Datos sobre la transparencia en 2018

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

Los informes que presenta cada año el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Guerrero (Itaigro) son una fotografía desde la que es posible observar, a veces claramente, a veces entre líneas, lo que sucede realmente en el estado en estas materias. En esta entrega comentaremos varios datos relevantes que contiene el treceavo informe de labores, correspondiente al ejercicio 2018, que entregó el órgano garante en días pasados al Congreso del estado.
Uno de los primeros datos que salta a la vista es el número de solicitudes de información que la ciudadanía guerrerense presentó durante el año pasado: 7 mil 264 requerimientos. Si se mide con referencia a otras entidades, la cifra puede parecer corta (9 mil 527 en Oaxaca, 9 mil 712 en Hidalgo, y no se diga las 116 mil recibidas en la CDMX de enero a septiembre de 2018). Pero vistas las cifras cronológicamente al interior del estado, es innegable el incremento que se ha registrado año con año, pues de las 300 o 400 que se presentaban anualmente en los años posteriores a que se establecieron procedimientos formales para ejercer el derecho de acceso a la información (2006-2007), pasamos a más de 7 mil en 2008.
Hay varios factores que favorecieron este aumento, la promoción institucional y el creciente interés de la ciudadanía por estos asuntos, entre otros. Tal vez predomine el segundo factor, pues la experiencia dice que las personas no se interesan por ejercer este derecho a partir de escuchar o ver promocionales, sino hasta que se les presenta una necesidad informativa específica de un problema que les afecta (obra pública, reglas de operación, programas sociales, estadísticas de educación, salud, seguridad, etc.), y alguien les muestra o por sí mismos descubren los procedimientos de la ley para buscar satisfacerla. Es la antesala del interés ciudadano por los asuntos públicos y tal vez el principio de la construcción de ciudadanía.
A esto se agrega un factor adicional: la posibilidad de presentar solicitudes por vía remota –a través de los medios electrónicos–, recurso que se estableció en Guerrero hasta febrero de 2011 y fue precisamente la fecha del inicio del despegue. No en balde la gran mayoría de solicitudes de 2018 se presentaron a través de la plataforma nacional de transparencia o por correo electrónico; sólo 64 se hicieron por medios diferentes.
Falta, sin embargo, diseñar mecanismos innovadores para incorporar al ejercicio de este derecho a toda esa población que aun no cuenta con la conectividad de internet que se requiere y en general a los recursos digitales.
De acuerdo con el informe de Itaigro, las principales dependencias que recibieron solicitudes el año pasado fueron la Fiscalía General del Estado (612 solicitudes), Secretaría de Salud (351), Ayuntamiento de Acapulco (347), Secretaría de Finanzas y Administración (313), Tribunal Superior de Justicia (313) y el propio Itaigro (286).
Otro dato que puede comentarse del informe del órgano garante es el de los recursos de revisión, es decir, de aquellos procedimientos que pueden presentarse si las dependencias no contestan o el solicitante está inconforme con la respuesta.
En 2018 se presentaron 379 recursos de revisión, que comparados con los 47 que se presentaron en 2007, se percibe un interés creciente por hacer valer este derecho por parte de la ciudadanía. Tradicionalmente habíamos observado un bajo número de recursos, esto derivado tanto del desconocimiento de los procedimientos por parte de la ciudadanía como debido a la tardanza de los plazos para el procesamiento de estos recursos. Los dos factores siempre han desalentado la presentación de recursos, de hecho, no se descarta que todavía hoy haya un fuerte número de solicitantes de información insatisfechos con las respuestas de las dependencias, pero que no se animan a presentar sus correspondientes recursos de revisión.
De los 379 recursos presentados en 2018, sólo en 75 casos (20 por ciento) se emitieron resoluciones en las que se instruye la entrega de información a los ciudadanos, ya que 99 fueron desechados y 76 sobreseídos. El alto porcentaje de recursos de revisión desechados y sobreseídos es una señal de alerta que impide un pleno ejercicio del derecho de acceso a la información. Hace falta un buen diagnóstico y análisis para atender los motivos de por qué no está funcionando plenamente este tipo de recursos.
En este renglón, los sujetos obligados que recibieron mayor número de recursos de revisión en su contra fueron la Secretaría de Finanzas y Administración con 21 recursos, la Fiscalía General del Estado (16), Congreso (16), Ayuntamiento de Acapulco (11), Secretaría de Educación de Guerrero (11), Itaigro (nueve), Secretaría de Desarrollo Social (nueve), y la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Salud y la Universidad Autónoma de Guerrero con siete cada una.
Denuncias ciudadanas
Finalmente, otro indicador que da cuenta sobre cómo participa la ciudadanía en el ejercicio de su derecho de acceso a la información son las denuncias que ésta presenta ante el órgano garante por el incumplimiento de las dependencias y entidades públicas de sus obligaciones de transparencia.
Dice el artículo 81 de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información que todos los sujetos obligados (208 en el estado) deben publicar información de su quehacer gubernamental organizada en un catálogo de 48 temas y algunos adicionales, según la dependencia.
También la ley dice, en su artículo 103, que si las dependencias omiten la publicación de uno o más de estos temas, las y los ciudadanos pueden presentar una denuncia ante el Itaigro. En 2018 se registraron 89 denuncias ciudadanas por este concepto, un incremento sustancial en relación con 2017, cuando sólo se presentaron 14 denuncias.
En estricto sentido, los 208 sujetos obligados del estado merecerían ser denunciados por el incumplimiento de sus obligaciones de transparencia, ya que ninguno cumple con el 100 por ciento de éstas. Sin embargo, los 89 denunciantes de 2018 seguramente presentaron sólo de aquellas dependencias de su interés.
En este rubro destacan por su número las denuncias presentadas en contra de los ayuntamientos, 65 de las 89: Tecpan (3), Chilpancingo (3), Tlapa (3), Coyuca de Benítez (3), Zihuatanejo (3); Acatepec (2), Atoyac (2), Tlalchapa (2), Taxco (2), Juan R. Escudero (2), Benito Juárez, Iguala (2) y Tixtla (2).
Con una denuncia están: Copalillo, Mochitlán, Acapulco, Ixcateopan, Ometepec, Petatlán, San Marcos, Leonardo Bravo, Alpoyeca, Arcelia, Tlapehuala, General Canuto Neri, Azoyú, Copala, Cuautepec, Huitzuco, Xalpatlahuac, Tlalixtaquilla, Olinalá, Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán, Cualac, Alcozauca, Alpoyeca, Metlatónoc, Cochoapa, Atlamajalcingo, Copanatoyac, Malinaltepec, Zapotitlán, Atlixtac, Ileatenco, San Luis Acatlán, Chilapa y Mártir de Cuilapan.
Pero también otras dependencias recibieron denuncias, entre las que destacan la Secretaría de Finanzas y Administración (3), Itaigro (3), el Tribunal Superior de Justicia (2).
De las 89 denuncias presentadas, 15 fueron desechadas o infundadas, sólo en siete se ha instruido a los sujetos obligados que entreguen la información; y la gran mayoría, 65, están en proceso.
No presentaron informe
Hay un dato del informe de labores del Itaigro que puede ser indicativo de la poca atención que le procuran una parte de los sujetos obligados del estado a los temas de transparencia y acceso a la información. Se trata del informe que cada año por ley deben presentar sobre el número de solicitudes que los ciudadanos presentaron a lo largo del año. Son 53 las dependencias (25 por ciento del total en el estado) que omitieron enviar este informe al Itaigro. La omisión es grave porque se percibe no solo como un desacato a la ley de transparencia, sino como una falta de interés de los titulares por hacer una gestión transparente en sus dependencias.
Entre éstas, hay algunas del Ejecutivo como Agroindustrias del Sur, Casa Guerrerense en el DF, Consejo de Políticas Públicas y la Secretaría de Desarrollo Social; también la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero y varios sindicatos. Pero el sector que tiene más omisiones es el de ayuntamientos, 25, que representan 30 por ciento de los que hay en el estado.
Verificación
En el informe de labores, correspondiente a 2018, el Itaigro finalmente publicó el ranking estatal de cumplimiento de obligaciones de transparencia con sus respectivos porcentajes. No nos referiremos a la metodología, pues las deficiencias que encontramos, las señalamos en ediciones anteriores (ver Monitor de Guerrero del 21 de noviembre y 4 de diciembre de 2018), sino propiamente a los resultados.
Dieciocho ayuntamientos (22 por ciento de este sector) obtuvieron una calificación de cero, y otros 14 no llegaron ni a 10 por ciento; 22 ayuntamientos alcanzaron entre 10 y 50 por ciento. Y sólo 23 tuvieron más de 60 por ciento, y de éstos, cuatro estaban en 2018 por arriba del 90 por ciento (Eduardo Neri, Acapulco, Heliodoro Castillo e Iguala).
En el caso del Ejecutivo del estado, encontramos siete dependencias con calificación de cero (Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Casa Guerrerense en el Distrito Federal, Consejo de Políticas Públicas, Universidad Intercultural, Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo, Instituto del Deporte y Conalep). Doce dependencias tienen menos de 50 por ciento de calificación.
Por otra parte, 11 dependencias del Ejecutivo se ubican por arriba de 90 puntos, y la gran mayoría, 50, están en el rango de entre 60 y 89 por ciento.
Los partidos políticos, según el informe del Itaigro, obtuvieron, casi todos, calificaciones por arriba de 60 por ciento, mientras que los organismos paramunicipales de agua potable se encuentran en un rango de entre cero y 83 por ciento.
La Auditoría Superior del estado obtuvo 92 por ciento, el Congreso 90 y el Tribunal Superior de Justicia 89 por ciento de calificación. Los órganos autónomos obtuvieron calificaciones por arriba de 60 por ciento, excepto la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; destaca que tres de ellos tienen calificaciones mayores a 90 por ciento (Itaigro, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del estado).
Durante la verificación a las obligaciones de transparencia que realizó el Itaigro en 2018 también hay un dato que indica el desinterés de muchas de las dependencias evaluadas. Se trata de aquellas dependencias que obtuvieron calificaciones reprobatorias –por debajo de 60 por ciento, según la metodología del Itaigro– las cuales, no obstante que se programó un periodo para subsanar las deficiencias, desatendieron completamente esta oportunidad.
Destacan en este rubro dos sectores: el sector ayuntamientos, que en 49 casos no se registra ningún “informe de subsanación”; y el Ejecutivo estatal, donde fueron 18 casos. Cabe señalar que en muchos de estos casos ni siquiera asistieron a la verificación los titulares de las unidades de transparencia.
Con este panorama de la transparencia y el acceso a la información en el estado que se deduce del informe 2018 del Itaigro, son muchos los pendientes para este 2019, entre los más importantes: destrabar el tema de las sanciones económicas a quienes incumplen con la ley de transparencia, pues esto contribuiría enormemente a disminuir la impunidad; mejorar varios aspectos de las verificaciones a las obligaciones de transparencia, con la contribución de organizaciones de la sociedad civil y el consejo consultivo del órgano garante; establecer el órgano de control interno del Itaigro; relanzar la iniciativa de los ejercicios de gobierno abierto en coordinación con otras instituciones y la ciudadanía; promover el acceso a la información mediante metodologías que realmente “enganchen” a las y los ciudadanos en el ejercicio de este derecho; establecer mecanismos ágiles en la gestión de recursos de revisión y denuncias ciudadanas; entre otros.
Convocatoria
Desde el 8 de febrero se emitió la convocatoria para elegir al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. Se trata de uno de los componentes que establece la ley para el funcionamiento técnico y operativo del sistema. Con esta convocatoria, cuyo procedimiento es muy similar al que han empleado en otros estados, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción busca que el proceso de selección sea abierto y transparente.
Las bases de participación pueden encontrarse en el sitio www.cpcguerrero.org.mx

