Cinco años de transparencia opaca

El Sur de Acapulco

Hace poco más de cinco años entró en vigor en Guerrero la primera Ley de Acceso a la Información del Estado. Desde aquel junio de 2006, muchas cosas han cambiado, pero no hemos encontrado en este periodo avances sustanciales en materia de transparencia y rendición de cuentas más allá de la legislación de dos leyes.

La semana anterior asistí a un acto organizado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (organismo encargado de garantizar el cumplimiento de la ley) y la Contraloría General del Estado (dependencia que diseña y opera la política de transparencia entre las oficinas del ejecutivo estatal), a propósito de los cinco años de de la primera ley, y a un año de entrada en vigor de la que nos rige actualmente.

No esperaba escuchar mensajes autocríticos, la verdad, pero por lo menos sí el reconocimiento de la situación real por la que atraviesa la transparencia y la rendición de cuentas en el estado, en donde, por cierto, no se ha avanzado prácticamente en nada; es más, en muchos aspectos pueden observarse retrocesos, como es el caso de la no publicación de información de oficio.

Alguien en el evento mencionó la cifra de catorce mil solicitudes de información presentadas ante los diferentes dependencias a lo largo de cinco años, cantidad que el ITAIG tiene en sus registros; y aunque no fue mencionado en el acto, revisamos los informes del ITAIG en su página electrónica y en esos mismos cinco años solamente se presentaron 181 recursos de revisión por ciudadanos inconformes que no recibieron la información completa, se las negaron o no les satisfizo la que les entregaron.

Si estos dos indicadores los traducimos a números relativos, significa que únicamente 1.2% de los ciudadanos que presentaron solicitudes se inconformaron con las dependencias públicas a quienes les solicitaron, según el ITAIG.

Estos datos sorprenden mucho, ya que ni siquiera en el ámbito federal se tiene un porcentaje tan bajo de quejas. Los registros del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) indican que en los años que lleva funcionando se han presentado 5.4% de quejas respecto del total de solicitudes de información presentadas (687,944 peticiones en el periodo de 2003 a la fecha).

La interpretación que dejan estos datos del órgano garante guerrerense es que las dependencias públicas tienen una enorme disposición para entregar información, pero cualquier persona que haya presentado una solicitud en Guerrero conoce las trabas que deben sortearse antes de conseguir datos públicos, si es que los consigue.

Por eso sorprende que sea tan bajo el número de quejas en un estado donde los sujetos obligados o dependencias públicas no se caracterizan precisamente por su disposición ni por seguir las obligaciones que les marca la ley en esta materia.

El otro asunto que tampoco se abordó con rigor en el acto organizado por el ITAIG y la Contraloría General del Estado fue el de la transparencia, y más específicamente el de la publicación de la información de oficio que marca el artículo 13 de la ley de transparencia.

A 13 meses de que entró en vigor la nueva ley, ningún sujeto obligado del estado ha sido capaz de hacer públicos los 22 bloques de información que le señala la ley. Ni el gobierno del estado, ni los ayuntamientos, ni los órganos autónomos, ni el Congreso del Estado, es más, ni el propio ITAIG, que es el encargado de garantizar que ésta y otras disposiciones de la ley se lleven a cabo, han cumplido con esta obligación.

En el quinto aniversario de que entró en vigor la primera ley de transparencia no hay nada que celebrar; hace falta, eso sí,  más reflexión, análisis, autocrítica y mucho trabajo para enmendar lo que está fallando.

Si no hay avances aunque sean mínimos en estos dos asuntos básicos (transparencia y acceso a la información) estamos todavía lejos de hablar de una verdadera rendición de cuentas en el estado.

