Contraloría social en Guerrero

Marcos Méndez Lara

El Sur de Acapulco

En Guerrero, la participación ciudadana en el monitoreo y vigilancia de las acciones y programas gubernamentales es incipiente. Ni el gobierno del estado ni mucho menos los ayuntamientos han promovido de manera vigorosa la contraloría social para contribuir a la disminución de los altos niveles de impunidad, corrupción e ineficiencias gubernamentales.

Los escándalos en los sectores de salud y educación relacionados con el ejercicio del presupuesto y los bochornosos casos de corrupción de una buena parte de los gobiernos municipales que están por concluir su administración, simplemente reflejan que los distintos mecanismos dentro del aparato estatal para fiscalizar que las acciones que realiza el gobierno se lleven a cabo adecuadamente, no funcionan o son muy limitadas.
Es urgente pues una intervención más directa y decidida de la sociedad en los asuntos públicos (en la vigilancia de los recursos y en la exigencia del cumplimiento de derechos), pero mientras persista un aparato gubernamental que obstaculice o permita a cuentagotas la participación de diversos actores en la vigilancia y el control del quehacer gubernamental y la definición de prioridades públicas, todo continuará igual.

Vigilancia de programas federales

En Guerrero, la promoción de la contraloría social se ha orientado hacia los programas sociales federales y casi no se ha incursionado en la vigilancia ciudadana de los recursos y acciones locales.
En el ámbito federal, hoy se cuenta con un marco legal que reconoce la relevancia de la participación de la ciudadanía en asuntos públicos y que garantiza el derecho ciudadano a la transparencia y la rendición de cuentas. Tal es el caso entre otras, de la Ley General de Desarrollo Social (2004), que reconoce la contraloría social de los beneficiarios en la vigilancia de los programas sociales; las leyes de transparencia federal y estatales, que permiten el monitoreo y observación de las y los ciudadanos del quehacer gubernamental, y especialmente los Lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social (2008).
En Guerrero, con base en acuerdos entre la Contraloría General del Estado y la Secretaría de la Función Pública, el gobierno del estado a través de la Dirección General de Contraloría Social ha apoyado y se ha encargado de integrar grupos de ciudadanos para la observación de 17 programas, entre los que destacan Oportunidades, Comunidades Saludables, Fondo Regional Indígena, 70 y más, Hábitat y Organización Productiva para las Mujeres Indígenas.
Según datos de la Contraloría General del estado, obtenidos por medio de una solicitud de información, se han distribuido 2,823 folletos de información, y 3,189 personas fueron capacitadas en acciones de contraloría social. Asimismo, se integraron 48 comités de contraloría social y a través de su sistema de atención a quejas y denuncias, se captaron 503 irregularidades denunciadas por ciudadanos.
Sin embargo, se desconocen los resultados de todo este trabajo, ya que la oficina encargada de promover la contraloría social en Guerrero no cuenta con indicadores para cuantificar en qué medida se ha avanzado en esta materia.
El director general de contraloría social del gobierno del estado, Domingo Neri Celis,  reconoce que las acciones de contraloría social se habían enfocado sólo en los programas estatales, pero aseguró que en este año se han promovido que la observación ciudadana esté también en los programas estatales y municipales.

Contraloría social en el estado

En Guerrero, no hay antecedentes de administraciones estatales o ayuntamientos hayan operado algún programa ambicioso para promover la participación ciudadana en el control y la vigilancia de los recursos y las acciones gubernamentales, no obstante que desde 1999, en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, ya se reconocía la importancia y se le facultaba a la “Contraloría General del Estado para promover la contraloría social a través de la ciudadanía”.
Poco se ha promovido en esta materia desde entonces y en contraparte son constantes las noticias sobre irregularidades en sectores clave como salud y educación, a los que se les destina una buena parte del presupuesto del estado, pero cuyos resultados son de baja o nula eficacia para la mayoría de la población.
En el plan estatal de desarrollo de la actual administración se menciona en varias ocasiones la palabra contraloría social refiriéndose a la intervención ciudadana en sectores como seguridad pública, educación, en el Programa de Infraestructura Básica Indígena, en la “evaluación de políticas públicas” y en la “evaluación de las acciones de buen gobierno”, entre otros.
Y no obstante que la contraloría social forma parte del lenguaje del principal documento rector del gobierno del estado,  a la fecha son imperceptibles los avances debido al poco interés mostrado por impulsar una política de gobierno que le apueste a la participación ciudadana como mecanismo de control y vigilancia.

Contraloría, sólo en papel

Hasta 2011, casi ninguno de los programas sociales estatales, que son los más susceptibles de ser manipulados electoral o políticamente, incluían en sus reglas de operación la posibilidad de que las o los beneficiarios tuvieran atribuciones formales para la vigilancia de los programas.
Por ejemplo, no cuentan con mecanismos de vigilancia de los beneficiarios o la ciudadanía el Fondo de apoyo a periodistas, el programa de becas escolares Prosigue, el programa pensión Guerrero destinado a adultos mayores y el programa de fertilizante subsidiado, entre otros.
Sin embargo, de manera particular los programas que opera la Coordinación General de Programas Sociales Guerrero Cumple (madres solteras, uniformes y útiles escolares gratuitos, apoyo a discapacitados, alfabetización), ya establecen en sus reglas de operación de 2012 acciones de contraloría social para que los beneficiarios de los programas se integren en “consejos de participación ciudadana para el seguimiento, supervisión y vigilancia en el cumplimiento de las metas” de los programas.
Estos consejos, dicen las reglas de operación, podrán integrarse por “ciudadanos de reconocida trayectoria moral y de reconocidas instituciones de educación superior que fungirán como observadores y evaluadores del desempeño del programa”.
Al respecto, Domingo Neri destacó que la oficina de contraloría social del gobierno del estado elaboró el documento “Estructura y especificaciones mínimas que deberán contener los programas de reglas de operación de programas sociales estatales”, pues en la mayoría de las dependencias “había un desconocimiento de cómo debían estructurarse las reglas de operación”. Dentro de este documento también se incluyeron recomendaciones para la formación de contralorías sociales.
Sin embargo, reconoció Neri Celis, ya se incluyen acciones de contraloría social en algunos de los programas estatales, pero ahora falta que se integren los comités y funcionen. “No es fácil, es un proceso que llevará tiempo, pues ni los servidores públicos ni los propios ciudadanos están acostumbrados a este tipo de prácticas de vigilancia ciudadana, que estuvieron ausentes de los gobiernos durante mucho tiempo”.
Y efectivamente, aun cuando los programas sociales de Guerrero Cumple ya deberían contar con contralorías sociales integradas, según sus reglas de operación vigentes, éstas aún están sólo en el papel.
Sólo para dar una idea de lo que se debe vigilar, el presupuesto global de los programas que maneja la Coordinación de Programas Sociales Guerrero Cumple es del orden de 295.4 millones de pesos, que hoy, no tienen vigilancia ciudadana.