El programa de fertilizante, a la Federación

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

Este año, el programa de fertilizante subsidiado de Guerrero tendrá cambios significativos en su operación. El más importante es que el gobierno federal se hará cargo en el presente ejercicio de ese gran lastre financiero, político, clientelar y medioambiental en que se convirtió el programa a lo largo de 25 años.
Con su transferencia a la Federación, el programa puede tener mejores tiempos, pero esto dependerá de las innovaciones que se introduzcan para eficientar y transparentar su operación, de los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas, institucionales y ciudadanos, que se implementen, y especialmente de la estrategia que permita disminuir gradualmente el uso de fertilizantes de origen químico hasta que el empleo generalizado de abonos orgánicos. Sin estos componentes, el cambio no significará ningún mejoramiento.
Cuánto cuesta
El programa cuesta del orden de mil 300.3 millones de pesos, según un reporte de obras y acciones 2016-2017 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagadegro). Esto equivale a más de 2 por ciento del gasto público total del estado en un ejercicio. En ese periodo el gobierno del estado aportó 340 millones de pesos y los ayuntamientos 960.3 millones. Como había prometido el gobernador Héctor Astudillo Flores en su campaña, los productores no hicieron aportaciones monetarias, por lo que el programa en los últimos tres años había sido bipartita.
Con números absolutos, y de acuerdo con el reporte de la Sagadegro de 2016-2017, algunos ayuntamientos invirtieron montos considerables, como Chilapa que desembolsó 52.5 millones de pesos, Ayutla 49.8 millones de pesos, General Heliodoro Castillo 44.3 millones, Teloloapan 41.9 millones de pesos, Coyuca de Catalán 40 millones de pesos, Quechultenango 34 millones y Atlixtac 32.3 millones de pesos.
Le siguieron Ahuacuotzingo con 27.5 millones de pesos, San Luis Acatlán (26.3 millones), Tecoanapa (26 millones), Ometepec (25.5), Acapulco (23.4) y Zitlala con 20.1 millones de pesos.
Es cierto, a partir del programa se creó una vasta infraestructura para la compra y distribución del insumo que involucraba a los beneficiarios, los 81 ayuntamientos y el gobierno del estado. También es muy cierto que durante muchos años el programa benefició con la entrega de fertilizante a más de 300 mil personas cada año, la mayoría campesinos que siembran granos básicos, aunque hay que reconocer que nunca se pudo controlar y detener la entrega del insumo a revendedores y a productores de otros cultivos, incluyendo los ilícitos.
Es decir, el programa al pasar de los años adquirió una gran relevancia social, a tal grado, que si hoy los campesinos perciben que les retiran el subsidio, pueden generar grandes movilizaciones, incluso inestabilidad social.
Pero a la par de estos beneficios, el programa prohijó grandes males como su utilización con fines electorales y políticos; la adquisición irregular del producto como fuente de corrupción y el crecimiento sin control de un padrón de productores que ha sangrado las finanzas públicas. Pero también ha dado pie a la contaminación de suelo y agua por el inapropiado uso del fertilizante; y para su compra se han utilizado los recursos del Ramo 33, que deben destinarse a obra pública, entre muchos otros problemas.
Obra pública municipal
Una de las ventajas que sobresalen del programa de fertilizante 2019 es que la carga financiera del programa se trasladará a la Federación. En este año, por lo menos 600 millones de pesos ya no serán aportados por el gobierno estatal ni los ayuntamientos y tendrán la posibilidad de ser destinados a programas sociales, en el caso de la administración estatal, y a la construcción de obra pública, en el caso de los gobiernos municipales.
En efecto, con esta transferencia de la responsabilidad financiera, los ayuntamientos tendrán ahora sí la oportunidad de construir obra pública con el dinero que destinaban a la compra de fertilizante. Para nadie es un secreto que prácticamente todos los alcaldes del estado, de manera irregular, hacían uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del Ramo 33 (FAIS) para la adquisición del insumo, y aunque año con año recibían observaciones por parte de los órganos fiscalizadores, esta práctica no dejó de realizarse durante más de 15 años.
Para dar una idea del problema que se arrastraba, algunos ayuntamientos gastaban más de 50 por ciento de sus recursos del FAIS en fertilizante, como Quechultenango, que en 2016 invirtió 55.4 por ciento de ese fondo en comprar insumo; o Teloloapan (54.6 por ciento) y Ahuacuotzingo (51.1 por ciento). Otros que tenían esta práctica son Coyuca de Catalán (49.7 por ciento), Atlixtac (48 por ciento), Zitlala (45.1 por ciento) y Cutzamala con 41.8 por ciento de los recursos FISM.
En varias ocasiones se intentó cambiar desde el Congreso local y también por iniciativa de varios alcaldes los lineamientos del FAIS –federales– para que los ayuntamientos pudieran comprar fertilizante, pero siempre fueron rechazados porque este tipo de compras irregulares sólo sucedía en el estado de Guerrero.
La última ocasión fue el 26 de octubre del 2017, cuando el entonces diputado local Isidro Duarte Cabrera, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al “Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, para que instruya al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para que realice una modificación a los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS” que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 01 de septiembre de 2017, para incluir en el Anexo I. Catálogo del FAIS, las subclasificaciones “Infraestructura Agrícola: Mecanización de tierras” e “Infraestructura Agrícola: Huertos Comunitarios”.
Lo anterior permitirá, decía el exhorto, que los ayuntamientos puedan “seguir apoyando a los productores en Guerrero, en la producción de autoconsumo y realización de proyectos productivos”.
La situación era muy complicada porque muchos ayuntamientos tenían la disyuntiva de construir obra pública o comprar fertilizante. Hoy aparentemente ya no la tendrán y deberán destinar todo el recurso del FAIS a obra pública, tal como los previene la Ley de Coordinación Fiscal y los lineamientos del fondo.
¿600 o 650 millones?
Todavía no queda claro de cuánto será la inversión federal para el programa de fertilizante y si ésta será suficiente para cubrir totalmente la demanda de los campesinos de bajos recursos. En un oficio firmado el 29 de diciembre por Héctor Manuel Popoca Boone “responsable del programa presidencial de fertilizante 2019”, el funcionario informa que “se ha asignado al Estado de Guerrero la cantidad de 650 millones de pesos” al programa. Sin embargo, en la conferencia de prensa del 24 de enero y a pregunta del periodista Luis Flores Lonazkuo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “acerca de los fertilizantes, el estimado que tenemos es de 600 millones de pesos” para entregar fertilizante gratuito a todos los productores de Guerrero. Y agregó que “en caso de que no alcanzara, hay recursos adicionales”.
“Vamos a cuidar mucho para que se aplique bien (…) porque hay también en esto corrupción, es una práctica que vamos a eliminar”, dijo el mandatario. Entonces ¿cuál es la inversión en Guerrero para este programa, 600 0 650 millones de pesos?
Hace 25 años, el programa se creó con la aportación federal, y casi de inmediato el gobierno del estado se hizo cargo de la adquisición del insumo. A principios de la década del 2000 fueron incorporados los ayuntamientos al esquema financiero y posteriormente, durante muchos años, se operó con un esquema tripartita (gobierno del estado, ayuntamiento y productores).
La actual administración del gobernador Héctor Astudillo inició un nuevo esquema en el que se hizo cargo de las aportaciones de los productores, en total del orden de 360 millones de pesos, y el resto lo ponían los ayuntamientos.
Hoy se sabe que el gobierno federal se hará cargo del programa, es decir, no enviará el dinero al gobierno del estado ni a los ayuntamientos, sino que adquirirá directamente el insumo por medio de una nueva empresa paraestatal denominada Productora Nacional de Fertilizantes que a su vez distribuirá el insumo por medio de la paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana sin intermediarios, según información publicada en su red social por Popoca Boone. (Por cierto, este lunes 28 de enero, el periódico El Sur da cuenta de una declaración del delegado estatal, Pablo Amílcar Sandoval, en la que afirma que Popoca Boone “no es el representante del programa en Guerrero”).
Otra de las preguntas no resueltas es el tema de la transparencia y la vigilancia del programa. No es saludable que no se establezcan controles y mecanismos de rendición de cuentas, con el argumento de que el programa lo manejará la Federación. Serán necesarias esas medidas y además hacerlas funcionar con la participación de los beneficiarios y la ciudadanía en general, de otra forma, la operación del programa puede corromperse.
En este espacio documentamos cómo el programa de fertilizante era uno de los más opacos del estado, pues era muy difícil tener acceso a sus datos. Evidentemente había irregularidades documentadas en la calidad del producto, en el siempre creciente padrón de beneficiarios, y desde luego en las compras de fertilizante, donde se presumían actos de corrupción. Estas irregularidades fueron posibles por la laxitud de los controles y los mecanismos de vigilancia tanto de las sucesivas administraciones estatales como de las municipales. Los comités locales –integrados por comisarios municipales o comisariados ejidales o de bienes comunales– incluidos en las reglas de operación anteriores, tenían una función que se limitaba a recabar las contribuciones de los productores –cuando fue necesario– y a apoyar la distribución del insumo. Nunca fungieron como vigilantes del programa desde las localidades ni de contraloría social porque nunca se les dotó de recursos de poder.
Hoy, con la operación a cargo del gobierno federal, no se han anunciado medidas que den certeza y confianza no sólo a los campesinos de que no habrá desviaciones, sino en general a la ciudadanía que costea con sus impuestos este tipo de programas. Las asambleas de productores y la constitución de “Comités Pro-Fertilizante” que tendrán “funciones exclusivamente de supervisión en todo el proceso de registro y entrega del insumo a los beneficiarios” no garantizan la transparencia del programa. Dentro de las comunidades hay intereses heterogéneos, proclividad a que se formen pequeños cacicazgos y difícilmente pueden encontrarse comunidades homogéneas y articuladas que estén deseosas de cuidar el programa. Es por ello que se requieren medidas adicionales para depurar el padrón de beneficiarios, cuidar la calidad del producto, evitar desvíos a otros cultivos y supervisar su correcto uso sin dañar el ambiente.
Oportunidades
El programa de fertilizante en manos de la Federación abre oportunidades interesantes de mejoramiento en muchos sentidos. Las compras consolidadas del insumo y especialmente, limitar a una sola entidad gubernamental –y no 81 ayuntamientos– la responsabilidad de contratar las compras disminuye significativamente las posibilidades de compras irregulares y de licitaciones simuladas.
Otra oportunidad que se abre es que podría entregarse a los productores fertilizante de buena calidad. En una edición anterior de Monitor de Guerrero (9 de junio de 2015) documentamos esta práctica muy frecuente de entregar producto adulterado. En uno de sus informes la entonces Secretaría de Desarrollo Rural hizo públicos los resultados de las revisiones en los municipios y encontraron altos niveles de irregularidad en la calidad del insumo. Incluso en una investigación que realizamos en el municipio de Ayutla encontramos también un producto que no cumplía con las especificaciones de las reglas de operación cuando lo enviamos a analizar a un laboratorio.
Otra gran oportunidad es la integración del padrón de fertilizante en el que se incluyan únicamente a los campesinos productores de granos básicos de bajos recursos. Esta será una de las tareas más difíciles porque detrás de los padrones actuales hay intereses creados muy fuertes a partir de la práctica del clientelismo para beneficiar a personas, ayuntamientos y organizaciones.
En fin. Modificar el programa de fertilizante requerirá de mucha imaginación, eficiencia en la operación y enfrentar intereses e inercias que se generaron a lo largo de 25 años. Ojalá los responsables del programa también piensen en la transparencia del programa, que es la base para palpar si realmente valió la pena la transferencia a la Federación.

