Carta al gobernador: persiste la impunidad en transparencia

Publicado en El Sur, Periódico de Guerrero

Ciudadano gobernador: Me dirijo a usted con el respeto que merece el cargo que le confirió la sociedad. En los últimos años la transparencia y el acceso a la información, pilares de la rendición de cuentas hacia la ciudadanía, ha avanzado en el estado de manera intermitente, aletargada y muy dispareja entre quienes tienen obligaciones en esta materia. Las últimas reformas a la legislación que permitieron construir la política nacional de transparencia dieron un jalón significativo al subsistema estatal, pero esto no ha sido suficiente, por diferentes motivos (inercias y vicios burocráticos, resistencias institucionales) que han obstaculizado la instrumentación de esta política pública en la entidad.

La implementación de la nueva ley general de transparencia en el estado se acompañó de los necesarios procesos de sensibilización, información, capacitación, asesorías y muchas facilidades para que todas las dependencias pudieran cumplir sus obligaciones en los tiempos que marcaba la norma, siempre guiados y apoyados por los órganos garantes nacional (INAI) y local (Itaigro) para que todos los sujetos obligados pudieran adoptarla sin contratiempos. Es cierto, ha sido un proceso complejo, pero no imposible de aplicar.

No obstante estas oportunidades y flexibilidad para adoptar la política de transparencia en los tiempos que la propia ley señala, todavía hay numerosos sujetos obligados que se han rezagado y lo peor, que han hecho caso omiso de las nuevas reglas, especialmente los ayuntamientos del estado. Cierto, este orden de gobierno tiene su autonomía, pero como explicaré más adelante también tiene una relación estrecha con la administración que usted encabeza.

El sistema nacional de transparencia es producto del esfuerzo de muchos funcionarios, legisladores y también de la sociedad civil especializada que participó de manera relevante en la confección de la ley general, por medio del parlamento abierto. Hoy tenemos una norma homogénea para todas las dependencias públicas del país, y esa es una de las mayores virtudes del sistema nacional. Incluso, con el impulso de su administración, ciudadano gobernador, en el estado se aprobó la Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, homóloga local de la ley general.

Uno de los trabajos más significativos del sistema nacional fue crear una plataforma nacional de transparencia para la gestión de información, y hoy es realmente todo un reto que los sujetos obligados –en el estado, según el Itaigro suman 208–, alimenten y actualicen su información en dicha plataforma.

Precisamente a los sujetos obligados les ha tocado crear procedimientos e institucionalizarlos por medio de la formación de unidades y comités de transparencia para poder cubrir las obligaciones de transparencia, gestionar las solicitudes de información y, en su caso, los recursos de revisión en la plataforma nacional.

En este arduo trabajo, los resultados son variopintos, algunas dependencias cumplieron bien, otros están en la medianía y la mayoría francamente no ha cumplido. En estos últimos se observa que su incumplimiento no es por falta de capacitación ni asesoría, pues recibieron la necesaria para cubrir sus obligaciones, sino por falta de disposición y voluntad políticas para integrarse al sistema nacional de transparencia.

El eslabón faltante

Ciudadano gobernador: la ley de transparencia es un instrumento jurídico que establece derechos y obligaciones de ciudadanos y gobierno, así como los procedimientos para hacerlos valer. Sin embargo, algo está fallando en la articulación de los diferentes actores locales del subsistema de transparencia en el estado, ya que destaca un componente del engranaje que no está funcionando y que consideramos está propiciando una alarmante impunidad.

No es la primera vez que me refiero a este problema en Monitor de Guerrero, ciudadano gobernador. Desde que entró en vigor la primera ley de acceso a la información en el estado, en junio de 2006, y hasta la fecha, no se ha cobrado una sola multa en el estado a quienes por infracciones a esta norma. Aunque no hay evidencia documental, no es difícil suponer que los altos niveles de incumplimiento a las obligaciones de transparencia se relacionan directamente con la lamentable impunidad que ha prevalecido hasta la fecha.

