¿Fraude en el Nuevo Mirador? Habrá nuevo integrante del CPC

Marcos Méndez Lara
  Diputados del Congreso del estado de Guerrero solicitaron investigar presuntas irregularidades en la construcción de viviendas de El Nuevo Mirador, un conjunto habitacional localizado en las afueras de la capital del estado, según se lee en la cabeza de un comunicado emitido por el Congreso con fecha 10 de noviembre de 2019. El problema que plantearon los legisladores es la mala calidad de las casas-habitación de ese fraccionamiento y la presunción de anomalías y actos de corrupción en todo el proceso constructivo, ante lo cual solicitaron la intervención de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de la Función Pública del gobierno federal, para que investiguen los hechos denunciados, a efecto de “coadyuvar con el combate a la corrupción y la cultura de la legalidad, y que sirva, además, como ‘lección contra los corruptos, que nadie evada la justicia y no haya impunidad”.
Más allá de que no prosperó el exhorto y por lo tanto fue enviado a análisis a la Comisión de Vivienda del órgano legislativo, lo cierto es que en el proceso de “reconstrucción” del estado, que se inició después de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel, ocurridas en septiembre de 2013, quedaron muchas dudas por la manera en que las diferentes dependencias, casi todas del gobierno federal, manejaron los recursos.
Las presuntas irregularidades del fraccionamiento Nuevo Mirador de Chilpancingo, que hoy se denuncian en el Congreso son sólo un botón de muestra de la gran incertidumbre con que se ejercieron los recursos financieros en Guerrero, sin una clara rendición de cuentas, transparencia a medias, discrecionalidad en las decisiones, y por el cúmulo de denuncias de vecinos y usuarios que todavía hoy se quejan por obras de muy dudosa calidad.
Quejas continuas
En junio de 2018 se inició la demolición de 32 viviendas de El Nuevo Mirador de Chilpancingo, un proyecto habitacional que desde sus inicios se perfilaba con irregularidades; el derribo de las casas en los hechos fue un reconocimiento implícito de las anomalías en la construcción de este fraccionamiento. Sobre este hecho, el entonces diputado federal Abel Cruz Hernández, del Partido Encuentro Social, dijo que “fueron demolidas 32 viviendas de las 582 que componen el complejo habitacional denominado el Nuevo Mirador, a las afueras de Chilpancingo, porque estaban mal construidas, ya que en el subsuelo de las casas hay una falla geológica que provocó que los hogares de la manzana 2-B se inclinaran y registraran grietas en techos y paredes”, según una nota del Canal del Congreso del 18 de julio de 2018.
También explicó el ex legislador que desde el inicio de la construcción, el área de protección civil del estado advirtió sobre la composición del suelo arcilloso que se vuelve inestable con la humedad, lo que propiciaría deslizamientos en el fraccionamiento ocasionando que las viviendas se cuartearan. Por estas fallas, según Cruz Hernández, la Sedatu había iniciado denuncias penales contra las empresas que participaron en la construcción como Casaflex, Jumen, Piccino y Desarrollo Industrial; sin embargo, estas empresas se declararon en quiebra por no tener la obligación de continuar dando el mantenimiento y corrigiendo las fallas que presentaron las viviendas.
Hace una semana, la diputada Norma Otilia Hernández Martínez también denunció en la tribuna del Congreso del estado que desde el comienzo “se dieron a conocer irregularidades, como que los terrenos eran inestables, irregulares y no aptos para la construcción, además de que se pagaron a un costo superior al de su valor real”, según un boletín de ese órgano legislativo. La legisladora guerrerense comentó que apenas se habían entregado las casas, “los daños ya eran notoriamente visibles –cuarteaduras–, dado que la mayoría fueron construidas con estructuras prefabricadas y montadas unas sobre otras”.
Los vecinos también se han inconformado en diversas ocasiones, incluso cerrando la autopista a la altura del Parador del Marqués. Además de denunciar la mala calidad de las obras, se han pronunciado por la introducción de servicios y por mejores accesos al fraccionamiento.
Plan Nuevo Guerrero
El proyecto habitacional Nuevo Mirador es parte de un ambicioso programa del gobierno federal llamado Plan Nuevo Guerrero, creado para hacer frente a las afectaciones por las torrenciales lluvias de septiembre de 2013. De acuerdo con el portal Transparencia Presupuestaria, durante poco más de tres años se destinaron 45 mil 238.5 millones de pesos para la reconstrucción del estado, equivalentes a lo que se gastaba en un año fiscal en todo el estado. El gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a que estos recursos se ejercerían con rigurosa transparencia, incluso el día que anunció la creación del Plan, el 7 de noviembre de 2013, expresó que “Para que esta ayuda rinda frutos y llegue efectivamente a quienes más lo necesitan, son imperativas la transparencia y la participación social”. También el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, dijo que el Plan Nuevo Guerrero representaba una “oportunidad de ejercer los recursos de manera ejemplar, con la participación de la ciudadanía y con absoluta transparencia”. Pero no fue así. De esos más de 43 mil millones de pesos nunca hubo información abierta, veraz, confiable y comprobable.
En su momento, hicimos algunos ejercicios de acceso a la información para tratar de conocer más sobre el Plan y encontramos sólo datos generales y dispersos en el portal Transparencia Presupuestaria, insuficientes para dar un seguimiento puntual de los recursos; también se solicitó a varias dependencias federales (Sedatu, Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Economía, Comisión Nacional del Agua) información diferente y con mayor detalle de la que se publicaba en ese portal electrónico, relacionada con la reconstrucción, y éstas escondieron y retrasaron los datos o sus respuestas fueron muy parciales y en algunos casos la clasificaron como confidencial.
Una de las dependencias más reacias a entregar información fue la Sedatu, precisamente la dependencia que tuvo la responsabilidad de construir viviendas para quienes las perdieron en septiembre de 2013, como fue el caso de los damnificados de Chilpancingo con el proyecto de El Nuevo Mirador.
Opacidad en la construcción de viviendas
La falta de transparencia de la Sedatu en el ejercicio de los recursos públicos federales para la reconstrucción de viviendas abre la puerta a la especulación y a presuponer que hubo irregularidades y quizás actos de corrupción. La experiencia de revisar los sitios oficiales, presentar solicitudes de información y dar seguimiento a los recursos de revisión interpuestos ante el INAI, permite documentar esta opacidad en la dependencia, que contrastaba notablemente con lo dicho por Peña Nieto (ver ediciones de Monitor de Guerrero del 31 de marzo, y 14 y 28 de abril de 2015).
De manera específica en la construcción de viviendas en Guerrero, la dependencia federal mantuvo un gran desorden y parcialidad en sus datos, de tal manera que no coincidían la información que difundían sus funcionarios en declaraciones a la prensa, ni los que publicaba el portal electrónico del Plan Nuevo Guerrero ni los que entrega como resultado de solicitudes de información.
Dijimos en aquella oportunidad que “esta anarquía en la información no permite hacer un balance certero del ejercicio de los recursos del publicitado Plan Nuevo Guerrero, pues no hay información básica congruente, y lo que encontramos deja entrever o una total ineficiencia para establecer controles efectivos al dinero público en la construcción de viviendas o una gran negligencia y un claro propósito de ocultar información con fines no declarados”.
Como muestra, en septiembre de 2014, el ex titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, explicó que la dependencia a su cargo tenía 10 mil 776 acciones, de las cuales 5 mil 672 correspondían a la construcción de viviendas, y de éstas, ya se habían entregado 2 mil 654.
Sin embargo, a diferencia de estos datos y como respuesta a una solicitud de información, la Sedatu comunicó que al mes de septiembre de ese año, se habían construido 6 mil 281 viviendas con una erogación de 753.7 millones de pesos en beneficio de 24 mil 495 habitantes. Es decir, una gran diferencia en el número de viviendas construidas reportadas por el ex secretario y lo que respondió la dependencia ante una solicitud de información de 3 mil 627 viviendas.
Este fue el tenor del manejo de la información por parte de las dependencias involucradas en el Plan Nuevo Guerrero. Ni siquiera los datos básicos cuadraban, mucho menos la información sobre licitaciones, empresas que participaron en la construcción, habitantes beneficiados… Es un tema pendiente que a estas alturas difícilmente será investigado.
Nuevo integrante del CPC
Está en proceso la designación de un nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, que sustituirá a uno de los actuales miembros. La Comisión de Selección, designada por el Congreso del estado en agosto de 2018, realiza los procedimientos correspondientes para nombrar al nuevo integrante, lo cual no debe pasar del 30 de noviembre. La opinión sobre la nueva designación que aquí emito es a título personal, no lo hago como presidente del CPC, sino como ciudadano, pero con la experiencia de haber presidido este órgano ciudadano, lo que me permite expresar algunas consideraciones con conocimiento de lo que digo.
Primero. La naturaleza del trabajo del CPC requiere que sus integrantes tengan perfiles de diferentes disciplinas. Actualmente hay tres miembros con formación profesional de contaduría, lo cual ha contribuido a resolver algunos asuntos, pero indudablemente es más necesaria la multidisciplinariedad dentro del grupo porque así se mejorará el desarrollo de las actividades del CPC. Hay tela de donde cortar entre los actuales candidatos.
Segundo. Es preciso recalcar a los aspirantes que la función en el CPC es de tiempo completo; en las convocatorias de algunas entidades federativas se subraya esta condición, que por otra parte, está señalada claramente en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción: “Los integrantes del CPC no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza (…), ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán”. Como en la convocatoria de Guerrero no se señala, no está de más que la Comisión de Selección les reitere a los aspirantes el cumplimiento de este compromiso.
Tercero. Es importante que el nuevo integrante del CPC tenga la camiseta de ciudadano bien puesta. Uno de los retos que enfrentará el sistema en los próximos años es conservar la independencia de sus acciones y decisiones, pues la captura de los diferentes órganos que lo componen será un riesgo permanente. El complejo entramado institucional del sistema, que exige a los integrantes del CPC una interacción permanente con actores gubernamentales y de organismos autónomos, no debe desdibujar su obligada vinculación con diferentes sectores de la ciudadanía y generar los mecanismos que permitan que su voz está dentro del SEAGro.
Cuarto. La propia naturaleza de un Sistema Anticorrupción, obliga a que el procedimiento de elección del nuevo integrante del CPC sea lo más transparente posible y por lo tanto a tener buenas prácticas en este sentido, como publicar los resúmenes curriculares o versiones públicas de los currículos de los candidatos, difundir ampliamente los lugares y días de entrevistas y de las reuniones con organizaciones, justificar y motivar la decisión final, en fin, toda la información que permita a la ciudadanía conocer los perfiles y estar al tanto del proceso. A la fecha no se ha hecho y no hay mecanismos de comunicación efectivos para conocer esta información.
Quinto. El año pasado, la organización Nosotrxs difundió un texto en donde denunció un posible conflicto de interés entre algunos de los candidatos con respecto a los órganos o instituciones de los que formaban parte algunos miembros de la Comisión de Selección. En el proceso actual, los integrantes de la Comisión seguramente pondrán todo el cuidado necesario para evitar caer en cualquier posible conflicto de interés.
Por último, comento que mi función como comisionado presidente del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero concluye el 30 de noviembre; después de ese día, me reintegro a las actividades de la asociación civil que presido.

