Retos para 2020 en transparencia y rendición de cuentas

Marcos Méndez Lara
Hay numerosos asuntos pendientes en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, pero en esta ocasión reseñamos los que podrían abordarse y resolverse este mismo año, es decir, aquellos temas que consideramos urgentes como transparencia, gobierno abierto, la legislación de la ley estatal de archivos, así como órganos de control interno, el sistema estatal anticorrupción y la contraloría social.
Transparencia
Desde hace ya varios años, el cumplimiento cabal de las obligaciones de transparencia por parte de las dependencias públicas es todavía hoy un tema que está en la agenda. Los monitoreos y revisiones que se efectuaban en años anteriores y los que realiza actualmente el órgano garante de manera periódica, evidencian los pobres resultados que tenemos en Guerrero, y desafortunadamente hasta hoy, estos incumplimientos no tienen consecuencias.
Tan sólo en el último monitoreo realizado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (Itaigro) se obtuvieron resultados poco alentadores. En la verificación 2018 –la más reciente– se revisaron 190 dependencias públicas, de las cuales 61 (32.1 por ciento) obtuvieron puntuaciones que van de 0 a 25 por ciento; otras 25 registraron calificaciones que van de 26 a 60. En tanto que 104 dependencias (55 por ciento del total) alcanzaron entre 61 y 100 por ciento de puntuación.
En este campo hay muchas actividades por realizar. Los monitoreos del Itaigro, por ejemplo, deben ser más frecuentes –el de 2019 se presentará hasta febrero de este año– para tener un mejor pulso de la situación y poder tomar las medidas que se requieran (capacitación, asesoría, exhortos, etc.).
Pero también se debe atender la otra cara de la moneda, es decir, sí se debe contribuir y apoyar a que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones, pero también sancionar a quienes no lo hagan. Desde hace varios años tenemos en Guerrero el problema de la falta de cobro de multas a quienes incumplen no sólo con sus obligaciones de transparencia, sino en general a los que cometen infracciones a la Ley 207 de Transparencia, no entregar la información después de una resolución del Itaigro, por ejemplo.
Es un problema que hemos tratado abundantemente en este espacio, pero hasta hoy sin resultados. A la fecha, seguimos con un récord negativo, pues en Guerrero nunca se ha cobrado una sola multa por concepto de sanciones a los sujetos obligados incumplidos o que cometen infracciones a la ley, lo que propicia impunidad y en general falta de confianza a las instituciones.
Otro tema relevante para abordarse este año es la instalación y funcionamiento de las unidades y comités de transparencia, especialmente en los ayuntamientos. En las dos ediciones anteriores de Monitor de Guerrero presentamos un diagnóstico general sobre estos importantes componentes para lograr que las prácticas de transparencia y acceso a la información se institucionalicen en los gobiernos municipales, como es uno de los propósitos de quienes concibieron y diseñaron la ley general.
Derivado de ese diagnóstico en el presente año puede iniciarse ya una discusión seria sobre la factibilidad de certificar y profesionalizar al personal que coordina las unidades de transparencia, pues si continuamos con la misma dinámica, se corre el riesgo de que cada tres años se repitan las prácticas discrecionales de los alcaldes para designar en las unidades de transparencia a personas inexpertas, sin capacitación y sin perfil para ocupar los puestos. La curva de aprendizaje y la capacitación de los titulares es muy costosa para la transparencia en el estado.
En el caso de los comités de transparencia de los ayuntamientos se debe procurar que su composición sea plural y se incluya la participación de ediles que provengan de partidos diferentes al del presidente municipal. Es necesario también buscar fórmulas que garanticen la inclusión de ciudadanos que tengan realmente interés y conocimiento sobre sus funciones en dichos comités, a efecto de que se conviertan en verdaderos contrapesos y vigilen la fluidez de la información.
El funcionamiento de los comités de transparencia en los gobiernos municipales debe ser plena, sesionar con regularidad y cumplir con las atribuciones que le establece la ley, pues hasta hoy, si bien se ha ganado en el número de comités instalados en relación con el trienio anterior, todavía falta mucho para hacerlos funcionales y que realmente cumplan con un papel destacado en la política de transparencia a nivel local.
Otro de los pendientes en materia de transparencia es el consejo consultivo del Itaigro, que a la fecha no está funcionando. Será muy saludable para la vida pública del estado que los ciudadanos integrados en este consejo emitan opiniones y en su caso recomendaciones para complementar y enriquecer el trabajo que se realiza en el órgano garante. Como se recuerda, el consejo consultivo opina sobre el programa de trabajo y sobre el proyecto de presupuesto del Instituto, además de que conoce el informe del Instituto sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio presupuestal y emitir las observaciones correspondientes, entre otras funciones.
La LXI Legislatura del Congreso del estado designó, el 17 de agosto de 2018, a dos ciudadanos y una ciudadana para que integraran dicho consejo consultivo. A diecisiete meses de nombrado, ya es necesario que comience a funcionar.
Varios de los temas anteriores requieren reformas a las normas. Desde el Comité de Participación Ciudadana, que presidí en 2019, promovimos con la Comisión de Transparencia del Congreso del estado la realización de foros u otros mecanismos de participación a través de los cuales se capten propuestas de especialistas y en general de la ciudadanía para mejorar la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información del estado. Sin duda, este 2020 hay condiciones para convocar y organizar tales eventos y dejar avanzados muchos de los temas pendientes.
Gobierno abierto y ley de archivos
Hace unos días me llegó una invitación del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) para que propusiera alguna práctica realizada en el estado que mereciera participar en la convocatoria Reconocimiento de Prácticas Exitosas de Gobierno Abierto 2020. Desde luego, no propondré ninguna porque en Guerrero no ha habido hasta la fecha ninguna iniciativa al respecto.
Sólo como recordatorio, el estado se incorporó en 2016, por iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, a una invitación del INAI para promover e impulsar este tipo de prácticas de gobierno abierto, y específicamente se convocó al Ejecutivo del estado y al ayuntamiento de Acapulco del trienio 2015-2018, cuyos titulares firmaron una carta de intención. En el caso del municipio porteño, el ejercicio nunca se concretó, y con la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, entidad a la que se delegó esta misión, tampoco ha sido posible hasta ahora.
La mayoría de los estados ya han ensayado por lo menos uno de estos ejercicios locales de gobierno abierto, y en Guerrero continúa siendo uno de los grandes pendientes. Según el INAI, gobierno abierto es un modelo de gestión que se basa en los principios de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas y tecnologías de la información para formular políticas públicas que promuevan el diálogo, la colaboración y la co creación entre autoridades y ciudadanos. Los componentes clave son la construcción de espacios y mecanismos de diálogo y colaboración entre ciudadanía y gobierno para la resolución de problemas públicos; y especialmente la procuración de un ambiente propicio para generar la confianza y la legitimidad que requiere esa colaboración.
Otro pendiente para 2020 es la legislación de una ley estatal de archivos. El 15 de junio de 2019 entró en vigor la Ley General de Archivos, que establece un plazo de un año para que las legislaturas estatales diseñen y aprueben su propia ley, basada en el ordenamiento general. Es decir, restan escasos seis meses a la actual Legislatura para trabajar y aprobar una ley estatal, so pena de saltarse el ordenamiento general. La opinión pública nacional tendrá puesta la lupa en los estados, especialmente en los congresos locales, para observar los avances del último de los pilares normativos que dieron origen a los sistemas nacionales de transparencia, fiscalización y anticorrupción.
SEA y órganos de control
A finales de septiembre de 2018 entraron en vigor las modificaciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre relativas a la integración de órganos de control interno en los municipios, una reforma de primer orden que buscaba crear e institucionalizar un mecanismo efectivo para alcanzar los objetivos y las metas de este orden de gobierno, mejorar el desempeño y cuidar el cumplimiento de las normas aplicables a los municipios.
La fecha límite que tenían los ayuntamientos para la integración de estos órganos fue el 29 de diciembre de 2018, y a más de un año del plazo, son realmente pocos los gobiernos que los han constituido conforme a las bases que establece la ley.
Algo está fallando en la implementación de esta norma –indispensable para establecer este importante mecanismo orientado entre otras funciones a disminuir la corrupción en los ayuntamientos– no obstante que se les ha brindado capacitación y asesoría a los gobiernos municipales por parte de los órganos fiscalizador y de control estatales.
Es muy urgente entonces el diseño de acciones que permitan remover los obstáculos a la implementación de esta reforma, pero antes deberán realizarse en el corto plazo los diagnósticos y análisis necesarios sobre el estado en que se encuentran dichos OIC, tarea que podría ser coordinada y concretada desde el sistema estatal anticorrupción.
Y es precisamente este sistema el que, además de efectuar los trabajos que aún se requieren para consolidar su funcionamiento interno, debe comenzar a plantearse proyectos de mayor aliento.
En el primer caso, se avanzará mucho en el momento en que todas las dependencias involucradas planeen y actúen como sistema, es decir, con proyectos coordinados, más allá de sus funciones regulares que les toca realizar de manera individual.
Es urgente también el fortalecimiento del Comité de Participación Ciudadana, la Comisión Ejecutiva y de la Secretaría Ejecutiva, pues son los órganos que generan los insumos necesarios –el CPC mediante su interacción con grupos de la sociedad civil, y la Secretaría Ejecutiva con la realización de investigaciones, diagnósticos y en general cualquier estudio técnico; la burocratización o anquilosamiento de cualquiera de estos órganos inevitablemente disminuirá su potencial y retrasará el desarrollo de proyectos.
Contraloría social
En Guerrero, los sucesivos gobiernos estatales nunca diseñaron ni implementaron una política propia de participación ciudadana para la vigilancia del quehacer gubernamental local que realmente haya funcionado.
Lo que se ha hecho hasta hoy es seguir los lineamientos que dicta la Secretaría de la Función Pública para crear comités de contraloría social en los programas sociales federales. Sin embargo, dicha política tenía serias limitaciones, la propia secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros anunció que “se tienen nuevos lineamientos que la desburocratizan y aumentan su efectividad, convirtiéndola en un espacio participativo ‘donde la ciudadanía vigile lo público y el gobierno se comprometa a dar seguimiento a los hallazgos de la sociedad, mejorar la gestión pública y sancionar si es necesario’”, pues antes los comités de contraloría social eran “estructuras utilizadas para trámites o para simular”.
Pero para los programas estatales poco o nada se ha hecho. Si bien las reglas de operación de los programas sociales estipulan la creación de comité de contraloría social por los beneficiarios, lo cierto es que no se han constituido porque no existen lineamientos para su integración y además no tienen ningún tipo de aliciente o promoción desde la esfera gubernamental, tan necesario en un contexto donde hay poca confianza en las instituciones.
Este año, pues, desde le gobierno del estado se puede concebir una buena política de participación ciudadana, que además es congruente con algunas líneas de acción que se proponen en el plan estatal de desarrollo, como es la promoción y la creación de observatorios ciudadanos, y la “creación de comités técnicos ciudadanos de transparencia y rendición de cuentas.
Estos son algunos apuntes que pueden ser útiles en la integración de una agenda estatal 2020 para mejorar las prácticas de transparencia y de rendición de cuentas. Ninguna de éstas es imposible de cumplir en el corto plazo y sin duda redundarán en una mayor y mejor interacción entre gobierno y ciudadanía y permitirán avanzar en los mecanismos de rendición de cuentas gubernamental.

