Oportunidad para la rendición de cuentas

Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco

Recientemente el gobierno del estado y la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal firmaron un convenio que busca “fortalecer los sistemas de control y evaluación de la gestión pública estatal y municipales, con el fin de lograr un uso eficiente, oportuno, transparente y honesto de los recursos que las dependencias y entidades de la administración pública federal les asignan”. (http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/06/31-Acuerdo-SFP-EdoGro-22sep11.pdf)

Las noticias que nos han llegado respecto a cómo se ejerció el dinero en la administración anterior, en rubros específicos como salud y educación, son argumento suficiente para dar un seguimiento puntual a este acuerdo, pues si de algo debe servir esa experiencia, es para cuidar que no vuelva a repetirse.

1. Este acuerdo puede convertirse en la carta de presentación del gobierno de Ángel Aguirre en materia de rendición de cuentas; dependerá de los mecanismos que se establezcan para concretarlo, y desde luego, de la eficacia de éstos, el adjetivo con el que se recordará a la administración actual. El peor escenario es que el acuerdo solo sirva como pantalla para simular que hay transparencia y rendición de cuentas.

2. Una acción relevante, y que no está incluida dentro del acuerdo, es que se establezca un mecanismo abierto de información con la ciudadanía sobre las acciones y avances que se tengan. Sería absurdo que se ocultara este tipo de información que generan dos dependencias (SPF y Contraloría General del Estado) dedicadas precisamente a que los recursos públicos se ejerzan con transparencia.  

3. El acuerdo firmado por la SFP y el gobierno del estado, tiene limitantes, una de las más importantes es que los recursos federales provenientes del Ramo general 33 “Aportaciones federales para entidades federativas y municipios”, así como las aportaciones para el sistema de protección social en salud, no son objeto de las acciones conjuntas a que se refiere el instrumento que comentamos.

Esto significa, traducido a pesos, que sólo en el caso del Ramo 33, del orden de 21,415 millones de pesos quedarán fuera de las acciones que se establezcan como resultado de este acuerdo, es decir, alrededor de 58 por ciento de los recursos federales que se ejercerán en Guerrero en 2011 no están considerados para el control y evaluación que se indica en este convenio.

En contraparte, alrededor de 13,276 millones de pesos, provenientes del gobierno federal, son los que estarían sujetos al control y evaluación dentro del marco del acuerdo, según cálculo hecho a partir del decreto 640 de Presupuesto de Egresos del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2011.

4. El acuerdo incluye un compromiso que asume el gobierno del estado para “promover la incorporación de la figura del testigo social en la normatividad local en materia de contrataciones públicas”. La inclusión de esta figura de control ciudadano por sí misma es relevante, aunque hay que esperar el peso específico y los “dientes” que les dará el gobierno del estado para realizar su trabajo.

La figura no es nueva en México; se ha promovido en la administración pública federal, incluso existe un acuerdo emitido por la SPF para regular su funcionamiento y describir sus alcances (http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/comunes/testigo.htm)

Los testigos sociales pueden participar con derecho a voz durante las contrataciones de las dependencias a solicitud de éstas o a petición de los propios testigos; y las dependencias deben proporcionar todas las facilidades y documentación que soliciten, salvo la considerada como reservada o confidencial en términos de la ley, para emitir recomendaciones.

5. El acuerdo incluye el compromiso de la SFP y del gobierno del estado de promover y dar seguimiento a las acciones de contraloría social que promueve la SFP, tanto a nivel estatal como en los municipios.

En este punto será interesante conocer los alcances que le dará el gobierno del estado a esta importante vertiente del acuerdo, que es la promoción de contralorías sociales. A la fecha, sabemos que no han tenido una participación destacada, y más bien han funcionado como organismos decorativos, por lo que este acuerdo puede ser el punto de partida para dar un impulso real a estas figuras de participación ciudadana.

Reportajes

Un sexenio sin transparencia ni rendición de cuentas

Marcos Méndez Lara

Hace seis años, un 28 de septiembre, el Congreso del Estado de Guerrero aprobó la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero; pero la pregunta inevitable es si esa norma ha contribuido a que el estado tenga mejores instituciones públicas, que informen y rindan cuentas a la ciudadanía, que ofrezcan obras y servicios de más calidad y que contribuyen al ejercicio de los derechos sociales, económicos y ciudadanos de las y los guerrerenses. La respuesta categórica es no.

Son varias las causas de esta pobreza en transparencia y rendición de cuentas, entre ellas, la inacción de las instituciones que pudieron haber jugado un papel relevante en la promoción en estos años: gobierno del estado, Congreso local y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero (ITAIG). Hoy los resultados están a la vista: sujetos obligados que incumplen la ley, “transparencia” simulada, reducido ejercicio ciudadano de estos derechos…

Las cuentas alegres

De acuerdo con las cifras del ITAIG, del 16 de junio de 2006 al 31 de diciembre de 2010 las y los ciudadanos presentaron un total de 14,027 solicitudes de información. Sin embargo, hay muchas dudas respecto de estos números, pues se ha demostrado que buena cantidad de éstas no corresponden a peticiones informativas, sino a solicitudes de obra, empleo y gestiones diversas, que los ayuntamientos incluyen en sus registros como solicitudes de información.