Alcaldes piden más recursos, pero no rinden cuentas

Marcos Méndez Lara

  Hace un par de semanas, unos 150 presidentes municipales de diferentes entidades del país protagonizaron una protesta en las afueras de Palacio Nacional. Su propósito era solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar el asunto de los presupuestos destinados a los municipios, pero al no conseguirla, intentaron ingresar al inmueble por la fuerza, y en respuesta fueron rociados con gas lacrimógeno.
Sin duda, la manera en que el gobierno federal procesó esta demanda fue inapropiada, especialmente porque en la narrativa del presidente se hace referencia a la no violencia y al diálogo como mecanismos de resolución de los conflictos. Pero no me referiré a ese tema, sino a algo más importante: la incongruencia de los alcaldes al solicitar más recursos –lo cual es muy legítimo–, pero que, por otro lado, presentan una gran resistencia a ejercerlos con transparencia, eficacia y eficiencia.
En esencia, la protesta de los presidentes municipales fue por la disminución o desaparición de programas o fondos destinados a municipios. Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Nezahualcóyotl, Estado de México, y quien encabeza el Movimiento Nacional Municipalista, explicó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, los estados y municipios recibían 31 mil 352 millones de pesos del Ramo 23 para obras de desarrollo regional; pero en el PEF de 2020 esa cantidad se redujo a 5 mil millones, es decir, una disminución de 83.5 por ciento.
Asimismo, solicitan que se incremente en 3 mil millones de pesos el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, y proponen que el Programa de Pueblos Mágicos vuelva a recibir recursos y así incentivar el desarrollo turístico de las diferentes regiones del país. Demandan también restituir los recursos “rasurados” en el presupuesto de 2020 y etiquetarlos a los municipios para los programas Pueblos Indígenas, Fondo Regional, Migrantes, Mineros, Fonden y Fonhapo.
Por cierto, varios alcaldes de Guerrero estuvieron presentes en la protesta del 22 de octubre. De acuerdo con información de El Sur, fueron nueve los presidentes municipales de la entidad que participaron: Erika Alcaraz Sosa, alcaldesa de Tixtla, Antonio Gaspar Beltrán (Chilpancingo), Jenny González (Mártir de Cuilapan), Natividad López González (Eduardo Neri), Esteban Cárdenas Santana (Petatlán), Mario García Flores (Huamuxtitlán), Crisóforo Castro Castro (Quechultenango), Gloria Casarrubias Nava (Ahuacuotzingo) y Julián Castro (Copalillo).
Reacciones
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la protesta de los alcaldes fue “una provocación de los presidentes municipales del PAN”. Les recomendó que si quieren más presupuesto, lo que deben hacer es bajar los sueldos a los funcionarios públicos, no comprar vehículos de lujo, no viajar constantemente al extranjero y evitar la corrupción.
La manifestación de los alcaldes también provocó reacciones en el estado. Una fue la del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Antonio Helguera Jiménez, quien afirmó que los alcaldes guerrerenses deben acudir al gobernador del estado si quieren aumentar sus recursos para el ejercicio fiscal 2020, y no ante el presidente de la República. Lo cierto es que la mayor parte del presupuesto de los ayuntamientos, excepto los ingresos propios, se define en el Presupuesto de Egresos de la Federación y no a nivel local; es decir, el gobierno del estado es intermediario, transfiere a los municipios los recursos que la Federación autoriza provenientes de los Ramos 33 y 28, y en menor medida invierte recursos propios para contribuir a la satisfacción de las necesidades de la población.
Al siguiente día de la protesta de los alcaldes, en el Congreso del estado se escenificó una discusión llena de adjetivos. Los legisladores del PRI, PAN y PRD se manifestaron en contra de la respuesta que sufrieron los presidentes municipales que acudieron a Palacio Nacional, ya que, como dijo el diputado priista Jorge Salgado Parra, los alcaldes solo  fueron a exigir su derecho a ser escuchados, por lo que el debate no era de pesos y centavos, sino por el menosprecio que mostró el gobierno federal por el federalismo.
Mientras que los de Morena arremetieron en contra de los alcaldes argumentando que no hacen buen uso del presupuesto, pues son “ratas que todo el tiempo han jugado con las clientelas, y autocomplacencias porque tiene el poder, pero les recordamos, ya no tienen el poder, y les volvemos a decir moralmente, éticamente, están derrotados”, como dijo la diputada Mariana García Guillén.
La incongruencia
Por lo menos en el estado de Guerrero, la demanda de mayor presupuesto para los municipios contrasta con los realizado hasta hoy por los ediles en materia de transparencia y rendición de cuentas, y en general con un ejercicio ineficaz e ineficiente de los recursos en esas demarcaciones. Hay además una percepción muy negativa de la ciudadanía hacia lo que realizan sus gobiernos locales derivada de poca obra pública municipal construida y de la nula o deficiente provisión de servicios básicos que requiere la población.
Y es que los ayuntamientos guerrerenses no cuentan con los mecanismos de transparencia y control necesarios, o éstos presentan muchas deficiencias, por lo que, sin estos instrumentos, se vuelve poco factible el cabal cumplimiento de los objetivos y metas, en detrimento de la calidad de vida de la población. En los últimos años se ha legislado en torno a tres áreas fundamentales para la transparencia y la rendición de cuentas, a saber: órganos de control interno, unidades y comités de transparencia, y aunque aún tienen otros ocho meses para crearla, áreas especializadas en la sistematización de archivos.
En el primer caso, una modificación a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que entró en vigor el 30 de septiembre de 2018, establece que cada municipio debe instalar su órgano de control interno, lo cual debió realizarse a más tardar a los noventa días naturales a la entrada en vigor, es decir el 29 de diciembre de 2018. A la fecha, la mayoría de los ayuntamientos no ha instalado su órgano de control o lo ha hecho sin seguir los requisitos y criterios de la ley, por lo que hay un gran déficit para que los ayuntamientos establezcan sus propios sistemas de fiscalización, control y evaluación en el manejo de fondos federales, estatales y recursos propios.
En el caso de las unidades y comités de transparencia, si bien los ayuntamientos los han venido instalando, los cierto es que su integración no ha cumplido con la función de facilitar la fluidez de la información, ya que los gobiernos municipales se encuentran entre los sujetos obligados más opacos del estado y los que enfrentan mayor número de recursos de revisión por ocultar o entregar información parcial.
Finalmente, la sistematización de archivos, base para el derecho de acceso a la información y para una apropiada gestión pública, requiere de un área especializada que le dé seguimiento. En breve, los ayuntamientos tendrán esta nueva obligación, y no parece que la vayan a tomar en serio destinándole los recursos materiales, humanos y financieros que requiere.
Guerrero
Los ayuntamientos financian sus actividades fundamentalmente con los recursos federalizados, es decir, con participaciones y aportaciones federales, y sólo en algunos casos, en municipios como Acapulco, Chilpancingo o Iguala, los complementan con recursos propios. Las transferencias de recursos por concepto de Participaciones Federales a municipios se integran por: el Fondo General de Participaciones, el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Especiales sobre Productos y Servicios, Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Compensación ISAN, Fondo de Fiscalización, Fondo Común y Fondo de Fomento Municipal. En cuanto a las aportaciones, se contemplan los Fondos Federales para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios.
De acuerdo con el informe general de cuenta pública del estado de Guerrero del ejercicio 2017, a los ayuntamientos se les aprobó un presupuesto por 10. 454. 4 millones de pesos, pero al final del ejercicio devengaron 12. 55.5 millones, es decir, 15.3 por ciento más del aprobado. No se especifica si la fuente de recursos adicionales es federal o estatal.
De acuerdo con el presupuesto de egresos de 2018, se estableció un monto por 11.663.5 millones de pesos para los municipios, que equivalen al 21 por ciento del total de los recursos para el estado. No sabemos si se devengaron más recursos, pues la información de cuenta pública aún no es pública. De este dinero presupuestado, 4.157.6 millones corresponden a participaciones federales a municipios (Ramo 28), y 7.385.9 millones a aportaciones (Ramo 33).
En el caso del ejercicio 2019, el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso del estado establece una cantidad por 13.499.1 millones de pesos para los municipios, que equivale a 22.6 por ciento del total para el estado. Evidentemente aun no hay informe de cuenta pública de este ejercicio, por lo que no se conoce cuáles fueron las variaciones de ese presupuesto. Del total presupuestado, 4.671.6 millones correspondieron a participaciones federales a municipios y el restante 8.420.1 millones a aportaciones o Ramo 33.
Según la propuesta de presupuesto de egresos para 2020, que será discutida y aprobada por el Congreso del estado en las próximas semanas, a los municipios se les asignarán 14.322.9 millones de pesos, es decir, el 23.1 por ciento del presupuesto total para el estado. Corresponden 5.169.8 millones a participaciones federales a municipios y 8.711.4 millones a aportaciones.
Como se observa, no hay disminución de recursos a los ayuntamientos en los últimos tres años, por lo menos en los sucesivos presupuestos aprobados por el Congreso del estado. Sin embargo, lo que preocupa a los presidentes municipales es que ya no contarán con otros ingresos adicionales que eran proveídos tanto por el gobierno del estado, que desde 2019 sufre ya sus propias restricciones presupuestales, como del gobierno federal, que ha desaparecido programas y ramos del presupuesto para reorientarlos a otros rubros.
A endeudarse
El presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán inauguró una actividad que será tendencia entre los ayuntamientos de Guerrero hacia finales de año: la contratación de deuda pública. En efecto, el edil capitalino tramita un préstamo de 50 millones de pesos, a efecto de pagar salarios y prestaciones de fin de año, a los que destinará del orden de 25 millones; y abonar a la deuda que mantiene con el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), completar el pago de prestaciones a los trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH) y pagar algunas liquidaciones, que se cubrirán con los otros 25 millones de pesos.
Gaspar Beltrán estuvo presente en la manifestación de alcaldes en la Ciudad de México, incluso fue representante de Guerrero en la comisión de ediles que conversó con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Afirmó en esa ocasión que el ayuntamiento de Chilpancingo se suma al planteamiento general de presidentes municipales del país, para que el gobierno federal y el Congreso federal hagan una revisión de la distribución de la hacienda municipal, “toda vez que la asignación a los municipios de 4 centavos de cada peso que maneja el gobierno federal, no es suficiente para atender a la de la población”.
“Estamos demandando también un incremento a las participaciones del Ramo 28 y 33 de la Federación, y que haya para Guerrero un fondo municipalista que tenga que ver con la infraestructura urbana que hace falta en muchos municipios del estado”, agregó.
Sin embargo, esta demanda de mayores recursos contrasta con la manera en que éstos se ejercen. Sólo hay que observar los resultados del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios 2019, de regional, en donde Chilpancingo ocupa el último lugar (de 60 ayuntamientos en el país) con una calificación de 13.76, en contraste con Puebla, por ejemplo, que tiene 99 puntos. Cabe señalar que este índice se obtiene de la revisión a los portales electrónicos de los municipios en los rubros de marco regulatorio, marco programático-presupuestal, costos operativos, rendición de cuentas, evaluación de resultados y estadísticas fiscales.
Chilpancingo es sólo un ejemplo de lo que sucede entre la mayoría de los ayuntamientos que se rebelaron, por lo que el llamado Movimiento Nacional Municipalista necesita legitimidad. No basta con que los alcaldes digan que están en la primera línea en la “solución” de lo los problemas, o que son la autoridad más cercana a la población, para justificar sus demandas de mayor presupuesto. Deben, así lo exige la sociedad, ejercer los recursos de manera transparente, rendir cuenta de ellos y solucionar realmente problemas de la población.