Diagnóstico sobre comités de transparencia municipales

Marcos Méndez Lara
Los comités de transparencia son órganos colegiados que resuelven controversias y dan pautas de actuación en materia de transparencia en el interior de los sujetos obligados o dependencias públicas. Junto con las unidades de transparencia, que abordamos en la edición anterior, son áreas creadas en la Ley General de Transparencia para la gestión de información y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, cada uno con funciones y composición específicas.
En este número de Monitor de Guerrero, el último del año, abordamos el tema de los comités de transparencia de los gobiernos municipales de Guerrero con el mismo método del anterior. Es decir, nuestra fuente de información son las respuestas a 81 solicitudes de información que presentamos en el primer trimestre del año. Se trata de un diagnóstico muy general de lo que está sucediendo en esos importantes organismos para la transparencia en el nivel local.
Resultados
Este ejercicio de acceso a la información tuvo dos propósitos. El primero, conocer qué y en cuánto tiempo respondían los ayuntamientos a una solicitud de información, a efecto de tener el pulso sobre la atención a este tipo de requerimientos en los gobiernos locales. El otro, contar con información para diagnosticar de manera general cómo están funcionando los comités de transparencia de los ayuntamientos. Para ello, presentamos 81 solicitudes de información requiriendo el acta donde se designa o integra el comité de transparencia del ayuntamiento, y copia de todas las actas de las reuniones del comité realizadas de octubre de 2018 hasta la fecha (a finales de marzo de 2019). Cabe aclarar que no se incluyen en este recuento respuestas extemporáneas ni información producto de recursos de revisión. Tampoco se revisaron los portales oficiales ni la información publicada en la plataforma nacional de transparencia, ya que se trataba de un ejercicio de acceso a la información.
Dieciocho ayuntamientos no respondieron a la solicitud de información, esto equivale a 22.2 por ciento del total. Mientras que seis gobiernos municipales no adjuntaron archivo con la información solicitada, y en dos casos, los vínculos electrónicos son defectuosos. En total, 26 ayuntamientos no respondieron satisfactoriamente.
Los gobiernos que no respondieron son Alpoyeca, Atlamajalcingo, Ayutla, Xochihuehuetlán, Copalillo, Coahuayutla, Cuetzala, Cutzamala, General Canuto A. Neri, General Heliodoro Castillo y Huamuxtitlán.
Tampoco contestaron Mártir de Cuilapan, José Joaquín de Herrera, Pedro Ascencio Alquisiras, San Miguel Totolapan, Zapotitlán, Tlacoapa y Xalpatláhuac.
Otros, aunque respondieron, dieron explicaciones diversas para no entregar información, como el caso de Atoyac, que nuevamente argumentó que: “Por razones de no tener funcionando en óptimas condiciones el escáner, para digitalizar la información, se le solicita pase a la oficina de la unidad de transparencia ubicada en calle prolongación Miguel Hidalgo, Col. Loma Bonita, Atoyac de Álvarez, Gro. C.P. 40930, en un horario de 9:00 am a 4:00 pm, para que le sea entregada la información solicitada en copia fotostática, así mismo contar con credencial de elector u otro documento de identificación oficial”.
O el gobierno de Coyuca de Benítez, cuya unidad de transparencia respondió que “en los próximos 15 días se dará a conocer la página web y vendrán todos los datos que necesita saber”. San Luis Acatlán argumentó que “esta información está disponible públicamente”, pero no proporciona ninguna orientación para localizarla. Y Xochihuehuetlán mencionó que “le informo que el comité y los relacionados con estos documentos mencionan que no se podrá otorgarle la información, a caso de que se presente a la oficina con la titular”.
En general, encontramos que la mayoría de los comités de transparencia se instalaron en los primeros meses de las administraciones municipales. Veinte comités tomaron protesta en el mes de octubre de 2018, 13 en noviembre, seis en diciembre. Tres se instalaron en enero de 2019, cuatro en febrero y dos en marzo. El ayuntamiento de Benito Juárez no específica la fecha. En total, y de acuerdo a las respuestas recibidas, 49 ayuntamientos tenían instalados sus comités de transparencia en el primer trimestre del presente año. Sin duda, es un buen avance, pues se observa que en este trienio sí hay interés por constituir estas importantes figuras, pero como veremos más adelante, al parecer sólo fueron para la foto porque los que están funcionando son contados.
Cabe mencionar que tres gobiernos, incluyendo al de Iguala y Chilpancingo, explicaron que sus comités se instalarían en los próximos meses. El ayuntamiento de la capital dijo que “… a la fecha no se ha podido concretar la toma de protesta del comité de transparencia pendiente por la falta de designación de los tres ciudadanos distinguidos comprometidos en mantener un trabajo transparente de rendición de cuentas con la ciudadanía, sesionar y dar seguimiento a lo que le corresponde. Cabe hacer mención que la prórroga se solicitó contemplando que en este periodo se llevaría a cabo dicho protocolo. Quedamos pendientes por confirmar la fecha de la toma de protesta, haciéndole llegar la invitación para contar con su honrosa asistencia”.
Iguala, por su parte, manifestó que “no ha sido aprobado mediante sesión de Cabildo el Comité de Transparencia, razón por la cual tampoco ha habido sesión alguna de dicho Comité, del mes de octubre a la fecha (21 marzo 2019)”.
En tanto que Pilcaya explicó que “la titular de la Unidad de Transparencia junto con el apoyo y aval de la Presidenta Municipal, se encuentran en el proceso de selección de los integrantes del Comité de Transparencia… Asimismo, se espera que este Comité de Transparencia lleve a cabo su sesión de instalación durante la primera quincena del mes de mayo y con ello dar cumplimiento al artículo 56 de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero”.
Integración de comités
Los comités de transparencia fueron diseñados como órganos colegiados a efecto de que en la toma de decisiones hubiese una mayor deliberación de los asuntos que se ponen a su consideración, y no prevalecieran las decisiones unipersonales, es decir, que las decisiones se tomaran manera horizontal y mediante votación impar.
En el caso específico de los ayuntamientos, la Ley 207 de Transparencia establece, en su artículo 56, que “el Comité de Transparencia estará integrado por lo menos, por ediles designados por el cabildo, el Secretario del Ayuntamiento, los titulares de Asuntos Jurídicos y de la Unidad de Transparencia, así como tres ciudadanos distinguidos de la comunidad”.
La mayoría de los gobiernos municipales cumple con esta composición, según las actas de instalación revisadas. Sin embargo, hay algunas consideraciones que se pueden comentar.
Por ejemplo, el gobierno municipal de Alcozauca no incluyó a ciudadanos en el comité de transparencia, y explica en el acta que emitieron una convocatoria, pero ninguno aceptó, excepto algunos que condicionaron su participación a estar en la nómina, por lo que el cabildo decidió instalar un comité sin ciudadanos y solicitaron “se dispense el requisito de integrar ciudadanos distinguidos del municipio.”
En el caso de Arcelia, el titular de la unidad de transparencia fue nombrado como presidente del comité, pero no incluyeron ni a regidores ni a ciudadanos. En el comité de transparencia de Atenango no se consideraron a los regidores, pero en cambio se eligieron cuatro ciudadanos, y en contraste, en Huituzco y en Coyuca de Catalán solo hay dos ciudadanos. En Eduardo Neri no se incluyeron regidores, como tampoco en Leonardo Bravo ni en Ajuchitlán.
En el municipio de Mochitlán, los regidores cumplen dos funciones dentro del comité de transparencia: fueron designados como ediles, pero también “como ciudadanos distinguidos”. En el ayuntamiento de Atlixtac instalaron primero al comité de transparencia y luego designaron al titular de la unidad de transparencia. Y en algunos municipios como La Unión y Malinaltepec, el alcalde es el presidente del comité de transparencia.
La composición de los comités de transparencia de los ayuntamientos que señala la ley no es fortuita. Se busca que haya especialistas en diferentes temas como el secretario del ayuntamiento, el director de asuntos jurídicos y el titular de la unidad de transparencia. Pero también se busca que haya pluralidad en su interior, como es el caso de la participación de los regidores, y la ciudadanización de las decisiones, con la inclusión de tres ciudadanos del municipio. Estos dos últimos componentes sin duda son los más débiles de los comités de transparencia, pues lo ideal es que en estos órganos colegiados incluyera la participación de regidores de partidos distintos al del presidente municipal, y que en la designación de ciudadanos hubiera una real convocatoria abierta y no la mano de funcionarios municipales para nombrar a sus simpatizantes.
Las sesiones
Aunque la ley no establece plazos específicos para que sesionen los comités de transparencia, sí prevé una serie de funciones que exigen a estos órganos colegiados reuniones constantes y de manera periódica. Del recuento que hacemos en esta edición de Monitor de Guerrero se desprende que si bien hubo un buen número de comités instalados durante los primeros tres meses de las administraciones municipales, el número de sesiones ordinarias y extraordinarias es bajísimo. Con estos datos, pareciera que la intención fue sólo la de cumplir con el requisito de instalación y tomarse la foto, pero no la de hacer funcionales a estos comités de transparencia.
En un periodo de seis meses (de octubre de 2018 a marzo de 2019), la gran mayoría de los ayuntamientos que instalaron sus comités no ha realizado una sola reunión. De acuerdo con la información que nos enviaron, 37 comités de transparencia no se habían reunido para sesionar. Sólo 10 comités tuvieron una reunión, y cuatro comités sesionaron en dos ocasiones. En total, los comités de transparencia de los 81 ayuntamientos sólo realizaron 14 sesiones de trabajo, un número que manifiesta una casi total falta de operatividad de estos órganos colegiados, en detrimento de la rendición de cuentas local.
Algunos ayuntamientos justificaron con diversas explicaciones esta grave carencia. El gobierno de Tlalchapa, por ejemplo, nos dijo “que por ser dada de alta como área nueva del sujeto obligado no se ha llevado a cabo ninguna reunión del comité de transparencia”. Igualapa comentó que “el comité de la unidad de transparencia no ha realizado reuniones, aclaro por que el gobierno del estado aún no nos ha entregado nuestro portal web para poder trabajar al 100 por ciento, estamos en espera”. Mientras que el ayuntamiento de Apaxtla contestó que “hasta el momento no se ha sesionado por problemas administrativos”. Otros, como el de Benito Juárez, en su reunión de instalación aprobaron su calendario de sesiones, pero a la fecha no han realizado ninguna.
Hay que destacar también a los comités de transparencia que sí han efectuado sesiones de trabajo. Juan R. Escudero registra dos sesiones. En la primera analizan y aprueban la tabla de aplicabilidad. Mientras que en la segunda, se analiza la respuesta dada por su contralor interno a una solicitud de información (no específica qué preguntó el ciudadano) y, ejerciendo plenamente sus atribuciones, instruye que se haga una nueva búsqueda y se le responda en otros términos al solicitante.
El ayuntamiento de Mochitlán también ha realizado dos sesiones. Una para aprobar el calendario de sesiones, y la segunda, para informar sobre el estado que guardan las solicitudes de información recibidas por la unidad de transparencia. Ometepec es otro de los gobiernos que ha realizado dos sesiones, una para analizar y aprobar la tabla de aplicabilidad y el calendario de sesiones, y la otra para asignar a las unidades administrativas los formatos exclusivos de la plataforma nacional de transparencia e impartir capacitación a las áreas del ayuntamiento.
Coyuca de Catalán envió un acta de primera sesión, donde analizan y aprueban la tabla de aplicabilidad, además de las respuestas que dieron a solicitudes de información y su participación en una capacitación del Instituto de Transparencia; e Ixcateopan también realizó una primera sesión de su comité y el acta levantada describe con detalle como argumentaron la inexistencia de los datos relativos a los sueldos y salarios de los funcionarios municipales del trienio 2015-2018 y la imposibilidad de subirlos a la plataforma. San Marcos también realizó una sesión, en la que analizan una solicitud de información y declaran que no cuentan con datos debido a que no los entregó la administración anterior.
Son pues, contados los comités de transparencia municipales que están funcionando. Tal vez requieran que el Itaigro les recuerde que no es suficiente instalarlos, sino que sesionen y contribuyan a la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito local
* Este artículo debió publicarse en la edición del 31 de enero, pero por un error de la Redacción no fue así. Ofrecemos disculpas al autor y a los lectores.

