La contraloría social en la UPOEG

Marcos Méndez Lara,  el Sur de Acapulco

En los pueblos y comunidades de Guerrero cada vez se manifiesta más la inconformidad y el descontento de la gente por las obras y servicios que los gobiernos de los tres órdenes le proporcionan a la gente, sobre todo en las poblaciones más apartadas.

Aunque las autoridades y los sindicatos respectivos lo nieguen o digan que no es un problema generalizado, hay miles de maestros que no cumplen con los días y horarios que debieran estar frente a grupo, además de muchas escuelas en pésimas condiciones.

En los centros de salud, lo cotidiano no solo es el ausentismo de médicos y enfermeras, sino la  carencia de lo más elemental como medicamentos y el equipo básico necesario para prestar una atención de calidad mínima.

En el ámbito de la infraestructura básica, los grandes problemas se resumen en escasez de obras, no concluidas o de mala calidad; un caso específico actual es el de las carreteras que están en proceso de construcción, en donde existen numerosos problemas, y los únicos perjudicados son los que serían beneficiarios.

Cada año, cientos de millones de pesos se despilfarran por la falta de planeación, porque no hay políticas públicas que contribuyan al uso eficiente y eficaz de los recursos y también por la corrupción. Todo esto en detrimento del disfrute pleno de los derechos a la salud, educación, seguridad, acceso a servicios básicos de miles de hombres y mujeres guerrerenses.

En este marco, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que tuvo su origen a partir del descontento por las altas tarifas eléctricas que se cobran en los pueblos, comenzó a procesar también aquella problemática tan frecuente en las comunidades rurales de Guerrero. Hoy día, por ejemplo, están acopiando información en comunidades donde tienen influencia (inicialmente listas de escuelas que presentan problemas de ausentismo) para presentarla y gestionarla ante las autoridades que correspondan.

Pero también han comenzado a manejar el término de contraloría social, como un mecanismo para vigilar que las obras y servicios a que tienen derecho se  concreten y se realicen bien. Es un avance importante, y en los siguientes pasos muy probablemente se encontrarán con los siguientes obstáculos:

1. No existe en el estado una normatividad fuerte que promueva la participación ciudadana en el control y vigilancia de las acciones gubernamentales, excepto la Ley de Participación Ciudadana, que no es adecuada para las condiciones del estado y privilegia las modalidades de participación ciudadana directa como el plebiscito, referéndum y la iniciativa popular –sospechosamente la revocación de mandato no la propone-. Pero es una ley muerta, que desde 2007 nadie usa.

Los pocos mecanismos de participación que contienen algunas leyes, como los comités de obra en el caso de la infraestructura social municipal, no tienen facultades más allá de hacer denuncias ante las instancias correspondientes sobre las irregularidades que detectaron; y generalmente dichas denuncias se pierden en la maraña de procedimientos y normas sin que logre modificarse o solucionarse la irregularidad denunciada. Así, ¿la contraloría social para qué?

2. La UPOEG coloca a los comisarios y delegados municipales como actores principales para realizar acciones de contraloría social. La desventaja es que éstos requieren de un proceso de sensibilización y formación intensivas que se perdería en el momento en que es electo otro comisario, si no se encuentran formas de preservar esta experiencia como crear consejos regionales de comisario y ex comisarios, comités comunitarios de apoyo a las comisarías, etc.

3. La prestación de servicios de calidad en educación y salud pasa necesariamente por los sindicatos de estos dos sectores. Se requieren acuerdos firmes no sólo con las autoridades, sino  también compromisos de parte de las organizaciones gremiales para lograr una mejor atención a la ciudadanía en las comunidades rurales.

4. Es un gran avance que la UPOEG tenga la intención de incidir en la calidad y la cantidad de obras y servicios que les proporciona el gobierno. Los retos que aquí se bocetan no son imposibles de superar y forman parte del trabajo que tienen por delante.

El modelo de transparencia del gobierno estatal

Marcos Méndez Lara, el Sur de Acapulco

La Coordinación General de Fortalecimiento Municipal (CGFM) recibió a finales de 2011 el reconocimiento de la Dirección General de Transparencia del gobierno del estado “por haber cumplido en tiempo y forma con la obligación de subir a su portal oficial la información pública [de oficio]”.

El boletín del Ejecutivo estatal que reseña esta noticia coloca a la Coordinación y a otras cuatro dependencias, como modelos de transparencia del actual gobierno, o por lo menos como las dependencias más avanzadas en esta materia. Veamos los asegunes del caso.

1. De ninguna manera puede afirmarse que se cumplió en “tiempo y forma” con la obligación de subir la información de oficio, pues independientemente del cambio de gobierno, esa información debió estar publicada de manera completa en el mes de noviembre de 2010.

