Programa 3×1 para migrantes: una experiencia exitosa en Guerrero

El Sur de Acapulco

El programa 3×1 para migrantes en el estado de Guerrero ha tenido resultados sobresalientes incluso en el ámbito nacional. Es quizá el único programa gubernamental dentro del estado en el que la participación ciudadana –migrantes y habitantes de sus comunidades de origen– ha logrado ser parte de la toma de las decisiones estratégicas e involucrarse en la operación del programa.
El 3×1 es un programa adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social federal que promueve la aportación económica de los tres órdenes de gobierno y los migrantes guerrerenses para la construcción de obras de infraestructura básica o la puesta en marcha de proyectos productivos. En el estado, esta corresponsabilidad ha tenido impactos positivos para la eficacia del programa, para su transparencia y la rendición de cuentas, pues los migrantes –gracias al poder de negociación adquirido  como consecuencia de su posición de aportantes– han logrado que un porcentaje importante de las obras se ejecuten y vigilen por los ciudadanos de las localidades de origen de los migrantes.
En los últimos años se tienen experiencias exitosas de localidades que ejecutaron la obra directamente y esto se tradujo en la ampliación de metas, ya que con esta forma de trabajo hay un uso más controlado de los recursos, y la rentabilidad económica que obtiene tradicionalmente una empresa por realizar estas obras, es invertida directamente en más beneficios para la localidad.
Pero también la ejecución directa ha permitido un manejo más transparente de los recursos, ya que a diferencia de muchos otros programas sociales, hay una verdadera rendición de cuentas a través de informar y justificar ante las asambleas comunitarias el ejercicio de los recursos; esta práctica se complementa con la obligación que tienen los comités de obra de comprobar documentalmente cada uno de los gastos ante la dependencia normativa correspondiente.

Buenos resultados, pocos recursos
No obstante los buenos resultados del programa 3×1 para migrantes en Guerrero, los recursos financieros que se invierten son escasos.  De acuerdo con los antecedentes del programa en Guerrero, de 2002 a 2004 se invirtieron sólo 67.1 millones de pesos en la construcción de 120 obras sociales.
En el periodo de 2005 a 2011 el monto de la inversión fue por 262.9 millones de pesos para construir 403 obras, destacando el año de 2011 porque se invirtieron 62.2 millones, que hasta hoy se considera la mayor inversión que se ha hecho en el estado dentro del programa 3×1.
Cabe recordar que de 2002 a 2004 el programa funcionó de manera irregular en el estado por problemas con la aportación de los ayuntamientos, considerándose el peor ejercicio fiscal el de 2004 cuando el gobierno de René Juárez Cisneros dejó de aportar al programa.
Y no obstante que en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo se tuvieron las mayores inversiones, éstas no tienen comparación con otros programas como el del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que en 2011 ejerció recursos por 3,149.2 millones de pesos en el estado de Guerrero, muy por encima de los 62.2 millones que se invirtieron en el 3×1 en el mismo año.
Con la administración de Ángel Aguirre Rivero, la aportación estatal al programa disminuyó sensiblemente al pasar de 13.6 millones de pesos en 2011 a 6.4 millones en el ejercicio 2012; mientras que la aportación de la Sedesol federal será en este mismo año de 12 millones de pesos, misma cantidad que se estima también aportarán los migrantes.
La encargada del programa en la delegación estatal de la Sedesol, Amalia Esther Morales Bárcenas, lamentó la disminución de la aportación estatal porque muchas localidades se quedarán sin obra, aunque es una “situación que sale de nuestro ámbito de competencia”.
Agregó que con el gobierno del estado se firmó un convenio por 6.4 millones de pesos, pero además la Sedesol “establecerá convenios con los migrantes y con los presidentes municipales, o en su caso sólo con los migrantes porque tenemos el problema de que los presidentes municipales ya se fueron. La Sedesol no puede entrar a una obra aportando el total de recursos, por normativa tiene que haber por lo menos uno”.

Participación en la toma de decisiones
El Comité de Validación y Atención a Migrantes (Covam) es el órgano colegiado para la toma de decisiones importantes del programa 3×1 para migrantes. Participan en él representantes de cada una de las partes que aporten recursos con voz y voto. En el Covam se dictaminan los proyectos de obras que presentan los paisanos radicados en Estados Unidos, organizados en clubes de migrantes; ahí también se decide a la entidad que ejecutará la obra.
El Covam en Guerrero se ha convertido en un espacio de deliberación en el que las federaciones que agrupan a los clubes de migrantes han hecho valer su participación económica en el programa –regularmente de 25 por ciento del costo de las obras– en la toma de decisiones; una de ellas ha sido que los habitantes de las comunidades beneficiarias sean los ejecutores de las obras.
De acuerdo con el acta de la sesión extraordinaria del Covam del ejercicio fiscal 2011, de 96 obras realizadas en 2011, un total de 63 obras que representan el 65.6 por ciento, fueron realizadas o administradas por los comités de obra de las localidades. Por el número de obras realizadas bajo esta modalidad destacan Taxco con 26, Iguala 8, Cuetzala 5, Ixcateopan 3, Pilcaya 3, Cocula 1 y Huitzuco 1; en total de la región Norte, 47 obras fueron ejecutadas por los comités de obra.
Las otras regiones que ejecutaron sus obras con esta modalidad son Centro (Chilpancingo 4, Leonardo Bravo 2 y Tixtla 1); Costa Grande (Atoyac 4); Costa Chica (Cuajinicuilapa 1, Cuautepec 1, Juchitán 1); Tierra Caliente (Ajuchitlán 1, Coyuca de Catalán 1); Montaña (Huamuxtitlán 1); Acapulco 1.
La mayor parte de las obras ejecutadas por los comités se construyeron en localidades donde los migrantes están agrupados en los Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, ya que esta organización de migrantes con sede en Chicago está impulsando prácticas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana a través de una bien coordinada relación entre clubes de migrantes, los comités de obra y la población de sus comunidades de origen.
Una de las consecuencias de que los ejecutores de la obra sean los comités de obras es que se rebasan las metas originalmente programadas.
José Betancourt Villa, quien fue director de la oficina de atención a migrantes en el gobierno anterior, expresó que “cuando los comités hacen su obra, muchas veces hacen más, ellos administran mejor la lana, porque finalmente es de ellos. Muchos comités tienen la experiencia y el conocimiento para ejecutar las obras, y excedían las metas, si el expediente decía que se iban a pavimentar 10 metros lineales, ellos pavimentaban 13, eficientaban el recurso”.
Estas prácticas comunitarias están haciendo diferencia con las de otros programas sociales. Las obras del FAISM del Ramo 33, no obstante que hay una aportación de los beneficiarios, son decididas casi exclusivamente por los alcaldes, y los ayuntamientos no promueven la participación de las comunidades en la ejecución ni en la vigilancia de las obras.
Al respecto, Morales Bárcenas comentó que “la diferencia principal es la participación de la localidad, aquí los clubes espejo (comités de obra) están realmente comprometidos con lo que hacen, ya que el recurso proviene del migrante, de sus familiares en Estados Unidos, y esto hace la diferencia con otros programas”.

Un año desastroso para el 3×1
Durante el primer año del gobierno de Ángel Aguirre Rivero hubo muy poco interés de los funcionarios recién nombrados por el programa para migrantes. Incluso, el coordinador de la organización Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, Erasmo Salgado, declaró en la prensa que a 45 días de que asumió el nuevo gobierno “no haya existido el más mínimo acercamiento con la comunidad migrante en este lado de la frontera”.
En los primeros meses de la nueva administración, el entonces titular de la Sedesol estatal, David Jiménez Rumbo, fue acusado de tratar de usar políticamente el programa con la imposición de “sus” proyectos en el Covam y de confrontarse con los dirigentes de las federaciones de migrantes.
En octubre de 2011, el gobernador Ángel Aguirre anunció que el programa se separaba de la Sedesol y pasaba a la Coordinación de Fortalecimiento Municipal, pero días más tarde se publicó el decreto que creaba la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, y ahí se envió el programa 3×1.
Sin embargo, en diciembre de 2011 no había certeza de que el gobierno del estado aportaría los recursos del ejercicio 2011; incluso la Sedesol federal convocó a una sesión extraordinaria del Covam el 28 de diciembre de 2011 para dejar constancia de que la parte estatal no se depositó en la cuenta del programa.
En enero de 2012, el gobierno del estado hizo su aportación, por lo que las obras comenzaron a construirse hasta enero y febrero de 2012.
Pero 2004 y 2011 han sido los peores años del programa 3×1 para migrantes por diversas fallas de los gobiernos locales.
Las experiencias exitosas en la operación del programa reclaman un mayor compromiso y recursos de las administraciones estatales y municipales de Guerrero.