A un año del Sistema Estatal Anticorrupción

Marcos Méndez Lara
El 30 de noviembre concluí mi periodo como presidente del Comité de Participación Ciudadana y también como presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Publico en esta edición algunas reflexiones sobre la experiencia de un año de trabajo y acerca de los retos que vislumbro para los próximos meses y años.
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y sus similares en los estados son parte de una política pública que generó enormes expectativas, pues el combate a la corrupción se convirtió en los últimos años en una de las principales demandas de la ciudadanía, que todavía hoy percibe altos niveles de corrupción en diversos ámbitos, especialmente en la esfera pública gubernamental.
El año pasado, esta preocupación en el terreno electoral se tradujo en un cambio significativo en las preferencias electorales de la población; pero en años previos, ya se había trabajado en el diseño y aprobación de un gran andamiaje normativo e institucional para dar paso a la puesta en marcha del SNA, primero en el plano nacional y luego en las entidades federativas. La fase de implementación, la más difícil, dicen los especialistas y estudiosos del ciclo de las políticas públicas, puso en su real dimensión los tiempos y ritmos del Sistema: no sería un proceso nada fácil y además, resultados tangibles y perceptibles se observarían en el mediano y largo plazos; antes, sólo sería visible la creación de instituciones, procedimientos, normas y mecanismos para que comenzara a funcionar.
En Guerrero, aunque las reformas y creación de las leyes necesarias se realizaron en tiempo y forma, la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero (Seagro) comenzó hasta finales del año 2018, aun cuando la normativa señalaba como fecha de su inicio el 1 de enero de 2018. La anterior Legislatura del Congreso del estado retrasó el proceso ocho meses y de manera improvisada designó a los miembros del primer órgano programado: la comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana (CPC). A partir de este nombramiento, en agosto del año pasado, la instalación de los demás órganos se vendría en cascada, con plazos perentorios.
Parece fácil, pero quienes conocen los vericuetos del Sistema, constituido por dependencias  gubernamentales y autónomas, y varios organismos nuevos, cada uno con su propia normatividad y agendas; y la articulación que se requiere entre todos éstos para que pueda hablarse realmente de un sistema, tendrán una idea de las dificultades para trabajar en la coordinación de los varios actores y de las instituciones involucradas, a veces con agendas tan dispares o con desarrollos institucionales desiguales.
Los primeros pasos de implementación fueron pausados, a veces difíciles. Aun así, en el periodo pueden destacarse avances en la construcción de los cimientos, necesarios para el funcionamiento pleno y regular del Sistema; es cierto, estos avances no son tan visibles ni espectaculares. En este proceso fue importante la participación de los integrantes del Comité Coordinador, quienes en ningún momento obstaculizaron la construcción de estas bases.
En el presente ejercicio se instalaron los órganos que ordena la Ley 464 del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, a saber: el Comité de Participación Ciudadana (4 de diciembre de 2018), el Comité Coordinador (28 de enero), el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva (13 de marzo), la Secretaría Técnica (13 de marzo) y la Comisión Ejecutiva (22 de octubre). También, se aprobaron o se encuentran en trámite los procedimientos básicos para su funcionamiento regular y para reglamentar y mejorar su gestión. Todos los órganos, una vez que fueron instalados, han realizado sesiones ordinarias y extraordinarias, por lo que considero que hay una normalidad institucional del Sistema y quizás eso sea lo más significativo de las actividades de este año.
Si bien, está pendiente la integración del Sistema Estatal de Fiscalización -porque en la mayoría de los ayuntamientos no se han instalado los órganos internos de control, que son clave para prevenir, investigar, sancionar o dar parte a otras instancias sobre los actos relacionados con faltas administrativas o hechos de corrupción en el nivel local- y su Comité Rector, en la práctica, existen las condiciones mínimas para, ahora sí, comenzar a ocuparse de los objetivos sustanciales del Sistema.
Los primeros pasos tuvieron su grado de incertidumbre. Si bien, la Legislatura anterior retrasó la designación de la comisión de selección del CPC, la actual Legislatura no fue precisa en la asignación de un presupuesto específico para la Secretaría Ejecutiva del Sistema -generadora de los insumos técnicos para el Sistema-; adicionalmente, la asignación de un presupuesto y liberación de la primera ministración de recursos se concretó ya entrado el año; instalaciones y mobiliario se tuvieron hasta el último trimestre del ejercicio. Pareciera que estos ritmos son frecuentes y normales en la administración pública, pero lo cierto es que en esas circunstancias fue más difícil concretar avances, especialmente porque la ley marcaba plazos específicos para la instalación de los diferentes órganos.
Hay varios aprendizajes en este primer año de implementación del Sistema. Aunque todos los involucrados conocíamos la normativa y más o menos las experiencias de otras entidades federativas, poner en funcionamiento el Sistema fue una práctica nueva. La composición del Comité Coordinador, que de manera novedosa establece la inclusión de un ciudadano, quien precisamente lo preside; y la integración de otras instancias también nuevas como la Comisión Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana, requirieron, primero, de un conocimiento de la dimensión de cada una de éstas, de sus alcances y objetivos; y, segundo, de un reconocimiento de todos los actores para estar dispuestos a la interacción. Estos procesos no se dan de manera automática.
Lo que sigue
La esencia del sistema es la coordinación de acciones para poder cumplir los objetivos que establece la ley. Esta política anticorrupción fue concebida con el propósito de que las diferentes dependencias encargadas de prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y actos de corrupción no actuaran de manera aislada y cada una por su cuenta. De hecho, ése fue uno de los principios rectores de los que partió la idea del SNA, pues la fragmentación de las acciones que realizaban -y todavía hoy realizan las dependencias encargadas con el control, la fiscalización o la aplicación de sanciones-, propicia que los resultados se vean disminuidos o nulos.
En Guerrero, este año tuvimos avances para construir una “normalidad institucional”, pero, hay que decirlo, no logramos articular actividades significativas hacia los objetivos básicos del Sistema. Si bien, se establecieron varios temas relevantes en la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador (órganos internos de control en los municipios, participación ciudadana en los programas gubernamentales, integridad empresarial), a efecto de que se establecieran actividades de manera coordinada, la intención no fructificó y cada una de las seis dependencias del Comité continuó realizando acciones por su cuenta, de acuerdo con las agendas que regularmente siguen.
Ese es el reto mayor que está enfrente, pues evidentemente se requiere la articulación de acciones y la actuación conjunta para el diseño e implementación de políticas anticorrupción en el estado, a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Sistema. Esta tarea del Comité Coordinador no será fácil ni rápida, pues la coordinación interinstitucional no es nada sencilla por los objetivos, metas, ritmos y dinámicas que cada uno tiene.
Comisión ejecutiva
La Comisión Ejecutiva es una pieza fundamental del Sistema, ya que es el motor que genera los insumos técnicos al Comité Coordinador para la toma de decisiones, como las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de
corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos; el establecimiento de metodologías para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y confiables, a los fenómenos de corrupción así como las políticas integrales, entre otras funciones.
En el caso de Guerrero, se requieren mayores esfuerzos y disposición para una integración plena de la Comisión Ejecutiva, pues, a la fecha, no tenemos ninguno de esos trabajos. Me parece que, para recuperar el tiempo que no sesionó en 2019, la Comisión Ejecutiva debe tener una actividad muy intensa de inmediato y durante el próximo año, y reunirse cuantas veces sea necesario, para desarrollar los estudios, diagnósticos, indicadores, evaluaciones y en general todos los productos que de ella se esperan y que además éstos sean de calidad, serios y muy profesionales. Los mecanismos de interacción entre quienes la componen actualmente deben aceitarse de manera urgente, pues el Sistema no puede darse el lujo de que persista su inactividad. 
Comité de Participación Ciudadana
El Comité de Participación Ciudadana también debe redoblar sus esfuerzos. Hay capacidad entre sus integrantes para hacer buen trabajo, se construyó una base institucional para sesionar de manera constante, se aprobó un reglamento de funcionamiento y ya se cuenta con un espacio físico para que realicen sus actividades. También, para 2020, se cuenta con una propuesta de presupuesto mayor al de 2019 -que aprobará el Congreso del Estado en los próximos días- para la Secretaría Ejecutiva y que incluye los honorarios de los integrantes del CPC, por lo que ya no existirá esa incertidumbre que persistió durante buena parte de 2019.
Trabajar de tiempo completo en favor del Sistema es una condición que establece la norma para el Comité de Participación Ciudadana, pero también un principio ético. Ya no hay argumentos para no hacerlo así, nuestra condición de comisionados ciudadanos no debe diluir nuestra responsabilidad de contribuir con nuestras capacidades y tiempo para apoyar al Comité Coordinador y buscar ser un real vínculo con la sociedad.
También se debe adoptar un esquema colegiado en la toma de decisiones y en la distribución de las actividades. Hay que romper con la inercia que denunciaba la Red por la Rendición de Cuentas, luego de hacer un diagnóstico en las entidades federativas, de que el trabajo de todo el CPC recayera en uno o dos integrantes, pues los resultados serán limitados de esa forma. La responsabilidad debe ser de todos, no es sólo del presidente en turno.
La función de la comisión de selección, que designa cada año a un integrante del CPC, es fundamental para la credibilidad del Sistema. Su contribución es relevante en la medida que seleccione los mejores perfiles a través de procesos abiertos y transparentes, y esta es la clave para despejar cualquier duda en las designaciones. No hacerlo así, no ayuda mucho al Sistema.
Secretaría Ejecutiva
La Secretaría Ejecutiva también es un órgano clave del Sistema, pues es una suerte de brazo técnico y ejecutor de las decisiones del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno; debe trabajar de manera estrecha también con el Comité de Participación Ciudadana, especialmente para conformar la Comisión Ejecutiva, y entregar los productos que decida el Comité Coordinador. La gestión que realice de los recursos financieros, humanos o de infraestructura es fundamental, aunque en la interacción con entidades públicas o privadas debe cuidar su independencia, pues los riesgos de captura siempre estarán presentes. Debe dejar perfectamente establecido que no está al servicio de ninguno de los poderes, ni de organismos autónomos, ni de entidades privadas. Sólo de esta manera podrá construirse poco a poco la credibilidad que tanto necesita el Sistema.
La Secretaría Ejecutiva también tienen importantes retos para el futuro próximo, pues tiene la misión de convertirse en una institución profesional, que evite el burocratismo y la rigidez de los procedimientos. Como lo hacen a nivel nacional y en otras entidades del país, esta secretaría debe contar con el personal más capacitado, con los mejores perfiles, y normalizar que las designaciones se realicen con los mejores estándares, para garantizar que entregará productos de calidad al Comité Coordinador.
Hoy daré un informe final de las actividades del CPC durante 2019. La cita es en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (frente al Centro comercial Chilpancingo).
Tengan por seguro que este cargo lo desempeñé, si con poca experiencia y seguramente no sin errores, pero siempre con honradez, honestidad y con una perspectiva ciudadana, que, me parece, son valores que en este Sistema Estatal Anticorrupción deben prevalecer.