Transparencia al 100%, engaño de la CAPACH

Marcos Méndez Lara

  Hace unas semanas la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH) anunció por sus redes sociales que había logrado el total cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, establecidas en el artículo 81 de la Ley 207 de transparencia del estado, y agregó que esto fue avalado por el Instituto de Transparencia local. La noticia llamó la atención porque, en el supuesto de que fuese cierto, sería la primera entidad gubernamental que logra esa proeza en el estado y me atrevería a decir que en todo el país.
Pero hay varias consideraciones a tomar en cuenta sobre el anuncio de la paramunicipal. La certeza de haber logrado el 100 por ciento de cumplimiento es por lo menos cuestionable, ya que los lineamientos y la metodología propuestas por el Instituto Nacional de Transparencia -base para la evaluación de la CAPACH- tienen aún temas que están sujetos a la interpretación de quien evalúa y esto abre márgenes de subjetividad en las revisiones, como es el caso. Adicionalmente, se observan inconsistencias entre diferentes datos, que deberían guardar alguna congruencia y articulación entre ellos. Pero, sobre todo, al hacer la revisión y análisis de la información publicada con un ojo de vigilancia ciudadana, ésta muestra que hay un gran desorden administrativo, controles inexistentes, y una serie de gastos onerosos que explican en gran parte por qué el problema de agua potable es tan grave en Chilpancingo. Cualquier ciudadano puede continuar o profundizar la revisión de los datos en el sitio http://www.capach.guerrero.gob.mx/transparencia/.
Finalmente hay que reconocer lo que sí se ha logrado. Con el análisis que presentamos en esta edición se muestra que no hay un 100 por ciento de cumplimiento, sin embargo, es plausible que ya pueda encontrarse información relevante en su portal, sobre todo porque en revisiones anteriores la CAPACH aparecía en los últimos lugares del ranking estatal en esta materia.
Un 100 por ciento engañoso
Hay varias deficiencias en la información publicada por la CAPACH, que echan por tierra su pretensión de haber logrado el cumplimiento de 100 por ciento de sus obligaciones de transparencia. Aquí presentamos sólo unos ejemplos.
Por ejemplo, la paramunicipal clasificó como reservados o confidenciales varios rubros de información de manera indebida e irregular, ya que para clasificar una información es necesario que el comité de transparencia de la realice sesiones y elabore las respectivas actas para “confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de (…) clasificación de la información o declaración de inexistencia o incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados”, de acuerdo con lo que establece la ley de transparencia. Al revisar la información, desde el 1 de enero de 2018 y hasta la fecha, no se encontraron reuniones del comité y sólo existe un acta, la de instalación del comité de transparencia, pero ninguna que respalde todas las clasificaciones de información que se registran en el portal de la CAPACH. Hay pues un uso irregular de las clasificaciones que repercute directamente en el derecho a la información de los ciudadanos.
Independientemente del procedimiento descrito en la ley, que no efectuaron para hacer la clasificación, hay temas que obtuvieron esta calidad utilizando criterios bastante dudosos. Por ejemplo, sobre los “indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados” (fracción VI, artículo 81), la CAPACH considera que es “información reservada” porque, argumenta, “se está analizando por parte del Órgano de Control de la Capach”.
Otra información que increíblemente clasifican es el de los padrones de beneficiarios (fracción XV, inciso q) con el argumento de que “La información relativa a los nombres de los beneficiarios, es información clasificada como confidencial por tratarse de personas cuyo estado de salud puede ser revelado y no se tiene la autorización para ese efecto”.
También clasifican el tema de la “información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto (fracción VII). Sin considerar en todo caso que pueden elaborarse versiones públicas de estos documentos, la paramunicipal coloca un vínculo electrónico engañoso que no lleva a los documentos sobre la trayectoria de los servidores públicos, y sin más pone un anota de “que a petición de los servidores públicos de la estructura orgánica de éste Organismo Operador, la información de la trayectoria se clasifica como información confidencial, ello, debido a que la mayoría de ellos han recibido llamadas telefónicas de extorsionadores, y difundir ésta información revelaría su situación económica presente y futura, lo que se actualiza en la especie lo previsto en el artículo 3 fracción VIII de la Ley Número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero, por lo que se ha determinado conservar la confidencialidad de ésta información”. Es decir, nadie puede conocer si en la CAPACH están las personas más aptas para trabajar en esa institución.
Otros documentos que clasifican indebidamente son los informes de auditoría. Argumenta la paramunicipal que la “la información relativa a las auditorías se clasifica como información reservada, ello, a efecto de no obstruir las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes”. Sin embargo, de las revisiones recientes no especifica ni siquiera que se estén realizando ni proporciona sus características generales, y de las realizadas hace tres años, de las cuales ya deberían tenerse los resultados, tampoco publica nada con el mismo pretexto.
Otras inconsistencias
Se detectaron muchas incongruencias en lo que publica el organismo operador de agua potable de la capital. Por ejemplo, en la fracción XXII, la CAPACH asegura que “no tiene Deuda Pública, ello es así, debido a que durante el mes que se informa (junio 2019), no contrajo obligaciones o empréstitos que se constituyan en Deuda Pública”; lo mismo informa en meses previos. Sin embargo, si se revisa el documento “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos” hay un capítulo donde la paramunicipal informa sobre una deuda de 5.3 millones de pesos.
Asimismo, durante los seis primeros meses de 2019, la CAPACH afirma que “no celebró contratos de servicios de publicidad oficial” ni tampoco registra cifra alguna en gastos de publicidad oficial, pero al revisar el Estado Analítico, en el concepto de Servicios de Comunicación Social y Publicidad, se encontró el dato que fueron pagados 93 mil pesos al 30 de junio. Y para rematar, la CAPACH anota que “no cuenta con la imposición legal de establecer un programa anual de comunicación social”, y en efecto, diseñar una estrategia de comunicación podría no ser una obligación legal, pero si una necesidad prioritaria, especialmente en un organismo que requiere informar de manera permanente, amplia y sistemática a los usuarios del servicio de agua potable. Gran deficiencia del organismo operador.
Los informes de actividades son documentos básicos para la rendición de cuentas. Durante los años de 2017, 2018 y el primer semestre de 2019, la paramunicipal no generó informes de actividades, o por lo menos éstos nos son públicos. De hecho, el organismo acepta esta gran deficiencia cuando dice que “no generó informes que den cumplimiento a la presente obligación de transparencia, no obstante, ha cumplido con los informes financieros, contables y presupuestales”. Sin embargo, entre las funciones del director general, descritas en el reglamento interior de la CAPACH, sí está presente esta obligación en los siguientes términos: “Rendir al Consejo de Administración, un informe anual de actividades, así como del estado
general y sobre las cuentas de su gestión dentro de los treinta días siguientes al término del
ejercicio anterior. así como los informes sobre el cumplimiento de acuerdos, los resultados
financieros, el avance en las metas establecidas en el Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipal”.
Cabe mencionar que según publicó la CAPACH en sus redes sociales, la evaluación donde obtuvieron el 100 por ciento de cumplimiento es avalado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información del estado. Si esto es cierto, el órgano garante deberá afinar sus metodologías de evaluación, pues como aquí comentamos, la ausencia de información, los criterios para decidir si cumple con una obligación, las interpretaciones erróneas y las inconsistencias son frecuentes dan como resultado verificaciones poco confiables y datos erróneos sobre lo que sucede en el estado.
Información relevante
Entre lo destacable de este ejercicio de la CAPACH es que inauguró la publicación de información en su portal y en la plataforma nacional de transparencia, lo que nunca había hecho. Ahora, toca a la ciudadanía escrutar esa información para acercarse a las entrañas de un organismo operador que siempre ha estado en el ojo del huracán.
El documento denominado “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Clasificación por Objeto del Gasto”, publicado por la paramunicipal, permite observar y deducir por qué la capital de Guerrero tiene graves problemas con el abastecimiento de agua potable.
Con cifras al 30 de junio, la CAPACH tiene un presupuesto aprobado de 133.6 millones de pesos para el ejercicio 2019, y sólo en el capítulo de servicios personales se gastarán a final de año poco más de 90 millones de pesos, es decir, el 67.3 por ciento del total del presupuesto. De este total se destinan a las remuneraciones al personal de carácter permanente 62.3 millones de pesos, y al rubro de “remuneraciones adicionales y especiales” 16.9 millones de pesos en dónde destacan 12.6 millones a gratificaciones de fin de año y primas vacacionales por 2.3 millones. También sobresale el pago de horas extraordinarias por más de 1.2 millones de pesos.
En el mismo capítulo de servicios personales está el concepto de “otras prestaciones sociales y económicas” con 7.6 millones que incluye despensas (1.2 millones), ayuda de transporte (1 millón), bonos (3.3 millones) y otras prestaciones sociales y económicas (1.1 millones de pesos).
Por cierto, la CAPACH, no obstante este enorme gasto en servicios personales, difunde el dato de que ahí trabajan sólo 31 servidores públicos de confianza y cero de base, y argumenta que es la “estructura orgánica autorizada de la CAPACH”. Esto refleja el gran desorden al interior de la paramunicipal, ya que se sabe que ahí trabajan más de 300 o más empleados, y en todo caso debería prevalecer el criterio de la máxima publicidad, como los establece la Ley 207 de transparencia, sobre el inflexible criterio de considerar sólo la plantilla “autorizada”, pues eso no aporta nada a la transparencia.
En el capítulo de servicios generales también se gasta una buena cantidad de recursos, 32.6 millones de pesos; el principal concepto es para el pago de energía eléctrica (19.1 millones de pesos), y muy atrás aparece Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación con 3.1 millones de pesos, en donde sobresale la Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte, con 2 millones, e Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas con sólo 1 millón de pesos. Cabe mencionar el escaso gasto que se destina a estos últimos conceptos, ya que son básicos para la operación de una red de distribución de agua tan antigua como la de Chilpancingo.
Finalmente, el otro capítulo importante es el Materiales y suministros, donde se ejercerán a final de año 4.3 millones de pesos. Destacan en este capítulo los conceptos de Combustibles, lubricantes y aditivos con 2.1 millones de pesos, Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores con 735 mil 648 pesos, Materiales y Artículos de Construcción y Reparación con 629 mil 829 pesos, Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales con 552 mil 624.
Al cierre
Nos enteramos que este lunes los trabajadores de la CAPACH realizaron un paro de labores debido a que varios de ellos no han recibido el pago de sus salarios. Así como éste, son constantes los conflictos en la paramunicipal, regularmente de carácter laboral, aunque también son frecuentes por deudas con la Comisión Federal Electoral o por la falta de recursos para el mantenimiento y rehabilitación de la red.
El escrutinio detallado de los documentos que publica la CAPACH es útil para tener evidencia de la problemática, pero también para documentar propuestas y presionar hacia un mejor servicio de agua potable. Si no se le da una utilidad social a la información, de poco sirve la transparencia.