La evaluación de las políticas públicas

Las cifras sobre la pobreza difundidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en días pasados nos dieron numerosas lecciones. Para quienes gobiernan, los resultados de la evaluación fueron como una bofetada en pleno rostro, mientras que a las y los ciudadanos nos permiten analizar y emitir juicios sobre el desarrollo de las políticas públicas específicas y sobre quienes las diseñan y ejecutan.
1. El incremento en el número de pobres en los dos últimos años da al traste con todos los argumentos que la clase política en el poder había construido para apuntalar sus discursos. Durante muchos años sólo escuchamos los parabienes y la parte positiva de las políticas aplicadas por los gobiernos en turno respecto de la disminución de la pobreza.
Hoy existe un organismo evaluador como el Coneval que emite información seria sobre los impactos de esas políticas y todos podemos tener acceso a ella (http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/index.es.do) colocándonos ante la posibilidad de analizarla, emitir juicios respecto de esos datos y calificar la actuación de un gobierno (dicho sea de paso, poner al alcance de todos esta información, es un ejemplo muy claro de la utilidad de la transparencia de la información).
2. La investigación del Coneval pone de manifiesto la importancia y utilidad de evaluar las políticas públicas y todas las actividades que realizan los gobiernos, pero también de hacer públicos los resultados.
En México, la evaluación del quehacer gubernamental se convirtió en una obligación establecida en la Constitución federal desde mayo de 2008, fecha en que se publicó el decreto que modifica el artículo 134 en este tenor: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal (...) se administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.(…) Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal”.
El artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social también se refiere a este proceso de evaluación: “Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley…”.
El artículo sexto constitucional, fracción V, también establece la obligatoriedad de publicar información sobre los indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos, como una forma de evaluación ciudadana de las acciones que realiza el gobierno.
Evidentemente, estamos en pañales en materia de evaluación, no obstante que ya existe la normatividad necesaria para que todas las dependencias públicas se apeguen a este tipo de procesos.
3. En el caso de Guerrero, de acuerdo con los resultados del Coneval, se incrementó el número de personas que viven en condiciones de pobreza; pero la mayor parte de los programas y proyectos para el desarrollo social aplicados en el estado son financiados y en algunos casos operados directamente por la federación, es decir, las políticas para reducir la pobreza no son diseñadas dentro de la entidad.
No obstante esta limitante, en el estado hemos aprendido a desvirtuar las políticas federales ya diseñadas, como es el caso de la desviación de recursos que se hace del Fondo de Infraestructura Social Municipal (destinados sobre todo a obra pública) para subsidiar la adquisición de fertilizante.
Pero lo más grave se encuentra precisamente en los procesos de evaluación y rendición de cuentas, que brillan por su ausencia. Ni el gobierno del estado ni los ayuntamientos cuentan con un organismo profesional para la evaluación de sus acciones (ni siquiera cumplen con los mínimos de transparencia, es decir, por lo menos con el piso básico para que la ciudadanía pueda evaluar el quehacer de gobierno). Y de la rendición de cuentas, ni qué decir, porque simplemente no existe.
Es urgente que los gobiernos tengan en su agenda la evaluación de sus acciones, y difundir los resultados para que la participación ciudadana también contribuya a mejorar lo que se hace en el gobierno.

El derecho a saber a 100 días

El Sur de Acapulco

A 100 días de que entró en funciones, la nueva administración estatal aún nos debe una política gubernamental de transparencia y rendición de cuentas efectiva y convincente que mejore significativamente lo que se hizo en el sexenio anterior.

Las muchas declaraciones respecto de las deficiencias contables, administrativas y de rendición de cuentas que se le atribuyen al gobierno anterior –sobre todo en los ramos de salud y educación que manejan presupuestos millonarios-, no significan que la actuación y el quehacer gubernamental de la actual gestión sea transparente ni mucho menos que haya un trabajo sistemático para lograrlo, por lo menos que hayan hecho público.

1. En más de tres meses, el gobierno de Ángel Aguirre todavía no publica la información de oficio de cada una de las 55 dependencias de la administración central y el sector paraestatal, lo que en estricto significa la inobservancia de la ley en la materia.

Durante las primeras semanas retiró toda la información de oficio que había publicado el gobierno de Zeferino Torreblanca, pero hasta la fecha no ha sido remplazada. Esto incluye un apartado denominado de Transparencia Fiscal, que fue retirado durante varias semanas, y lo publicaron nuevamente con varias modificaciones. Pero esto no es suficiente para hablar propiamente de una política de transparencia.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no señala en ningún apartado dar tregua en las transiciones entre un gobierno y otro para cumplir con las obligaciones; no, ésta se debe cumplir de manera permanente, y la actual administración nunca previó esta situación.

2. En materia de acceso a la información, en la actual administración se han observado contratiempos en la entrega de información a quienes la solicitan. No obstante que funciona con regularidad el sistema electrónico Info-Guerrero, que debería facilitar los procedimientos para solicitar y entregar información, la realidad es que no ha sido así.

El relevo de los responsables de las unidades de transparencia de cada dependencia (antes denominados enlaces) y la inexperiencia de los cuadros medios y superiores sobre esta materia, explica en gran parte los retrasos y la no entrega de información. No se aprovechó la experiencia acumulada de estos enlaces, que durante el gobierno anterior recibieron capacitación sobre los procedimientos que han de realizarse.

Hoy se paga sea decisión con un retroceso importante en materia de acceso a la información.

3. El gobierno del sexenio pasado nunca diseñó e instrumentó ninguna política de promoción del derecho a saber entre las y los guerrerenses; tampoco lo hizo el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, y por eso tenemos estadísticas tan pobres en el ejercicio ciudadano de este derecho. Parte de la tarea de los gobiernos es también promover y crear las condiciones para que la ciudadanía ejerza sus derechos.

