Participación ciudadana

El Sur de acapulco

Hace unas semanas, diferentes organizaciones campesinas de Guerrero presentaron ante la LIX Legislatura del Congreso del Estado una propuesta para modificar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del estado (LDRSEG), empleando para ello los oficios de un legislador local. La propuesta vale la pena ser destacada por diferentes motivos:

1. El documento es resultado de un proceso participativo (por medio de foros, encuentros e innumerables  reuniones de trabajo) cuya iniciativa y organización se originaron en las propias organizaciones campesinas. No es fácil logar este tipo de articulaciones, sobre todo en un sector donde han prevalecido los desencuentros y hasta los conflictos entre las diferentes agrupaciones; pero la experiencia es de resaltarse también porque los trabajos enfrentaron no pocas dificultades, desde el bloqueo de funcionarios del gobierno el estado y legisladores del Congreso, hasta las discrepancias propiciadas por las agendas electorales de cada organización, que estuvieron a punto de finiquitar el proceso.

2. Independientemente del contenido final de la ley, lo más importante es que se trata de un ejercicio ciudadano que ha buscado tomar parte en un asunto público como es la confección de una ley que los afecta directamente.

Esto no se ve todos los días, pues hasta hoy, la ciudadanía sólo es “consultada” –por mandato de diferentes normas- pero cuyas propuestas generalmente no son tomadas en cuenta por quienes diseñan y legislan las leyes convirtiéndose en actos de simulación.

La virtud de este ejercicio es que se realizó por la vía ciudadana y es pertinente replicarlo en otros asuntos y sectores; es ya un antecedente muy relevante de participación ciudadana.

3. En los hechos, el Frente Permanente de Organizaciones Sociales de Guerrero, como se autodenominó este grupo, está ejerciendo un derecho establecido en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (iniciativa popular), que permite que las y los ciudadanos presenten ante el Congreso iniciativas para la “creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes”.  

Sin embargo, como dice en los transitorios de esa ley, ese derecho no podrá ejercerse de manera formal hasta en tanto los diputados locales no tengan a bien modificar el artículo 50 de la Constitución guerrerense, en donde se especifica quiénes pueden presentar iniciativas de ley. Por eso la iniciativa del Frente de Organizaciones se presentó por medio de un diputado local.  

4. Más difícil que participar en su diseño y elaboración, para este frente de organizaciones será encontrar los mecanismos para la instrumentación de la LDRSEG, en caso que sea aprobada por la actual Legislatura.  

Es un mal que aqueja no solo a esta ley, sino a muchas que en el papel son excelentes, pero cuando se trata de su aplicación, son letra muerta. El mejor ejemplo es la flamante Ley de Participación Ciudadana, que fue aprobada en junio de 2008 y nada de lo contiene se ha puesto en marcha. Y el mismo destino parece esperarle a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública cuyas obligaciones nadie las está cumpliendo o lo están haciendo de manera parcial.

Las organizaciones del Frente tendrán un enorme reto para hacer realidad lo que proponen. En este país ya no es suficiente que los derechos y obligaciones de los ciudadanos estén reconocidos y garantizados en las leyes, sino que eso es solo parte de una lucha de largo plazo que incluye la presión social para hacerlas valer.

De todo. Ayer jueves concluyó el Simposium Nacional de Rendición de Cuentas, convocado por la Auditoría General del Estado. De lo más destacado fue el panel “Rendición de cuentas y su importancia en la democracia”, en donde se resaltó la importancia de los mecanismos de control ciudadano para la rendición de cuentas. Vale la pena apostarle a este tipo de eventos para contribuir a crear una cultura de rendición de cuentas.  

¿Qué hacer con los municipios opacos?

El Sur de Acapulco

¿Qué hace falta para que los ayuntamientos de Guerrero sean transparentes y rindan cuentas?

Muchísimo: voluntad política, aplicación de las leyes, el apoyo de los gobiernos estatal y federal y una exigencia manifiesta de la ciudadanía para poder ejercer este derecho.

Apenas hace un par de días, el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), que en su capítulo Guerrero se integra por organizaciones civiles y ciudadanos, ratificó lo que ese mismo colectivo obtuvo en sus evaluaciones anteriores, lo que otras organizaciones con metodologías diferentes han percibido, y lo que la población concluye de su relación con los ayuntamientos: los gobiernos municipales están reprobados en transparencia.

De acuerdo con la tercera evaluación que realizó Cimtra-Guerrero, los municipios del estado obtuvieron en promedio 2.8 de calificación, en una escala de 100. Nuestro municipio mejor evaluado, Acapulco, obtuvo apenas 23 puntos, muy lejos de municipios como Chihuahua (90), Puebla (90) o Tamazula, Jal. (79).