Transparentan información sobre privilegios fiscales

Marcos Méndez Lara
  Hace unos días se dio a conocer una lista con más de siete mil personas físicas y morales que se beneficiaron gracias a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les canceló o condonó adeudos fiscales en el periodo 2007-2015. Era un secreto a voces, todo mundo conocía de esta práctica, pero recurrentemente los sucesivos gobiernos, a través de la Secretaría de Hacienda, ocultaron la identidad de los beneficiarios y los montos perdonados con el argumento de que esta información era parte del secreto fiscal.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación es la organización que logró “arrancar” la información sobre condonaciones y cancelaciones al SAT, luego de cuatro años de un litigio estratégico con esta oficina de la Secretaría de Hacienda. De acuerdo con un comunicado de esa agrupación fechado el 30 de septiembre, “la información fue entregada en cumplimiento de la sentencia 191/2016 dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. En dicha sentencia, el Juez ordenó al SAT cumplir con la resolución RDA 5354/15 dictada por el INAI. En su resolución, el INAI ordenó entregar a Fundar la información sobre los contribuyentes que recibieron condonaciones y cancelaciones de impuestos y otros créditos fiscales en el periodo 2007-2015”.
El comunicado indica que la información involucra a 7 mil 885 personas físicas y morales, que en total recibieron 172 mil 335 millones de pesos en descuentos. La organización advierte que en esta lista no se encuentran 201 contribuyentes que presentaron un amparo para impedir que su información fuera revelada, a los cuales les fueron condonados cerca de 102 mil millones de pesos, es decir, en este reducido grupo de contribuyentes amparados se acumula 37 por ciento del total de recursos que fueron condonados.
Más allá de la legitimidad o no del secreto fiscal, lo cierto es que en la condonación y cancelación de adeudos fiscales había una enorme discrecionalidad y opacidad, que levantó enormes sospechas de que los beneficios se concentraban en pocos contribuyentes. Hoy, publicada ya una lista parcial, se sabe que el monto que dejó de ingresar a las arcas públicas en ese periodo es de más de 274 mil millones de pesos -incluidos los descuentos a los contribuyentes amparados. Es una cantidad importante de pesos que no ingresaron al fisco, y para dar una idea de la dimensión, es el equivalente al presupuesto del estado de Guerrero durante tres años y medio.
De acuerdo con una nota del portal Aristegui Noticias, que indagó en la lista los montos más cuantiosos, 50 entidades públicas y privadas concentraron 73 mil 114 millones de pesos en condonaciones durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El primer lugar de la lista es la Comisión Federal de Electricidad, a la que se le perdonaron un total de 14 mil 21 millones de pesos en 2008 y 2013. En segundo lugar, aparece la Secretaría de Educación Pública, a la que se le condonaron 8 mil 230 millones de pesos en 2011 y en 2013. Detrás de ésta se encuentra Luz y Fuerza del Centro, la cual, durante sus últimos años de vida, recibió beneficios por 3 mil 344 millones en 2007, 2008 y 2009.
Según la misma fuente, enseguida aparecen dos empresas privadas: Productos Roche SA de CV, con 2 mil 891 millones de pesos y Grupo Lala SA de CV, cuya condonación en el periodo fue por 2 mil 429 millones. Luego está el gobierno de Michoacán se ubica en la posición número seis con dos condonaciones que dan un total de 2 mil 193 millones de pesos (en los gobiernos de Jesús Reyna y Silvano Aureoles).
Los siguientes cuatro lugares, por el monto de lo condonado, son Servicios y Asesoría para Proyectos SA de CV, con 2 mil 179.6 millones; Acerus SA de CV, con mil 554.3 millones; el Banco Nacional de Comercio Exterior, con mil 543.2 millones y Sabritas S de RL DE CV, que recibió una condonación de mil 491.2 millones de pesos en 2013.
Condonaciones en Guerrero
Fundar difundió tres bases de datos de personas físicas y morales, públicas y privadas, que se beneficiaron con condonaciones o cancelaciones fiscales, las cuales pueden consultarse en https://privilegiosfiscales.fundar.org.mx/. Y aunque la información no está desglosada por entidad federativa, las bases incluyen a contribuyentes de Guerrero que fueron beneficiados.
Según esa organización, las condonaciones aplican en dos casos: cuando el Estado perdona impuestos y adeudos fiscales para apoyar económicamente a las personas, o para buscar que los contribuyentes incumplidos se regularicen. En el primer caso, los beneficios fiscales se otorgan cuando ocurre un desastre natural; en el segundo, las condonaciones buscan regularizar a los contribuyentes a efecto de que el gobierno recupere una parte de lo que deben. Lo más común es que se perdonen multas a cambio de que las personas paguen sus adeudos más grandes, aunque también suelen condonarse impuestos cuando el gobierno implementa una amnistía fiscal.
Hicimos una muy rápida revisión a las bases de datos y muchas personas físicas y morales de Guerrero aparecieron en la relación.
En el concepto de condonaciones, varios ayuntamientos guerrerenses están en la lista, como el Ayuntamiento de Acapulco, que fue beneficiado con 32.2 millones de pesos en tres años distintos, el mayor monto durante el trienio de Añorve Baños (que tuvo dos interinos en 2010), y en menor medida en el periodo de Félix Salgado Macedonio (2008) y Luis Walton Aburto (2013).
También el gobierno municipal de Iguala tiene dos condonaciones, las dos en 2013 por casi 4 millones de pesos, es decir, en la gestión de José Luis Abarca Velázquez. Asimismo, el Ayuntamiento de Taxco, en el gobierno de Salomón Majul González en 2013, recibió beneficios por 4.7 millones de pesos. El gobierno de Ometepec, también en 2013, cuando estaba en la presidencia municipal Antonio Atenógenes Vázquez Rodríguez, tuvo condonaciones por 2.7 millones de pesos.
Otros ayuntamientos que encontramos en el registro de condonaciones fueron el de Coyuca de Benítez (2013) con 2.7 millones de pesos, y el de Cuajinicuilapa, en dos ocasiones (2008 y 2013) ambos por un total de 1.6 millones de pesos. La lista incluyó a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, cuya condonación fue por 11.9 millones de pesos en 2011 y otra en 2013 por 16.3 millones; y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala, que dejó de pagar al fisco 5 millones de pesos en el ejercicio 2013.
El gobierno del estado también participó en estos descuentos. En el ejercicio 2014, la Secretaría de Finanzas y Administración dejó de pagar impuestos por 2.8 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Educación Guerrero obtuvo descuentos en 2010 y 2013 por 1.6 millones en total. Al Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco le disminuyeron 5.4 millones de deuda en 2007.
Pero también empresas privadas fueron beneficiadas por esta política, entre ellas, Distribuidora de Acapulco, que en 2013 obtuvo condonaciones por 31 millones de pesos. En el mismo año, Operadora de Hoteles Alba de Acapulco alcanzó descuentos por 17.6 millones y Tres Vidas, en la playa de Acapulco, 14.2 millones en 2008. Gas Mundial, en 2011 y 2013 obtuvo descuentos por 12.6 millones de pesos. En los mismos ejercicios fiscales, Tableros y Chapas de Guerrero consiguió rebajas en sus impuestos por 9.3 millones mientras que en 2013, a Servicios Modernos de Acapulco le condonaron 6.7 millones; a Servicio Acapulco Diamante 6.4 millones y al Colegio Español Juan Ruiz de Alarcón 5.6 millones de pesos.
Pavimentos y Construcciones de Guerrero obtuvo beneficios en 2007 y 2011 por un total de poco más de 5 millones de pesos y Tracto Guerrero lo consiguió en 2013 por 3.1 millones de pesos. También en ese año, a Industria Farmacéutica de Guerrero se le perdonaron impuestos por 1.4 millones de pesos.
Otros beneficiados son Operación Guerrero Azteca en 2008 (un millón), Autos Acapulco en 2013 (1.4 millones), Hotel Aristos Acapulco en 2013 (1.2 millones), Club Acapulco Tortuga en 2007 (1.2 millones), Astrollantas de Acapulco en 2014 (1.1 millones).
En la lista de condonaciones posteriores a 2015, que fue obtenida en la plataforma nacional de transparencia del SAT, encontramos al Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero, al Instituto de la Policía Auxiliar y al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. También aparecen varios ayuntamientos como Cocula, Eduardo Neri, Iguala, Tlapa y Tepecoacuilco, además de Radio y Televisión de Guerrero.
Cancelados
A diferencia de las condonaciones, en las cancelaciones de adeudos fiscales se suspenden todos los intentos por cobrarlas. Esto puede suceder si las autoridades tributarias determinan que el monto de la deuda es menor al costo de cobrarla, o si los deudores simplemente no pueden pagar, según Fundar. También en la lista de cancelaciones aparecen contribuyentes guerrerenses.
Operación de Inmuebles de Acapulco fue beneficiada en 2007 y 2009 con poco más de 100 millones de pesos de cancelaciones, mientras que a Beneficiadora de Coco Acapulco se le cancelaron 51 millones en 2007 y 2011, y a Club Internacional Acapulco 20 millones de pesos en 2007.
Otras empresas que recibieron cancelaciones durante dos años fueron Acapulco Dolphins Vacaciones y Club de Playa, que se benefició en 2007 y 2009 con un total de 5.5 millones; y Marina Interamericana de Acapulco, que en 2007 y 2012 obtuvo 2.8 millones de pesos de apoyos.
Le siguen Habitaciones Horizontales de Acapulco con 15.8 millones y Los Socios de Acapulco con 11.9 millones, ambos descuentos en 2011. La Flor de Acapulco tuvo cancelaciones por 7.2 millones en 2007 y Barrio Acapulco por 4.5 millones en 2010. Asimismo, Constructora Urbanas de Acapulco (4.3 millones), Promociones Jai Alai Acapulco (4.2 millones), Multiplásticos de Acapulco (3.6 millones), Inmobiliaria Brisas de Acapulco (3.3), Climas y Servicios de Acapulco (1.7) y Restaurante Nuevo Acapulco (1.7 millones de pesos). Al gobierno del estado, en 2012, le cancelaron 12.3 millones de pesos de impuestos.
Fundar también hace pública una relación de contribuyentes con montos cancelados, obtenida de la plataforma nacional de transparencia del SAT, y cuya fecha de actualización es octubre de 2019. En ésta aparecen empresas privadas, ayuntamientos y personas físicas como Operación Guerrero Azteca (775 mil 762 pesos) y muchas otras con montos que no rebasan los 50 mil pesos, como la Asociación Agrícola Local de Productores de Maíz del Municipio de Cuajinicuilapa, Asociación de Empresas e Industrias Limpias del Estado de Guerrero, Asociación Ganadera Local General Ganaderos Unidos de Xochistlahuaca, Centro de Estudios Técnicos en Informática de Guerrero, Esfuerzo y Lucha por la Pesca de Guerrero, Fertilizantes Biológicos y Orgánicos de Guerrero.
El origen
Luego de que asumió la presidencia en el año 2000, el ex presidente Vicente Fox envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de Miscelánea Fiscal donde proponía la condonación de impuestos, la cual fue aprobada por los diputados de todos los partidos. En esa oportunidad, los diputados del PRI y del PAN promovieron la aprobación del Código Fiscal de la Federación para que a los contribuyentes que declararan correctamente sus impuestos de 2000 no se les obligara a corregir los cuatro años anteriores, según informa un trabajo periodístico de Carina García, de El Universal. Era una medida que buscaba regularizar la situación fiscal de los contribuyentes de manera temporal, que luego se volvió permanente.
La reportera destaca que varios funcionarios y legisladores de la Cuarta Transformación votaron a favor de su aprobación. Menciona entre ellos a Francisco Ricardo Sheffield Padilla, actual procurador Federal del Consumidor y Manuel Espino Barrientos, propuesto para ser el superdelegado en Durango. Otros actores que respaldaron la propuesta son Rosalinda López, actual administradora general de Auditoría Fiscal Federal; Félix Salgado Macedonio, actual senador por Morena, y Miguel Barbosa Huerta, gobernador en funciones de Puebla, por el mismo partido. También votaron a favor de la iniciativa foxista el dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y el actual senador José Narro.
Conclusión
Es saludable conocer la identidad y los montos de quienes se beneficiaron con esta política selectiva de descuentos, y en este logro hay que reconocer el trabajo de una organización de la sociedad civil como Fundar, Centro de Análisis e Investigación. El anuncio de la cancelación de esta práctica será el inicio del desmantelamiento de una red de complicidades que tanto daño hicieron al erario. Es un ejemplo de cómo la transparencia sí puede contribuir a mejorar la gestión pública y a disminuir la corrupción.