¿Fraude en el Nuevo Mirador? Habrá nuevo integrante del CPC

Marcos Méndez Lara
  Diputados del Congreso del estado de Guerrero solicitaron investigar presuntas irregularidades en la construcción de viviendas de El Nuevo Mirador, un conjunto habitacional localizado en las afueras de la capital del estado, según se lee en la cabeza de un comunicado emitido por el Congreso con fecha 10 de noviembre de 2019. El problema que plantearon los legisladores es la mala calidad de las casas-habitación de ese fraccionamiento y la presunción de anomalías y actos de corrupción en todo el proceso constructivo, ante lo cual solicitaron la intervención de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de la Función Pública del gobierno federal, para que investiguen los hechos denunciados, a efecto de “coadyuvar con el combate a la corrupción y la cultura de la legalidad, y que sirva, además, como ‘lección contra los corruptos, que nadie evada la justicia y no haya impunidad”.
Más allá de que no prosperó el exhorto y por lo tanto fue enviado a análisis a la Comisión de Vivienda del órgano legislativo, lo cierto es que en el proceso de “reconstrucción” del estado, que se inició después de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel, ocurridas en septiembre de 2013, quedaron muchas dudas por la manera en que las diferentes dependencias, casi todas del gobierno federal, manejaron los recursos.
Las presuntas irregularidades del fraccionamiento Nuevo Mirador de Chilpancingo, que hoy se denuncian en el Congreso son sólo un botón de muestra de la gran incertidumbre con que se ejercieron los recursos financieros en Guerrero, sin una clara rendición de cuentas, transparencia a medias, discrecionalidad en las decisiones, y por el cúmulo de denuncias de vecinos y usuarios que todavía hoy se quejan por obras de muy dudosa calidad.
Quejas continuas
En junio de 2018 se inició la demolición de 32 viviendas de El Nuevo Mirador de Chilpancingo, un proyecto habitacional que desde sus inicios se perfilaba con irregularidades; el derribo de las casas en los hechos fue un reconocimiento implícito de las anomalías en la construcción de este fraccionamiento. Sobre este hecho, el entonces diputado federal Abel Cruz Hernández, del Partido Encuentro Social, dijo que “fueron demolidas 32 viviendas de las 582 que componen el complejo habitacional denominado el Nuevo Mirador, a las afueras de Chilpancingo, porque estaban mal construidas, ya que en el subsuelo de las casas hay una falla geológica que provocó que los hogares de la manzana 2-B se inclinaran y registraran grietas en techos y paredes”, según una nota del Canal del Congreso del 18 de julio de 2018.
También explicó el ex legislador que desde el inicio de la construcción, el área de protección civil del estado advirtió sobre la composición del suelo arcilloso que se vuelve inestable con la humedad, lo que propiciaría deslizamientos en el fraccionamiento ocasionando que las viviendas se cuartearan. Por estas fallas, según Cruz Hernández, la Sedatu había iniciado denuncias penales contra las empresas que participaron en la construcción como Casaflex, Jumen, Piccino y Desarrollo Industrial; sin embargo, estas empresas se declararon en quiebra por no tener la obligación de continuar dando el mantenimiento y corrigiendo las fallas que presentaron las viviendas.
Hace una semana, la diputada Norma Otilia Hernández Martínez también denunció en la tribuna del Congreso del estado que desde el comienzo “se dieron a conocer irregularidades, como que los terrenos eran inestables, irregulares y no aptos para la construcción, además de que se pagaron a un costo superior al de su valor real”, según un boletín de ese órgano legislativo. La legisladora guerrerense comentó que apenas se habían entregado las casas, “los daños ya eran notoriamente visibles –cuarteaduras–, dado que la mayoría fueron construidas con estructuras prefabricadas y montadas unas sobre otras”.
Los vecinos también se han inconformado en diversas ocasiones, incluso cerrando la autopista a la altura del Parador del Marqués. Además de denunciar la mala calidad de las obras, se han pronunciado por la introducción de servicios y por mejores accesos al fraccionamiento.
Plan Nuevo Guerrero
El proyecto habitacional Nuevo Mirador es parte de un ambicioso programa del gobierno federal llamado Plan Nuevo Guerrero, creado para hacer frente a las afectaciones por las torrenciales lluvias de septiembre de 2013. De acuerdo con el portal Transparencia Presupuestaria, durante poco más de tres años se destinaron 45 mil 238.5 millones de pesos para la reconstrucción del estado, equivalentes a lo que se gastaba en un año fiscal en todo el estado. El gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a que estos recursos se ejercerían con rigurosa transparencia, incluso el día que anunció la creación del Plan, el 7 de noviembre de 2013, expresó que “Para que esta ayuda rinda frutos y llegue efectivamente a quienes más lo necesitan, son imperativas la transparencia y la participación social”. También el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, dijo que el Plan Nuevo Guerrero representaba una “oportunidad de ejercer los recursos de manera ejemplar, con la participación de la ciudadanía y con absoluta transparencia”. Pero no fue así. De esos más de 43 mil millones de pesos nunca hubo información abierta, veraz, confiable y comprobable.
En su momento, hicimos algunos ejercicios de acceso a la información para tratar de conocer más sobre el Plan y encontramos sólo datos generales y dispersos en el portal Transparencia Presupuestaria, insuficientes para dar un seguimiento puntual de los recursos; también se solicitó a varias dependencias federales (Sedatu, Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Economía, Comisión Nacional del Agua) información diferente y con mayor detalle de la que se publicaba en ese portal electrónico, relacionada con la reconstrucción, y éstas escondieron y retrasaron los datos o sus respuestas fueron muy parciales y en algunos casos la clasificaron como confidencial.
Una de las dependencias más reacias a entregar información fue la Sedatu, precisamente la dependencia que tuvo la responsabilidad de construir viviendas para quienes las perdieron en septiembre de 2013, como fue el caso de los damnificados de Chilpancingo con el proyecto de El Nuevo Mirador.
Opacidad en la construcción de viviendas
La falta de transparencia de la Sedatu en el ejercicio de los recursos públicos federales para la reconstrucción de viviendas abre la puerta a la especulación y a presuponer que hubo irregularidades y quizás actos de corrupción. La experiencia de revisar los sitios oficiales, presentar solicitudes de información y dar seguimiento a los recursos de revisión interpuestos ante el INAI, permite documentar esta opacidad en la dependencia, que contrastaba notablemente con lo dicho por Peña Nieto (ver ediciones de Monitor de Guerrero del 31 de marzo, y 14 y 28 de abril de 2015).
De manera específica en la construcción de viviendas en Guerrero, la dependencia federal mantuvo un gran desorden y parcialidad en sus datos, de tal manera que no coincidían la información que difundían sus funcionarios en declaraciones a la prensa, ni los que publicaba el portal electrónico del Plan Nuevo Guerrero ni los que entrega como resultado de solicitudes de información.
Dijimos en aquella oportunidad que “esta anarquía en la información no permite hacer un balance certero del ejercicio de los recursos del publicitado Plan Nuevo Guerrero, pues no hay información básica congruente, y lo que encontramos deja entrever o una total ineficiencia para establecer controles efectivos al dinero público en la construcción de viviendas o una gran negligencia y un claro propósito de ocultar información con fines no declarados”.
Como muestra, en septiembre de 2014, el ex titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, explicó que la dependencia a su cargo tenía 10 mil 776 acciones, de las cuales 5 mil 672 correspondían a la construcción de viviendas, y de éstas, ya se habían entregado 2 mil 654.
Sin embargo, a diferencia de estos datos y como respuesta a una solicitud de información, la Sedatu comunicó que al mes de septiembre de ese año, se habían construido 6 mil 281 viviendas con una erogación de 753.7 millones de pesos en beneficio de 24 mil 495 habitantes. Es decir, una gran diferencia en el número de viviendas construidas reportadas por el ex secretario y lo que respondió la dependencia ante una solicitud de información de 3 mil 627 viviendas.
Este fue el tenor del manejo de la información por parte de las dependencias involucradas en el Plan Nuevo Guerrero. Ni siquiera los datos básicos cuadraban, mucho menos la información sobre licitaciones, empresas que participaron en la construcción, habitantes beneficiados… Es un tema pendiente que a estas alturas difícilmente será investigado.
Nuevo integrante del CPC
Está en proceso la designación de un nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, que sustituirá a uno de los actuales miembros. La Comisión de Selección, designada por el Congreso del estado en agosto de 2018, realiza los procedimientos correspondientes para nombrar al nuevo integrante, lo cual no debe pasar del 30 de noviembre. La opinión sobre la nueva designación que aquí emito es a título personal, no lo hago como presidente del CPC, sino como ciudadano, pero con la experiencia de haber presidido este órgano ciudadano, lo que me permite expresar algunas consideraciones con conocimiento de lo que digo.
Primero. La naturaleza del trabajo del CPC requiere que sus integrantes tengan perfiles de diferentes disciplinas. Actualmente hay tres miembros con formación profesional de contaduría, lo cual ha contribuido a resolver algunos asuntos, pero indudablemente es más necesaria la multidisciplinariedad dentro del grupo porque así se mejorará el desarrollo de las actividades del CPC. Hay tela de donde cortar entre los actuales candidatos.
Segundo. Es preciso recalcar a los aspirantes que la función en el CPC es de tiempo completo; en las convocatorias de algunas entidades federativas se subraya esta condición, que por otra parte, está señalada claramente en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción: “Los integrantes del CPC no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza (…), ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán”. Como en la convocatoria de Guerrero no se señala, no está de más que la Comisión de Selección les reitere a los aspirantes el cumplimiento de este compromiso.
Tercero. Es importante que el nuevo integrante del CPC tenga la camiseta de ciudadano bien puesta. Uno de los retos que enfrentará el sistema en los próximos años es conservar la independencia de sus acciones y decisiones, pues la captura de los diferentes órganos que lo componen será un riesgo permanente. El complejo entramado institucional del sistema, que exige a los integrantes del CPC una interacción permanente con actores gubernamentales y de organismos autónomos, no debe desdibujar su obligada vinculación con diferentes sectores de la ciudadanía y generar los mecanismos que permitan que su voz está dentro del SEAGro.
Cuarto. La propia naturaleza de un Sistema Anticorrupción, obliga a que el procedimiento de elección del nuevo integrante del CPC sea lo más transparente posible y por lo tanto a tener buenas prácticas en este sentido, como publicar los resúmenes curriculares o versiones públicas de los currículos de los candidatos, difundir ampliamente los lugares y días de entrevistas y de las reuniones con organizaciones, justificar y motivar la decisión final, en fin, toda la información que permita a la ciudadanía conocer los perfiles y estar al tanto del proceso. A la fecha no se ha hecho y no hay mecanismos de comunicación efectivos para conocer esta información.
Quinto. El año pasado, la organización Nosotrxs difundió un texto en donde denunció un posible conflicto de interés entre algunos de los candidatos con respecto a los órganos o instituciones de los que formaban parte algunos miembros de la Comisión de Selección. En el proceso actual, los integrantes de la Comisión seguramente pondrán todo el cuidado necesario para evitar caer en cualquier posible conflicto de interés.
Por último, comento que mi función como comisionado presidente del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero concluye el 30 de noviembre; después de ese día, me reintegro a las actividades de la asociación civil que presido.