10 años de buscar la transparencia
En 2003, junto con otros compañeros y compañeras periodistas, académicos y activistas de organizaciones sociales y civiles comenzamos a promover una ley de transparencia –que no la había en Guerrero, como sí en otros estados– y desde entonces también se iniciaron los desencuentros con quienes han estado el frente de muchas de las dependencias y entidades de los tres poderes, organismos autónomos, ayuntamientos, para quienes la transparencia resulta una obligación incómoda.
Estos desencuentros se hicieron más fuertes cuando, una vez que entró en vigor la ley de acceso a la información del estado en junio de 2006, comenzamos a solicitar información a los sujetos obligados. Compañeros y compañeros sufrieron maltrato, enojo de funcionarios y hasta amenazas, simplemente por hacer valer su derecho de acceso a la información, con el que buscábamos construir esquemas de rendición de cuentas en los colectivos donde estábamos vinculados.
Esto fue una llamada de alerta; la mayoría de nosotros buscamos entonces insertarnos en redes y tener relación estrecha con organizaciones nacionales e internacionales y personalidades que también promueven la transparencia y la rendición de cuentas para que conocieran cómo está la situación en Guerrero.
Hoy, el ocultamiento de la información sigue siendo una constante en el estado; y también sabemos que las amenazas continuarán mientras exista en Guerrero una persona –aunque por fortuna, cada vez somos más– que monitoree, observe, vigile o solicite información sobre lo que realiza el gobierno.
Joyas de la opacidad. Hace unas semanas solicitamos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas información de la construcción del polideportivo de Chilpancingo; ésta respondió que era información reservada, por lo que presentamos un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, cuyo dictamen final fue que se entregara la información solicitada.
Acatando la resolución, la dependencia nos comunicó que el paquete de información contenía 350 hojas, por lo que procedimos a pagar ese número de copias en la Sefina para recibir la información, pero resulta que el costo de cada copia es de 3.20 pesos, para un total de 1,120 pesos.
El artículo 2 de la ley de transparencia es claro: el acceso a la información pública es gratuito, y sólo se deberá pagar el costo del material de las copias o reproducciones documentales, “exento de toda contribución fiscal estatal o municipal”.
Creímos que en el gobierno de Zeferino Torreblanca se había superado este asunto de la gratuidad.

El sistema educativo en Guerrero: mucha inversión, pésimos resultados

El Sur de Acapulco

En Guerrero, el sector educativo es ya un ente incontrolable que retrasa la posibilidad de que el estado supere sus históricos rezagos. Si bien a la educación se le considera como el motor que puede contribuir enormemente al desarrollo de un país, y en Guerrero es el sector al que se le destina la mayor parte del presupuesto del estado (más de un tercio del total en los últimos cinco años), sin embargo los resultados son pobres, ya que la cobertura y sobre todo la calidad de la educación que se brinda a los niños y jóvenes guerrerenses se ubica en los últimos lugares del país.
En las entrañas del sistema educativo nadie se responsabiliza del desastre, ni las autoridades educativas ni los maestros y trabajadores agrupados en dos organizaciones sindicales, que todos los días son noticia por los permanentes conflictos y luchas por ganar espacios en la disputa por los recursos.
Ante este panorama, los únicos que pierden son los miles de educandos que concluyen su educación del nivel básico con graves deficiencias de aprendizaje, y que los colocan en gran desventaja en los mercados de trabajo o en su intención de ingresar a la educación media superior y superior.
Pero también pierde la población en situación de pobreza, que le apuesta a la educación de sus hijos como el único factor de movilidad social, amén de los crecientes recursos que absorbe el sistema educativo de Guerrero en detrimento de amplios sectores de campesinos e indígenas guerrerenses que durante años no han recibido recursos de inversión en sus pueblos y comunidades.
“La educación en Guerrero, debe ser de excelencia, más comprometida, participativa, eficiente y de mejor calidad para enfrentar los rezagos existentes en la prestación del servicio y satisfacer las necesidades y expectativas de la sociedad”, reza el manual de organización que publica la Secretaría de Educación de Guerrero en su portal electrónico, pero nada más lejos de lo que hoy sucede en Guerrero.

La SEG, un barril sin fondo
La Secretaría de Educación de Guerrero es la dependencia que recibe el mayor porcentaje de recursos en el estado. En los últimos cinco años, se le han asignado entre 37.2 y 42 por ciento del presupuesto total para el estado de Guerrero. En 2008, por ejemplo, según el presupuesto de egresos del estado, se le transfirieron 11,918.3 millones de pesos de un presupuesto global estatal que alcanzó en ese año 28, 429 millones de pesos. También en 2008, las dependencias del Ejecutivo estatal tuvieron un presupuesto de 18,030.5 millones de pesos, es decir, la SEG por sí sola se llevó 66.1% de los recursos totales destinados a todas las dependencias del gobierno del estado.
En los años siguientes la proporción de recursos asignados a la SEG se mantuvo constante. Para 2012, el presupuesto total del estado es por 38,985.8 millones de pesos, de los cuales al ejecutivo se le asignaron 23,932. 9. A la SEG se le destinaron 15,100.3 millones de pesos en este mismo año, lo que significa 38.7 por ciento del presupuesto global del estado y 63 por ciento del que se asignó al Ejecutivo.
Todos estos recursos financieros que cada año se gastan en la educación no han contribuido sin embargo a mejorar la calidad de este servicio tan indispensable para los guerrerenses, pues los principales indicadores de educación colocan a Guerrero entre los últimos lugares del país.

Algunos indicadores
De acuerdo con los resultados de la Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares (Enlace) correspondientes a 2011, la mayor parte de los alumnos de primaria (62 por ciento) de las escuelas guerrerenses en promedio tuvieron un nivel “insuficiente y elemental” en la materia de matemáticas, acentuándose los pobres resultados en la modalidad indígena y de Conafe, ya que en ese nivel se encontraron 75.4 y 89.3 por ciento, respectivamente.
En el caso de la materia de español, 63.3 por ciento de los estudiantes de primaria estuvieron dentro del nivel insuficiente y elemental, repitiéndose los peores resultados en las modalidades indígena y de Conafe, con 79.5 y 91.5 por ciento de alumnos con nivel insuficiente y elemental.
Respecto de los alumnos de secundaria, el porcentaje de jóvenes que obtuvieron niveles de insuficiente y elemental en matemáticas fue de 82.2 por ciento; pero en el caso de la materia de español, fue de 86 por ciento el porcentaje de alumnos que alcanzaron el nivel de insuficiente y elemental.
Estos porcentajes de 2011 son mejores de los que se obtenían hace algunos años en la prueba Enlace; pero no dejan de revelar el nivel de la educación en el estado.
En 2012, los resultados de la prueba Enlace en Guerrero serán inconsistentes porque una parte del magisterio impidió la aplicación de la prueba en muchas escuelas del estado. “Es una imposición del gobierno federal, que no toma en cuenta ni las condiciones en que viven los pueblos pobres ni la diversidad cultural” del estado, argumentaron.

Todos los recursos, a pago de salarios
La mayor parte de los recursos destinados al sector educativo –que por cierto, provienen de la federación a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) del ramo 33– son para el pago de salarios de la nómina de la SEG.
En los últimos seis años, a este concepto se destinaron en promedio 96.2 por ciento de los recursos del FAEB, mientras que a la operación de la Secretaría se le asignaron solo 3.2 por ciento del total.
La distribución de los recursos es totalmente desproporcionada, ya que al concepto de inversión (construcción, mantenimiento, rehabilitación de planteles escolares) se le destinó menos del uno por ciento del FAEB, y seguramente por esta razón las escuelas no tienen agua corriente ni drenaje, ni áreas deportivas ni el equipamiento mínimo necesario, y para el mantenimiento de los planteles, los padres de familia deben subsidiar esta obligación del Estado mediante el pago de “cuotas de cooperación” que no siempre se aplican con transparencia.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, del nivel preescolar al superior hay en Guerrero cerca de 65 mil docentes, aunque la SEG informó a mediados de agosto que en esta dependencia laboran 81 mil trabajadores, sin precisar el número de maestros, administrativos, técnicos, etc.
Ser maestro se ha convertido en una profesión muy “atractiva” para los jóvenes guerrerenses –aun para aquellos sin vocación para el magisterio–, pues se trata de uno de los pocos empleos que asegura cierta estabilidad económica y hasta alguna rentabilidad al tener la posibilidad de heredar o vender “su plaza”.
Pero para tener acceso a un lugar ya no es suficiente demostrar aptitudes y competencias, sino involucrarse o pertenecer a los grupos de presión que actualmente se disputan las plazas para sus agremiados o conocidos (SNTE, CETEG, Escuela Normal de Ayotzinapa, funcionarios), lo cual también repercute negativamente en la calidad de la educación.