¿Dónde están los informes de gobiernos municipales?

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Marcos Méndez Lara
  Existen dos disposiciones legales que exigen a los gobiernos municipales de Guerrero, respectivamente, la presentación del informe de gobierno en un acto protocolario, y la difusión pública de su contenido. En el primer caso se trata de una obligación señalada en la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado; textualmente dice el artículo 73, fracción II de esa ley que los gobiernos municipales deben “Rendir al pueblo en Sesión Solemne, en la primera quincena del mes de septiembre, el informe anual pormenorizado sobre el estado que guarda la administración municipal del cual enviará copia al Ejecutivo y al Congreso del Estado; en el último año del mandato podrá rendirlo en la Sesión Solemne en que el Ayuntamiento entrante rinda protesta o en Sesión Solemne anterior a la fecha de celebración de ésta”.
Si bien es importante hacer llegar este informe al Ejecutivo y al Congreso, también lo es presentarlo en sesión solemne ante la ciudadanía, y entre más personas sean convocadas –no solo las afines al gobierno– y más datos del quehacer gubernamental se emitan de manera objetiva, mayor información se le estará dando a las y los ciudadanos y mayor será el impacto entre la población.
La difusión profusa del contenido de estos informes de gobierno municipales se vuelve relevante en la medida en que es una de las pocas oportunidades que tiene la ciudadanía para conocer información sobre lo que hacen sus gobernantes. Si este mecanismo de difusión no funciona o es deficiente, difícilmente puede hablarse de una rendición de cuentas plena, o por lo menos de una rendición de cuentas eficaz hacia la ciudadanía, que debiera ser un objetivo primordial de los ayuntamientos, y no sólo rendir informes de manera institucional ante los órganos de control o fiscalizadores.
La Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información es complementaria de la Orgánica del Municipio Libre porque establece como una obligación de los ayuntamientos la transparencia de “Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados” (artículo 81, fracción XXIX). Es decir, también es obligatorio que los informes de labores se difundan, y no sólo que se presenten un acto protocolario o se entreguen a otras entidades gubernamentales.
Hace tres años hicimos un ejercicio para tener una percepción sobre la disposición de los presidentes municipales de dar a conocer su informe de gobierno. Presentamos solicitudes de información a los ayuntamientos municipales –entre el 11 y 17 de octubre de 2016– precisamente para requerirles una copia de su primer informe de gobierno en el trienio pasado. Informamos en ese entonces que 13 municipios ni siquiera habían habilitado el mecanismo correspondiente en la plataforma Info Guerrero. También dijimos que “de las 68 solicitudes de información presentadas, sólo 37 ayuntamientos respondieron, en tanto que 31 gobiernos municipales no contestaron el requerimiento de información”.
Efectivamente, el resultado fue desalentador porque la mayoría ni siquiera contestó la solicitud –45 por ciento de los 68 ayuntamientos requeridos–, por lo que se presentaron los respectivos recursos de revisión, y esto significó que en varios casos recibimos el primer informe ya casi al concluir su mandato.
Lo anterior corroboró la gran resistencia de autoridades y funcionarios municipales para entregar la información pública que generan, incluyendo documentos evidentemente básicos como es el caso de los informes de gobierno.
Hoy, a casi 20 años de la primera ley de transparencia en el país, hay una gran opacidad respecto de la publicación de los informes de labores de los ayuntamientos. Pareciera que se ha avanzado muy poco en este sentido, pues casi ningún ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía el documento que contiene el informe de gobierno, más allá de notas escuetas o de los mensajes políticos de los alcaldes publicados o transmitidos en sus redes sociales.
En esta edición de Monitor de Guerrero presentamos un balance, no como resultado de solicitudes de información, sino de la revisión de los portales electrónicos y de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). No revisamos los 81 ayuntamientos, sino sólo unos cuantos al azar, suficientes para indicar lo que pasa en Guerrero.
Como se desprende de los hallazgos, los informes de gobierno que deberían convertirse en un mecanismo mínimo de interacción con la ciudadanía, siguen siendo una suerte de información tabú, que los ayuntamientos preocupantemente en su mayoría todavía se resisten a publicar. Y en este tema no hay diferencias de partidos, todos comparten esa inercia de no informar a la gente, no obstante que en julio pasado, en la jornada electoral, fue evidente el mensaje enviado por la ciudadanía, que mostró su hartazgo por la corrupción y las malas gestiones gubernamentales. Hoy, parece que en los ayuntamientos no se ha leído bien ese mandato, por lo que ya no se percibe diferencia entre los ayuntamientos anteriores y los actuales en materia de transparencia: tan opacos unos como los otros.
Los que sí
De la revisión, sólo encontramos tres ayuntamientos que publican el primer informe de gobierno completo en su portal electrónico: Acapulco, Chilpancingo y Atoyac. En el primer municipio, además de transmitir el acto de presentación en redes sociales, también publicó el boletín número 1829, que da cuenta de la reseña del evento. En el informe se destaca que a lo largo de un año se recibieron 395 solicitudes de acceso a la información, de las cuales se resolvieron 390; informa también que desde diciembre de 2018 cuenta con su Comité de Transparencia y se han realizado tres sesiones; y en el mes de marzo efectuaron el primer curso de capacitación sobre obligaciones de transparencia y el uso y manejo del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia.
También, reseñado en el boletín, la presidenta municipal comentó que encontró una administración en quiebra “con faltantes inexplicables” en mobiliario y equipo y con una “enorme deuda que nos obliga aún hoy a funcionar presupuestalmente de manera deficitaria y con números rojos”. Pero advirtió que se impulsan acciones legales para fincar las responsabilidades y sanciones generadas por un quebranto público de más de 450 millones al erario público causados por la anterior administración encabezada por el ex alcalde Evodio Velázquez Aguirre.
Es el caso de Chilpancingo, recientemente activó un portal electrónico y ahí publica el informe completo del alcalde Antonio Gaspar, pero no en la plataforma nacional de transparencia. Uno de los vínculos con la ciudadanía es un sitio en redes sociales, y fue ahí donde se difundió la presentación de su informe. Un pie de foto publicado en Facebook mencionó que “con la presencia de un gran número de ciudadanos y funcionarios públicos, Toño Gaspar, como en el pueblo lo conocen, rindió su informe de labores donde dio a conocer cada uno de los ejes que han sido fundamentales en su administración, teniendo como base la transparencia y rendición de cuentas de manera puntual y oportuna”.
En su discurso advirtió que el ayuntamiento enfrentará un déficit presupuestal de 240 millones de pesos; recibió ingresos extraordinarios por 30 millones de pesos por parte del gobierno del estado” y pidió perdón a aquellos que lo apoyaron en su campaña, pero que no pudo incluirlos en la nómina. “Ya no se puede, porque la nómina municipal está sellada. También a los medios que esperaban firmar un contrato con el ayuntamiento municipal”.
También el ayuntamiento de Atoyac publicó el informe completo de la presidenta municipal Yanelli Hernández Martínez, en su portal electrónico, aunque no en la PNT.
A medias
La gran mayoría de los ayuntamientos de Guerrero no tienen a la vista el primer informe de labores de la administración municipal; unos cuantos difundieron, a través de boletines o en inserciones pagadas en la prensa o con notas escuetas en redes sociales, la noticia de la sesión solemne donde presentaron un resumen del documento. Fueron contados los que transmitieron en vivo a través de las redes sociales el mensaje del presidente municipal.
Es el caso de Coyuca de Benítez, que no cuenta con portal electrónico y tampoco ha publicado el primer informe de gobierno en la PNT, aunque sí trasmitió el mensaje de Alberto de los Santos Díaz en redes sociales, quien afirmó que en Coyuca se implementa un gobierno abierto y participativo y que el ayuntamiento presenta un nivel de apertura y transparencia no visto antes (“audiencias públicas, el día del comisario, de la creación del OIC, de la plataforma digital, del programa un día en tu comunidad, y de las sesiones de cabildo abierto”).
Iguala tampoco publicó nada en su portal ni en la PNT, aunque sí hubo un acto de presentación del informe, reseñado por los diarios locales. El alcalde agradeció al presidente de la República por su apoyo con políticas públicas dirigidas a este municipio, mediante las que se lograron ahorros de casi 30 millones de pesos en la compra del fertilizante, que antes se destinaban del Ramo 33 e impactaba en una reducción de la obra pública.
El ayuntamiento de Eduardo Neri difunde en su portal una nota que reseña el acto de presentación del informe, pero el documento no está ni en el portal ni en la PNT. Mártir de Cuilapan publicó en redes sociales escuetas notas, pero no el documento completo ni en su portal ni en la PNT, mientras que Tecoanapa, aunque trasmitió la presentación del informe y difundió algunas notas en redes sociales, el documento no fue publicado en ningún sitio oficial. Acatepec por su parte, publicó una breve nota sobre la presentación del informe en su portal electrónico.
Los que no
En el caso de Tlapa, lo primero que aparece en el buscador es una foto de gran tamaño que dice: “Un año trabajando para la gente. Dionicio Merced Pichardo García. Primer informe de la esperanza”. Pero del documento del primer informe nada. Ometepec, aun cuando tiene redes sociales no publicó nada sobre su primer informe de gobierno; Chilapa tampoco tiene ninguna mención ni en su portal ni en la PNT. Lo mismo sucede con Ayutla, cuyo consejo de autoridades no tiene ningún registro de su informe de gobierno.
El ayuntamiento de Zihuatanejo no publicó nada ni el su portal ni en la plataforma. El gobierno de Quechultenango curiosamente publica los informes de gobierno de los tres años previos, correspondientes al anterior presidente municipal, pero del actual nada. Teloloapan sólo anunció la presentación del acto, pero no hay registro ni acceso al informe de gobierno.
Tixtla, aun cuando cuenta con portal, no publica nada; sólo en sus redes da cuenta de una nota donde la presidenta municipal Erika Alcaraz Sosa entregó ante el Congreso del Estado su primer informe de labores y en la que remata: “la rendición de cuentas es un ejercicio que fortalece la transparencia y la democracia en Tixtla”.
Ayuntamientos con portal electrónico, pero que no tienen ninguna mención sobre el primer informe de labores son Alcozauca, San Marcos, San Luis Acatlán, Taxco y Petatlán.
Otros ayuntamientos que no tienen portal electrónico ni publicaron nada en la PNT, y por lo tanto, no se sabe nada en esos sitios oficiales sobre el informe de gobierno son Juan R. Escudero y Zirándaro.
Rendición de cuentas
Aunque la revisión no fue exhaustiva, sí permite tener el pulso de lo que sucede en los ayuntamientos guerrerenses en materia de transparencia. Más allá de la obligación legal, elaborar, entregar y publicar ampliamente sus informes de gobierno es una buena práctica que todos los ayuntamientos deberían tener. Sin embargo, todavía se observan grandes resistencias para dar a conocer este documento que, de acuerdo con la ley, da cuenta del estado que guarda la administración municipal. Predominan todavía los actos protocolarios de presentación de informes, más como una actividad política que de rendición de cuentas e información a la población.
Los informes de gobierno son uno de los pocos mecanismos de interacción entre el gobierno municipal y la ciudadanía, ya que a través de la revisión y análisis de estos documentos, ésta puede hacer las observaciones y críticas necesarias de manera informada, a efecto de contribuir a mejorar la gestión pública y de esta manera cerrar el círculo de una real rendición de cuentas hacia la ciudadanía.
Los resultados obtenidos en Guerrero indican que hace falta mucho por hacer. Ya se observó que no es suficiente un ordenamiento legal para poner a disposición de la población este tipo de información, por lo que será necesaria una mayor exigencia ciudadana y la presión de las entidades normativas para que los ayuntamientos cumplan con la ley.