Otros sujetos obligados

En el caso de los ayuntamientos de Guerrero, no se tiene ningún antecedente de algún gobierno municipal que haya promovido la vigilancia ciudadana de los recursos, no obstante que existen diferentes normas que obligan a este orden de gobierno como la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Planeación, entre otras.
Pero los gobiernos municipales no son los únicos que no promueven la participación ciudadana; tampoco lo hacen el Congreso del Estado ni el poder Judicial del estado.
En el caso del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre sus facultades se encuentra “Implementar mecanismos de observación y contraloría ciudadana que permita a la población utilizar la transparencia para vigilar y evaluar el desempeño de los sujetos obligados”. Pero tampoco ha hecho nada al respecto.

Sin efectos vinculantes

Una de las limitantes clave de la normatividad en materia de contraloría social –federal y estatal- es que los resultados de la vigilancia ciudadana no tienen efectos vinculantes, es decir, las irregularidades encontradas por las y los beneficiarios van a parar a los buzones de sugerencias o de denuncias, y no necesariamente son corregidas por las dependencias correspondientes.
En Guerrero, por ejemplo, la contraloría social y los mecanismos de denuncia ciudadana en el gobierno anterior fueron actos de simulación más que de acciones efectivas. En varias ocasiones, organizaciones de la sociedad civil que promovían la contraloría ciudadana presentaron ante la Contraloría General del Estado las quejas y denuncias de comunidades rurales debido a obras inconclusas, de mala calidad o con diferentes irregularidades, derivadas de la vigilancia ciudadana.
La Contraloría sólo recibió las denuncias pero nada se corrigió, no obstante que hubo un compromiso público de los funcionarios de aquel gobierno.

Opacidad y bancarrota, herencia de los ayuntamientos salientes

Marcos Méndez Lara
El Sur de Acapulco

A unos días de concluir su encargo, las administraciones de la mayoría de los ayuntamientos de Guerrero dejaron como saldo un desastre financiero que se manifiesta en escasa obra pública, servicios de pésima calidad, entrega de fertilizante adulterado y de manera parcial, deuda pública y nulo combate a la pobreza. Esta herencia que dejan los gobiernos municipales actuales reducirá el espacio de maniobra a los ayuntamientos entrantes, pues las arcas públicas estarán vacías o con insuficientes recursos para la operación regular de los ayuntamientos.

Más allá del tamaño del desastre que dejarán en cada municipio, hay un punto en el que todos los gobiernos municipales de Guerrero del periodo 2009-2012 coincidieron: su falta de transparencia, su nula práctica de rendición de cuentas, y esto no sólo es la percepción de la gente, sino que hay mediciones objetivas que respaldan estas calificaciones.
Una de ellas -la más consistente y sistemática en Guerrero-, es la que aplica el grupo Ciudadanos por Municipios Transparentes, Cimtra, en su capítulo Guerrero, que durante dos años y medio ha realizado cinco evaluaciones a 42 municipios del estado.
Estas evaluaciones confirmaron que a los gobiernos municipales 2009-2012 lo que menos les importó fue rendir cuentas a la ciudadanía, aun cuando, como alegan muchos alcaldes, hayan presentado sus cuentas públicas “en tiempo y forma” ante los órganos de control y fiscalización. Sin embargo, ese procedimiento legal ya no es suficiente y cada vez resulta menos creíble para la ciudadanía.

Quinta evaluación Cimtra

Entre mayo y junio se aplicó la última evaluación correspondiente a las actuales administraciones municipales, y los resultados fueron consistentes con lo que se observó a lo largo de casi tres años: los municipios de Guerrero se encuentran entre los últimos lugares a nivel nacional, los ayuntamientos que cuentan con recursos financieros y técnicos (Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Zihuatanejo) no se diferencian mucho en los índices de transparencia de los municipios de la Montaña; ningún municipio guerrerense ha rebasado en dos años y medio la calificación de 36 en una escala de cero a 100.
Pero en la más reciente aplicación de Cimtra –cuando los gobiernos municipales están por salir y recién terminó una jornada electoral- los resultados fueron peores, pues, por ejemplo, el municipio mejor posicionado en el estado de Guerrero no alcanzó ni siquiera 20 de calificación, y éste fue Chilpancingo, con 18.5 puntos, que si bien se ubicó en el primer lugar en el estado, en el conjunto obtuvo el lugar 26, de un total de 83 municipios evaluados en todo el país.
Después de la capital, le siguieron Zihuatanejo con 12.1 puntos, Taxco con 11.2 y Tlacoachistlahuaca con 10.6; los restantes 38 municipios evaluados obtuvieron calificaciones por debajo de los 10 puntos, incluyendo a Acapulco, que tuvo 9.6 puntos y el lugar 40 en la medición nacional.
Municipios como Alcozauca, Alpoyeca, Benito Juárez, Copalillo, Cualac, Huamuxtitlán, Juan R. Escudero, Olinalá, Ometepec, Tlapa y Xalpatlahuac tuvieron calificaciones menores a uno. Mientras que Atlamajalcingo del Monte, Cochoapa, y Metlatónoc  fueron municipios calificados con cero.
El promedio de calificación de los 83 municipios evaluados en siete estados del país fue de 17.5 puntos, es decir, el ayuntamiento guerrerense que más puntos obtuvo (Chilpancingo, con 18.5 puntos), apenas rebasó el promedio nacional.
Por estados, Chihuahua tuvo un promedio de 63 puntos, Jalisco 42, Guanajuato 34, Colima alcanzó los 31 puntos, Puebla 16, estado de México 13 y Guerrero 3.7 puntos.  