2. En el portal de la CGFM se publican varios temas que si bien permiten cubrir el requisito formal, no son útiles para evaluar el desempeño ni para dar seguimiento a las actividades de esta oficina pública. Es el caso de los indicadores de gestión, que además de mal diseñados, no registran los avances de 2011.

También es el caso del presupuesto asignado a la CGFM, pues sólo se da a conocer el de 2011, y la ley especifica claramente que deben publicarse los tres últimos ejercicios fiscales, desglosados por programa, y además presentarse los informes cuatrimestrales sobre su ejecución.

Respecto a la cuenta pública, si bien es integrada y concentrada por la Secretaría de Finanzas y Administración, no se indica en dónde se puede localizar la que corresponde a la CGFM (la Sefina no publica en ningún sitio los informes de la cuenta pública general del estado de Guerrero aprobados por el Congreso del Estado).

Tampoco hay información sobre los contratos y proveedores, los servicios contratados ni los montos de las contrataciones de la dependencia, y si este registro corresponde a otra oficina, no hay ninguna referencia que lo indique o vincule con ella.

3. Hay mucha información desactualizada. Los tabuladores salariales, por ejemplo, corresponden a 2011, y los tabuladores de viáticos a 2010. No se aclara en ningún lado si éstos son vigentes en 2012.

Asimismo, hay cuatro temas del quehacer gubernamental que están pendientes de publicar, y además no se atienden los rubros de información adicional del Ejecutivo estatal que se indican en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

4. En septiembre de 2011, la CGFM y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Guerrero firmaron un convenio de colaboración “para que de una manera conjunta coordinen la elaboración y ejecución de diversas actividades y estrategias dirigidas al fortalecimiento de la cultura sobre la transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y la protección de datos personales”.

Para conocer cómo y en qué se avanzó respecto de este convenio, el 30 de enero de 2012 solicité a la CGFM las acciones realizadas, y escuetamente me respondieron  que “(…) en todas sus actividades internas y capacitaciones realizadas en las diferentes regiones del Estado, promueve la Transparencia, como un medio eficiente de comunicación y rendición de cuentas, así como un medio de publicación y difusión de sus programas, por lo que se exhorta a funcionarios municipales y ciudadanía, que usen los medios electrónicos”.

Hice la misma petición al ITAIG el 14 de febrero del mismo año, pero a diferencia de la Coordinación, sus respuestas fueron muy concretas y las acompañaron de documentos que comprobaban sus dichos.

5. Los ayuntamientos son los sujetos obligados más opacos del estado, y sin embargo, el gobierno del estado no tiene una estrategia para contribuir a su transparencia, por lo menos no desde la Coordinación de Fortalecimiento Municipal, que sería la dependencia natural para emprender un proyecto en esta materia.

6. Esos son algunos datos que opacan el reconocimiento que recibió la CGFM por su transparencia. Si ésta es la dependencia modelo de transparencia, cómo estarán las demás.

Marquelia en rebelión

Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco, 2 de marzo de 2012

El conflicto que se vive en el municipio de Marquelia entre comisarios municipales y autoridades del ayuntamiento es un asunto que se observa cada vez con más frecuencia en los municipios de Guerrero.

En los últimos años se pueden recordar varios movimientos ciudadanos en los que todas o la mayor parte de las llamadas autoridades auxiliares del ayuntamiento, es decir, los delegados y comisarios municipales se inconformaron por la manera en que sus autoridades ejercían los recursos públicos.

 Tal es el caso del Consejo Ciudadano Popular (2006-2007) en Atoyac de Álvarez, el Frente Amplio Ciudadano (2006-2008) de San Luis Acatlán o el Consejo Ciudadano (2006-2007) de Chilapa de Álvarez. Más recientemente (2010-2011) tenemos el movimiento de comisarios municipales de Atlamajalncingo del Monte, y hoy, al Consejo Consultivo de Comisarios Municipales de Marquelia.

La constante en todos estos movimientos es un profundo descontento en contra de su ayuntamiento por la falta de obras públicas u otras acciones de beneficio social en las localidades rurales (que a veces son el único beneficio colectivo directo que reciben de los gobiernos de los tres órdenes).

Estos movimientos han trascendido los límites del municipio porque se agotaron las posibilidades de acuerdo y negociación en el espacio municipal, y generalmente los comisarios acuden al Congreso y al gobierno del estado en busca de una respuesta a sus planteamientos.

La intransigencia que encuentran en los ayuntamientos los obliga a demandar el desafuero y juicio político para el presidente municipal, auditorías a todos los programas y acciones del gobierno municipal y también exigen que sean las localidades las que ejerzan parte de los recursos de obra pública.

Sin embargo, los diputados locales parece que tienen un acuerdo no escrito para no tocar a los presidentes municipales, pues únicamente se dedican a administrar este tipo de conflictos, darles largas, y desactivarlos; no actúan ni aunque se les presenten evidencias contundentes de las anomalías e irregularidades que comenten los ayuntamientos.

