. Al principio la dependencia negó la información argumentando que estaba clasificada como “reservada”, y luego de una queja ante el ITAIG, que obligó a la dependencia a entregarla, la Seduop dijo que no contaba con la información en versión electrónica y remitió al solicitante a pagar a la Sefina por un expediente de 350 hojas, lo cual significaba cubrir un costo de mil 516.6 pesos. Ante el alto costo, la información no fue reclamada y se dejó de ejercer este derecho.
Solicitudes vía electrónica
En contraste con los altos costos del gobierno del estado, fue un acierto del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la promoción que hizo entre los estados para que instalaran una plataforma tecnológica para la recepción y respuesta a solicitudes de información por vía electrónica.
Luego de una disputa estéril entre el gobierno del estado y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero en 2010, sobre quién operaría el sistema promovido por el IFAI, el 1 de febrero de 2011 comenzó a funcionar la plataforma InfoGro que desde el primer año fue muy útil debido a que los guerrerenses que habitaban en los municipios más alejados no tendrían que trasladarse a la capital del estado para presentar una solicitud de información.
De 2006 a 2010, el promedio anual de solicitudes presentadas ante el Ejecutivo del estado fue de poco más de 200. Sin embargo, en el primer año de funcionamiento del Info Gro, de febrero a diciembre de 2011, la cifra se multiplicó hasta llegar a mil 61 solicitudes por vía electrónica.
En este año, las dependencias que recibieron más solicitudes fueron la Secretaría de Salud, con 21.4 por ciento de las peticiones; la Sefina, con 9.5 por ciento, Seguridad Pública y Protección Civil, con 9 por ciento y la Procuraduría General de Justicia del estado con 5 por ciento de las solicitudes.
En 2012, el número se incrementó en poco más de 50 por ciento, pues las solicitudes registradas fueron mil 572. En este año fue la Procuraduría General de Justicia la dependencia que tuvo el mayor número de solicitudes con 17.1 por ciento, le siguieron la Secretaría de Salud con 16 por ciento, la Sefina registró 11 por ciento y Seguridad Pública y Protección Civil tuvo 8 por ciento de las solicitudes.
En el nivel federal, también se incrementó el número de solicitudes. De acuerdo con el IFAI, en 2012 se recibieron un total de 131 mil 154 peticiones, mientras que el año anterior fueron 123 mil 293.
Las dependencias que más solicitudes recibieron son el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 53 mil 156, la Secretaría de Educación Pública con 38 mil 967 y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que registró 27 mil 565 solicitudes.
Destaca que mientras en el nivel federal sólo hubo un incremento de 6.3 por ciento en el número de solicitudes de 2011 a 2012, en el estado de Guerrero el aumento fue de 48.1 por ciento, lo que significa que hay un creciente interés de los ciudadanos por conocer lo que se hace en el gobierno.
Entre los pendientes en esta materia está que el sistema Info Gro se amplíe a todas las dependencias públicas, como el Congreso local, el Poder Judicial, los organismos autónomos y los ayuntamientos.
Lecciones del movimiento de autodefensa
1. Las y los guerrerenses han aguantado durante décadas la marginación, el hambre, la carencia o los pésimos servicios públicos, la represión, el abandono, la exclusión, derivados en gran parte de malos y pésimos gobiernos. Pero atentar contra su vida, su integridad, su patrimonio, su familia, ya no pudieron soportarlo, y le apostaron a la autoprotección organizada desde sus comunidades, sin saber que eso también significaba, paradójicamente, un desafío a las instituciones que no fueron ni son todavía capaces de garantizar la seguridad de la población en el estado.
Hoy muchas voces indignadas, sobre todo de aquellos que se sienten cuestionados con estas prácticas como diputados, funcionarios estatales y federales, alcaldes, magistrados y hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reprueban tajantemente los movimientos de autoprotección invocando un maltrecho “Estado de derecho”.
Y cabe preguntarse dónde estuvieron los 10 años anteriores, por qué nunca se indignaron frente a la violencia desmesurada del crimen organizado, que se fue extendiendo de las ciudades hasta las zonas rurales y los poblados más apartados, ni tampoco ante la inacción gubernamental y la impunidad.
Estos movimientos ciudadanos simplemente evidenciaron la inoperancia y la ineficacia de las autoridades locales, estatales y federales para brindar un mínimo de seguridad a las y los ciudadanos de los municipios guerrerenses.
2. La primera reacción gubernamental no pudo ser más tibia. Al principio, fue el pasmo y solo atinaron a enviar al Ejército y a las fuerzas policiacas del estado, más para generar el efecto mediático de que tienen el control de la situación que para responder de manera apropiada a esta sentida demanda ciudadana.
Pero hoy se observa ya una contraofensiva –de diferentes intensidades– en contra de los pueblos que se atrevieron a cuestionar en la práctica la ineficacia gubernamental.
Además de que ha comenzado una campaña de desprestigio del movimiento –con ultimátum a los alzados–, se anunciaron demandas en contra de personas que integran los grupos de autodefensa y está en puerta también una iniciativa jurídica para regular el funcionamiento de estos grupos comunitarios, con lo que se busca subordinarlos y replegar este poder comunitario.
La contraofensiva también incluye la integración de una comisión para la armonía y el desarrollo de los pueblos indígenas, con la que se buscarán mecanismos para desalentar movimientos similares en otros municipios –pues el gobierno no ha propuesto una estrategia real de seguridad y contra la delincuencia en el estado–; y el anuncio de programas sociales, que supuestamente se pondrán en marcha en la región, programas que ya es costumbre llevar sólo en épocas de crisis, aun cuando la marginación y las necesidades son permanentes.
Lo peor de la contraofensiva es la desarticulación de las diferentes expresiones del movimiento en los distintos municipios del estado dividiéndolas y enfrentándolas entre sí o con otras organizaciones, como es el caso de la UPOEG y la CRAC, en la Costa Chica, y la Policía Ciudadana y Popular del municipio de Olinalá y la dirigencia de Antorcha Campesina.
3. Lo que viene es sumamente preocupante. Se están tomando medidas pero no para replantear o diseñar una estrategia que dé seguridad a los habitantes de la región, sino para desarticular el movimiento y demostrar (mediáticamente) que el gobierno tiene el control de la situación.
Pero lo peor será que el crimen organizado, aprovechando la desactivación del movimiento que intentará el gobierno del estado, buscará “dar una lección” a los habitantes de estas comunidades que se levantaron (no es capricho que se embocen, como los han descalificado muchos, sino que saben los riesgos de asumir una actividad de protección como ésta) poniendo en serio riesgo a los habitantes de estas regiones.
Y entonces, poco o nada habrá cambiado en materia de seguridad.
Desde que los guerrerenses comenzaron a ejercer su derecho a la información, amparados por la Ley de Acceso a la Información de 2006, el Ejecutivo del estado ha obstaculizado este derecho ciudadano por medio del cobro excesivo de la reproducción de documentos y de la venta de soportes de información como los discos compactos.
Tanto el gobierno de Zeferino Torreblanca como el de Ángel Aguirre, a través de las políticas que aplica la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, ha dificultado que los ciudadanos tengan acceso a documentos en poder del gobierno del estado.
Haciendo caso omiso al artículo sexto de la Constitución federal, y al 2, 122 y 123 de la Ley de Transparencia del estado, que garantizan la gratuidad de la información, la Sefina estableció para 2013 un costo de 4.30 pesos por una fotocopia simple, 43 pesos por un disco compacto (para el traslado electrónico de información) y 32 pesos por una copia certificada.
Ante esta irregularidad que lleva practicándose más de seis años (dos en la actual administración estatal), el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero, una de cuyas funciones es garantizar que se cumpla lo que dicta la ley en la materia, a la fecha no se ha pronunciado ni mucho menos intervenido.
La gratuidad en el sexto constitucional
La reforma del artículo sexto de la Constitución federal tuvo su origen en los criterios desiguales que manejaban las leyes de transparencia y acceso a la información de los estados; uno de estos principios poco homogéneos era precisamente el cobro diferenciado que hacía cada entidad por el derecho de acceso a la información.
En el estado de Guerrero, por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública de 2006, en su artículo 47, establecía que “los costos por obtener la información pública” incluían el pago de los derechos establecidos en las leyes respectivas, el costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información y el costo de envío.
En el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, para tener acceso a la información se tenían que desembolsar 3.50 pesos por cada fotocopia simple y 34 pesos por un disco compacto. En el año siguiente, lo redujo apenas a 3.20 pesos por una fotocopia.
La base normativa de estos cobros se establecía en la Ley de Hacienda del estado, que en diciembre de 2006, mediante una modificación, añadió el artículo 102 bis el cobro de “derechos por reproducción y envío de materiales que contengan información pública del gobierno del estado de Guerrero y de sus entidades públicas”.
En este artículo se estableció que adicional a los “derechos por acceso a la información”, de por sí caros, se harían cobros por “fomento educativo y asistencia”, “construcción de caminos”, “fomento a la actividad turística” y “recuperación ecológica”.
Estos cobros fueron legales, aunque injustos, hasta julio de 2007, fecha en que se aprobó la reforma al sexto constitucional y que contenía principios con los que se buscaba homologar las leyes estatales. Se incluyó en el texto constitucional que “toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos”.
Para hacer congruente la ley local de transparencia (que de acuerdo con varios estudios era una de las peores leyes del país) a los principios del sexto constitucional, en 2010 entró en vigor una nueva norma en Guerrero que incluyó de manera expresa la gratuidad de la información en los artículos 2, 122 y 123 como lo mandataba la Constitución federal.
En dichos artículos se menciona que “las solicitudes de acceso a la información serán gratuitas” y que los solicitantes sólo cubrirán “el costo de los materiales utilizados para la reproducción de la información”, “el costo de su envío” y “la certificación de documentos, cuando proceda”.
Sin embargo, todavía hoy, varias dependencias del gobierno exigen a los solicitantes de información acudir a la Sefina a pagar un costo que es inconstitucional, que al no poderse cubrir, restringe el derecho de acceso a la información.
Tal fue el caso reciente de una solicitud de información presentada ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para pedir el expediente de la obra del Polideportivo de Chilpancingo. Al principio la dependencia negó la información argumentando que estaba clasificada como “reservada”, y luego de una queja ante el ITAIG, que obligó a la dependencia a entregarla, la Seduop dijo que no contaba con la información en versión electrónica y remitió al solicitante a pagar a la Sefina por un expediente de 350 hojas, lo cual significaba cubrir un costo de mil 516.6 pesos. Ante el alto costo, la información no fue reclamada y se dejó de ejercer este derecho.
Solicitudes vía electrónica
En contraste con los altos costos del gobierno del estado, fue un acierto del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la promoción que hizo entre los estados para que instalaran una plataforma tecnológica para la recepción y respuesta a solicitudes de información por vía electrónica.
Luego de una disputa estéril entre el gobierno del estado y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero en 2010, sobre quién operaría el sistema promovido por el IFAI, el 1 de febrero de 2011 comenzó a funcionar la plataforma InfoGro que desde el primer año fue muy útil debido a que los guerrerenses que habitaban en los municipios más alejados no tendrían que trasladarse a la capital del estado para presentar una solicitud de información.
De 2006 a 2010, el promedio anual de solicitudes presentadas ante el Ejecutivo del estado fue de poco más de 200. Sin embargo, en el primer año de funcionamiento del Info Gro, de febrero a diciembre de 2011, la cifra se multiplicó hasta llegar a mil 61 solicitudes por vía electrónica.
En este año, las dependencias que recibieron más solicitudes fueron la Secretaría de Salud, con 21.4 por ciento de las peticiones; la Sefina, con 9.5 por ciento, Seguridad Pública y Protección Civil, con 9 por ciento y la Procuraduría General de Justicia del estado con 5 por ciento de las solicitudes.
En 2012, el número se incrementó en poco más de 50 por ciento, pues las solicitudes registradas fueron mil 572. En este año fue la Procuraduría General de Justicia la dependencia que tuvo el mayor número de solicitudes con 17.1 por ciento, le siguieron la Secretaría de Salud con 16 por ciento, la Sefina registró 11 por ciento y Seguridad Pública y Protección Civil tuvo 8 por ciento de las solicitudes.
En el nivel federal, también se incrementó el número de solicitudes. De acuerdo con el IFAI, en 2012 se recibieron un total de 131 mil 154 peticiones, mientras que el año anterior fueron 123 mil 293.
Las dependencias que más solicitudes recibieron son el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 53 mil 156, la Secretaría de Educación Pública con 38 mil 967 y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que registró 27 mil 565 solicitudes.
Destaca que mientras en el nivel federal sólo hubo un incremento de 6.3 por ciento en el número de solicitudes de 2011 a 2012, en el estado de Guerrero el aumento fue de 48.1 por ciento, lo que significa que hay un creciente interés de los ciudadanos por conocer lo que se hace en el gobierno.
Entre los pendientes en esta materia está que el sistema Info Gro se amplíe a todas las dependencias públicas, como el Congreso local, el Poder Judicial, los organismos autónomos y los ayuntamientos.
Lecciones del movimiento de autodefensa
1. Las y los guerrerenses han aguantado durante décadas la marginación, el hambre, la carencia o los pésimos servicios públicos, la represión, el abandono, la exclusión, derivados en gran parte de malos y pésimos gobiernos. Pero atentar contra su vida, su integridad, su patrimonio, su familia, ya no pudieron soportarlo, y le apostaron a la autoprotección organizada desde sus comunidades, sin saber que eso también significaba, paradójicamente, un desafío a las instituciones que no fueron ni son todavía capaces de garantizar la seguridad de la población en el estado.
Hoy muchas voces indignadas, sobre todo de aquellos que se sienten cuestionados con estas prácticas como diputados, funcionarios estatales y federales, alcaldes, magistrados y hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reprueban tajantemente los movimientos de autoprotección invocando un maltrecho “Estado de derecho”.
Y cabe preguntarse dónde estuvieron los 10 años anteriores, por qué nunca se indignaron frente a la violencia desmesurada del crimen organizado, que se fue extendiendo de las ciudades hasta las zonas rurales y los poblados más apartados, ni tampoco ante la inacción gubernamental y la impunidad.
Estos movimientos ciudadanos simplemente evidenciaron la inoperancia y la ineficacia de las autoridades locales, estatales y federales para brindar un mínimo de seguridad a las y los ciudadanos de los municipios guerrerenses.
2. La primera reacción gubernamental no pudo ser más tibia. Al principio, fue el pasmo y solo atinaron a enviar al Ejército y a las fuerzas policiacas del estado, más para generar el efecto mediático de que tienen el control de la situación que para responder de manera apropiada a esta sentida demanda ciudadana.
Pero hoy se observa ya una contraofensiva –de diferentes intensidades– en contra de los pueblos que se atrevieron a cuestionar en la práctica la ineficacia gubernamental.
Además de que ha comenzado una campaña de desprestigio del movimiento –con ultimátum a los alzados–, se anunciaron demandas en contra de personas que integran los grupos de autodefensa y está en puerta también una iniciativa jurídica para regular el funcionamiento de estos grupos comunitarios, con lo que se busca subordinarlos y replegar este poder comunitario.
La contraofensiva también incluye la integración de una comisión para la armonía y el desarrollo de los pueblos indígenas, con la que se buscarán mecanismos para desalentar movimientos similares en otros municipios –pues el gobierno no ha propuesto una estrategia real de seguridad y contra la delincuencia en el estado–; y el anuncio de programas sociales, que supuestamente se pondrán en marcha en la región, programas que ya es costumbre llevar sólo en épocas de crisis, aun cuando la marginación y las necesidades son permanentes.
Lo peor de la contraofensiva es la desarticulación de las diferentes expresiones del movimiento en los distintos municipios del estado dividiéndolas y enfrentándolas entre sí o con otras organizaciones, como es el caso de la UPOEG y la CRAC, en la Costa Chica, y la Policía Ciudadana y Popular del municipio de Olinalá y la dirigencia de Antorcha Campesina.
3. Lo que viene es sumamente preocupante. Se están tomando medidas pero no para replantear o diseñar una estrategia que dé seguridad a los habitantes de la región, sino para desarticular el movimiento y demostrar (mediáticamente) que el gobierno tiene el control de la situación.
Pero lo peor será que el crimen organizado, aprovechando la desactivación del movimiento que intentará el gobierno del estado, buscará “dar una lección” a los habitantes de estas comunidades que se levantaron (no es capricho que se embocen, como los han descalificado muchos, sino que saben los riesgos de asumir una actividad de protección como ésta) poniendo en serio riesgo a los habitantes de estas regiones.
Y entonces, poco o nada habrá cambiado en materia de seguridad.
martes, 22 de enero de 2013
A la baja, los recursos para desarrollo social en el presupuesto de egresos
El Sur de Acapulco
Como pocas oficinas del gobierno del estado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas recibirá el mayor incremento de recursos en 2013, al pasar de 96.9 millones presupuestados el año anterior a 815.1 millones de pesos en el presente ejercicio, es decir, más de 740 por ciento.
Igualmente, la Secretaría General de Gobierno incrementará su presupuesto de 267.3 millones a un total de 466.8 millones de pesos para 2013. Sin embargo, en este caso específico ni el Ejecutivo del estado, ni el Congreso, que aprobó el presupuesto de egresos 2013, justifican por qué ese incremento y a qué lo van a destinar.
En contraste, las dependencias clave para el mejoramiento del bienestar de los guerrerenses como las secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Rural y Secretaría de Salud –y en general la mayoría de las dependencias– sufrieron decrementos o se mantuvieron estancadas en sus presupuestos.
Las cifras que contiene el decreto del presupuesto de egresos del estado de Guerrero para 2013 no reflejan las prioridades que se describen en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, en donde dos de los ejes principales del documento son desarrollo social con equidad y desarrollo económico sustentable.
Al contrario, en el presupuesto de egresos de 2013 se observan muy pocas diferencias con los montos y rubros en que se invierten los recursos de los presupuestos de egresos que ejecutaron gobiernos anteriores, no obstante que los planes de desarrollo tienen diferentes enfoques y establecen prioridades distintas.
En 2013, por ejemplo, hubo un incremento magro en los recursos para Guerrero, pues se pasó de un presupuesto de 38,985.8 millones en 2012 a uno de 41,102.1 millones de pesos, para un incremento de solo 5.4 por ciento en el ejercicio 2013. En relación con el presupuesto del último año del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, hay una diferencia de apenas 3 mil millones de pesos con el actual presupuesto de Ángel Aguirre.
Dependencias ganonas
Al igual que la Seduop y la Secretaría de Gobierno, otro de los sectores privilegiados con el presupuesto 2013 fue el poder Legislativo, que recibirá 84.7 millones de pesos adicionales a los del año anterior, lo que representa un incremento de 22 por ciento, sin que tampoco se justifique el porqué del aumento. Hay que destacar que los diputados se autorizaron cuatro millones de pesos más que la propuesta enviada por el Ejecutivo del estado.
Entre las dependencias que también fueron beneficiadas con el presupuesto está la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que incrementará sus recursos sustancialmente en 144 por ciento, pues este año recibirá 114.3 millones de pesos en comparación a los 46.8 millones del año anterior.