Se espera que la administración actual desarrolle acciones para promover el derecho a saber, no sólo con mensajes en los medios de comunicación y declaraciones, sino con actividades más eficaces como talleres en las comunidades, foros, mesas redondas, publicaciones. Eso sí que marcaría diferencia con sus antecesores.

4. Sigue pendiente también la oferta que hizo el gobernador Ángel Aguirre en campaña, más precisamente durante el debate que sostuvo con sus contrincantes. Se trata de la integración de una Contraloría Ciudadana para la vigilancia del presupuesto y la obra pública, que también es muy indispensable en los sectores salud y educativo.

No sabemos si ya se está cocinando dicha contraloría, pero en principio, para que funcione, debe tener las siguientes características: autonomía, pluralidad y que sus decisiones sean vinculatorias, es decir que tengan alguna repercusión en los procesos que está vigilando. Si no cumple con alguna de ellas, sólo será un organismo decorativo.

5. El balance de los 100 días no es optimista. Esperemos que pronto se anuncien acciones efectivas.

No a las mineras en la Costa-Montaña

El Sur de Acapulco

Otra vez en pie de lucha. En estos meses, miles de habitantes de las regiones Costa Chica y Montaña, sobre todo de los pueblos originarios, se encuentran en estado de alerta y se organizan para defender su territorio y los recursos naturales que en él existen, esta vez en contra de la decisión del gobierno federal de otorgar concesiones a empresas extranjeras para la exploración y explotación de las riquezas minerales de la región.
Como ha sucedido en otras ocasiones, esta delicada decisión del gobierno federal no consideró la opinión de las comunidades que resultarían afectadas, lo que significa que todavía hay un descomunal menosprecio por lo que piensa la sociedad sobre temas específicos y en torno a las decisiones que la afectan.
La discrecionalidad e incluso la imposición de las obras, proyectos, programas o leyes en los que hay como componente una fuerte intervención de la iniciativa privada, (La Parota, el muelle de la bahía de Zihuatanejo, la Ley de Asociaciones Público-Privadas, la Supervía en el Distrito Federal) busca garantizar el beneficio de unos pocos (inversionistas privados coludidos con políticos de todos los niveles) en detrimento de poblaciones completas (afectados negativamente por estos proyectos en sus territorios, recursos naturales, trabajo o formas de vida).
El caso de las concesiones a compañías mineras, aunque fue una decisión tomada en el gobierno federal, en Guerrero el gobierno no ha dado muestras de defender o siquiera de cuestionar la acción federal, por los efectos negativos que acarreará en las comunidades guerrerenses (por ejemplo, mostrar esa fiereza con que se opusieron a la decisión de llevarse de Guerrero el Tianguis Turístico).
Hay varias experiencias, incluso en el propio estado, que muestran cómo la explotación de minerales tiene impactos en la destrucción del paisaje, en el deterioro ambiental y en la contaminación del territorio. No es cierto que con la introducción de las empresas mineras se vaya a generar desarrollo para las comunidades. Sí, habrá para las compañías muy buenas condiciones de rentabilidad, pero sin desarrollo al interior del territorio explotado, ni mejoría en los condiciones de vida de sus habitantes.
Sin duda, hay en juego cuantiosas inversiones de capital privado esperando ser aplicadas en esta región; de ese tamaño será también la fuerza con que los gobiernos de los tres órdenes y muchos aliados (partidos políticos, diputados, medios de comunicación, organizaciones sociales) tratarán de imponer el proyecto con las más variadas estrategias, tal y como se hizo con el proyecto hidroeléctrico de La Parota.
Con la misma o mayor fuerza, los habitantes de esta región y sus organizaciones tendrán que hacer frente a la embestida. Habrá que estar pendientes, pues existen otras formas de desarrollo más justas para las comunidades indígenas de la región y menos depredadoras de los recursos naturales con que cuentan; pero nunca nadie les ha preguntado nada.
De todo. En las últimas semanas, el periódico el Faro de la Costa está publicando con insistencia información sobre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Si alguien revisa algunas de estas “notas” que más bien son textos editorializados, observará que, en el mejor de los casos, hay una manifiesta falta de profesionalismo y compromiso con la ética periodística, por lo menos en este asunto. La CRAC sin duda debe tener muchos errores y defectos en su funcionamiento, estructura, representación –entendibles porque es un movimiento social que funciona a contracorriente del Estado–, pero nadie puede negar las aportaciones que ha hecho a la región, entre otras, en materia de seguridad y justicia en los pueblos donde tiene influencia, algo que los tres órdenes de gobierno no han podido hacer en ningún lado. Denostar todo este movimiento a partir de la desacreditación permanente de la trayectoria personal de algunos de sus dirigentes, no es el camino que debe seguir un periódico serio.