Alcaldes piden más recursos, pero no rinden cuentas

Marcos Méndez Lara

  Hace un par de semanas, unos 150 presidentes municipales de diferentes entidades del país protagonizaron una protesta en las afueras de Palacio Nacional. Su propósito era solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar el asunto de los presupuestos destinados a los municipios, pero al no conseguirla, intentaron ingresar al inmueble por la fuerza, y en respuesta fueron rociados con gas lacrimógeno.
Sin duda, la manera en que el gobierno federal procesó esta demanda fue inapropiada, especialmente porque en la narrativa del presidente se hace referencia a la no violencia y al diálogo como mecanismos de resolución de los conflictos. Pero no me referiré a ese tema, sino a algo más importante: la incongruencia de los alcaldes al solicitar más recursos –lo cual es muy legítimo–, pero que, por otro lado, presentan una gran resistencia a ejercerlos con transparencia, eficacia y eficiencia.
En esencia, la protesta de los presidentes municipales fue por la disminución o desaparición de programas o fondos destinados a municipios. Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Nezahualcóyotl, Estado de México, y quien encabeza el Movimiento Nacional Municipalista, explicó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, los estados y municipios recibían 31 mil 352 millones de pesos del Ramo 23 para obras de desarrollo regional; pero en el PEF de 2020 esa cantidad se redujo a 5 mil millones, es decir, una disminución de 83.5 por ciento.
Asimismo, solicitan que se incremente en 3 mil millones de pesos el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, y proponen que el Programa de Pueblos Mágicos vuelva a recibir recursos y así incentivar el desarrollo turístico de las diferentes regiones del país. Demandan también restituir los recursos “rasurados” en el presupuesto de 2020 y etiquetarlos a los municipios para los programas Pueblos Indígenas, Fondo Regional, Migrantes, Mineros, Fonden y Fonhapo.
Por cierto, varios alcaldes de Guerrero estuvieron presentes en la protesta del 22 de octubre. De acuerdo con información de El Sur, fueron nueve los presidentes municipales de la entidad que participaron: Erika Alcaraz Sosa, alcaldesa de Tixtla, Antonio Gaspar Beltrán (Chilpancingo), Jenny González (Mártir de Cuilapan), Natividad López González (Eduardo Neri), Esteban Cárdenas Santana (Petatlán), Mario García Flores (Huamuxtitlán), Crisóforo Castro Castro (Quechultenango), Gloria Casarrubias Nava (Ahuacuotzingo) y Julián Castro (Copalillo).
Reacciones
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la protesta de los alcaldes fue “una provocación de los presidentes municipales del PAN”. Les recomendó que si quieren más presupuesto, lo que deben hacer es bajar los sueldos a los funcionarios públicos, no comprar vehículos de lujo, no viajar constantemente al extranjero y evitar la corrupción.
La manifestación de los alcaldes también provocó reacciones en el estado. Una fue la del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Antonio Helguera Jiménez, quien afirmó que los alcaldes guerrerenses deben acudir al gobernador del estado si quieren aumentar sus recursos para el ejercicio fiscal 2020, y no ante el presidente de la República. Lo cierto es que la mayor parte del presupuesto de los ayuntamientos, excepto los ingresos propios, se define en el Presupuesto de Egresos de la Federación y no a nivel local; es decir, el gobierno del estado es intermediario, transfiere a los municipios los recursos que la Federación autoriza provenientes de los Ramos 33 y 28, y en menor medida invierte recursos propios para contribuir a la satisfacción de las necesidades de la población.
Al siguiente día de la protesta de los alcaldes, en el Congreso del estado se escenificó una discusión llena de adjetivos. Los legisladores del PRI, PAN y PRD se manifestaron en contra de la respuesta que sufrieron los presidentes municipales que acudieron a Palacio Nacional, ya que, como dijo el diputado priista Jorge Salgado Parra, los alcaldes solo  fueron a exigir su derecho a ser escuchados, por lo que el debate no era de pesos y centavos, sino por el menosprecio que mostró el gobierno federal por el federalismo.
Mientras que los de Morena arremetieron en contra de los alcaldes argumentando que no hacen buen uso del presupuesto, pues son “ratas que todo el tiempo han jugado con las clientelas, y autocomplacencias porque tiene el poder, pero les recordamos, ya no tienen el poder, y les volvemos a decir moralmente, éticamente, están derrotados”, como dijo la diputada Mariana García Guillén.
La incongruencia
Por lo menos en el estado de Guerrero, la demanda de mayor presupuesto para los municipios contrasta con los realizado hasta hoy por los ediles en materia de transparencia y rendición de cuentas, y en general con un ejercicio ineficaz e ineficiente de los recursos en esas demarcaciones. Hay además una percepción muy negativa de la ciudadanía hacia lo que realizan sus gobiernos locales derivada de poca obra pública municipal construida y de la nula o deficiente provisión de servicios básicos que requiere la población.
Y es que los ayuntamientos guerrerenses no cuentan con los mecanismos de transparencia y control necesarios, o éstos presentan muchas deficiencias, por lo que, sin estos instrumentos, se vuelve poco factible el cabal cumplimiento de los objetivos y metas, en detrimento de la calidad de vida de la población. En los últimos años se ha legislado en torno a tres áreas fundamentales para la transparencia y la rendición de cuentas, a saber: órganos de control interno, unidades y comités de transparencia, y aunque aún tienen otros ocho meses para crearla, áreas especializadas en la sistematización de archivos.
En el primer caso, una modificación a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que entró en vigor el 30 de septiembre de 2018, establece que cada municipio debe instalar su órgano de control interno, lo cual debió realizarse a más tardar a los noventa días naturales a la entrada en vigor, es decir el 29 de diciembre de 2018. A la fecha, la mayoría de los ayuntamientos no ha instalado su órgano de control o lo ha hecho sin seguir los requisitos y criterios de la ley, por lo que hay un gran déficit para que los ayuntamientos establezcan sus propios sistemas de fiscalización, control y evaluación en el manejo de fondos federales, estatales y recursos propios.
En el caso de las unidades y comités de transparencia, si bien los ayuntamientos los han venido instalando, los cierto es que su integración no ha cumplido con la función de facilitar la fluidez de la información, ya que los gobiernos municipales se encuentran entre los sujetos obligados más opacos del estado y los que enfrentan mayor número de recursos de revisión por ocultar o entregar información parcial.
Finalmente, la sistematización de archivos, base para el derecho de acceso a la información y para una apropiada gestión pública, requiere de un área especializada que le dé seguimiento. En breve, los ayuntamientos tendrán esta nueva obligación, y no parece que la vayan a tomar en serio destinándole los recursos materiales, humanos y financieros que requiere.
Guerrero
Los ayuntamientos financian sus actividades fundamentalmente con los recursos federalizados, es decir, con participaciones y aportaciones federales, y sólo en algunos casos, en municipios como Acapulco, Chilpancingo o Iguala, los complementan con recursos propios. Las transferencias de recursos por concepto de Participaciones Federales a municipios se integran por: el Fondo General de Participaciones, el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Especiales sobre Productos y Servicios, Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Compensación ISAN, Fondo de Fiscalización, Fondo Común y Fondo de Fomento Municipal. En cuanto a las aportaciones, se contemplan los Fondos Federales para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios.
De acuerdo con el informe general de cuenta pública del estado de Guerrero del ejercicio 2017, a los ayuntamientos se les aprobó un presupuesto por 10. 454. 4 millones de pesos, pero al final del ejercicio devengaron 12. 55.5 millones, es decir, 15.3 por ciento más del aprobado. No se especifica si la fuente de recursos adicionales es federal o estatal.
De acuerdo con el presupuesto de egresos de 2018, se estableció un monto por 11.663.5 millones de pesos para los municipios, que equivalen al 21 por ciento del total de los recursos para el estado. No sabemos si se devengaron más recursos, pues la información de cuenta pública aún no es pública. De este dinero presupuestado, 4.157.6 millones corresponden a participaciones federales a municipios (Ramo 28), y 7.385.9 millones a aportaciones (Ramo 33).
En el caso del ejercicio 2019, el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso del estado establece una cantidad por 13.499.1 millones de pesos para los municipios, que equivale a 22.6 por ciento del total para el estado. Evidentemente aun no hay informe de cuenta pública de este ejercicio, por lo que no se conoce cuáles fueron las variaciones de ese presupuesto. Del total presupuestado, 4.671.6 millones correspondieron a participaciones federales a municipios y el restante 8.420.1 millones a aportaciones o Ramo 33.
Según la propuesta de presupuesto de egresos para 2020, que será discutida y aprobada por el Congreso del estado en las próximas semanas, a los municipios se les asignarán 14.322.9 millones de pesos, es decir, el 23.1 por ciento del presupuesto total para el estado. Corresponden 5.169.8 millones a participaciones federales a municipios y 8.711.4 millones a aportaciones.
Como se observa, no hay disminución de recursos a los ayuntamientos en los últimos tres años, por lo menos en los sucesivos presupuestos aprobados por el Congreso del estado. Sin embargo, lo que preocupa a los presidentes municipales es que ya no contarán con otros ingresos adicionales que eran proveídos tanto por el gobierno del estado, que desde 2019 sufre ya sus propias restricciones presupuestales, como del gobierno federal, que ha desaparecido programas y ramos del presupuesto para reorientarlos a otros rubros.
A endeudarse
El presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán inauguró una actividad que será tendencia entre los ayuntamientos de Guerrero hacia finales de año: la contratación de deuda pública. En efecto, el edil capitalino tramita un préstamo de 50 millones de pesos, a efecto de pagar salarios y prestaciones de fin de año, a los que destinará del orden de 25 millones; y abonar a la deuda que mantiene con el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), completar el pago de prestaciones a los trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH) y pagar algunas liquidaciones, que se cubrirán con los otros 25 millones de pesos.
Gaspar Beltrán estuvo presente en la manifestación de alcaldes en la Ciudad de México, incluso fue representante de Guerrero en la comisión de ediles que conversó con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Afirmó en esa ocasión que el ayuntamiento de Chilpancingo se suma al planteamiento general de presidentes municipales del país, para que el gobierno federal y el Congreso federal hagan una revisión de la distribución de la hacienda municipal, “toda vez que la asignación a los municipios de 4 centavos de cada peso que maneja el gobierno federal, no es suficiente para atender a la de la población”.
“Estamos demandando también un incremento a las participaciones del Ramo 28 y 33 de la Federación, y que haya para Guerrero un fondo municipalista que tenga que ver con la infraestructura urbana que hace falta en muchos municipios del estado”, agregó.
Sin embargo, esta demanda de mayores recursos contrasta con la manera en que éstos se ejercen. Sólo hay que observar los resultados del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios 2019, de regional, en donde Chilpancingo ocupa el último lugar (de 60 ayuntamientos en el país) con una calificación de 13.76, en contraste con Puebla, por ejemplo, que tiene 99 puntos. Cabe señalar que este índice se obtiene de la revisión a los portales electrónicos de los municipios en los rubros de marco regulatorio, marco programático-presupuestal, costos operativos, rendición de cuentas, evaluación de resultados y estadísticas fiscales.
Chilpancingo es sólo un ejemplo de lo que sucede entre la mayoría de los ayuntamientos que se rebelaron, por lo que el llamado Movimiento Nacional Municipalista necesita legitimidad. No basta con que los alcaldes digan que están en la primera línea en la “solución” de lo los problemas, o que son la autoridad más cercana a la población, para justificar sus demandas de mayor presupuesto. Deben, así lo exige la sociedad, ejercer los recursos de manera transparente, rendir cuenta de ellos y solucionar realmente problemas de la población.