El déficit millonario
Aunque haya planeación educativa, ésta no es importante en el funcionamiento del sector en Guerrero; prevalecen sobre cualquier otro factor, los criterios políticos para el ejercicio del gasto y especialmente para la asignación y administración de plazas docentes, arena de las disputas más frecuentes entre las autoridades, las organizaciones sindicales y egresados de diferentes normales.
Las feroces pugnas por las plazas en la SEG han presionado cada año la creación de nuevos puestos –que bajo la óptica de una verdadera planeación no se necesitan– pero que se han creado incluso sin tener los recursos para financiarlas por decisiones políticas de los diferentes gobernantes.
Entre la escasa información útil que presenta la SEG en su portal electrónico, la dependencia publica el seguimiento al gasto del FAEB del segundo y tercer trimestres de 2011. En el primer caso, en el apartado de observaciones se reconoce un déficit de 874 millones de pesos “el cual se origina de diez mil plazas sin techo presupuestal, incluyendo sus prestaciones sociales”.  Para el tercer trimestre de 2011, el déficit se había incrementado a mil 359 millones de pesos.
¿De qué partida se pagan estas 10 mil plazas que no tienen techo presupuestal y cuyo déficit, según algunos funcionarios, es hoy de entre 8 mil y 10 mil millones de pesos? ¿Qué programas sociales o estratégicos ven disminuido su presupuesto para cubrir el déficit de la SEG?

En la opacidad, el gasto en educación
El sector educativo es el que más recursos públicos ejerce, pero también es uno de los que más opacidad presenta, ya que la información relevante sobre el ejercicio de los recursos no se localiza en ningún sitio para ser consultada por los ciudadanos.
Tanto la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado como los Decretos de Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero de cada ejercicio establecen obligaciones a todas las dependencias para transparentar la información estratégica que permita a los ciudadanos conocer cómo se ejercen los recursos. Pero la SEG no cumple ninguno de estas normas.
En el portal electrónico de la dependencia se publica de manera dispersa e incompleta la información de oficio a la que está obligada; no se observa una línea articulada para presentar los datos, y sólo hay acumulación de información que no es útil.
Por ejemplo, respecto de las funciones más relevantes de la dependencia y los indicadores de gestión para evaluar el desempeño, la SEG no publica las primeras, y sólo presenta tres indicadores: índice de cobertura de educación básica, tasa de terminación de educación básica e índice de variación del logro educativo, pero incluso éstos corresponden a 2010.
Sobre la remuneración mensual por puesto, presentan una tabla que corresponde al sector central del Ejecutivo, pero nada publican sobre los sueldos a docentes y sus diferentes categorías; tampoco publican su programa sectorial con indicadores y metas, para conocer el avance físico y financiero de éstas.
Tampoco se publica el presupuesto asignado a la SEG en lo general y por programa ni los informes cuatrimestrales sobre su ejecución; no hay ningún informe sobre auditorías ni sobre la cuenta pública de la dependencia.
Y sobre la relación de servidores públicos comisionados, la liga electrónica está convenientemente rota en el portal para no proporcionar esta información.
En general, se observa una intención de no presentar información relevante sobre el funcionamiento de la SEG, opacidad que es congruente con las decisiones que se toman en el interior de la dependencia (influenciadas por los grupos de presión) y que no necesariamente se apegan a las diferentes normas del sector.
El estado de Guerrero no logrará superar sus rezagos si no resuelve este dilema en la educación: muchos recursos y mala educación.

Joyas de la opacidad
En la prensa apareció una nota sobre el alcalde de Chilapa, Francisco Javier García, que repartió cargos públicos como recompensa a quienes lo apoyaron en su campaña política, creando incluso nuevas carteras. Esto no es nuevo ni extraño, pero es el primer paso para que los ayuntamientos tengan nóminas abultadas y al final de cada año se endeuden para cubrir sueldos y prestaciones. Y al final de los trienios son ya tradicionales las numerosos demandas laborales de estos empleados amigos de los alcaldes, con lo que se deterioran las de ya por sí endebles finanzas de los ayuntamientos.
Relacionado con esto, el nuevo alcalde de Atoyac, Edilberto Tabares Cisneros revisará las 24 “basificaciones” otorgadas a otros tantos empleados del gobierno anterior, ya que encontraron irregularidades en su otorgamiento. De seguir así la tendencia, los gobiernos municipales serán agencias de colocación de empleos y no entidades de servicio a la ciudadanía.
El hoy diputado local Héctor Astudillo exhortó al actual alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno, para que denunciara ante los órganos de fiscalización las irregularidades encontradas en la administración capitalina, en vez de denunciarlas en la prensa. En los hechos, el llamado de Astudillo fue como una invitación a ser opaco como él y su sucesor Tulio Samuel Pérez Calvo.

Nada que celebrar en el Día Internacional del Derecho a Saber

Marcos Méndez Lara
El Sur de Acapulco

A unos días de que se conmemoró el Día Internacional del Derecho a Saber (28 de septiembre), el balance de la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental en Guerrero es muy desalentador, pues los ayuntamientos municipales, que fueron relevados hace dos días, dejan una secuela oprobiosa de opacidad y crisis financiera, mientras en el gobierno del estado poco se ha avanzado en la materia, y los diputados integrantes de la LIX Legislatura del Congreso del Estado nunca promovieron la transparencia ni siquiera dentro de su propio recinto, a pesar de que ellos aprobaron la ley de transparencia y acceso a la información del estado, pero no la cumplieron.

Tres años y medio de opacidad

La opacidad en los ayuntamientos es una práctica congénita de la corrupción. Las autoridades municipales, si acaso en el discurso, nunca tuvieron la intención de transparentar su quehacer, pues sus administraciones hicieron uso de los recursos públicos muy alejados del logro de los objetivos sociales a que estaban destinados.
Sin contar las declaraciones pagadas para ensalzar su “proclividad” a la transparencia, la ciudadanía de Guerrero nunca contó en los hechos con mecanismos que le permitieran conocer lo que hacían sus gobiernos municipales, excepto por la utilización de mecanismos tradicionales, pero muy limitados.
Según el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, 48 ayuntamientos de los salientes contaron con portales electrónicos; sin embargo, la mayoría de éstos no fueron útiles para informar, pues fueron promovidos por la administración estatal anterior, pero los formatos que les proporcionaron nunca fueron llenados de contenido por los ayuntamientos.
Algunos gobiernos municipales como el de Acapulco, Taxco, Chilpancingo, Tlapa, si bien tuvieron su página propia, nunca cumplieron a cabalidad con las obligaciones de transparencia. Las páginas electrónicas, pues, no fueron una herramienta útil a la transparencia de los municipios.
Los informes de gobierno que cada año deben presentar los alcaldes no fueron prácticas efectivas para la rendición de cuentas, pues los actos en que se presentaban tenían un formato que no permitía el diálogo con los ciudadanos, y por lo general sólo se invitaba a simpatizantes del presidente municipal. El contenido de los informes de los gobiernos municipales sólo fue conocido por un reducido grupo de ciudadanos, por lo que tampoco se considera como un mecanismo de transparencia o rendición de cuentas.
Las gacetas, periódicos murales y otros medios utilizados por los ayuntamientos también fueron muy limitados porque la información que presentaban era muy parcial y además sólo llegaban a un grupo muy reducido de ciudadanos.
Detrás de este control de la información y la opacidad de los ayuntamientos existen actos de corrupción y desvío de recursos, malas administraciones, incumplimiento de derechos sociales de la población y la eternización de la pobreza. No es una práctica exclusiva de los más recientes ayuntamientos, pero sí acrecentada en los últimos trienios.
De continuar esta tendencia, se consolidará una forma de gobierno –y ya no importa el partido del que provenga- cuyos rasgos serán la inversión de cuantiosos recursos para la compra de votos, el pago de esa inversión a costa de los recursos públicos, la desatención de las necesidades sociales, y más recientemente, el endeudamiento y el saqueo de las oficinas públicas al final de los trienios.