El colectivo Cimtra a nivel nacional evaluó a 98 municipios de 13 estados. Entre los 30 últimos lugares, 24 corresponden a Guerrero. Es decir, aunque hay una tendencia nacional de los municipios hacia la opacidad, es en Guerrero donde esta proclividad es mucho más acentuada.

Dentro del propio estado de Guerrero hay diferencias muy grandes. Por ejemplo, todos los municipios evaluados de la región Montaña (Alcozauca, Atlamajalcingo, Cochoapa, Huamuxtitlán, Metlatónoc y Tlapa) tuvieron valores de 0, es decir, completamente opacos. Y otros 10 municipios tienen calificaciones de 10%.

Lo preocupante de la situación es que los resultados de la evaluación Cimtra, antes de hacerlos públicos, se les dan a conocer a las autoridades de los municipios, y no ha habido ni una sola voz que se pronuncie sobre alguna intención por mejorar.

Por eso creemos que uno de los factores relevantes para la transparencia y la rendición de cuentas en los municipios es precisamente la voluntad política de las autoridades municipales, sobre todo el presidente municipal. Sin ella, como hasta hoy ha sido el caso, no podrá haber ningún avance.

El otro factor que comentamos al principio es que las leyes relativas a esta materia realmente se apliquen. En Guerrero tenemos una Ley de Transparencia y Acceso a la Información que obliga a los ayuntamientos a transparentar 35 rubros de información;  la Ley Orgánica del Municipios Libre y la Ley de Participación Ciudadana, también establecen obligaciones muy claras para los ayuntamientos respecto de hacer pública su información.

En el plano federal, obviamente está el sexto constitucional, y las Leyes de Coordinación Fiscal y General de Desarrollo Social, principalmente. Es decir, hay un marco normativo suficiente en materia de transparencia y el acceso a la información para los municipios, sin embargo, curiosamente nadie lo cumple, ni los propios ayuntamientos ni las dependencias responsables de hacerlo valer. Ése es el otro problema grave.

El desinterés y la falta voluntad política para la transparencia y la rendición de cuentas es un problema que las y los ciudadanos organizados o no, deben abordar y considerar en sus agendas, simplemente porque tener acceso a la información pública gubernamental es un derecho que abre muchas posibilidades para el ejercicio de otros derechos. Es el espacio ciudadano desde donde se vislumbra la única posibilidad de lograr avances.

De todo. Datos del Instituto de Transparencia y Acceso a la información del estado de Guerrero señalan que 43 ayuntamientos (53%) no cumplieron su obligación de entregar un informe anual de las solicitudes de información que recibieron y el estado que guardan. También dice que los ayuntamientos obligados a tener página electrónica (los de más de 70 mil habitantes) para hacer transparente su quehacer, si están cumpliendo formalmente; lo que no menciona el ITAIG es que esas páginas no contienen la información pública obligatoria que exige la ley o ésta es parcial… Más para el pesimismo: La página electrónica de la Auditoría General del Estado informa que 26 ayuntamientos no han cumplido con la entrega de su cuenta pública de 2010, y otros 34 la presentaron fuera de tiempo. Algo hay que hacer urgentemente con los municipios.