Se implementa el sistema anticorrupción en Guerrero

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

En unos días comenzará la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. Su puesta en marcha es un proceso que no resultará fácil, como toda política pública nueva, y entre sus desafíos importantes estará convencer a la sociedad de que el sistema es un instrumento que efectivamente puede contribuir a prevenir, indagar y sancionar los actos de corrupción y las faltas administrativas. Mucho dependerá de la entrega de buenos resultados y de la capacidad de comunicarlos que pueda superarse la incredulidad actual en este tipo de acciones que percibe buena parte de la sociedad.
El otro gran reto es remover las inercias que seguramente se presentarán en el proceso, resistencias a cambiar prácticas de parte de servidores públicos y autoridades gubernamentales, pero también de particulares que participan en estos actos, y es este punto donde probablemente se aletargue la consecución de resultados de corto y mediano plazos. Todo dependerá de la disposición a aceptar los cambios.
A nivel nacional, el sistema anticorrupción generó enormes expectativas desde el inicio de su implementación en abril de 2018, incluso antes, cuando en 2015 se aprobaron los cambios constitucionales y de varias leyes para hacerlo posible. Sin embargo, la conformación del sistema se ha tropezado con distintos problemas, entre ellos, la falta de designación de todos los titulares de las dependencias considerados en el sistema, que incluso hoy, algunos aún no se designan. Pero también se encontraron problemas como no contar con recursos ni infraestructura básica para la operación.
En las entidades federativas se han encontrado otro tipo de problemas. Primero, el retraso de las legislaturas locales para homologar las leyes locales a lo que dicta la Constitución de la república y las diferentes leyes generales que se aprobaron para el efecto. Pero también la confección de dichas normas, que en varios de los casos no cumplían con los estándares mínimos y requirieron ajustes o complementos.
En el caso del estado de Guerrero, la reforma a la constitución local y la hechura de las leyes satisfizo las bases que se requerían para estar a tono con la Constitución y las leyes generales; también, el proceso de aprobación se dio dentro del plazo límite que tenían las legislaturas estatales, que fue el 18 de julio de 2017.
La integración de los comités de participación ciudadana (CPC) –uno de los siete componentes institucionales que integran los sistemas anticorrupción nacional y estatales–, también se vieron empañados. En el caso de la selección del CPC nacional no hubo prácticamente inconformidades, y el primer año fue presidido por Jaqueline Peschard, y el segundo, hasta febrero de 2019, está a cargo de Mariclaire Acosta Urquidi. Tal vez contribuyó mucho que los procesos de selección han sido impecables, lejos de todo “sospechosísmo”.
Sin embargo, en los estados no siempre fue así. En la prensa se registraron numerosas denuncias de grupos o personas que expresaron su inconformidad por la “captura” de los comités de participación ciudadana por los gobernadores o por los legislativos estatales. Cada estado gestionó estas inconformidades de manera distinta.
En el caso de Guerrero no opinaré sobre cómo fuimos electos los miembros del comité de participación ciudadana porque me convertiría en juez y parte. Lo que sí expresaré es que el proceso se retrasó varios meses –la LXI Legislatura del Congreso del estado debió elegir una comisión de selección del CPC en los tres primeros tres meses de 2018 y lo hizo hasta agosto. Después de una serie de requisitos y entrevistas, el 4 de diciembre de 2018 recibimos nuestro nombramiento como integrantes del comité de participación ciudadana.
Descripción del sistema
El sistema estatal anticorrupción es un mecanismo de coordinación complejo que merece una breve descripción. Forma parte de una política nacional que normativamente comenzó a gestarse en mayo de 2015, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.
En particular, el artículo 113 fue modificado con el objetivo de crear el nuevo sistema anticorrupción, establecer su integración básica y sus principales funciones, así como incluir a los sistemas estatales anticorrupción. Meses después se aprobó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción donde se describen los nuevos cambios.
En el estado de Guerrero, ordenado por la Constitución de la República y las leyes generales creadas o modificadas, también se adecuaron las normas locales para dar origen al sistema estatal anticorrupción, que se compone, de acuerdo con la Ley 462 del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, por los integrantes de un comité coordinador, un comité de participación ciudadana, el comité rector del Sistema de Fiscalización en el estado; y los municipios del Estado, quienes concurrirán a través de sus representantes.
Visto así, tal vez parezca una estructura simple, pero si se observa con más detalle, el mecanismo se hace más complicado. Trataré de describir los componentes más importantes.
Las decisiones importantes del sistema estatal anticorrupción serán tomadas por un comité coordinador integrado por los titulares de las siguientes instituciones: Auditoría Superior del Estado, Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Tribunal de Justicia Administrativa (antes de lo Contencioso Administrativo), el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Judicatura del Poder Judicial.
El comité coordinador será encabezado por el presidente del comité de participación ciudadana que, como se mencionó antes, nació formalmente el 4 de diciembre de 2018, luego de un proceso de selección a cargo de una comisión de ciudadanos.
El sistema estatal anticorrupción, como lo establece la ley respectiva, tiene el propósito de “establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del estado y sus municipios en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”. En pocas palabras, es su misión establecer, articular y evaluar la política anticorrupción en el estado.
El Comité de Participación Ciudadana
El diseño institucional del sistema anticorrupción tiene una peculiaridad: como parte de la estructura del sistema se incluyó una representación ciudadana. Esto no había sucedido en el diseño de políticas anteriores, ya que los mecanismos de participación ciudadana habían tenido un carácter de consultivos, en el mejor de los casos, pero difícilmente podrían encontrarse casos de acciones gubernamentales donde se incluyera a la ciudadanía en la toma de decisiones.
El presidente del comité ciudadano tendrá a su cargo también la presidencia del comité coordinador del sistema, aunque esto no quiere decir que sus opiniones y propuestas sean las que prevalecerán, sino que será un voto entre los siete posibles.
Pero el comité de participación ciudadana también tiene un compromiso legal e ineludible con la ciudadanía. El 9 de enero, fecha en que se instaló el CPC, dije que este organismo ciudadano “debe convertirse en la correa de transmisión entre la ciudadanía y este sistema anticorrupción”, y agregué que no buscábamos erigirnos en representantes de la sociedad, sino que aspirábamos “a servir de puente, a llevar las demandas, las propuestas, las inquietudes de las personas, de las organizaciones, de la academia, los profesionales, de los empresarios que tengan que aportar para erradicar y disminuir la corrupción, llevarlas y darlas a conocer ante las instituciones gubernamentales encargadas de su combate”.
En efecto, la ley exige que el CPC tenga una interacción constante con diferentes grupos de la sociedad civil precisamente para la emisión de propuestas, su análisis y reflexión y su posterior presentación ante el comité coordinador. Es una función que el CPC debe realizar obligado por la ley y que las y los guerrerenses deben cuidar y alimentar constantemente.
Secretaría ejecutiva
El comité coordinador se apoyará en un organismo técnico denominado Secretaría Ejecutiva; ésta se integrará por personal especializado que se encargará no sólo de la gestión administrativa, sino de proporcionar los insumos necesarios para la elaboración, seguimiento y evaluación de la política pública anticorrupción en el estado.
La secretaría técnica se creará como un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión. El órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, estará integrado por los miembros del comité coordinador y será presidido por el presidente del Comité de Participación Ciudadana.
Finalmente, también se creará una comisión ejecutiva, la cual elaborará también insumos técnicos destinados al comité coordinador a efecto de que éste realice sus funciones. Ésta se integra por los miembros del comité de participación ciudadana, excepto su presidente, y el secretario técnico.
Como se observa, el funcionamiento del sistema estatal anticorrupción será complejo. La creación de las nuevas áreas técnicas y administrativas, así como de los procedimientos para la coordinación y funcionamiento será pausado, y evidentemente los resultados de este sistema no podrán palparse en el corto plazo. Ojalá que no sea éste un factor para el desaliento y la incredulidad de la sociedad.
Los planes
Fui seleccionado presidente del comité de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción y estaré en este organismo sólo un año. Por tratarse de un organismo ciudadano, tendré la oportunidad, sin ningún conflicto de interés, de continuar escribiendo esta columna, conducir el programa de radio también llamado Monitor de Guerrero y estar en la asociación civil y en las redes de organizaciones a las que estamos afiliados como Comunica y Ciudadanos por Municipios Transparentes.
En este corto tiempo, tengo el propósito de impulsar tres temas que tienen que ver con la fase de prevención de la corrupción en el estado: la transparencia, la contraloría social o ciudadana y acciones de control en los ayuntamientos.
En este espacio lo hemos abordado, el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de parte de las dependencias públicas del estado es muy bajo, y al respecto se pueden promover diversas medidas como la profesionalización de los titulares de las unidades de transparencia, particularmente entre los ayuntamientos; la puesta en marcha del consejo consultivo del Itaigro, el fortalecimiento de sus metodologías de monitoreo, y de manera especial, la resolución de aquellos factores que propician la impunidad por no cobrarse multas a los infractores de la ley de transparencia. También propondremos un esquema de transparencia que sea útil en los ayuntamientos pequeños y medianos basado, no en plataformas electrónicas, sino más en sus usos y costumbres.
En contraloría social también buscaremos esquemas apropiados que permitan una verdadera vigilancia ciudadana de los recursos públicos y de la calidad de los servicios, con el apoyo de las organizaciones sociales y civiles que se están integrando a una red, hoy en construcción. Al respecto, promoveremos que las contralorías “institucionales” tengan dientes para que haya consecuencias cuando los ciudadanos denuncien irregularidades; pero también la creación de otros mecanismos de participación ciudadana no explorados suficientemente hasta hoy en el estado, como observatorios ciudadanos, testigos sociales en los procesos de licitación, consejos ciudadanos, etc., apoyados por instituciones como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y la Subsecretaría de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal.
Finalmente, en la rendición de cuentas de los ayuntamientos hace falta mucho por hacer. Actualmente ese orden de gobierno en numerosos casos enfrenta problemas financieros muy fuertes que impiden su operación regular y en beneficio de la ciudadanía. Sus controles son muy laxos y la participación ciudadana, insípida, y por ello cada tres años enfrentan los mismos problemas como nóminas abultadas, laudos laborales, deudas, saqueo de los bienes muebles y otros muchos problemas. Algo hay que proponer urgentemente, y abriremos foros para presentar propuestas sobre este tema en el comité coordinador.