En Marquelia inicialmente eran dos las demandas fundamentales: la construcción de obras en las 16 localidades del municipio y la transparencia de los recursos. Sin embargo, el alcalde Joaquín Jesús Rico Santana, del Partido Verde Ecologista, maniobró para no atender las demandas de los comisarios del municipio, y el conflicto escaló.

Hoy esas demandas de transparencia y construcción de obras siguen vigentes, pues los comisarios exigen la “publicación y difusión del estado en el que se encuentra la situación financiera  y la cuenta pública del municipio de Marquelia, tanto en los faltantes de obra pública, como en la revisión y solución inmediata de los adeudos del ayuntamiento, incluyendo los laudos pendientes, para el conocimiento de los pueblos de Marquelia y del pueblo de Guerrero”.

Pero también “la ejecución inmediata del programa de obras autorizado por el ejecutivo del estado para los pueblos y comunidades”, y solución “a la problemática integral del agua potable y del drenaje sanitario en la cabecera municipal”.

Y ante la desatención del gobierno local, plantean el desconocimiento del presidente municipal (a través de la figura de revocación de mandato) y acción penal en contra de él y de su cabildo  “por la malversación y desviación de los recursos del erario público del municipio”.

El riesgo de que no se cumplan las principales demandas de los comisarios municipales es muy alto, pues la mayor parte de ellas le corresponde atenderlas al Congreso del Estado, dados los antecedentes de su actuación en este tipo de conflictos y en particular, por el momento actual en que se está desmantelando el  órgano legislativo (se han suspendido varias sesiones por falta de quórum) por la desbandada de diputados que tienen la mira en las elecciones de julio próximo.

Es lamentable que este tipo de conflictos no sean resueltos, y que la única autoridad que puede intervenir, el Congreso del Estado, tenga una actitud pasiva y evasiva. Eso da el mensaje para que otros presidentes municipales hagan lo mismo con toda impunidad.

¿Cómo se puede construir la institucionalidad en Guerrero para que las y los ciudadanos no tengan que salir a las calles a bloquear carreteras para exigir sus derechos? 

Fraude electrónico a la transparencia

Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco

La opacidad informativa en el ámbito público está ganando mucho terreno en el estado, y hoy los recursos electrónicos también están sirviendo para dificultar o de plano bloquear la obligación que tienen las oficinas públicas gubernamentales de informar amplia y permanentemente a las y los guerrerenses.

Los portales electrónicos son un recurso muy útil y de bajo costo para hacer llegar información pública a amplios sectores de la población. Sin embargo, hoy vemos que se emplea precisamente para lo contrario, es decir, para evitar que la gente se entere de lo que hace el gobierno.

1. Hay un notorio retroceso en cuanto a lo que publicaba en su portal electrónico el Ejecutivo estatal anterior y la información que hoy encontramos en esas páginas. De hecho, a excepción de los directorios y organigramas y otras informaciones que necesariamente tuvieron que modificarse con el cambio de gobierno, casi todo lo que se publica hoy en estos sitios web es información que se creó y “subió” en el gobierno anterior, y que al consultarse hoy tienen el agravante de que los datos evidentemente están desactualizados.

El retroceso también se expresa en que los operadores de las páginas electrónicas, que deberían publicar información útil sobre el quehacer de las dependencias públicas, ya encontraron el modo para trasladar a los medios electrónicos las estrategias que emplea la burocracia para disuadir, ablandar o ignorar a un ciudadano exigente de sus derechos que se planta en sus oficinas.

Es decir, casi todas las entidades públicas del gobierno del estado “cumplen” con el requisito de publicar la información de oficio, pero ninguna realmente lo hace, porque los operadores utilizan sus conocimientos para diseñar y operar la simulación.

Por eso encontramos muchos vínculos rotos o que no llevan a la información que indican las etiquetas, información “chatarra” que no es útil a nadie o páginas que no abren y bloquean las computadoras. O sea, muchas formas que tienen el propósito de desalentar a cualquier interesado que busca la información generada por su gobierno.

2. En el ejercicio del derecho de acceso a la información, el fraude electrónico también está siendo cada vez más frecuente. El procedimiento que hemos observado es más o menos así.

En Guerrero contamos con un sistema electrónico para la recepción y respuesta automatizadas a solicitudes de información pública que presentan las y los ciudadanos a las dependencias del Ejecutivo estatal. Para utilizar este recurso, es necesario registrarse y crear una cuenta que le permita entrar al sistema y revisar el estado de sus solicitudes.

A partir de la puesta en marcha del sistema InfoGro en febrero de 2011, las solicitudes de información se dispararon; de 221 que en promedio recibía cada año el gobierno del estado, en 2011 se incrementaron a poco m{as de mil en once meses, es decir más de cuatro veces.

Son evidentes pues, las ventajas de este sistema electrónico, que permiten a las y los ciudadanos hacer solicitudes de información sin hacer acto de presencia en las muchas veces truculentas oficinas públicas.  