Asimismo, la Secretaría de la Mujer ejercerá este año 132.9 millones que rebasan en 33 por ciento los 100.3 millones de 2012. De hecho en la presente administración se canalizaron más recursos a esta dependencia, pues en el último año del gobierno de Torreblanca Galindo, solo recibió 41.6 millones de pesos para sus distintos programas.
El gasto social, estancado
En la presente administración, el gasto destinado a la Secretaría de Desarrollo Social será menor al del gobierno estatal anterior, ya que en el último año de Zeferino Torreblanca se presupuestaron 474.3 millones de pesos a esta dependencia, mientras que con Ángel Aguirre fue de 402.5 millones en 2012, y será de sólo 340.3 en el presente año.
El decremento es significativo pues equivale a 15.4 por ciento del presupuesto anterior, y muy grave considerando los altos y muy altos grados de marginación del estado.
También sobresale la reducción del presupuesto a la Secretaría de Desarrollo Rural que disminuirá de 344.7 millones asignados en 2012 a solo 337.4 millones de pesos en el presente año. Sobre este rubro, el gobierno del estado anunció que para la compra de fertilizante químico invertirá 170 millones, y si se descuentan además cerca de 40 millones de pesos de gastos de operación de la dependencia, significa que al campo guerrerense, el estado apenas invertirá una cantidad cercana a los 127 millones de pesos.
Con esa cantidad, será muy difícil que el gobierno del estado cumpla las metas del PED que en el sector de desarrollo rural se propuso “garantizar a la población el abasto de los productos alimenticios; incrementar el nivel y la calidad de la ocupación laboral; diversificar y fortalecer la composición de la oferta productiva; incrementar el valor agregado de los productos del campo y del mar”, entre otros.
La Secretaría de Salud es otra de las dependencias castigadas con el presupuesto; en 2013 solo ejercerá 37.3 millones de pesos más que el año anterior, lo que significa menos de un punto porcentual de incremento, al pasar de 4,529.6 millones en 2012, a 4,556.9 millones de pesos en el presente año.
Otra dependencia que vio estancado el monto de sus recursos es la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, que no obstante que incrementará sus funciones con el reconocimiento e incorporación a sus programas del pueblo afromexicano, su presupuesto pasará de 28.8 millones a 29.9 millones de pesos para el ejercicio 2013. Incluso en el último año del gobierno de Zeferino Torreblanca, el presupuesto para esta dependencia era más alto, de 30.5 millones de pesos.
La procuración de justicia será también menguada en sus recursos. De 533.1 millones que se presupuestaron el año pasado se tienen solo 469.4 millones de pesos para el presente ejercicio, incluso muy por debajo de los 521.9 que se programaron para el último año del gobierno de Torreblanca Galindo.
Estas cifras contrastan con lo que señala el propio decreto de presupuesto de egresos del estado donde se afirma que “canalizaremos los recursos que estén en nuestra posibilidad y los que logremos de la federación a la seguridad pública, a la procuración e impartición de justicia, aspectos fundamentales para lograr una convivencia armónica de las familias guerrerenses”.
La pesada carga
Cada año, la mayor parte del presupuesto de egresos de Guerrero se destina a los sectores educación y salud. Para 2013, la Secretaría de Educación tendrá un monto de 15,424.8 millones de pesos, que representan el 53.6 por ciento del presupuesto del Ejecutivo y 37.5 por ciento del total del estado.
A la Secretaría de Salud por su parte le fueron asignados en 2013 recursos por 4,566.9 millones de pesos, y equivalen a 15.8 por ciento del monto total del gobierno del estado, y 11.1 por ciento del presupuesto total del estado.
Sumados los dos sectores, el porcentaje de recursos que se les destina es de 69.4 por ciento del monto del Ejecutivo y 48.6 por ciento del presupuesto global del estado.
No obstante estas cantidades, los indicadores en materia de educación y salud colocan a Guerrero entre los últimos lugares desde hace varios años.
Transparencia de los recursos
El capítulo referente a la información y la transparencia de los recursos del presupuesto de egresos –que desde hace varios ejercicios se incluye en el decreto– nadie lo cumple, no obstante que con claridad establece que “los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, los Organismos Autónomos, así como las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, deberán cumplir las obligaciones de transparencia en materia presupuestaria” consideradas en la Ley de Transparencia del estado.
Y se refiere de manera específica a la publicación de los indicadores de gestión y del ejercicio de los recursos públicos.
Este tipo de información, útil para monitorear el ejercicio de los recursos, no es difundido por ninguna de las dependencias de Guerrero, o no está actualizado, como se puede revisar en las páginas electrónicas de las dependencias públicas.
Agrega el decreto de presupuesto de egresos que el Ejecutivo estatal por medio de la Secretaría de Finanzas y Administración publicará en su página web “los informes sobre la ejecución del presupuesto, en el que se detalle la comparación entre lo aprobado y lo ejercido”, así como los datos estadísticos y la información que la Sefina tenga disponible a fin de contribuir a una mejor comprensión de la ejecución del gasto, del cumplimiento de las metas y programas autorizados.
Esta información, la Sefina tampoco la pone a disposición, por lo que el ejercicio de los recursos considerados en el presupuesto de egresos de cada año se convierte en un secreto que sólo años después, cuando se publica la cuenta pública de las diferentes dependencias, es conocida por los ciudadanos.
Quién vigila el ejercicio de los recursos
Las dependencias que se encargan de la vigilancia y la fiscalización de los recursos también observaron decremento o estancamiento en sus presupuestos.
La Contraloría General del Estado, por ejemplo, vio disminuido su presupuesto en relación con 2012, ya que en ese año se le asignaron 61.3 millones de pesos, y en el presente ejercicio solo 54.7 millones.
La Auditoría General del Estado por su parte, apenas incrementó este año sus recursos en 1.5 millones de pesos respecto de los de 2012, al pasar de 60.4 a 62 millones de pesos.
Una de las grandes deficiencias de los decretos de presupuesto de egresos del estado de Guerrero es que no propone la incorporación de la ciudadanía en la vigilancia del ejercicio de los recursos.
Sin embargo, existen otros documentos normativos que sí establecen o proponen la vigilancia ciudadana. Tal es el caso del Plan Estatal de Desarrollo de la actual administración, una de cuyas estrategias es “establecer mecanismos para una contraloría social efectiva y promover la participación de los ciudadanos en la evaluación de las acciones de buen Gobierno”.
Sin embargo, en la práctica no ha sido una política de gobierno ni se ha promovido la contraloría social en las acciones y programas gubernamentales guerrerenses.
El gobernador Ángel Aguirre Rivero ha retrasado la integración del Consejo ciudadano para la vigilancia de las adquisiciones y la obra pública –cuyo decreto fue aprobado hace ya un año– y también ha dejado de mencionar en sus discursos al consejo ciudadano que vigilaría la operación del programa de fertilizante, que anualmente ejerce cerca de 800 millones de pesos para la adquisición y distribución del insumo.
Asimismo, funcionarios de la Contraloría General del Estado han declarado que la contraloría ciudadana no está prevista en la normatividad, y estorban una iniciativa de varios grupos de ciudadanos que se interesan por monitorear los recursos de la Secretaría de Salud.
Este año se agrega a las dependencias que debería tener una vigilancia estricta, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública que ejercerá recursos por 815.1 millones de pesos, presupuesto que seguramente se invertirá en “proyectos de infraestructura física que sean detonadores del desarrollo regional del Estado” como el Acabús, el macrotúnel que formará la vialidad conocida como Escénica alterna, la terminación del edificio del Centro de Atención Ciudadana, las tres obras en Acapulco, y el inicio del Metrobús en Chilpancingo.
Pero en el decreto de presupuesto de egresos nada se propone para una vigilancia más allá de la que realizan las instituciones.
Como pocas oficinas del gobierno del estado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas recibirá el mayor incremento de recursos en 2013, al pasar de 96.9 millones presupuestados el año anterior a 815.1 millones de pesos en el presente ejercicio, es decir, más de 740 por ciento.
Igualmente, la Secretaría General de Gobierno incrementará su presupuesto de 267.3 millones a un total de 466.8 millones de pesos para 2013. Sin embargo, en este caso específico ni el Ejecutivo del estado, ni el Congreso, que aprobó el presupuesto de egresos 2013, justifican por qué ese incremento y a qué lo van a destinar.
En contraste, las dependencias clave para el mejoramiento del bienestar de los guerrerenses como las secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Rural y Secretaría de Salud –y en general la mayoría de las dependencias– sufrieron decrementos o se mantuvieron estancadas en sus presupuestos.
Las cifras que contiene el decreto del presupuesto de egresos del estado de Guerrero para 2013 no reflejan las prioridades que se describen en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, en donde dos de los ejes principales del documento son desarrollo social con equidad y desarrollo económico sustentable.
Al contrario, en el presupuesto de egresos de 2013 se observan muy pocas diferencias con los montos y rubros en que se invierten los recursos de los presupuestos de egresos que ejecutaron gobiernos anteriores, no obstante que los planes de desarrollo tienen diferentes enfoques y establecen prioridades distintas.
En 2013, por ejemplo, hubo un incremento magro en los recursos para Guerrero, pues se pasó de un presupuesto de 38,985.8 millones en 2012 a uno de 41,102.1 millones de pesos, para un incremento de solo 5.4 por ciento en el ejercicio 2013. En relación con el presupuesto del último año del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, hay una diferencia de apenas 3 mil millones de pesos con el actual presupuesto de Ángel Aguirre.
Dependencias ganonas
Al igual que la Seduop y la Secretaría de Gobierno, otro de los sectores privilegiados con el presupuesto 2013 fue el poder Legislativo, que recibirá 84.7 millones de pesos adicionales a los del año anterior, lo que representa un incremento de 22 por ciento, sin que tampoco se justifique el porqué del aumento. Hay que destacar que los diputados se autorizaron cuatro millones de pesos más que la propuesta enviada por el Ejecutivo del estado.
Entre las dependencias que también fueron beneficiadas con el presupuesto está la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que incrementará sus recursos sustancialmente en 144 por ciento, pues este año recibirá 114.3 millones de pesos en comparación a los 46.8 millones del año anterior.
Asimismo, la Secretaría de la Mujer ejercerá este año 132.9 millones que rebasan en 33 por ciento los 100.3 millones de 2012. De hecho en la presente administración se canalizaron más recursos a esta dependencia, pues en el último año del gobierno de Torreblanca Galindo, solo recibió 41.6 millones de pesos para sus distintos programas.
El gasto social, estancado
En la presente administración, el gasto destinado a la Secretaría de Desarrollo Social será menor al del gobierno estatal anterior, ya que en el último año de Zeferino Torreblanca se presupuestaron 474.3 millones de pesos a esta dependencia, mientras que con Ángel Aguirre fue de 402.5 millones en 2012, y será de sólo 340.3 en el presente año.
El decremento es significativo pues equivale a 15.4 por ciento del presupuesto anterior, y muy grave considerando los altos y muy altos grados de marginación del estado.
También sobresale la reducción del presupuesto a la Secretaría de Desarrollo Rural que disminuirá de 344.7 millones asignados en 2012 a solo 337.4 millones de pesos en el presente año. Sobre este rubro, el gobierno del estado anunció que para la compra de fertilizante químico invertirá 170 millones, y si se descuentan además cerca de 40 millones de pesos de gastos de operación de la dependencia, significa que al campo guerrerense, el estado apenas invertirá una cantidad cercana a los 127 millones de pesos.
Con esa cantidad, será muy difícil que el gobierno del estado cumpla las metas del PED que en el sector de desarrollo rural se propuso “garantizar a la población el abasto de los productos alimenticios; incrementar el nivel y la calidad de la ocupación laboral; diversificar y fortalecer la composición de la oferta productiva; incrementar el valor agregado de los productos del campo y del mar”, entre otros.
La Secretaría de Salud es otra de las dependencias castigadas con el presupuesto; en 2013 solo ejercerá 37.3 millones de pesos más que el año anterior, lo que significa menos de un punto porcentual de incremento, al pasar de 4,529.6 millones en 2012, a 4,556.9 millones de pesos en el presente año.
Otra dependencia que vio estancado el monto de sus recursos es la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, que no obstante que incrementará sus funciones con el reconocimiento e incorporación a sus programas del pueblo afromexicano, su presupuesto pasará de 28.8 millones a 29.9 millones de pesos para el ejercicio 2013. Incluso en el último año del gobierno de Zeferino Torreblanca, el presupuesto para esta dependencia era más alto, de 30.5 millones de pesos.
La procuración de justicia será también menguada en sus recursos. De 533.1 millones que se presupuestaron el año pasado se tienen solo 469.4 millones de pesos para el presente ejercicio, incluso muy por debajo de los 521.9 que se programaron para el último año del gobierno de Torreblanca Galindo.
Estas cifras contrastan con lo que señala el propio decreto de presupuesto de egresos del estado donde se afirma que “canalizaremos los recursos que estén en nuestra posibilidad y los que logremos de la federación a la seguridad pública, a la procuración e impartición de justicia, aspectos fundamentales para lograr una convivencia armónica de las familias guerrerenses”.
La pesada carga
Cada año, la mayor parte del presupuesto de egresos de Guerrero se destina a los sectores educación y salud. Para 2013, la Secretaría de Educación tendrá un monto de 15,424.8 millones de pesos, que representan el 53.6 por ciento del presupuesto del Ejecutivo y 37.5 por ciento del total del estado.
A la Secretaría de Salud por su parte le fueron asignados en 2013 recursos por 4,566.9 millones de pesos, y equivalen a 15.8 por ciento del monto total del gobierno del estado, y 11.1 por ciento del presupuesto total del estado.
Sumados los dos sectores, el porcentaje de recursos que se les destina es de 69.4 por ciento del monto del Ejecutivo y 48.6 por ciento del presupuesto global del estado.
No obstante estas cantidades, los indicadores en materia de educación y salud colocan a Guerrero entre los últimos lugares desde hace varios años.
Transparencia de los recursos
El capítulo referente a la información y la transparencia de los recursos del presupuesto de egresos –que desde hace varios ejercicios se incluye en el decreto– nadie lo cumple, no obstante que con claridad establece que “los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, los Organismos Autónomos, así como las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, deberán cumplir las obligaciones de transparencia en materia presupuestaria” consideradas en la Ley de Transparencia del estado.
Y se refiere de manera específica a la publicación de los indicadores de gestión y del ejercicio de los recursos públicos.
Este tipo de información, útil para monitorear el ejercicio de los recursos, no es difundido por ninguna de las dependencias de Guerrero, o no está actualizado, como se puede revisar en las páginas electrónicas de las dependencias públicas.
Agrega el decreto de presupuesto de egresos que el Ejecutivo estatal por medio de la Secretaría de Finanzas y Administración publicará en su página web “los informes sobre la ejecución del presupuesto, en el que se detalle la comparación entre lo aprobado y lo ejercido”, así como los datos estadísticos y la información que la Sefina tenga disponible a fin de contribuir a una mejor comprensión de la ejecución del gasto, del cumplimiento de las metas y programas autorizados.
Esta información, la Sefina tampoco la pone a disposición, por lo que el ejercicio de los recursos considerados en el presupuesto de egresos de cada año se convierte en un secreto que sólo años después, cuando se publica la cuenta pública de las diferentes dependencias, es conocida por los ciudadanos.
Quién vigila el ejercicio de los recursos
Las dependencias que se encargan de la vigilancia y la fiscalización de los recursos también observaron decremento o estancamiento en sus presupuestos.
La Contraloría General del Estado, por ejemplo, vio disminuido su presupuesto en relación con 2012, ya que en ese año se le asignaron 61.3 millones de pesos, y en el presente ejercicio solo 54.7 millones.
La Auditoría General del Estado por su parte, apenas incrementó este año sus recursos en 1.5 millones de pesos respecto de los de 2012, al pasar de 60.4 a 62 millones de pesos.
Una de las grandes deficiencias de los decretos de presupuesto de egresos del estado de Guerrero es que no propone la incorporación de la ciudadanía en la vigilancia del ejercicio de los recursos.
Sin embargo, existen otros documentos normativos que sí establecen o proponen la vigilancia ciudadana. Tal es el caso del Plan Estatal de Desarrollo de la actual administración, una de cuyas estrategias es “establecer mecanismos para una contraloría social efectiva y promover la participación de los ciudadanos en la evaluación de las acciones de buen Gobierno”.
Sin embargo, en la práctica no ha sido una política de gobierno ni se ha promovido la contraloría social en las acciones y programas gubernamentales guerrerenses.
El gobernador Ángel Aguirre Rivero ha retrasado la integración del Consejo ciudadano para la vigilancia de las adquisiciones y la obra pública –cuyo decreto fue aprobado hace ya un año– y también ha dejado de mencionar en sus discursos al consejo ciudadano que vigilaría la operación del programa de fertilizante, que anualmente ejerce cerca de 800 millones de pesos para la adquisición y distribución del insumo.
Asimismo, funcionarios de la Contraloría General del Estado han declarado que la contraloría ciudadana no está prevista en la normatividad, y estorban una iniciativa de varios grupos de ciudadanos que se interesan por monitorear los recursos de la Secretaría de Salud.
Este año se agrega a las dependencias que debería tener una vigilancia estricta, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública que ejercerá recursos por 815.1 millones de pesos, presupuesto que seguramente se invertirá en “proyectos de infraestructura física que sean detonadores del desarrollo regional del Estado” como el Acabús, el macrotúnel que formará la vialidad conocida como Escénica alterna, la terminación del edificio del Centro de Atención Ciudadana, las tres obras en Acapulco, y el inicio del Metrobús en Chilpancingo.
Pero en el decreto de presupuesto de egresos nada se propone para una vigilancia más allá de la que realizan las instituciones.
martes, 8 de enero de 2013
Transparencia y rendición de cuentas en la propuesta de Constitución
Está a debate en el Congreso del Estado una nueva Constitución para Guerrero, y en breve se abrirá también a la opinión de la ciudadanía a través de foros de consulta en las diferentes regiones del estado.
Se trata sin duda de una versión actualizada y en muchos aspectos mejorada de la ley fundamental que nos rige actualmente, pero que no deja de tener asuntos que pueden mejorarse.
Los temas de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas son novedosos en la propuesta de Constitución, al igual que la inclusión de mecanismos de democracia directa como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular. Sin embargo, en otros asuntos se observan retrocesos como la pérdida de independencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información o la ausencia del importante mecanismo de control social que es la revocación del mandato.
Lo bueno
Sin duda destaca la inclusión, entre las obligaciones del Estado, de conceptos clave que no están incluidas en la Constitución vigente, y que de cumplirse cabalmente podrían permitir el escrutinio social y el mejoramiento de la gestión pública (artículo 3 de la propuesta).
Tal es el caso del acceso a la información pública de las instituciones de gobierno y la transparencia del ejercicio de la función pública, que al incluirse en la Constitución del estado robustecerán y darán un mayor peso a la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y será congruente con el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue modificado en 2007 precisamente para que hubiera un piso mínimo en la materia en los estados del país.
La propuesta de Constitución establece también como obligación del Estado “abatir la corrupción y la impunidad, y sancionar a los infractores de conformidad con las leyes de la materia”, además de “privilegiar la rendición de cuentas y garantizar que los recursos se manejen con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y que su destino y ejercicio cumpla con los objetivos para los que fueron programados”.