Nóminas colapsan finanzas de ayuntamientos

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

Las abultadas nóminas que se pagan en las administraciones municipales de Guerrero son ya uno de los factores que ponen en jaque las finanzas de los ayuntamientos. Cada tres años, los alcaldes entrantes se enfrentan a esta problemática que paraliza, aletarga o hace ineficientes las funciones esenciales de este orden de gobierno -prestación de servicios con calidad, construcción de obra pública, operación de programas sociales-, ante la urgencia de pagar a cientos o miles de trabajadores, que no necesariamente son indispensables para cumplir los objetivos de los gobiernos municipales.
Para salir al paso, los ediles hacen malabares con rescates financieros solicitados a la federación, préstamos a cuenta de las participaciones futuras, uso de fondos federalizados no etiquetados para nómina y endeudamiento con fuentes financieras públicas o privadas, esto a consecuencia de decisiones irresponsables que trienio tras trienio toman las autoridades municipales para colocar a sus empleados.
Inmediatamente después de que las nuevas autoridades asumen sus encargos, se conoce el tamaño del problema porque los alcaldes entrantes dan a conocer la crítica situación financiera con que reciben la administración y donde las abultadas nóminas son uno de los factores que originan la crisis. Paradójicamente, después de estos descubrimientos, los alcaldes y funcionarios municipales esconden durante tres años los movimientos que hacen en la plantilla de trabajadores, iniciando desde muy temprano el problema que dejarán a su sucesor.
Es un fenómeno que debe controlarse y erradicarse; la viabilidad de los ayuntamientos como un orden de gobierno que contribuye a resolver problemas específicos de la población está en entredicho, y esto se agravará más si continúa la tendencia de ingresar a trabajadores sin ningún control a la nómina, casi todos ellos relacionados con prácticas de compadrazgo, compromisos políticos y de campaña, amiguismos, y muy rara vez con objetivos de eficiencia y calidad de la administración pública.
Es urgente repensar en cómo fortalecer los controles institucionales y ciudadanos del ejercicio de los recursos públicos y de la toma de decisiones. Si no se hace así, comenzaremos a observar con mayor intensidad endeudamientos impagables de los gobiernos municipales, préstamos anticipados que de manera global entorpecen el desarrollo de los municipios, y éste debe ser el propósito, y no otro, de los gobiernos municipales.
Chilpancingo
Chilpancingo es uno de los ayuntamientos más golpeados por este fenómeno. El problema es tan grande que a principios de diciembre el presidente municipal, Antonio Gaspar Beltrán, reconoció que en el primer mes de gobierno utilizó indebidamente recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios del Ramo 33 por 15 millones de pesos para pagar la nómina del gobierno municipal.
También advirtió en otra oportunidad que en 2019 continuará la crisis financiera en el ayuntamiento si la federación no incrementa las participaciones federales del Ramo 28 -fondo del cual sí pueden emplearse recursos para el pago de trabajadores-, pues de lo contrario no habrá dinero para el pago de salarios.
De acuerdo con una nota de Marcial Campuzano, que reseñó una conferencia de prensa reciente del alcalde de Chilpancingo, al iniciar la actual administración se tenía una nómina quincenal de 17 millones 140 mil 911 pesos, la cual fue reducida por Gaspar Beltrán a 16 millones 146 mil pesos durante los dos primeros meses, es decir, por ajustes y reducción de salarios se tuvo una disminución de casi un millón de pesos.
Explicó el alcalde que el gasto en octubre fue de 37.3 millones de pesos, de los cuales para el pago de nómina se destinaron 28.8 millones, aunque advirtió que no se incluyen en esta cifra “los pagos que tienen que ver con el ISSSTE, el ISSSPEG y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en ese mismo periodo se erogaron en papelería y materiales de limpieza 3 millones 413 mil pesos; y en alumbrado público, internet y apoyos sociales la comuna pagó 5 millones 773 mil pesos”.
También informó que con los ajustes realizados en los dos primeros meses, el sueldo quincenal del presidente municipal es de 20 mil pesos, los síndicos ganan 17 mil 500 y los regidores 15 mil pesos. Respecto a los funcionarios, los secretarios obtienen 12 mil 500 pesos quincenales, los subsecretarios 10 mil pesos; los directores generales reciben 9 mil 500 pesos; los directores de área 7 mil 500 pesos; los subdirectores 6 mil pesos; y los jefes de departamento ganan 5 mil pesos quincenales.
De acuerdo con declaraciones de Antonio Gaspar Beltrán en octubre pasado, publicadas en el portal de noticias Agencia Quadratín, en el ayuntamiento trabajan 3 mil 300 empleados con lo que “se puede decir que existe una saturación de empleados,” dijo el presidente municipal. (https://guerrero.quadratin.com.mx/hay-saturacion-de-empleados-en-ayuntamiento-de-chilpancingo-alcalde/).
Sin embargo, en la plataforma nacional de transparencia, el ayuntamiento de Chilpancingo tiene registrados sólo 755 trabajadores de base y 173 de confianza, y como empleados contratados bajo el régimen de honorarios, sólo cuatro. En total, 932 trabajadores registrados, una cifra muy contrastante con los 3 mil 330 reportados por el alcalde.
Acapulco
El 8 de diciembre de 2018, el cabildo de Acapulco aprobó que el ayuntamiento puede solicitar un crédito bancario para el pago de la nómina del mes de diciembre y las prestaciones de fin de año de los trabajadores, por un monto de 180 millones de pesos. “No contamos con el dinero suficiente para cubrir las dos quincenas de diciembre, la prima vacacional y el aguinaldo, hay una cantidad ofrecida por el jefe del ejecutivo estatal en apoyo a varios Ayuntamientos y de manera especial a Acapulco, pero con los ingresos propios no alcanzamos a cubrir todas las necesidades para poder salir diciembre”, dijo la presidente municipal, Adela Román Ocampo, en una reseña del sitio de noticias SNRP.Acapulco.
Este acuerdo de cabildo es una de las consecuencias de la enorme nómina que existe en el ayuntamiento de Acapulco, pues este gobierno municipal también enfrenta una grave crisis financiera, en parte por el alto número de trabajadores que ahí laboran.
La atención del gobierno municipal se enfoca cada vez más, no a satisfacer las necesidades de la población, sino en cumplir compromisos contraídos con la plantilla de trabajadores. Ha sido una bola de nieve imparable que ha crecido trienio tras trienio, sin que nadie la pueda frenar.
Sin embargo, desde hace varios años, los sucesivos alcaldes han omitido dar a conocer cifras precisas sobre el número de trabajadores que laboran en el gobierno municipal, es un dato que permanentemente se ha escondido, incluso la actual presidente municipal no ha dado una cifra precisa. El síndico Javier Solorio Almazán señaló en octubre de 2018 que “en el puerto hay alrededor de siete mil, más los de lista de raya y supernumerarios, quienes se siguen verificando”, según información captada por Novedades Acapulco. En ese mismo medio, Solorio Almazán dio un dato interesante: en el ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, “tienen más habitantes y funcionan con tres mil trabajadores”.
El reportero de El Sur, Daniel Velázquez, ha sido persistente en buscar esta información durante varios meses a través de mecanismos formales e informales, y a la fecha no ha conseguido los datos completos, no obstante que es uno de los temas que por ley deben difundirse de manera obligatoria.
En una nota del mes de julio, Velázquez publicó el monto de los salarios de sólo 111 funcionarios del ayuntamiento, que incluye siete secretarios, diez subsecretarios, cinco coordinadores, nueve directores generales, 74 directores de área, un contralor, un procurador de la inversión, tres secretarios al servicio de la Presidencia y el secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública. Pero la información no considera lo que cada uno de estos funcionarios gana en “especie, apoyos económicos, estímulos, bonos, comisiones, primas, gratificaciones y compensaciones, todos esos apartados aparecen en carpetas clasificadas como ‘hidden (oculto)’ que al abrirlas no tienen información”, y regularmente estos datos son una parte muy significativa de los salarios.
En el trienio de Evodio Velázquez, el ayuntamiento de Acapulco dejó mucho que desear en cuanto a transparencia proactiva. En la plataforma nacional de transparencia publicó que en el ayuntamiento sólo trabajan 114 empleados de base y fundamenta su publicación en que “Se publica la información de la estructura orgánica prevista en el Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Acapulco de Juárez, ello, para dar cumplimiento a la fracción X del Anexo I de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de las obligaciones de transparencia”. Una gran trampa para evitar difundir el número real de trabajadores.
Acapulco siempre estará en constante observación de la población del estado, por el número de habitantes, por su presupuesto, por la actividad turística, y es de interés público saber cuántas personas trabajan realmente en el ayuntamiento. A la fecha, esa cifra pocos la conocen.
Iguala
El 8 de diciembre se informó sobre el despido de más de 350 empleados del ayuntamiento de Iguala desde que inició la nueva administración porque “no hay dinero, las arcas están vacías y no se puede pagar la nómina tan alta, así que hacemos convenios para ir dándoles su liquidación”, dijo Moisés Daniel Nuño, oficial mayor del ayuntamiento de Iguala, quien agregó que la nómina era de 16 millones de pesos mensuales, según nota de Ricardo Almazán de La Jornada Guerrero.
Abundó que la estrategia del gobierno de Antonio Jaimes es despedir a los empleados que fueron contratados entre 2015 y 2018, pues al ser reciente su ingreso al gobierno municipal, la liquidación es menor en relación con los que tienen 10 años trabajando.
De acuerdo con datos del oficial mayor de Iguala, al gobierno entrante le dejaron una nómina de mil 650 empleados y el propósito de la actual administración es que sea de mil 100 trabajadores. Esta información es congruente con la encontrada en la plataforma nacional de transparencia, donde el ayuntamiento anterior reportó que contaba con 195 empleados de base y mil 421 de confianza.
Otros ayuntamientos
En Zihuatanejo, el presidente municipal Jorge Sánchez Allec, recién asumido su nuevo encargo, declaró que tenía una nómina de más de 2 mil trabajadores. Y con datos de la plataforma nacional de transparencia, algunos ayuntamientos estaban en la siguiente situación antes de que concluyera el trienio anterior: Taxco registró 248 plazas de base y 665 de confianza; Atoyac 40 de base y 40 de confianza; Ayutla, 151 base y 358 de confianza; Chilapa, 211 base y 904 de confianza; Coyuca de Benítez no reportó plazas de base, pero de confianza fueron 732; Eduardo Neri, 54 base y 680 de confianza.
Se revisaron también los ayuntamientos de Marquelia, que no reportó trabajadores de base y sí 166 plazas de confianza; Metlatónoc no tiene plazas de base, pero reportó que tenía 56 de confianza, de las que sólo 20 estaban ocupadas; Mártir de Cuilapan, nueve de base y 112 de confianza; Quechultenango, con nueve de base y 106 de confianza; San Marcos, 55 de base y 391 confianza; y Tixtla, con 138 de base y 60 de confianza.
Rescate
El 11 de diciembre, el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, informó que solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el adelanto de participaciones por un monto de mil millones de pesos, en los que se incluye un préstamo para 24 ayuntamientos, de acuerdo con una nota de Anarsis Pacheco, reportera de El Sur.
El funcionario agregó que entre los ayuntamientos que recibirán los préstamos están Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Iguala, Ometepec e Ixcateopan, aunque dijo que a ninguno se les otorgará el monto total que solicitaron, ya que, por ejemplo, el gobierno municipal de Chilpancingo solicitó 67 millones y se le prestarán 27, y en el caso de Acapulco se le darán 100 millones de los 180 que requieren.
“Hemos hablado con los presidentes municipales y con los secretarios de finanzas, a efecto de que focalicen su requerimiento, porque lo que vamos a resolver son las urgencias de las prestaciones salariales de fin de año y los adeudos a proveedores, que lo histórico se tendrá que resolver con los recursos del presupuesto”, agregó.
De este tamaño son los boquetes financieros que cada tres años los nuevos alcaldes deben enfrentar. Aunque son visibles para todos, hasta hoy nadie ha buscado soluciones para prevenirlos y sancionar a los responsables.