Sin embargo, estos beneficios que proporciona el InfoGro son anulados cuando las respuestas que emiten las dependencias son para negar la información sin ninguna justificación.

Las argucias que utilizan son: responder que la información solicitada se encuentra disponible en la página web, y no lo está.

Asimismo, decir que la información está en posesión de una dependencia diferente, como fue el caso de la Secretaría de Desarrollo Rural, a la que se le solicitó la entrega del Libro Blanco de la dependencia, pero respondió que esa información no la tenía la Seder, sino en la Secretaría de Finanzas y Administración.

Y en otras ocasiones responden con la misma pregunta que uno le hace a la dependencia, tal vez con el fin de que se registre como respondida la solicitud en el sistema.

Todas estas argucias no son errores involuntarios, sino estrategias dolosamente operadas, que ameritan sanciones para los responsables, como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del estado de Guerrero.

Es necesario ya comenzar a denunciar formalmente a los servidores públicos que están obstruyendo el ejercicio de este derecho.

Transparencia y los diálogos por la paz y la convivencia

Marcos Méndez Lara, el Sur de Acapulco

La Jornada Diálogos por la Paz y la Convivencia, realizada la semana anterior en Acapulco, fue un muy buen ejercicio de participación ciudadana, organizada por agrupaciones civiles, instituciones educativas y personas a título personal de Acapulco, con un formato que permitió expresar a toda persona que lo quiso, sus puntos de vista, comentarios, opiniones y propuestas.

Al foro no llegó el número de personas que se esperaba, y la asistencia fue más bien escasa. Sin embargo, aunque es deseable que un buen número de personas se involucre e interese en la gestión de sus problemas, la participación de las y los ciudadanos generalmente no se da a la primera ni masivamente, porque es un proceso, a veces muy largo, de sensibilización y convencimiento.

La poca asistencia del sábado anterior también se explica por la naturaleza de los problemas que se abordaron, relacionados con la violencia, la inseguridad, la impunidad, la violación a los derechos humanos, pues la gente prefiere no estar visible ni expresar sus denuncias de manera pública, por seguridad, por su incredulidad en los aparatos de procuración y administración de la justicia.

Para los medios de comunicación la jornada también pasó inadvertida, y es explicable porque para la lógica periodística, un proceso de articulación de ciudadanos no es “nota”, pero en el contexto de la participación ciudadana sí es algo trascendente como ejercicio en el que no hay personajes públicos visibles o funcionarios a quien tomarles declaración, sino la predominancia de ciudadanos y ciudadanas.

En dos mesas de trabajo, las 70 personas que participamos abordamos temas muy cercanos a la gente en estos tiempos, como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la seguridad pública, educación y cultura para la paz, derechos humanos y atención a víctimas de la violencia, transparencia y rendición de cuentas.

Desde luego, hubo diversidad de expresiones, desde aquellos que hicieron una denuncia sobre lo que está sucediendo en su familia, barrio o colonia por la violencia y la inseguridad, hasta propuestas de solución muy generales sobre la situación en el estado y específicas sobre cómo atacar problemas muy puntuales.

En casi todas las participaciones, verbales y escritas, hubo un denominador común: la ausencia del Estado para garantizar los derechos sociales, económicos y ciudadanos de las y los guerrerenses; es decir, los tres órdenes de gobierno no han sido capaces de establecer las condiciones mínimas para que la gente viva en paz, con seguridad, con un trabajo digno, educación, salud.

Pero también las distintas expresiones en el foro tuvieron en común el llamado a las y los ciudadanos para presionar y exigir que esos gobiernos y sus instituciones cumplan con su responsabilidad de garantizar derechos, y esto puede lograrse mediante diferentes formas de participación ciudadana.

En la mesa de transparencia y rendición de cuentas se comentó que para incidir (modificar, mejorar) lo que hace el gobierno, es necesario, primero, tener información. El diagnóstico presentado en este tema es que las dependencias públicas del estado son opacas, obstaculizan el acceso a la información y no rinden cuentas.

Como formas específicas de participación ciudadana que pueden tener consecuencias en los programas y acciones de gobierno se propusieron observatorios ciudadanos, monitoreos y vigilancia a través de contralorías sociales.

Asimismo, mecanismos verticales de rendición de cuentas, en los que los gobiernos informen y justifiquen sus acciones ante las y los ciudadanos, para que éstos analicen y juzguen los actos gubernamentales. 

Fueron muchas las propuestas en este primer foro ciudadano, quizás todavía muy generales; será un gran reto traducirlas a propuestas más específicas y sobre todo, ponerlas en práctica. 