En qué se invierten los recursos públicos

El Sur de Acapulco

En Guerrero no existe un organismo público o privado que de manera objetiva evalúe los resultados de los recursos que ejercen los gobiernos estatal y municipales. No sabemos si con el dinero público que se ejerce en el estado realmente se están cumpliendo los objetivos para los que fue presupuestado, como disminuir los índices de marginación que padece la mayoría de la población guerrerense.
Sabemos, eso sí, que los recursos públicos ejercidos por lo regular son comprobados documentalmente ante la Auditoría General del Estado por medio de la presentación de las cuentas públicas e informes financieros cuatrimestrales, aunque con muchos asegunes, porque sólo hay que revisar la página electrónica de la AGE, donde se señala que 38 ayuntamientos no han presentado su cuenta pública de 2010 y otros 22 lo hicieron fuera de tiempo.
Sin embargo, no es lo mismo comprobar que cumplir objetivos, ya que los recursos públicos pueden ser gastados en cualquier cosa y ser comprobados conforme los lineamientos de los organismos fiscalizadores, pero no cumplir las metas de los programas.
En este sentido, se observa un enorme vacío que impide tener una percepción más o menos objetiva de los resultados que están arrojando los gobiernos estatal y municipales, el Congreso del Estado, el poder judicial, los organismos autónomos y todas aquellas entidades que ejercen recursos públicos.
Y esto es muy grave en un estado como Guerrero, donde la mayor parte de la población vive en condiciones de pobreza, pues no hay ninguna certeza de que el dinero público se esté invirtiendo realmente en revertir esa condición de los guerrerenses.
Hay que ser claros, no podemos creer ya en lo que dicen los políticos, y menos confiar en que el dinero que ejercen las dependencias públicas se está empleando en el desarrollo del estado.
Hace falta de manera urgente crear una serie de condiciones (instituciones, actitudes diferentes, un marco normativo estatal) para evaluar los resultados de lo que está haciendo el gobierno.
De hecho, es una obligación que desde mayo de 2008, fecha en que se publicó el decreto que modifica el artículo 134 de la Constitución federal, deberían estar cumpliendo los gobiernos: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal (...) se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. (…) Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal”.
Sin embargo, han transcurrido tres años de esa reforma y en Guerrero todavía no se hace nada. Los recursos públicos no necesariamente se aplican a los programas sociales y a las tareas sustantivas de los gobiernos, sino también, aunque no tengo forma de comprobarlo, a las campañas políticas, y en no pocos casos, al patrimonio personal de los gobernantes.
Es predecible que la evaluación de la función pública en Guerrero será una realidad hasta que actúe la presión ciudadana. Será una tarea difícil, especialmente porque la actuación de los grupos organizados no siempre es ajena al clientelismo que todo lo desactiva.
En principio, el gobierno del estado deberá crear una instancia técnica estatal (unidad estatal de evaluación) que realice este trabajo, cuyas funciones son diferentes a las que realiza la AGE, ya que se encargaría de corroborar que los objetivos de los programas y acciones para los que se presupuesta dinero público, realmente se alcancen.
La importancia de esta actividad evaluadora es fundamental, pues no basta con que haya una adecuada (en tiempo y forma) presentación de la cuenta pública, sino que debe haber cumplido los objetivos con el ejercicio de esos recursos.
De todo. Es muy desalentador e indignante saber que en Guerrero se puede “extraviar”, sin más, un expediente relevante para la vida pública del estado como la averiguación previa del asesinato del político Armando Chavarría. Creíamos que en el documental Presunto culpable habíamos visto el límite superior de la impunidad y la corrupción, pero este tipo de noticias lo supera.

Transparencia en retroceso

El Sur de Acapulco

Este es un apretado balance a nueve meses de que entró en vigor la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.

1. Hay claros retrocesos en materia de transparencia. No se observa por parte de las dependencias públicas ninguna disposición para diseñar y ejecutar acciones que permitan mostrar a la ciudadanía y de manera abierta lo que hace cada una de ellas.

Lo que están haciendo unas pocas dependencias es cumplir a medias con las obligaciones que establece la ley, pero la mayoría ni siquiera llega a eso. Sin embargo, todas expresan en sus declaraciones públicas que son entidades abiertas, democráticas y que rinden cuentas, pero lo cierto es que hasta hoy ninguna ha puesto en marcha una política de transparencia que concilie el discurso con los hechos.

Hay muchísimos casos que ejemplifican esta transparencia opaca. Los portales electrónicos, que podrían utilizarse como el espacio privilegiado –por su bajo costo y múltiples posibilidades- para la difusión de los asuntos públicos que interesan a las y los ciudadanos, también han servido para hacer trampas, para engañar a quienes los consultan.

Solo hay que revisar, por ejemplo, la página electrónica del Instituto Estatal Electoral, que tiene una liga para vincular al usuario con la transparencia de la institución, pero desde hace muchos meses no tiene nada (http://www.ieegro.org.mx/index.html). O la página del Congreso del Estado, que aunque esté recién renovada, sólo difunde ocho de los 30 temas que lo obliga la ley (http://www.congresogro.gob.mx/html/transparencia.php). También está el caso de la Universidad Autónoma de Guerrero (http://utai.uagro.org.mx/node/21)  que no informa sobre los temas que la obliga la ley,  y los que tiene, vinculan al usuario con información diferente a la que anuncian.

Casos extremos son los ayuntamientos, que ni siquiera mencionan que tienen obligaciones con la ley de transparencia, y aunque algunos tienen en sus páginas el vínculo de transparencia, éste siempre están “en construcción” o con los vínculos rotos o de plano no tienen nada, como el de Coyuca de Benítez  (http://www.coyucadebenitez.guerrero.gob.mx/)

El gobierno de estado ni siquiera está cumpliendo con esta obligación, pues, como se acostumbra cuando hay cambio de administración, desaparecen todo lo de la gestión anterior, sea o no rescatable. Serán muchos los  meses que habrá que esperar para que haya un acuerdo sobre la nueva política de transparencia y acceso a la información del gobierno del estado, y otros tantos para ponerla a funcionar.