Este sobre registro de solicitudes solo es útil para simular una realidad que no existe en el estado. ¿Es creíble que en ayuntamientos como Azoyú, Zirándaro, Iliatenco o Tecoanapa se hayan presentado respectivamente 1719, 1321, 291 y 357 solicitudes de información a lo largo de un año, cuando el promedio de las que reciben todas las dependencias del gobierno del estado –en donde se lleva un registro más riguroso- apenas alcanza las 262 anuales?

Dar como buenas y difundir estas cifras respecto el ejercicio de acceso a la información sólo contribuye a tener un diagnóstico equivocado y a reforzar un discurso de que en el estado hay o se avanza en la transparencia.

Otros datos que no “cuadran” son el número de quejas interpuestas ante el ITAIG. Según el órgano garante guerrerense, en cinco años se presentaron solo 160 quejas, que equivalen a 1% del número de solicitudes presentadas.

Si se atienden estas cifras, parecería que los sujetos obligados de Guerrero tienen una enorme disposición para cumplir con sus obligaciones; sin embargo, la experiencia de la mayoría de quienes han tratado de hacer efectivo su derecho a la información, sabe que eso está lejos de ser verdad.

 La historia opaca de los ayuntamientos

Los ayuntamientos tanto del trienio pasado como las administraciones actuales son los sujetos obligados más reacios a entregar información o proclives a retardarla.

Hay varios indicadores que los señalan como los más opacos. Por ejemplo, de acuerdo con cifras del ITAIG, de las 165 quejas presentadas, más de la mitad (53%) correspondieron a los  ayuntamientos.

En su evaluación más reciente (marzo-abril de 2011),,  el grupo Ciudadanos por Municipios Transparentes –integrado por ONG, instituciones académicas y ciudadanos-, los municipios guerrerenses obtuvieron en promedio 2.8 de calificación, en una escala de 100, siendo el mejor evaluado Acapulco, que obtuvo apenas 23 puntos, muy lejos de municipios como Chihuahua (90), Puebla (90) o Tamazula, Jal. (79).

El colectivo Cimtra a nivel nacional evaluó en este periodo a 98 municipios de 13 estados. Entre los 30 últimos lugares, 24 correspondieron a Guerrero. 

Asimismo, en su más reciente informe de labores, el ITAIG destaca que 43 ayuntamientos (53% del total) no cumplieron su obligación de entregar un informe anual de las solicitudes de información, lo que es indicativo del poco interés y voluntad que tienen por estos asuntos.

Por su parte, la Auditoría General del Estado en su página electrónica indica que a septiembre, todavía 13 gobiernos municipales no han entregado su cuenta pública anual de 2010, mientras que 47 lo hicieron fuera de los tiempos que marca la ley. Esto supone que si no cumplen ni siquiera con la fiscalización a la que están obligados ¿qué rendición de cuentas pueden esperar las y los ciudadanos de esos municipios?

El titular de la Secretaría de la Función Pública del ayuntamiento de Chilpancingo, Roberto Álvarez Heredia, confirma que efectivamente aún falta mucho por hacer en los ayuntamientos en materia de transparencia y acceso a la información.

Reconoce que Chilpancingo, ayuntamiento sede de los poderes del estado, no cumple ni siquiera con la información pública de oficio que le ordena la ley, debido, subrayó, a que no se tiene memoria suficiente en la página web del ayuntamiento para “subir” toda la información que exige la normatividad.

Destacó también, que los procedimientos para responder a las solicitudes de información y hacer efectiva la transparencia, se entorpecen por las “luchas internas” entre las diferentes áreas del ayuntamiento.

Cabe preguntarse, si así está Chilpancingo ¿cómo estarán los ayuntamientos de la Montaña y de Costa Chica en transparencia y rendición de cuentas?

Gobierno del estado

Durante el periodo que va de junio de 2006 a junio de 2011, se presentaron 1,310 solicitudes de información en las 52 dependencias y entidades del Ejecutivo estatal, es decir, un promedio de apenas 21.8 peticiones por mes.

Nos encontramos ante uno de los más bajos promedios a nivel nacional, pues, por ejemplo, el órgano garante morelense reporta que desde septiembre de 2004 y hasta diciembre de 2010, el ejecutivo de Morelos respondió a 4,823 peticiones para un promedio de 63 solicitudes por mes; mientras que en Oaxaca y Chiapas se registraron también para el ejecutivo local promedios de 135 y 69 solicitudes mensuales, respectivamente, en 2010.

El cumplimiento de las obligaciones de transparencia también ha sido limitado en el gobierno del estado. Así, por ejemplo, la difusión de la información pública de oficio nunca se cumplió plenamente en el anterior gobierno, faltando sobre todo aquellos temas relevantes como los indicadores de gestión, presupuestos, cuentas públicas, entre otros.

Pero el Gobierno de Ángel Aguirre tampoco está cumpliendo con este precepto, y entre las políticas implantadas por su gobierno en materia de transparencia y acceso a la información, no hay ninguna dirigida a incentivar a que la ciudadanía ejerza este derecho ni a vencer las resistencias de aquellas dependencias y entidades que no publican su información de oficio. En la práctica, no han alcanzado hasta hoy ni siquiera el nivel de publicación de información obligatoria que tuvo el gobierno de Torreblanca Galindo.

Sobre este asunto, no hubo respuesta de parte de la Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información del gobierno estatal, para conocer su versión de la situación.