Es importante que estos enunciados queden dentro de la Constitución local porque serán referentes para exigir el combate a la corrupción y una efectiva rendición de cuentas; sin embargo, aunque se establecen como obligaciones del Estado, será en la etapa de la creación o modificación de las leyes secundarias donde se observará la real disposición de cambio, ya que en materia de corrupción y rendición de cuentas se ha abusado en la retórica en detrimento de la práctica y los hechos.
Algunos de estos principios se plantean como derechos de las y los guerrerenses en el artículo 11 de la propuesta de Constitución, como son los casos de las fracciones siete “Acceder de manera efectiva a la información pública del Estado”, y once “Exigir que las autoridades del Estado rindan cuentas de manera oportuna y que sus actos sean transparentes y públicos”.
En estos casos también será necesaria la presión social para que las leyes secundarias reflejen con amplitud y efectividad esos derechos ciudadanos, y sobre todo distinguir entre la rendición de cuentas que se da entre instituciones (las entidades y dependencias públicas hacia la Contraloría General del Estado o ante las Auditorías Superior de la Federación o General del Estado) y la rendición de cuentas social, hacia los ciudadanos.
Es importante considerar sobre todo la fracción once porque será necesario reglamentar mecanismos efectivos para que los ciudadanos pueden exigir la rendición de cuentas institucional (la intervención de los órganos fiscalizadores); pero también esta Constitución deberá especificar de qué manera el Estado rendirá cuentas a la ciudadanía, ya que en el cuerpo del documento no se observan mecanismos específicos.
Mecanismos de democracia directa
Hay una novedad dentro de la propuesta de Constitución, específicamente en el artículo 16, en donde se señala que “el estado de Guerrero adopta la forma de gobierno republicano, democrático, laico, representativo, popular y participativo”.
Los dos últimos adjetivos comprometen de manera importante al gobierno estatal, y se tendrán que hacer valer en toda la legislación secundaria.
La introducción de mecanismos de democracia directa (referéndum, plebiscito e iniciativa popular) no es nueva en la legislación de Guerrero.
Uno de los antecedentes de estas figuras está en el artículo 25 de la actual Constitución, en donde se establece que el gobierno del estado “someterá a consulta de la ciudadanía, conforme a las técnicas y métodos del referéndum, los asuntos que de manera trascendente afecten el bienestar popular y reclamen importantes recursos fiscales”. Sin embargo, no existe ninguna noticia de que algún gobernador haya practicado este ejercicio ciudadano.
El otro antecedente está en la Ley de Participación Ciudadana del estado en donde se legislaron, entre otras formas de participación ciudadana, referéndum, plebiscito e iniciativa popular.
Cabe recordar que desde 2007, año en que fue aprobada la Ley de Participación Ciudadana, no se ha practicado ninguno de los mecanismos ciudadanos que propone, ha sido letra muerta. La única vez que se tuvo oportunidad de poner en marcha uno de ellos (el de la iniciativa popular) fue en 2011, cuando varias organizaciones campesinas diseñaron y propusieron la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, pero la presentaron a través de un diputado local, ya que durante cinco años el Congreso local nunca modificó el artículo 50 de la actual Constitución del estado que se refiere a los actores que pueden iniciar leyes limitándolos al gobernador, a los diputados, al Tribunal Superior de Justicia y a los ayuntamientos en el ámbito de su competencia.
La propuesta de Constitución (artículo 11) reconoce como derechos de las y los guerrerenses “participar en los procesos de referéndum, plebiscito y demás instrumentos de participación ciudadana”, además de “presentar iniciativas de ley ante el Congreso del Estado, con excepción de la materia penal y tributaria, en los términos que establezca la ley”.
Más adelante, la misma propuesta menciona en el artículo 17 que “la ley regulará los instrumentos de participación ciudadana, y las formas y modalidades en que éstos tendrán efectos vinculantes sobre las decisiones de los poderes públicos”.
Sin duda, es un gran paso incluir estos mecanismos de participación ciudadana en la ley fundamental del estado, pero de manera independiente es necesario hacer un diagnóstico de por qué, a cinco años de aprobada la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, ésta nunca operó.
Este diagnóstico deberá dar luz sobre los mecanismos que ahí se proponen, para incluir además del referéndum, el plebicito y la iniciativa popular, mecanismos viables que respondan a las necesidades del estado. En todo caso, la ley de participación ciudadana deberá modificarse, para proponer nuevos mecanismos de participación, sencillos y de acuerdo con los usos y costumbres de las y los guerrerenses, y sobre todo hacer vinculantes los resultados de los ejercicios de participación ciudadana.
En este apartado hay una figura ausente, la revocación de mandato. En los foros de consulta sin duda serán recurrentes las propuestas para que esta forma de control ciudadano hacia sus gobernantes se incluya en la nueva Constitución del estado.
Sobre el ITAIG
Hay claroscuros en lo que se propone en el documento que está en discusión respecto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al que se le dedica un capítulo completo.
No obstante que el artículo 112 garantiza la autonomía e independencia de los órganos autónomos del Estado, el artículo 132 señala que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se integrará con tres consejeros nombrados por la mayoría de los diputados del Congreso del estado, a propuesta del gobernador.
Agrega la propuesta de Constitución que “para efectos del párrafo anterior, el gobernador del estado presentará una propuesta por cada uno de ellos al Congreso del estado, el que verificará los requisitos de elegibilidad y aprobará o rechazará el nombramiento”.
Más adelante se menciona que si el Congreso del estado rechaza en dos ocasiones las propuestas de candidatos que presente el gobernador, en la tercera hará el nombramiento de los comisionados del ITAG de manera directa.
Con el artículo 132 se da un paso atrás en la independencia del ITAIG, ya que las propuestas de candidatos tendrán su origen en el Ejecutivo del estado, y ya no serían a través de convocatorias abiertas –cualquier persona que se sintiera con las capacidades y competencias en la materia podía concursar– como lo establece la actual Ley de Transparencia.
Otro punto relativo al órgano garante de la transparencia en el estado está en el artículo 117 de la Constitución a debate, específicamente en la fracción dos: “Los actos y resoluciones de los órganos autónomos estarán sujetos a control jurisdiccional en los términos dispuestos en la ley, con excepción de los que emanen de la Comisión de Derechos Humanos y del Instituto de Transparencia, que serán definitivos”.
Con este párrafo, se “quita de la inconstitucionalidad” al artículo 146 de la Ley de Transparencia, el cual establece que las resoluciones del ITAIG en materia de revisión podrán ser recurridas por las partes ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; no obstante que la fracción cuarta del artículo sexto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos menciona que “Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión”, y el Tribunal de lo Contencioso no es un órgano especializado en transparencia y acceso a la información.
Consejo de Políticas Públicas
Entre las novedades de la propuesta de Constitución destaca la creación de un organismo cuyas funciones serán la planificación, diseño, seguimiento y verificación de resultados de políticas públicas, que si funciona bien, contribuirá al mejoramiento de la función pública y al cumplimiento de los derechos de las y los guerrerenses.
El Consejo de Políticas Públicas considera la participación de los poderes públicos, de los ciudadanos y de las organizaciones sociales, de profesionistas y empresariales del estado, y entre sus limitaciones está que sus opiniones y recomendaciones no son vinculantes, y de acuerdo con experiencias anteriores, se puede convertir en un organismo decorativo.
Joyas de la opacidad y la rendición de cuentas.
Son reveladores los resultados preliminares que publica el ayuntamiento de Acapulco sobre una consulta ciudadana para formular su plan municipal de desarrollo (respuestas al 2 de enero de 2013 acopiadas en sus módulos y página web).
Por ejemplo, una de las preguntas es: ¿cómo considera que se pueden resolver los problemas del municipio?
El 27.5 por ciento de las respuestas afirmó que con una mejor planeación; 25.9 por ciento dijo que con mayor participación ciudadana; 25.2 por ciento mencionó que con la mejor aplicación de los recursos; y 21.1 por ciento contestó que con más recursos financieros.
Es decir, la ciudadanía exige que haya racionalidad en el ejercicio del presupuesto a través de la planificación de las acciones para que los recursos se gasten realmente donde más se requieren; con “la mejor aplicación de los recursos” se refieren a su ejercicio honesto y transparente y a la eficacia del quehacer gubernamental.
Igualmente destaca que las personas que contestaron el cuestionario se refieran a la incorporación de la participación ciudadana como una de las prioridades para resolver los problemas del municipio.
Sin duda, la interpretación de las respuestas a esta pregunta plantea al ayuntamiento que encabeza Luis Walton un enorme reto, sobre todo porque deben revertir vicios e inercias que se arrastran de gestiones municipales anteriores.
Se trata sin duda de una versión actualizada y en muchos aspectos mejorada de la ley fundamental que nos rige actualmente, pero que no deja de tener asuntos que pueden mejorarse.
Los temas de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas son novedosos en la propuesta de Constitución, al igual que la inclusión de mecanismos de democracia directa como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular. Sin embargo, en otros asuntos se observan retrocesos como la pérdida de independencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información o la ausencia del importante mecanismo de control social que es la revocación del mandato.
Lo bueno
Sin duda destaca la inclusión, entre las obligaciones del Estado, de conceptos clave que no están incluidas en la Constitución vigente, y que de cumplirse cabalmente podrían permitir el escrutinio social y el mejoramiento de la gestión pública (artículo 3 de la propuesta).
Tal es el caso del acceso a la información pública de las instituciones de gobierno y la transparencia del ejercicio de la función pública, que al incluirse en la Constitución del estado robustecerán y darán un mayor peso a la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y será congruente con el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue modificado en 2007 precisamente para que hubiera un piso mínimo en la materia en los estados del país.
La propuesta de Constitución establece también como obligación del Estado “abatir la corrupción y la impunidad, y sancionar a los infractores de conformidad con las leyes de la materia”, además de “privilegiar la rendición de cuentas y garantizar que los recursos se manejen con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y que su destino y ejercicio cumpla con los objetivos para los que fueron programados”.
Es importante que estos enunciados queden dentro de la Constitución local porque serán referentes para exigir el combate a la corrupción y una efectiva rendición de cuentas; sin embargo, aunque se establecen como obligaciones del Estado, será en la etapa de la creación o modificación de las leyes secundarias donde se observará la real disposición de cambio, ya que en materia de corrupción y rendición de cuentas se ha abusado en la retórica en detrimento de la práctica y los hechos.
Algunos de estos principios se plantean como derechos de las y los guerrerenses en el artículo 11 de la propuesta de Constitución, como son los casos de las fracciones siete “Acceder de manera efectiva a la información pública del Estado”, y once “Exigir que las autoridades del Estado rindan cuentas de manera oportuna y que sus actos sean transparentes y públicos”.
En estos casos también será necesaria la presión social para que las leyes secundarias reflejen con amplitud y efectividad esos derechos ciudadanos, y sobre todo distinguir entre la rendición de cuentas que se da entre instituciones (las entidades y dependencias públicas hacia la Contraloría General del Estado o ante las Auditorías Superior de la Federación o General del Estado) y la rendición de cuentas social, hacia los ciudadanos.
Es importante considerar sobre todo la fracción once porque será necesario reglamentar mecanismos efectivos para que los ciudadanos pueden exigir la rendición de cuentas institucional (la intervención de los órganos fiscalizadores); pero también esta Constitución deberá especificar de qué manera el Estado rendirá cuentas a la ciudadanía, ya que en el cuerpo del documento no se observan mecanismos específicos.
Mecanismos de democracia directa
Hay una novedad dentro de la propuesta de Constitución, específicamente en el artículo 16, en donde se señala que “el estado de Guerrero adopta la forma de gobierno republicano, democrático, laico, representativo, popular y participativo”.
Los dos últimos adjetivos comprometen de manera importante al gobierno estatal, y se tendrán que hacer valer en toda la legislación secundaria.
La introducción de mecanismos de democracia directa (referéndum, plebiscito e iniciativa popular) no es nueva en la legislación de Guerrero.
Uno de los antecedentes de estas figuras está en el artículo 25 de la actual Constitución, en donde se establece que el gobierno del estado “someterá a consulta de la ciudadanía, conforme a las técnicas y métodos del referéndum, los asuntos que de manera trascendente afecten el bienestar popular y reclamen importantes recursos fiscales”. Sin embargo, no existe ninguna noticia de que algún gobernador haya practicado este ejercicio ciudadano.
El otro antecedente está en la Ley de Participación Ciudadana del estado en donde se legislaron, entre otras formas de participación ciudadana, referéndum, plebiscito e iniciativa popular.
Cabe recordar que desde 2007, año en que fue aprobada la Ley de Participación Ciudadana, no se ha practicado ninguno de los mecanismos ciudadanos que propone, ha sido letra muerta. La única vez que se tuvo oportunidad de poner en marcha uno de ellos (el de la iniciativa popular) fue en 2011, cuando varias organizaciones campesinas diseñaron y propusieron la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, pero la presentaron a través de un diputado local, ya que durante cinco años el Congreso local nunca modificó el artículo 50 de la actual Constitución del estado que se refiere a los actores que pueden iniciar leyes limitándolos al gobernador, a los diputados, al Tribunal Superior de Justicia y a los ayuntamientos en el ámbito de su competencia.
La propuesta de Constitución (artículo 11) reconoce como derechos de las y los guerrerenses “participar en los procesos de referéndum, plebiscito y demás instrumentos de participación ciudadana”, además de “presentar iniciativas de ley ante el Congreso del Estado, con excepción de la materia penal y tributaria, en los términos que establezca la ley”.
Más adelante, la misma propuesta menciona en el artículo 17 que “la ley regulará los instrumentos de participación ciudadana, y las formas y modalidades en que éstos tendrán efectos vinculantes sobre las decisiones de los poderes públicos”.
Sin duda, es un gran paso incluir estos mecanismos de participación ciudadana en la ley fundamental del estado, pero de manera independiente es necesario hacer un diagnóstico de por qué, a cinco años de aprobada la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, ésta nunca operó.
Este diagnóstico deberá dar luz sobre los mecanismos que ahí se proponen, para incluir además del referéndum, el plebicito y la iniciativa popular, mecanismos viables que respondan a las necesidades del estado. En todo caso, la ley de participación ciudadana deberá modificarse, para proponer nuevos mecanismos de participación, sencillos y de acuerdo con los usos y costumbres de las y los guerrerenses, y sobre todo hacer vinculantes los resultados de los ejercicios de participación ciudadana.
En este apartado hay una figura ausente, la revocación de mandato. En los foros de consulta sin duda serán recurrentes las propuestas para que esta forma de control ciudadano hacia sus gobernantes se incluya en la nueva Constitución del estado.
Sobre el ITAIG
Hay claroscuros en lo que se propone en el documento que está en discusión respecto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al que se le dedica un capítulo completo.
No obstante que el artículo 112 garantiza la autonomía e independencia de los órganos autónomos del Estado, el artículo 132 señala que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se integrará con tres consejeros nombrados por la mayoría de los diputados del Congreso del estado, a propuesta del gobernador.
Agrega la propuesta de Constitución que “para efectos del párrafo anterior, el gobernador del estado presentará una propuesta por cada uno de ellos al Congreso del estado, el que verificará los requisitos de elegibilidad y aprobará o rechazará el nombramiento”.
Más adelante se menciona que si el Congreso del estado rechaza en dos ocasiones las propuestas de candidatos que presente el gobernador, en la tercera hará el nombramiento de los comisionados del ITAG de manera directa.
Con el artículo 132 se da un paso atrás en la independencia del ITAIG, ya que las propuestas de candidatos tendrán su origen en el Ejecutivo del estado, y ya no serían a través de convocatorias abiertas –cualquier persona que se sintiera con las capacidades y competencias en la materia podía concursar– como lo establece la actual Ley de Transparencia.
Otro punto relativo al órgano garante de la transparencia en el estado está en el artículo 117 de la Constitución a debate, específicamente en la fracción dos: “Los actos y resoluciones de los órganos autónomos estarán sujetos a control jurisdiccional en los términos dispuestos en la ley, con excepción de los que emanen de la Comisión de Derechos Humanos y del Instituto de Transparencia, que serán definitivos”.
Con este párrafo, se “quita de la inconstitucionalidad” al artículo 146 de la Ley de Transparencia, el cual establece que las resoluciones del ITAIG en materia de revisión podrán ser recurridas por las partes ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; no obstante que la fracción cuarta del artículo sexto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos menciona que “Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión”, y el Tribunal de lo Contencioso no es un órgano especializado en transparencia y acceso a la información.
Consejo de Políticas Públicas
Entre las novedades de la propuesta de Constitución destaca la creación de un organismo cuyas funciones serán la planificación, diseño, seguimiento y verificación de resultados de políticas públicas, que si funciona bien, contribuirá al mejoramiento de la función pública y al cumplimiento de los derechos de las y los guerrerenses.
El Consejo de Políticas Públicas considera la participación de los poderes públicos, de los ciudadanos y de las organizaciones sociales, de profesionistas y empresariales del estado, y entre sus limitaciones está que sus opiniones y recomendaciones no son vinculantes, y de acuerdo con experiencias anteriores, se puede convertir en un organismo decorativo.
Joyas de la opacidad y la rendición de cuentas.
Son reveladores los resultados preliminares que publica el ayuntamiento de Acapulco sobre una consulta ciudadana para formular su plan municipal de desarrollo (respuestas al 2 de enero de 2013 acopiadas en sus módulos y página web).
Por ejemplo, una de las preguntas es: ¿cómo considera que se pueden resolver los problemas del municipio?
El 27.5 por ciento de las respuestas afirmó que con una mejor planeación; 25.9 por ciento dijo que con mayor participación ciudadana; 25.2 por ciento mencionó que con la mejor aplicación de los recursos; y 21.1 por ciento contestó que con más recursos financieros.
Es decir, la ciudadanía exige que haya racionalidad en el ejercicio del presupuesto a través de la planificación de las acciones para que los recursos se gasten realmente donde más se requieren; con “la mejor aplicación de los recursos” se refieren a su ejercicio honesto y transparente y a la eficacia del quehacer gubernamental.
Igualmente destaca que las personas que contestaron el cuestionario se refieran a la incorporación de la participación ciudadana como una de las prioridades para resolver los problemas del municipio.
Sin duda, la interpretación de las respuestas a esta pregunta plantea al ayuntamiento que encabeza Luis Walton un enorme reto, sobre todo porque deben revertir vicios e inercias que se arrastran de gestiones municipales anteriores.
martes, 11 de diciembre de 2012
Guerrero, último lugar nacional en la contratación de bienes,
El Sur de Acapulco
El gobierno del estado de Guerrero destina únicamente 5 por ciento de su gasto total a la contratación de bienes, servicios y obra pública, con lo que se ubica en el último lugar entre las entidades del país, no obstante que son funciones esenciales para la eficacia y la viabilidad de cualquier gobierno.
En el ámbito nacional se calcula que este tipo de gasto representó en 2009 entre 30 y 40 por ciento del gasto total del sector público, y en el caso de los estados, el promedio fue de 15.6 por ciento de sus egresos totales.
El gobierno de Tamaulipas, por ejemplo, dedicó en 2009 aproximadamente 30 por ciento de sus egresos a la adquisición de bienes, servicios y obra pública, mientras que Guerrero destinó apenas 5 por ciento.