Transparencia, acceso a la información y vinculación con la sociedad

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Marcos Méndez Lara
  El ejercicio pleno del derecho de acceso a la información pública es todavía una buena intención en Guerrero. A más de 13 años de que existe un procedimiento formal establecido en la ley para que las y los guerrerenses puedan tener acceso a datos, estadísticas, documentos y en general a toda la información que se genera en el ámbito gubernamental, todavía existen graves obstáculos que impiden que este derecho se cumpla en plenitud.
Así se desprende del balance que hicieron organizaciones sociales y ciudadanas durante dos actividades de análisis sobre la transparencia y el acceso a la información en Guerrero, la semana anterior. Incumplimiento en la publicación de información relevante tanto en la plataforma nacional de transparencia como en los portales de los sujetos obligados para hacer posible el seguimiento ciudadano; la persistencia de argumentos, trabas y trampas para evadir la entrega satisfactoria y completa de información, y la falta de sanciones a quienes incumplen con la ley de transparencia, fueron algunos de los problemas graves que se plantearon durante las actividades en mención.
Pero también se reconoció que las organizaciones y muchos ciudadanos y ciudadanas, a diferencia de cuando se inauguraron los procedimientos formales para ejercer este derecho en 2006, hoy buscan apoyarse en la información pública gubernamental para realizar ejercicios sistemáticos de monitoreo y vigilancia a las políticas públicas, programas, proyectos o acciones específicas diseñadas y operadas por las entidades gubernamentales, con el fin de incidir en su mejoramiento y disminuir en alguna medida las posibilidades de corrupción.
Y también, más allá de la consecución de este fin, de suyo importantísimo, detrás de cada ejercicio de exigencia de rendición de cuentas está también el involucramiento de muchos ciudadanos y ciudadanas que paralelamente están aprendiendo a ejercer su derecho de acceso a la información, lo cual puede llevar como consecuencia al ejercicio de otros derechos.
Cuando ambas intenciones se combinan, la exigencia de rendición de cuentas y el ejercicio de acceso a la información, comienza una verdadera construcción de ciudadanía.
Conversatorio en Acapulco
En Acapulco realizamos un encuentro de organizaciones que tienen en la exigencia de rendición de cuentas, una de sus principales demandas. Los impulsores del proyecto Mi Municipio Acapulco –una plataforma electrónica para publicar con lenguaje ciudadano información relevante sobre ese Ayuntamiento–, plantearon problemas sobre la carencia de información sustantiva tanto en la página electrónica del gobierno municipal como en las respuestas a las solicitudes de información. La información específica del ayuntamiento de Acapulco que no aparece se refiere al presupuesto, el Ramo 33 y el seguimiento a los indicadores del plan municipal de desarrollo.
En este punto se expuso también la pregunta sobre qué hacer para que a los habitantes de las zonas rurales se les garantice su derecho de acceso a la información, cuando regularmente no tiene acceso a internet o no cuentan con el equipo necesario y se les dificulta la comprensión de datos técnicos como los que publican las dependencias; esto sin contar que hay un desconocimiento muy grande sobre los procedimientos para presentar una solicitud de información.
La información sobre los gastos de comunicación social fue otro de los temas que se expusieron, ya que esta información no la publican ni en el gobierno del estado ni en los ayuntamientos, por lo que se debe buscar algún mecanismo de presión para que sí publiquen estos datos.
Igualmente, los participantes cuestionaron la falta de información sobre la asignación y el ejercicio de los recursos destinados al proyecto Línea Rosa, del Ayuntamiento de Acapulco, con el que se buscaba financiar transporte para mujeres, pues precisamente por la falta de claridad, se estima que el recurso ya fue desviado a otras actividades, sin ninguna explicación.
Otros temas que se abordaron fueron la inactividad institucional para iniciar ejercicios locales de gobierno abierto, la falta de información (cuántos son, dónde están, cuáles son sus atribuciones) sobre los comités de salud y los avales ciudadanos, así como la publicación de información para el seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia ambiental.
En la reunión con las organizaciones de Acapulco también se abordaron problemas relativos a los tiempos para resolver un recurso de revisión, el seguimiento de las resoluciones del órgano garante local, así como la falta de sanciones económicas a los sujetos obligados que infringen la ley.
En esta reunión participó el enlace en Guerrero de la Red por la Utilidad Social de los Derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Red USOC), Emilio del Carmen López, quien visitó Guerrero para impulsar la colaboración de la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad Civil del INAI con las organizaciones “para el conocimiento, uso y apropiación de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales como instrumentos de utilidad social que permitan fortalecer el ejercicio de otros derechos humanos y la transparencia proactiva”.
Establecer un diálogo con organizaciones de la sociedad civil para promover la utilidad de la información pública como una herramienta para atender problemáticas relativas al medio ambiente, obra pública, violencia contra las mujeres y seguridad, entre otras muchas, es un acierto del órgano garante nacional.
En Guerrero, el enlace de la Red USOC se llevó el compromiso de dar seguimiento a las solicitudes de información que presenten las organizaciones, especialmente aquellas que no sean respondidas por los sujetos obligados; asesorar la presentación de recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia local y el INAI, proporcionar material impreso de promoción de la transparencia y el acceso a la información, organizar talleres de capacitación sobre acceso de información y el uso de la plataforma nacional de transparencia, y promover un foro con el tema de la utilidad social de la información, en la que participe un comisionado del INAI.
Contraloría feminista
El 7 de septiembre realizamos un taller de Contraloría Social dirigido a grupos de mujeres feministas y a organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, con el objetivo de analizar información sobre esta práctica ciudadana con miras a integrar una Red de Contraloría Feminista y Ciudadana de Políticas Públicas para la Igualdad Sustantiva en Guerrero.
Además de revisar los antecedentes y el marco jurídico, las participantes expusieron sus experiencias acerca de esta práctica ciudadana, para la cual, la información y la transparencia son componentes esenciales. Durante el taller se comentaron las dificultades del acceso a la información, como la frecuente práctica de los sujetos obligados de no entregar información a quien lo solicita o entregarla de manera parcial o con datos que no corresponden.
En transparencia también se ubicaron muchos problemas, especialmente porque no se publica información relevante para el escrutinio ciudadano, o bien, ésta se difunde en formatos que no permiten su reutilización o son ilegibles, o porque no es fácil el manejo de la plataforma nacional de transparencia. Sin embargo, con los ejercicios que se efectuaron durante esta actividad quedó claro que en la búsqueda de información pública es necesario combinar la revisión de las obligaciones de transparencia de las dependencias con la presentación de solicitudes de información donde se requieran datos específicos. De hecho, la información publicada en la plataforma es “el hilo para seguir la madeja”, es decir, da la pauta y es el referente para investigar temas con mayor detalle utilizando el mecanismo de las solicitudes de información.
También se concluyó que si bien hay un reconocimiento en el marco legal del derecho de la ciudadanía a vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la calidad de los servicios que ofrecen las dependencias (contraloría social institucionalizada), éste tiene alcances limitados para incidir de manera efectiva en el mejoramiento de las políticas públicas o los programas gubernamentales, pues aún hay vacíos en los lineamientos y reglas de operación oficiales que no permiten ni promueven una participación ciudadana más amplia, ni abren espacios para que su acción colectiva tenga consecuencias en la gestión pública.
Comentaron entonces, que las experiencias exitosas de contraloría social han recurrido a estos mecanismos formales de vigilancia, pero también a otras formas de participación como movilizaciones (plantones, marchas), alianzas con universidades, colegios de profesionales y otras organizaciones, y a la asesoría de actores independientes sobre temas específicos.
Función del CPC
Las actividades que aquí describimos se realizan en cumplimiento de la función que tiene el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero de vincularse con diversos actores de la sociedad. Se trata de una estrategia en la que se busca apoyar a las organizaciones o grupos de ciudadanos en su exigencia de rendición de cuentas a los servidores públicos o dependencias gubernamentales, particularmente promoviendo el acercamiento de instituciones que pueden ser aliadas en su labor o directamente con reuniones de capacitación y análisis sobre diversos temas que interesan a las organizaciones.
Priorizamos esta forma de vinculación porque creemos que puede ser más útil a las y los ciudadanos, por encima de firma de convenios de colaboración u otras formas de interrelación. La intención es tratar de generar confianza en el CPC y en general en el Sistema, ya que es de conocimiento público el déficit de participación ciudadana en los asuntos públicos, debido en gran parte a la desconfianza en las instituciones gubernamentales.
La quincena más reciente, el CPC realizó varias actividades con la sociedad civil. El 21 de agosto se organizó un encuentro con rectores y directores de escuelas de educación media superior y superior, públicas y privadas, a efecto de proponerles un modelo de estándar ético para universitarios. Independientemente de que la mayoría de las instituciones asistentes cuentan con su propio código de ética o conducta, la propuesta es que suscriban un documento de compromiso ético en una plataforma pública que estará a la vista de todos, eso es lo que hace diferente a este mecanismo de los códigos de conducta tradicionales.
Ese mismo día, y con la participación del presidente del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción, José Octavio López Presa, se buscó promover un esquema similar (la firma de un estándar ético) entre los profesionales de la abogacía. Se invitó a varios colegios y organizaciones de abogados, y aunque en general la mayoría encontró importante el compromiso, varios abogados denostaron este ejercicio ciudadano con el argumento de que nadie les iba a imponer como debían conducirse. López Presa comentó al final del evento que había asistido a presentaciones de esta plataforma en 20 entidades federativas y en ningún estado había encontrado resistencia, sólo en Guerrero. Afirmó que algunos firmarán el compromiso de manera voluntaria, pero otros se sentirán amenazados porque “el estándar ético compromete a seguir una actuación impecable, recta, y en algunos casos no se va a dar”, dijo el presidente del CPC nacional en entrevista con este diario.
Sin duda, hay mucho que hacer pues este tipo de percepciones denotaron un gran desconocimiento sobre el sistema estatal anticorrupción y además que debe cambiar la forma de pensar y actuar, no sólo de quienes realizan una actividad pública, sino de cualquier mexicano.
Las actividades del conversatorio de la transparencia con organizaciones y el INAI, y el taller de reflexión y análisis para construir una contraloría ciudadana feminista también se inscriben en esa ruta de buscar vínculos con organizaciones sociales y de la sociedad civil.
Invitación
Hacemos una atenta invitación para que nos escuchen en Monitor de Guerrero Radio. Sintonícenos por el 106.3 de FM en esta capital, o bien, por medio del sitio www.consentidosocialac.com. También estamos transmitiendo a través de la página de Facebook de Comunicación para el Desarrollo Comunitario AC. Los esperamos todos los miércoles a las 10:00 horas para analizar y comentar temas de transparencia y rendición de cuentas.