Otra vez reprueban municipios en transparencia

Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco

Ayer se presentaron los resultados obtenidos por el Colectivo Cimtra (Ciudadanos por municipios transparentes) luego de aplicar una evaluación a la transparencia de 30 municipios del estado de Guerrero. En términos generales, las calificaciones no son de ninguna manera optimistas, ya que el mayor puntaje que obtuvo un municipio guerrerense (Acapulco) fue de 20 (en una escala de cero a 100), siguiéndole Chilpancingo con 18 puntos, Taxco con 13, San Marcos 12, Chilapa 11 y Huamuxtitlán con 10.

De ahí en fuera, los 24 municipios restantes tuvieron calificaciones debajo de los 10 puntos destacando entre ellos Juan R. Escudero y Atlamajalcingo del Monte, que obtuvieron cero puntos, y Florencio Villarreal, San Luis Acatlán, Tlacochistlahuaca, Xochistlahuaca, Alcozauca, Malinaltepec, Alpoyeca y Benito Juárez, que solo tuvieron un punto de cien posibles.

La realidad de los municipios del estado es cruda: 20 por ciento de los municipios evaluados cumple apenas entre 10 y 20 por ciento de sus obligaciones de transparencia; 13 por ciento de los ayuntamientos se ubica entre cinco y 10 por ciento de cumplimiento; y 67 por ciento no llega ni a cinco por ciento de lo que deben transparentar.  

Se pueden observar diferentes comportamientos a lo largo de las cuatro evaluaciones que Cimtra ha aplicado desde noviembre de 2009.

Por ejemplo, Acapulco es un municipio que va en picada respecto de la transparencia de su quehacer gubernamental, ya que en la primera aplicación tuvo 35 puntos, bajó a 22 y hoy tiene solo 20 puntos. Chilpancingo también ha tenido un comportamiento errático, pues llegó a alcanzar 31 puntos, luego descendió a 10 y en la evaluación actual tiene 18. Iguala es un municipio que bajó de 11 puntos en la primera evaluación a 3 en la actual.

Hay otros ayuntamientos que al contrario, han “mejorado” la transparencia de lo que hacen, como es el caso de San Marcos, que de 6.9 subió a 12 puntos, Chilapa, que dio un salto de 3.9 a 11 puntos, y Huamuxtitlán, que de cero pasó a 10 puntos.

Hay muchos otros casos de municipios  en los que se observaron mejoras marginales de uno o dos puntos arriba de lo que tenían en su anterior evaluación, tal es el caso de Tlapa, Alcozauca y Copala.

Aun cuando la mayoría de los municipios evaluados obtuvieron mejores puntajes que en las aplicaciones anteriores, esto no significa que deben echar las campanas al vuelo, pues hay que dimensionar la escala que se utiliza, que es de cero a 100, lo que significa que los avances son irrisorios e insuficientes para hablar de municipios transparentes.

Si los presidentes municipales de Guerrero tuviesen la convicción de promover una política de transparencia en sus municipios, no estaríamos hablando de incrementos de uno o dos, sino de por lo menos 70 u 80 puntos. Por lo que es muy probable que los aumentos observados en esta edición sean solamente circunstanciales, y no se deban a una intención deliberada.

Este diagnóstico, que confirma el talante de los ayuntamientos guerrerenses respecto de la transparencia, nos coloca ante un reto de gran tamaño: qué hacer para que los ayuntamientos informen, sean transparentes y rindan cuentas de lo que hacen, pues está visto que no es suficiente con las normas que hay en la materia.

El reto se hace más complejo al considerar que por sí sola, la transparencia no resuelve problemas ni contribuye a que las y los ciudadanos mejoren su calidad de vida. Por lo que también, como un asunto pendiente, está el desatar procesos pedagógicos en la ciudadanía para que la información sea útil a las personas en particular y a colectivos como organizaciones sociales, grupos de colonos, sindicatos, etc., en el ejercicio de sus derechos. Si no atendemos esta segunda parte, de nada sirve que haya municipios transparentes.

De todo.  Muy lamentable el asesinato de dos jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; urgen investigaciones convincentes y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este hecho deleznable. Pero también se requiere resolver a fondo los problemas que aquejan a esa y a otras muchas escuelas del nivel medio superior y superior, así como procurar más espacios educativos para miles de jóvenes que lo están demandando. Con esto se contribuye no solo a evitar episodios como el del 12 de diciembre, sino se consiguen propósitos de más largo alcance como quitar el crimen organizado como la opción más cercana a los jóvenes.   

http://transparenciaguerrero.blogspot.com/

Las deudas de los municipios

Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco

Hace unos días se nos hizo creer que era un acto de solidaridad y de buena voluntad, el adelanto de recursos que dio el gobierno del estado de Guerrero (a cuenta de las participaciones de 2012), a varios ayuntamientos del estado, para el pago de aguinaldos de su personal.

“Hoy lo menos que podemos hacer, es ser solidarios con ustedes. En la medida de lo que yo pueda hacer (…), los apoyaré siempre porque entiendo perfectamente las penurias, la situación por la que pasan durante el fin de año”, dijo un condescendiente gobernador Ángel Aguirre Rivero a los alcaldes que estiraron la mano.