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La verificación del Itaigro, poco útil

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

Lejos de que los resultados de la verificación a las obligaciones de transparencia sirvieran de base para sancionar a las dependencias públicas incumplidas y aportaran información sobre lo que sucede en materia de transparencia en el estado, el ejercicio de revisión realizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro) sólo sembró dudas sobre los reales propósitos de esta verificación.
En la edición anterior de Monitor de Guerrero dimos cuenta sobre cómo el órgano garante ocultó las calificaciones numéricas finales de los 190 sujetos obligados evaluados en el estado y las encuadró en categorías (no satisfactorio, parcialmente satisfactorio y satisfactorio) con la intención de diluir la real situación de la transparencia en el estado. En esta entrega se comentarán dos aspectos de esa verificación de las obligaciones de transparencia que realizó el Itaigro: la metodología empleada y algunas de sus argucias para retrasar la entrega información que se le requirió mediante nueve solicitudes los días 15 y 16 de septiembre.
Metodología
En un comunicado del 9 de agosto, el comisionado presidente del Itaigro afirmó que ese instituto era el único facultado para evaluar las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el estado. Incluso, en aquella ocasión descalificó los ejercicios de evaluación que pudieran hacer las organizaciones civiles, refiriéndose específicamente al que realiza desde 2012 el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes.
También en esa ocasión, el pleno del órgano garante aprobó “de manera unánime, la verificación de 190 sujetos obligados de un total de 212 que contempla el catálogo de entes públicos, resultado que ‘permite visualizar el nivel de Transparencia en que se encuentra el estado de Guerrero en esta materia’”.
Pero como hemos tratado de documentar desde la entrega anterior, los resultados no son útiles para conocer el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el estado, pues la metodología está mal diseñada de origen y no pueden obtenerse resultados objetivos con ella, con lo que se pone en entredicho su credibilidad.
Una revisión a modo
Los Lineamientos para la Verificación y Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia establecen, en el punto noveno del capítulo II, que “La verificación del cumplimiento de Obligaciones de Transparencia podrá realizarse a la totalidad de los sujetos obligados registrados en el catálogo (verificación censal) o bien, seleccionando una muestra aleatoria por estratos de acuerdo al tipo de institución (…)”. Estos lineamientos fueron aprobados por el pleno del Itaigro mediante acuerdo 10/2018 del 20 de febrero de 2018, y como se observa, no dice en ningún momento que el muestreo deberá aplicarse a los temas de transparencia que serán revisados, sino a los sujetos obligados, es decir, a las dependencias públicas.
Sin embargo, pasando por alto estos lineamientos, el órgano garante emitió un Manual de procedimientos y metodología de evaluación donde propone un procedimiento diferente, es decir que la revisión de las obligaciones de transparencia se realice con base en un muestreo, pero no a los sujetos obligados, sino a los 48 temas de información obligatoria que establece la ley.
Esto se incluye en el punto IV.3 del mencionado manual, que a la letra dice: “La Verificación podrá ser el 100% de las obligaciones comunes y específicas de acuerdo con la tabla de aplicabilidad, o en su caso de forma muestral que represente un mínimo del 25% de las obligaciones comunes y específicas del universo total a cumplir”. Los comisionados, sin justificar esta decisión, trabajaron con una muestra de 33 por ciento de las obligaciones, es decir, la revisión de sólo 16 temas de transparencia de los 48 que todas las dependencias están obligadas a publicar.
Otro de los puntos cuestionables de la metodología es propiamente la “muestra” utilizada para la verificación de las obligaciones transparencia. Explica el Itaigro en los documentos que nos entregaron cuáles fueron sus criterios para obtener la muestra: primero, “Que a todos los sujetos obligados o en su caso la mayoría les aplique las obligaciones de transparencia a evaluar”; y segundo, “Obligaciones de Transparencia donde la ciudadanía solicita información recurrentemente a los sujetos obligados”.
Este tipo de criterios invalidan la supuesta “muestra”, ya que una de las características de una muestra aleatoria, como la que propone el Itaigro, es seleccionar al azar el número específico de elementos de la población, en este caso de los temas a revisar, y el procedimiento empleado por el Itiagro no cumple con esta característica porque impone dos criterios, y por lo tanto, su muestra no es representativa.
Otro argumento que echa por tierra la supuesta “muestra” de la verificación es que los 16 temas de transparencia que supuestamente fueron muestreados casualmente recayeron en rubros que para los sujetos obligados no significa ningún esfuerzo y voluntad cumplirlos.
Entre los 16 temas de la “muestra”, destacan: I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado; II. Su estructura orgánica completa; III. Las facultades de cada área; VII. El directorio de servidores públicos; XII. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos; XII. El domicilio de la unidad de transparencia; XVII. La información curricular de los funcionarios; XXXIX. Las actas y resoluciones del comité de transparencia; y XLVIII. Cualquier información que se considere de utilidad o sea relevante.
Estos nueve temas, que representan 56.2 por ciento del total de la “muestra”, no representan ninguna dificultad para su cumplimiento por parte de los sujetos obligados.
Hay otros tres temas con un grado de dificultad medio: VIII. La remuneración bruta y neta de los servidores públicos; IX. Los gastos de representación y viáticos; y XXXIV. El inventario de muebles e inmuebles.
Y tres más pueden considerarse con alto grado de dificultad para su cumplimiento, debido a que regularmente los titulares de los sujetos obligados se resisten a publicarlos y a entregar este tipo de información cuando alguien la solicita: XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto; XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas; y XXXI. Informes de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.
Para el escrutinio ciudadano y el seguimiento de la información significativa del quehacer gubernamental, consideramos que éstos son los únicos tres temas de utilidad para ese fin.
Portal o PNT
El Itaigro es incongruente con los propios documentos que aprueba. En el numeral sexto de sus Lineamientos para la Verificación y Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia expone que “Las verificaciones se realizarán a los portales de internet de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional (…)”, y también en el numeral décimo primero de esos Lineamientos afirma que “Las acciones de vigilancia se realizarán mediante la verificación de los portales de internet y de la Plataforma Nacional (…).
Sin embargo, cuando solicitamos una relación de dependencias verificadas con una u otra modalidad, el Itaigro respondió que la verificación fue realizada sólo en la plataforma nacional, y al respecto aludió al artículo100 de la Ley 2017 de Transparencia del estado donde se estipula que la revisión puede efectuarse con cualquiera de las dos modalidades, pero no prohíbe que se realice al mismo tiempo tanto en los portales como en la plataforma nacional, como expresamente se comprometen los comisionados del Itaigro en sus Lineamientos. Pero por falta de tiempo o recursos no lo hicieron así y tendrán que aceptar su equivocación y modificar sus Lineamientos para dar claridad y transparencia a las verificaciones.
La prórroga arbitraria
Los días 15 y 16 de septiembre de 2018 presentamos varias solicitudes de información ante el Itaigro sobre el proceso y los resultados de la verificación 2018 para que fueran respondidas en el plazo de 20 días hábiles que establece la ley. No fue así, pues no sólo no respondieron en ese plazo, sino que hicieron uso de una prórroga de 10 días de manera arbitraria: en total fueron 30 días hábiles que llevaron a prolongar la entrega de información hasta por 45 días naturales.
Fue una decisión inexplicable de los comisionados, pues la mayor parte de esta información es de oficio, es decir, información que de acuerdo con la ley debe estar publicada y no es necesario que los ciudadanos la soliciten para conocerla. El artículo 86 de la Ley 207 de Transparencia, referente a la información adicional que debe publicar el órgano garante (fracción III) dice que el Itaigro “deberá poner a disposición del público y actualizar la información siguiente: (…) 4. Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por parte de los sujetos obligados”.
De acuerdo con su programa de verificación 2018, firmado por los actuales comisionados, este ejercicio de revisión del Itaigro concluiría la “primera semana de septiembre” con la publicación de los resultados, y las solicitudes que presentamos requiriendo información sobre el tema fueron del 15 y 16 de septiembre, es decir, cuando ya habían concluido el proceso, según su programa de verificación.
Incluso, el 9 de agosto, el comisionado presidente del instituto hizo declaraciones sobre los resultados de esa verificación vinculatoria, lo que significa que ya tenían esos datos y que no publicaron con oportunidad ni los entregaron en el plazo de 20 días como respuesta a solicitudes de información.
Para justificar la ampliación del plazo por 10 días adicionales, el Itaigro publicó en la plataforma nacional de transparencia un oficio con explicaciones poco claras. La ley, en su artículo 150, dice que para solicitar una prórroga en la entrega de la información debe haber un motivo suficientemente justificado que la soporte. Francamente, el oficio del órgano garante carece de dicha motivación, especialmente porque la mayoría de la información ya la tenían en su poder en la fecha que se presentaron las solicitudes, por ejemplo: el programa anual de verificación, la metodología y el procedimiento para obtener la muestra, los tenían desde el 20 de febrero de 2018. Asimismo, los acuerdos por los que el pleno aprueba medidas de apremio, amonestaciones públicas y los acuerdos de cumplimiento, así como los datos de la revisión en portales web o en la plataforma nacional, el órgano garante los tenía desde el 9 de agosto de 2018. ¿Qué finalidad tuvo retrasar de manera arbitraria la información?
Pero lo más grave, es que el instituto decidió la ampliación del plazo antes de que su comité de transparencia resolviera sobre el asunto, ya que el oficio que me hicieron llegar está dirigido a dicho comité precisamente solicitando extender el plazo, pero no es una resolución, como dice la ley, donde el comité autorice y justifique la prórroga.
La ley es clara respecto de las prórrogas, pues el artículo 150 dice que “Excepcionalmente, el plazo (…) [normal de 20 días hábiles] podrá ampliarse hasta por 10 días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento”. A la fecha, desconozco si hay resolución del comité de transparencia del Itaigro, si el comité se reunió para abordar estos temas o de plano se tomaron de manera irregular la atribución de darse 10 días de plazo adicionales. Por lo menos, desconozco la resolución del comité y la ley dice que debieron notificármela para hacer efectivo la ampliación del plazo.
Respuesta
Respondió el Itaigro por medio de uno de sus funcionarios al cuestionamiento que hicimos a la metodología de su verificación 2018 en Monitor de Guerrero anterior, pero parece que hablamos idiomas diferentes porque las dudas no las resuelven ni argumentan suficientemente. Sólo dos comentarios: el hecho de que la metodología esté publicada, que haya sido aprobada por los comisionados y que sea atribución de un órgano autónomo no la hace infalible ni exenta de errores.
Respecto del número de verificaciones que el órgano garante realizaría en 2018, tengo copia del acuerdo 07/2018, de fecha 20 de febrero de 2018, con el que se aprueba la modificación al programa anual de verificación 2018. En dicho acuerdo se calendarizan dos verificaciones en el año y está firmado por los actuales comisionados del órgano garante. Si los comisionados tuvieron la oportunidad en este acuerdo de programar una solo verificación ¿por qué no lo hicieron?