En el cabús de la transparencia

El Congreso guerrerense no ha sido factor determinante en la transparencia y la rendición de cuentas en el estado. Guerrero fue uno de los últimos estados de la república en aprobar su ley de acceso a la información (en 2005 por la LVII Legislatura), y la que se aprobó entonces, fue también una de las peores del país.

La ley de transparencia que nos rige actualmente –apegada a los principios del sexto constitucional- fue aprobada en mayo de 2010, es decir, 22 meses después de cumplido el plazo establecido en la constitución federal. En la legislación de leyes en la materia, Guerrero siempre ha estado en el cabús de la transparencia.

Incluso hoy día, el Congreso local ni siquiera cumple con la información pública de oficio que debe colocar en su portal electrónico, obligación que está señalada en el artículo 13 de la ley que los propios diputados aprobaron.  Y la explicación a este incumplimiento, en voz del encargado de la Unidad de Transparencia del órgano legislativo, José Guadalupe Lapar Barrios, es que “el portal está en constante adecuación, pero antes de diciembre estará lista”, a escasos meses de que concluya sus actividades la LIX Legislatura.

Caso especial es el del poder judicial guerrerense. Sorprende que se ubique en los últimos lugares en el cumplimiento de la información pública de oficio. Comunica AC, en un estudio hecho a principios de 2011, ubicó al Tribunal Superior de Justicia en el lugar 18, de 21 sujetos obligados monitoreados, como los más opacos; mientras que en el estudio Métrica de la Transparencia 2010, también reprueba en las dimensiones de portales electrónicos y usuario simulado (http://www.metricadetransparencia.cide.edu/).

Recursos invertidos

Si se revisan los recursos destinados a la transparencia y a la rendición de cuentas de las dependencias públicas en los últimos años, se observará que éstos han sido escasos, sin duda reflejo del desinterés que existe en la clase política para promover estos derechos.

Salvo 2008, en que de acuerdo con el presupuesto de egresos  del estado ascendió a 28.1 millones de pesos, el gasto en transparencia y rendición de cuentas se ha limitado a financiar la operación de la entonces Comisión de Acceso a la Información Pública, hoy ITAG: 6.4 millones de pesos en 2009, 6.4 millones en 2010 y 9.4 millones en 2011.

Este desinterés, además de los pocos resultados obtenidos en el número de solicitudes de información y en la promoción de la transparencia, se tradujo en que no se establecieron, por lo menos en el gobierno anterior,  los controles necesarios para evitar los despilfarros que a principios de este año salieron a la luz pública respecto del gasto en educación y salud, principalmente.

Promover la cultura de la transparencia

Son numerosas las acciones que hay por hacer. Si en las dependencias públicas no hay una disposición real para hacer de la transparencia y el acceso a la información un ejercicio cotidiano, sencillo y expedito, como dice la Constitución federal, las y los ciudadanos difícilmente podrán hacer uso de esa información pública y encontrarle una utilidad social para exigir y ejercer otros derechos.

No hay que esperar otros seis años para hacerlo.

Contraloría ciudadana ¿ahora si?

El Sur de Acapulco

En los últimos días, el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, se refirió en dos ocasiones a la participación de la ciudadanía en el control y vigilancia del ejercicio de gobierno. No lo había hecho desde la contienda electoral, específicamente desde que en el debate público que sostuvo con su adversario del PRI, se comprometió a crear una contraloría ciudadana para vigilar la obra pública.

La primera, el 7 de septiembre, se reunió con integrantes del Grupo Cuicalli, en la capital del estado, en donde propuso la creación de un consejo ciudadano para vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos y garantizar la asignación de las obras de acuerdo a los lineamientos que la ley establece.

La segunda fue al día siguiente, el 8 de septiembre, en un acto en el que firmaron, el gobierno del estado y la Secretaría de la Función Pública Federal, un acuerdo de coordinación para el fortalecimiento del sistema estatal de control y evaluación de la gestión pública y colaboración en materia de modernización administrativa, transparencia y combate a la corrupción.

Ahí el gobernador se refirió también a la creación de una contraloría ciudadana para la vigilancia de los recursos públicos que permita la consolidación de programas, proyectos, acciones y servicios que ofrece el gobierno. La única manera de recuperar la confianza de la población, es que la propia sociedad se involucre en la tarea de gobierno, señaló el mandatario.

Luego de estos dos anuncios, es inminente que en breve se anuncie la convocatoria para integrar esta contraloría.

1. No sabemos en qué términos se emitirá, pero de lo que hay que estar pendientes es que sea un órgano ciudadano de control real de las tareas gubernamentales que le corresponderán vigilar. No deberá tener la denuncia –publica o ante los organismos de control institucionales- como única herramienta para el control y la vigilancia, sino que deberá estar provisto de “dientes” a efecto de que las observaciones que emita tengan repercusiones reales en los procesos donde se encuentren irregularidades. Si nace desdentado, el riesgo de que funcione solamente como un comité decorativo es muy grande.

2. Es plausible que el gobierno del estado abra espacios a la participación ciudadana, siempre y cuando a través de éstos realmente se incida en las diferentes etapas de las políticas públicas (diseño, implementación, evaluación).