Transparencia al 100%, engaño de la CAPACH

Marcos Méndez Lara

  Hace unas semanas la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH) anunció por sus redes sociales que había logrado el total cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, establecidas en el artículo 81 de la Ley 207 de transparencia del estado, y agregó que esto fue avalado por el Instituto de Transparencia local. La noticia llamó la atención porque, en el supuesto de que fuese cierto, sería la primera entidad gubernamental que logra esa proeza en el estado y me atrevería a decir que en todo el país.
Pero hay varias consideraciones a tomar en cuenta sobre el anuncio de la paramunicipal. La certeza de haber logrado el 100 por ciento de cumplimiento es por lo menos cuestionable, ya que los lineamientos y la metodología propuestas por el Instituto Nacional de Transparencia -base para la evaluación de la CAPACH- tienen aún temas que están sujetos a la interpretación de quien evalúa y esto abre márgenes de subjetividad en las revisiones, como es el caso. Adicionalmente, se observan inconsistencias entre diferentes datos, que deberían guardar alguna congruencia y articulación entre ellos. Pero, sobre todo, al hacer la revisión y análisis de la información publicada con un ojo de vigilancia ciudadana, ésta muestra que hay un gran desorden administrativo, controles inexistentes, y una serie de gastos onerosos que explican en gran parte por qué el problema de agua potable es tan grave en Chilpancingo. Cualquier ciudadano puede continuar o profundizar la revisión de los datos en el sitio http://www.capach.guerrero.gob.mx/transparencia/.
Finalmente hay que reconocer lo que sí se ha logrado. Con el análisis que presentamos en esta edición se muestra que no hay un 100 por ciento de cumplimiento, sin embargo, es plausible que ya pueda encontrarse información relevante en su portal, sobre todo porque en revisiones anteriores la CAPACH aparecía en los últimos lugares del ranking estatal en esta materia.
Un 100 por ciento engañoso
Hay varias deficiencias en la información publicada por la CAPACH, que echan por tierra su pretensión de haber logrado el cumplimiento de 100 por ciento de sus obligaciones de transparencia. Aquí presentamos sólo unos ejemplos.
Por ejemplo, la paramunicipal clasificó como reservados o confidenciales varios rubros de información de manera indebida e irregular, ya que para clasificar una información es necesario que el comité de transparencia de la realice sesiones y elabore las respectivas actas para “confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de (…) clasificación de la información o declaración de inexistencia o incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados”, de acuerdo con lo que establece la ley de transparencia. Al revisar la información, desde el 1 de enero de 2018 y hasta la fecha, no se encontraron reuniones del comité y sólo existe un acta, la de instalación del comité de transparencia, pero ninguna que respalde todas las clasificaciones de información que se registran en el portal de la CAPACH. Hay pues un uso irregular de las clasificaciones que repercute directamente en el derecho a la información de los ciudadanos.
Independientemente del procedimiento descrito en la ley, que no efectuaron para hacer la clasificación, hay temas que obtuvieron esta calidad utilizando criterios bastante dudosos. Por ejemplo, sobre los “indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados” (fracción VI, artículo 81), la CAPACH considera que es “información reservada” porque, argumenta, “se está analizando por parte del Órgano de Control de la Capach”.
Otra información que increíblemente clasifican es el de los padrones de beneficiarios (fracción XV, inciso q) con el argumento de que “La información relativa a los nombres de los beneficiarios, es información clasificada como confidencial por tratarse de personas cuyo estado de salud puede ser revelado y no se tiene la autorización para ese efecto”.
También clasifican el tema de la “información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto (fracción VII). Sin considerar en todo caso que pueden elaborarse versiones públicas de estos documentos, la paramunicipal coloca un vínculo electrónico engañoso que no lleva a los documentos sobre la trayectoria de los servidores públicos, y sin más pone un anota de “que a petición de los servidores públicos de la estructura orgánica de éste Organismo Operador, la información de la trayectoria se clasifica como información confidencial, ello, debido a que la mayoría de ellos han recibido llamadas telefónicas de extorsionadores, y difundir ésta información revelaría su situación económica presente y futura, lo que se actualiza en la especie lo previsto en el artículo 3 fracción VIII de la Ley Número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero, por lo que se ha determinado conservar la confidencialidad de ésta información”. Es decir, nadie puede conocer si en la CAPACH están las personas más aptas para trabajar en esa institución.
Otros documentos que clasifican indebidamente son los informes de auditoría. Argumenta la paramunicipal que la “la información relativa a las auditorías se clasifica como información reservada, ello, a efecto de no obstruir las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes”. Sin embargo, de las revisiones recientes no especifica ni siquiera que se estén realizando ni proporciona sus características generales, y de las realizadas hace tres años, de las cuales ya deberían tenerse los resultados, tampoco publica nada con el mismo pretexto.
Otras inconsistencias
Se detectaron muchas incongruencias en lo que publica el organismo operador de agua potable de la capital. Por ejemplo, en la fracción XXII, la CAPACH asegura que “no tiene Deuda Pública, ello es así, debido a que durante el mes que se informa (junio 2019), no contrajo obligaciones o empréstitos que se constituyan en Deuda Pública”; lo mismo informa en meses previos. Sin embargo, si se revisa el documento “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos” hay un capítulo donde la paramunicipal informa sobre una deuda de 5.3 millones de pesos.
Asimismo, durante los seis primeros meses de 2019, la CAPACH afirma que “no celebró contratos de servicios de publicidad oficial” ni tampoco registra cifra alguna en gastos de publicidad oficial, pero al revisar el Estado Analítico, en el concepto de Servicios de Comunicación Social y Publicidad, se encontró el dato que fueron pagados 93 mil pesos al 30 de junio. Y para rematar, la CAPACH anota que “no cuenta con la imposición legal de establecer un programa anual de comunicación social”, y en efecto, diseñar una estrategia de comunicación podría no ser una obligación legal, pero si una necesidad prioritaria, especialmente en un organismo que requiere informar de manera permanente, amplia y sistemática a los usuarios del servicio de agua potable. Gran deficiencia del organismo operador.
Los informes de actividades son documentos básicos para la rendición de cuentas. Durante los años de 2017, 2018 y el primer semestre de 2019, la paramunicipal no generó informes de actividades, o por lo menos éstos nos son públicos. De hecho, el organismo acepta esta gran deficiencia cuando dice que “no generó informes que den cumplimiento a la presente obligación de transparencia, no obstante, ha cumplido con los informes financieros, contables y presupuestales”. Sin embargo, entre las funciones del director general, descritas en el reglamento interior de la CAPACH, sí está presente esta obligación en los siguientes términos: “Rendir al Consejo de Administración, un informe anual de actividades, así como del estado
general y sobre las cuentas de su gestión dentro de los treinta días siguientes al término del
ejercicio anterior. así como los informes sobre el cumplimiento de acuerdos, los resultados
financieros, el avance en las metas establecidas en el Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipal”.
Cabe mencionar que según publicó la CAPACH en sus redes sociales, la evaluación donde obtuvieron el 100 por ciento de cumplimiento es avalado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información del estado. Si esto es cierto, el órgano garante deberá afinar sus metodologías de evaluación, pues como aquí comentamos, la ausencia de información, los criterios para decidir si cumple con una obligación, las interpretaciones erróneas y las inconsistencias son frecuentes dan como resultado verificaciones poco confiables y datos erróneos sobre lo que sucede en el estado.
Información relevante
Entre lo destacable de este ejercicio de la CAPACH es que inauguró la publicación de información en su portal y en la plataforma nacional de transparencia, lo que nunca había hecho. Ahora, toca a la ciudadanía escrutar esa información para acercarse a las entrañas de un organismo operador que siempre ha estado en el ojo del huracán.
El documento denominado “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Clasificación por Objeto del Gasto”, publicado por la paramunicipal, permite observar y deducir por qué la capital de Guerrero tiene graves problemas con el abastecimiento de agua potable.
Con cifras al 30 de junio, la CAPACH tiene un presupuesto aprobado de 133.6 millones de pesos para el ejercicio 2019, y sólo en el capítulo de servicios personales se gastarán a final de año poco más de 90 millones de pesos, es decir, el 67.3 por ciento del total del presupuesto. De este total se destinan a las remuneraciones al personal de carácter permanente 62.3 millones de pesos, y al rubro de “remuneraciones adicionales y especiales” 16.9 millones de pesos en dónde destacan 12.6 millones a gratificaciones de fin de año y primas vacacionales por 2.3 millones. También sobresale el pago de horas extraordinarias por más de 1.2 millones de pesos.
En el mismo capítulo de servicios personales está el concepto de “otras prestaciones sociales y económicas” con 7.6 millones que incluye despensas (1.2 millones), ayuda de transporte (1 millón), bonos (3.3 millones) y otras prestaciones sociales y económicas (1.1 millones de pesos).
Por cierto, la CAPACH, no obstante este enorme gasto en servicios personales, difunde el dato de que ahí trabajan sólo 31 servidores públicos de confianza y cero de base, y argumenta que es la “estructura orgánica autorizada de la CAPACH”. Esto refleja el gran desorden al interior de la paramunicipal, ya que se sabe que ahí trabajan más de 300 o más empleados, y en todo caso debería prevalecer el criterio de la máxima publicidad, como los establece la Ley 207 de transparencia, sobre el inflexible criterio de considerar sólo la plantilla “autorizada”, pues eso no aporta nada a la transparencia.
En el capítulo de servicios generales también se gasta una buena cantidad de recursos, 32.6 millones de pesos; el principal concepto es para el pago de energía eléctrica (19.1 millones de pesos), y muy atrás aparece Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación con 3.1 millones de pesos, en donde sobresale la Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte, con 2 millones, e Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas con sólo 1 millón de pesos. Cabe mencionar el escaso gasto que se destina a estos últimos conceptos, ya que son básicos para la operación de una red de distribución de agua tan antigua como la de Chilpancingo.
Finalmente, el otro capítulo importante es el Materiales y suministros, donde se ejercerán a final de año 4.3 millones de pesos. Destacan en este capítulo los conceptos de Combustibles, lubricantes y aditivos con 2.1 millones de pesos, Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores con 735 mil 648 pesos, Materiales y Artículos de Construcción y Reparación con 629 mil 829 pesos, Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales con 552 mil 624.
Al cierre
Nos enteramos que este lunes los trabajadores de la CAPACH realizaron un paro de labores debido a que varios de ellos no han recibido el pago de sus salarios. Así como éste, son constantes los conflictos en la paramunicipal, regularmente de carácter laboral, aunque también son frecuentes por deudas con la Comisión Federal Electoral o por la falta de recursos para el mantenimiento y rehabilitación de la red.
El escrutinio detallado de los documentos que publica la CAPACH es útil para tener evidencia de la problemática, pero también para documentar propuestas y presionar hacia un mejor servicio de agua potable. Si no se le da una utilidad social a la información, de poco sirve la transparencia.