El histórico

Ciudadanos por Municipios Transparentes es un grupo de organizaciones y ciudadanos que se integran en alianzas voluntarias en varios estados del país. Desde 2002, se han evaluado 2005 municipios en 19 entidades mediante la aplicación y procesamiento de herramientas de medición, evaluación y seguimiento.
En la primavera de 2010, se realizó en Guerrero la primera evaluación a los municipios del estado. En esa primera edición se observaron cinco municipios, y en el otoño de ese mismo año fueron 15; en 2011 se aplicaron dos evaluaciones a 28 y 30 municipios, respectivamente; y en la más reciente evaluación en 2012, se evaluaron 42 ayuntamientos.
En estricto, no ha habido cambios relevantes en materia de transparencia en el estado, de acuerdo con los resultados de las cinco evaluaciones de Cimtra. Las modificaciones que se observaron oscilaron entre 10 y 15 puntos, lo que comparado con el parámetro de cero a 100, no es significativo para la transparencia.
Lo que sí resalta es que en dos años, aun cuando se les informó a los ayuntamientos sobre sus calificaciones y además se difundieron en sendas conferencias de prensa, casi ningún gobierno tuvo disposición de mejorar su calificación, y los cambios que se presentaron, generalmente circunstanciales, fueron para indicar que los ayuntamientos empeoraban su nivel de transparencia.
El ayuntamiento de Chilpancingo, por ejemplo, inició la primera evaluación con 25 puntos, y en las siguientes llegó a tener 30.8, pero en la última aplicación descendió a 18.5 puntos. Zihuatanejo tuvo un comportamiento errático, ya que en una de las evaluaciones alcanzó los 28.1 puntos, pero en otras bajó a 2.6 y en la última se calificó con 12.1 puntos.
Taxco es otro municipio que en la primera evaluación alcanzó 27.6 puntos, pero llegó a descender a 3.7 y en la última alcanzó apenas 11.2 puntos. Iguala siempre se mantuvo con bajas calificaciones, ya que nunca pasó de 11 puntos, hoy tiene 7.6.
El caso de Acapulco es singular, pues tuvo en la primera evaluación la mejor calificación que ha obtenido un ayuntamiento guerrerenses (35.2 puntos), pero fue cayendo en las siguientes y hoy tiene un puntaje alarmantemente bajo para un municipio con los recursos y el número de población que tiene el puerto: 9.6 puntos.
Estos resultados en el ámbito estatal son irrisorios si se comparan con los que obtienen los municipios ubicados en los primeros lugares a nivel nacional, por ejemplo, Tlajomulco, Jalisco, con una calificación de 92.1 puntos, Guadalajara con 85.4 puntos o Ciudad Juárez con 83.8 puntos.
Para palpar las diferencias, sólo hay que entrar a los sitios de estos municipios (www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-39 o http://portal.guadalajara.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental) y compararlos con la información que presenta los poquísimos ayuntamientos guerrerenses que cuentan con página electrónica.

La transparencia, solo el primer paso

Lograr que los gobiernos municipales transparenten lo que hacen (el ejercicio de los recursos, programas, licitaciones, contratos, auditorías, entre otros datos), sólo es el primer paso (junto con el irrestricto acceso a la información) para una efectiva rendición de cuentas ciudadana.
El segundo paso es lograr que la ciudadanía use esa información para vigilar y denunciar cuando sea el caso, irregularidades, desvíos de recursos o programas, o incumplimiento de objetivos gubernamentales.
Hay un tercer paso que es el de la ciudadanía organizada, que usa como herramienta la información pública para exigir el cumplimiento de sus derechos sociales, económicos, ambientales, culturales.
La transparencia por sí misma no tiene trascendencia si no es usada por la ciudadanía para exigir mejores gobiernos y para logar el ejercicio pleno de sus derechos.
Igualmente, la presentación de las cuentas públicas ante los órganos fiscalizadores no es transparencia ni tampoco rendición de cuentas, como lo aseguran algunos alcaldes; en todo caso, es una rendición de cuentas muy limitada destinada a informar a la Auditoría General del Estado, pero no a la ciudadanía, que es la que debería importar.
Estos son algunos de los grandes retos que el colectivo Cimtra en Guerrero debe incluir en su agenda de corto y mediano plazos.  

Obra pública o fertilizante: el falso dilema de los ayuntamientos

Marcos Méndez Lara
El Sur de Acapulco

Cada año la población guerrerense en condición de rezago social sufre la disyuntiva de los ayuntamientos de utilizar cuantiosos  recursos federales en la compra de fertilizante para distribuirlo entre los campesinos, o invertirlos en la construcción de obra pública en las localidades.

Desde que fueron incorporados al esquema financiero del programa de fertilizante en 2001, la aportación financiera que hacen los ayuntamientos es tomada de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 (FAISM), es decir, del dinero que proviene de la Federación y que está etiquetado para el financiamiento de obra pública y acciones sociales básicas.
Desde entonces, los órganos de control estatal y federal han señalado esta irregularidad de los ayuntamientos, ya que la Ley de Coordinación Fiscal no considera la compra de insumos agrícolas entre las acciones que se pueden financiar con estos recursos. Pero son ya más de 10 años que así se está haciendo.

El fertilizante, otra vez a discusión

Son varios los funcionarios que se refirieron en los últimos días a la adquisición de fertilizante con recursos del FAISM. El auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal Martínez, en una visita a Guerrero, recordó que los alcaldes que toman recursos del FAISM para la compra de fertilizante están cometiendo una irregularidad, “ésas son observaciones que tendrán que ser solventadas, y si no lo hacen, tendrán sanciones los servidores públicos” advirtió.
Por su parte, el presidente del PRD, Carlos Reyes Torres, dijo que los alcaldes de su partido continuarán utilizando dinero del FAISM para la compra de fertilizantes, pues hay municipios que no tienen recursos y no dejarán a los campesinos sin el insumo, incluso advirtió que podría haber movilizaciones de los alcaldes con los campesinos.
Más recientemente, el contralor general del estado, Julio César Hernández Martínez, informó que el gobierno del estado promoverá que los alcaldes de todos los partidos exijan a sus dirigencias estatal y nacional, así como a los diputados federales y senadores, que impulsen un cambio en la normatividad para que puedan utilizarse recursos del Ramo 33 en la compra de fertilizante.
Sin embargo, nadie propone un verdadero cambio de fondo, todos los funcionarios y autoridades gubernamentales y de partidos tienen como única preocupación la búsqueda de un mecanismo que permita subsanar esta irregularidad administrativa que cada año se les presenta a los ayuntamientos.
Pero ninguna dependencia pública estatal ni municipal ha propuesto ni llevado a cabo alguna solución de tipo estructural que considere la disminución drástica del uso de los fertilizantes químicos –con esquemas sustentables que no deterioren el suelo y sí incrementen realmente la producción-, para que los recursos liberados se canalicen a la construcción de obra pública que tanto hace falta en las localidades del estado.
Prácticas como la corrupción y el clientelismo político que ha prohijado el programa de fertilizante han sido más fuertes que la intención de buscar alternativas a esta política de subsidiar el fertilizante químico, cuyas consecuencias son ya uno de los grandes males la historia contemporánea del estado.