Sin embargo, detrás de este acto hay una gran irresponsabilidad de los ayuntamientos, pues cuesta trabajo creer que no hayan hecho un mínimo ejercicio de planeación y programación de su presupuesto; ni tampoco que no supieran que los trabajadores, funcionarios y ellos mismos como alcaldes cobran aguinaldo los fines de año, que fue el argumento para solicitar el préstamo.

Con este adelanto de las participaciones correspondientes a 2012 simplemente están abriendo un boquete a las finanzas del próximo año, y las opciones no serán muchas: o imponen restricciones y austeridad en el gasto para no continuar y corregir el déficit, o dejan una gran deuda a los gobiernos municipales que entrarán en 2013.

Las deudas y en general, la hacienda pública de los municipios de Guerrero, son asuntos que hasta hoy no se han hecho transparentes, es decir, no se informan a la ciudadanía, aunque son parte esencial para concretar y hacer posible el ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos.

En los últimos años, adquirir deudas (sean “adelantos” a cuenta de las participaciones federales o préstamos con la banca comercial y de desarrollo) se está convirtiendo en una práctica a la que recurren con mucha frecuencia los gobiernos estatales y municipales, pero no precisamente para financiar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de la población.

En el caso de los estados, tenemos el escandaloso caso de Coahuila, que con el recientemente defenestrado presidente del PRI nacional como gobernador, incrementó la deuda estatal de poco más de 300 millones cuando tomó el poder a 33,800 millones de pesos cuando salió.

Pero los municipios también comienzan a hacer la competencia. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda municipal nacional ascendió a 37 mil 673.9 millones de pesos en el primer trimestre de 2011, y son 23 municipios, de los casi 2,400 que hay en México, los que concentran 50 por ciento de la deuda total municipal.

Los municipios con los mayores niveles de deuda al 31 de marzo fueron Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Benito Juárez, Quintana Roo y Nuevo Laredo.

En el caso de Guerrero, Acapulco es el municipio que sobresale por el nivel de su deuda, ya que alcanza los 557.3 millones de pesos al 31 de marzo. Otros municipios fuertemente endeudados son Zihuatanejo con 78.6 millones de pesos; Chilpancingo, con 43.6 millones; Ayutla, 27.9 millones; Iguala, 20.8 millones, Coyuca de Benítez con 16.3 millones; Tecpan, con 16.9 millones; y Coyuca de Catalán, con 16.3 millones.

En total, son 43 los municipios guerrerenses que tienen una deuda global por 1,044.7 millones de pesos, cuya repercusión inmediata será la falta de obra pública, ineficaz prestación de servicios y falta de dinero para lo más elemental en los ayuntamientos.

Así es que el famoso adelanto para los aguinaldos que pidieron muchos ayuntamientos no es un acto de buena voluntad, sino una práctica perniciosa (una forma de deuda) cada vez más extendida.

De todo. Invitamos a los lectores a contribuir con sus comentarios y opiniones a la construcción de un blog sobre la transparencia y la rendición de cuentas en Guerrero. La propuesta inicial está en http://transparenciaguerrero.blogspot.com/... La asociación civil Comunicación para el Desarrollo Comunitario, de la que somos integrantes, obtuvo una mención honorífica en el premio nacional de contraloría social, por el trabajo "La contraloría social en el ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal en Guerrero".

Ley de Desarrollo Rural, caso exitoso

Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco

Hace unos días entró en vigor la nueva Ley número 814 de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Guerrero; ponderamos su proceso de creación en meses pasados -cuando aún estaba en discusión en el Congreso del estado- como un interesante ejercicio de incidencia ciudadana en las etapas de la definición de la agenda y de diseño de políticas públicas, o, en este caso, de una ley sectorial, ya que ésta fue concebida desde las bases por varias organizaciones campesinas del estado a través de mecanismos como foros, reuniones, cabildeos, conferencias de prensa, etc. Es una experiencia -al parecer única en el estado- que merece documentarse y sobre todo, multiplicarse hacia otros sectores populares.

Independientemente del proceso que culminó con la aprobación de la ley por el Congreso del estado -que por sí mismo tiene su propio valor-, en una revisión a vuelo de pájaro, la ley destaca por varias consideraciones que es pertinente mencionar:

1. Comienza la ley con una idea que pareciera evidente, pero hay que aquilatarla en su justa dimensión por que establece una visión diferente del desarrollo: el objeto de la ley es “la instauración de un marco jurídico donde se asuma el diagnóstico y la planeación participativa del territorio, como punto de partida para el desarrollo de actividades agropecuarias, pesqueras, forestales, acuícolas.”