Transparentan información sobre privilegios fiscales

Marcos Méndez Lara
  Hace unos días se dio a conocer una lista con más de siete mil personas físicas y morales que se beneficiaron gracias a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les canceló o condonó adeudos fiscales en el periodo 2007-2015. Era un secreto a voces, todo mundo conocía de esta práctica, pero recurrentemente los sucesivos gobiernos, a través de la Secretaría de Hacienda, ocultaron la identidad de los beneficiarios y los montos perdonados con el argumento de que esta información era parte del secreto fiscal.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación es la organización que logró “arrancar” la información sobre condonaciones y cancelaciones al SAT, luego de cuatro años de un litigio estratégico con esta oficina de la Secretaría de Hacienda. De acuerdo con un comunicado de esa agrupación fechado el 30 de septiembre, “la información fue entregada en cumplimiento de la sentencia 191/2016 dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. En dicha sentencia, el Juez ordenó al SAT cumplir con la resolución RDA 5354/15 dictada por el INAI. En su resolución, el INAI ordenó entregar a Fundar la información sobre los contribuyentes que recibieron condonaciones y cancelaciones de impuestos y otros créditos fiscales en el periodo 2007-2015”.
El comunicado indica que la información involucra a 7 mil 885 personas físicas y morales, que en total recibieron 172 mil 335 millones de pesos en descuentos. La organización advierte que en esta lista no se encuentran 201 contribuyentes que presentaron un amparo para impedir que su información fuera revelada, a los cuales les fueron condonados cerca de 102 mil millones de pesos, es decir, en este reducido grupo de contribuyentes amparados se acumula 37 por ciento del total de recursos que fueron condonados.
Más allá de la legitimidad o no del secreto fiscal, lo cierto es que en la condonación y cancelación de adeudos fiscales había una enorme discrecionalidad y opacidad, que levantó enormes sospechas de que los beneficios se concentraban en pocos contribuyentes. Hoy, publicada ya una lista parcial, se sabe que el monto que dejó de ingresar a las arcas públicas en ese periodo es de más de 274 mil millones de pesos -incluidos los descuentos a los contribuyentes amparados. Es una cantidad importante de pesos que no ingresaron al fisco, y para dar una idea de la dimensión, es el equivalente al presupuesto del estado de Guerrero durante tres años y medio.
De acuerdo con una nota del portal Aristegui Noticias, que indagó en la lista los montos más cuantiosos, 50 entidades públicas y privadas concentraron 73 mil 114 millones de pesos en condonaciones durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El primer lugar de la lista es la Comisión Federal de Electricidad, a la que se le perdonaron un total de 14 mil 21 millones de pesos en 2008 y 2013. En segundo lugar, aparece la Secretaría de Educación Pública, a la que se le condonaron 8 mil 230 millones de pesos en 2011 y en 2013. Detrás de ésta se encuentra Luz y Fuerza del Centro, la cual, durante sus últimos años de vida, recibió beneficios por 3 mil 344 millones en 2007, 2008 y 2009.
Según la misma fuente, enseguida aparecen dos empresas privadas: Productos Roche SA de CV, con 2 mil 891 millones de pesos y Grupo Lala SA de CV, cuya condonación en el periodo fue por 2 mil 429 millones. Luego está el gobierno de Michoacán se ubica en la posición número seis con dos condonaciones que dan un total de 2 mil 193 millones de pesos (en los gobiernos de Jesús Reyna y Silvano Aureoles).
Los siguientes cuatro lugares, por el monto de lo condonado, son Servicios y Asesoría para Proyectos SA de CV, con 2 mil 179.6 millones; Acerus SA de CV, con mil 554.3 millones; el Banco Nacional de Comercio Exterior, con mil 543.2 millones y Sabritas S de RL DE CV, que recibió una condonación de mil 491.2 millones de pesos en 2013.
Condonaciones en Guerrero
Fundar difundió tres bases de datos de personas físicas y morales, públicas y privadas, que se beneficiaron con condonaciones o cancelaciones fiscales, las cuales pueden consultarse en https://privilegiosfiscales.fundar.org.mx/. Y aunque la información no está desglosada por entidad federativa, las bases incluyen a contribuyentes de Guerrero que fueron beneficiados.
Según esa organización, las condonaciones aplican en dos casos: cuando el Estado perdona impuestos y adeudos fiscales para apoyar económicamente a las personas, o para buscar que los contribuyentes incumplidos se regularicen. En el primer caso, los beneficios fiscales se otorgan cuando ocurre un desastre natural; en el segundo, las condonaciones buscan regularizar a los contribuyentes a efecto de que el gobierno recupere una parte de lo que deben. Lo más común es que se perdonen multas a cambio de que las personas paguen sus adeudos más grandes, aunque también suelen condonarse impuestos cuando el gobierno implementa una amnistía fiscal.
Hicimos una muy rápida revisión a las bases de datos y muchas personas físicas y morales de Guerrero aparecieron en la relación.
En el concepto de condonaciones, varios ayuntamientos guerrerenses están en la lista, como el Ayuntamiento de Acapulco, que fue beneficiado con 32.2 millones de pesos en tres años distintos, el mayor monto durante el trienio de Añorve Baños (que tuvo dos interinos en 2010), y en menor medida en el periodo de Félix Salgado Macedonio (2008) y Luis Walton Aburto (2013).
También el gobierno municipal de Iguala tiene dos condonaciones, las dos en 2013 por casi 4 millones de pesos, es decir, en la gestión de José Luis Abarca Velázquez. Asimismo, el Ayuntamiento de Taxco, en el gobierno de Salomón Majul González en 2013, recibió beneficios por 4.7 millones de pesos. El gobierno de Ometepec, también en 2013, cuando estaba en la presidencia municipal Antonio Atenógenes Vázquez Rodríguez, tuvo condonaciones por 2.7 millones de pesos.
Otros ayuntamientos que encontramos en el registro de condonaciones fueron el de Coyuca de Benítez (2013) con 2.7 millones de pesos, y el de Cuajinicuilapa, en dos ocasiones (2008 y 2013) ambos por un total de 1.6 millones de pesos. La lista incluyó a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, cuya condonación fue por 11.9 millones de pesos en 2011 y otra en 2013 por 16.3 millones; y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala, que dejó de pagar al fisco 5 millones de pesos en el ejercicio 2013.
El gobierno del estado también participó en estos descuentos. En el ejercicio 2014, la Secretaría de Finanzas y Administración dejó de pagar impuestos por 2.8 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Educación Guerrero obtuvo descuentos en 2010 y 2013 por 1.6 millones en total. Al Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco le disminuyeron 5.4 millones de deuda en 2007.
Pero también empresas privadas fueron beneficiadas por esta política, entre ellas, Distribuidora de Acapulco, que en 2013 obtuvo condonaciones por 31 millones de pesos. En el mismo año, Operadora de Hoteles Alba de Acapulco alcanzó descuentos por 17.6 millones y Tres Vidas, en la playa de Acapulco, 14.2 millones en 2008. Gas Mundial, en 2011 y 2013 obtuvo descuentos por 12.6 millones de pesos. En los mismos ejercicios fiscales, Tableros y Chapas de Guerrero consiguió rebajas en sus impuestos por 9.3 millones mientras que en 2013, a Servicios Modernos de Acapulco le condonaron 6.7 millones; a Servicio Acapulco Diamante 6.4 millones y al Colegio Español Juan Ruiz de Alarcón 5.6 millones de pesos.
Pavimentos y Construcciones de Guerrero obtuvo beneficios en 2007 y 2011 por un total de poco más de 5 millones de pesos y Tracto Guerrero lo consiguió en 2013 por 3.1 millones de pesos. También en ese año, a Industria Farmacéutica de Guerrero se le perdonaron impuestos por 1.4 millones de pesos.
Otros beneficiados son Operación Guerrero Azteca en 2008 (un millón), Autos Acapulco en 2013 (1.4 millones), Hotel Aristos Acapulco en 2013 (1.2 millones), Club Acapulco Tortuga en 2007 (1.2 millones), Astrollantas de Acapulco en 2014 (1.1 millones).
En la lista de condonaciones posteriores a 2015, que fue obtenida en la plataforma nacional de transparencia del SAT, encontramos al Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero, al Instituto de la Policía Auxiliar y al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. También aparecen varios ayuntamientos como Cocula, Eduardo Neri, Iguala, Tlapa y Tepecoacuilco, además de Radio y Televisión de Guerrero.
Cancelados
A diferencia de las condonaciones, en las cancelaciones de adeudos fiscales se suspenden todos los intentos por cobrarlas. Esto puede suceder si las autoridades tributarias determinan que el monto de la deuda es menor al costo de cobrarla, o si los deudores simplemente no pueden pagar, según Fundar. También en la lista de cancelaciones aparecen contribuyentes guerrerenses.
Operación de Inmuebles de Acapulco fue beneficiada en 2007 y 2009 con poco más de 100 millones de pesos de cancelaciones, mientras que a Beneficiadora de Coco Acapulco se le cancelaron 51 millones en 2007 y 2011, y a Club Internacional Acapulco 20 millones de pesos en 2007.
Otras empresas que recibieron cancelaciones durante dos años fueron Acapulco Dolphins Vacaciones y Club de Playa, que se benefició en 2007 y 2009 con un total de 5.5 millones; y Marina Interamericana de Acapulco, que en 2007 y 2012 obtuvo 2.8 millones de pesos de apoyos.
Le siguen Habitaciones Horizontales de Acapulco con 15.8 millones y Los Socios de Acapulco con 11.9 millones, ambos descuentos en 2011. La Flor de Acapulco tuvo cancelaciones por 7.2 millones en 2007 y Barrio Acapulco por 4.5 millones en 2010. Asimismo, Constructora Urbanas de Acapulco (4.3 millones), Promociones Jai Alai Acapulco (4.2 millones), Multiplásticos de Acapulco (3.6 millones), Inmobiliaria Brisas de Acapulco (3.3), Climas y Servicios de Acapulco (1.7) y Restaurante Nuevo Acapulco (1.7 millones de pesos). Al gobierno del estado, en 2012, le cancelaron 12.3 millones de pesos de impuestos.
Fundar también hace pública una relación de contribuyentes con montos cancelados, obtenida de la plataforma nacional de transparencia del SAT, y cuya fecha de actualización es octubre de 2019. En ésta aparecen empresas privadas, ayuntamientos y personas físicas como Operación Guerrero Azteca (775 mil 762 pesos) y muchas otras con montos que no rebasan los 50 mil pesos, como la Asociación Agrícola Local de Productores de Maíz del Municipio de Cuajinicuilapa, Asociación de Empresas e Industrias Limpias del Estado de Guerrero, Asociación Ganadera Local General Ganaderos Unidos de Xochistlahuaca, Centro de Estudios Técnicos en Informática de Guerrero, Esfuerzo y Lucha por la Pesca de Guerrero, Fertilizantes Biológicos y Orgánicos de Guerrero.
El origen
Luego de que asumió la presidencia en el año 2000, el ex presidente Vicente Fox envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de Miscelánea Fiscal donde proponía la condonación de impuestos, la cual fue aprobada por los diputados de todos los partidos. En esa oportunidad, los diputados del PRI y del PAN promovieron la aprobación del Código Fiscal de la Federación para que a los contribuyentes que declararan correctamente sus impuestos de 2000 no se les obligara a corregir los cuatro años anteriores, según informa un trabajo periodístico de Carina García, de El Universal. Era una medida que buscaba regularizar la situación fiscal de los contribuyentes de manera temporal, que luego se volvió permanente.
La reportera destaca que varios funcionarios y legisladores de la Cuarta Transformación votaron a favor de su aprobación. Menciona entre ellos a Francisco Ricardo Sheffield Padilla, actual procurador Federal del Consumidor y Manuel Espino Barrientos, propuesto para ser el superdelegado en Durango. Otros actores que respaldaron la propuesta son Rosalinda López, actual administradora general de Auditoría Fiscal Federal; Félix Salgado Macedonio, actual senador por Morena, y Miguel Barbosa Huerta, gobernador en funciones de Puebla, por el mismo partido. También votaron a favor de la iniciativa foxista el dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y el actual senador José Narro.
Conclusión
Es saludable conocer la identidad y los montos de quienes se beneficiaron con esta política selectiva de descuentos, y en este logro hay que reconocer el trabajo de una organización de la sociedad civil como Fundar, Centro de Análisis e Investigación. El anuncio de la cancelación de esta práctica será el inicio del desmantelamiento de una red de complicidades que tanto daño hicieron al erario. Es un ejemplo de cómo la transparencia sí puede contribuir a mejorar la gestión pública y a disminuir la corrupción.

¿Dónde están los informes de gobiernos municipales?