Año y medio sin avances

El 28 de septiembre tampoco fue para celebrarse en el gobierno del estado. Su política de transparencia y acceso a la información no es clara y el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia de las diferentes dependencias es a cuenta gotas.
A 17 meses de que asumió la administración de Ángel Aguirre Rivero, ni siquiera se ha superado lo que hizo en la materia el gobierno estatal anterior, pues, por ejemplo, las páginas electrónicas se observan con escasa información o la que publican está desactualizada o no es útil para el monitoreo y seguimiento ciudadano de las acciones gubernamentales.
Todavía hay dependencias que no cuentan con información de oficio, como la Secretaría de Educación de Guerrero –que por cierto, es la dependencia de Guerrero que más recursos recibe-, la Procuraduría de Defensa de los Campesinos y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Algunas, como el Instituto del Deporte de Guerrero, en el apartado de información “relativa a sus funciones más relevantes que deberá incluir los indicadores de gestión utilizados para evaluar su desempeño”, abiertamente reconoce que esta obligación “no aplica porque no se cuenta con un sistema o un programa de evaluación de gestión”. Sin embargo, nadie les ha comentado que la evaluación de la función pública es una obligación establecida incluso en la Constitución y en diferentes leyes y no depende de si cuentan o no con un sistema de evaluación.
En general, el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia es desigual entre las diferentes dependencias del gobierno del estado, destacando que hay temas importantes para hacer posible el seguimiento ciudadano (indicadores de gestión, presupuesto y ejecución cuatrimestral por dependencia, auditorías realizadas, entre otros) que simplemente no se están publicando o la información corresponde a ejercicios de la administración anterior.

De la información reservada

Hace unos años, entre las dependencias federales se hizo frecuente responder a los solicitantes de información que los datos que requerían estaban reservados o eran inexistentes. En Guerrero, estas respuestas se dieron en los primeros meses después de que entró en vigor la ley de acceso a la información de 2006. Hoy resurgen estos recursos, sobre todo en las páginas electrónicas, donde las dependencias clasifican como reservados documentos que evidentemente son públicos.
El Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa, por ejemplo, registró como reservados documentos como el programa de ejecución de obras, un diagnóstico de infraestructura física educativa, los convenios de colaboración con los ayuntamientos o los avances de las obras, información que evidentemente es pública. La reserva es por seis años y el Igife argumenta que “se aplica debido a que [dar esta información] puede causar perjuicio al cumplimiento de leyes y menoscabe seriamente el patrimonio de una entidad pública”.
Igualmente la Coordinación General de Programas Sociales Guerrero Cumple tiene clasificados como reservados por un periodo indefinido de tiempo los “Expedientes de beneficiarios de los programas sociales” con el argumento de hacer “la guarda y custodia de los documentos personales de los beneficiarios”. Sin embargo, todas las leyes federales y de los estados establecen que los padrones de beneficiarios deben ser públicos. Incluso la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado establece que las dependencias públicas deberán difundir “el nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas a quienes, por cualquier motivo, se les entreguen recursos públicos federales, estatales o municipales. En su caso, así como el monto correspondiente”; por lo que no hay ninguna justificación para reservar esa información.
Caso extremos es el de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande, que tiene clasificados “los proyectos de investigación”, aunque no mencionan por cuanto tiempo, porque alegan que dar este tipo de información “se pone en riesgo la seguridad de las personas”.
Por su parte, Radio y Televisión de Guerrero tienen entre sus documentos reservados el acta de la primera sesión del Consejo de Administración del RTG, Boletines, Barra programática del canal 7 y convenios con empresas privadas y ayuntamientos, según argumentan, “para un control estricto de la información y constancia de hechos”. La reserva que hace de estos expedientes es hasta por 12 años
Por su parte, el Instituto Tecnológico de la Montaña clasifica como reservados (aunque no señala periodo ni motivación) documentos como las actas y acuerdos de la junta directiva, la distribución de carga horaria para el personal docente, los horarios de grupos y de docentes, las minutas de comité académico subdirección académica, documentos que deberían estar a disposición del público.

El congreso

Otro de los terrenos privilegiados de la opacidad en Guerrero es el Congreso del estado. Mientras estuvieron en el cargo, la opacidad con que se condujeron los diputados de la LIX Legislatura solo fue comparable con la de los municipios de Guerrero, ya que nunca dieron a conocer información estratégica sobre el presupuesto, el ejercicio de los recursos, comisiones, gastos de gestión y representación, entre otras.
Y con esta poca autoridad moral, tampoco intervinieron en contra de autoridades municipales que antes de concluir sus periodos era evidente que desviaban recursos.

 

  

Contraloría social en Guerrero

Marcos Méndez Lara

El Sur de Acapulco

En Guerrero, la participación ciudadana en el monitoreo y vigilancia de las acciones y programas gubernamentales es incipiente. Ni el gobierno del estado ni mucho menos los ayuntamientos han promovido de manera vigorosa la contraloría social para contribuir a la disminución de los altos niveles de impunidad, corrupción e ineficiencias gubernamentales.

Los escándalos en los sectores de salud y educación relacionados con el ejercicio del presupuesto y los bochornosos casos de corrupción de una buena parte de los gobiernos municipales que están por concluir su administración, simplemente reflejan que los distintos mecanismos dentro del aparato estatal para fiscalizar que las acciones que realiza el gobierno se lleven a cabo adecuadamente, no funcionan o son muy limitadas.
Es urgente pues una intervención más directa y decidida de la sociedad en los asuntos públicos (en la vigilancia de los recursos y en la exigencia del cumplimiento de derechos), pero mientras persista un aparato gubernamental que obstaculice o permita a cuentagotas la participación de diversos actores en la vigilancia y el control del quehacer gubernamental y la definición de prioridades públicas, todo continuará igual.

Vigilancia de programas federales

En Guerrero, la promoción de la contraloría social se ha orientado hacia los programas sociales federales y casi no se ha incursionado en la vigilancia ciudadana de los recursos y acciones locales.
En el ámbito federal, hoy se cuenta con un marco legal que reconoce la relevancia de la participación de la ciudadanía en asuntos públicos y que garantiza el derecho ciudadano a la transparencia y la rendición de cuentas. Tal es el caso entre otras, de la Ley General de Desarrollo Social (2004), que reconoce la contraloría social de los beneficiarios en la vigilancia de los programas sociales; las leyes de transparencia federal y estatales, que permiten el monitoreo y observación de las y los ciudadanos del quehacer gubernamental, y especialmente los Lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social (2008).
En Guerrero, con base en acuerdos entre la Contraloría General del Estado y la Secretaría de la Función Pública, el gobierno del estado a través de la Dirección General de Contraloría Social ha apoyado y se ha encargado de integrar grupos de ciudadanos para la observación de 17 programas, entre los que destacan Oportunidades, Comunidades Saludables, Fondo Regional Indígena, 70 y más, Hábitat y Organización Productiva para las Mujeres Indígenas.
Según datos de la Contraloría General del estado, obtenidos por medio de una solicitud de información, se han distribuido 2,823 folletos de información, y 3,189 personas fueron capacitadas en acciones de contraloría social. Asimismo, se integraron 48 comités de contraloría social y a través de su sistema de atención a quejas y denuncias, se captaron 503 irregularidades denunciadas por ciudadanos.
Sin embargo, se desconocen los resultados de todo este trabajo, ya que la oficina encargada de promover la contraloría social en Guerrero no cuenta con indicadores para cuantificar en qué medida se ha avanzado en esta materia.
El director general de contraloría social del gobierno del estado, Domingo Neri Celis,  reconoce que las acciones de contraloría social se habían enfocado sólo en los programas estatales, pero aseguró que en este año se han promovido que la observación ciudadana esté también en los programas estatales y municipales.

Contraloría social en el estado

En Guerrero, no hay antecedentes de administraciones estatales o ayuntamientos hayan operado algún programa ambicioso para promover la participación ciudadana en el control y la vigilancia de los recursos y las acciones gubernamentales, no obstante que desde 1999, en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, ya se reconocía la importancia y se le facultaba a la “Contraloría General del Estado para promover la contraloría social a través de la ciudadanía”.
Poco se ha promovido en esta materia desde entonces y en contraparte son constantes las noticias sobre irregularidades en sectores clave como salud y educación, a los que se les destina una buena parte del presupuesto del estado, pero cuyos resultados son de baja o nula eficacia para la mayoría de la población.
En el plan estatal de desarrollo de la actual administración se menciona en varias ocasiones la palabra contraloría social refiriéndose a la intervención ciudadana en sectores como seguridad pública, educación, en el Programa de Infraestructura Básica Indígena, en la “evaluación de políticas públicas” y en la “evaluación de las acciones de buen gobierno”, entre otros.
Y no obstante que la contraloría social forma parte del lenguaje del principal documento rector del gobierno del estado,  a la fecha son imperceptibles los avances debido al poco interés mostrado por impulsar una política de gobierno que le apueste a la participación ciudadana como mecanismo de control y vigilancia.