3. Los procesos de adquisiciones y de obra pública son apenas dos aspectos del quehacer gubernamental que puede ser vigilado y controlado. En muchos otros asuntos, como los servicios de educación y salud y los programas sociales, pueden promoverse contralorías ciudadanas que mejorarían la calidad de lo que se ofrece y prevendrían casos de corrupción.   

3. La institucionalización de estos espacios de intervención ciudadana son la mejor garantía contra vaivenes sexenales. En el proyecto de Constitución estatal que ya se anunció, sería muy pertinente que se incluyeran estas formas de control ciudadano, adicionales a las formas de participación ciudadana directa como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato, ya que son modalidades continuas de incidencia social sobre el poder público y su aparato administrativo.

De todo. La Coordinación de Fortalecimiento Municipal del gobierno del estado y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, firmaron un convenio de colaboración con el propósito de fomentar la transparencia en los municipios guerrerenses. Los mensajes de Beatriz Mojica y Marcos Ignacio Cueva fueron muy optimistas en el acto de firma, pero sin duda se enfrentarán a uno de los mayores retos que tiene el estado en materia de promoción de la transparencia y la rendición de cuentas: los ayuntamientos. Estaremos pendientes de las acciones, y sobre todo, de los resultados que logren estas dos instituciones.

Los rechazados de educación

El Sur de Acapulco

El de los jóvenes que se encuentran en huelga de hambre en el zócalo de Acapulco, como una forma de protestar por no tener la oportunidad de continuar sus estudios de educación superior, no es un problema que se reduzca a evidenciar que los jóvenes no presentaron su examen de ingreso o que no tuvieron las suficientes competencias para aprobarlo o que detrás de su movimiento hay intereses políticos o electorales. 

El problema es estructural y tiene que ver con las enormes deficiencias del sistema educativo que hay en Guerrero, que cancelan el derecho a una educación de calidad que tienen las y los guerrerenses.

1. La falta de transparencia para presentar los resultados de los exámenes aplicados a los jóvenes aspirantes a ingresar a las carreras de Medicina, Enfermería y Odontología de la Universidad Autónoma de Guerrero, es solamente el último eslabón de una serie de perversiones en la educación guerrerense que comienzan desde el preescolar.

A la fecha, la UAG no mostrado los resultados que obtuvieron los jóvenes en el concurso de selección, teniendo éstos todo el derecho a conocerlos. Con eso, crece la percepción de que hay venta de fichas y de que los pocos espacios son ocupados por estudiantes “recomendados” o que pagaron buenas sumas de dinero para tener “derecho”. Nadie ha demostrado lo contrario hasta la fecha.

Efectivamente, los recursos financieros de la casa de estudios son finitos y hay un tope para el ingreso de estudiantes en muchas de las carreras que ahí se imparten, pero también es cierto que los mecanismos de ingreso son totalmente injustos y no están desprovistos de corrupción. Eso, en una universidad, es inadmisible.

2. Para nadie es un secreto que las causas de lo que viven hoy estos jóvenes rechazados comienzan a gestarse desde la educación básica. Hay suficientes indicadores que evidencian que la educación no sólo en Guerrero, sino en todo el país enfrenta serios problemas de calidad.

Si consideramos los indicadores generalmente utilizados para evaluar la calidad de la educación (tasas de aprobación, reprobación y deserción escolar), la Coalición Ciudadana por la Educación (http://porlaeducacion.com/archivos/educacion.pdf) explica, por ejemplo, que la tasa de reprobación es relativamente alta. Durante sus años de educación, 26 de cada 100 estudiantes reprueban al menos un grado, y 44 de cada 100 en el caso de la educación indígena. Esto ha llevado a que en 2007, 4 de cada 10 estudiantes de 15 años no estaban cursando el nivel que les correspondía. La deserción escolar —esto es, estudiantes que no terminan el año escolar— alcanza tasas de hasta 9% en jóvenes de 15 y 17 años, en estados tradicionalmente expulsores de migrantes.

Sin embargo, hay otro tipo de indicadores para conocer si los niños y jóvenes mexicanos están adquiriendo los conocimientos y las destrezas indispensables, y éstos se generan a partir de diversas pruebas estandarizadas de aprovechamiento escolar que se aplican a nivel nacional e internacional, como el  Examen de Calidad y Logro Educativo, desarrollado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, de la Secretaría de Educación Pública; y el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, que aplica la OCDE entre sus países miembros.

Señala el análisis de la Coalición Ciudadana, a partir de los resultados de estas tres mediciones independientes, que un porcentaje importante de estudiantes en México no está aprendiendo los contenidos mínimos para poder desarrollar sus capacidades.

3. ¿Qué futuro les espera a los jóvenes que no tienen una oportunidad de ingresar a la educación superior y a miles que ni siquiera llegaron a este nivel, porque su situación socioeconómica los obligó a abandonar la escuela en los primeros años?

Cinco años de transparencia opaca

El Sur de Acapulco

Hace poco más de cinco años entró en vigor en Guerrero la primera Ley de Acceso a la Información del Estado. Desde aquel junio de 2006, muchas cosas han cambiado, pero no hemos encontrado en este periodo avances sustanciales en materia de transparencia y rendición de cuentas más allá de la legislación de dos leyes.

La semana anterior asistí a un acto organizado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (organismo encargado de garantizar el cumplimiento de la ley) y la Contraloría General del Estado (dependencia que diseña y opera la política de transparencia entre las oficinas del ejecutivo estatal), a propósito de los cinco años de de la primera ley, y a un año de entrada en vigor de la que nos rige actualmente.