Si las obligaciones de transparencia están claramente indicadas en la ley, ¿quién debe cuidar su cumplimiento? La propia ley dice que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, pero la experiencia de años anteriores indica que no se puede esperar mucho del instituto, porque éste ni siquiera cumple con la difusión de todos los temas que le corresponden por ley, tampoco ha elaborado los lineamientos ni criterios para que las dependencias presenten sus información pública de oficio ni se conoce ninguna evaluación de las obligaciones de transparencia que cada cuatro meses debe realizar el instituto.

2. El acceso a la información de las y los ciudadanos. Una de las buenas notas que contiene la actual ley de transparencia es que permite que las solicitudes de información se efectúen por vía electrónica. Sin embargo, esta nueva disposición no ha removido en nada la situación que vivíamos hace cinco años, cuando entró en vigor la anterior ley.

Salvo el sistema Infomex que utiliza el gobierno del estado para la recepción y respuesta de solicitudes de información, ninguna otra dependencia se ha tomado en serio esta disposición de la ley.

Hoy que hacemos este corte a nueve meses de que entró en vigor la ley de transparencia reformada, vale hacer una buena reflexión sobre lo se está haciendo mal, porque no se perciben avances ni en la transparencia de las dependencias ni en el ejercicio de acceso a la información, y sí, en algunos casos, retrocesos.

Tercera evaluación de CIMTRA

El Sur de Acapulco

En este primer trimestre de 2011, la iniciativa Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), capítulo Guerrero, por tercera ocasión evalúa el nivel de transparencia de los ayuntamientos guerrerenses; en las dos anteriores ediciones, los resultados indican que los gobiernos municipales no consideran a la transparencia y la rendición de cuentas como una política relevante ni como práctica cotidiana de su quehacer.

CIMTRA es una iniciativa nacional en la que participan organizaciones civiles, universidades, ciudadanos y otros organismos no gubernamentales en la evaluación de la transparencia de los ayuntamientos. Básicamente se basa en la observación-investigación directa en las oficinas gubernamentales y en la revisión de páginas electrónicas y publicaciones municipales, para registrar sistemáticamente qué informa el ayuntamiento sobre sus actividades, pues hay que recordar que transparencia es colocar a la vista de todos, información pública relevante del gobierno municipal.

En 2009, la Universidad Iberoamericana de Puebla realizó la primera evaluación en el estado a cinco municipios (Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala, y Taxco). En el ranking estatal, Acapulco fue el mejor evaluado con 35% de transparencia, le siguieron Taxco y Zihuatanejo con 28%, y al final, Chilpancingo con 25% e Iguala un 11%.

En la segunda edición, la evaluación fue realizada por actores locales. La Universidad Loyola del Pacífico en colaboración con Colores AC, Comunica AC, y algunos ciudadanos voluntarios, evaluaron 15 municipios cuyos resultados alcanzaron apenas un promedio de 5.7% de transparencia.

Los ayuntamientos evaluados en 2010 fueron Acapulco, Atoyac, Chilpancingo, Florencio Villarreal, Coyuca de Benítez, Iguala, Juan R. Escudero, Marquelia, Ometepec, Petatlán, San Marcos, Taxco, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Zihuatanejo, y todos salieron reprobados.

Si bien la falta de transparencia en los municipios es un cuello de botella nacional, en Guerrero esa situación es crítica, porque en esa segunda edición, de los 75 municipios evaluados, a Guerrero correspondieron 12 de los últimos 15 lugares.

Si se observan los extremos, el ayuntamiento de Chilpancingo fue el mejor evaluado con 30.8% y el peor Atoyac, con 0, pero también otros ayuntamientos obtuvieron bajas calificaciones como Juan R. Escudero, Florencio Villarreal y Marquelia con 0.9%.

Comparados estos resultados con los que se obtienen en ayuntamientos de otros estados, como Puebla y Chihuahua, que lideraron el ranking nacional por sus calificaciones por arriba de 90%, las diferencias sí son notables.

En la tercera edición que está en curso, el propósito es evaluar a un tercio de los ayuntamientos del estado. Se han incorporado otras organizaciones a realizar la observación de gobiernos municipales, como la asociación civil Jóvenes con Compromiso, y la Pastoral Social, además de más ciudadanas y ciudadanos interesados.

La experiencia de CIMTRA es relevante por varias razones, la más destacada es que se trata de una forma de participación ciudadana para la observación y vigilancia de lo que hacen los ayuntamientos de Guerrero.  Tal vez hasta hoy no se haya logrado incidir para que los gobiernos municipales modifiquen sus políticas de transparencia –o más bien las creen-, pero sin duda, son antecedentes que permitirán acumular fuerzas y en el corto plazo poder generar estrategias que sí incidan en el espacio municipal.

Además, este ejercicio articula la acción de varias organizaciones y ciudadanos para la observación del quehacer municipal. No es fácil que varias agrupaciones se incorporen voluntariamente para hacer un trabajo común, pues es más frecuente que cada una trabaje por su lado.