La inseguridad como causa de la opacidad de salarios

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

Son muchas las ventajas que se obtienen al hacer públicas las remuneraciones de los servidores públicos. Además de que es útil para el escrutinio ciudadano y el seguimiento al desempeño del trabajo en la administración pública –que podría redundar en el mejoramiento de la gestión pública–, la transparencia de los salarios también tiene un significado relevante para la democracia participativa y especialmente para construir confianza entre la ciudadanía, tan necesaria para incorporar su participación en diferentes procesos del quehacer gubernamental.
En esta edición de Monitor de Guerrero, y continuando con la discusión sobre la transparencia de salarios de servidores públicos iniciada en el número anterior, se abordarán los principales argumentos de quienes opinan que no deben darse a conocer los emolumentos de funcionarios, tales como la inseguridad y el riesgo de extorsión y otros delitos que conlleva la publicación. Pero hay otras voces que sostienen lo contario, es decir, que es necesario publicarlos incluso sobre factores de peso como es la propia situación de inseguridad, que, opinan, es generalizada y no limitativa de los servidores públicos. Es una discusión que no termina de resolverse, que no ha encontrado puntos intermedios.
Los que no
Aunque es casi generalizada la tendencia a clasificar como confidencial la información sobre los salarios de los servidores públicos, ningún sujeto obligado en Guerrero ha desarrollado un documento donde argumente las razones de esa clasificación, y más bien, predominan la ausencia de estos datos o su difusión parcial, sin ninguna explicación. Sólo la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina), desde el primer tramo del gobierno de Héctor Astudillo Flores, emitió un amplio documento de justificación.
En un acuerdo del Comité de Transparencia de la Sefina, de fecha 30 de junio de 2016, la dependencia clasifica como información confidencial “los contratos de trabajo, los expedientes laborales y médicos, así como las percepciones del personal de la Secretaría. Se considera información confidencial con fundamento en el artículo 129 primer párrafo de la Ley, dado que los mismos contienen datos personales de los empleados”.
Y es precisamente la inseguridad que impera en el estado lo que motivó la clasificación de la información; justifica la Sefina en este acuerdo que en los últimos años se han documentado “a través de medios de información una gran cantidad de agresiones que van desde amenazas, extorsiones, privación ilegal de la libertad, secuestro y homicidio, en perjuicio de servidoras y servidores públicos (…) cuya responsabilidad pública estaba vinculada al manejo de información financiera, fiscal o de recursos humanos, dando cuenta de la vulnerabilidad de aquellos cuya identidad es reconocida y ubicable por el desempeño propio de sus funciones”.
Asimismo, en el considerando XI del acuerdo, hace alusión a diversos estudios que de acuerdo con la dependencia confirman que la inseguridad en el estado no constituye un supuesto. “Esta realidad estadística se robustece con hechos de violencia específicos de los cuales se infiere que los servidores públicos, principalmente aquellos vinculados con el manejo de recursos públicos, o quienes se podría presuponer que cuentan con ingresos fijos y consistentes, representan un mayor atractivo para la personas o grupos que se dedican a actividades delictivas”.
Un par de años después, en enero y febrero de 2018, por medio de los oficios SFA/SA/DGAyDP/NOM/0165/2018 y 0292/2018 de la Sefina, la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal justifica la publicación parcial de la información relativa a la remuneración bruta y neta de los servidores públicos del gobierno del estado, esto, dice la dependencia, “para salvaguardar la integridad física de los servidores públicos, toda vez que necesitamos el consentimiento para publicar los datos de terceros”.
Los datos a los que se refieren los oficios y que solicitan no sean publicados son los nombres y apellidos de los servidores públicos y lo “que respecta a remuneración mensual bruta, remuneración mensual neta, percepciones en efectivo o en especie y adicionales, ingresos y sistemas de compensación, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, prestaciones económicas y otro tipo de percepción”. Es decir, prácticamente ningún dato relevante.
Los que sí
Son varios los actores que señalan que no hay razón para no publicar los sueldos de los servidores públicos. A mediados de abril de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SPF) presentó el portal electrónico Nómina Transparente, en donde pueden consultarse los salarios de todos los empleados y funcionarios de la administración pública federal.
En un comunicado de prensa (No. 38), la SPF subraya que “Respecto a las manifestaciones sobre la posible afectación a la seguridad de las personas servidoras públicas derivada de la publicación del Portal Nómina Transparente, se considera que toda vez que la información ya era de naturaleza pública y se encontraba disponible en fuentes de acceso público de manera previa, no se genera daño alguno con la presentación de este nuevo portal electrónico”.
El comunicado fue en respuesta a las declaraciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que consideró “injustas” las medidas para hacer públicos los sueldos que perciben los maestros, pues esto pone a los profesores en situación de riesgo. “El Sindicato expresa su preocupación por medidas que, sin ser ilegales, son injustas, pues vulneran la seguridad de miles de trabajadores (…) El reclamo no es por motivos de transparencia, sino de seguridad”, señaló el representante del SNTE, Alonso Cepeda Salas.
Por su parte, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, comentó que publicar la nómina del gobierno federal forma parte de las obligaciones en la materia, por lo que los funcionarios públicos deben saber que por serlo, están sujetos a que la ciudadanía conozca cuánto ganan.
En una nota de Notimex, el comisionado presidente reconoció, respecto de los riesgos de publicar las remuneraciones, que en casi todas las entidades federativas hay lugares donde los funcionarios públicos son susceptibles a riesgos de ese tipo, pero no se aplican excepciones, aclaró. No se puede desconocer el riesgo de la inseguridad, incluso en sus modalidades de extorsión telefónica que salen muchas veces de los penales o de otras formas más o menos violentas e incluso más directas, pero se trata de un trabajo que corre por otra vía, dijo Acuña Llamas.
El Estado en su conjunto, subrayó, debe de hacer un esfuerzo para acabar con la inseguridad, pero la realidad de la violencia no puede anteponerse para buscar excepciones en la transparencia, concluyó el comisionado presidente del INAI.
Una resolución
Algunos órganos garantes estatales y el nacional han analizado y resuelto casos sobre la publicación de salarios de servidores públicos. El Instituto de Transparencia del Estado de México lo hizo a través del expediente 01326/INFOEM/IP/RR/2016, donde un particular solicitó al ayuntamiento de Zacualpan, Estado de México, los recibos de pago correspondientes a seis quincenas de autoridades y funcionarios de ese gobierno municipal. En su respuesta, el ayuntamiento negó la información en los siguientes términos: “la información solicitada no puede ser atendida debido a que es información clasificada como confidencial por contener datos personales por lo cual en términos del artículo 25 fracción I de la Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México y municipios.” Por esta respuesta, el particular presentó un recurso de revisión.
Al analizar el caso, la entonces comisionada del órgano garante del estado mexiquense y hoy comisionada del INAI, Josefina Román Vergara, señala que el ayuntamiento en su respuesta no niega la existencia de la información solicitada, “sino por el contrario al referir que ésta tiene el carácter de clasificada asevera su existencia”. También indica que hay una clara omisión de un Acuerdo de Clasificación que exprese las razones por las cuales la información encuadra en la hipótesis de clasificación de información, por lo que la respuesta otorgada no se encuentra debidamente fundada ni motivada.
Entre otros documentos, Román Vergara recurrió, para argumentar su análisis y como “sustento por analogía”, a los criterios 01/2003 y 02/2003 emitidos por el Comité de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativos a la publicidad de los datos relacionados con los montos por concepto de pago de las remuneraciones”
El primer criterio del comité de la Suprema Corte establece que los ingresos de los servidores públicos “Constituyen información pública aún y cuando su difusión puede afectar la vida o la seguridad de aquellos”. En este caso dice el lineamiento que aunque en la ley se establece que debe clasificarse como información confidencial la que conste en expedientes administrativos cuya difusión pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, también se establece en la ley que las remuneraciones deben publicarse como una obligación de transparencia, ya que “el monto de todos los ingresos que recibe un servidor público por desarrollar las labores que les son encomendadas con motivo del desempeño del cargo respecto constituyen información pública, en tanto que se trata de erogaciones que realiza un órgano del Estado en base con los recursos que encuentran su origen en mayor medida en las contribuciones aportados por los gobernados”.
El criterio 02/2003 del Comité de Transparencia de la Suprema Corte establece que los “ingresos de los servidores públicos, son información pública aún y cuando constituyen datos personales que se refieren al patrimonio de aquéllos”. Según la interpretación de la ley, “se advierte que no constituye información confidencial la relativa a los ingresos que reciben los servidores públicos, ya que aun y cuando se trata de datos personales relativos a su patrimonio, para su difusión no se requiere consentimiento de aquellos (…)”.
El órgano garante del Estado de México, sustentado en estos criterios, ordenó al ayuntamiento de Zacualpan que entregara en “versión pública los recibos de pago correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del año dos mil dieciséis” de los servidores públicos de ese gobierno municipal. Consideró en su resolución que el derecho de acceso a la información pública tiene como limitante el respeto a la intimidad y a la vida privada de las personas, por lo que la entrega de la información, en caso de contener datos personales, deberá ser en versión pública en la que se suprima aquella información relacionada con la vida privada de los particulares y de los servidores públicos.
Otra versión
El 15 de febrero de este año se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, una “tesis relevante” de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referente a la transparencia y el acceso a la información pública, la cual sostiene que “los sujetos obligados en su calidad de depositarios deben notificar y obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información solicitada a través de una consulta de acceso, para que manifiesten y puedan ejercer lo que a su derecho convenga”.
De la interpretación conjunta y armónica de las disposiciones previstas en la Ley General de Transparencia, Ley Federal de Transparencia y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, continúa la tesis, se advierte que los sujetos obligados, en su calidad de depositarios de la información solicitada a través de una consulta de acceso y cuya titularidad corresponda a un tercero, tienen la obligación de notificar y obtener el consentimiento expreso para que los titulares de los datos solicitados puedan manifestar lo que a su derecho convenga, (…) en especial, el derecho a negar el acceso u oponerse a la divulgación de cierta información confidencial o que puede ser objeto de reserva y que se encuentra en posesión de un sujeto obligado o del propio INAI.
Continúa el debate
El debate en torno a la publicación o no de los salarios de servidores públicos aún no se agota. Es una difícil situación de tensión entre opositores y partidarios de la difusión de remuneraciones que encontró su punto álgido en los momentos complicados que vive el país. Hace falta hallar una fórmula que permita reducir el riesgo de los funcionarios, pero que también permita que los propósitos del escrutinio público se cumplan. Todavía no encontramos esa fórmula.