Contraloría, sólo en papel

Hasta 2011, casi ninguno de los programas sociales estatales, que son los más susceptibles de ser manipulados electoral o políticamente, incluían en sus reglas de operación la posibilidad de que las o los beneficiarios tuvieran atribuciones formales para la vigilancia de los programas.
Por ejemplo, no cuentan con mecanismos de vigilancia de los beneficiarios o la ciudadanía el Fondo de apoyo a periodistas, el programa de becas escolares Prosigue, el programa pensión Guerrero destinado a adultos mayores y el programa de fertilizante subsidiado, entre otros.
Sin embargo, de manera particular los programas que opera la Coordinación General de Programas Sociales Guerrero Cumple (madres solteras, uniformes y útiles escolares gratuitos, apoyo a discapacitados, alfabetización), ya establecen en sus reglas de operación de 2012 acciones de contraloría social para que los beneficiarios de los programas se integren en “consejos de participación ciudadana para el seguimiento, supervisión y vigilancia en el cumplimiento de las metas” de los programas.
Estos consejos, dicen las reglas de operación, podrán integrarse por “ciudadanos de reconocida trayectoria moral y de reconocidas instituciones de educación superior que fungirán como observadores y evaluadores del desempeño del programa”.
Al respecto, Domingo Neri destacó que la oficina de contraloría social del gobierno del estado elaboró el documento “Estructura y especificaciones mínimas que deberán contener los programas de reglas de operación de programas sociales estatales”, pues en la mayoría de las dependencias “había un desconocimiento de cómo debían estructurarse las reglas de operación”. Dentro de este documento también se incluyeron recomendaciones para la formación de contralorías sociales.
Sin embargo, reconoció Neri Celis, ya se incluyen acciones de contraloría social en algunos de los programas estatales, pero ahora falta que se integren los comités y funcionen. “No es fácil, es un proceso que llevará tiempo, pues ni los servidores públicos ni los propios ciudadanos están acostumbrados a este tipo de prácticas de vigilancia ciudadana, que estuvieron ausentes de los gobiernos durante mucho tiempo”.
Y efectivamente, aun cuando los programas sociales de Guerrero Cumple ya deberían contar con contralorías sociales integradas, según sus reglas de operación vigentes, éstas aún están sólo en el papel.
Sólo para dar una idea de lo que se debe vigilar, el presupuesto global de los programas que maneja la Coordinación de Programas Sociales Guerrero Cumple es del orden de 295.4 millones de pesos, que hoy, no tienen vigilancia ciudadana.

Otros sujetos obligados

En el caso de los ayuntamientos de Guerrero, no se tiene ningún antecedente de algún gobierno municipal que haya promovido la vigilancia ciudadana de los recursos, no obstante que existen diferentes normas que obligan a este orden de gobierno como la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Planeación, entre otras.
Pero los gobiernos municipales no son los únicos que no promueven la participación ciudadana; tampoco lo hacen el Congreso del Estado ni el poder Judicial del estado.
En el caso del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre sus facultades se encuentra “Implementar mecanismos de observación y contraloría ciudadana que permita a la población utilizar la transparencia para vigilar y evaluar el desempeño de los sujetos obligados”. Pero tampoco ha hecho nada al respecto.

Sin efectos vinculantes

Una de las limitantes clave de la normatividad en materia de contraloría social –federal y estatal- es que los resultados de la vigilancia ciudadana no tienen efectos vinculantes, es decir, las irregularidades encontradas por las y los beneficiarios van a parar a los buzones de sugerencias o de denuncias, y no necesariamente son corregidas por las dependencias correspondientes.
En Guerrero, por ejemplo, la contraloría social y los mecanismos de denuncia ciudadana en el gobierno anterior fueron actos de simulación más que de acciones efectivas. En varias ocasiones, organizaciones de la sociedad civil que promovían la contraloría ciudadana presentaron ante la Contraloría General del Estado las quejas y denuncias de comunidades rurales debido a obras inconclusas, de mala calidad o con diferentes irregularidades, derivadas de la vigilancia ciudadana.
La Contraloría sólo recibió las denuncias pero nada se corrigió, no obstante que hubo un compromiso público de los funcionarios de aquel gobierno.

Opacidad y bancarrota, herencia de los ayuntamientos salientes

Marcos Méndez Lara
El Sur de Acapulco

A unos días de concluir su encargo, las administraciones de la mayoría de los ayuntamientos de Guerrero dejaron como saldo un desastre financiero que se manifiesta en escasa obra pública, servicios de pésima calidad, entrega de fertilizante adulterado y de manera parcial, deuda pública y nulo combate a la pobreza. Esta herencia que dejan los gobiernos municipales actuales reducirá el espacio de maniobra a los ayuntamientos entrantes, pues las arcas públicas estarán vacías o con insuficientes recursos para la operación regular de los ayuntamientos.

Más allá del tamaño del desastre que dejarán en cada municipio, hay un punto en el que todos los gobiernos municipales de Guerrero del periodo 2009-2012 coincidieron: su falta de transparencia, su nula práctica de rendición de cuentas, y esto no sólo es la percepción de la gente, sino que hay mediciones objetivas que respaldan estas calificaciones.
Una de ellas -la más consistente y sistemática en Guerrero-, es la que aplica el grupo Ciudadanos por Municipios Transparentes, Cimtra, en su capítulo Guerrero, que durante dos años y medio ha realizado cinco evaluaciones a 42 municipios del estado.
Estas evaluaciones confirmaron que a los gobiernos municipales 2009-2012 lo que menos les importó fue rendir cuentas a la ciudadanía, aun cuando, como alegan muchos alcaldes, hayan presentado sus cuentas públicas “en tiempo y forma” ante los órganos de control y fiscalización. Sin embargo, ese procedimiento legal ya no es suficiente y cada vez resulta menos creíble para la ciudadanía.

Quinta evaluación Cimtra

Entre mayo y junio se aplicó la última evaluación correspondiente a las actuales administraciones municipales, y los resultados fueron consistentes con lo que se observó a lo largo de casi tres años: los municipios de Guerrero se encuentran entre los últimos lugares a nivel nacional, los ayuntamientos que cuentan con recursos financieros y técnicos (Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Zihuatanejo) no se diferencian mucho en los índices de transparencia de los municipios de la Montaña; ningún municipio guerrerense ha rebasado en dos años y medio la calificación de 36 en una escala de cero a 100.
Pero en la más reciente aplicación de Cimtra –cuando los gobiernos municipales están por salir y recién terminó una jornada electoral- los resultados fueron peores, pues, por ejemplo, el municipio mejor posicionado en el estado de Guerrero no alcanzó ni siquiera 20 de calificación, y éste fue Chilpancingo, con 18.5 puntos, que si bien se ubicó en el primer lugar en el estado, en el conjunto obtuvo el lugar 26, de un total de 83 municipios evaluados en todo el país.
Después de la capital, le siguieron Zihuatanejo con 12.1 puntos, Taxco con 11.2 y Tlacoachistlahuaca con 10.6; los restantes 38 municipios evaluados obtuvieron calificaciones por debajo de los 10 puntos, incluyendo a Acapulco, que tuvo 9.6 puntos y el lugar 40 en la medición nacional.
Municipios como Alcozauca, Alpoyeca, Benito Juárez, Copalillo, Cualac, Huamuxtitlán, Juan R. Escudero, Olinalá, Ometepec, Tlapa y Xalpatlahuac tuvieron calificaciones menores a uno. Mientras que Atlamajalcingo del Monte, Cochoapa, y Metlatónoc  fueron municipios calificados con cero.
El promedio de calificación de los 83 municipios evaluados en siete estados del país fue de 17.5 puntos, es decir, el ayuntamiento guerrerense que más puntos obtuvo (Chilpancingo, con 18.5 puntos), apenas rebasó el promedio nacional.
Por estados, Chihuahua tuvo un promedio de 63 puntos, Jalisco 42, Guanajuato 34, Colima alcanzó los 31 puntos, Puebla 16, estado de México 13 y Guerrero 3.7 puntos.  