La presentación de resultados de la tercera evaluación CIMTRA a los ayuntamientos de Guerrero se realizará en la semana del 9 al 13 de mayo.

PD. Enviamos un saludo a Juan Angulo y a todos los compañeros y compañeras de El Sur, con quienes nos solidarizamos frente a las amenazas de que fueron objeto la semana anterior.

Por fin, Infomex

El Sur de Acapulco

1. Infomex Guerrero. Por fin fue inaugurado el sistema electrónico Infomex en el estado. Esto es una buena noticia, aun cuando haya llegado con muchísimo retraso, porque las y los ciudadanos ya podrán solicitar información pública al gobierno del estado y recibir respuesta por vía electrónica, desde el lugar en que se encuentren, incluso fuera del estado.
Pero también hay una mala, y es que durante cinco años, nadie hizo nada para promover el ejercicio del derecho de acceso a la información, ni el Congreso del Estado ni el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información ni el propio gobierno estatal. Una consecuencia de esta carencia es que la potencialidad de este sistema –que ha resultado de mucha utilidad en el nivel federal y en algunos estados–, no será aprovechada, ya que las solicitudes de información que presenten los ciudadanos ante las dependencias del gobierno estatal serán pocas, entre 200 y 300 peticiones anuales. Un verdadero desperdicio.
Hay una segunda noticia mala, y es que este sistema se inaugura a pocos días de que tome posesión una nueva administración. El sentido común indica que el siguiente gobierno deberá hacer suyo este sistema, pero quién sabe, siempre hay un margen de incertidumbre, considerando que nos encontramos en un estado donde la institucionalidad está prendida con alfileres.
2. Innovadores en opacidad. Parece una mala broma, pero el gobierno del estado entró a la carrera por la ejecución de los mecanismos más innovadores para negar u ocultar información pública. En otros estados o incluso en la federación hemos escuchado casos muy ingeniosos.
En Guerrero, hace pocos días, un incendio que fue provocado, redujo a cenizas información correspondiente a la Secretaría de Salud, nadie sabe si estratégica o no. Este hecho ocurrió precisamente en los días en que se han dado a conocer irregularidades en el ejercicio de los recursos de esta Secretaría (compra de helicóptero, leche no entregada y los que se develen esta semana).
Hasta hoy no ha habido, más allá de declaraciones que minimizan lo ocurrido, una explicación contundente de que el objetivo del atentado no era la destrucción o el ocultamiento de información. Mientras no haya esa explicación, los ciudadanos tenemos derecho a hacer cualquier especulación, pues transparencia es que el gobierno del estado dé una explicación suficientemente convincente, soportada con la documentación necesaria, sobre lo ocurrido con la información incinerada.
3. Lo sabido hay que hacerlo evidente. El documental Presunto culpable es una suerte de ojo ciudadano vigilante. La aportación de quienes lo produjeron es simple pero enormemente significativa: haber grabado lo que, de una manera u otra, todos sabemos que sucede en el sistema de procuración e impartición de justicia en México. Pero no es lo mismo saberlo cada quien en su fuero interno, que hacerlo evidente ante colectividades (cine, internet, reuniones, noticias). En pocos días ha propiciado un gran revuelo, que ojalá se traduzca en cambios relevantes en el sistema.
En Guerrero, el asunto debe estar también como tema del día, incluso con una mayor fuerza que en otros estados, porque los atropellos e irregularidades de nuestro deficiente sistema de justicia hay que pensarlos en términos más crudos. Los testimonios de quienes lo han padecido son elocuentes y describen situaciones verdaderamente dramáticas. La lista de casos es larga, y en los hechos sólo conocemos las experiencias que han tenido resonancia pública porque detrás hay personas u organizaciones estatales y nacionales, que precisamente luchan y buscan por diferentes medios –la denuncia pública entre ellos– evidenciar irregularidades y enderezar la grosera parcialidad con que se actúa.
Apenas hoy tenemos vigente el caso de los activistas de Género Cruz Apóstol, Silverio Matías Domínguez y David Valtierra Arango, quienes fueron acusados de privación de la libertad de manera injusta. Su causa está siendo revisada y se espera una justa reconsideración del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En Guerrero se podrían filmar muchos documentales como el de Presunto culpable.

Los compromisos del candidato electo

El Sur de Acapulco

El todavía candidato electo a gobernador, Ángel Aguirre Rivero, durante su campaña o en el fragor del debate asumió algunos compromisos sobre la transparencia y la rendición de cuentas que tendría su gobierno. Es pertinente retomar esos compromisos y argumentar de qué manera podrían ser útiles a los guerrerenses, para que no sólo se queden en palabras o en acciones insulsas.