Estos datos ratifican la marcada orientación que se le da al dinero en Guerrero, en donde predomina por mucho el pago de gasto corriente y de manera particular la abultada nómina del gobierno del estado, en detrimento de los servicios y obras públicas que tanto requieren miles de guerrerenses en condiciones de pobreza.
De acuerdo con el estudio Análisis de la normatividad y las prácticas de compras públicas a nivel estatal: Guerrero, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y de donde se obtuvieron los datos, las compras públicas de bienes y servicios en 2009 fueron por 874 millones de pesos (2.3% por ciento del gasto total), mientras que la contratación de obra pública fue por 909 millones (2.4 por ciento de los egresos) del sector público en el estado.
Principales hallazgos
El estudio del Imco, realizado a finales de 2011 y principios de 2012, destacó entre sus conclusiones que si bien la Contraloría General del Estado es el órgano “encargado de controlar la legalidad de los actos de la administración estatal, entre ellos la compra y arrendamiento de bienes y servicios”, esto no sucede en la práctica.
Ejemplificó que la Contraloría participa en el comité de adquisiciones que coordina la Secretaría de Finanzas y Administración, teniendo como funciones el control preventivo de la legalidad del método de adquisición y de las bases de los concursos mediante licitación pública o invitación restringida, como también de los contratos respectivos”.
Sin embargo, sus dictámenes u observaciones sobre los procesos de compra no son acatados por la Secretaría de Finanzas.
El Imco también encontró una descoordinación entre la Subcontraloría de Normatividad y la Subcontraloría de Auditoría, ambas dependientes de la Contraloría General del Estado.
La Subcontraloría de Auditoría, destaca el estudio, no emite observaciones sobre las compras que hacen por su cuenta algunas dependencias del gobierno del estado, contrario a lo que establece la Ley de Administración y Recursos Materiales y la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Guerrero.
Asimismo, no se realiza ningún monitoreo ni registro de aquellos proveedores que provocan algún daño al estado derivado de los procesos de compras públicas; tampoco hay seguimiento sobre las inhabilitaciones ni sanciones a los mismos.
El Imco destacó que en el estado de Guerrero no hay alguna autoridad encargada de sancionar o inhabilitar a los proveedores que violan la ley. La Contraloría General del Estado no tiene esta facultad. Tampoco se genera un listado de los proveedores que incurren en incumplimiento u otras faltas a la legislación, por lo que pueden seguir siendo proveedores.
Como parte de las recomendaciones, el Instituto sugirió que el gobierno del estado fomente la presencia de las figuras de testigos sociales, es decir, “miembros de la sociedad civil que participan durante los procesos de adjudicación como observadores externos” y menciona que el objetivo es inhibir posibles actos de corrupción u otras violaciones a la ley.
Debido a que en Guerrero no hay vigilancia de observadores externos ciudadanos, el Imco recomendó que el gobierno del estado solicite a la Secretaría de la Función Pública que los testigos sociales del programa federal participen como observadores en aquellos concursos que se consideren relevantes por el monto de recursos involucrado o por la naturaleza de la compra, por ejemplo, si se vincula a temas sensibles como la salud o la seguridad.
Por otra parte, el Imco encontró un “débil nivel de control” de parte de la Contraloría General del Estado sobre el cumplimiento de los proveedores a los que se les compran bienes y servicios.
Entre las consecuencias de esta falta de vigilancia se encontraron la modificación de las condiciones del contrato –como plazos más largos o precios más altos–, la sustitución de productos por unos más baratos o de menor calidad que los estipulados en el contrato, el robo de activos o bienes, y servicios ficticios.
Asimismo, el instituto recomendó que “la Contraloría tenga la posibilidad de sancionar a los proveedores que lleven a cabo prácticas irregulares, ya que de otra manera, las faltas quedan impunes y aumenta la probabilidad de que la proveeduría vuelva a incurrir en las mismas,” y agregó que debe crearse un padrón que registre a dichos proveedores incumplidos.
Se sugirió además llevar a cabo actividades de monitoreo de la cantidad, calidad y/o tiempo de entrega o realización del bien o servicio contratado, a efecto de estar en posibilidades de aplicar sanciones y multas como un mecanismo para que los proveedores no incurran en actos de corrupción, colusión u otros delitos.
Deficiencias en las compras
La investigación del Imco destacó que aunque el gobierno del estado de Guerrero tiene un sistema de compra centralizado en el que la Sefina coordina y gestiona las adquisiciones, arrendamientos o servicios solicitados por las dependencias y entidades, se identificó que hay criterios variables para que algunas dependencias compren directamente por su cuenta.
Otra de las deficiencias encontradas es que no se aprovechan las ventajas de este sistema centralizado, es decir, no se llevan a cabo compras consolidadas de uso generalizado por el gobierno del estado ni tampoco se han instrumentado contratos marco y no existe un área de análisis y manejo de información que permita planear mejores estrategias de compras a nivel central, por lo que se gastan más recursos que pueden aprovecharse en otros rubros.
El gobierno del estado también adolece de una plataforma electrónica propia para las adquisiciones y por lo tanto utiliza el sistema informático federal de compras públicas CompraNet.
En este punto, la investigación descubrió que de este sistema federal no son visibles al público en general todas las actas relativas a los procesos de adquisición del estado de Guerrero.
En otro renglón, se observó una comunicación deficiente entre la Sefina y la Contraloría que repercute en que no haya criterios homogéneos entre ambas dependencias para llevar a cabo procesos de adquisición, principalmente en lo que corresponde a la aplicación de la normatividad.
El Imco también dio cuenta de problemas de contabilidad estatal, ya que la administración de Ángel Aguirre no cuenta con un registro fiable de las compras estatales anteriores y por otro lado, las áreas encargadas de las compras no siempre tienen claro qué normatividad (federal o estatal) deben aplicar para ejercer los recursos de los diferentes ramos, lo cual repercute en la falta de control y vigilancia sobre el destino de dichos recursos.
Licitaciones públicas
Para la compra de bienes y contratación de servicios y obra pública, el estudio del Imco explicó que la licitación pública es el mecanismo de adquisición que fomenta la transparencia y la competencia. Agrega que en el ámbito federal, la licitación pública “es la columna vertebral de los métodos de adquisición y a partir de ahí se determinan sus excepciones, a nivel estatal no son claras las modalidades regla y las modalidades excepción”.
Al revisar el caso del estado de Guerrero, el Imco señaló que aunque la ley no es clara en términos de que la licitación pública debe ser el método principal, en la práctica, según los funcionarios de compras, el método generalizado de adjudicación es la licitación pública.
Sin embargo, más de la mitad de las compras (56 por ciento) que realiza el Ejecutivo del estado se llevan a cabo a través de un método distinto a una licitación.
Joyas de la opacidad y de la rendición de cuentas
El festival anticorrupción organizado por el gobierno del estado a través de la Contraloría General del Estado, se quedó en buenas intenciones. Sin un marco conceptual que permitiera encuadrar las actividades realizadas el pasado 28 de noviembre, varias dependencias del Ejecutivo montaron sus mesas de exhibición para presentar ante el público información sobre los programas y acciones que tienen a su cargo. Pero brillaron por su ausencia las propuestas o acciones que cada dependencia o el gobierno del estado en general está realizando para prevenir y combatir la corrupción.
Fue entonces un festival muy colorido con mucha información sobre el quehacer de las dependencias –que se agradece, después de todo– pero totalmente ajeno en la práctica al tema que se anunció…
En el último foro de consulta del ayuntamiento de Chilpancingo el 30 de noviembre, con el tema de Mejores Prácticas Municipales, hubo varias propuestas en torno a la constitución de contralorías ciudadanas para la vigilancia del ejercicio de los recursos. Destacaron las que presentaron los compañeros de Ciudadanos y Ciudadanas por el Mejoramiento de la Gestión Pública, para observar y dar seguimiento a la obra pública del municipio de Chilpancingo. El punto fino es que todas las propuestas realmente se consideren, pues sólo así se propiciarán condiciones de credibilidad y confianza en el ayuntamiento capitalino. Hasta donde sabemos, es el único gobierno municipal que ha puesto a funcionar mecanismos de participación ciudadana para la elaboración de su Plan Municipal de Desarrollo…
El 5 de diciembre pasado, varios organismos sociales y civiles, encabezados por el grupo Cuicalli, presentaron ante el secretario de Salud una petición formal para hacer un ejercicio de vigilancia ciudadana a los recursos de esa dependencia. Un representante de la Contraloría General del estado que estuvo presente, desaprobó la iniciativa argumentando que las auditorías ciudadanas no están previstas en la ley y esa función corresponde a los órganos fiscalizadores institucionales. Sorprende que desde el gobierno del estado se bloquee públicamente este interés por la vigilancia de los recursos públicos, ya que si hay iniciativas provenientes de la ciudadanía (la del Cuicalli no es la única) es porque no hay confianza en el control y fiscalización que hacen las instituciones. La opinión del funcionario de la Contraloría incluso se contrapone a la del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien en el Plan Estatal de Desarrollo menciona con cierta amplitud el tema de la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos…
En algún momento iba a explotar. La falta de transparencia y de vigilancia institucional y ciudadana sobre los recursos invertidos para atender a la población afectada por los sismos de marzo de 2012, tiene ya sus primeras expresiones públicas de descontento, ya que en días pasados, pobladores de Ometepec reclamaron a la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga irregularidades en la construcción de las viviendas.
En este espacio denunciamos la inconsistencia de las cifras que dieron las dependencias estales y federales involucradas en la atención de los damnificados, y la debilidad en la vigilancia de los recursos.
El gobierno del estado anunció en aquella ocasión la integración de comités ciudadanos en cada una de las comunidades afectadas “para garantizar que los apoyos que se están entregando sean de manera transparente y directa a las familias que salieron perjudicadas”. Pero ya se vio que fueron comités decorativos, pues nadie vigila cómo se gastan los recursos ni tampoco ninguna dependencia estatal o federal rinde cuentas de ese dinero.
El gobierno del estado de Guerrero destina únicamente 5 por ciento de su gasto total a la contratación de bienes, servicios y obra pública, con lo que se ubica en el último lugar entre las entidades del país, no obstante que son funciones esenciales para la eficacia y la viabilidad de cualquier gobierno.
En el ámbito nacional se calcula que este tipo de gasto representó en 2009 entre 30 y 40 por ciento del gasto total del sector público, y en el caso de los estados, el promedio fue de 15.6 por ciento de sus egresos totales.
El gobierno de Tamaulipas, por ejemplo, dedicó en 2009 aproximadamente 30 por ciento de sus egresos a la adquisición de bienes, servicios y obra pública, mientras que Guerrero destinó apenas 5 por ciento.
Estos datos ratifican la marcada orientación que se le da al dinero en Guerrero, en donde predomina por mucho el pago de gasto corriente y de manera particular la abultada nómina del gobierno del estado, en detrimento de los servicios y obras públicas que tanto requieren miles de guerrerenses en condiciones de pobreza.
De acuerdo con el estudio Análisis de la normatividad y las prácticas de compras públicas a nivel estatal: Guerrero, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y de donde se obtuvieron los datos, las compras públicas de bienes y servicios en 2009 fueron por 874 millones de pesos (2.3% por ciento del gasto total), mientras que la contratación de obra pública fue por 909 millones (2.4 por ciento de los egresos) del sector público en el estado.
Principales hallazgos
El estudio del Imco, realizado a finales de 2011 y principios de 2012, destacó entre sus conclusiones que si bien la Contraloría General del Estado es el órgano “encargado de controlar la legalidad de los actos de la administración estatal, entre ellos la compra y arrendamiento de bienes y servicios”, esto no sucede en la práctica.
Ejemplificó que la Contraloría participa en el comité de adquisiciones que coordina la Secretaría de Finanzas y Administración, teniendo como funciones el control preventivo de la legalidad del método de adquisición y de las bases de los concursos mediante licitación pública o invitación restringida, como también de los contratos respectivos”.
Sin embargo, sus dictámenes u observaciones sobre los procesos de compra no son acatados por la Secretaría de Finanzas.
El Imco también encontró una descoordinación entre la Subcontraloría de Normatividad y la Subcontraloría de Auditoría, ambas dependientes de la Contraloría General del Estado.
La Subcontraloría de Auditoría, destaca el estudio, no emite observaciones sobre las compras que hacen por su cuenta algunas dependencias del gobierno del estado, contrario a lo que establece la Ley de Administración y Recursos Materiales y la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Guerrero.
Asimismo, no se realiza ningún monitoreo ni registro de aquellos proveedores que provocan algún daño al estado derivado de los procesos de compras públicas; tampoco hay seguimiento sobre las inhabilitaciones ni sanciones a los mismos.
El Imco destacó que en el estado de Guerrero no hay alguna autoridad encargada de sancionar o inhabilitar a los proveedores que violan la ley. La Contraloría General del Estado no tiene esta facultad. Tampoco se genera un listado de los proveedores que incurren en incumplimiento u otras faltas a la legislación, por lo que pueden seguir siendo proveedores.
Como parte de las recomendaciones, el Instituto sugirió que el gobierno del estado fomente la presencia de las figuras de testigos sociales, es decir, “miembros de la sociedad civil que participan durante los procesos de adjudicación como observadores externos” y menciona que el objetivo es inhibir posibles actos de corrupción u otras violaciones a la ley.
Debido a que en Guerrero no hay vigilancia de observadores externos ciudadanos, el Imco recomendó que el gobierno del estado solicite a la Secretaría de la Función Pública que los testigos sociales del programa federal participen como observadores en aquellos concursos que se consideren relevantes por el monto de recursos involucrado o por la naturaleza de la compra, por ejemplo, si se vincula a temas sensibles como la salud o la seguridad.
Por otra parte, el Imco encontró un “débil nivel de control” de parte de la Contraloría General del Estado sobre el cumplimiento de los proveedores a los que se les compran bienes y servicios.
Entre las consecuencias de esta falta de vigilancia se encontraron la modificación de las condiciones del contrato –como plazos más largos o precios más altos–, la sustitución de productos por unos más baratos o de menor calidad que los estipulados en el contrato, el robo de activos o bienes, y servicios ficticios.
Asimismo, el instituto recomendó que “la Contraloría tenga la posibilidad de sancionar a los proveedores que lleven a cabo prácticas irregulares, ya que de otra manera, las faltas quedan impunes y aumenta la probabilidad de que la proveeduría vuelva a incurrir en las mismas,” y agregó que debe crearse un padrón que registre a dichos proveedores incumplidos.
Se sugirió además llevar a cabo actividades de monitoreo de la cantidad, calidad y/o tiempo de entrega o realización del bien o servicio contratado, a efecto de estar en posibilidades de aplicar sanciones y multas como un mecanismo para que los proveedores no incurran en actos de corrupción, colusión u otros delitos.
Deficiencias en las compras
La investigación del Imco destacó que aunque el gobierno del estado de Guerrero tiene un sistema de compra centralizado en el que la Sefina coordina y gestiona las adquisiciones, arrendamientos o servicios solicitados por las dependencias y entidades, se identificó que hay criterios variables para que algunas dependencias compren directamente por su cuenta.
Otra de las deficiencias encontradas es que no se aprovechan las ventajas de este sistema centralizado, es decir, no se llevan a cabo compras consolidadas de uso generalizado por el gobierno del estado ni tampoco se han instrumentado contratos marco y no existe un área de análisis y manejo de información que permita planear mejores estrategias de compras a nivel central, por lo que se gastan más recursos que pueden aprovecharse en otros rubros.
El gobierno del estado también adolece de una plataforma electrónica propia para las adquisiciones y por lo tanto utiliza el sistema informático federal de compras públicas CompraNet.
En este punto, la investigación descubrió que de este sistema federal no son visibles al público en general todas las actas relativas a los procesos de adquisición del estado de Guerrero.
En otro renglón, se observó una comunicación deficiente entre la Sefina y la Contraloría que repercute en que no haya criterios homogéneos entre ambas dependencias para llevar a cabo procesos de adquisición, principalmente en lo que corresponde a la aplicación de la normatividad.
El Imco también dio cuenta de problemas de contabilidad estatal, ya que la administración de Ángel Aguirre no cuenta con un registro fiable de las compras estatales anteriores y por otro lado, las áreas encargadas de las compras no siempre tienen claro qué normatividad (federal o estatal) deben aplicar para ejercer los recursos de los diferentes ramos, lo cual repercute en la falta de control y vigilancia sobre el destino de dichos recursos.
Licitaciones públicas
Para la compra de bienes y contratación de servicios y obra pública, el estudio del Imco explicó que la licitación pública es el mecanismo de adquisición que fomenta la transparencia y la competencia. Agrega que en el ámbito federal, la licitación pública “es la columna vertebral de los métodos de adquisición y a partir de ahí se determinan sus excepciones, a nivel estatal no son claras las modalidades regla y las modalidades excepción”.
Al revisar el caso del estado de Guerrero, el Imco señaló que aunque la ley no es clara en términos de que la licitación pública debe ser el método principal, en la práctica, según los funcionarios de compras, el método generalizado de adjudicación es la licitación pública.
Sin embargo, más de la mitad de las compras (56 por ciento) que realiza el Ejecutivo del estado se llevan a cabo a través de un método distinto a una licitación.
Joyas de la opacidad y de la rendición de cuentas
El festival anticorrupción organizado por el gobierno del estado a través de la Contraloría General del Estado, se quedó en buenas intenciones. Sin un marco conceptual que permitiera encuadrar las actividades realizadas el pasado 28 de noviembre, varias dependencias del Ejecutivo montaron sus mesas de exhibición para presentar ante el público información sobre los programas y acciones que tienen a su cargo. Pero brillaron por su ausencia las propuestas o acciones que cada dependencia o el gobierno del estado en general está realizando para prevenir y combatir la corrupción.
Fue entonces un festival muy colorido con mucha información sobre el quehacer de las dependencias –que se agradece, después de todo– pero totalmente ajeno en la práctica al tema que se anunció…
En el último foro de consulta del ayuntamiento de Chilpancingo el 30 de noviembre, con el tema de Mejores Prácticas Municipales, hubo varias propuestas en torno a la constitución de contralorías ciudadanas para la vigilancia del ejercicio de los recursos. Destacaron las que presentaron los compañeros de Ciudadanos y Ciudadanas por el Mejoramiento de la Gestión Pública, para observar y dar seguimiento a la obra pública del municipio de Chilpancingo. El punto fino es que todas las propuestas realmente se consideren, pues sólo así se propiciarán condiciones de credibilidad y confianza en el ayuntamiento capitalino. Hasta donde sabemos, es el único gobierno municipal que ha puesto a funcionar mecanismos de participación ciudadana para la elaboración de su Plan Municipal de Desarrollo…
El 5 de diciembre pasado, varios organismos sociales y civiles, encabezados por el grupo Cuicalli, presentaron ante el secretario de Salud una petición formal para hacer un ejercicio de vigilancia ciudadana a los recursos de esa dependencia. Un representante de la Contraloría General del estado que estuvo presente, desaprobó la iniciativa argumentando que las auditorías ciudadanas no están previstas en la ley y esa función corresponde a los órganos fiscalizadores institucionales. Sorprende que desde el gobierno del estado se bloquee públicamente este interés por la vigilancia de los recursos públicos, ya que si hay iniciativas provenientes de la ciudadanía (la del Cuicalli no es la única) es porque no hay confianza en el control y fiscalización que hacen las instituciones. La opinión del funcionario de la Contraloría incluso se contrapone a la del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien en el Plan Estatal de Desarrollo menciona con cierta amplitud el tema de la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos…
En algún momento iba a explotar. La falta de transparencia y de vigilancia institucional y ciudadana sobre los recursos invertidos para atender a la población afectada por los sismos de marzo de 2012, tiene ya sus primeras expresiones públicas de descontento, ya que en días pasados, pobladores de Ometepec reclamaron a la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga irregularidades en la construcción de las viviendas.