No esperaba escuchar mensajes autocríticos, la verdad, pero por lo menos sí el reconocimiento de la situación real por la que atraviesa la transparencia y la rendición de cuentas en el estado, en donde, por cierto, no se ha avanzado prácticamente en nada; es más, en muchos aspectos pueden observarse retrocesos, como es el caso de la no publicación de información de oficio.

Alguien en el evento mencionó la cifra de catorce mil solicitudes de información presentadas ante los diferentes dependencias a lo largo de cinco años, cantidad que el ITAIG tiene en sus registros; y aunque no fue mencionado en el acto, revisamos los informes del ITAIG en su página electrónica y en esos mismos cinco años solamente se presentaron 181 recursos de revisión por ciudadanos inconformes que no recibieron la información completa, se las negaron o no les satisfizo la que les entregaron.

Si estos dos indicadores los traducimos a números relativos, significa que únicamente 1.2% de los ciudadanos que presentaron solicitudes se inconformaron con las dependencias públicas a quienes les solicitaron, según el ITAIG.

Estos datos sorprenden mucho, ya que ni siquiera en el ámbito federal se tiene un porcentaje tan bajo de quejas. Los registros del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) indican que en los años que lleva funcionando se han presentado 5.4% de quejas respecto del total de solicitudes de información presentadas (687,944 peticiones en el periodo de 2003 a la fecha).

La interpretación que dejan estos datos del órgano garante guerrerense es que las dependencias públicas tienen una enorme disposición para entregar información, pero cualquier persona que haya presentado una solicitud en Guerrero conoce las trabas que deben sortearse antes de conseguir datos públicos, si es que los consigue.

Por eso sorprende que sea tan bajo el número de quejas en un estado donde los sujetos obligados o dependencias públicas no se caracterizan precisamente por su disposición ni por seguir las obligaciones que les marca la ley en esta materia.

El otro asunto que tampoco se abordó con rigor en el acto organizado por el ITAIG y la Contraloría General del Estado fue el de la transparencia, y más específicamente el de la publicación de la información de oficio que marca el artículo 13 de la ley de transparencia.

A 13 meses de que entró en vigor la nueva ley, ningún sujeto obligado del estado ha sido capaz de hacer públicos los 22 bloques de información que le señala la ley. Ni el gobierno del estado, ni los ayuntamientos, ni los órganos autónomos, ni el Congreso del Estado, es más, ni el propio ITAIG, que es el encargado de garantizar que ésta y otras disposiciones de la ley se lleven a cabo, han cumplido con esta obligación.

En el quinto aniversario de que entró en vigor la primera ley de transparencia no hay nada que celebrar; hace falta, eso sí,  más reflexión, análisis, autocrítica y mucho trabajo para enmendar lo que está fallando.

Si no hay avances aunque sean mínimos en estos dos asuntos básicos (transparencia y acceso a la información) estamos todavía lejos de hablar de una verdadera rendición de cuentas en el estado.

La evaluación de las políticas públicas

Las cifras sobre la pobreza difundidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en días pasados nos dieron numerosas lecciones. Para quienes gobiernan, los resultados de la evaluación fueron como una bofetada en pleno rostro, mientras que a las y los ciudadanos nos permiten analizar y emitir juicios sobre el desarrollo de las políticas públicas específicas y sobre quienes las diseñan y ejecutan.
1. El incremento en el número de pobres en los dos últimos años da al traste con todos los argumentos que la clase política en el poder había construido para apuntalar sus discursos. Durante muchos años sólo escuchamos los parabienes y la parte positiva de las políticas aplicadas por los gobiernos en turno respecto de la disminución de la pobreza.
Hoy existe un organismo evaluador como el Coneval que emite información seria sobre los impactos de esas políticas y todos podemos tener acceso a ella (http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/index.es.do) colocándonos ante la posibilidad de analizarla, emitir juicios respecto de esos datos y calificar la actuación de un gobierno (dicho sea de paso, poner al alcance de todos esta información, es un ejemplo muy claro de la utilidad de la transparencia de la información).
2. La investigación del Coneval pone de manifiesto la importancia y utilidad de evaluar las políticas públicas y todas las actividades que realizan los gobiernos, pero también de hacer públicos los resultados.
En México, la evaluación del quehacer gubernamental se convirtió en una obligación establecida en la Constitución federal desde mayo de 2008, fecha en que se publicó el decreto que modifica el artículo 134 en este tenor: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal (...) se administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.(…) Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal”.
El artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social también se refiere a este proceso de evaluación: “Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley…”.
El artículo sexto constitucional, fracción V, también establece la obligatoriedad de publicar información sobre los indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos, como una forma de evaluación ciudadana de las acciones que realiza el gobierno.
Evidentemente, estamos en pañales en materia de evaluación, no obstante que ya existe la normatividad necesaria para que todas las dependencias públicas se apeguen a este tipo de procesos.
3. En el caso de Guerrero, de acuerdo con los resultados del Coneval, se incrementó el número de personas que viven en condiciones de pobreza; pero la mayor parte de los programas y proyectos para el desarrollo social aplicados en el estado son financiados y en algunos casos operados directamente por la federación, es decir, las políticas para reducir la pobreza no son diseñadas dentro de la entidad.
No obstante esta limitante, en el estado hemos aprendido a desvirtuar las políticas federales ya diseñadas, como es el caso de la desviación de recursos que se hace del Fondo de Infraestructura Social Municipal (destinados sobre todo a obra pública) para subsidiar la adquisición de fertilizante.
Pero lo más grave se encuentra precisamente en los procesos de evaluación y rendición de cuentas, que brillan por su ausencia. Ni el gobierno del estado ni los ayuntamientos cuentan con un organismo profesional para la evaluación de sus acciones (ni siquiera cumplen con los mínimos de transparencia, es decir, por lo menos con el piso básico para que la ciudadanía pueda evaluar el quehacer de gobierno). Y de la rendición de cuentas, ni qué decir, porque simplemente no existe.
Es urgente que los gobiernos tengan en su agenda la evaluación de sus acciones, y difundir los resultados para que la participación ciudadana también contribuya a mejorar lo que se hace en el gobierno.