Itaigro oculta la situación de la transparencia en el estado

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

El Instituto de Trans-parencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero oculta deliberadamente la mala situación por la que atraviesa la entidad en materia de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las dependencias públicas. Así se desprende de la revisión de documentos oficiales que recibimos del órgano garante como respuesta a la presentación de nueve solicitudes de información para conocer el proceso y los resultados de su primera verificación a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del estado correspondiente a 2018.
Son varios los datos que nos permiten corroborar lo antes dicho, tal vez el más sobresaliente sea que la verificación se efectuó con una metodología muy cuestionable, diseñada para diluir los malos resultados de la mayoría de las dependencias públicas, ya que, por ejemplo, a cualquier dependencia que obtuviera 61 puntos de 100 posibles, el Itaigro le otorgó un inmerecido cumplimiento “satisfactorio” en sus obligaciones de transparencia. También hay que señalar el supuesto “muestreo” que realizó el órgano garante a los temas de información obligatoria, pues casualmente salieron en la muestra, para ser revisados, aquellos rubros “fáciles” para las dependencias y se dejaron de verificar datos e información estratégicos para el escrutinio ciudadano, como es la información sobre el cumplimiento de metas, licitaciones de bienes y servicios y contratación de obra, el número de plazas, contrataciones por honorarios, gastos de comunicación social, cuenta pública o indicadores para evaluar el desempeño.
En adición, el órgano garante ha realizado una difusión deficiente de la información de la verificación. Por ejemplo, aun cuando los resultados los tiene disponibles desde el 9 de agosto y de que en su programa anual se comprometieron a publicarlos en la primera semana de septiembre, fue hasta el 9 de noviembre cuando difundieron datos parciales de la verificación en el periódico oficial del estado, es decir dos meses después de su programación original.
Finalmente, el Itaigro improvisó varias argucias legales para no entregar o retrasar la información que se les solicitó sobre este tema. Con todo esto, el órgano garante de la transparencia en Guerrero parece que busca esconder el alto nivel incumplimiento de las obligaciones de transparencia en el estado. Esta actitud nos recuerda a la que tomaron en su momento los comisionados de la entonces Comisión de Acceso a la Información Pública del estado de Guerrero, quienes idearon un modelo de “semaforización” también muy cuestionable para simular que monitoreaban la transparencia de las dependencias.
En esta entrega de Monitor de Guerrero comentaremos los resultados de la verificación a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el estado; en el próximo número reseñaremos una serie de acontecimientos que colocan al Instituto de Transparencia como un sujeto obligado que deliberadamente esconde y retrasa la información que se le solicita. No conocíamos esta faceta del Itaigro, pues aunque son sabidas y frecuentes las estratagemas legales o extra legales de las que se valen los sujetos obligados para no entregar la información que se les solicita, la situación es muy preocupante tratándose del Itaigro, ya que es el órgano que suponemos debe garantizar que se cumplan las obligaciones de transparencia y la atención de todas las solicitudes de información. Pero en este caso específico no es así y preocupa que a partir de ahora comience a idear estrategias para retrasar los procedimientos o de plano, no responder.
El programa anual
El Itaigro, mediante acuerdo 07/2018, del 20 de febrero de 2018, aprobó un programa anual de verificación que consta de dos revisiones a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados durante este año. Su primera evaluación, que comentaremos en este espacio, comenzó formalmente el 29 de enero de 2018 y concluyó el 29 de junio; según su calendario, la publicación de resultados debió hacerse en la “primera semana de septiembre”, pero fue hasta principios de noviembre que el Itaigro difundió algunos datos parciales sobre los resultados de la verificación. La información que aquí comentamos fue conseguida a partir de que presentamos nueve solicitudes el 15 y 16 de septiembre, es decir, en fecha posterior a la que deberían estar publicados los resultados como información de oficio, sin que fuera necesario que alguien la solicite.
Las categorías del Itaigro
El Itaigro decidió convertir las calificaciones numéricas de los 190 sujetos obligados revisados en la primera verificación de 2018 a tres categorías: no satisfactorio (que incluye un rango de cero a 25 puntos), parcialmente satisfactorio (de 26 a 60) y satisfactorio (en un rango de entre 61 y 100 puntos). Lo anterior significa que es suficiente con cumplir con 61 por ciento de las obligaciones de transparencia para alcanzar un desempeño “satisfactorio” en la materia y xon esto librarse de cualquier apercibimiento o sanción del órgano garante.
Sin embargo, esta decisión tomada por los comisionados del Itaigro está fuera de la norma. Claramente el artículo 102 de la Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales señala que “La verificación que realice el Instituto en el ámbito de sus respectivas competencias, se sujetará a (…): I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma”. Es decir, la ley no establece media tintas: o los sujetos obligados cumplen con 100 por ciento (información completa) o de lo contrario hay incumplimiento; en ningún lado dice que hay cumplimientos “satisfactorios” de 61 por ciento, como lo estableció el órgano garante en Guerrero.
Esta modalidad de verificación diluye, matiza o francamente maquilla la grave realidad en materia de transparencia del estado, pues adicionalmente, el Itaigro revisó únicamente 33 por ciento de los temas (15 o 16 de 48 rubros informativos) con base en una supuesta muestra que causalmente recayó en los temas menos importantes y más fáciles de cubrir (la metodología será comentada con detalle en la próxima edición de Monitor de Guerrero).
En la primera verificación 2018 se revisaron 190 dependencias y entidades públicas, de las cuales 61 (32.1 por ciento) fueron incluidas dentro de la categoría de “no satisfactoria”, es decir, con puntuaciones que van de 0 a 25 por ciento. Si consideramos las puntuaciones registradas en las actas circunstanciadas que nos entregó el órgano garante -pues omitió proporcionarnos el ranking numérico final no obstante que se lo solicitamos- de estas 61 dependencias calificadas como no satisfactorias, casi la mitad (27) tienen una calificación de cero, otras siete tienen menos de 1 por ciento, y 12 más tienen entre 1 y 10 puntos de calificación. Es decir, 46 dependencias públicas del estado, de un total de 190 revisadas, no alcanzan 10 puntos porcentuales de calificación.
En esta categoría de “no satisfactorios” hay 44 ayuntamientos, entre los que sobresalen, por el tamaño de su población, Zihuatanejo, Tlapa, Juan R. Escudero, Ometepec, Leonardo Bravo y Tecoanapa. De hecho, hay 19 ayuntamientos cuya calificación es igual a cero.
Entre las dependencias que obtuvieron una calificación no satisfactoria también se cuentan 14 del Ejecutivo, algunas de las cuales son el Conalep, las universidades Intercultural del estado y la Tecnológica de Tierra Caliente, el Consejo de Políticas Públicas, la Casa Guerrero en la Ciudad de México, la Procuraduría de Protección Ecológica, Agroindustrias del Sur y el Instituto del Deporte en Guerrero. También se cuentan dos paramunicipales, las comisiones de agua potable de Buenavista de Cuéllar y de Tixtla.
También hay que mencionar que los titulares de las unidades de transparencia de 41 sujetos obligados no asistieron a la convocatoria hecha por el Itaigro para revisar conjuntamente sus obligaciones. Lo anterior es un reflejo del estado que guarda la transparencia en la entidad, con dependencias que desafían a la ley y a la entidad normativa en la materia, y esto mucho se debe al clima de impunidad que existe en el estado y del que la transparencia no se salva.
Según el Acuerdo número 25-D/2018 del Itaigro, estos 61 sujetos obligados que obtuvieron calificaciones no satisfactorias fueron sancionadas con medidas de apremio, especificando que la sanción que les corresponde es una denuncia por responsabilidad administrativa, que se hará efectiva 15 días después de que este acuerdo se publique en el periódico oficial del estado.
Cabe señalar que aun cuando el acuerdo se emitió el 9 de agosto de 2018, el oficio de solicitud a la Secretaría de Gobierno para la publicación del acuerdo fue enviado hasta el 25 de octubre del mismo año, es decir, dos meses y medio después. El periódico oficial del estado publicó el acuerdo el 9 de noviembre, por lo que en los próximos días deberán aplicarse las sanciones a los 61 sujetos obligados calificados de “no satisfactorios” en sus obligaciones de transparencia.
Parcialmente satisfactorio
Otra de las categorías utilizadas por el Itaigro para calificar a los sujetos obligados fue la de “parcialmente satisfactorio”, que va de 26 a 60 por ciento de calificación. En esta categoría el órgano garante ubicó 25 dependencias públicas, entre las cuales se encuentran 15 ayuntamientos municipales como Taxco, Tixtla, Quechultenango, Olinalá, San Luis Acatlán, Mochitlán, Teloloapan, Huitzuco y Buenavista, entre otros.
Del Ejecutivo del estado también se ubican en la categoría de parcialmente satisfactorio las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, la de Trabajo y Previsión Social y la de Fomento y Desarrollo Económico. También están la Procuraduría de Defensa de los Campesinos y el Fideicomiso Guerrero Industrial.
En el acuerdo 25-E/2018 se incluyen estas 25 dependencias y también fue aprobado el 9 de agosto de 2018; en él, el Itaigro anuncia la amonestación pública para los sujetos obligados que obtuvieron una calificación “parcialmente satisfactoria”. El 9 de noviembre fue publicado este acuerdo en el periódico oficial del estado, por lo que después de 15 días se hará efectiva la amonestación.
Satisfactorio
En esta categoría se encuentran la mayoría de los sujetos obligados revisados en la verificación: 104 dependencias, según el Itaigro, que corresponden a 55 por ciento del total. Cabe recordar que el órgano garante incluyó en esta categoría a sujetos obligados que obtuvieron entre 61 y 100 por ciento de puntuación, es decir, con cubrir poco más de la mitad de sus obligaciones, cualquier dependencia pudo obtener una calificación satisfactoria. La justificación y explicación de los comisionados para decidir este dudoso indicador, a la fecha no han sido entregados, no obstante que se les requirió por la vía de una solicitud de información.
Hay 16 sujetos obligados que obtuvieron calificaciones por arriba de 90 por ciento, los cuales, con todas las reservas -pues no hay evidencia de que la revisión haya surgido de una muestra representativa de los temas a revisar-, pueden estar cercanos a una calificación satisfactoria, pero esto no significa darles un cheque en blanco para no cumplir con el mínimo que exige la ley y que es de 100 por ciento. Y así como a éstos, el Itaigro liberó de sanciones a 104 sujetos obligados muchos de los cuales, no sabemos cuántos, porque no entregó esa información, seguramente apenas obtuvieron arriba de 61 puntos porcentuales.
Del total de dependencias calificadas como satisfactorias, 61 son del Ejecutivo, 22 ayuntamientos, ocho organismos autónomos y cinco partidos políticos, entre otros.
Concluimos con lo que dijo el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, en una reunión de trabajo con los diputados integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados el 14 de noviembre: “En la segunda verificación [la LXIV Legislatura] obtuvo 92.8 [puntos porcentuales]. Como diríamos en la escuela, 92.8 es una magnífica nota. Pues no, porque el deber de todo sujeto obligado es tener 100 por ciento. Y el INAI, si no se remedia esto pronto, tendrá que decirles, señores diputados, hay un procedimiento de denuncia para que completen el siete por ciento que les falta, porque el deber es tener 100 por ciento”.
Pero en Guerrero no se exige que los sujetos obligados tengan el 100 por ciento de sus obligaciones de transparencia cubiertas, sólo necesitan el 61 por ciento para lograr un estatus satisfactorio y evitar cualquier denuncia y sanción.
Hoy miércoles a las 10:00 horas los esperamos en Monitor de Guerrero que transmite Digital 106.3 FM en Chilpancingo, o desde el sitio www.consentidosocialac.com