El tamaño del problema

Para dimensionar la gravedad del problema, éstos son algunos datos: en 2010, los 81 ayuntamientos de Guerrero aportaron globalmente 473.9 millones de pesos al programa de fertilizante. Estos recursos fueron tomados del FAISM por los gobiernos municipales, fondo que en ese 2010 alcanzó la cifra de 2,788.9 millones en Guerrero, es decir, de este fondo destinado a obra púbica de manera general se tomó 17 por ciento del total para aplicarlo en un programa no autorizado por el FAISM.
Sin embargo, la cantidad de recursos tomados de este fondo para la adquisición de fertilizante varía de manera drástica de un municipio a otro. Por ejemplo, el ayuntamiento de
Cuajinicuilapa en 2009 sólo aportó 500 mil pesos, y en relación con los recursos del FAISM por 24.5 millones, el porcentaje es de apenas 2% del total. Igualmente, el municipio de
Tlacoachistlahuaca aportó 2.5 millones de pesos al programa de fertilizante en 2010, pero sus recursos del FAISM son del orden de 30.4 millones, y la relación es de 8.2%.
Esta práctica, que realizan todos los gobiernos municipales de Guerrero, toma tintes dramáticos cuando el dinero aportado supera 40% de los recursos del FAISM. En 2010, por ejemplo, el ayuntamiento de Zitlala destinó 11.7 millones de pesos a la compra de fertilizante, y al compararse con el monto correspondiente al FAISM de ese año por 22.8 millones, significa que se invirtieron 51.5% de estos recursos al programa de fertilizante.
En ese año, Marcelo Tecolapa Tixteco, presidente municipal de Zitlala, informaba a la prensa que aun cuando la Auditoría General del Estado prohibía adquirir fertilizante con recursos del FAISM, su gobierno utilizaría parte de esa partida para evitar conflictos que deriven en protestas, “como ya ha sucedido en otros años en este municipio.”
Otro ejemplo es el municipio de Quechultenango, cuyo presidente municipal en su primer informe de gobierno 2009 asentaba que “la inversión (al programa de fertilizante) implicó 28.6 millones de pesos, de éstos el gobierno estatal aportó 4.8 millones, el Ayuntamiento 16.8 millones a través del Ramo XXXIII y los productores 6.9 millones”.
Los recursos del FAISM pagados al gobierno municipal de Quechultenango fueron por 39.9 millones de pesos, es decir, la proporción de recursos aportada al programa de fertilizante fue de 42 por ciento del total de este fondo.
De acuerdo con datos obtenidos a partir de una solicitud de información presentada ante la Secretaría de Desarrollo Rural, en 2010 fueron 12 los ayuntamientos que invirtieron más de 40 por ciento de sus recursos del FAISM en el programa de fertilizante: Apaxtla (55 por ciento), Zitlala (51), General Heliodoro Castillo (50), Coyuca de Catalán (49), Quechultenango (47), Teloloapan (46), Cuetzala (45), Zapotitlán (44), Ahuacuotizango (41), Arcelia (41), Cutzamala (41) y Tlalchapa (41 por ciento).
También con datos de 2010, trece gobiernos municipales gastaron menos de cinco por ciento de sus recursos del FAISM en la adquisición de fertilizante: Benito Juárez, Copala y la Unión (1 por ciento), Acapulco , Cuajinicuilapa, Marquelia e Iliatenco (2 por ciento); Zihuatanejo, Coyuca de Benítez, Juchitán y Florencio Villarreal (3 por ciento); y Pungarabato y Tlalixtaquilla (4 por ciento).
Si se observa por regiones, es la zona de Tierra Caliente la que más recursos del FAISM gasta para comprar fertilizante (31 por ciento), le sigue la región Centro (28), Norte (23), la Montaña (15), Costa Chica (9) y Costa Grande (7), para un promedio estatal de 17 por ciento.

Contra la ley

La adquisición de fertilizante no está prevista entre los conceptos que pueden financiarse con recursos del FAISM, según la Ley de Coordinación Fiscal (artículo 33).
La Auditoría General del Estado ha notificado y generado las observaciones a los ayuntamientos de Guerrero por esta práctica, pero estas advertencias no han modificado el esquema.
Como respuesta a una solicitud de información, la AGE señaló que el “programa (de fertilizante) se ha incluido como parte de la muestra y alcances de auditoría revisada en la fiscalización de las Cuentas Municipales, siendo la observación más recurrente la aplicación de recursos federales en rubros no autorizados por la Ley de Coordinación Fiscal, emitiendo las recomendaciones que son consideradas en los Pliegos de Observaciones que se realizan”.
En alguna medida, el gobierno del estado avala esta práctica, pues el manual único de
operación del FAISM 2012, elaborado por el Comité de Planeación del Desarrollo en Guerrero
(Copladeg), incluye de manera oficial al fertilizante como uno de los conceptos que se pueden apoyar con el FAISM, y a la SDR como la entidad normativa para este rubro, y la maneja como si no se tratara de una irregularidad señalada por la Auditoría General del Estado y la Auditoría Superior de la Federación.
También ha habido intentos de sacar de la ilegalidad a esta práctica, como la propuesta presentada en 2009 por el ex diputado federal Cuauhtémoc Salgado Romero ante la Cámara de Diputados, donde argumentó que debido a la fuerte carga que implica la aportación municipal al programa de fertilizante, las autoridades municipales dejan de hacer obra “para enfocar en algunos casos hasta el 70 por ciento el presupuesto del Ramo 33 en el rubro del fertilizante”.
En esa ocasión Salgado Romero pidió que se exhortara a “la Auditoría Superior de la Federación a indicar la partida presupuestal y establecer los lineamientos para que los municipios de Guerrero puedan comprobar la adquisición del fertilizante que se subsidia a los campesinos; asimismo que indique el mecanismo a seguir para que queden liberados de las observaciones que ya tienen en relación a este rubro”.
En el Congreso del estado también se ha discutido este asunto, pero nunca han encontrado la manera de justificar jurídicamente ni convencido a sus homólogos federales sobre la compra de fertilizante con recursos del Ramo 33.
La última ocasión en que se aludió a esta práctica fue durante el proceso de aprobación de la Ley del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero en 2010.
En los antecedentes del documento, la comisión dictaminadora de la ley mencionó que el Ejecutivo estatal tiene facultades para emitir “lineamientos complementarios a la normatividad Federal y Estatal sobre el uso de los recursos que reciban los ayuntamientos” del FAISM, pero que al estar etiquetados “su facultad reglamentaria está limitada a concretizar acuciosamente el uso de dichos recursos, más no su destino”, porque ello es una competencia del Congreso de la Unión.
Sin embargo, la comisión argumentó a favor de legalizar la práctica al comentar que “este Fondo destina recursos, entre otras cosas, a la infraestructura productiva rural, y que las reglas de operación, o los lineamientos que al efecto se expidan (por el Ejecutivo estatal) puede concretizar los rubros concretos de esta infraestructura a los que se pueden dirigir estos recursos. Si la infraestructura productiva rural se concibe como aquel conjunto de elementos necesarios para la creación o funcionamiento de un servicio útil y provechoso para la vida del campo, es posible establecer normas que reconduzcan el gasto hacia el fertilizante”.
Es decir, a un insumo agrícola como el fertilizante intentaron de manera forzada convertirlo en infraestructura productiva.