2. La inclusión de la participación de los diversos actores rurales en procesos clave de la política estatal hacia el campo es quizás uno de los mayores logros de esta legislación. El artículo ocho, por ejemplo, describe que “La planeación y el seguimiento de las acciones de desarrollo rural sustentable en el estado de Guerrero considerará la participación informada, democrática y corresponsable de los distintos actores rurales”. Antes, éstas eran facultades exclusivas de la “comisión intersecretarial” integrada solamente por representantes gubernamentales.

3. Reactivación del Consejo Guerrerense de Desarrollo Rural Sustentable y modificación de su integración. De entrada hay que celebrar que este Consejo sea “la instancia en donde se exponen y aprueban las propuestas de políticas y programas de desarrollo rural”. Pero también será una instancia para la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de documentos normativos y programáticos clave como el Plan Estatal de Desarrollo Rural Sustentable (en coordinación con las dependencias estatales, federales y de los municipios; y para analizar y aprobar el programa operativo anual que presente el Ejecutivo estatal para el sector.

Tan importante como lo anterior, será su nueva conformación, ya que la nueva ley coloca en un lugar destacado la representación de los productores del campo, y no como en la anterior, en donde con poco tino se mencionaba que al consejo “podrán” integrarse los representantes de las organizaciones de productores, comercializadores, prestadores de servicio y demás organizaciones y agentes”.

En los consejos municipales, la legislación establece un mejor posicionamiento de las organizaciones de productores, y con esto evitar que sean cotos exclusivos de los presidentes municipales. Pero sobre todo que realmente funcionen con criterios productivos, ambientales, de desarrollo, y no clientelares.

4. Comité de consulta técnica. Este organismo auxiliar del consejo guerrerense de desarrollo rural sustentable indudablemente será útil para despolitizar las decisiones que se toman en torno a las políticas públicas hacia el campo. La opinión objetiva, científica de expertos, respaldada por estudios e investigaciones, dará una mayor certeza a las decisiones que se tomen en este órgano colegiado tan diverso y plural como es el consejo. 

En fin, la ley promete mucho, y dependerá de las agrupaciones que la impulsaron, aglutinadas hoy en el Foro Permanente de Organizaciones Campesinas, que se dé cumplimiento a lo que ahí se establece.

Ojalá este primer paso que dio con éxito, sea sólo el primero de una serie que se requieren, por el bien del campo de Guerrero.

Los desvíos en el Igatipam, encubiertos por la opacidad

Marcos Méndez Lara, Elo Sur de Acapulco

En días pasados, el director del Instituto Guerrerense de Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, Alejandro Arcos Catalán, informó que del orden de 6,585 beneficiarios del programa Pensión Guerrero (13.1% del padrón) fueron dados de baja por diferentes irregularidades detectadas, entre ellas, por cobrar al mismo tiempo en otros programas federales y municipales, porque no cumplían con la edad mínima para ser beneficiario o porque presentaron documentación falsa.

Coincidentemente, hace cuatro años y ocho meses, el primer director del Igatipam del gobierno anterior,  Apolinar Ramos García, daba la noticia, también en una conferencia de prensa, sobre la baja de 3,000 adultos mayores porque se descubrió que tenían solvencia económica y éstos fueron incluidos en el padrón por “influencia de funcionarios de la administración pasada (la del gobierno de René Juárez Cisneros).”

Es decir, nos encontramos ante la misma historia: personas que están cobrando irregularmente con el apoyo, anuencia, complicidad u omisión de funcionarios del gobierno; y la denuncia de las autoridades vigentes en contra de sus predecesoras.

¿Qué debe hacerse para que el director del instituto de la próxima administración estatal no convoque a una conferencia de prensa para anunciar la baja de miles de adultos debido a la corrupción, en su caso, de funcionarios del actual gobierno?

No sabemos si se están implantando controles efectivos para evitarlo –y además si se sancionará a los servidores públicos involucrados de todos los niveles-, pero mi experiencia personal es que hasta hoy, no existe la disposición de hacer transparente la información, que es una forma de que las y los ciudadanos por lo menos observaríamos lo que sucede ahí adentro.

Con base en la Ley de transparencia y Acceso a la Información, solicité a principios de octubre los libros blancos de los programas que opera el Igatipam correspondientes a la administración del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo; así como los informes de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo del Igatipam, de 2005 a la fecha.

De estas peticiones no obtuve respuesta en el tiempo que marca la ley, por lo que presenté un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, que actualmente está en proceso de trámite.

A la Contraloría General del Estado le solicité los informes del comisario público de esta dependencia adscrito al Igatipam, pero me respondieron que de “2005 a 2008 no se designó comisario a ese organismo, sino hasta el 2009, siendo a partir de este año que contamos con información, asimismo le hago de conocimiento que dicha documentación no puede ser proporcionada, debido a que el expediente de los informes está clasificado como reservado”.