En general, no hubo muchas referencias precisas sobre el asunto; únicamente durante el debate, el candidato hizo dos propuestas específicas, a saber: otorgarle autonomía al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero (ITAIG); y crear un consejo ciudadano para la vigilancia de los procesos de adquisiciones y obra pública.

Evidentemente estas dos propuestas son a todas luces insuficientes para alcanzar lo que en su página electrónica de campaña proponía: “transparencia y rendición de cuentas son ejes de un gobierno con responsabilidad social”.

Sobre la propuesta de dar autonomía al ITAIG, hay que recordar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado ya le otorga esa calidad al organismo, en su artículo 79. El problema más bien se ubica en el inmovilismo del órgano garante, que no tiene una propuesta clara y consistente para impulsar la transparencia y promover el ejercicio de acceso a la información en el estado.

La ley de transparencia no se está cumpliendo, y para ello se argumentan diferentes  pretextos como  que no hay presupuesto o que está próximo el cambio de administración gubernamental. Esto pone en entredicho el papel del ITAG como organismo que debe garantizar el cumplimiento de la ley, ya que él mismo está pasando por alto algunas obligaciones (casos concretos: la publicación completa de su información de oficio; la elaboración de los lineamientos  para que las dependencias públicas “suban” su información a los portales electrónicos).

La creación del consejo ciudadano con funciones de contraloría social también fue una propuesta específica de Aguirre Rivero. Pero un organismo de esta naturaleza, para que sea eficaz, necesita tener ciertas características.

La primera, es su autonomía, es decir,  debe tener la capacidad para tomar sus propias decisiones; sin esta cualidad, el consejo ciudadano difícilmente podrá ejercer funciones de  vigilancia en las adquisiciones o la obra pública gubernamentales, o sobre cualquier otra materia, pues la autonomía forma parte de la especificidad de un real control social.

Otra característica que debe tener este organismo es su facultad para incidir en las decisiones, es decir, debe contar con suficientes recursos de poder para que su actuación tenga consecuencias en el poder público; coloquialmente, dotar de “dientes” a esta figura; si no es así, terminará siendo un consejo decorativo, débil, con facultades sólo para presentar denuncias, y como sabemos, eso sirve de muy poco.

Finalmente, el consejo ciudadano debe conocer sobre los diferentes procesos de la administración pública, no sólo en la evaluación y vigilancia del quehacer gubernamental. Así, tendrá que dotársele de facultades para ser consultado, pero también para tomar decisiones en los procesos de planeación de las acciones y la orientación del presupuesto.

Pero más allá de estos mecanismos propuestos por el candidato electo, lo que se requiere en Guerrero es una reforma profunda al actual sistema de rendición de cuentas. Los actuales mecanismos de control y vigilancia intergubernamentales más bien funcionan como canales de información sobre el uso de los recursos (y sí, de vez en cuando hay uno que otro inhabilitado), pero no sirven para vigilar que realmente se cumplan los objetivos por los que se gastaron esos recursos. Un ayuntamiento puede cumplir formalmente con su cuenta pública, requisitando toda la comprobación correspondiente, pero eso no significa que con los recursos ejercidos se haya dado cumplimiento a los objetivos establecidos en cada programa sociales y se tuvieran impactos positivos entre la población.

Con esa orientación tendría que fincarse una reforma para una efectiva rendición de cuentas.

Información pública de oficio (II)

El Sur de Acapulco

En este artículo continuamos comentando el estudio “La transparencia en Guerrero: una revisión a la información pública de oficio”, realizado por la asociación civil Comunicación para el Desarrollo Comunitario, para conocer el nivel de cumplimiento de las dependencias públicas de Guerrero respecto de la información que deben poner a disposición del público a través de la internet.

Aunque 77% de las dependencias (sujetos obligados) muestreadas cuentan con página electrónica, sólo 57% cumple parcialmente -porque nadie lo hace completamente- con las obligaciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

Con la información obtenida de los sujetos obligados que sí tienen portal electrónico construimos un ranking de la transparencia en el que se observan marcadas diferencias, por ejemplo, mientras el Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) cumple de manera más o menos completa con 18 de los 22 temas que exige la ley, el Tribunal Superior de Justicia únicamente cumple con dos.

Se observa en el ranking que sólo dos dependencias (IGIFE y Secretaría de Salud) cumplen entre 60 y 80% de las obligaciones de la información de oficio; dos cumplen con la mitad (Sefina e Invisur), y el resto está por debajo de 50% en el cumplimiento de las obligaciones. Incluso se tienen cuatro dependencias que apenas alcanzan 9% de sus obligaciones informativas, y entre ellas está el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo Estatal del Cocotero, el Fideicomiso Guerrero Industrial y el Ayuntamiento de Tlalchapa.