El derecho a saber a 100 días

El Sur de Acapulco

A 100 días de que entró en funciones, la nueva administración estatal aún nos debe una política gubernamental de transparencia y rendición de cuentas efectiva y convincente que mejore significativamente lo que se hizo en el sexenio anterior.

Las muchas declaraciones respecto de las deficiencias contables, administrativas y de rendición de cuentas que se le atribuyen al gobierno anterior –sobre todo en los ramos de salud y educación que manejan presupuestos millonarios-, no significan que la actuación y el quehacer gubernamental de la actual gestión sea transparente ni mucho menos que haya un trabajo sistemático para lograrlo, por lo menos que hayan hecho público.

1. En más de tres meses, el gobierno de Ángel Aguirre todavía no publica la información de oficio de cada una de las 55 dependencias de la administración central y el sector paraestatal, lo que en estricto significa la inobservancia de la ley en la materia.

Durante las primeras semanas retiró toda la información de oficio que había publicado el gobierno de Zeferino Torreblanca, pero hasta la fecha no ha sido remplazada. Esto incluye un apartado denominado de Transparencia Fiscal, que fue retirado durante varias semanas, y lo publicaron nuevamente con varias modificaciones. Pero esto no es suficiente para hablar propiamente de una política de transparencia.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no señala en ningún apartado dar tregua en las transiciones entre un gobierno y otro para cumplir con las obligaciones; no, ésta se debe cumplir de manera permanente, y la actual administración nunca previó esta situación.

2. En materia de acceso a la información, en la actual administración se han observado contratiempos en la entrega de información a quienes la solicitan. No obstante que funciona con regularidad el sistema electrónico Info-Guerrero, que debería facilitar los procedimientos para solicitar y entregar información, la realidad es que no ha sido así.

El relevo de los responsables de las unidades de transparencia de cada dependencia (antes denominados enlaces) y la inexperiencia de los cuadros medios y superiores sobre esta materia, explica en gran parte los retrasos y la no entrega de información. No se aprovechó la experiencia acumulada de estos enlaces, que durante el gobierno anterior recibieron capacitación sobre los procedimientos que han de realizarse.

Hoy se paga sea decisión con un retroceso importante en materia de acceso a la información.

3. El gobierno del sexenio pasado nunca diseñó e instrumentó ninguna política de promoción del derecho a saber entre las y los guerrerenses; tampoco lo hizo el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, y por eso tenemos estadísticas tan pobres en el ejercicio ciudadano de este derecho. Parte de la tarea de los gobiernos es también promover y crear las condiciones para que la ciudadanía ejerza sus derechos.

Se espera que la administración actual desarrolle acciones para promover el derecho a saber, no sólo con mensajes en los medios de comunicación y declaraciones, sino con actividades más eficaces como talleres en las comunidades, foros, mesas redondas, publicaciones. Eso sí que marcaría diferencia con sus antecesores.

4. Sigue pendiente también la oferta que hizo el gobernador Ángel Aguirre en campaña, más precisamente durante el debate que sostuvo con sus contrincantes. Se trata de la integración de una Contraloría Ciudadana para la vigilancia del presupuesto y la obra pública, que también es muy indispensable en los sectores salud y educativo.

No sabemos si ya se está cocinando dicha contraloría, pero en principio, para que funcione, debe tener las siguientes características: autonomía, pluralidad y que sus decisiones sean vinculatorias, es decir que tengan alguna repercusión en los procesos que está vigilando. Si no cumple con alguna de ellas, sólo será un organismo decorativo.