Las APP, a espaldas de la ciudadanía

El Sur de Acapulco

Recientemente los diputados del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad la Ley de Asociaciones Público-Privadas (LAPP), con la que  se endosa a la iniciativa privada la construcción de obras y la prestación de servicios públicos.

Esta responsabilidad que originalmente corresponde al Estado para mejorar las condiciones de vida de la población y que ha sido trasladada al sector privado es un asunto de primer orden que no fue discutido suficientemente de cara a la ciudadanía por los representantes populares cuya obligación primaria es precisamente velar por los intereses de quienes votaron por ellos. Desde luego, estos procesos oscuros lo único que propician son inconformidades y un mayor desencanto que se acumula a la ya de por sí deteriorada imagen que la gente tiene de los políticos.

1. No hubo consulta ni la mínima información a la ciudadanía durante el proceso de aprobación de la LAPP. En Guerrero, la clase política (gobernador del estado y legisladores, así como Tribunal Superior de Justica y Ayuntamientos en algunos asuntos) tienen el monopolio que les permite presentar iniciativas de ley, pero también de decidir cómo y en qué términos se aprueban éstas. Es decir, una vez que han sido electos, creen que son innecesarias las consultas y no se requiere saber qué piensa la gente sobre temas específicos. La democracia son ellos.

Contrasta la rapidez con que se aprobó esta ley de asociaciones con el abandono que han hecho los diputados locales de la reforma al artículo 50 de la constitución del estado -precisamente para que la ciudadanía formalmente pueda presentar iniciativas de ley- y que está pendiente desde 2008, fecha en que se aprobó la Ley de Participación Ciudadana.

Por cierto, que esta ley de participación no ha sido estrenada y aun es letra muerta. El gobierno del estado o el Congreso local se hubieran apuntado un enorme acierto si sometieran a consideración de la ciudadanía,  a través de las figuras del plebiscito o el referéndum, la pertinencia de la ley que aprobaron por unanimidad y por vía del fast track. El asunto, trascendente  para la vida pública o del interés social del Estado, lo ameritaba.

2. Además de procesarse en lo oscuro, la LAPP no establece medidas ni candados que garanticen la transparencia de las acciones que se realicen al amparo de las asociaciones público-privadas ni que haya rendición de cuentas. Esto aumenta la suspicacia de lo que se aprobó.

La ley de asociaciones sólo dice que los “desarrolladores” (los empresarios que serán beneficiados) informarán al gobierno del estado o los ayuntamientos sobre sus actividades en la construcción de obras o prestaciones de servicios. Pero la legislación no consideró mecanismos adicionales –por ser un asunto trascendente para la vida pública- que permitieran transparentar estas acciones ni para la rendición de cuentas sobre los servicios ofrecidos. Tampoco incluye formas de contraloría ciudadana, como sí lo hacen ya casi todos los programas federales.

Amén de que haya otra interpretación de la Ley de Transparencia, las y los ciudadanos tenemos la posibilidad de solicitar información sobre lo que realicen los “desarrolladores” por medio de la dependencia pública que los contrate. Pero la pregunta es: ¿cómo esperamos que nos proporcionen información sobre las empresas que se encargarán de construir obra y prestar servicios públicos, si hasta hoy las dependencias ni siquiera transparentan lo que hacen ellas mismas?

3. Son muchas las preguntas que quedan pendientes. ¿Adelgazará la burocracia cuando las obras y los servicios públicos sean prestados por la iniciativa privada? ¿O simplemente se encarecerán con cargo al erario público? ¿Será más eficiente y responsable la iniciativa privada en la prestación de estos servicios que por obligación corresponden al estado?¿Qué acuerdos se tomaron para que los diputados por unanimidad votaran a favor de la propuesta del Ejecutivo? ¿Por qué las y los ciudadanos no podemos saber qué se pactó? ¿Por qué no se establecieron mecanismos de control ciudadano? ¿Qué sucederá cuando los gobiernos estatal y municipales comprometan los recursos financieros de años venideros, es decir, de gobiernos que no serán los suyos?

Es lamentable la imposición de este esquema privatizador, que aunque legal, está lejos de ser legítimo.

El voto y la participación ciudadana

El Sur de Acapulco

Uno de los pocos mecanismos que tiene la ciudadanía para intervenir y decidir sobre asuntos públicos -con todas las limitaciones que éste tenga- es el voto. Por eso es tan cotizado en tiempos de elecciones y por eso los actores que aspiran a un cargo de elección popular literalmente se ponen a los pies de quienes tienen en sus manos este poder temporal.