Los sujetos obligados del poder Ejecutivo del estado son los que tienen niveles más altos de cumplimiento, ya que entre los 10 primeros sitios del ranking se encuentran ocho dependencias del sector central del gobierno del estado. En el caso de los ayuntamientos, Chilpancingo y Acapulco se encuentran con 27% de cumplimiento, ocupando el décimo y onceavo lugar en el ranking general; y le siguen Chilapa y Cuajinicuilapa en el doceavo sitio con 23% de cumplimiento.

Una observación relevante es que los temas de información que pueden ser útiles a los ciudadanos para el seguimiento de las acciones de gobierno (presupuestos, planes de desarrollo, programas, metas, indicadores de gestión) son precisamente los que menos se publican en los portales electrónicos; en comparación, los temas que no generen ninguna incomodidad entre los sujetos obligados como la estructura orgánica, el directorio de los servidores públicos, la dirección de las oficinas o el marco normativo que aplica a cada sujeto obligado, son los que se publican con más frecuencia.

Una deficiencia que se arrastra desde la reforma al artículo 6° constitucional (en sus transitorios) es que a los ayuntamientos de menos de 70 mil habitantes –que en Guerrero son 75- se les “exentó” de publicar información en medios electrónicos, aunque interpreto que eso no los excusa de hacerlo por otros medios como impresos, periódicos murales, gacetas, etc.

Los ayuntamientos, de por sí proclives a la opacidad, tienen su gran coartada en estos transitorios.

Asimismo, se encontró que es grave la falta homogeneidad en la presentación de la información, ya que dificulta mucho la accesibilidad a la misma. Este desorden es porque faltan criterios y lineamientos para “establecer formatos sencillos, entendibles y claros para la consulta pronta y expedita de la información (artículo 14)”, que debieron ser expedidos por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado desde el 15 de agosto de 2010, según los transitorios de la ley, pero a la fecha no existen.

En general, el balance sobre la transparencia no es positivo; ni la anterior ni la actual ley de transparencia de Guerrero han logrado obligar a las dependencias a publicar la información básica sobre su quehacer. Y aunque algunas dependencias lo han hecho parcialmente, nos encontramos ante casos que Jonathan Fox llama de “transparencia opaca”, es decir, “información que sólo está disponible nominalmente (que teóricamente es accesible, pero no lo es en la práctica), datos cuyo significado no es claro, o ‘información’ que se disemina, pero que no es confiable”.  

Información pública de oficio (I)

El Sur de Acapulco

Hace unos días, la asociación civil Comunicación para el Desarrollo Comunitario hizo una evaluación del nivel de cumplimiento de las dependencias públicas de Guerrero respecto de la información pública de oficio, es decir, aquella que deben poner a disposición del público a través de la internet. Hacerlo, es una obligación considerada en los artículos 13 al 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (LTAIPEG), uno de cuyos artículos transitorios dio de plazo hasta el 29 de noviembre de 2010 para cumplirla.

Dar a conocer públicamente la información de oficio es uno de los principales indicadores de la transparencia u opacidad con que opera una dependencia pública, y muestra la voluntad de sus titulares para abrirse al escrutinio público.

Este ejercicio de evaluación lo realizamos por medio de un monitoreo a los portales electrónicos de las dependencias durante la primera semana de enero de este año;

para hacerlo, se obtuvo una muestra de 35 dependencias públicas (23.3% de las que se consideran “sujetos obligados”) a través de un muestreo aleatorio simple.

El monitoreo nos permitió obtener una fotografía de la disposición política que tienen las dependencias públicas de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno para difundir aspectos significativos del quehacer que realizan.

Los resultados no son nada alentadores; por ejemplo, llama la atención que sólo 57% de las dependencias públicas del estado monitoreadas cumplen con esta obligación, ya que cuentan con una página electrónica que contiene información de acuerdo con los parámetros de la LTAIPEG, aunque esto no quiere decir que la presenten de manera completa y pertinente. Hay una intención de estas dependencias por cumplir el compromiso formal, pero definitivamente no se les puede considerar como transparentes.

También destaca que 11% de las dependencias públicas, aun cuando tienen una página electrónica, no consideran los 22 temas que obligadamente tendrían que difundir de acuerdo con la ley, y, en cambio, destinan el espacio a informar sobre asuntos sin relevancia para el ojo ciudadano. A éstas, que no están cumpliendo con la ley, se les ubica expresamente en un segmento de opacidad.

Hay otro 11% de dependencias que tienen página electrónica pero su información pública de oficio se basa en los criterios de la anterior ley, es decir, está desactualizada. Estas dependencias tampoco pueden ser consideradas como transparentes.