En este espacio denunciamos la inconsistencia de las cifras que dieron las dependencias estales y federales involucradas en la atención de los damnificados, y la debilidad en la vigilancia de los recursos.
El gobierno del estado anunció en aquella ocasión la integración de comités ciudadanos en cada una de las comunidades afectadas “para garantizar que los apoyos que se están entregando sean de manera transparente y directa a las familias que salieron perjudicadas”. Pero ya se vio que fueron comités decorativos, pues nadie vigila cómo se gastan los recursos ni tampoco ninguna dependencia estatal o federal rinde cuentas de ese dinero.
martes, 27 de noviembre de 2012
Los consejos ciudadanos de Aguirre Rivero
El Sur de Acapulco
A casi dos años de que asumió la actual administración, aún no comienza a operar el consejo ciudadano para la vigilancia de las adquisiciones y la obra pública, organismo que fue una de las propuestas fuertes para prevenir y combatir la corrupción gubernamental durante la campaña del entonces candidato a la gubernatura del estado, Ángel Aguirre Rivero.
Es la segunda ocasión que el gobernador propone estos mecanismos ciudadanos para la observación y la vigilancia del gobierno, pues hace 15 años, cuando fue gobernador interino, promovió un organismo similar, aunque no hay información certera del funcionamiento y resultados de este primer consejo ciudadano.
En su administración actual, el gobernador del estado lleva 20 meses ejerciendo el cargo y el consejo ciudadano para la vigilancia de las adquisiciones y la obra pública todavía está en trámite, por lo que el control y la vigilancia de un gran porcentaje del presupuesto que gasta el gobierno estatal ha recaído sólo en los órganos de control y fiscalización institucionales, como la contraloría general del estado y las auditorías superior de la federación y general del estado.
Pero de la intervención ciudadana, todavía nada.
Un compromiso de campaña
Durante su campaña a la gubernatura, el candidato Ángel Aguirre se comprometió a promover y constituir un consejo ciudadano para la observación y vigilancia de los recursos destinados a adquisiciones gubernamentales y obra pública, como una medida para prevenir y combatir la corrupción en el gobierno.
Concretamente durante el primer debate entre candidatos a la gubernatura en la historia de Guerrero, realizado el 18 de enero de 2011, el hoy jefe del ejecutivo estatal aseguró que crearía un Consejo Ciudadano para la Vigilancia de las Adquisiciones y la Obra Pública.
Una vez que asumió el cargo, en su plan estatal de gobierno 2011-2015 el mandatario estatal estableció que “la falta de transparencia en la rendición de cuentas provoca desconfianza en el ejercicio de la función pública y falta de credibilidad de la sociedad en la operación institucional” y agregó que “se requiere establecer mecanismos reales de control gubernamental, así como fomentar la participación social para que la actividad de los poderes públicos estatales y municipales sean transparentes y los ciudadanos sepan en qué y cómo se invierten sus contribuciones, y de qué manera operan las obras y servicios públicos”.
De hecho, uno de los objetivos del plan estatal de desarrollo se refiere a “incorporar plenamente a la ciudadanía en la vigilancia y seguimiento del uso de los recursos públicos, así como del desempeño de los servidores públicos”.
Pero estos propósitos destacados en el principal documento rector del gobierno actual no se destacan en los hechos.
Fue hasta finales de octubre de 2011 cuando el gobernador Ángel Aguirre Rivero envió la iniciativa de decreto al Congreso del estado para su análisis y aprobación.
Los diputados locales aprobaron el decreto hasta el 7 de febrero de 2012, y su publicación se realizó el 17 de febrero del mismo año.
El consejo, sin operar
Aunque ya existe el decreto de creación del consejo ciudadano, el organismo no ha entrado en funciones porque el gobernador estatal no había enviado la terna al Congreso del estado para elegir a los integrantes, no obstante que el artículo segundo transitorio de ese documento jurídico ordena que “El Consejo deberá instalarse dentro de los treinta días siguientes a la publicación de este Decreto”.
Mediante una solicitud de información presentada ante el Congreso del estado, se preguntó a los diputados locales por los integrantes de dicho consejo y su fecha de instalación, pues ya habían pasado cinco meses de la fecha límite establecida en los transitorios para su entrada en funciones.
La respuesta de la unidad de transparencia del Congreso fue que “con fundamento en el Decreto Número 1008 por el que se crea el Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones en el Estado de Guerrero (…) los miembros del Consejo serán nombrados por el Congreso del Estado, a propuesta del Gobernador, quien recogerá para este efecto la opinión de los colegios de profesionistas, organizaciones y sectores sociales, y durarán en su encargo tres años”.
Y agregó el Congreso en su respuesta que “este Honorable Congreso del Estado, no ha recibido las propuestas por parte del Titular del Ejecutivo, para poder dar cumplimento a lo establecido en el artículo en mención, por lo tanto estamos en espera de las mismas para que sean nombrados por este Poder Legislativo”.
Ante esta respuesta, se solicitó al Ejecutivo del estado los nombres y perfiles de los integrantes del consejo ciudadano. La respuesta del despacho del gobernador fue que aun no contaban con la propuesta de nombres.
“En atención a su solicitud de información dirigida a este sujeto obligado, me permito hacer de su conocimiento que a la fecha el Ejecutivo Estatal no ha enviado una propuesta oficial de terna para la integración del Consejo Ciudadano de vigilancia de la Obra Pública y las adquisiciones en el Estado”.
El primer consejo de 1997
El primer periodo como gobernador de Ángel Aguirre Rivero se inició en marzo de 1996; 23 meses después, en diciembre de 1997, envió y el Congreso del Estado aprobó el decreto número 128 por el que se creaba el Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones, el cual entró en funciones cuatro meses después, una vez que los diputados ratificaron a los consejeros propuestos por el mandatario estatal.
Entre los considerandos del decreto se mencionaba que “el Plan Trienal de Desarrollo del Estado de Guerrero 1996-1999, contempla entre sus estrategias la constitución de consejos estatales y municipales de consulta y participación ciudadana en las funciones gubernamentales, así como la promoción de la participación social en la formulación, ejecución y evaluación de los programas de acciones y proyectos de obras.”
No se cuenta con información pública sobre el funcionamiento y los resultados de aquel consejo ciudadano que comenzó a operar el 2 de abril de 1998, cuando los integrantes del mismo rindieron protesta.
De lo que sí se tiene noticia es que uno de los consejeros, Margarito Miranda Miranda, fue “destituido” del organismo y éste presentó su inconformidad ante diferentes dependencias.
En una carta enviada al Congreso del estado en noviembre de 2000, Miranda Miranda describió la manera en que funcionaba el consejo ciudadano.
Al respecto comentó en su carta que cuando fue consejero solicitó “información que considero necesaria para el desempeño de mis funciones, siendo el caso que desde la creación del consejo a esta fecha no ha sido posible el acceso a la mínima información en la Contraloría del Estado, y en otras dependencias se ha obtenido en forma limitada y extemporánea”.
El consejero inconforme aludió a que en uno de los artículos del decreto que creó a aquel consejos ciudadano de 1998, se refería a que “La Contraloría General del Estado establecerá un sistema de información sobre los concursos de obra pública y adquisiciones, al cual tendrá acceso a los consejeros”.
Miranda Miranda atribuyó su salida del Consejo Ciudadano a las solicitudes de información que hizo ante la Contraloría, y recriminó a la presidenta de ese organismo, María Guadalupe Gorostieta y Cadena, ser la responsable de la “suspensión en mis derechos y atribuciones como consejero”.
Finalmente, el quejoso solicitó a los diputados “una valoración del funcionamiento de este organismo” refiriéndose a que no estaba cumpliendo con el propósito para el que fue creado.
Finiquitan al consejo de Aguirre
Con la llegada de René Juárez Cisneros a la gubernatura, concluyó también la efímera vida del Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones, creado en el gobierno de Ángel Aguirre.
En marzo de 2001, Juárez Cisneros envió una iniciativa de decreto para dar por concluidos los trabajos del consejo ciudadano, pero lo realmente destacable de la iniciativa son los motivos que esgrimió el gobierno renejuarista para finiquitar al organismo, que son una verdadera joya de opacidad.
Argumentó el Ejecutivo estatal que el trabajo de supervisión y vigilancia de las obras y adquisiciones que tenía asignado el consejo ciudadano “son facultades que corresponden a la Contraloría General del Estado” y por lo tanto había una duplicidad de funciones entre éstos.
Asimismo, destacó en su iniciativa que “las únicas dos instancias para realizar auditorías y en consecuencia fiscalizar, controlar y evaluar oficialmente las obras y las adquisiciones del gobierno del estado y los ayuntamientos son, indiscutiblemente, la Contraloría General del gobierno del estado y la Contaduría Mayor de Hacienda del Honorable Congreso local” (hoy Auditoría General del Estado), y por lo tanto el consejo ciudadano estaba fuera de la ley.
En conclusión, la iniciativa del ex gobernador René Juárez alegó que debe impulsarse la legalidad en el quehacer público y es “imperativo y exigible” que las dependencias ejerciten con claridad y eficiencia sus facultades, “razón por la que procede la abrogación del decreto que crea el Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones”.
Qué necesita un consejo ciudadano
La creación del consejo ciudadano con funciones de contraloría social, para que sea eficaz, necesita tener ciertas características.
La primera, es su autonomía, es decir, tener la capacidad para tomar sus propias decisiones; sin esta cualidad, el consejo ciudadano difícilmente podrá ejercer funciones de vigilancia en las adquisiciones o la obra pública gubernamentales, o sobre cualquier otra materia, pues la autonomía forma parte de la especificidad de un real control social.
Otra característica que debe tener este organismo es su facultad para incidir en las decisiones, es decir, debe contar con suficientes recursos de poder para que su actuación tenga consecuencias en el poder público; coloquialmente, dotar de “dientes” a esta figura; si no es así, terminará siendo un consejo decorativo, débil, con facultades sólo para presentar denuncias, y como sabemos, eso sirve de muy poco.
Finalmente, el consejo ciudadano debe conocer sobre los diferentes procesos de la administración pública, no sólo en la evaluación y vigilancia del quehacer gubernamental. Así, tendrá que dotársele de facultades para ser consultado, pero también para tomar decisiones en los procesos de planeación de las acciones y la orientación del presupuesto.
El Consejo ciudadano de vigilancia de las adquisiciones y la obra pública, que todavía no nace pero cuyo decreto ya fue aprobado, tiene alcances más bien limitados, y en nada difieren de otros organismos consultivos similares, ya que el decreto sólo lo faculta para “actuar como órgano de opinión y recomendación”, pero sin efectos vinculantes. Es decir, un organismo sin “dientes” o que nace sin facultades para modificar o corregir irregularidades, estará seriamente limitado para realizar una verdadera vigilancia ciudadana.
Otro de los inconvenientes del organismo es que los miembros del Consejo serán nombrados por el Congreso del Estado, a propuesta del Gobernador, y aunque éste “recogerá para este efecto la opinión de los colegios de profesionistas, organizaciones y sectores sociales”, la intervención del mandatario estatal sin duda le restará autonomía e independencia a este órgano ciudadano.
Como está planteado el decreto, no se abren grandes expectativas para el trabajo y resultados del Consejo ciudadano de vigilancia de la obra pública y las adquisiciones.
A casi dos años de que asumió la actual administración, aún no comienza a operar el consejo ciudadano para la vigilancia de las adquisiciones y la obra pública, organismo que fue una de las propuestas fuertes para prevenir y combatir la corrupción gubernamental durante la campaña del entonces candidato a la gubernatura del estado, Ángel Aguirre Rivero.
Es la segunda ocasión que el gobernador propone estos mecanismos ciudadanos para la observación y la vigilancia del gobierno, pues hace 15 años, cuando fue gobernador interino, promovió un organismo similar, aunque no hay información certera del funcionamiento y resultados de este primer consejo ciudadano.
En su administración actual, el gobernador del estado lleva 20 meses ejerciendo el cargo y el consejo ciudadano para la vigilancia de las adquisiciones y la obra pública todavía está en trámite, por lo que el control y la vigilancia de un gran porcentaje del presupuesto que gasta el gobierno estatal ha recaído sólo en los órganos de control y fiscalización institucionales, como la contraloría general del estado y las auditorías superior de la federación y general del estado.
Pero de la intervención ciudadana, todavía nada.
Un compromiso de campaña
Durante su campaña a la gubernatura, el candidato Ángel Aguirre se comprometió a promover y constituir un consejo ciudadano para la observación y vigilancia de los recursos destinados a adquisiciones gubernamentales y obra pública, como una medida para prevenir y combatir la corrupción en el gobierno.
Concretamente durante el primer debate entre candidatos a la gubernatura en la historia de Guerrero, realizado el 18 de enero de 2011, el hoy jefe del ejecutivo estatal aseguró que crearía un Consejo Ciudadano para la Vigilancia de las Adquisiciones y la Obra Pública.
Una vez que asumió el cargo, en su plan estatal de gobierno 2011-2015 el mandatario estatal estableció que “la falta de transparencia en la rendición de cuentas provoca desconfianza en el ejercicio de la función pública y falta de credibilidad de la sociedad en la operación institucional” y agregó que “se requiere establecer mecanismos reales de control gubernamental, así como fomentar la participación social para que la actividad de los poderes públicos estatales y municipales sean transparentes y los ciudadanos sepan en qué y cómo se invierten sus contribuciones, y de qué manera operan las obras y servicios públicos”.
De hecho, uno de los objetivos del plan estatal de desarrollo se refiere a “incorporar plenamente a la ciudadanía en la vigilancia y seguimiento del uso de los recursos públicos, así como del desempeño de los servidores públicos”.
Pero estos propósitos destacados en el principal documento rector del gobierno actual no se destacan en los hechos.
Fue hasta finales de octubre de 2011 cuando el gobernador Ángel Aguirre Rivero envió la iniciativa de decreto al Congreso del estado para su análisis y aprobación.
Los diputados locales aprobaron el decreto hasta el 7 de febrero de 2012, y su publicación se realizó el 17 de febrero del mismo año.
El consejo, sin operar
Aunque ya existe el decreto de creación del consejo ciudadano, el organismo no ha entrado en funciones porque el gobernador estatal no había enviado la terna al Congreso del estado para elegir a los integrantes, no obstante que el artículo segundo transitorio de ese documento jurídico ordena que “El Consejo deberá instalarse dentro de los treinta días siguientes a la publicación de este Decreto”.
Mediante una solicitud de información presentada ante el Congreso del estado, se preguntó a los diputados locales por los integrantes de dicho consejo y su fecha de instalación, pues ya habían pasado cinco meses de la fecha límite establecida en los transitorios para su entrada en funciones.
La respuesta de la unidad de transparencia del Congreso fue que “con fundamento en el Decreto Número 1008 por el que se crea el Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones en el Estado de Guerrero (…) los miembros del Consejo serán nombrados por el Congreso del Estado, a propuesta del Gobernador, quien recogerá para este efecto la opinión de los colegios de profesionistas, organizaciones y sectores sociales, y durarán en su encargo tres años”.
Y agregó el Congreso en su respuesta que “este Honorable Congreso del Estado, no ha recibido las propuestas por parte del Titular del Ejecutivo, para poder dar cumplimento a lo establecido en el artículo en mención, por lo tanto estamos en espera de las mismas para que sean nombrados por este Poder Legislativo”.
Ante esta respuesta, se solicitó al Ejecutivo del estado los nombres y perfiles de los integrantes del consejo ciudadano. La respuesta del despacho del gobernador fue que aun no contaban con la propuesta de nombres.
“En atención a su solicitud de información dirigida a este sujeto obligado, me permito hacer de su conocimiento que a la fecha el Ejecutivo Estatal no ha enviado una propuesta oficial de terna para la integración del Consejo Ciudadano de vigilancia de la Obra Pública y las adquisiciones en el Estado”.
El primer consejo de 1997
El primer periodo como gobernador de Ángel Aguirre Rivero se inició en marzo de 1996; 23 meses después, en diciembre de 1997, envió y el Congreso del Estado aprobó el decreto número 128 por el que se creaba el Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones, el cual entró en funciones cuatro meses después, una vez que los diputados ratificaron a los consejeros propuestos por el mandatario estatal.
Entre los considerandos del decreto se mencionaba que “el Plan Trienal de Desarrollo del Estado de Guerrero 1996-1999, contempla entre sus estrategias la constitución de consejos estatales y municipales de consulta y participación ciudadana en las funciones gubernamentales, así como la promoción de la participación social en la formulación, ejecución y evaluación de los programas de acciones y proyectos de obras.”
No se cuenta con información pública sobre el funcionamiento y los resultados de aquel consejo ciudadano que comenzó a operar el 2 de abril de 1998, cuando los integrantes del mismo rindieron protesta.
De lo que sí se tiene noticia es que uno de los consejeros, Margarito Miranda Miranda, fue “destituido” del organismo y éste presentó su inconformidad ante diferentes dependencias.
En una carta enviada al Congreso del estado en noviembre de 2000, Miranda Miranda describió la manera en que funcionaba el consejo ciudadano.
Al respecto comentó en su carta que cuando fue consejero solicitó “información que considero necesaria para el desempeño de mis funciones, siendo el caso que desde la creación del consejo a esta fecha no ha sido posible el acceso a la mínima información en la Contraloría del Estado, y en otras dependencias se ha obtenido en forma limitada y extemporánea”.
El consejero inconforme aludió a que en uno de los artículos del decreto que creó a aquel consejos ciudadano de 1998, se refería a que “La Contraloría General del Estado establecerá un sistema de información sobre los concursos de obra pública y adquisiciones, al cual tendrá acceso a los consejeros”.
Miranda Miranda atribuyó su salida del Consejo Ciudadano a las solicitudes de información que hizo ante la Contraloría, y recriminó a la presidenta de ese organismo, María Guadalupe Gorostieta y Cadena, ser la responsable de la “suspensión en mis derechos y atribuciones como consejero”.
Finalmente, el quejoso solicitó a los diputados “una valoración del funcionamiento de este organismo” refiriéndose a que no estaba cumpliendo con el propósito para el que fue creado.
Finiquitan al consejo de Aguirre
Con la llegada de René Juárez Cisneros a la gubernatura, concluyó también la efímera vida del Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones, creado en el gobierno de Ángel Aguirre.
En marzo de 2001, Juárez Cisneros envió una iniciativa de decreto para dar por concluidos los trabajos del consejo ciudadano, pero lo realmente destacable de la iniciativa son los motivos que esgrimió el gobierno renejuarista para finiquitar al organismo, que son una verdadera joya de opacidad.