Fertilizante sí, obra pública no

Hay posiciones extremas respecto a esta práctica. Una de ellas es la de Guadalupe Eguiluz Bautista –alcaldesa electa de Tlalchapa- que en una entrevista de prensa en 2011, se pronunció “a favor de que el gobierno municipal aplique en su totalidad el recurso del Ramo 33 en fertilizante y no en obra pública”.
Agregó que “como campesina, lo que más le importa es recibir el fertilizante para hacer producir la tierra a que las calles estén pavimentadas, éstas (las calles) no le quita el hambre a la gente”.
Eguiluz Bautista comentó que cuando ella fue presidenta municipal (2002-2005) asignó 75 por ciento del FAISM a la compra del fertilizante, pues aseguraba que la prioridad de Tlalchapa es el campo, y no el desarrollo del pueblo, como calles pavimentadas, escuelas, canchas deportivas o techados.

Los apoyos a damnificados por los sismos, sin claridad

Marcos Méndez Lara
El Sur de Acapulco

Aunque los gobiernos federal y estatal anunciaron cuantiosos recursos financieros para apoyar a los miles de damnificados que sufrieron daños parciales o totales en sus viviendas por el sismo del 20 de marzo de 2012, lo cierto es que no hay ninguna claridad sobre los diferentes apoyos que se han brindado ni el número de beneficiarios  ni cómo han sido aplicados estos recursos.
Las dependencias federales y del gobierno del estado han hecho un manejo disperso y confuso de la información, de tal manera que no hay ninguna certeza de que los recursos se hayan canalizado a quienes realmente lo necesitan o que se hayan evitado los criterios partidistas.
De los “comités comunitarios de transparencia”, únicos actores no gubernamentales para vigilar la entrega de apoyos, no hay evidencia de que estén funcionando y en todo caso son insuficientes para vigilar la gran cantidad de recursos financieros que se ejercen en la región.

Los recursos del Fonden

El 26 de marzo, la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia para 19 municipios del estado de Guerrero tras el sismo de 7.4 grados richter ocurrido el 20 de marzo, con lo que se activaron los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). A partir de esta declaratoria, las autoridades tendrían recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.
De acuerdo con datos de esta dependencia, la población que resultó afectada fue de 32,716 personas de 19 municipios de la Costa Chica y Montaña.
Para apoyar de manera inmediata a esta población, con recursos del Fonden se entregaron 26,179 despensas, 27 mil cobertores, 27 mil colchonetas, 20,120 pacas de láminas de cartón, 26,499 láminas galvanizadas, 10 mil litros de agua, 5 mil kits de limpieza y 6 mil kits de aseo personal, entre los apoyos más importantes. Según el Fonden, estos artículos tuvieron un valor de 19.8 millones de pesos y fueron parte de los apoyos inmediatos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Fonden.
Sin embargo, a Guerrero también se le autorizaron recursos financieros para realizar acciones de reconstrucción por 448.3 millones de pesos, de los cuales el Fonden aportaría 224.8 millones y el gobierno del estado 223.5 millones de pesos.
Estos recursos se invertirían en vivienda (420.2 millones de pesos), gastos de evaluación de vivienda (1.8 millones), reparación de carreteras (8.4 millones), infraestructura educativa (8.6 millones) e infraestructura de salud (9.1 millones de pesos).
Días más tarde, debido a las réplicas del sismo del 20 de marzo, se autorizó una ampliación por 18.5 millones, para un gran total de 466.8 millones de pesos, de los que el Fonden aportó 237.1 millones y el gobierno del estado 229.7 millones de pesos. Cabe mencionar que no se registra ninguna otra aportación de alguna dependencia federal.
El boletín de prensa donde se anunció la declaratoria de emergencia destacó que “los suministros de auxilio que se autoricen y adquieran (…) son ajenos a los procesos electorales y a los partidos políticos. Éstos tienen como exclusiva finalidad el apoyo a la población afectada, por lo que queda estrictamente prohibida la utilización de los mismos con fines distintos a la pronta y efectiva respuesta ante la situación de emergencia”. Sin embargo, hay información confusa, que pone en duda que así se haya hecho.