Sin embargo, una vez emitido el voto, este recurso de poder se esfuma y comienza una etapa de mucha discrecionalidad en la actuación de quienes resultaron electos, generalmente muy alejada de los compromisos adquiridos y de la satisfacción de las necesidades de la gente.

Esto sucede en gran parte porque la ciudadanía no tiene, entre una elección y otra, mecanismos institucionales para el control de lo que hacen sus gobernantes ni la posibilidad de intervenir en la vida pública con consecuencias, excepto aquellos recursos extra institucionales de presión como la protesta pública (plantones, marchas, huelgas de hambre) y el uso de los medios de comunicación (para denunciar, visibilizar problemas o evidenciar irregularidades).

De hecho, la movilización ciudadana es hasta hoy la forma más recurrente que utilizan los sectores sociales para presionar al gobierno a cambiar decisiones que los afectan negativamente.

La reflexión que es pertinente hacer es precisamente lograr que el voto se emplee como un recurso de poder también para exigir, a quienes quieran nuestra preferencia, esos necesarios espacios donde la ciudadanía pueda participar, tomar decisiones en los asuntos públicos y controlar el quehacer gubernamental , entre elecciones.

O por lo menos, que se establezcan compromisos, con mecanismos muy claros de seguimiento, para cumplir lo que hasta hoy existe acerca de la participación ciudadana en la normatividad: Leyes de Participación Ciudadana,  Transparencia, Planeación, Orgánica del Municipio Libre, y operen con eficacia los pocos espacios institucionales de relación gobierno-sociedad como los Comités de Desarrollo Municipal, los de Desarrollo Rural Sustentable, las contralorías ciudadanas, los observatorios ciudadanos y los diferentes consejos consultivos que marcan las diferentes leyes, que dicho sea de paso, han sido precisamente quienes deben promover su realización lo que han bloqueado su funcionamiento o propiciado su operación irregular.

Es decir, es urgente incorporar en la agenda de todos los candidatos a puestos de elección popular la creación o fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana.

Recién se realizaron las elecciones para elegir al gobernador del estado, y no parece haber indicios de que tendremos mejores mecanismos de control ciudadano. Sin embargo, el año que viene habrá elecciones para elegir diputados locales y presidentes municipales, y puede ser una oportunidad para arrancarles este tipo de compromisos específicos.

De todo. Recientemente un diario nacional publicó un reportaje sobre la opacidad de los partidos políticos (http://www.eluniversal.com.mx/primera/37026.html). No es un asunto nuevo, incluso por e actitudes, los partidos tienen un bajo nivel de credibilidad entre la ciudadanía…. El miércoles se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto de Transparencia y el Instituto Electoral del Estado para realizar actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura sobre la transparencia y acceso a la información. El consejero presidente comentó que el IEEG cumple, incluso de más, con las obligaciones que de la Ley de Transparencia. Pero la página web del instituto no publica casi nada y el vínculo correspondiente de transparencia no lleva a ningún lado. http://www.ieegro.org.mx/index.html)... El actual gobierno del estado subió nuevamente a su página de internet el vínculo Transparencia Fiscal, elaborado por la anterior administración,  pero “rasurado”. Ojalá no sea un mal pronóstico.

Participación ciudadana

El Sur de acapulco

Hace unas semanas, diferentes organizaciones campesinas de Guerrero presentaron ante la LIX Legislatura del Congreso del Estado una propuesta para modificar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del estado (LDRSEG), empleando para ello los oficios de un legislador local. La propuesta vale la pena ser destacada por diferentes motivos:

1. El documento es resultado de un proceso participativo (por medio de foros, encuentros e innumerables  reuniones de trabajo) cuya iniciativa y organización se originaron en las propias organizaciones campesinas. No es fácil logar este tipo de articulaciones, sobre todo en un sector donde han prevalecido los desencuentros y hasta los conflictos entre las diferentes agrupaciones; pero la experiencia es de resaltarse también porque los trabajos enfrentaron no pocas dificultades, desde el bloqueo de funcionarios del gobierno el estado y legisladores del Congreso, hasta las discrepancias propiciadas por las agendas electorales de cada organización, que estuvieron a punto de finiquitar el proceso.

2. Independientemente del contenido final de la ley, lo más importante es que se trata de un ejercicio ciudadano que ha buscado tomar parte en un asunto público como es la confección de una ley que los afecta directamente.

Esto no se ve todos los días, pues hasta hoy, la ciudadanía sólo es “consultada” –por mandato de diferentes normas- pero cuyas propuestas generalmente no son tomadas en cuenta por quienes diseñan y legislan las leyes convirtiéndose en actos de simulación.