Amparos con fines de opacidad (I)

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

La publicación de los salarios de los servidores públicos siempre ha sido un tema controversial. En el caso de Guerrero, la mayoría de los sujetos obligados o dependencias no difunden cuánto ganan sus funcionarios o empleados con el argumento de que son datos que, si se hacen públicos, ponen en riesgo la seguridad de las personas.
Más allá de la legitimidad de ese temor, lo cierto es que el principio que da sustento a la transparencia de las remuneraciones de los servidores públicos es un necesario escrutinio hacia las personas que reciben un salario pagado con los impuestos de las y los mexicanos, especialmente por dos motivos: para observar e incidir en la eficiencia y eficacia de la gestión pública, y para disminuir la corrupción al poner en claro todas las percepciones que recibe un funcionario público.
Pero hay una gran resistencia a cumplir esta obligación de transparencia, que ha estado incluida desde las primeras leyes de transparencia en México. Muchos ciudadanos, haciendo uso de los recursos que les otorga la ley, han lidiado para que esta información sea pública y se garantice así su derecho de acceso a la información, consagrado en el sexto constitucional y en la Ley General de Transparencia. Las dependencias, por su parte, emplean igualmente todos los vericuetos legales para evadir esta obligación de publicar los salarios. Es una lucha regularmente desigual en donde las dependencias ponen a funcionar sus aparatos jurídicos y recursos financieros y humanos para no publicitar esta información.
En Guerrero, hace dos años y medio se inauguró la modalidad de solicitar el amparo de la justicia federal para evadir esta responsabilidad, y es el tema que abordaremos en esta edición. En Monitor de Guerrero del próximo 27 de agosto trataremos el tema de la inseguridad como un argumento para no publicar las remuneraciones de funcionarios.
El caso TEE
En febrero pasado, un magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero promovió un juicio de amparo contra actos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro) y otras autoridades (expedientes 278/2019 y 279/2019).
De acuerdo con los documentos consultados de Audiencia Constitucional del Poder Judicial de la Federación, de manera específica, el magistrado solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra una resolución emitida por el Pleno del Itaigro el 15 de enero. Dice el expediente que “la parte quejosa aduce esencialmente que se transgrede en su perjuicio el derecho fundamental de audiencia contemplado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, fue omiso en llamarlo a comparecer con el carácter de tercero interesado en el expediente (el número está testado en el documento), de su índice, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera y presentara las pruebas que considerara pertinentes, de conformidad con el artículo 169 de la Ley número 207 de Transparencia a la Información Pública del Estado de Guerrero”.
En efecto, en el análisis del caso se determina que se debió de haber llamado al procedimiento instaurado como tercero interesado al magistrado que solicitó el amparo, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con la posible afectación por la revelación de su información (titular de la información), y no solamente al sujeto obligado, esto es, al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.
Luego de estudiar el caso, Basilio Rojas Zimbrón, juez Primero de Distrito en el estado de Guerrero concedió el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que en relación al quejoso, el Itaigro, a través del pleno o del comisionado al que corresponda, reponga el procedimiento en el recurso de revisión (el número, testado en el documento), a partir del auto en el que admitió a trámite dicho medio de defensa y previo a la resolución correspondiente, otorgue el derecho fundamental de audiencia al quejoso; lo que implica la insubsistencia de la resolución reclamada o de cualquier acto emitido con posterioridad en tal procedimiento.
El portal del TEE
Al revisar la información pública de oficio del TEE en la plataforma nacional de transparencia, con fecha de corte al 30 de junio de 2019, en el rubro correspondiente a “VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración (fracción VII del artículo 81 de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información), se reportan 83 registros en el rubro de sueldos y salarios, pero en esa lista faltan cinco datos: los salarios que corresponden a cuatro magistrados y una magistrada del Tribunal. En el espacio de cada magistrado aparece la siguiente nota: “La justicia de la unión ampara y protege la información de la remuneración de los magistrados electorales; juicio de amparo 278/2019 y 279/2019 interpuesto ante el juzgado primero de distrito con sede en Chilpancingo de los Bravo Guerrero”.
Lo curioso es que los salarios de todos quienes trabajan en el TEE sí están publicados, únicamente faltan los de los magistrados. Según lo que interpretamos, es que la justicia de la unión ampara y protege a los magistrados contra la omisión del Itaigro, pero no contra la publicación de sus salarios a la que están obligados por la Ley de Transparencia. Asimismo, si alguien requiere nuevamente por medio de una solicitud de información las remuneraciones de estos funcionarios del TEE, también están obligados a proporcionarlos, pues el amparo los protege sólo por un hecho específico, como fue una resolución del Itaigro a la que no fueron llamados como terceros interesados. Pero eso no los exime de su obligación de dar a conocer cuánto ganan. Creemos entonces que la nota de los magistrados referente a que la justicia de la unión los ampara para no publicar su remuneración no es acertado.
El precedente
Hace poco más de dos años, el Congreso de Guerrero protagonizó un episodio que dejó un mal precedente para la transparencia en el estado, ya que ese órgano legislativo buscó el cobijo de la ley para no publicar los salarios de los diputados. Al parecer fue la primera vez en Guerrero que se utilizó el recurso del amparo con fines de opacidad de las remuneraciones de los servidores públicos.
Indagamos sobre la solicitud de información y la respuesta del Congreso que motivó que un ciudadano se inconformara y en consecuencia presentara un recurso de revisión. En el sistema Info Guerrero (mecanismo previo a la actual plataforma nacional de transparencia) aún se puede rastrear la solicitud No. 00112216, en donde un ciudadano preguntó por la “dieta, sueldo, cuotas, apoyos, estímulos, ayudas, gratificaciones, aportaciones de fondo de ahorro, aguinaldo, prima vacacional, vacaciones, gratificaciones extraordinarias, bonos, premios, estímulos, costo de seguro de gastos médicos, aportaciones de seguridad social, telefonía, monto mensual por partida de ayudas sociales, monto para gastos de oficina, sueldos, compensaciones…” y otros conceptos que recibían los diputados.
El oficio de respuesta del Congreso del estado, del 12 de julio de 2016, decía que “los montos por concepto de dieta, salario y todas las percepciones que reciben los diputados del Congreso del Estado, es información pública y se encuentra publicada en el portal de la página de internet del Congreso del Estado” y anexaba un vínculo electrónico donde supuestamente estaba la información.
Al ciudadano no le satisfizo la respuesta (su inconformidad fue porque no estaba la información solicitada en el link proporcionado), por lo que presentó un recurso de revisión el 27 de julio de 2016 en contra del Congreso, y luego de analizar el caso, el Instituto de Transparencia emitió una resolución a favor del recurrente el 20 de diciembre de 2016, la cual se notificó al Congreso el 25 de enero de 2017.
De acuerdo con una nota de la revista Proceso del 13 de febrero de 2017, los diputados de la LXI Legislatura solicitaron un amparo ante la justicia federal para evitar el cumplimiento de una resolución del Instituto de Transparencia (Itaigro/88/2019), que ordenaba revelar el monto total del salario neto y bruto de los legisladores. La misma fuente informó que el apoderado legal externo del Poder Legislativo, Ciro Rubio Alvarado, aseguró en su alegato presentado ante el Juzgado Décimo de Distrito, con sede en Chilpancingo, que la resolución del órgano garante “traería efectos perniciosos en las garantías fundamentales” de los diputados locales; también dijo que era “inconstitucional e ilegal” el acuerdo del Itaigro.
En la resolución consultada (expediente 110/2019) se reclama al Instituto, como autoridad responsable ordenadora, “la inconstitucionalidad e ilegal resolución de 20 de diciembre de 2016 (…) puesto que dicha resolución carece de la debida fundamentación y motivación que debe contener todo acto que tienda a imponer sanciones y restricción de derechos fundamentales”.
Jacinto Figueroa Salmorán, juez Décimo de Distrito en el estado de Guerrero, concedió “a la incidentista (Congreso del estado) la suspensión definitiva solicitada contra el auto y autoridad responsable señalada en el considerando único de esta interlocutoria”.
El amparo solicitado por el Congreso, por conducto de quien presidía en ese momento la Junta de Coordinación Política, Flor Añorve Ocampo, dejó un mal precedente para la transparencia en el estado. En aquel entonces, el ex diputado Sebastián de la Rosa Peláez, citado por Proceso, calificó como “un muy mal mensaje” el amparo del órgano legislativo. Agregó De la Rosa Peláez que Flor Añorve Ocampo, del PRI, no consultó al pleno sobre la decisión de buscar ampararse para no cumplir con la obligación de publicar los salarios de los legisladores guerrerenses. “Se trata de un mal mensaje del Congreso. La diputada Flor Añorve actuó de manera unilateral e irregular porque no consultó al resto de los integrantes de la LXI legislatura local”, expresó De la Rosa, quien exigió en ese momento el desistimiento de la solicitud de amparo y revelar el salario real de los diputados.
La ex diputada Flor Añorve, según la misma fuente, justificó la decisión de solicitar el amparo con el argumento de que “el Itaigro se extralimitó en sus funciones y en lugar de aplicar una multa debió apercibir al Congreso para que los diputados locales cumplan con la Ley 207 de Transparencia”, una ley que ellos mismos aprobaron.
Un amparo que cambió
el sistema
Paradójicamente fue un amparo el que inició la pelea por el acceso a la información pública. Berenice Ayala, de El Economista, recuerda que en 1982 el abogado Ignacio Burgoa solicitó a la Secretaría de Hacienda información sobre la deuda pública, pero ésta le fue negada por la dependencia alegando que el derecho a la información estaba conferido a las comunidades y que una sola persona no podía exigir la publicación de los datos.
El 8 de noviembre de 1983, Burgoa solicitó que un superior al juez de Distrito revisara el fallo en el que se le negaba la información, y argumentó que los artículos sexto y octavo constitucionales establecían la obligación legal del Estado mexicano a proporcionar información a todos los mexicanos.
Tras dos años de litigio, en 1985 la Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó la resolución primera de no otorgarle la información que había solicitado, alegando que con la reforma al artículo sexto no se pretendía extender la garantía para cualquier persona.
Ayala concluye que si bien, Burgoa no obtuvo una resolución a su favor, el ejercicio ciudadano sentó un precedente sobre cómo los ciudadanos podrían ejercer ese derecho.
Mejor gestión pública
El mejor escenario es que no se promovieran este tipo de recursos jurídicos que inhiben la transparencia y el acceso a la información. Es entendible el riesgo de la inseguridad, pero también es prioritario conocer esta información para dimensionar las desigualdades o brechas existentes entre empleados, incluyendo las de género. Con la publicación de los salarios los servidores públicos podrían estar bajo constante escrutinio, favoreciendo la evaluación de su desempeño y el apego a la Ley y a la honestidad, lo que se traduciría en una mejor gestión pública en favor de los guerrerenses.