Audita la ASF a Chilpancingo y Acapulco

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

Los dos ayuntamientos más importantes del estado de Guerrero, Acapulco y Chilpancingo, no salieron bien librados de las revisiones que les practicó la Auditoría Superior de la Federación a su cuenta pública del ejercicio 2017, como lo indican los resultados de la segunda entrega de los informes individuales que el órgano fiscalizador entregó a la Cámara de Diputados y publicó en su portal electrónico el 31 de octubre de 2018.
En general, las principales irregularidades se localizaron en sus procesos de control y registro, en la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de los recursos, transparencia, en los procedimientos de licitaciones y subejercicios, entre otros, tanto de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del DF (FISMDF) como del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun).
Los resultados que arrojaron las auditorías simplemente ratifican las numerosas anomalías que se han denunciado y siguen apareciendo en las administraciones de los ex alcaldes Evodio Velázquez y Marco Antonio Leyva. Se trata de un indicador formal, institucional, de un órgano fiscalizador que con información objetiva pone en la picota a dos erráticas gestiones municipales de Guerrero, cuyas consecuencias derivaron en graves problemas financieros para los ayuntamientos que recién comenzaron sus funciones.
Como se recuerda, las reformas a la Ley Federal de Rendición de Cuentas y Fiscalización (19 de julio de 2016) establecen que los resultados de fiscalización a la cuenta pública que realiza la ASF se entregarán a la Cámara de Diputados en tres momentos: en el último día de los meses de junio y octubre y el 20 de febrero. Con estas modificaciones, la ASF entrega informes individuales en periodos de sólo seis y diez meses después de la conclusión del año fiscal objeto de revisión, en vez del periodo de 14 meses que era necesario esperar antes de la reforma de 2016. Adicionalmente, hay una entrega el 20 de febrero del año siguiente, en donde los informes individuales correspondientes son acompañados de un informe general ejecutivo rendido por la ASF.
En esta edición de Monitor de Guerrero se retoman sólo los informes individuales de los ayuntamientos de Chilpancingo y Acapulco, correspondientes a la segunda entrega.
Chilpancingo
La auditoría al FIMSDF del ejercicio 2017, practicada al ayuntamiento de Chilpancingo, fue la que presentó más y mayores irregularidades de los cuatro municipios de Guerrero revisados por la ASF. Como se recuerda, el 18 de octubre de 2017 se realizó el cambio de administración municipal (Jesús Tejeda Vargas relevó a Marco Antonio Leyva), pero el órgano fiscalizador encontró que “no realizó la entrega-recepción de la administración el día de la toma de posesión de la administración entrante, por lo que a la fecha de la revisión no se entregó la documentación justificativa y comprobatoria original que acredite la aplicación y destino de los recursos asignados en los fines del fondo, correspondientes a las ministraciones de los meses de enero a septiembre de 2017”, por un importe de 152.4 millones de pesos de los 169.4 millones que se asignaron al municipio para este fondo.
Lo anterior derivó en que el municipio no presentó registros contables y presupuestales del 1 de enero al 17 de octubre de 2017, tampoco fue posible verificar la congruencia con los saldos en la cuenta bancaria y no se reportaron los informes trimestrales a la SHCP.
Por otra parte, en muchas de las obras se encontraron irregularidades, por ejemplo, en el programa Piso Firme tres obras no disponen de un contrato formalizado; otras no cuentan con la fianza de vicios ocultos y 11 más no disponen de parte o toda la bitácora de obra ni de sus respectivas actas de entrega recepción; y otras tampoco tienen la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.
En materia de transparencia, no se dio a conocer a los habitantes de la capital el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, ni se informó trimestralmente sobre el avance el ejercicio de los recursos y al término del ejercicio los resultados alcanzados. De hecho, el ayuntamiento de Chilpancingo tradicionalmente ha sido uno de los más opacos, pues tampoco cumple con sus obligaciones de transparencia establecidos en otras normas.
El ayuntamiento de Chilpancingo no proporcionó evidencia documental de haber reportado en el sistema de formato único de la SCHP los cuatro informes trimestrales del formato de gestión de proyectos, formato nivel financiero y la ficha técnica de indicadores, ni de los reportes que debió presentar en la matriz de inversión para el desarrollo social de la Sedesol.
En general, el municipio no presentó documentación justificativa y comprobatoria del gasto ni información financiera suficiente que permitiera analizar el impacto de las obras y acciones financiadas con el fondo.
La ASF también revisó el ejercicio de los recursos correspondientes al Fortamun de Chilpancingo por 152.8 millones de pesos y encontró irregularidades varias. Por ejemplo, se transfirieron recursos por 20.3 millones de pesos a otras cuentas para fines distintos a los objetivos del fondo, y aunque se reintegraron 13.5 millones durante la auditoría, quedaron pendientes 6.7 millones de pesos.
Y al igual que en el caso del FISMDF, no se realizó la entrega-recepción de las dos administraciones de Marco Antonio Leyva y Jesús Tejeda Vargas y por lo tanto no se tiene la documentación justificativa y comprobatoria que acredite las ministraciones de enero a septiembre de 2017, por un importe de 114.6 millones de pesos de los 152.8 millones asignados al municipio para el Fortamun. Por esta situación, la ASF determinó que se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 114.6 millones de pesos más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta del fondo o en su caso a la Tesorería de la Federación.
Pero también con el ex alcalde Vargas Tejeda se presentaron irregularidades. Por ejemplo, la ASF observó un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 44 mil 637 pesos por haber realizado erogaciones con cargo en el Fortamun que no disponen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.
Asimismo, el municipio presentó diferencias entre las cifras de los saldos de la cuenta bancaria y los registros contables al 31 de diciembre de 2017, por un monto de 153 mil pesos; y no entregaron cuenta pública ni remitieron reportes a la SHCP.
En el tema de transparencia, el municipio no informó a los habitantes sobre el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, tampoco informó trimestralmente sobre el avance del ejercicio de los recursos, ni sobre los resultados alcanzados al término del ejercicio.
El municipio no presentó a la SHCP los reportes de nivel financiero del segundo y cuarto trimestres, ni el primero, segundo y cuarto trimestres del reporte de gestión de proyectos; tampoco fueron publicados en órganos locales oficiales de difusión, en su página de internet o en otros medios locales de difusión.
El municipio no reportó de forma trimestral al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los movimientos en la cuenta del Fortamun 2017, su avance en el ejercicio de los recursos y destino, ni los recursos comprometidos, devengados y pagados en esta materia.
Acapulco
El monto de los recursos transferidos en 2017 al ayuntamiento de Acapulco por concepto del FISMDF fue de 543.2 millones de pesos. Al respecto, la ASF señaló que el ayuntamiento no manejó los recursos del fondo en cuenta bancaria exclusiva, y además transfirió recursos del FISMDF 2017 a otras cuentas.
El ayuntamiento presentó en su reporte de cierre del ejercicio FISMDF 2017 montos que no coinciden con sus registros contables y presupuestales presentados, ya que hay una diferencia de 20.2 millones de pesos que no fueron registrados en el sistema. Asimismo, destinó 3.6 millones de pesos para pagar un Análisis y resultados de las obras planeadas en la matriz de inversión para el desarrollo social 2014-2016, que no está considerada en el catálogo de acciones del fondo.
En otro asunto, el municipio destinó el 63.3 por ciento de los recursos del FISMDF 2017 a obras y acciones de incidencia directa, por lo que no cumplió con el porcentaje mínimo establecido en los lineamientos del FAIS para dicho tipo de proyectos; en tanto que invirtió el 31.7% de los recursos en obras y acciones de carácter complementario.
Finalmente, respecto de los recursos del FISMDF, al 31 de diciembre de 2017 el ayuntamiento presentó un subejercicio 10.6 por ciento, en tanto que al 31 de mayo de 2018 aún persistía un pequeño monto por 27 mil pesos no ejercidos a los objetivos del fondo.
En el caso del Fortamun, se transfirieron 453.5 millones de pesos al ayuntamiento de Acapulco en 2017, y al igual que en FISMDF, para este fondo no se utilizó una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos y se depositaron en ésta otros ingresos correspondientes a recursos propios del municipio por 120.9 millones de pesos.
Asimismo, la ASF comprobó que el municipio registró las operaciones del Fortamun en cuentas contables que no se encontraban debidamente controladas, actualizadas ni identificadas, y por ello no fue posible comparar las cifras de los saldos bancarios con los registros contables, presupuestales y las cifras reportadas en la cuenta pública del municipio.
En el rubro de obras fue donde se encontraron numerosas irregularidades, por ejemplo, en una obra que fue contratada mediante adjudicación directa por excepción a la licitación, no se acreditó debidamente el motivo de la excepción. Otra irregularidad también grave fue que en seis obras, luego de realizar una inspección física, se detectaron conceptos de obra pagados y no ejecutados por un monto total de 1.5 millones de pesos.
En cuatro obras pagadas con recursos del Fortamun el ayuntamiento de Acapulco no presentó la evidencia del proceso de adjudicación, los contratos, ni la documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 4.5 millones de pesos, por lo que no se pudo constatar la correcta ejecución de los trabajos realizados.
En el tema de las adquisiciones, el órgano fiscalizador comprobó que seis adquisiciones se adjudicaron de manera directa aun cuando rebasaban los montos máximos de adjudicación por esta modalidad. Asimismo, se verificó que en tres expedientes de adquisiciones adjudicados directamente, las cotizaciones de dos empresas participantes presentan el mismo domicilio y correo electrónico; asimismo, en otro caso se adjudicó a la misma empresa en las tres ocasiones las compras sin considerar compras consolidadas, por lo que no se garantizaron las mejores condiciones disponibles en cuanto al precio, calidad, financiamiento, oportunidad.
Se verificó que 11 expedientes de adquisiciones pagados con recursos del fondo no cuentan con las garantías de cumplimiento correspondientes según el contrato formalizado. Asimismo, para 36 expedientes de adquisiciones, el ayuntamiento no presentó la documentación soporte que acredite la recepción de los bienes pagados por 19.9 millones de pesos por parte de los proveedores a las instalaciones del municipio.
También se comprobó que en cinco adquisiciones, la entrega de los bienes no cumplieron con los plazos de entrega ni se aplicaron las sanciones por el retraso injustificado por un monto de 169 mil pesos.
En materia de transparencia, el ayuntamiento no reportó a la SHCP el primer trimestre del formato avance financiero y el primero y tercer trimestre de los indicadores de desempeño sobre el fondo, por lo que los informes no se publicaron en sus órganos locales oficiales de difusión y en otros medios. Por otra parte, se constató que la información contenida en los informes reportados por el municipio a sus habitantes no es congruente con lo reportado en el formato de avance financiero al cuarto trimestre de 2017 a la SHCP.
El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, no proporcionó información en la cual se pueda verificar que se dispone de un Plan Anual de Evaluación y no realizó la evaluación del desempeño del Fortamun 2017, establecida por la normativa.
En general, éstas son algunas de las observaciones localizadas por la ASF en los ayuntamientos de Chilpancingo y Acapulco en el ejercicio 2017. Para consultar estos informes individuales y todos los realizados por la ASF al gasto federalizado, ver http://informe.asf.gob.mx/#0