La ayuda local

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del gobierno del estado informó que entregó diversos apoyos sociales como despensas, cobertores, agua, láminas galvanizadas, pacas de láminas de cartón, colchonetas , entre otros,  destinados a 48,129 personas de 20 municipios. También brindó apoyo psicológico, entregó “aparatos funcionales diversos”, y proporcionó consultas y canalizaciones de pacientes a hospitales.
Sin embargo, no informó sobre el costo de estos apoyos “ya que el DIF Estatal solamente coordinó la entrega de los apoyos”, dice la dependencia en su respuesta a una solicitud de información.
Por su parte, la Secretaría de Finanzas y Administración informó que hizo entrega de despensas por 1.6 millones de pesos, lonas para techos con un importe de 5.6 millones; pacas de láminas con un valor de 2.4 millones, para un total de 9.6 millones de pesos.
La Secretaría de Desarrollo Social federal, a través del programa de empleo temporal inmediato, gastó 39.8 millones de pesos para 19,982 beneficiarios cuyas viviendas sufrieron algún tipo de daño, esto equivale a 1,180 pesos a cada beneficiario.
Adicionalmente la delegación estatal de la Sedesol hizo entrega de 52 mil láminas de fibrocemento y 8,100 láminas galvanizadas.

Inconsistencia en los datos de la Sedesol

Las diferentes áreas de la Secretaría de Desarrollo Social federal que brindaron apoyo a la población afectada no coinciden en sus cifras. Por ejemplo, la delegación estatal informó que se registraron un total de 18,753 viviendas afectadas (12,042 con daño menor, 4,259 con daño parcial y 2,452 con daño total).
En el caso de las viviendas con daño parcial se invirtieron 119.2 millones de pesos, mientras para las que sufrieron daño total los recursos canalizados son por 294.2 millones, para un gran total de 413.4 millones de pesos.
Sin embargo, otra área de la propia Sedesol federal, la Dirección General de Desarrollo Territorial señala que además de brindar “asesoría al gobierno del estado sobre evaluación de daños en viviendas” , gestionó recursos para “la reconstrucción de 6,711 viviendas ante el Fonden apoyando a igual número de familias, en 390 localidades de 32 municipios, con un monto de 431.8 millones de pesos”.
Es decir, entre los datos de la delegación estatal y la Dirección General de Desarrollo Territorial, ambas de la Sedesol federal,  hay una diferencia de poco más de 12 mil viviendas afectadas  y de 18.4 millones de pesos de inversión en la reconstrucción de casas.
En el portal electrónico del Fonden se indica que del total de recursos destinados a la reconstrucción de viviendas por 430 millones de pesos, el gobierno del estado y el Fonden invertirán en partes iguales; pero no menciona que la Sedesol federal aportará alguna cantidad para estas acciones, como lo asegura la delegación de esa dependencia en Guerrero.
Otro de los datos que no coinciden es que la Dirección General Ajunta de Seguimiento a Programas de la Sedesol federal informó que “la Unidad de Microrregiones también se encuentra realizando acciones con sus respectivos programas”, pero la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, también de la Sedesol federal, contradice esto al informar que “la Unidad de Microrregiones después de realizar la búsqueda en los archivos correspondientes, informan que no encontraron información al respecto”, es decir sobre el apoyo brindado durante el sismo del 20de marzo.

La versión de la Sedesol estatal

En el ámbito estatal tampoco coinciden las cifras. En respuesta a una solicitud de información, la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado informó que se destinaron 700 millones de pesos a la atención de los daños parciales y totales en las viviendas, de los cuales 350 millones serían aportados por el gobierno estatal y el resto por la Sedesol federal.
Estos datos no coinciden con los 430 millones de pesos que informa el Fonden para el mismo fin ni con los 413.4 millones que registra la delegación estatal de la Sedesol.
Asimismo, la Sedesol estatal recomendó acudir a la Sefina porque ésta se encontraba “en posibilidades de informar de qué partidas presupuestales se utilizó dicho recurso”. Cabe mencionar que éste es un recurso muy utilizado por las dependencias del Ejecutivo del estado para no informar respecto de las finanzas públicas estatales, y generalmente se refieren a la Sefina como la dependencia a la que se debe solicitar este tipo de información.
Por tal motivo, se presentó una solicitud para conocer el monto de los recursos del gobierno del estado para la atención de los daños, dependencias que ejecutaron el gasto y los conceptos de apoyo que se brindaron.
Pero la Sefina informó escuetamente que apoyó con despensas por 1.6 millones de pesos, lonas para techos con un importe de 5.6 millones; pacas de láminas con un valor de 2.4 millones de pesos. Sólo eso. Y recomendó solicitar la información a las dependencias y entidades estatales Dif, Sedesol, Invisur, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil.

El caso de las viviendas

A finales de junio de 2012, la titular de la Sedesol estatal, Beatriz Mojica Morga, informó que el gobierno del estado se encargaría de construir 1,294 viviendas que presentaron daños totales y 1, 848 con daños parciales, en cuyo proceso participan 53 empresas constructoras del estado. Por su parte el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jorge Enrique Díaz Jiménez, informó que a finales de agosto, habrían de concluirse los trabajos de construcción y rehabilitación de viviendas.
Se presentó entonces una solicitud de información a la Sedesol estatal sobre el presupuesto destinado a la reconstrucción y origen de los recursos; nombre de constructoras que se encargarían de construir las nuevas viviendas; mecanismos y fundamento legal en que se eligieron a dichas empresas; padrón de beneficiarios de vivienda.
Pero la Sedesol estatal afirmó que no cuenta con esta información y sugirió pedirla a la Seduop, dependencia a la que se le presentaron los mismos requerimientos, pero también dijo no tener esos datos  y recomendó solicitarla al Invisur…
Para aclarar este nudo informativo, se solicitó una entrevista con la secretaria de desarrollo social, Beatriz Mojica, entrevista que no negó, pero tampoco concedió.

La vigilancia ciudadana

En abril pasado, el gobierno del estado anunció la integración de comités ciudadanos en cada una de las comunidades afectadas, “para garantizar que los apoyos que se están entregando sean de manera transparente y directa a las familias que salieron perjudicas por el terremoto del pasado 20 de marzo”. De acuerdo con el boletín de la Sedesol estatal, los comités ciudadanos tienen la finalidad de que los propios habitantes de las comunidades vigilen la entrega de los apoyos a las familias que fueron afectadas.
Para conocer más sobre estas figuras comunitarias, se presentó una solicitud de información sobre el número de comités constituidos, comunidades y municipios donde se instalaron, funciones y formas de operación, así como los reportes, informes o evaluaciones entregados por estos comités.
La Sedesol estatal respondió que se integraron 43 “comités comunitarios de transparencia” en 16 municipios de la Costa Chica y Montaña.  “Esto permitió, dijo la dependencia, que no hubiera ningún tipo de desvío de los materiales entregados en cada comunidad. Lo anterior en virtud de que los integrantes de estos comités son los que mejor conocen a los ciudadanos de su comunidad”.
Sin embargo, la dependencia no entregó ningún reporte, informe o evaluación formulado por estos comités, por lo que no se descarta que estas contralorías sociales, al igual que en otros programas sociales, sean sólo decorativas. No hay evidencia de lo contrario.
Al cruzar la información, se encontró que en municipios reportados con alto número de viviendas afectadas por el siniestro no se reportó la integración de comités comunitarios de transparencia, como Ometepec (2,579 viviendas dañadas parcial o totalmente), Xochistlahuaca (1,007 viviendas afectadas) o San Luis Acatlán (454 casas).
En cambio, en municipios con menos reportes de daños a viviendas si se integraron los comités comunitarios, como es el caso del municipio de Olinalá (con cinco viviendas dañadas), Tlalixtaquilla (no reporta daños en viviendas) y Copanatoyac (con 27 reportes de viviendas afectadas).