Esta información es clave para comenzar a desentrañar las irregularidades de Igatipam, ya que dos de las funciones que deben realizar los comisarios públicos, según el reglamento interior de la Contraloría, son “vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable de los las entidades paraestatales, órganos administrativos desconcentrados, organismos públicos de participación social y demás órganos afines, donde se encuentren adscritos (…)” y “evaluar los sistemas de control interno de la entidad de su adscripción, a efectos de detectar con oportunidad posibles fallas de control y proponer las acciones correctivas que correspondan, así como impulsar una gestión de calidad e innovación que favorezca la optimización de recursos, la simplificación administrativa y la transparencia, a fin de prevenir actos de corrupción”.

Por otro lado, si se revisa la página electrónica de la institución, se observará que tampoco existe la información pública obligatoria que establece la Ley de Transparencia estatal.

Todos estos elementos me permiten suponer que el Igatipam sigue siendo una institución opaca, pues hasta hoy, no es posible tener acceso a la información de lo que ahí sucede, y de seguir así, cada sexenio presenciaremos una conferencia de prensa donde se denuncia el desvío de recursos públicos, en detrimento de miles de personas adultas mayores que urgentemente necesitan el apoyo.

¿Corrupción en la SEDER?

Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco

Dentro de la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero hay claroscuros sobre lo que sucede en sus dependencias en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Por un lado, la Contraloría General del Estado organizó tres talleres de capacitación con el tema “Acceso a la información pública y contraloría social”; uno de ellos, el que fue dirigido a ciudadanos integrantes de organizaciones sociales y civiles y también a personas sin ninguna filiación, fue un verdadero foro para ventilar lo que piensa la gente sobre el tema.

Lo más destacado de este encuentro fue el reconocimiento, de parte de los funcionarios presentes, de la situación que guarda la transparencia y la rendición de cuentas en el estado, que a decir de las y los que expresamos nuestra opinión, hay un diagnóstico pesimista.

Sin embargo, por sí misma, esta aceptación es hasta cierto punto un paso adelante, dada la cantaleta de meses y años anteriores, de querer aparentar que el estado se ubicaba entre los adelantados en la materia; y puede significar todavía mucho más, si esos mismos funcionarios ponen manos a la obra y proponen y empujan propuestas que permitan realmente avances en el control y vigilancia ciudadanos.

La nota opaca la dio esta semana la Secretaría de Desarrollo Rural. En días pasados, representantes de comités comunitarios de Marquelia, Copala, Ahuacotzingo, Coyuca de Benítez, Zitlala, Martir de Cuilapa, Chilapa y Ometepec, denunciaron que fueron presionados por funcionarios de esta dependencia para obligarlos a contratar a determinadas empresas para la construcción de obras.

El programa al que se refieren los quejosos es el de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) -uno de los programas de la Sagarpa en los que participa el gobierno del estado- cuyos lineamientos operativos para la aplicación de recursos, publicados en la propia página electrónica de la Seder, establecen claramente que “los apoyos que se otorgan son subsidios que se entregan directamente a los beneficiarios para que por su cuenta realicen las inversiones autorizadas”.

Es decir, los recursos del programa COUSSA deben ser recibidos por los beneficiarios y ellos tienen el derecho a decidir de qué manera los ejercen: en forma directa o por administración; por contrato con una empresa especializada; o por combinación de ambas.

Por ello es inaceptable cualquier tipo de presión que les condicione la manera en que deben gastarlos. Los denunciantes ya presentaron una queja ante la Secretaría de la Función Pública, pero sería también pertinente que la Contraloría General del Estado vigilara este proceso.

También en días pasados circuló en las redes sociales una denuncia en contra de funcionarios de la misma Seder. A mi correo personal llegó un señalamiento en contra del subsecretario Humberto Rafael Zapata Añorve, Subsecretario de Ganadería de la Seder por presuntos actos de corrupción dentro del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura; servidor público, que según el correo, es primo del gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Dice el texto, que el funcionario visita a los beneficiarios de los proyectos de obras de infraestructura aprobadas y los obliga “a que contraten la ejecución de sus proyectos con la empresa constructora que dirige Jaime Alarcón, bajo el argumento de que es un hombre de mucha experiencia y de mucha confianza del C. Gobernador”.

Y en seguida enumera una lista de 60 proyectos, cuyos montos van de los 205 mil a los tres millones de pesos, pertenecientes a beneficiarios que supuestamente fueron visitados por Zapata Añorve para presionarlos sobre la empresa que deben contratar.

Si son reales o no estos señalamientos –que también involucran al Sudelegado federal de Conapesca y al Gerente de Sanidad Acuícola de la misma dependencia- corresponde a los órganos de control y vigilancia federales y estatales investigar y determinar lo conducente.

Sin embargo, sí es muy importante que la información que se genere sobre estos casos se difunda públicamente, ya que contribuirá a generar credibilidad en las instituciones y en los aparatos de control y vigilancia. Que se establezcan hoy medidas de control para no lamentarlo mañana.