El histórico

Ciudadanos por Municipios Transparentes es un grupo de organizaciones y ciudadanos que se integran en alianzas voluntarias en varios estados del país. Desde 2002, se han evaluado 2005 municipios en 19 entidades mediante la aplicación y procesamiento de herramientas de medición, evaluación y seguimiento.
En la primavera de 2010, se realizó en Guerrero la primera evaluación a los municipios del estado. En esa primera edición se observaron cinco municipios, y en el otoño de ese mismo año fueron 15; en 2011 se aplicaron dos evaluaciones a 28 y 30 municipios, respectivamente; y en la más reciente evaluación en 2012, se evaluaron 42 ayuntamientos.
En estricto, no ha habido cambios relevantes en materia de transparencia en el estado, de acuerdo con los resultados de las cinco evaluaciones de Cimtra. Las modificaciones que se observaron oscilaron entre 10 y 15 puntos, lo que comparado con el parámetro de cero a 100, no es significativo para la transparencia.
Lo que sí resalta es que en dos años, aun cuando se les informó a los ayuntamientos sobre sus calificaciones y además se difundieron en sendas conferencias de prensa, casi ningún gobierno tuvo disposición de mejorar su calificación, y los cambios que se presentaron, generalmente circunstanciales, fueron para indicar que los ayuntamientos empeoraban su nivel de transparencia.
El ayuntamiento de Chilpancingo, por ejemplo, inició la primera evaluación con 25 puntos, y en las siguientes llegó a tener 30.8, pero en la última aplicación descendió a 18.5 puntos. Zihuatanejo tuvo un comportamiento errático, ya que en una de las evaluaciones alcanzó los 28.1 puntos, pero en otras bajó a 2.6 y en la última se calificó con 12.1 puntos.
Taxco es otro municipio que en la primera evaluación alcanzó 27.6 puntos, pero llegó a descender a 3.7 y en la última alcanzó apenas 11.2 puntos. Iguala siempre se mantuvo con bajas calificaciones, ya que nunca pasó de 11 puntos, hoy tiene 7.6.
El caso de Acapulco es singular, pues tuvo en la primera evaluación la mejor calificación que ha obtenido un ayuntamiento guerrerenses (35.2 puntos), pero fue cayendo en las siguientes y hoy tiene un puntaje alarmantemente bajo para un municipio con los recursos y el número de población que tiene el puerto: 9.6 puntos.
Estos resultados en el ámbito estatal son irrisorios si se comparan con los que obtienen los municipios ubicados en los primeros lugares a nivel nacional, por ejemplo, Tlajomulco, Jalisco, con una calificación de 92.1 puntos, Guadalajara con 85.4 puntos o Ciudad Juárez con 83.8 puntos.
Para palpar las diferencias, sólo hay que entrar a los sitios de estos municipios (www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-39 o http://portal.guadalajara.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental) y compararlos con la información que presenta los poquísimos ayuntamientos guerrerenses que cuentan con página electrónica.

La transparencia, solo el primer paso

Lograr que los gobiernos municipales transparenten lo que hacen (el ejercicio de los recursos, programas, licitaciones, contratos, auditorías, entre otros datos), sólo es el primer paso (junto con el irrestricto acceso a la información) para una efectiva rendición de cuentas ciudadana.
El segundo paso es lograr que la ciudadanía use esa información para vigilar y denunciar cuando sea el caso, irregularidades, desvíos de recursos o programas, o incumplimiento de objetivos gubernamentales.
Hay un tercer paso que es el de la ciudadanía organizada, que usa como herramienta la información pública para exigir el cumplimiento de sus derechos sociales, económicos, ambientales, culturales.
La transparencia por sí misma no tiene trascendencia si no es usada por la ciudadanía para exigir mejores gobiernos y para logar el ejercicio pleno de sus derechos.
Igualmente, la presentación de las cuentas públicas ante los órganos fiscalizadores no es transparencia ni tampoco rendición de cuentas, como lo aseguran algunos alcaldes; en todo caso, es una rendición de cuentas muy limitada destinada a informar a la Auditoría General del Estado, pero no a la ciudadanía, que es la que debería importar.
Estos son algunos de los grandes retos que el colectivo Cimtra en Guerrero debe incluir en su agenda de corto y mediano plazos.  

Obra pública o fertilizante: el falso dilema de los ayuntamientos

Marcos Méndez Lara
El Sur de Acapulco

Cada año la población guerrerense en condición de rezago social sufre la disyuntiva de los ayuntamientos de utilizar cuantiosos  recursos federales en la compra de fertilizante para distribuirlo entre los campesinos, o invertirlos en la construcción de obra pública en las localidades.

Desde que fueron incorporados al esquema financiero del programa de fertilizante en 2001, la aportación financiera que hacen los ayuntamientos es tomada de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 (FAISM), es decir, del dinero que proviene de la Federación y que está etiquetado para el financiamiento de obra pública y acciones sociales básicas.
Desde entonces, los órganos de control estatal y federal han señalado esta irregularidad de los ayuntamientos, ya que la Ley de Coordinación Fiscal no considera la compra de insumos agrícolas entre las acciones que se pueden financiar con estos recursos. Pero son ya más de 10 años que así se está haciendo.

El fertilizante, otra vez a discusión

Son varios los funcionarios que se refirieron en los últimos días a la adquisición de fertilizante con recursos del FAISM. El auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal Martínez, en una visita a Guerrero, recordó que los alcaldes que toman recursos del FAISM para la compra de fertilizante están cometiendo una irregularidad, “ésas son observaciones que tendrán que ser solventadas, y si no lo hacen, tendrán sanciones los servidores públicos” advirtió.
Por su parte, el presidente del PRD, Carlos Reyes Torres, dijo que los alcaldes de su partido continuarán utilizando dinero del FAISM para la compra de fertilizantes, pues hay municipios que no tienen recursos y no dejarán a los campesinos sin el insumo, incluso advirtió que podría haber movilizaciones de los alcaldes con los campesinos.
Más recientemente, el contralor general del estado, Julio César Hernández Martínez, informó que el gobierno del estado promoverá que los alcaldes de todos los partidos exijan a sus dirigencias estatal y nacional, así como a los diputados federales y senadores, que impulsen un cambio en la normatividad para que puedan utilizarse recursos del Ramo 33 en la compra de fertilizante.
Sin embargo, nadie propone un verdadero cambio de fondo, todos los funcionarios y autoridades gubernamentales y de partidos tienen como única preocupación la búsqueda de un mecanismo que permita subsanar esta irregularidad administrativa que cada año se les presenta a los ayuntamientos.
Pero ninguna dependencia pública estatal ni municipal ha propuesto ni llevado a cabo alguna solución de tipo estructural que considere la disminución drástica del uso de los fertilizantes químicos –con esquemas sustentables que no deterioren el suelo y sí incrementen realmente la producción-, para que los recursos liberados se canalicen a la construcción de obra pública que tanto hace falta en las localidades del estado.
Prácticas como la corrupción y el clientelismo político que ha prohijado el programa de fertilizante han sido más fuertes que la intención de buscar alternativas a esta política de subsidiar el fertilizante químico, cuyas consecuencias son ya uno de los grandes males la historia contemporánea del estado.

El tamaño del problema

Para dimensionar la gravedad del problema, éstos son algunos datos: en 2010, los 81 ayuntamientos de Guerrero aportaron globalmente 473.9 millones de pesos al programa de fertilizante. Estos recursos fueron tomados del FAISM por los gobiernos municipales, fondo que en ese 2010 alcanzó la cifra de 2,788.9 millones en Guerrero, es decir, de este fondo destinado a obra púbica de manera general se tomó 17 por ciento del total para aplicarlo en un programa no autorizado por el FAISM.
Sin embargo, la cantidad de recursos tomados de este fondo para la adquisición de fertilizante varía de manera drástica de un municipio a otro. Por ejemplo, el ayuntamiento de
Cuajinicuilapa en 2009 sólo aportó 500 mil pesos, y en relación con los recursos del FAISM por 24.5 millones, el porcentaje es de apenas 2% del total. Igualmente, el municipio de
Tlacoachistlahuaca aportó 2.5 millones de pesos al programa de fertilizante en 2010, pero sus recursos del FAISM son del orden de 30.4 millones, y la relación es de 8.2%.
Esta práctica, que realizan todos los gobiernos municipales de Guerrero, toma tintes dramáticos cuando el dinero aportado supera 40% de los recursos del FAISM. En 2010, por ejemplo, el ayuntamiento de Zitlala destinó 11.7 millones de pesos a la compra de fertilizante, y al compararse con el monto correspondiente al FAISM de ese año por 22.8 millones, significa que se invirtieron 51.5% de estos recursos al programa de fertilizante.
En ese año, Marcelo Tecolapa Tixteco, presidente municipal de Zitlala, informaba a la prensa que aun cuando la Auditoría General del Estado prohibía adquirir fertilizante con recursos del FAISM, su gobierno utilizaría parte de esa partida para evitar conflictos que deriven en protestas, “como ya ha sucedido en otros años en este municipio.”
Otro ejemplo es el municipio de Quechultenango, cuyo presidente municipal en su primer informe de gobierno 2009 asentaba que “la inversión (al programa de fertilizante) implicó 28.6 millones de pesos, de éstos el gobierno estatal aportó 4.8 millones, el Ayuntamiento 16.8 millones a través del Ramo XXXIII y los productores 6.9 millones”.
Los recursos del FAISM pagados al gobierno municipal de Quechultenango fueron por 39.9 millones de pesos, es decir, la proporción de recursos aportada al programa de fertilizante fue de 42 por ciento del total de este fondo.
De acuerdo con datos obtenidos a partir de una solicitud de información presentada ante la Secretaría de Desarrollo Rural, en 2010 fueron 12 los ayuntamientos que invirtieron más de 40 por ciento de sus recursos del FAISM en el programa de fertilizante: Apaxtla (55 por ciento), Zitlala (51), General Heliodoro Castillo (50), Coyuca de Catalán (49), Quechultenango (47), Teloloapan (46), Cuetzala (45), Zapotitlán (44), Ahuacuotizango (41), Arcelia (41), Cutzamala (41) y Tlalchapa (41 por ciento).
También con datos de 2010, trece gobiernos municipales gastaron menos de cinco por ciento de sus recursos del FAISM en la adquisición de fertilizante: Benito Juárez, Copala y la Unión (1 por ciento), Acapulco , Cuajinicuilapa, Marquelia e Iliatenco (2 por ciento); Zihuatanejo, Coyuca de Benítez, Juchitán y Florencio Villarreal (3 por ciento); y Pungarabato y Tlalixtaquilla (4 por ciento).
Si se observa por regiones, es la zona de Tierra Caliente la que más recursos del FAISM gasta para comprar fertilizante (31 por ciento), le sigue la región Centro (28), Norte (23), la Montaña (15), Costa Chica (9) y Costa Grande (7), para un promedio estatal de 17 por ciento.