Los números detrás de la formación de maestros

Marcos Méndez Lara
El Sur de Acapulco

En la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa son muy pocos los que conocen el monto y los conceptos en que se gasta el presupuesto destinado a este centro educativo. Ni siquiera el director de la escuela conoce con detalle los recursos que se invierten, ya que la mayor parte de éstos son ejercidos de manera directa por la Secretaría de Educación en Guerrero, y él, como autoridad formal, prácticamente no tienen ninguna injerencia en la administración del dinero.

Esta falta de información hacia los alumnos, maestros, directivos y padres de familia sobre lo que sucede con el presupuesto y la manera discrecional como se manejan los recursos se suma a los numerosos problemas que aquejan a la institución –algunos incluso son consecuencia de esta práctica-, como la baja calidad educativa, instalaciones abandonadas, falta de equipo, deficiencias que la colocan en un estado vulnerable tal que los más críticos de este tipo de educación lo utilizan como argumento para demandar la desaparición de la escuela.
El ejercicio del presupuesto de la normal de Ayotzinapa se ha convertido en un mecanismo de control de las autoridades educativas, pero también esta discrecionalidad es motivo de la constante movilización de los alumnos que buscan arrancar parte de esos recursos para la cobertura de sus demandas. Un juego que ha sido muy costoso, no sólo para la calidad educativa y el prestigio de la escuela, sino por las “molestias” que provocan las movilizaciones  de los jóvenes en un sector de la sociedad y sobre todo, por el lamentable saldo de estudiantes heridos y fallecidos a lo largo de varios años.

La danza de las cifras

Existen nueve escuelas normales públicas en el estado, con una matrícula de ingreso de 790 jóvenes. También operan tres centros de actualización del magisterio (Iguala, Chilpancingo y Acapulco) en el que se preparan 910 docentes. Los planteles de la Escuela Normal Rural Raúl I. Burgos de Ayotzinapa y el Centro Regional de Educación Normal Adolfo López Mateos, son las escuelas donde más alumnos ingresan, con 140; le siguen el Escuela Normal Regional de la Montaña con 100 jóvenes, y la Centenaria Escuela Normal del Estado Ignacio Manuel Altamirano, con 90 estudiantes.
Pero también existen 12 planteles privados que se dedican a preparar docentes, por lo que la saturación de esta profesión ya es evidente, debido a la falta de planeación y a la toma de decisiones firmes para promover otras carreras acordes con las necesidades del estado.
En materia presupuestal, nada es claro en la Secretaría de Educación de Guerrero. Los recursos invertidos en las escuelas normales durante 2011 fueron del orden de 46.1 millones de pesos, de los cuales 10.1 millones se destinaron a la Normal de Ayotzinapa.
Sin embargo, los presupuestos que anuncia la Secretaría de Educación de Guerrero para los ejercicios de 2005 a 2011, destinados a la Normal de Ayotzinapa tienen una trayectoria errática. En 2005, por ejemplo, se le asignó un presupuesto global de 6.1 millones de pesos (no incluye los salarios de los docentes) y en 2011 fue de 10.1 millones. Sin embargo, en 2007 se registra un presupuesto de 10.8 millones de pesos (mayor que el de 2011) pero al año siguiente disminuye a 4.4 millones de pesos.
Si son ciertos los datos que ofrece la dependencia –obtenidos por una resolución del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, luego de que la SEG no atendió en tiempo una solicitud de información- los recursos para la alimentación de los alumnos son bajísimos, ya que en 2005  se presupuestaban 2.2 millones de pesos anuales que equivalían a 17.90 pesos por alumno por día, si se calculan 500 alumnos durante 250 días en un año. El caso más dramático es el de 2008, cuando se tienen registrados 1.1 millones de pesos para alimentación de los jóvenes, lo que equivale a 9.1 pesos diarios.
Asimismo, el dinero destinado al mantenimiento del plantel es muy reducido. En 2005, 2008 y 2011, por ejemplo, la SEG no registra ninguna cantidad para este concepto, mientras que en 2009 y 2010 se tienen montos de 9 mil 300 y 2 mil 200 pesos, respectivamente. Hay un año atípico, 2007, en el que se invirtieron 678 mil 295 pesos.
Independientemente de estas cifras, personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos visitó el plantel y observó que “las condiciones de uso y mantenimiento en las que se encontraban (las instalaciones de la escuela) no cumplían con los requisitos de higiene y salubridad que permitiera la existencia de un ambiente digno y decoroso para el ejercicio efectivo de los derechos a la educación, protección a la salud, vivienda y desarrollo”.
Estos bajísimos presupuestos y situación de las instalaciones contrastan con el anuncio que hizo el gobernador del estado, en junio pasado, para destinar 30 millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura de la Normal Raúl Isidro Burgos.

La información como control

De acuerdo con el director de la Normal de Ayotzinapa, Humberto Santos Bautista, en el plantel trabajan 162 personas, de las cuales 52 son docentes y el resto son personal administrativo y de intendencia (veladores, médicos, cocineros). Los salarios que perciben son de lo más variado, ya que van de los 3 mil pesos mensuales que obtienen algunos empleados que están por contrato, hasta 30 mil pesos que ganan los profesores que se ubican en las categorías más altas y cuentan con tiempo competo.
Santos Bautista reconoció que a él no se le toma en cuenta para  el ejercicio de los recursos. “Hay un presupuesto global para la escuela, pero no se conoce exactamente a qué rubros se destina. Por ejemplo, además de la comida, hay gastos para uniformes deportivos, para la escolta y esto sale directamente de la SEG o esta misma dependencia hace las compras; pero hay otros rubros como los recursos que los chamacos reciben para clausura, su aniversario, para el día del maestro, para el día de las madres, etc., esto la secretaría lo negocia directamente con los estudiantes. No está mal que los estudiantes desarrollen sus capacidades autogestivas, pero hay que hacerlas trasparentes.”