La virtud de este ejercicio es que se realizó por la vía ciudadana y es pertinente replicarlo en otros asuntos y sectores; es ya un antecedente muy relevante de participación ciudadana.

3. En los hechos, el Frente Permanente de Organizaciones Sociales de Guerrero, como se autodenominó este grupo, está ejerciendo un derecho establecido en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (iniciativa popular), que permite que las y los ciudadanos presenten ante el Congreso iniciativas para la “creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes”.  

Sin embargo, como dice en los transitorios de esa ley, ese derecho no podrá ejercerse de manera formal hasta en tanto los diputados locales no tengan a bien modificar el artículo 50 de la Constitución guerrerense, en donde se especifica quiénes pueden presentar iniciativas de ley. Por eso la iniciativa del Frente de Organizaciones se presentó por medio de un diputado local.  

4. Más difícil que participar en su diseño y elaboración, para este frente de organizaciones será encontrar los mecanismos para la instrumentación de la LDRSEG, en caso que sea aprobada por la actual Legislatura.  

Es un mal que aqueja no solo a esta ley, sino a muchas que en el papel son excelentes, pero cuando se trata de su aplicación, son letra muerta. El mejor ejemplo es la flamante Ley de Participación Ciudadana, que fue aprobada en junio de 2008 y nada de lo contiene se ha puesto en marcha. Y el mismo destino parece esperarle a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública cuyas obligaciones nadie las está cumpliendo o lo están haciendo de manera parcial.

Las organizaciones del Frente tendrán un enorme reto para hacer realidad lo que proponen. En este país ya no es suficiente que los derechos y obligaciones de los ciudadanos estén reconocidos y garantizados en las leyes, sino que eso es solo parte de una lucha de largo plazo que incluye la presión social para hacerlas valer.

De todo. Ayer jueves concluyó el Simposium Nacional de Rendición de Cuentas, convocado por la Auditoría General del Estado. De lo más destacado fue el panel “Rendición de cuentas y su importancia en la democracia”, en donde se resaltó la importancia de los mecanismos de control ciudadano para la rendición de cuentas. Vale la pena apostarle a este tipo de eventos para contribuir a crear una cultura de rendición de cuentas.  

¿Qué hacer con los municipios opacos?

El Sur de Acapulco

¿Qué hace falta para que los ayuntamientos de Guerrero sean transparentes y rindan cuentas?

Muchísimo: voluntad política, aplicación de las leyes, el apoyo de los gobiernos estatal y federal y una exigencia manifiesta de la ciudadanía para poder ejercer este derecho.

Apenas hace un par de días, el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), que en su capítulo Guerrero se integra por organizaciones civiles y ciudadanos, ratificó lo que ese mismo colectivo obtuvo en sus evaluaciones anteriores, lo que otras organizaciones con metodologías diferentes han percibido, y lo que la población concluye de su relación con los ayuntamientos: los gobiernos municipales están reprobados en transparencia.

De acuerdo con la tercera evaluación que realizó Cimtra-Guerrero, los municipios del estado obtuvieron en promedio 2.8 de calificación, en una escala de 100. Nuestro municipio mejor evaluado, Acapulco, obtuvo apenas 23 puntos, muy lejos de municipios como Chihuahua (90), Puebla (90) o Tamazula, Jal. (79).

El colectivo Cimtra a nivel nacional evaluó a 98 municipios de 13 estados. Entre los 30 últimos lugares, 24 corresponden a Guerrero. Es decir, aunque hay una tendencia nacional de los municipios hacia la opacidad, es en Guerrero donde esta proclividad es mucho más acentuada.

Dentro del propio estado de Guerrero hay diferencias muy grandes. Por ejemplo, todos los municipios evaluados de la región Montaña (Alcozauca, Atlamajalcingo, Cochoapa, Huamuxtitlán, Metlatónoc y Tlapa) tuvieron valores de 0, es decir, completamente opacos. Y otros 10 municipios tienen calificaciones de 10%.

Lo preocupante de la situación es que los resultados de la evaluación Cimtra, antes de hacerlos públicos, se les dan a conocer a las autoridades de los municipios, y no ha habido ni una sola voz que se pronuncie sobre alguna intención por mejorar.

Por eso creemos que uno de los factores relevantes para la transparencia y la rendición de cuentas en los municipios es precisamente la voluntad política de las autoridades municipales, sobre todo el presidente municipal. Sin ella, como hasta hoy ha sido el caso, no podrá haber ningún avance.