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Marcos Méndez Lara
  Existen dos disposiciones legales que exigen a los gobiernos municipales de Guerrero, respectivamente, la presentación del informe de gobierno en un acto protocolario, y la difusión pública de su contenido. En el primer caso se trata de una obligación señalada en la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado; textualmente dice el artículo 73, fracción II de esa ley que los gobiernos municipales deben “Rendir al pueblo en Sesión Solemne, en la primera quincena del mes de septiembre, el informe anual pormenorizado sobre el estado que guarda la administración municipal del cual enviará copia al Ejecutivo y al Congreso del Estado; en el último año del mandato podrá rendirlo en la Sesión Solemne en que el Ayuntamiento entrante rinda protesta o en Sesión Solemne anterior a la fecha de celebración de ésta”.
Si bien es importante hacer llegar este informe al Ejecutivo y al Congreso, también lo es presentarlo en sesión solemne ante la ciudadanía, y entre más personas sean convocadas –no solo las afines al gobierno– y más datos del quehacer gubernamental se emitan de manera objetiva, mayor información se le estará dando a las y los ciudadanos y mayor será el impacto entre la población.
La difusión profusa del contenido de estos informes de gobierno municipales se vuelve relevante en la medida en que es una de las pocas oportunidades que tiene la ciudadanía para conocer información sobre lo que hacen sus gobernantes. Si este mecanismo de difusión no funciona o es deficiente, difícilmente puede hablarse de una rendición de cuentas plena, o por lo menos de una rendición de cuentas eficaz hacia la ciudadanía, que debiera ser un objetivo primordial de los ayuntamientos, y no sólo rendir informes de manera institucional ante los órganos de control o fiscalizadores.
La Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información es complementaria de la Orgánica del Municipio Libre porque establece como una obligación de los ayuntamientos la transparencia de “Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados” (artículo 81, fracción XXIX). Es decir, también es obligatorio que los informes de labores se difundan, y no sólo que se presenten un acto protocolario o se entreguen a otras entidades gubernamentales.
Hace tres años hicimos un ejercicio para tener una percepción sobre la disposición de los presidentes municipales de dar a conocer su informe de gobierno. Presentamos solicitudes de información a los ayuntamientos municipales –entre el 11 y 17 de octubre de 2016– precisamente para requerirles una copia de su primer informe de gobierno en el trienio pasado. Informamos en ese entonces que 13 municipios ni siquiera habían habilitado el mecanismo correspondiente en la plataforma Info Guerrero. También dijimos que “de las 68 solicitudes de información presentadas, sólo 37 ayuntamientos respondieron, en tanto que 31 gobiernos municipales no contestaron el requerimiento de información”.
Efectivamente, el resultado fue desalentador porque la mayoría ni siquiera contestó la solicitud –45 por ciento de los 68 ayuntamientos requeridos–, por lo que se presentaron los respectivos recursos de revisión, y esto significó que en varios casos recibimos el primer informe ya casi al concluir su mandato.
Lo anterior corroboró la gran resistencia de autoridades y funcionarios municipales para entregar la información pública que generan, incluyendo documentos evidentemente básicos como es el caso de los informes de gobierno.
Hoy, a casi 20 años de la primera ley de transparencia en el país, hay una gran opacidad respecto de la publicación de los informes de labores de los ayuntamientos. Pareciera que se ha avanzado muy poco en este sentido, pues casi ningún ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía el documento que contiene el informe de gobierno, más allá de notas escuetas o de los mensajes políticos de los alcaldes publicados o transmitidos en sus redes sociales.
En esta edición de Monitor de Guerrero presentamos un balance, no como resultado de solicitudes de información, sino de la revisión de los portales electrónicos y de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). No revisamos los 81 ayuntamientos, sino sólo unos cuantos al azar, suficientes para indicar lo que pasa en Guerrero.
Como se desprende de los hallazgos, los informes de gobierno que deberían convertirse en un mecanismo mínimo de interacción con la ciudadanía, siguen siendo una suerte de información tabú, que los ayuntamientos preocupantemente en su mayoría todavía se resisten a publicar. Y en este tema no hay diferencias de partidos, todos comparten esa inercia de no informar a la gente, no obstante que en julio pasado, en la jornada electoral, fue evidente el mensaje enviado por la ciudadanía, que mostró su hartazgo por la corrupción y las malas gestiones gubernamentales. Hoy, parece que en los ayuntamientos no se ha leído bien ese mandato, por lo que ya no se percibe diferencia entre los ayuntamientos anteriores y los actuales en materia de transparencia: tan opacos unos como los otros.
Los que sí
De la revisión, sólo encontramos tres ayuntamientos que publican el primer informe de gobierno completo en su portal electrónico: Acapulco, Chilpancingo y Atoyac. En el primer municipio, además de transmitir el acto de presentación en redes sociales, también publicó el boletín número 1829, que da cuenta de la reseña del evento. En el informe se destaca que a lo largo de un año se recibieron 395 solicitudes de acceso a la información, de las cuales se resolvieron 390; informa también que desde diciembre de 2018 cuenta con su Comité de Transparencia y se han realizado tres sesiones; y en el mes de marzo efectuaron el primer curso de capacitación sobre obligaciones de transparencia y el uso y manejo del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia.
También, reseñado en el boletín, la presidenta municipal comentó que encontró una administración en quiebra “con faltantes inexplicables” en mobiliario y equipo y con una “enorme deuda que nos obliga aún hoy a funcionar presupuestalmente de manera deficitaria y con números rojos”. Pero advirtió que se impulsan acciones legales para fincar las responsabilidades y sanciones generadas por un quebranto público de más de 450 millones al erario público causados por la anterior administración encabezada por el ex alcalde Evodio Velázquez Aguirre.
Es el caso de Chilpancingo, recientemente activó un portal electrónico y ahí publica el informe completo del alcalde Antonio Gaspar, pero no en la plataforma nacional de transparencia. Uno de los vínculos con la ciudadanía es un sitio en redes sociales, y fue ahí donde se difundió la presentación de su informe. Un pie de foto publicado en Facebook mencionó que “con la presencia de un gran número de ciudadanos y funcionarios públicos, Toño Gaspar, como en el pueblo lo conocen, rindió su informe de labores donde dio a conocer cada uno de los ejes que han sido fundamentales en su administración, teniendo como base la transparencia y rendición de cuentas de manera puntual y oportuna”.
En su discurso advirtió que el ayuntamiento enfrentará un déficit presupuestal de 240 millones de pesos; recibió ingresos extraordinarios por 30 millones de pesos por parte del gobierno del estado” y pidió perdón a aquellos que lo apoyaron en su campaña, pero que no pudo incluirlos en la nómina. “Ya no se puede, porque la nómina municipal está sellada. También a los medios que esperaban firmar un contrato con el ayuntamiento municipal”.
También el ayuntamiento de Atoyac publicó el informe completo de la presidenta municipal Yanelli Hernández Martínez, en su portal electrónico, aunque no en la PNT.
A medias
La gran mayoría de los ayuntamientos de Guerrero no tienen a la vista el primer informe de labores de la administración municipal; unos cuantos difundieron, a través de boletines o en inserciones pagadas en la prensa o con notas escuetas en redes sociales, la noticia de la sesión solemne donde presentaron un resumen del documento. Fueron contados los que transmitieron en vivo a través de las redes sociales el mensaje del presidente municipal.
Es el caso de Coyuca de Benítez, que no cuenta con portal electrónico y tampoco ha publicado el primer informe de gobierno en la PNT, aunque sí trasmitió el mensaje de Alberto de los Santos Díaz en redes sociales, quien afirmó que en Coyuca se implementa un gobierno abierto y participativo y que el ayuntamiento presenta un nivel de apertura y transparencia no visto antes (“audiencias públicas, el día del comisario, de la creación del OIC, de la plataforma digital, del programa un día en tu comunidad, y de las sesiones de cabildo abierto”).
Iguala tampoco publicó nada en su portal ni en la PNT, aunque sí hubo un acto de presentación del informe, reseñado por los diarios locales. El alcalde agradeció al presidente de la República por su apoyo con políticas públicas dirigidas a este municipio, mediante las que se lograron ahorros de casi 30 millones de pesos en la compra del fertilizante, que antes se destinaban del Ramo 33 e impactaba en una reducción de la obra pública.
El ayuntamiento de Eduardo Neri difunde en su portal una nota que reseña el acto de presentación del informe, pero el documento no está ni en el portal ni en la PNT. Mártir de Cuilapan publicó en redes sociales escuetas notas, pero no el documento completo ni en su portal ni en la PNT, mientras que Tecoanapa, aunque trasmitió la presentación del informe y difundió algunas notas en redes sociales, el documento no fue publicado en ningún sitio oficial. Acatepec por su parte, publicó una breve nota sobre la presentación del informe en su portal electrónico.
Los que no
En el caso de Tlapa, lo primero que aparece en el buscador es una foto de gran tamaño que dice: “Un año trabajando para la gente. Dionicio Merced Pichardo García. Primer informe de la esperanza”. Pero del documento del primer informe nada. Ometepec, aun cuando tiene redes sociales no publicó nada sobre su primer informe de gobierno; Chilapa tampoco tiene ninguna mención ni en su portal ni en la PNT. Lo mismo sucede con Ayutla, cuyo consejo de autoridades no tiene ningún registro de su informe de gobierno.
El ayuntamiento de Zihuatanejo no publicó nada ni el su portal ni en la plataforma. El gobierno de Quechultenango curiosamente publica los informes de gobierno de los tres años previos, correspondientes al anterior presidente municipal, pero del actual nada. Teloloapan sólo anunció la presentación del acto, pero no hay registro ni acceso al informe de gobierno.
Tixtla, aun cuando cuenta con portal, no publica nada; sólo en sus redes da cuenta de una nota donde la presidenta municipal Erika Alcaraz Sosa entregó ante el Congreso del Estado su primer informe de labores y en la que remata: “la rendición de cuentas es un ejercicio que fortalece la transparencia y la democracia en Tixtla”.
Ayuntamientos con portal electrónico, pero que no tienen ninguna mención sobre el primer informe de labores son Alcozauca, San Marcos, San Luis Acatlán, Taxco y Petatlán.
Otros ayuntamientos que no tienen portal electrónico ni publicaron nada en la PNT, y por lo tanto, no se sabe nada en esos sitios oficiales sobre el informe de gobierno son Juan R. Escudero y Zirándaro.
Rendición de cuentas
Aunque la revisión no fue exhaustiva, sí permite tener el pulso de lo que sucede en los ayuntamientos guerrerenses en materia de transparencia. Más allá de la obligación legal, elaborar, entregar y publicar ampliamente sus informes de gobierno es una buena práctica que todos los ayuntamientos deberían tener. Sin embargo, todavía se observan grandes resistencias para dar a conocer este documento que, de acuerdo con la ley, da cuenta del estado que guarda la administración municipal. Predominan todavía los actos protocolarios de presentación de informes, más como una actividad política que de rendición de cuentas e información a la población.
Los informes de gobierno son uno de los pocos mecanismos de interacción entre el gobierno municipal y la ciudadanía, ya que a través de la revisión y análisis de estos documentos, ésta puede hacer las observaciones y críticas necesarias de manera informada, a efecto de contribuir a mejorar la gestión pública y de esta manera cerrar el círculo de una real rendición de cuentas hacia la ciudadanía.
Los resultados obtenidos en Guerrero indican que hace falta mucho por hacer. Ya se observó que no es suficiente un ordenamiento legal para poner a disposición de la población este tipo de información, por lo que será necesaria una mayor exigencia ciudadana y la presión de las entidades normativas para que los ayuntamientos cumplan con la ley.