Contra la ley

La adquisición de fertilizante no está prevista entre los conceptos que pueden financiarse con recursos del FAISM, según la Ley de Coordinación Fiscal (artículo 33).
La Auditoría General del Estado ha notificado y generado las observaciones a los ayuntamientos de Guerrero por esta práctica, pero estas advertencias no han modificado el esquema.
Como respuesta a una solicitud de información, la AGE señaló que el “programa (de fertilizante) se ha incluido como parte de la muestra y alcances de auditoría revisada en la fiscalización de las Cuentas Municipales, siendo la observación más recurrente la aplicación de recursos federales en rubros no autorizados por la Ley de Coordinación Fiscal, emitiendo las recomendaciones que son consideradas en los Pliegos de Observaciones que se realizan”.
En alguna medida, el gobierno del estado avala esta práctica, pues el manual único de
operación del FAISM 2012, elaborado por el Comité de Planeación del Desarrollo en Guerrero
(Copladeg), incluye de manera oficial al fertilizante como uno de los conceptos que se pueden apoyar con el FAISM, y a la SDR como la entidad normativa para este rubro, y la maneja como si no se tratara de una irregularidad señalada por la Auditoría General del Estado y la Auditoría Superior de la Federación.
También ha habido intentos de sacar de la ilegalidad a esta práctica, como la propuesta presentada en 2009 por el ex diputado federal Cuauhtémoc Salgado Romero ante la Cámara de Diputados, donde argumentó que debido a la fuerte carga que implica la aportación municipal al programa de fertilizante, las autoridades municipales dejan de hacer obra “para enfocar en algunos casos hasta el 70 por ciento el presupuesto del Ramo 33 en el rubro del fertilizante”.
En esa ocasión Salgado Romero pidió que se exhortara a “la Auditoría Superior de la Federación a indicar la partida presupuestal y establecer los lineamientos para que los municipios de Guerrero puedan comprobar la adquisición del fertilizante que se subsidia a los campesinos; asimismo que indique el mecanismo a seguir para que queden liberados de las observaciones que ya tienen en relación a este rubro”.
En el Congreso del estado también se ha discutido este asunto, pero nunca han encontrado la manera de justificar jurídicamente ni convencido a sus homólogos federales sobre la compra de fertilizante con recursos del Ramo 33.
La última ocasión en que se aludió a esta práctica fue durante el proceso de aprobación de la Ley del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero en 2010.
En los antecedentes del documento, la comisión dictaminadora de la ley mencionó que el Ejecutivo estatal tiene facultades para emitir “lineamientos complementarios a la normatividad Federal y Estatal sobre el uso de los recursos que reciban los ayuntamientos” del FAISM, pero que al estar etiquetados “su facultad reglamentaria está limitada a concretizar acuciosamente el uso de dichos recursos, más no su destino”, porque ello es una competencia del Congreso de la Unión.
Sin embargo, la comisión argumentó a favor de legalizar la práctica al comentar que “este Fondo destina recursos, entre otras cosas, a la infraestructura productiva rural, y que las reglas de operación, o los lineamientos que al efecto se expidan (por el Ejecutivo estatal) puede concretizar los rubros concretos de esta infraestructura a los que se pueden dirigir estos recursos. Si la infraestructura productiva rural se concibe como aquel conjunto de elementos necesarios para la creación o funcionamiento de un servicio útil y provechoso para la vida del campo, es posible establecer normas que reconduzcan el gasto hacia el fertilizante”.
Es decir, a un insumo agrícola como el fertilizante intentaron de manera forzada convertirlo en infraestructura productiva.

Fertilizante sí, obra pública no

Hay posiciones extremas respecto a esta práctica. Una de ellas es la de Guadalupe Eguiluz Bautista –alcaldesa electa de Tlalchapa- que en una entrevista de prensa en 2011, se pronunció “a favor de que el gobierno municipal aplique en su totalidad el recurso del Ramo 33 en fertilizante y no en obra pública”.
Agregó que “como campesina, lo que más le importa es recibir el fertilizante para hacer producir la tierra a que las calles estén pavimentadas, éstas (las calles) no le quita el hambre a la gente”.
Eguiluz Bautista comentó que cuando ella fue presidenta municipal (2002-2005) asignó 75 por ciento del FAISM a la compra del fertilizante, pues aseguraba que la prioridad de Tlalchapa es el campo, y no el desarrollo del pueblo, como calles pavimentadas, escuelas, canchas deportivas o techados.

Los apoyos a damnificados por los sismos, sin claridad

Marcos Méndez Lara
El Sur de Acapulco

Aunque los gobiernos federal y estatal anunciaron cuantiosos recursos financieros para apoyar a los miles de damnificados que sufrieron daños parciales o totales en sus viviendas por el sismo del 20 de marzo de 2012, lo cierto es que no hay ninguna claridad sobre los diferentes apoyos que se han brindado ni el número de beneficiarios  ni cómo han sido aplicados estos recursos.
Las dependencias federales y del gobierno del estado han hecho un manejo disperso y confuso de la información, de tal manera que no hay ninguna certeza de que los recursos se hayan canalizado a quienes realmente lo necesitan o que se hayan evitado los criterios partidistas.
De los “comités comunitarios de transparencia”, únicos actores no gubernamentales para vigilar la entrega de apoyos, no hay evidencia de que estén funcionando y en todo caso son insuficientes para vigilar la gran cantidad de recursos financieros que se ejercen en la región.

Los recursos del Fonden

El 26 de marzo, la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia para 19 municipios del estado de Guerrero tras el sismo de 7.4 grados richter ocurrido el 20 de marzo, con lo que se activaron los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). A partir de esta declaratoria, las autoridades tendrían recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.
De acuerdo con datos de esta dependencia, la población que resultó afectada fue de 32,716 personas de 19 municipios de la Costa Chica y Montaña.
Para apoyar de manera inmediata a esta población, con recursos del Fonden se entregaron 26,179 despensas, 27 mil cobertores, 27 mil colchonetas, 20,120 pacas de láminas de cartón, 26,499 láminas galvanizadas, 10 mil litros de agua, 5 mil kits de limpieza y 6 mil kits de aseo personal, entre los apoyos más importantes. Según el Fonden, estos artículos tuvieron un valor de 19.8 millones de pesos y fueron parte de los apoyos inmediatos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Fonden.
Sin embargo, a Guerrero también se le autorizaron recursos financieros para realizar acciones de reconstrucción por 448.3 millones de pesos, de los cuales el Fonden aportaría 224.8 millones y el gobierno del estado 223.5 millones de pesos.
Estos recursos se invertirían en vivienda (420.2 millones de pesos), gastos de evaluación de vivienda (1.8 millones), reparación de carreteras (8.4 millones), infraestructura educativa (8.6 millones) e infraestructura de salud (9.1 millones de pesos).
Días más tarde, debido a las réplicas del sismo del 20 de marzo, se autorizó una ampliación por 18.5 millones, para un gran total de 466.8 millones de pesos, de los que el Fonden aportó 237.1 millones y el gobierno del estado 229.7 millones de pesos. Cabe mencionar que no se registra ninguna otra aportación de alguna dependencia federal.
El boletín de prensa donde se anunció la declaratoria de emergencia destacó que “los suministros de auxilio que se autoricen y adquieran (…) son ajenos a los procesos electorales y a los partidos políticos. Éstos tienen como exclusiva finalidad el apoyo a la población afectada, por lo que queda estrictamente prohibida la utilización de los mismos con fines distintos a la pronta y efectiva respuesta ante la situación de emergencia”. Sin embargo, hay información confusa, que pone en duda que así se haya hecho.