Argumentó el Ejecutivo estatal que el trabajo de supervisión y vigilancia de las obras y adquisiciones que tenía asignado el consejo ciudadano “son facultades que corresponden a la Contraloría General del Estado” y por lo tanto había una duplicidad de funciones entre éstos.
Asimismo, destacó en su iniciativa que “las únicas dos instancias para realizar auditorías y en consecuencia fiscalizar, controlar y evaluar oficialmente las obras y las adquisiciones del gobierno del estado y los ayuntamientos son, indiscutiblemente, la Contraloría General del gobierno del estado y la Contaduría Mayor de Hacienda del Honorable Congreso local” (hoy Auditoría General del Estado), y por lo tanto el consejo ciudadano estaba fuera de la ley.
En conclusión, la iniciativa del ex gobernador René Juárez alegó que debe impulsarse la legalidad en el quehacer público y es “imperativo y exigible” que las dependencias ejerciten con claridad y eficiencia sus facultades, “razón por la que procede la abrogación del decreto que crea el Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones”.
Qué necesita un consejo ciudadano
La creación del consejo ciudadano con funciones de contraloría social, para que sea eficaz, necesita tener ciertas características.
La primera, es su autonomía, es decir, tener la capacidad para tomar sus propias decisiones; sin esta cualidad, el consejo ciudadano difícilmente podrá ejercer funciones de vigilancia en las adquisiciones o la obra pública gubernamentales, o sobre cualquier otra materia, pues la autonomía forma parte de la especificidad de un real control social.
Otra característica que debe tener este organismo es su facultad para incidir en las decisiones, es decir, debe contar con suficientes recursos de poder para que su actuación tenga consecuencias en el poder público; coloquialmente, dotar de “dientes” a esta figura; si no es así, terminará siendo un consejo decorativo, débil, con facultades sólo para presentar denuncias, y como sabemos, eso sirve de muy poco.
Finalmente, el consejo ciudadano debe conocer sobre los diferentes procesos de la administración pública, no sólo en la evaluación y vigilancia del quehacer gubernamental. Así, tendrá que dotársele de facultades para ser consultado, pero también para tomar decisiones en los procesos de planeación de las acciones y la orientación del presupuesto.
El Consejo ciudadano de vigilancia de las adquisiciones y la obra pública, que todavía no nace pero cuyo decreto ya fue aprobado, tiene alcances más bien limitados, y en nada difieren de otros organismos consultivos similares, ya que el decreto sólo lo faculta para “actuar como órgano de opinión y recomendación”, pero sin efectos vinculantes. Es decir, un organismo sin “dientes” o que nace sin facultades para modificar o corregir irregularidades, estará seriamente limitado para realizar una verdadera vigilancia ciudadana.
Otro de los inconvenientes del organismo es que los miembros del Consejo serán nombrados por el Congreso del Estado, a propuesta del Gobernador, y aunque éste “recogerá para este efecto la opinión de los colegios de profesionistas, organizaciones y sectores sociales”, la intervención del mandatario estatal sin duda le restará autonomía e independencia a este órgano ciudadano.
Como está planteado el decreto, no se abren grandes expectativas para el trabajo y resultados del Consejo ciudadano de vigilancia de la obra pública y las adquisiciones.
martes, 13 de noviembre de 2012
Las auditorías públicas, expedientes inaccesibles
El Sur de Acapulco
En Guerrero hay una completa opacidad respecto a las auditorías practicadas a las dependencias y entidades gubernamentales, por lo que la ciudadanía tiene vedado conocer sus resultados, no obstante que la legislación establece la obligación de que algunos aspectos de estas auditorías, incluso cuando todavía están en proceso, deben hacerse públicos.
Tanto el reglamento de la ley federal como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Guerrero incluyen un apartado específico sobre la publicación de los resultados de las auditorías.
Igualmente, la recientemente aprobada Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado establece que la Auditoría General del Estado, en el primer bimestre del año, “establecerá un Programa Anual de Auditorías, el cual tendrá carácter público, señalando la totalidad de las entidades fiscalizables que serán objeto de la misma”.
En el caso de la ley de transparencia estatal, la fracción XIII del artículo 13 establece que todas las dependencias y entidades de gobierno tendrán que publicar un informe cuatrimestral de las auditorías que les practiquen, el cual deberá contener el número y tipo de auditorías realizadas y el órgano que las realizó; el número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría, así como las sanciones o medidas correctivas impuestas; y el seguimiento de los resultados de auditorías, así como el total de las aclaraciones efectuadas por las dependencias públicas.
Sin embargo, en los portales electrónicos y en cualquier otro medio de difusión de las dependencias públicas escasea este tipo de información, que con mucha frecuencia es considerada como reservada y se le niega a los ciudadanos.
La publicación de información sobre las auditorías aplicadas al aparato gubernamental –especialmente si se difunden en versiones accesibles a los ciudadanos– contribuyen a legitimar el ejercicio de gobierno y generan confianza sobre su actuación dentro del marco legal.
Cuando hay una intención de ocultar este tipo de información, hay dudas razonables sobre los objetivos de estos instrumentos de control y si realmente previenen, corrigen y sancionan las prácticas que no se apegan a la normatividad o que son abiertamente corruptas; o si la principal función es la de servir como instrumento político de presión o desprestigio de funcionarios que no son afines.
Auditorías en el Ejecutivo
Se solicitó a 13 dependencias del Ejecutivo estatal información sobre las auditorías que les han realizado en los últimos cuatro años los órganos de control (Contraloría General, Auditoría General del Estado o Auditoría Superior de la Federación, principalmente).
Los datos solicitados corresponden a la información pública de oficio que todas las dependencias deben publicar, a lo que han hecho caso omiso.
Cuatro dependencias no respondieron a la solicitud de información (Secretarías de Educación y de Desarrollo Social, el Instituto Guerrerense de Atención Integral a Personas Adultas Mayores y el Museo La Avispa), lo cual revela la poca importancia que le prestan a la transparencia, pues se trata de información de oficio.
Al respecto, se presentaron ante al Instituto de Transparencia quejas o recursos de revisión que en los próximos días serán resueltas.
Asimismo, el Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos, respondió a destiempo y de manera incompleta al requerimiento; y la Contraloría General del Estado solicitó una prórroga para entregar la información.
De las dependencias que sí respondieron en tiempo, sólo la Secretaría de Desarrollo Rural, el Invisur, el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa y la Comisión de Infraestructura y Aeroportuaria de Guerrero entregaron su información completa; además, la Coordinación de los Programas Sociales Guerrero Cumple, afirmó que no le han practicado ninguna auditoría.
A la Cicaeg le aplicaron 14 auditorías de 2008 a 2011, con un total de 652 observaciones (irregularidades en las operaciones contables, financieras, presupuestarias, programáticas, de obra pública y de control interno) de las que sólo 15 se han solventado. Asimismo, las observaciones tuvieron como consecuencias en 2008 y 2009 la inhabilitación temporal y sanción económica a funcionarios públicos de la dependencia.
En el caso del IGIFE, reportó 13 auditorías de 2008 a 2011, con un total de 111 observaciones, las cuales fueron aclaradas por la dependencia. Sobre las sanciones, el documento informó que “se están tomando las acciones pertinentes para no infringir en lo sucesivo la normatividad”.
El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense respondió con datos incompletos, ya que en sus tres auditorías no dio información sobre el número de observaciones ni las sanciones aplicadas.
En el Invisur se han practicado siete auditorías que dieron como resultado 159 observaciones; de las revisiones efectuadas destaca la de 2007, en donde se encontraron anomalías en la operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Como resultado, en ese año la “Contraloría General del Estado emitió la resolución administrativa de inhabilitación en contra de la Dirección General (de Invisur) de ese ejercicio”.
En la Seduop se realizaron de 2008 a 2011, 14 auditorías, con un total de 284 observaciones, y según la información proporcionada, no hay sanciones y todas las observaciones están solventadas o en proceso.
¿Información reservada?
La Contraloría General del Estado es una de las dependencias facultadas para realizar auditorías a otras dependencias del Ejecutivo estatal, así como a ayuntamientos y organismos autónomos, cuando en su presupuesto hay recursos estatales. Sin embargo, cualquier información relacionada con esas auditorías y sus resultados, la Contraloría la considera “reservada” y no hay acceso público a ella.
Ese fue el caso de la solicitud de información (folio Infogro 025812) que se hizo llegar a la Contraloría para que diera a conocer los “resultados de los análisis realizados a las muestras recolectadas en 2010 y 2011 a los fertilizantes distribuidos por los ayuntamientos en el estado de Guerrero”, ya que había sospechas fundadas de que el insumo entregado a los campesinos era adulterado.
La respuesta de la Contraloría fue que estos datos “se encuentran clasificados como reservados, debido a que contienen información que forma parte de un proceso de verificación y su publicación pudiera afectar la adecuada toma de decisiones para las instituciones correspondientes”.
Se insistió con otra solicitud de información pidiendo el nombre de las empresas y ayuntamientos y las sanciones que han recibido los responsables de fabricar, vender o distribuir fertilizante adulterado de casos ya concluidos.
Al respecto, la Contraloría General simplemente respondió que en sus archivos “no existe documento alguno”.
Asimismo, en otra ocasión se solicitó la “auditoría practicada al padrón del programa Pensión Guerrero, del Instituto Guerre-rense de Atención Integral de las Personas Adultas Mayores” (folio Infogro 96511), y la Contraloría General respondió que la auditoría en mención “se encuentra en proceso de solventación y la información solicitada tiene el carácter de reservada”.
Más recientemente se pidió (folio Infogro 067012), en relación a una información emitida por el gobernador del estado en su primer informe de gobierno, la “descripción de cada una de las 99 resoluciones administrativas (58 de procedimientos de responsabilidad derivados de los resultados de auditorías y 41 procedimientos de responsabilidad por doble plaza)”, ya que si las anunció el titular del Ejecutivo, es porque ya estaban concluidas.
Pero la Contraloría General respondió que “la información contenida en los expedientes de las resoluciones referidas se encuentra clasificada como reservada”.
Sin embargo, la Contraloría General del Estado no ha tenido ninguna formalidad cuando declara ante los medios de comunicación que está investigado a funcionarios de la administración anterior, incluyendo al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, y aporta nombres, cargos, cifras y hasta los supuestos delitos. En los hechos, la Contraloría está proporcionado públicamente datos de expedientes que aún “no causan estado”, mientras que a los ciudadanos les niega información equivalente cuando presentan una solicitud de información para enterarse sobre casos de corrupción.
Otras dependencias
Las dependencias del Ejecutivo del estado no son las únicas obligadas a publicar información sobre las auditorías practicadas.
El Congreso local, no obstante que es el poder encargado –a través de la Auditoría General del Estado– de la fiscalización de las entidades y dependencias públicas, en su portal electrónico no difunde ninguna información de las auditorías que se le han realizado.
Tampoco el Tribunal Superior de Justicia publica nada, y en su portal de transparencia sólo presenta un formato para solicitar información.
Asimismo, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado y el Tribunal Electoral del Estado no contienen ninguna liga electrónica para difundir información sobre las auditorías que les hayan practicado; y el Instituto Electoral difunde una auditoría completa (caso único en el estado) pero ésta se refiere sólo a “la administración de los recursos humanos” y es del periodo enero a octubre de 2009.
Las revisiones de la ASF
En contraste con los órganos de control y fiscalización del estado, que omiten publicar cualquier información sobre auditorías, la Auditoría Superior de la Federación difunde en su portal electrónico los informes detallados de las auditorías que realiza.
Para la fiscalización superior de la cuenta pública 2010, la ASF practicó mil 31 auditorías, de las cuales 558 (54.1 por ciento) los sujetos directos de la revisión fueron los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
En total, la ASF determinó 14 mil 543 observaciones, de las cuales, 5 mil 504 fueron solventadas por las entidades fiscalizadas en el transcurso de las auditorías; las restantes 9 mil 39 observaciones dieron lugar a la emisión de 10 mil 778 acciones.
Destacan las 98 denuncias de hechos que la ASF interpondrá ante el Ministerio Público federal por la presunta comisión de ilícitos. Esta cifra es mayor a las presentadas con motivo de la fiscalización superior de las cuentas públicas de 1998 a 2009.
Para el caso de las auditorías realizadas en Guerrero, se pueden ver los resultados en el rubro de gasto federalizado (recursos destinados a gobierno del estado y ayuntamientos), en donde se describen las irregularidades y observaciones encontradas en las dependencias que ejercen estos recursos, como los ocho fondos del ramo 33, el ramo 12 del seguro popular, recursos destinados a seguridad pública, programa hábitat, entre otros.
La ciudadanía en auditorías
En otros países, los gobiernos han reconocido la importancia de hacer transparentes las auditorías y sus resultados, y no sólo eso, sino también involucrar a los ciudadanos en la realización de algunas tareas relacionadas con éstas.
En Corea del Sur, por ejemplo, la Ley Anticorrupción de ese país permite a los ciudadanos solicitar al órgano de control y fiscalización la realización de auditorías a dependencias públicas sospechosas de actos de corrupción.
En Filipinas se promovió una participación ciudadana más activa en la supervisión, ya que de manera conjunta el órgano de control de ese país y organizaciones no gubernamentales realizan auditorías para determinar si un programa gubernamental alcanzó los resultados programados.
En India se realizan auditorías sociales mediante la colaboración entre el gobierno y los ciudadanos locales para vigilar la aplicación de leyes.
En México también existen experiencias de participación ciudadana en el control y vigilancia de la gestión gubernamental, como en el gobierno del Distrito Federal, donde se promueven comités ciudadanos para “evaluar eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública”.
De acuerdo con su portal electrónico, se conformó una red de contralores ciudadanos en diferentes materias como adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; agencias del Ministerio Público, en Obras y Servicios Relacionados y contralores ciudadanos comunitarios.
Sin duda hace falta mucho por hacer en Guerrero. La transparencia de los resultados de las auditorías, así como la incorporación de la ciudadanía las tareas de control y fiscalización de las dependencias y entidades públicas, son ingredientes que pueden contribuir a generar confianza entre la ciudadanía.
En Guerrero hay una completa opacidad respecto a las auditorías practicadas a las dependencias y entidades gubernamentales, por lo que la ciudadanía tiene vedado conocer sus resultados, no obstante que la legislación establece la obligación de que algunos aspectos de estas auditorías, incluso cuando todavía están en proceso, deben hacerse públicos.
Tanto el reglamento de la ley federal como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Guerrero incluyen un apartado específico sobre la publicación de los resultados de las auditorías.
Igualmente, la recientemente aprobada Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado establece que la Auditoría General del Estado, en el primer bimestre del año, “establecerá un Programa Anual de Auditorías, el cual tendrá carácter público, señalando la totalidad de las entidades fiscalizables que serán objeto de la misma”.
En el caso de la ley de transparencia estatal, la fracción XIII del artículo 13 establece que todas las dependencias y entidades de gobierno tendrán que publicar un informe cuatrimestral de las auditorías que les practiquen, el cual deberá contener el número y tipo de auditorías realizadas y el órgano que las realizó; el número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría, así como las sanciones o medidas correctivas impuestas; y el seguimiento de los resultados de auditorías, así como el total de las aclaraciones efectuadas por las dependencias públicas.
Sin embargo, en los portales electrónicos y en cualquier otro medio de difusión de las dependencias públicas escasea este tipo de información, que con mucha frecuencia es considerada como reservada y se le niega a los ciudadanos.
La publicación de información sobre las auditorías aplicadas al aparato gubernamental –especialmente si se difunden en versiones accesibles a los ciudadanos– contribuyen a legitimar el ejercicio de gobierno y generan confianza sobre su actuación dentro del marco legal.
Cuando hay una intención de ocultar este tipo de información, hay dudas razonables sobre los objetivos de estos instrumentos de control y si realmente previenen, corrigen y sancionan las prácticas que no se apegan a la normatividad o que son abiertamente corruptas; o si la principal función es la de servir como instrumento político de presión o desprestigio de funcionarios que no son afines.
Auditorías en el Ejecutivo
Se solicitó a 13 dependencias del Ejecutivo estatal información sobre las auditorías que les han realizado en los últimos cuatro años los órganos de control (Contraloría General, Auditoría General del Estado o Auditoría Superior de la Federación, principalmente).
Los datos solicitados corresponden a la información pública de oficio que todas las dependencias deben publicar, a lo que han hecho caso omiso.
Cuatro dependencias no respondieron a la solicitud de información (Secretarías de Educación y de Desarrollo Social, el Instituto Guerrerense de Atención Integral a Personas Adultas Mayores y el Museo La Avispa), lo cual revela la poca importancia que le prestan a la transparencia, pues se trata de información de oficio.
Al respecto, se presentaron ante al Instituto de Transparencia quejas o recursos de revisión que en los próximos días serán resueltas.
Asimismo, el Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos, respondió a destiempo y de manera incompleta al requerimiento; y la Contraloría General del Estado solicitó una prórroga para entregar la información.
De las dependencias que sí respondieron en tiempo, sólo la Secretaría de Desarrollo Rural, el Invisur, el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa y la Comisión de Infraestructura y Aeroportuaria de Guerrero entregaron su información completa; además, la Coordinación de los Programas Sociales Guerrero Cumple, afirmó que no le han practicado ninguna auditoría.
A la Cicaeg le aplicaron 14 auditorías de 2008 a 2011, con un total de 652 observaciones (irregularidades en las operaciones contables, financieras, presupuestarias, programáticas, de obra pública y de control interno) de las que sólo 15 se han solventado. Asimismo, las observaciones tuvieron como consecuencias en 2008 y 2009 la inhabilitación temporal y sanción económica a funcionarios públicos de la dependencia.
En el caso del IGIFE, reportó 13 auditorías de 2008 a 2011, con un total de 111 observaciones, las cuales fueron aclaradas por la dependencia. Sobre las sanciones, el documento informó que “se están tomando las acciones pertinentes para no infringir en lo sucesivo la normatividad”.
El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense respondió con datos incompletos, ya que en sus tres auditorías no dio información sobre el número de observaciones ni las sanciones aplicadas.
En el Invisur se han practicado siete auditorías que dieron como resultado 159 observaciones; de las revisiones efectuadas destaca la de 2007, en donde se encontraron anomalías en la operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Como resultado, en ese año la “Contraloría General del Estado emitió la resolución administrativa de inhabilitación en contra de la Dirección General (de Invisur) de ese ejercicio”.
En la Seduop se realizaron de 2008 a 2011, 14 auditorías, con un total de 284 observaciones, y según la información proporcionada, no hay sanciones y todas las observaciones están solventadas o en proceso.
¿Información reservada?
La Contraloría General del Estado es una de las dependencias facultadas para realizar auditorías a otras dependencias del Ejecutivo estatal, así como a ayuntamientos y organismos autónomos, cuando en su presupuesto hay recursos estatales. Sin embargo, cualquier información relacionada con esas auditorías y sus resultados, la Contraloría la considera “reservada” y no hay acceso público a ella.