Finalmente, destaca que 23% de los sujetos obligados monitoreados no cuentan con página electrónica, aunque aquí cabe señalar que todos los que se encuentran en esta categoría son ayuntamientos municipales y de cierta manera están exentos de la obligación de contar con sistemas electrónicos, sobre todo los municipios con población menor a 70 mil habitantes, pero esto no los exime de que difundan los 22 temas de la LTAIPEG por otros medios, como folletos, periódicos murales, gacetas, etc.

En conclusión: no obstante que la LTAIPEG dio de plazo hasta el 29 de noviembre de 2010 para que los 150 sujetos obligados de Guerrero difundieran su información pública de oficio, la mayoría no lo ha hecho o lo ha realizado de manera deficiente.

Este panorama es más grave si se considera que había una experiencia previa con la anterior ley, que también obligaba a difundir información de oficio y se suponía que ya había información ordenada y sistematizada.

En el siguiente artículo comentaremos el “ranking de la transparencia” relativo a las dependencias públicas y su nivel de cumplimiento de esta obligación.

¿Y la rendición de cuentas?

El Sur de Acapulco

Los candidatos a la gubernatura del estado de Guerrero no han asumido compromisos sustanciales respecto de la transparencia y la rendición de cuentas gubernamentales; y aunque sí se han referido a estos temas durante sus campañas, sus propuestas son muy generales, poco significativas y ambiguas. Lo que más han declarado es que si son electos, sus gobiernos serán transparentes y rendirán cuentas, pero no han argumentado cómo.

Y no podía ser de otra manera pues son temas que electoralmente “no venden”, como sí lo hacen, digamos, el fertilizante gratuito o el obsequio de mochilas, útiles y hasta zapatos. Sin embargo, apuesto cien contra uno a que, antes de terminar su primer año de gobierno, quienes resulte electo será señalado y hasta acusado por su opacidad y falta de rendición cuentas.

De acuerdo con John Ackerman, la rendición de cuentas es un proceso mediante el que los servidores públicos informan, explican y justifican sus planes de acción, su desempeño y sus logros y se sujetan a las sanciones y recompensas correspondientes.

En Guerrero, esto no sucede, ya que nadie informa (o informan lo que quieren), ni explica ni justifica nada; y cuando se detectan irregularidades, a nadie se castiga, o las responsabilidades recaen sobre los “peces chicos”. Hay entonces una gran deuda con la rendición de cuentas, y los candidatos no la han querido abordar a fondo.

El debate entre candidatos, primero en la historia del estado, fue una gran oportunidad para referirse a estos temas, sin embargo, fueron pobres las referencias que se hicieron porque el tiempo lo ocuparon en decirse adjetivos. Recordemos lo que dijeron.

Marcos Efrén Para Gómez (Partido Acción Nacional). Dos menciones: en la primera afirmó que impulsaría la transparencia, el acceso a la información y una “periódica” rendición de cuentas. En la segunda se refirió a que el suyo sería un gobierno con finanzas transparentes y “justificadas”. En su página electrónica no hay ninguna mención sobre el tema.

Manuel Añorve Baños (Coalición tiempos mejores para Guerrero). También tuvo dos menciones durante el debate. Una se refirió a la creación de una contraloría autónoma ciudadana para el seguimiento de las acciones de los gobiernos estatal y municipal, y la otra a que impulsará un gobierno transparente con rendición de cuentas.

En su página electrónica propone además “establecer en la Constitución y en la Ley de Acceso a la Información, el principio de publicidad máxima de la información” (de hecho, ya está incluido este principio en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, en su artículo 10); y la “transformación de la Comisión Estatal de Acceso a la Información, (para) darle verdadera autonomía y difusión de sus actividades” (vale recordar que ya no es Comisión, sino Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero desde el 30 de julio de 2010; y los problemas de su ineficacia no están precisamente relacionados con su grado de autonomía ni en la difusión de sus actividades).

Ángel Aguirre Rivero (Coalición Guerrero nos une). Se refirió en dos ocasiones a estos temas, ambas para decir que crearía un Consejo Ciudadano para la Vigilancia de las Adquisiciones y la Obra Pública. En su página electrónica menciona que “transparencia y rendición de cuentas son ejes de un gobierno con responsabilidad social”.

Como se puede observar, ninguno de los candidatos tiene una propuesta estructurada más allá de sus compromisos aislados. ¿Qué nos espera a partir de abril de 2011? No sabemos, pero si los dos candidatos que tienen mayores posibilidades de ganar cumplen su compromiso de crear contralorías ciudadanas –siempre y cuando éstas tengan una incidencia real en los asuntos públicos que vigilarán-, podríamos hablar de algún avance.   

PD. Me quedé con las ganas de ver y escuchar el debate del debate. Nadie, ni las universidades ni los medios de comunicación organizaron una discusión seria en torno al debate; prevalecieron las matracas.