La ayuda local

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del gobierno del estado informó que entregó diversos apoyos sociales como despensas, cobertores, agua, láminas galvanizadas, pacas de láminas de cartón, colchonetas , entre otros,  destinados a 48,129 personas de 20 municipios. También brindó apoyo psicológico, entregó “aparatos funcionales diversos”, y proporcionó consultas y canalizaciones de pacientes a hospitales.
Sin embargo, no informó sobre el costo de estos apoyos “ya que el DIF Estatal solamente coordinó la entrega de los apoyos”, dice la dependencia en su respuesta a una solicitud de información.
Por su parte, la Secretaría de Finanzas y Administración informó que hizo entrega de despensas por 1.6 millones de pesos, lonas para techos con un importe de 5.6 millones; pacas de láminas con un valor de 2.4 millones, para un total de 9.6 millones de pesos.
La Secretaría de Desarrollo Social federal, a través del programa de empleo temporal inmediato, gastó 39.8 millones de pesos para 19,982 beneficiarios cuyas viviendas sufrieron algún tipo de daño, esto equivale a 1,180 pesos a cada beneficiario.
Adicionalmente la delegación estatal de la Sedesol hizo entrega de 52 mil láminas de fibrocemento y 8,100 láminas galvanizadas.

Inconsistencia en los datos de la Sedesol

Las diferentes áreas de la Secretaría de Desarrollo Social federal que brindaron apoyo a la población afectada no coinciden en sus cifras. Por ejemplo, la delegación estatal informó que se registraron un total de 18,753 viviendas afectadas (12,042 con daño menor, 4,259 con daño parcial y 2,452 con daño total).
En el caso de las viviendas con daño parcial se invirtieron 119.2 millones de pesos, mientras para las que sufrieron daño total los recursos canalizados son por 294.2 millones, para un gran total de 413.4 millones de pesos.
Sin embargo, otra área de la propia Sedesol federal, la Dirección General de Desarrollo Territorial señala que además de brindar “asesoría al gobierno del estado sobre evaluación de daños en viviendas” , gestionó recursos para “la reconstrucción de 6,711 viviendas ante el Fonden apoyando a igual número de familias, en 390 localidades de 32 municipios, con un monto de 431.8 millones de pesos”.
Es decir, entre los datos de la delegación estatal y la Dirección General de Desarrollo Territorial, ambas de la Sedesol federal,  hay una diferencia de poco más de 12 mil viviendas afectadas  y de 18.4 millones de pesos de inversión en la reconstrucción de casas.
En el portal electrónico del Fonden se indica que del total de recursos destinados a la reconstrucción de viviendas por 430 millones de pesos, el gobierno del estado y el Fonden invertirán en partes iguales; pero no menciona que la Sedesol federal aportará alguna cantidad para estas acciones, como lo asegura la delegación de esa dependencia en Guerrero.
Otro de los datos que no coinciden es que la Dirección General Ajunta de Seguimiento a Programas de la Sedesol federal informó que “la Unidad de Microrregiones también se encuentra realizando acciones con sus respectivos programas”, pero la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, también de la Sedesol federal, contradice esto al informar que “la Unidad de Microrregiones después de realizar la búsqueda en los archivos correspondientes, informan que no encontraron información al respecto”, es decir sobre el apoyo brindado durante el sismo del 20de marzo.

La versión de la Sedesol estatal

En el ámbito estatal tampoco coinciden las cifras. En respuesta a una solicitud de información, la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado informó que se destinaron 700 millones de pesos a la atención de los daños parciales y totales en las viviendas, de los cuales 350 millones serían aportados por el gobierno estatal y el resto por la Sedesol federal.
Estos datos no coinciden con los 430 millones de pesos que informa el Fonden para el mismo fin ni con los 413.4 millones que registra la delegación estatal de la Sedesol.
Asimismo, la Sedesol estatal recomendó acudir a la Sefina porque ésta se encontraba “en posibilidades de informar de qué partidas presupuestales se utilizó dicho recurso”. Cabe mencionar que éste es un recurso muy utilizado por las dependencias del Ejecutivo del estado para no informar respecto de las finanzas públicas estatales, y generalmente se refieren a la Sefina como la dependencia a la que se debe solicitar este tipo de información.
Por tal motivo, se presentó una solicitud para conocer el monto de los recursos del gobierno del estado para la atención de los daños, dependencias que ejecutaron el gasto y los conceptos de apoyo que se brindaron.
Pero la Sefina informó escuetamente que apoyó con despensas por 1.6 millones de pesos, lonas para techos con un importe de 5.6 millones; pacas de láminas con un valor de 2.4 millones de pesos. Sólo eso. Y recomendó solicitar la información a las dependencias y entidades estatales Dif, Sedesol, Invisur, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil.

El caso de las viviendas

A finales de junio de 2012, la titular de la Sedesol estatal, Beatriz Mojica Morga, informó que el gobierno del estado se encargaría de construir 1,294 viviendas que presentaron daños totales y 1, 848 con daños parciales, en cuyo proceso participan 53 empresas constructoras del estado. Por su parte el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jorge Enrique Díaz Jiménez, informó que a finales de agosto, habrían de concluirse los trabajos de construcción y rehabilitación de viviendas.
Se presentó entonces una solicitud de información a la Sedesol estatal sobre el presupuesto destinado a la reconstrucción y origen de los recursos; nombre de constructoras que se encargarían de construir las nuevas viviendas; mecanismos y fundamento legal en que se eligieron a dichas empresas; padrón de beneficiarios de vivienda.
Pero la Sedesol estatal afirmó que no cuenta con esta información y sugirió pedirla a la Seduop, dependencia a la que se le presentaron los mismos requerimientos, pero también dijo no tener esos datos  y recomendó solicitarla al Invisur…
Para aclarar este nudo informativo, se solicitó una entrevista con la secretaria de desarrollo social, Beatriz Mojica, entrevista que no negó, pero tampoco concedió.

La vigilancia ciudadana

En abril pasado, el gobierno del estado anunció la integración de comités ciudadanos en cada una de las comunidades afectadas, “para garantizar que los apoyos que se están entregando sean de manera transparente y directa a las familias que salieron perjudicas por el terremoto del pasado 20 de marzo”. De acuerdo con el boletín de la Sedesol estatal, los comités ciudadanos tienen la finalidad de que los propios habitantes de las comunidades vigilen la entrega de los apoyos a las familias que fueron afectadas.
Para conocer más sobre estas figuras comunitarias, se presentó una solicitud de información sobre el número de comités constituidos, comunidades y municipios donde se instalaron, funciones y formas de operación, así como los reportes, informes o evaluaciones entregados por estos comités.
La Sedesol estatal respondió que se integraron 43 “comités comunitarios de transparencia” en 16 municipios de la Costa Chica y Montaña.  “Esto permitió, dijo la dependencia, que no hubiera ningún tipo de desvío de los materiales entregados en cada comunidad. Lo anterior en virtud de que los integrantes de estos comités son los que mejor conocen a los ciudadanos de su comunidad”.
Sin embargo, la dependencia no entregó ningún reporte, informe o evaluación formulado por estos comités, por lo que no se descarta que estas contralorías sociales, al igual que en otros programas sociales, sean sólo decorativas. No hay evidencia de lo contrario.
Al cruzar la información, se encontró que en municipios reportados con alto número de viviendas afectadas por el siniestro no se reportó la integración de comités comunitarios de transparencia, como Ometepec (2,579 viviendas dañadas parcial o totalmente), Xochistlahuaca (1,007 viviendas afectadas) o San Luis Acatlán (454 casas).
En cambio, en municipios con menos reportes de daños a viviendas si se integraron los comités comunitarios, como es el caso del municipio de Olinalá (con cinco viviendas dañadas), Tlalixtaquilla (no reporta daños en viviendas) y Copanatoyac (con 27 reportes de viviendas afectadas).