Ese fue el caso de la solicitud de información (folio Infogro 025812) que se hizo llegar a la Contraloría para que diera a conocer los “resultados de los análisis realizados a las muestras recolectadas en 2010 y 2011 a los fertilizantes distribuidos por los ayuntamientos en el estado de Guerrero”, ya que había sospechas fundadas de que el insumo entregado a los campesinos era adulterado.
La respuesta de la Contraloría fue que estos datos “se encuentran clasificados como reservados, debido a que contienen información que forma parte de un proceso de verificación y su publicación pudiera afectar la adecuada toma de decisiones para las instituciones correspondientes”.
Se insistió con otra solicitud de información pidiendo el nombre de las empresas y ayuntamientos y las sanciones que han recibido los responsables de fabricar, vender o distribuir fertilizante adulterado de casos ya concluidos.
Al respecto, la Contraloría General simplemente respondió que en sus archivos “no existe documento alguno”.
Asimismo, en otra ocasión se solicitó la “auditoría practicada al padrón del programa Pensión Guerrero, del Instituto Guerre-rense de Atención Integral de las Personas Adultas Mayores” (folio Infogro 96511), y la Contraloría General respondió que la auditoría en mención “se encuentra en proceso de solventación y la información solicitada tiene el carácter de reservada”.
Más recientemente se pidió (folio Infogro 067012), en relación a una información emitida por el gobernador del estado en su primer informe de gobierno, la “descripción de cada una de las 99 resoluciones administrativas (58 de procedimientos de responsabilidad derivados de los resultados de auditorías y 41 procedimientos de responsabilidad por doble plaza)”, ya que si las anunció el titular del Ejecutivo, es porque ya estaban concluidas.
Pero la Contraloría General respondió que “la información contenida en los expedientes de las resoluciones referidas se encuentra clasificada como reservada”.
Sin embargo, la Contraloría General del Estado no ha tenido ninguna formalidad cuando declara ante los medios de comunicación que está investigado a funcionarios de la administración anterior, incluyendo al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, y aporta nombres, cargos, cifras y hasta los supuestos delitos. En los hechos, la Contraloría está proporcionado públicamente datos de expedientes que aún “no causan estado”, mientras que a los ciudadanos les niega información equivalente cuando presentan una solicitud de información para enterarse sobre casos de corrupción.
Otras dependencias
Las dependencias del Ejecutivo del estado no son las únicas obligadas a publicar información sobre las auditorías practicadas.
El Congreso local, no obstante que es el poder encargado –a través de la Auditoría General del Estado– de la fiscalización de las entidades y dependencias públicas, en su portal electrónico no difunde ninguna información de las auditorías que se le han realizado.
Tampoco el Tribunal Superior de Justicia publica nada, y en su portal de transparencia sólo presenta un formato para solicitar información.
Asimismo, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado y el Tribunal Electoral del Estado no contienen ninguna liga electrónica para difundir información sobre las auditorías que les hayan practicado; y el Instituto Electoral difunde una auditoría completa (caso único en el estado) pero ésta se refiere sólo a “la administración de los recursos humanos” y es del periodo enero a octubre de 2009.
Las revisiones de la ASF
En contraste con los órganos de control y fiscalización del estado, que omiten publicar cualquier información sobre auditorías, la Auditoría Superior de la Federación difunde en su portal electrónico los informes detallados de las auditorías que realiza.
Para la fiscalización superior de la cuenta pública 2010, la ASF practicó mil 31 auditorías, de las cuales 558 (54.1 por ciento) los sujetos directos de la revisión fueron los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
En total, la ASF determinó 14 mil 543 observaciones, de las cuales, 5 mil 504 fueron solventadas por las entidades fiscalizadas en el transcurso de las auditorías; las restantes 9 mil 39 observaciones dieron lugar a la emisión de 10 mil 778 acciones.
Destacan las 98 denuncias de hechos que la ASF interpondrá ante el Ministerio Público federal por la presunta comisión de ilícitos. Esta cifra es mayor a las presentadas con motivo de la fiscalización superior de las cuentas públicas de 1998 a 2009.
Para el caso de las auditorías realizadas en Guerrero, se pueden ver los resultados en el rubro de gasto federalizado (recursos destinados a gobierno del estado y ayuntamientos), en donde se describen las irregularidades y observaciones encontradas en las dependencias que ejercen estos recursos, como los ocho fondos del ramo 33, el ramo 12 del seguro popular, recursos destinados a seguridad pública, programa hábitat, entre otros.
La ciudadanía en auditorías
En otros países, los gobiernos han reconocido la importancia de hacer transparentes las auditorías y sus resultados, y no sólo eso, sino también involucrar a los ciudadanos en la realización de algunas tareas relacionadas con éstas.
En Corea del Sur, por ejemplo, la Ley Anticorrupción de ese país permite a los ciudadanos solicitar al órgano de control y fiscalización la realización de auditorías a dependencias públicas sospechosas de actos de corrupción.
En Filipinas se promovió una participación ciudadana más activa en la supervisión, ya que de manera conjunta el órgano de control de ese país y organizaciones no gubernamentales realizan auditorías para determinar si un programa gubernamental alcanzó los resultados programados.
En India se realizan auditorías sociales mediante la colaboración entre el gobierno y los ciudadanos locales para vigilar la aplicación de leyes.
En México también existen experiencias de participación ciudadana en el control y vigilancia de la gestión gubernamental, como en el gobierno del Distrito Federal, donde se promueven comités ciudadanos para “evaluar eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública”.
De acuerdo con su portal electrónico, se conformó una red de contralores ciudadanos en diferentes materias como adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; agencias del Ministerio Público, en Obras y Servicios Relacionados y contralores ciudadanos comunitarios.
Sin duda hace falta mucho por hacer en Guerrero. La transparencia de los resultados de las auditorías, así como la incorporación de la ciudadanía las tareas de control y fiscalización de las dependencias y entidades públicas, son ingredientes que pueden contribuir a generar confianza entre la ciudadanía.
martes, 30 de octubre de 2012
Programa 3×1 para migrantes: una experiencia exitosa en Guerrero
El Sur de Acapulco
El programa 3×1 para migrantes en el estado de Guerrero ha tenido resultados sobresalientes incluso en el ámbito nacional. Es quizá el único programa gubernamental dentro del estado en el que la participación ciudadana –migrantes y habitantes de sus comunidades de origen– ha logrado ser parte de la toma de las decisiones estratégicas e involucrarse en la operación del programa.
El 3×1 es un programa adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social federal que promueve la aportación económica de los tres órdenes de gobierno y los migrantes guerrerenses para la construcción de obras de infraestructura básica o la puesta en marcha de proyectos productivos. En el estado, esta corresponsabilidad ha tenido impactos positivos para la eficacia del programa, para su transparencia y la rendición de cuentas, pues los migrantes –gracias al poder de negociación adquirido como consecuencia de su posición de aportantes– han logrado que un porcentaje importante de las obras se ejecuten y vigilen por los ciudadanos de las localidades de origen de los migrantes.
En los últimos años se tienen experiencias exitosas de localidades que ejecutaron la obra directamente y esto se tradujo en la ampliación de metas, ya que con esta forma de trabajo hay un uso más controlado de los recursos, y la rentabilidad económica que obtiene tradicionalmente una empresa por realizar estas obras, es invertida directamente en más beneficios para la localidad.
Pero también la ejecución directa ha permitido un manejo más transparente de los recursos, ya que a diferencia de muchos otros programas sociales, hay una verdadera rendición de cuentas a través de informar y justificar ante las asambleas comunitarias el ejercicio de los recursos; esta práctica se complementa con la obligación que tienen los comités de obra de comprobar documentalmente cada uno de los gastos ante la dependencia normativa correspondiente.
Buenos resultados, pocos recursos
No obstante los buenos resultados del programa 3×1 para migrantes en Guerrero, los recursos financieros que se invierten son escasos. De acuerdo con los antecedentes del programa en Guerrero, de 2002 a 2004 se invirtieron sólo 67.1 millones de pesos en la construcción de 120 obras sociales.
En el periodo de 2005 a 2011 el monto de la inversión fue por 262.9 millones de pesos para construir 403 obras, destacando el año de 2011 porque se invirtieron 62.2 millones, que hasta hoy se considera la mayor inversión que se ha hecho en el estado dentro del programa 3×1.
Cabe recordar que de 2002 a 2004 el programa funcionó de manera irregular en el estado por problemas con la aportación de los ayuntamientos, considerándose el peor ejercicio fiscal el de 2004 cuando el gobierno de René Juárez Cisneros dejó de aportar al programa.
Y no obstante que en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo se tuvieron las mayores inversiones, éstas no tienen comparación con otros programas como el del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que en 2011 ejerció recursos por 3,149.2 millones de pesos en el estado de Guerrero, muy por encima de los 62.2 millones que se invirtieron en el 3×1 en el mismo año.
Con la administración de Ángel Aguirre Rivero, la aportación estatal al programa disminuyó sensiblemente al pasar de 13.6 millones de pesos en 2011 a 6.4 millones en el ejercicio 2012; mientras que la aportación de la Sedesol federal será en este mismo año de 12 millones de pesos, misma cantidad que se estima también aportarán los migrantes.
La encargada del programa en la delegación estatal de la Sedesol, Amalia Esther Morales Bárcenas, lamentó la disminución de la aportación estatal porque muchas localidades se quedarán sin obra, aunque es una “situación que sale de nuestro ámbito de competencia”.
Agregó que con el gobierno del estado se firmó un convenio por 6.4 millones de pesos, pero además la Sedesol “establecerá convenios con los migrantes y con los presidentes municipales, o en su caso sólo con los migrantes porque tenemos el problema de que los presidentes municipales ya se fueron. La Sedesol no puede entrar a una obra aportando el total de recursos, por normativa tiene que haber por lo menos uno”.
Participación en la toma de decisiones
El Comité de Validación y Atención a Migrantes (Covam) es el órgano colegiado para la toma de decisiones importantes del programa 3×1 para migrantes. Participan en él representantes de cada una de las partes que aporten recursos con voz y voto. En el Covam se dictaminan los proyectos de obras que presentan los paisanos radicados en Estados Unidos, organizados en clubes de migrantes; ahí también se decide a la entidad que ejecutará la obra.
El Covam en Guerrero se ha convertido en un espacio de deliberación en el que las federaciones que agrupan a los clubes de migrantes han hecho valer su participación económica en el programa –regularmente de 25 por ciento del costo de las obras– en la toma de decisiones; una de ellas ha sido que los habitantes de las comunidades beneficiarias sean los ejecutores de las obras.
De acuerdo con el acta de la sesión extraordinaria del Covam del ejercicio fiscal 2011, de 96 obras realizadas en 2011, un total de 63 obras que representan el 65.6 por ciento, fueron realizadas o administradas por los comités de obra de las localidades. Por el número de obras realizadas bajo esta modalidad destacan Taxco con 26, Iguala 8, Cuetzala 5, Ixcateopan 3, Pilcaya 3, Cocula 1 y Huitzuco 1; en total de la región Norte, 47 obras fueron ejecutadas por los comités de obra.
Las otras regiones que ejecutaron sus obras con esta modalidad son Centro (Chilpancingo 4, Leonardo Bravo 2 y Tixtla 1); Costa Grande (Atoyac 4); Costa Chica (Cuajinicuilapa 1, Cuautepec 1, Juchitán 1); Tierra Caliente (Ajuchitlán 1, Coyuca de Catalán 1); Montaña (Huamuxtitlán 1); Acapulco 1.
La mayor parte de las obras ejecutadas por los comités se construyeron en localidades donde los migrantes están agrupados en los Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, ya que esta organización de migrantes con sede en Chicago está impulsando prácticas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana a través de una bien coordinada relación entre clubes de migrantes, los comités de obra y la población de sus comunidades de origen.
Una de las consecuencias de que los ejecutores de la obra sean los comités de obras es que se rebasan las metas originalmente programadas.
José Betancourt Villa, quien fue director de la oficina de atención a migrantes en el gobierno anterior, expresó que “cuando los comités hacen su obra, muchas veces hacen más, ellos administran mejor la lana, porque finalmente es de ellos. Muchos comités tienen la experiencia y el conocimiento para ejecutar las obras, y excedían las metas, si el expediente decía que se iban a pavimentar 10 metros lineales, ellos pavimentaban 13, eficientaban el recurso”.
Estas prácticas comunitarias están haciendo diferencia con las de otros programas sociales. Las obras del FAISM del Ramo 33, no obstante que hay una aportación de los beneficiarios, son decididas casi exclusivamente por los alcaldes, y los ayuntamientos no promueven la participación de las comunidades en la ejecución ni en la vigilancia de las obras.
Al respecto, Morales Bárcenas comentó que “la diferencia principal es la participación de la localidad, aquí los clubes espejo (comités de obra) están realmente comprometidos con lo que hacen, ya que el recurso proviene del migrante, de sus familiares en Estados Unidos, y esto hace la diferencia con otros programas”.
Un año desastroso para el 3×1
Durante el primer año del gobierno de Ángel Aguirre Rivero hubo muy poco interés de los funcionarios recién nombrados por el programa para migrantes. Incluso, el coordinador de la organización Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, Erasmo Salgado, declaró en la prensa que a 45 días de que asumió el nuevo gobierno “no haya existido el más mínimo acercamiento con la comunidad migrante en este lado de la frontera”.
En los primeros meses de la nueva administración, el entonces titular de la Sedesol estatal, David Jiménez Rumbo, fue acusado de tratar de usar políticamente el programa con la imposición de “sus” proyectos en el Covam y de confrontarse con los dirigentes de las federaciones de migrantes.
En octubre de 2011, el gobernador Ángel Aguirre anunció que el programa se separaba de la Sedesol y pasaba a la Coordinación de Fortalecimiento Municipal, pero días más tarde se publicó el decreto que creaba la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, y ahí se envió el programa 3×1.
Sin embargo, en diciembre de 2011 no había certeza de que el gobierno del estado aportaría los recursos del ejercicio 2011; incluso la Sedesol federal convocó a una sesión extraordinaria del Covam el 28 de diciembre de 2011 para dejar constancia de que la parte estatal no se depositó en la cuenta del programa.
En enero de 2012, el gobierno del estado hizo su aportación, por lo que las obras comenzaron a construirse hasta enero y febrero de 2012.
Pero 2004 y 2011 han sido los peores años del programa 3×1 para migrantes por diversas fallas de los gobiernos locales.
Las experiencias exitosas en la operación del programa reclaman un mayor compromiso y recursos de las administraciones estatales y municipales de Guerrero.
10 años de buscar la transparencia
En 2003, junto con otros compañeros y compañeras periodistas, académicos y activistas de organizaciones sociales y civiles comenzamos a promover una ley de transparencia –que no la había en Guerrero, como sí en otros estados– y desde entonces también se iniciaron los desencuentros con quienes han estado el frente de muchas de las dependencias y entidades de los tres poderes, organismos autónomos, ayuntamientos, para quienes la transparencia resulta una obligación incómoda.
Estos desencuentros se hicieron más fuertes cuando, una vez que entró en vigor la ley de acceso a la información del estado en junio de 2006, comenzamos a solicitar información a los sujetos obligados. Compañeros y compañeros sufrieron maltrato, enojo de funcionarios y hasta amenazas, simplemente por hacer valer su derecho de acceso a la información, con el que buscábamos construir esquemas de rendición de cuentas en los colectivos donde estábamos vinculados.
Esto fue una llamada de alerta; la mayoría de nosotros buscamos entonces insertarnos en redes y tener relación estrecha con organizaciones nacionales e internacionales y personalidades que también promueven la transparencia y la rendición de cuentas para que conocieran cómo está la situación en Guerrero.
Hoy, el ocultamiento de la información sigue siendo una constante en el estado; y también sabemos que las amenazas continuarán mientras exista en Guerrero una persona –aunque por fortuna, cada vez somos más– que monitoree, observe, vigile o solicite información sobre lo que realiza el gobierno.
Joyas de la opacidad. Hace unas semanas solicitamos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas información de la construcción del polideportivo de Chilpancingo; ésta respondió que era información reservada, por lo que presentamos un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, cuyo dictamen final fue que se entregara la información solicitada.
Acatando la resolución, la dependencia nos comunicó que el paquete de información contenía 350 hojas, por lo que procedimos a pagar ese número de copias en la Sefina para recibir la información, pero resulta que el costo de cada copia es de 3.20 pesos, para un total de 1,120 pesos.
El artículo 2 de la ley de transparencia es claro: el acceso a la información pública es gratuito, y sólo se deberá pagar el costo del material de las copias o reproducciones documentales, “exento de toda contribución fiscal estatal o municipal”.
Creímos que en el gobierno de Zeferino Torreblanca se había superado este asunto de la gratuidad.
El programa 3×1 para migrantes en el estado de Guerrero ha tenido resultados sobresalientes incluso en el ámbito nacional. Es quizá el único programa gubernamental dentro del estado en el que la participación ciudadana –migrantes y habitantes de sus comunidades de origen– ha logrado ser parte de la toma de las decisiones estratégicas e involucrarse en la operación del programa.
El 3×1 es un programa adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social federal que promueve la aportación económica de los tres órdenes de gobierno y los migrantes guerrerenses para la construcción de obras de infraestructura básica o la puesta en marcha de proyectos productivos. En el estado, esta corresponsabilidad ha tenido impactos positivos para la eficacia del programa, para su transparencia y la rendición de cuentas, pues los migrantes –gracias al poder de negociación adquirido como consecuencia de su posición de aportantes– han logrado que un porcentaje importante de las obras se ejecuten y vigilen por los ciudadanos de las localidades de origen de los migrantes.
En los últimos años se tienen experiencias exitosas de localidades que ejecutaron la obra directamente y esto se tradujo en la ampliación de metas, ya que con esta forma de trabajo hay un uso más controlado de los recursos, y la rentabilidad económica que obtiene tradicionalmente una empresa por realizar estas obras, es invertida directamente en más beneficios para la localidad.
Pero también la ejecución directa ha permitido un manejo más transparente de los recursos, ya que a diferencia de muchos otros programas sociales, hay una verdadera rendición de cuentas a través de informar y justificar ante las asambleas comunitarias el ejercicio de los recursos; esta práctica se complementa con la obligación que tienen los comités de obra de comprobar documentalmente cada uno de los gastos ante la dependencia normativa correspondiente.
Buenos resultados, pocos recursos
No obstante los buenos resultados del programa 3×1 para migrantes en Guerrero, los recursos financieros que se invierten son escasos. De acuerdo con los antecedentes del programa en Guerrero, de 2002 a 2004 se invirtieron sólo 67.1 millones de pesos en la construcción de 120 obras sociales.
En el periodo de 2005 a 2011 el monto de la inversión fue por 262.9 millones de pesos para construir 403 obras, destacando el año de 2011 porque se invirtieron 62.2 millones, que hasta hoy se considera la mayor inversión que se ha hecho en el estado dentro del programa 3×1.
Cabe recordar que de 2002 a 2004 el programa funcionó de manera irregular en el estado por problemas con la aportación de los ayuntamientos, considerándose el peor ejercicio fiscal el de 2004 cuando el gobierno de René Juárez Cisneros dejó de aportar al programa.
Y no obstante que en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo se tuvieron las mayores inversiones, éstas no tienen comparación con otros programas como el del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que en 2011 ejerció recursos por 3,149.2 millones de pesos en el estado de Guerrero, muy por encima de los 62.2 millones que se invirtieron en el 3×1 en el mismo año.