5. El balance de los 100 días no es optimista. Esperemos que pronto se anuncien acciones efectivas.

No a las mineras en la Costa-Montaña

El Sur de Acapulco

Otra vez en pie de lucha. En estos meses, miles de habitantes de las regiones Costa Chica y Montaña, sobre todo de los pueblos originarios, se encuentran en estado de alerta y se organizan para defender su territorio y los recursos naturales que en él existen, esta vez en contra de la decisión del gobierno federal de otorgar concesiones a empresas extranjeras para la exploración y explotación de las riquezas minerales de la región.
Como ha sucedido en otras ocasiones, esta delicada decisión del gobierno federal no consideró la opinión de las comunidades que resultarían afectadas, lo que significa que todavía hay un descomunal menosprecio por lo que piensa la sociedad sobre temas específicos y en torno a las decisiones que la afectan.
La discrecionalidad e incluso la imposición de las obras, proyectos, programas o leyes en los que hay como componente una fuerte intervención de la iniciativa privada, (La Parota, el muelle de la bahía de Zihuatanejo, la Ley de Asociaciones Público-Privadas, la Supervía en el Distrito Federal) busca garantizar el beneficio de unos pocos (inversionistas privados coludidos con políticos de todos los niveles) en detrimento de poblaciones completas (afectados negativamente por estos proyectos en sus territorios, recursos naturales, trabajo o formas de vida).
El caso de las concesiones a compañías mineras, aunque fue una decisión tomada en el gobierno federal, en Guerrero el gobierno no ha dado muestras de defender o siquiera de cuestionar la acción federal, por los efectos negativos que acarreará en las comunidades guerrerenses (por ejemplo, mostrar esa fiereza con que se opusieron a la decisión de llevarse de Guerrero el Tianguis Turístico).
Hay varias experiencias, incluso en el propio estado, que muestran cómo la explotación de minerales tiene impactos en la destrucción del paisaje, en el deterioro ambiental y en la contaminación del territorio. No es cierto que con la introducción de las empresas mineras se vaya a generar desarrollo para las comunidades. Sí, habrá para las compañías muy buenas condiciones de rentabilidad, pero sin desarrollo al interior del territorio explotado, ni mejoría en los condiciones de vida de sus habitantes.
Sin duda, hay en juego cuantiosas inversiones de capital privado esperando ser aplicadas en esta región; de ese tamaño será también la fuerza con que los gobiernos de los tres órdenes y muchos aliados (partidos políticos, diputados, medios de comunicación, organizaciones sociales) tratarán de imponer el proyecto con las más variadas estrategias, tal y como se hizo con el proyecto hidroeléctrico de La Parota.
Con la misma o mayor fuerza, los habitantes de esta región y sus organizaciones tendrán que hacer frente a la embestida. Habrá que estar pendientes, pues existen otras formas de desarrollo más justas para las comunidades indígenas de la región y menos depredadoras de los recursos naturales con que cuentan; pero nunca nadie les ha preguntado nada.
De todo. En las últimas semanas, el periódico el Faro de la Costa está publicando con insistencia información sobre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Si alguien revisa algunas de estas “notas” que más bien son textos editorializados, observará que, en el mejor de los casos, hay una manifiesta falta de profesionalismo y compromiso con la ética periodística, por lo menos en este asunto. La CRAC sin duda debe tener muchos errores y defectos en su funcionamiento, estructura, representación –entendibles porque es un movimiento social que funciona a contracorriente del Estado–, pero nadie puede negar las aportaciones que ha hecho a la región, entre otras, en materia de seguridad y justicia en los pueblos donde tiene influencia, algo que los tres órdenes de gobierno no han podido hacer en ningún lado. Denostar todo este movimiento a partir de la desacreditación permanente de la trayectoria personal de algunos de sus dirigentes, no es el camino que debe seguir un periódico serio.

Las APP, a espaldas de la ciudadanía

El Sur de Acapulco

Recientemente los diputados del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad la Ley de Asociaciones Público-Privadas (LAPP), con la que  se endosa a la iniciativa privada la construcción de obras y la prestación de servicios públicos.

Esta responsabilidad que originalmente corresponde al Estado para mejorar las condiciones de vida de la población y que ha sido trasladada al sector privado es un asunto de primer orden que no fue discutido suficientemente de cara a la ciudadanía por los representantes populares cuya obligación primaria es precisamente velar por los intereses de quienes votaron por ellos. Desde luego, estos procesos oscuros lo único que propician son inconformidades y un mayor desencanto que se acumula a la ya de por sí deteriorada imagen que la gente tiene de los políticos.

1. No hubo consulta ni la mínima información a la ciudadanía durante el proceso de aprobación de la LAPP. En Guerrero, la clase política (gobernador del estado y legisladores, así como Tribunal Superior de Justica y Ayuntamientos en algunos asuntos) tienen el monopolio que les permite presentar iniciativas de ley, pero también de decidir cómo y en qué términos se aprueban éstas. Es decir, una vez que han sido electos, creen que son innecesarias las consultas y no se requiere saber qué piensa la gente sobre temas específicos. La democracia son ellos.

Contrasta la rapidez con que se aprobó esta ley de asociaciones con el abandono que han hecho los diputados locales de la reforma al artículo 50 de la constitución del estado -precisamente para que la ciudadanía formalmente pueda presentar iniciativas de ley- y que está pendiente desde 2008, fecha en que se aprobó la Ley de Participación Ciudadana.

Por cierto, que esta ley de participación no ha sido estrenada y aun es letra muerta. El gobierno del estado o el Congreso local se hubieran apuntado un enorme acierto si sometieran a consideración de la ciudadanía,  a través de las figuras del plebiscito o el referéndum, la pertinencia de la ley que aprobaron por unanimidad y por vía del fast track. El asunto, trascendente  para la vida pública o del interés social del Estado, lo ameritaba.

2. Además de procesarse en lo oscuro, la LAPP no establece medidas ni candados que garanticen la transparencia de las acciones que se realicen al amparo de las asociaciones público-privadas ni que haya rendición de cuentas. Esto aumenta la suspicacia de lo que se aprobó.