Revisión al FAEB

El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) se integra con recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados para que éstos presten los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros.
Aunque son recursos “etiquetados”, es decir, destinados  a financiar acciones específicas del ramo educativo,  los gobiernos estatales con frecuencia los utilizan como propios. En el caso de Guerrero, según la revisión que realizó la Auditoría Superior de la Federación al FAEB del ejercicio 2010, el 4.1% del total de recursos ejercidos del FAEB se destinó a rubros que no corresponden a los fines de la educación básica o normal; y ejemplifica que 0.5% del total de trabajadores financiados con FAEB corresponde a personal que no imparte directamente educación básica y normal (304 trabajadores), de los cuales, 0.6% estuvo comisionado a las agrupaciones sindicales diversas (414 personas).
En términos generales, la ASF consideró que el gobierno del estado de Guerrero no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, y destacó los siguientes: pagos a centros de trabajo no financiables por el FAEB por 7.6 millones de pesos, pagos a trabajadores asignados en un centro de trabajo no localizado en el catálogo general por 128 mil 900 pesos; pagos a categorías no financiables con el fondo por 159.8 millones; pagos a personal que no contó con el contrato respectivo de honorarios y realizar pagos por compensaciones las cuales no se encuentran estipuladas en los contratos por 70.5 millones.
Asimismo, pagos por concepto de estímulos, bonos y compensaciones los cuales no son financiables con el fondo por 83.4 millones de pesos, pagos a empleados que contaban con algún tipo de licencia sin goce de sueldo por 2.7 millones; pagos a empleados que se encuentran comisionados a alguna sección sindical por 51 millones; pagos a empleados que cuentan con distinto nivel de carrera magisterial al reportado por 7.6 millones.
La ASF también reportó pagos de diversos gastos de operación a partidas no financiables con el fondo por 63.6 millones de pesos; pagos de cuotas SAR, FOVISSSTE de ejercicios anteriores a 2010 por 230.6 millones; pagos por concepto de intereses, recargos y actualizaciones de cuotas ISR, IVA, SAR, FOVISSSTE e ISSSTE de los ejercicios 2001 al 2010 por 44.4 millones de pesos, y pagos a 14 trabajadores comisionados al SNTE y no identificados como personal laboral por 5.4 millones de pesos.

La transparencia como demanda

La transparencia del presupuesto de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se ha convertido también en una demanda del pliego petitorio de los estudiantes de ese plantel, según se reseña en la información que publica el gobierno del estado en su página electrónica.
De acuerdo con esta fuente, en una de las reuniones de junio pasado entre autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero y el comité estudiantil de la normal se acordaron una serie de puntos, entre los que destaca que “se entregará (a los estudiantes) información sobre el presupuesto solicitado, asignado y ejercido para la Normal a partir de 2011, así como del que se entrega mensualmente para los gastos de la escuela en 2012”.
Durante esta reunión se acordó también “la entrega de información relativa a los presupuestos designados por las diversas dependencias que están vinculadas a la Normal, con la finalidad de fortalecer la transparencia en la aplicación de dichos recursos, además de que se deberá considerar en los presupuestos raciones para días inhábiles y guardias vacacionales para 200 alumnos”
Otro de los puntos fundamentales es la intervención que podrán tener los jóvenes en cualquier proyecto educativo que se realice en la escuela normal, pues acordaron que “los proyectos que atiendan la agenda educativa de la Normal de Ayotzinapa deberán ser conocidos por el Comité Estudiantil, y que se asegure su participación en el diseño y ejecución de programas académicos y actividades relativas a la calidad educativa de esa institución”.

Un proyecto educativo diferente

Además de la transparencia y de la rendición de cuentas de todas las actividades y recursos en la Normal de Ayotzinapa, otro de los factores para contribuir al fortalecimiento de la escuela es el desarrollo de un proyecto educativo diferente, que a decir de Santos Bautista, fue el motivo por el que aceptó hacerse cargo de la dirección del plantel.
“Un proyecto académico que incluya formación docente adecuada a las necesidades actuales, ya que Ayotzinapa es una escuela para formar maestros rurales en un estado eminentemente rural, pero paradójicamente con mucho desconocimiento de la situación rural por parte de maestros y funcionarios de la propia SEG. Y cuando digo que no conocen, no me refiero a las rutas o caminos, sino que culturalmente desconocen todo sobre estas comunidades, hay una desvinculación con el medio rural”
Agregó el directivo de la escuela normal que para desarrollar un proyecto de esta naturaleza es necesario conjuntar voluntades, pues si la sociedad no exige maestros mejor formados, si no exige transparencia en los recursos que se invierten, y si el gobierno no impulsa y apoya este proyecto, no se podrá avanzar mucho.
Este trabajo para diseñar y proponer un nuevo proyecto académico en la Normal de Ayotzinapa que impulsa Santos Bautista tiene su sustento en una de las recomendaciones emitidas por la CNDH al gobierno del estado: “Se revisen las políticas públicas en materia educativa, con el objetivo de que los alcances de éstas beneficien a todos los habitantes del estado de Guerrero, y se implemente un programa emergente que atienda las necesidades de las escuelas normales rurales, especialmente la “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa”.
“Lo que sí me queda claro –concluye Humberto Santos Bautista- es que si no hay un cambio en la educación para maestros no sé qué vaya a pasar con la institución, y no solo habló de Ayotzinapa, sino de todas las normales y de la educación en general. Creo se tiene la oportunidad histórica con base en la recomendación de la CNDH, y si la escuela logra transformarse, va a ser un referente no sólo estatal sino nacional. Desde luego es un cambio cultural difícil porque toca intereses, complejo por los diferentes actores que intervienen, pero no hay otra alternativa, debe darse ese cambio, esa transformación educativa integral en el que todos participen y que contemplen un proyecto vinculado a las necesidades del estado para que los alumnos encuentren un espacio de trabajo”.