El otro factor que comentamos al principio es que las leyes relativas a esta materia realmente se apliquen. En Guerrero tenemos una Ley de Transparencia y Acceso a la Información que obliga a los ayuntamientos a transparentar 35 rubros de información;  la Ley Orgánica del Municipios Libre y la Ley de Participación Ciudadana, también establecen obligaciones muy claras para los ayuntamientos respecto de hacer pública su información.

En el plano federal, obviamente está el sexto constitucional, y las Leyes de Coordinación Fiscal y General de Desarrollo Social, principalmente. Es decir, hay un marco normativo suficiente en materia de transparencia y el acceso a la información para los municipios, sin embargo, curiosamente nadie lo cumple, ni los propios ayuntamientos ni las dependencias responsables de hacerlo valer. Ése es el otro problema grave.

El desinterés y la falta voluntad política para la transparencia y la rendición de cuentas es un problema que las y los ciudadanos organizados o no, deben abordar y considerar en sus agendas, simplemente porque tener acceso a la información pública gubernamental es un derecho que abre muchas posibilidades para el ejercicio de otros derechos. Es el espacio ciudadano desde donde se vislumbra la única posibilidad de lograr avances.

De todo. Datos del Instituto de Transparencia y Acceso a la información del estado de Guerrero señalan que 43 ayuntamientos (53%) no cumplieron su obligación de entregar un informe anual de las solicitudes de información que recibieron y el estado que guardan. También dice que los ayuntamientos obligados a tener página electrónica (los de más de 70 mil habitantes) para hacer transparente su quehacer, si están cumpliendo formalmente; lo que no menciona el ITAIG es que esas páginas no contienen la información pública obligatoria que exige la ley o ésta es parcial… Más para el pesimismo: La página electrónica de la Auditoría General del Estado informa que 26 ayuntamientos no han cumplido con la entrega de su cuenta pública de 2010, y otros 34 la presentaron fuera de tiempo. Algo hay que hacer urgentemente con los municipios.

En qué se invierten los recursos públicos

El Sur de Acapulco

En Guerrero no existe un organismo público o privado que de manera objetiva evalúe los resultados de los recursos que ejercen los gobiernos estatal y municipales. No sabemos si con el dinero público que se ejerce en el estado realmente se están cumpliendo los objetivos para los que fue presupuestado, como disminuir los índices de marginación que padece la mayoría de la población guerrerense.
Sabemos, eso sí, que los recursos públicos ejercidos por lo regular son comprobados documentalmente ante la Auditoría General del Estado por medio de la presentación de las cuentas públicas e informes financieros cuatrimestrales, aunque con muchos asegunes, porque sólo hay que revisar la página electrónica de la AGE, donde se señala que 38 ayuntamientos no han presentado su cuenta pública de 2010 y otros 22 lo hicieron fuera de tiempo.
Sin embargo, no es lo mismo comprobar que cumplir objetivos, ya que los recursos públicos pueden ser gastados en cualquier cosa y ser comprobados conforme los lineamientos de los organismos fiscalizadores, pero no cumplir las metas de los programas.
En este sentido, se observa un enorme vacío que impide tener una percepción más o menos objetiva de los resultados que están arrojando los gobiernos estatal y municipales, el Congreso del Estado, el poder judicial, los organismos autónomos y todas aquellas entidades que ejercen recursos públicos.
Y esto es muy grave en un estado como Guerrero, donde la mayor parte de la población vive en condiciones de pobreza, pues no hay ninguna certeza de que el dinero público se esté invirtiendo realmente en revertir esa condición de los guerrerenses.
Hay que ser claros, no podemos creer ya en lo que dicen los políticos, y menos confiar en que el dinero que ejercen las dependencias públicas se está empleando en el desarrollo del estado.
Hace falta de manera urgente crear una serie de condiciones (instituciones, actitudes diferentes, un marco normativo estatal) para evaluar los resultados de lo que está haciendo el gobierno.
De hecho, es una obligación que desde mayo de 2008, fecha en que se publicó el decreto que modifica el artículo 134 de la Constitución federal, deberían estar cumpliendo los gobiernos: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal (...) se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. (…) Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal”.
Sin embargo, han transcurrido tres años de esa reforma y en Guerrero todavía no se hace nada. Los recursos públicos no necesariamente se aplican a los programas sociales y a las tareas sustantivas de los gobiernos, sino también, aunque no tengo forma de comprobarlo, a las campañas políticas, y en no pocos casos, al patrimonio personal de los gobernantes.
Es predecible que la evaluación de la función pública en Guerrero será una realidad hasta que actúe la presión ciudadana. Será una tarea difícil, especialmente porque la actuación de los grupos organizados no siempre es ajena al clientelismo que todo lo desactiva.
En principio, el gobierno del estado deberá crear una instancia técnica estatal (unidad estatal de evaluación) que realice este trabajo, cuyas funciones son diferentes a las que realiza la AGE, ya que se encargaría de corroborar que los objetivos de los programas y acciones para los que se presupuesta dinero público, realmente se alcancen.
La importancia de esta actividad evaluadora es fundamental, pues no basta con que haya una adecuada (en tiempo y forma) presentación de la cuenta pública, sino que debe haber cumplido los objetivos con el ejercicio de esos recursos.
De todo. Es muy desalentador e indignante saber que en Guerrero se puede “extraviar”, sin más, un expediente relevante para la vida pública del estado como la averiguación previa del asesinato del político Armando Chavarría. Creíamos que en el documental Presunto culpable habíamos visto el límite superior de la impunidad y la corrupción, pero este tipo de noticias lo supera.