La ley de asociaciones sólo dice que los “desarrolladores” (los empresarios que serán beneficiados) informarán al gobierno del estado o los ayuntamientos sobre sus actividades en la construcción de obras o prestaciones de servicios. Pero la legislación no consideró mecanismos adicionales –por ser un asunto trascendente para la vida pública- que permitieran transparentar estas acciones ni para la rendición de cuentas sobre los servicios ofrecidos. Tampoco incluye formas de contraloría ciudadana, como sí lo hacen ya casi todos los programas federales.

Amén de que haya otra interpretación de la Ley de Transparencia, las y los ciudadanos tenemos la posibilidad de solicitar información sobre lo que realicen los “desarrolladores” por medio de la dependencia pública que los contrate. Pero la pregunta es: ¿cómo esperamos que nos proporcionen información sobre las empresas que se encargarán de construir obra y prestar servicios públicos, si hasta hoy las dependencias ni siquiera transparentan lo que hacen ellas mismas?

3. Son muchas las preguntas que quedan pendientes. ¿Adelgazará la burocracia cuando las obras y los servicios públicos sean prestados por la iniciativa privada? ¿O simplemente se encarecerán con cargo al erario público? ¿Será más eficiente y responsable la iniciativa privada en la prestación de estos servicios que por obligación corresponden al estado?¿Qué acuerdos se tomaron para que los diputados por unanimidad votaran a favor de la propuesta del Ejecutivo? ¿Por qué las y los ciudadanos no podemos saber qué se pactó? ¿Por qué no se establecieron mecanismos de control ciudadano? ¿Qué sucederá cuando los gobiernos estatal y municipales comprometan los recursos financieros de años venideros, es decir, de gobiernos que no serán los suyos?

Es lamentable la imposición de este esquema privatizador, que aunque legal, está lejos de ser legítimo.

El voto y la participación ciudadana

El Sur de Acapulco

Uno de los pocos mecanismos que tiene la ciudadanía para intervenir y decidir sobre asuntos públicos -con todas las limitaciones que éste tenga- es el voto. Por eso es tan cotizado en tiempos de elecciones y por eso los actores que aspiran a un cargo de elección popular literalmente se ponen a los pies de quienes tienen en sus manos este poder temporal.

Sin embargo, una vez emitido el voto, este recurso de poder se esfuma y comienza una etapa de mucha discrecionalidad en la actuación de quienes resultaron electos, generalmente muy alejada de los compromisos adquiridos y de la satisfacción de las necesidades de la gente.

Esto sucede en gran parte porque la ciudadanía no tiene, entre una elección y otra, mecanismos institucionales para el control de lo que hacen sus gobernantes ni la posibilidad de intervenir en la vida pública con consecuencias, excepto aquellos recursos extra institucionales de presión como la protesta pública (plantones, marchas, huelgas de hambre) y el uso de los medios de comunicación (para denunciar, visibilizar problemas o evidenciar irregularidades).

De hecho, la movilización ciudadana es hasta hoy la forma más recurrente que utilizan los sectores sociales para presionar al gobierno a cambiar decisiones que los afectan negativamente.

La reflexión que es pertinente hacer es precisamente lograr que el voto se emplee como un recurso de poder también para exigir, a quienes quieran nuestra preferencia, esos necesarios espacios donde la ciudadanía pueda participar, tomar decisiones en los asuntos públicos y controlar el quehacer gubernamental , entre elecciones.

O por lo menos, que se establezcan compromisos, con mecanismos muy claros de seguimiento, para cumplir lo que hasta hoy existe acerca de la participación ciudadana en la normatividad: Leyes de Participación Ciudadana,  Transparencia, Planeación, Orgánica del Municipio Libre, y operen con eficacia los pocos espacios institucionales de relación gobierno-sociedad como los Comités de Desarrollo Municipal, los de Desarrollo Rural Sustentable, las contralorías ciudadanas, los observatorios ciudadanos y los diferentes consejos consultivos que marcan las diferentes leyes, que dicho sea de paso, han sido precisamente quienes deben promover su realización lo que han bloqueado su funcionamiento o propiciado su operación irregular.

Es decir, es urgente incorporar en la agenda de todos los candidatos a puestos de elección popular la creación o fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana.

Recién se realizaron las elecciones para elegir al gobernador del estado, y no parece haber indicios de que tendremos mejores mecanismos de control ciudadano. Sin embargo, el año que viene habrá elecciones para elegir diputados locales y presidentes municipales, y puede ser una oportunidad para arrancarles este tipo de compromisos específicos.

De todo. Recientemente un diario nacional publicó un reportaje sobre la opacidad de los partidos políticos (http://www.eluniversal.com.mx/primera/37026.html). No es un asunto nuevo, incluso por e actitudes, los partidos tienen un bajo nivel de credibilidad entre la ciudadanía…. El miércoles se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto de Transparencia y el Instituto Electoral del Estado para realizar actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura sobre la transparencia y acceso a la información. El consejero presidente comentó que el IEEG cumple, incluso de más, con las obligaciones que de la Ley de Transparencia. Pero la página web del instituto no publica casi nada y el vínculo correspondiente de transparencia no lleva a ningún lado. http://www.ieegro.org.mx/index.html)... El actual gobierno del estado subió nuevamente a su página de internet el vínculo Transparencia Fiscal, elaborado por la anterior administración,  pero “rasurado”. Ojalá no sea un mal pronóstico.