Con la administración de Ángel Aguirre Rivero, la aportación estatal al programa disminuyó sensiblemente al pasar de 13.6 millones de pesos en 2011 a 6.4 millones en el ejercicio 2012; mientras que la aportación de la Sedesol federal será en este mismo año de 12 millones de pesos, misma cantidad que se estima también aportarán los migrantes.
La encargada del programa en la delegación estatal de la Sedesol, Amalia Esther Morales Bárcenas, lamentó la disminución de la aportación estatal porque muchas localidades se quedarán sin obra, aunque es una “situación que sale de nuestro ámbito de competencia”.
Agregó que con el gobierno del estado se firmó un convenio por 6.4 millones de pesos, pero además la Sedesol “establecerá convenios con los migrantes y con los presidentes municipales, o en su caso sólo con los migrantes porque tenemos el problema de que los presidentes municipales ya se fueron. La Sedesol no puede entrar a una obra aportando el total de recursos, por normativa tiene que haber por lo menos uno”.
Participación en la toma de decisiones
El Comité de Validación y Atención a Migrantes (Covam) es el órgano colegiado para la toma de decisiones importantes del programa 3×1 para migrantes. Participan en él representantes de cada una de las partes que aporten recursos con voz y voto. En el Covam se dictaminan los proyectos de obras que presentan los paisanos radicados en Estados Unidos, organizados en clubes de migrantes; ahí también se decide a la entidad que ejecutará la obra.
El Covam en Guerrero se ha convertido en un espacio de deliberación en el que las federaciones que agrupan a los clubes de migrantes han hecho valer su participación económica en el programa –regularmente de 25 por ciento del costo de las obras– en la toma de decisiones; una de ellas ha sido que los habitantes de las comunidades beneficiarias sean los ejecutores de las obras.
De acuerdo con el acta de la sesión extraordinaria del Covam del ejercicio fiscal 2011, de 96 obras realizadas en 2011, un total de 63 obras que representan el 65.6 por ciento, fueron realizadas o administradas por los comités de obra de las localidades. Por el número de obras realizadas bajo esta modalidad destacan Taxco con 26, Iguala 8, Cuetzala 5, Ixcateopan 3, Pilcaya 3, Cocula 1 y Huitzuco 1; en total de la región Norte, 47 obras fueron ejecutadas por los comités de obra.
Las otras regiones que ejecutaron sus obras con esta modalidad son Centro (Chilpancingo 4, Leonardo Bravo 2 y Tixtla 1); Costa Grande (Atoyac 4); Costa Chica (Cuajinicuilapa 1, Cuautepec 1, Juchitán 1); Tierra Caliente (Ajuchitlán 1, Coyuca de Catalán 1); Montaña (Huamuxtitlán 1); Acapulco 1.
La mayor parte de las obras ejecutadas por los comités se construyeron en localidades donde los migrantes están agrupados en los Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, ya que esta organización de migrantes con sede en Chicago está impulsando prácticas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana a través de una bien coordinada relación entre clubes de migrantes, los comités de obra y la población de sus comunidades de origen.
Una de las consecuencias de que los ejecutores de la obra sean los comités de obras es que se rebasan las metas originalmente programadas.
José Betancourt Villa, quien fue director de la oficina de atención a migrantes en el gobierno anterior, expresó que “cuando los comités hacen su obra, muchas veces hacen más, ellos administran mejor la lana, porque finalmente es de ellos. Muchos comités tienen la experiencia y el conocimiento para ejecutar las obras, y excedían las metas, si el expediente decía que se iban a pavimentar 10 metros lineales, ellos pavimentaban 13, eficientaban el recurso”.
Estas prácticas comunitarias están haciendo diferencia con las de otros programas sociales. Las obras del FAISM del Ramo 33, no obstante que hay una aportación de los beneficiarios, son decididas casi exclusivamente por los alcaldes, y los ayuntamientos no promueven la participación de las comunidades en la ejecución ni en la vigilancia de las obras.
Al respecto, Morales Bárcenas comentó que “la diferencia principal es la participación de la localidad, aquí los clubes espejo (comités de obra) están realmente comprometidos con lo que hacen, ya que el recurso proviene del migrante, de sus familiares en Estados Unidos, y esto hace la diferencia con otros programas”.
Un año desastroso para el 3×1
Durante el primer año del gobierno de Ángel Aguirre Rivero hubo muy poco interés de los funcionarios recién nombrados por el programa para migrantes. Incluso, el coordinador de la organización Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, Erasmo Salgado, declaró en la prensa que a 45 días de que asumió el nuevo gobierno “no haya existido el más mínimo acercamiento con la comunidad migrante en este lado de la frontera”.
En los primeros meses de la nueva administración, el entonces titular de la Sedesol estatal, David Jiménez Rumbo, fue acusado de tratar de usar políticamente el programa con la imposición de “sus” proyectos en el Covam y de confrontarse con los dirigentes de las federaciones de migrantes.
En octubre de 2011, el gobernador Ángel Aguirre anunció que el programa se separaba de la Sedesol y pasaba a la Coordinación de Fortalecimiento Municipal, pero días más tarde se publicó el decreto que creaba la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, y ahí se envió el programa 3×1.
Sin embargo, en diciembre de 2011 no había certeza de que el gobierno del estado aportaría los recursos del ejercicio 2011; incluso la Sedesol federal convocó a una sesión extraordinaria del Covam el 28 de diciembre de 2011 para dejar constancia de que la parte estatal no se depositó en la cuenta del programa.
En enero de 2012, el gobierno del estado hizo su aportación, por lo que las obras comenzaron a construirse hasta enero y febrero de 2012.
Pero 2004 y 2011 han sido los peores años del programa 3×1 para migrantes por diversas fallas de los gobiernos locales.
Las experiencias exitosas en la operación del programa reclaman un mayor compromiso y recursos de las administraciones estatales y municipales de Guerrero.
10 años de buscar la transparencia
En 2003, junto con otros compañeros y compañeras periodistas, académicos y activistas de organizaciones sociales y civiles comenzamos a promover una ley de transparencia –que no la había en Guerrero, como sí en otros estados– y desde entonces también se iniciaron los desencuentros con quienes han estado el frente de muchas de las dependencias y entidades de los tres poderes, organismos autónomos, ayuntamientos, para quienes la transparencia resulta una obligación incómoda.
Estos desencuentros se hicieron más fuertes cuando, una vez que entró en vigor la ley de acceso a la información del estado en junio de 2006, comenzamos a solicitar información a los sujetos obligados. Compañeros y compañeros sufrieron maltrato, enojo de funcionarios y hasta amenazas, simplemente por hacer valer su derecho de acceso a la información, con el que buscábamos construir esquemas de rendición de cuentas en los colectivos donde estábamos vinculados.
Esto fue una llamada de alerta; la mayoría de nosotros buscamos entonces insertarnos en redes y tener relación estrecha con organizaciones nacionales e internacionales y personalidades que también promueven la transparencia y la rendición de cuentas para que conocieran cómo está la situación en Guerrero.
Hoy, el ocultamiento de la información sigue siendo una constante en el estado; y también sabemos que las amenazas continuarán mientras exista en Guerrero una persona –aunque por fortuna, cada vez somos más– que monitoree, observe, vigile o solicite información sobre lo que realiza el gobierno.
Joyas de la opacidad. Hace unas semanas solicitamos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas información de la construcción del polideportivo de Chilpancingo; ésta respondió que era información reservada, por lo que presentamos un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, cuyo dictamen final fue que se entregara la información solicitada.
Acatando la resolución, la dependencia nos comunicó que el paquete de información contenía 350 hojas, por lo que procedimos a pagar ese número de copias en la Sefina para recibir la información, pero resulta que el costo de cada copia es de 3.20 pesos, para un total de 1,120 pesos.
El artículo 2 de la ley de transparencia es claro: el acceso a la información pública es gratuito, y sólo se deberá pagar el costo del material de las copias o reproducciones documentales, “exento de toda contribución fiscal estatal o municipal”.
Creímos que en el gobierno de Zeferino Torreblanca se había superado este asunto de la gratuidad.
martes, 16 de octubre de 2012
El sistema educativo en Guerrero: mucha inversión, pésimos resultados
El Sur de Acapulco
En Guerrero, el sector educativo es ya un ente incontrolable que retrasa la posibilidad de que el estado supere sus históricos rezagos. Si bien a la educación se le considera como el motor que puede contribuir enormemente al desarrollo de un país, y en Guerrero es el sector al que se le destina la mayor parte del presupuesto del estado (más de un tercio del total en los últimos cinco años), sin embargo los resultados son pobres, ya que la cobertura y sobre todo la calidad de la educación que se brinda a los niños y jóvenes guerrerenses se ubica en los últimos lugares del país.
En las entrañas del sistema educativo nadie se responsabiliza del desastre, ni las autoridades educativas ni los maestros y trabajadores agrupados en dos organizaciones sindicales, que todos los días son noticia por los permanentes conflictos y luchas por ganar espacios en la disputa por los recursos.
Ante este panorama, los únicos que pierden son los miles de educandos que concluyen su educación del nivel básico con graves deficiencias de aprendizaje, y que los colocan en gran desventaja en los mercados de trabajo o en su intención de ingresar a la educación media superior y superior.
Pero también pierde la población en situación de pobreza, que le apuesta a la educación de sus hijos como el único factor de movilidad social, amén de los crecientes recursos que absorbe el sistema educativo de Guerrero en detrimento de amplios sectores de campesinos e indígenas guerrerenses que durante años no han recibido recursos de inversión en sus pueblos y comunidades.
“La educación en Guerrero, debe ser de excelencia, más comprometida, participativa, eficiente y de mejor calidad para enfrentar los rezagos existentes en la prestación del servicio y satisfacer las necesidades y expectativas de la sociedad”, reza el manual de organización que publica la Secretaría de Educación de Guerrero en su portal electrónico, pero nada más lejos de lo que hoy sucede en Guerrero.
La SEG, un barril sin fondo
La Secretaría de Educación de Guerrero es la dependencia que recibe el mayor porcentaje de recursos en el estado. En los últimos cinco años, se le han asignado entre 37.2 y 42 por ciento del presupuesto total para el estado de Guerrero. En 2008, por ejemplo, según el presupuesto de egresos del estado, se le transfirieron 11,918.3 millones de pesos de un presupuesto global estatal que alcanzó en ese año 28, 429 millones de pesos. También en 2008, las dependencias del Ejecutivo estatal tuvieron un presupuesto de 18,030.5 millones de pesos, es decir, la SEG por sí sola se llevó 66.1% de los recursos totales destinados a todas las dependencias del gobierno del estado.
En los años siguientes la proporción de recursos asignados a la SEG se mantuvo constante. Para 2012, el presupuesto total del estado es por 38,985.8 millones de pesos, de los cuales al ejecutivo se le asignaron 23,932. 9. A la SEG se le destinaron 15,100.3 millones de pesos en este mismo año, lo que significa 38.7 por ciento del presupuesto global del estado y 63 por ciento del que se asignó al Ejecutivo.
Todos estos recursos financieros que cada año se gastan en la educación no han contribuido sin embargo a mejorar la calidad de este servicio tan indispensable para los guerrerenses, pues los principales indicadores de educación colocan a Guerrero entre los últimos lugares del país.
Algunos indicadores
De acuerdo con los resultados de la Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares (Enlace) correspondientes a 2011, la mayor parte de los alumnos de primaria (62 por ciento) de las escuelas guerrerenses en promedio tuvieron un nivel “insuficiente y elemental” en la materia de matemáticas, acentuándose los pobres resultados en la modalidad indígena y de Conafe, ya que en ese nivel se encontraron 75.4 y 89.3 por ciento, respectivamente.
En el caso de la materia de español, 63.3 por ciento de los estudiantes de primaria estuvieron dentro del nivel insuficiente y elemental, repitiéndose los peores resultados en las modalidades indígena y de Conafe, con 79.5 y 91.5 por ciento de alumnos con nivel insuficiente y elemental.
Respecto de los alumnos de secundaria, el porcentaje de jóvenes que obtuvieron niveles de insuficiente y elemental en matemáticas fue de 82.2 por ciento; pero en el caso de la materia de español, fue de 86 por ciento el porcentaje de alumnos que alcanzaron el nivel de insuficiente y elemental.
Estos porcentajes de 2011 son mejores de los que se obtenían hace algunos años en la prueba Enlace; pero no dejan de revelar el nivel de la educación en el estado.
En 2012, los resultados de la prueba Enlace en Guerrero serán inconsistentes porque una parte del magisterio impidió la aplicación de la prueba en muchas escuelas del estado. “Es una imposición del gobierno federal, que no toma en cuenta ni las condiciones en que viven los pueblos pobres ni la diversidad cultural” del estado, argumentaron.
Todos los recursos, a pago de salarios
La mayor parte de los recursos destinados al sector educativo –que por cierto, provienen de la federación a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) del ramo 33– son para el pago de salarios de la nómina de la SEG.
En los últimos seis años, a este concepto se destinaron en promedio 96.2 por ciento de los recursos del FAEB, mientras que a la operación de la Secretaría se le asignaron solo 3.2 por ciento del total.
La distribución de los recursos es totalmente desproporcionada, ya que al concepto de inversión (construcción, mantenimiento, rehabilitación de planteles escolares) se le destinó menos del uno por ciento del FAEB, y seguramente por esta razón las escuelas no tienen agua corriente ni drenaje, ni áreas deportivas ni el equipamiento mínimo necesario, y para el mantenimiento de los planteles, los padres de familia deben subsidiar esta obligación del Estado mediante el pago de “cuotas de cooperación” que no siempre se aplican con transparencia.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, del nivel preescolar al superior hay en Guerrero cerca de 65 mil docentes, aunque la SEG informó a mediados de agosto que en esta dependencia laboran 81 mil trabajadores, sin precisar el número de maestros, administrativos, técnicos, etc.
Ser maestro se ha convertido en una profesión muy “atractiva” para los jóvenes guerrerenses –aun para aquellos sin vocación para el magisterio–, pues se trata de uno de los pocos empleos que asegura cierta estabilidad económica y hasta alguna rentabilidad al tener la posibilidad de heredar o vender “su plaza”.
Pero para tener acceso a un lugar ya no es suficiente demostrar aptitudes y competencias, sino involucrarse o pertenecer a los grupos de presión que actualmente se disputan las plazas para sus agremiados o conocidos (SNTE, CETEG, Escuela Normal de Ayotzinapa, funcionarios), lo cual también repercute negativamente en la calidad de la educación.
El déficit millonario
Aunque haya planeación educativa, ésta no es importante en el funcionamiento del sector en Guerrero; prevalecen sobre cualquier otro factor, los criterios políticos para el ejercicio del gasto y especialmente para la asignación y administración de plazas docentes, arena de las disputas más frecuentes entre las autoridades, las organizaciones sindicales y egresados de diferentes normales.
Las feroces pugnas por las plazas en la SEG han presionado cada año la creación de nuevos puestos –que bajo la óptica de una verdadera planeación no se necesitan– pero que se han creado incluso sin tener los recursos para financiarlas por decisiones políticas de los diferentes gobernantes.
Entre la escasa información útil que presenta la SEG en su portal electrónico, la dependencia publica el seguimiento al gasto del FAEB del segundo y tercer trimestres de 2011. En el primer caso, en el apartado de observaciones se reconoce un déficit de 874 millones de pesos “el cual se origina de diez mil plazas sin techo presupuestal, incluyendo sus prestaciones sociales”. Para el tercer trimestre de 2011, el déficit se había incrementado a mil 359 millones de pesos.
¿De qué partida se pagan estas 10 mil plazas que no tienen techo presupuestal y cuyo déficit, según algunos funcionarios, es hoy de entre 8 mil y 10 mil millones de pesos? ¿Qué programas sociales o estratégicos ven disminuido su presupuesto para cubrir el déficit de la SEG?
En la opacidad, el gasto en educación
El sector educativo es el que más recursos públicos ejerce, pero también es uno de los que más opacidad presenta, ya que la información relevante sobre el ejercicio de los recursos no se localiza en ningún sitio para ser consultada por los ciudadanos.
Tanto la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado como los Decretos de Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero de cada ejercicio establecen obligaciones a todas las dependencias para transparentar la información estratégica que permita a los ciudadanos conocer cómo se ejercen los recursos. Pero la SEG no cumple ninguno de estas normas.
En el portal electrónico de la dependencia se publica de manera dispersa e incompleta la información de oficio a la que está obligada; no se observa una línea articulada para presentar los datos, y sólo hay acumulación de información que no es útil.
Por ejemplo, respecto de las funciones más relevantes de la dependencia y los indicadores de gestión para evaluar el desempeño, la SEG no publica las primeras, y sólo presenta tres indicadores: índice de cobertura de educación básica, tasa de terminación de educación básica e índice de variación del logro educativo, pero incluso éstos corresponden a 2010.
Sobre la remuneración mensual por puesto, presentan una tabla que corresponde al sector central del Ejecutivo, pero nada publican sobre los sueldos a docentes y sus diferentes categorías; tampoco publican su programa sectorial con indicadores y metas, para conocer el avance físico y financiero de éstas.
Tampoco se publica el presupuesto asignado a la SEG en lo general y por programa ni los informes cuatrimestrales sobre su ejecución; no hay ningún informe sobre auditorías ni sobre la cuenta pública de la dependencia.
Y sobre la relación de servidores públicos comisionados, la liga electrónica está convenientemente rota en el portal para no proporcionar esta información.
En general, se observa una intención de no presentar información relevante sobre el funcionamiento de la SEG, opacidad que es congruente con las decisiones que se toman en el interior de la dependencia (influenciadas por los grupos de presión) y que no necesariamente se apegan a las diferentes normas del sector.
El estado de Guerrero no logrará superar sus rezagos si no resuelve este dilema en la educación: muchos recursos y mala educación.
Joyas de la opacidad
En la prensa apareció una nota sobre el alcalde de Chilapa, Francisco Javier García, que repartió cargos públicos como recompensa a quienes lo apoyaron en su campaña política, creando incluso nuevas carteras. Esto no es nuevo ni extraño, pero es el primer paso para que los ayuntamientos tengan nóminas abultadas y al final de cada año se endeuden para cubrir sueldos y prestaciones. Y al final de los trienios son ya tradicionales las numerosos demandas laborales de estos empleados amigos de los alcaldes, con lo que se deterioran las de ya por sí endebles finanzas de los ayuntamientos.
Relacionado con esto, el nuevo alcalde de Atoyac, Edilberto Tabares Cisneros revisará las 24 “basificaciones” otorgadas a otros tantos empleados del gobierno anterior, ya que encontraron irregularidades en su otorgamiento. De seguir así la tendencia, los gobiernos municipales serán agencias de colocación de empleos y no entidades de servicio a la ciudadanía.
El hoy diputado local Héctor Astudillo exhortó al actual alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno, para que denunciara ante los órganos de fiscalización las irregularidades encontradas en la administración capitalina, en vez de denunciarlas en la prensa. En los hechos, el llamado de Astudillo fue como una invitación a ser opaco como él y su sucesor Tulio Samuel Pérez Calvo.
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