Transparencia en retroceso

El Sur de Acapulco

Este es un apretado balance a nueve meses de que entró en vigor la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.

1. Hay claros retrocesos en materia de transparencia. No se observa por parte de las dependencias públicas ninguna disposición para diseñar y ejecutar acciones que permitan mostrar a la ciudadanía y de manera abierta lo que hace cada una de ellas.

Lo que están haciendo unas pocas dependencias es cumplir a medias con las obligaciones que establece la ley, pero la mayoría ni siquiera llega a eso. Sin embargo, todas expresan en sus declaraciones públicas que son entidades abiertas, democráticas y que rinden cuentas, pero lo cierto es que hasta hoy ninguna ha puesto en marcha una política de transparencia que concilie el discurso con los hechos.

Hay muchísimos casos que ejemplifican esta transparencia opaca. Los portales electrónicos, que podrían utilizarse como el espacio privilegiado –por su bajo costo y múltiples posibilidades- para la difusión de los asuntos públicos que interesan a las y los ciudadanos, también han servido para hacer trampas, para engañar a quienes los consultan.

Solo hay que revisar, por ejemplo, la página electrónica del Instituto Estatal Electoral, que tiene una liga para vincular al usuario con la transparencia de la institución, pero desde hace muchos meses no tiene nada (http://www.ieegro.org.mx/index.html). O la página del Congreso del Estado, que aunque esté recién renovada, sólo difunde ocho de los 30 temas que lo obliga la ley (http://www.congresogro.gob.mx/html/transparencia.php). También está el caso de la Universidad Autónoma de Guerrero (http://utai.uagro.org.mx/node/21)  que no informa sobre los temas que la obliga la ley,  y los que tiene, vinculan al usuario con información diferente a la que anuncian.

Casos extremos son los ayuntamientos, que ni siquiera mencionan que tienen obligaciones con la ley de transparencia, y aunque algunos tienen en sus páginas el vínculo de transparencia, éste siempre están “en construcción” o con los vínculos rotos o de plano no tienen nada, como el de Coyuca de Benítez  (http://www.coyucadebenitez.guerrero.gob.mx/)

El gobierno de estado ni siquiera está cumpliendo con esta obligación, pues, como se acostumbra cuando hay cambio de administración, desaparecen todo lo de la gestión anterior, sea o no rescatable. Serán muchos los  meses que habrá que esperar para que haya un acuerdo sobre la nueva política de transparencia y acceso a la información del gobierno del estado, y otros tantos para ponerla a funcionar.

Si las obligaciones de transparencia están claramente indicadas en la ley, ¿quién debe cuidar su cumplimiento? La propia ley dice que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, pero la experiencia de años anteriores indica que no se puede esperar mucho del instituto, porque éste ni siquiera cumple con la difusión de todos los temas que le corresponden por ley, tampoco ha elaborado los lineamientos ni criterios para que las dependencias presenten sus información pública de oficio ni se conoce ninguna evaluación de las obligaciones de transparencia que cada cuatro meses debe realizar el instituto.

2. El acceso a la información de las y los ciudadanos. Una de las buenas notas que contiene la actual ley de transparencia es que permite que las solicitudes de información se efectúen por vía electrónica. Sin embargo, esta nueva disposición no ha removido en nada la situación que vivíamos hace cinco años, cuando entró en vigor la anterior ley.

Salvo el sistema Infomex que utiliza el gobierno del estado para la recepción y respuesta de solicitudes de información, ninguna otra dependencia se ha tomado en serio esta disposición de la ley.

Hoy que hacemos este corte a nueve meses de que entró en vigor la ley de transparencia reformada, vale hacer una buena reflexión sobre lo se está haciendo mal, porque no se perciben avances ni en la transparencia de las dependencias ni en el ejercicio de acceso a la información, y sí, en algunos casos, retrocesos.