La disputa por las comisiones en el Legislativo

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

El PRI y PRD buscan quedarse con las comisiones de presupuesto, cuenta pública y fiscalización “para tapar las corruptelas de sus gobiernos”, argumentó, antes de que hubiese un acuerdo, la diputada Norma Otilia Hernández para explicar el empantanamiento de las negociaciones y el retraso en la asignación de comisiones y comités entre los diferentes grupos parlamentarios del Congreso del estado de Guerrero. “Quieren seguir protegiendo a gobiernos emanados de estos partidos”, sin embargo, advirtió, “eso no lo vamos a permitir porque nos huele a corrupción”, según la legisladora del partido Movimiento de Regeneración Nacional, entrevistada por la Agencia Periodística de Investigación.
Más allá de la veracidad o no de las declaraciones de la diputada, lo cierto es que la asignación de comisiones y comités en el Congreso del estado es clave para que las y los legisladores se procuren más recursos de poder y espacios en la toma de decisiones, tanto en lo individual como en favor de sus grupos parlamentarios, a efecto de incidir en la vida pública del estado.
En la disputa por estos espacios siempre ha prevalecido la negociación, pues aunque la Ley Orgánica del Poder Legislativo No. 231 describe de manera general lineamientos sobre cómo deben ser distribuidas las comisiones y comités, regularmente han predominado los acuerdos políticos entre las principales fuerzas, más que dichos criterios.
Sin embargo, en la actual Legislatura, en el proceso previo a la asignación de comisiones y comités se observó una inusual disputa donde se emplearon todo tipo de recursos legales y extralegales como medida de presión: generación de conflictos artificiales alrededor del Congreso, declaraciones para denostar al adversario y sobre todo el pago de medios y periodistas para difundir versiones parciales o distorsionadas de lo que sucede en el interior del Congreso y entre sus actores. Más tarde se agregaría también la posible cooptación de legisladores.
Comisiones y comités
El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo menciona que las comisiones son “Órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de Dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla sus atribuciones constitucionales y legales”. Estos órganos auxiliares son permanentes y los diputados que las integran se designan dentro de los primeros quince días del primer año de ejercicio constitucional.
La ley también establece que cada comisión y comité se integrará por cinco diputados; para conformarlas, la Junta de Coordinación Política emite una propuesta de los legisladores que asumirán la presidencia, la secretaría y las vocalías de cada una de ellas, “procurando que en su integración se refleje la proporcionalidad y pluralidad de los Grupos y Representaciones Parlamentarias en el Congreso del Estado”. Esta parece ser la única regla que previene la ley respecto a la asignación de espacios, además de una que se antoja muy subjetiva: “los Grupos y Representaciones Parlamentarias presentarán a la Junta [de Coordinación Política] sus propuestas respectivas, en ellas se privilegiarán la experiencia y la idoneidad de cada uno de sus integrantes para el mejor aprovechamiento de sus capacidades en el trabajo legislativo”.
Por su importancia, las comisiones más peleadas son la de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Vigilancia y Evaluación de la Auditoria General del Estado; pero también la de Asuntos Políticos y Gobernación, de Estudios Constitucionales y Jurídicos, de Hacienda, de Justicia, y de Seguridad Pública.
En el caso de los comités, la Ley Orgánica los define como “órganos auxiliares en las actividades y tareas administrativas y operativas del Congreso”. Los comités se encargan del funcionamiento administrativo del órgano legislativo y son cuatro: de administración; de gestoría, información y quejas; del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”; y de biblioteca e informática.
A propósito de la disputa que recién escenificaron los principales grupos parlamentarios de la actual Legislatura buscando quedarse con más y las más importantes comisiones y comités, vale la pena recordar cómo se distribuyeron estos espacios en las dos Legislaturas anteriores, para describir que no siempre el grupo mayoritario se queda con las mejores.
La 60 Legislatura
De 2012 a 2015, el Congreso del estado fue integrado predominantemente por diputados y diputadas del Partido de la Revolución Democrática, partido en el que también militaba el gobernador Ángel Aguirre Rivero, que obtuvo ese cargo en 2011. En ese periodo, que correspondió a la 60 Legislatura, el partido dominante tenía 20 de los 46 legisladores del órgano legislativo, equivalentes a 43.4 por ciento.
Se repartieron 28 comisiones y cuatro comités. Con sus números, el PRD se quedó con 15 comisiones, además de la coordinación de la Junta de Coordinación Política. De hecho, obtuvo la presidencia de los espacios más relevantes como la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, cuyo presidente fue Óscar Díaz Bello; la de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado, con Germán Farías Silvestre como presidente; Asuntos Políticos y Gobernación, presidida por el hijo del gobernador, Ángel Aguirre Herrera; la de Estudios Constitucionales y Jurídicos, con Abelina Rodríguez a la cabeza; y también se quedó con el comité de Administración, encabezado por Luisa Ayala Mondragón.
En esa misma Legislatura del periodo 2012-2015, el PRI fue la segunda fuerza política en el Congreso con 13 diputados (28.2 por ciento del total) y logró negociar siete comisiones y un comité, entre las cuales destacan la de Hacienda, con Eduardo Montaño Salinas a la cabeza; la de Seguridad Pública, presidida por Rubén Figueroa Smutny; y la de Desarrollo Social, cuya presidenta fue Julieta Fernández.
Otras expresiones políticas se quedaron con el resto de las comisiones y comités. A Movimiento Ciudadano, que tenía en esa Legislatura cinco diputados, le correspondieron cuatro comisiones; los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, con tres diputados cada uno, tuvieron dos comisiones; en tanto que los partidos del Trabajo y Panal, con un solo diputado, lograron una comisión, respectivamente.
La 61 Legislatura
En la recién concluida Legislatura 61 (2015-2018), el predominio fue del Partido Revolucionario Institucional –que además ganó la gubernatura. En ese periodo se repartieron 29 comisiones y cuatro comités. Con un total de 18 diputados (39.1 por ciento del total), el PRI obtuvo 15 comisiones y evidentemente se quedó con las más importantes como la de Presupuesto y Cuenta Pública, cuyo presidente fue Eusebio González Rodríguez; de Estudios Constitucionales y Jurídicos, presidida por Cuauhtémoc Salgado Romero; de Hacienda, con Ignacio Basilio García a la cabeza; y la de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado, con Samuel Reséndiz Peñaloza como presidente.
El segundo grupo que ganó más diputados fue el PRD con 14 legisladores (30.4 por ciento) de los 46 disponibles. Con estos números obtuvo un total de 10 comisiones, entre las que destacan únicamente la de Asuntos Políticos y Gobernación, presidida por Rosa Coral Mendoza Falcón, y el comité de Administración del Congreso, a cargo de Crescencio Reyes Torres.
Los demás partidos políticos se quedaron como sigue: el PVEM, que obtuvo cinco diputaciones, se quedó con cuatro comisiones; Movimiento Ciudadano, con tres diputados obtuvo dos comisiones; el Partido del Trabajo fue representado por dos legisladores y obtuvo una comisión; mientras que Morena y el PAN, con una diputada y un diputado, respectivamente, obtuvieron sólo una comisión cada uno.
Lo que se observa de las dos legislaturas anteriores es que el partido mayoritario obtiene el mayor número de comisiones y desde luego, las más importantes. Quizás un elemento que no aparece en la disputa por comisiones de la actual Legislatura es que mientras en las dos anteriores, el grupo parlamentario mayoritario coincidió con la gestión de un gobernador del mismo partido, en 2018 el partido del grupo de diputados mayoritario no es el del gobernador. Tal vez eso explica la belicosidad y el empantanamiento artificial de las negociaciones, uno de cuyos grupos buscó estirar la liga hasta casi romperla.
La 62 Legislatura
En la actual Legislatura, Morena es el partido mayoritario, ya que con las adhesiones suma 24 diputados (52.1 por ciento) y luego de las negociaciones, obtuvo 18 comisiones y un comité. Por su parte, el PRI, con sólo 10 diputados (21.7 por ciento) alcanzó seis comisiones y dos comités. Por su parte, el PRD es un grupo parlamentario con siete diputados (15.2 por ciento) y con eso obtuvo cinco comisiones y un comité. El resto de los partidos (PT, PAN, PVEM y MC) con un solo diputado o diputada cada uno, lograron la presidencia de una comisión, respectivamente.
Si se observa sólo por los números, ¿cuál es la comparación de esta Legislatura en relación con las anteriores? En la 60 se repartieron 28 comisiones y cuatro comités, 32 espacios en total. El PRD, que obtuvo 43 por ciento de los diputados se quedó con 47 por ciento de las comisiones y comités; en segundo lugar, al PRI, con 28 por ciento de las diputaciones, le correspondieron 25 por ciento de las presidencias de comisiones y comités.
Por otra parte, en la 61 Legislatura se asignaron 29 comisiones y cuatro comités, 33 en total. De éstas, el PRI, con 39 por ciento de los diputados, logró presidir el 45 por ciento de las comisiones y comités. Mientras que el PRD, con el 30 por ciento de los legisladores, alcanzó la presidencia en 30 por ciento de los espacios.
Finalmente, en la reciente negociación entre partidos, estuvieron en disputa 33 comisiones y cuatro comités, para un total de 37 espacios. Morena, con 52 por ciento de los diputados, obtuvo 51 por ciento de las comisiones y comités. El PRI, con el 21 por ciento de los legisladores, presidirá el 22 por ciento de los espacios; mientras que el PRD, que obtuvo 15 por ciento de los diputados, le corresponde encabezar el 16 por ciento de las comisiones y comités. Hasta aquí, pareciera que se alcanzó “la proporcionalidad y pluralidad de los Grupos y Representaciones Parlamentarias en el Congreso del Estado”, como recomienda la ley orgánica.
Pero si se analiza por la importancia de las comisiones, se observa que hay una tendencia a que éstas queden bajo la presidencia del partido mayoritario. Así han sido los casos de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Asuntos Políticos y Gobernación; de Estudios Constitucionales y Jurídicos; y de Vigilancia y Evaluación de la Auditoria Superior del Estado.
En el periodo 2012-2015, el PRD tuvo la presidencia de esas cuatro comisiones, en tanto que en el trienio 2015-2018, el PRI encabezó tres de esas cuatro comisiones y sólo cedió al PRD la de Asuntos Políticos y Gobernación, seguramente porque la diferencia en el porcentaje de legisladores en el Congreso era de apenas nueve puntos, es decir, había cierto equilibrio de fuerzas.
En la actual Legislatura, parece haber un claro perdedor en la repartición de las comisiones más importantes. Aun cuando hay una enorme diferencia en el número de diputados entre el grupo mayoritario y el segundo y tercer lugares, Morena cedió la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación al PRI, y la de Estudios Constitucionales y Jurídicos al PRD, cuando tradicionalmente el partido mayoritario se quedaba con las cuatro comisiones.
A la distancia, parece que surtió efecto la presión ejercida por el PRI y el PRD. La generación artificial del conflicto de un puñado de pobladores de Cochoapa que cerraron el Congreso, las numerosas inserciones pagadas en medios impresos y digitales responsabilizando al grupo parlamentario de Morena de empantanar las negociaciones entre partidos, el empecinamiento de buscar las comisiones más importantes para retrasar el proceso, entre otros, se cuentan entre los factores que propiciaron que el grupo mayoritario negociara en desventaja.
Pero ahí no terminará la disputa por las comisiones. Héctor Apreza Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, ya anunció que propondrá una “reingeniería de comisiones” con el propósito de reemplazar a quienes no cumplan con su trabajo en ellas. En seis meses, entonces, comenzarán nuevas presiones para buscar la presidencia o más espacios en las comisiones importantes.
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