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado, órgano al que le corresponde garantizar que la ley se cumpla, si bien ha emitido algunas sanciones a diversos sujetos obligados -aunque también hay que decir que tienen un importante rezago al respecto-, no ha realizado con eficacia su responsabilidad de vigilar que las sanciones económicas se hagan efectivas. Es una tarea que directamente le corresponde realizar al instituto y por tratarse de un organismo con autonomía, a usted, ciudadano gobernador, no le corresponde establecer sus parámetros de comportamiento.

Sin embargo, hay un actor gubernamental que es el responsable, de acuerdo con la ley, de hacer efectivas las multas económicas a los infractores y éste sí depende directamente de usted. El artículo 206 de la ley 207 de transparencia, segundo párrafo, dice textualmente: “Las multas impuestas como sanciones administrativas de acuerdo con esta ley, serán ejecutadas por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a través de los procedimientos que las leyes establezcan”.

Sin embargo, sabemos que la Sefina no está haciendo efectivas las multas, y en cada ocasión que solicitamos información sobre el tema, da una respuesta diferente. Por ejemplo, el 12 de diciembre de 2015 -cuando usted ya era gobernador del estado- solicitamos a esa Secretaría la descripción del “Procedimiento que sigue la Sefina para la aplicación de las multas en materia de transparencia. [Además] Copia de los recibos pagados por las dependencias públicas por no acatar la ley de transparencia”.

La respuesta fue “que a la fecha en esta Dirección General de Recaudación a mi cargo, no se ha recibido ninguna multa”, sin explicar si contaba con algún procedimiento.

También en febrero de 2017 publicamos en este espacio la denuncia de que en Guerrero nunca se había cobrado una sola multa a los infractores de la ley de transparencia. En esa ocasión, la Secretaría afirmó categóricamente que de mayo de 2016 a enero de 2017 no había recibido del Itaigro ningún documento de solicitud de cobro de multas. Sin embargo, por medio de solicitudes de información conseguimos documentos que echaron por tierra la afirmación de la Sefina, ya que el Itaigro nos entregó 33 oficios enviados a la secretaría, con atención al entonces secretario Héctor Apreza Patrón; los oficios tenían el sello de recibido de la dependencia de fecha 7 de septiembre de 2016.

Recientemente intentamos de nueva cuenta buscar respuestas. El 16 de mayo de 2018 se presentaron dos solicitudes de información, que a la letra dicen: “Relación de sujetos obligados multados por infracciones a la ley 207 de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales de Guerrero, en el periodo 6 de mayo de 2016 a la fecha, desglosados por fecha, sujeto obligado, concepto por el que su multa y monto de la multa”. Igualmente se requirió a la Secretaría “Copia de los oficios enviados por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Guerrero para hacer efectivo el cobro de multas económicas a los sujetos obligados que incumplieron la ley de transparencia, del 6 de mayo de 2016 a la fecha”.

Ciudadano gobernador, le comento que la Secretaría de Finanzas y Administración de su gobierno no respondió a estas solicitudes de información en el plazo que establece la ley, y por ese motivo se presentaron sendos recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia. Sin embargo, en una respuesta extemporánea, la Sefina da información que consideramos muy delicada, toda vez que revela la inexistente coordinación entre dicha la Secretaría y el Itaigro para el cobro de multas, en detrimento de la transparencia y el acceso a la información en el estado.

Jorge Humberto Arrieta y Jiménez, Director General de Recaudación de la Sefina, en su respuesta cuestiona la manera en que el Itaigro ha presentado sus expedientes. “En el caso de las sanciones económicas, multas y pliegos de responsabilidades, la resolución deberá ser determinada para cada uno de los sancionados, especificando el importe a cobrar por cada uno de ellos”, dice el funcionario y agrega: “Lo anterior, en razón de que dejan imposibilitada a esta Autoridad para realizar el cobro en forma oportuna y efectiva, ocasionando un perjuicio a las finanzas del Estado, ya que se utilizan recursos públicos para la gestión del cobro y no es recuperable, dado que sus resoluciones [del Itaigro] traen vicios de origen en la notificación que imposibilitan la recuperación del cobro coactivo del Estado”.

Arrieta y Jiménez concluye que la Sefina “se abstendrá de recibir documentos determinantes de créditos fiscales que no reúnan los requisitos antes señalados”.

El oficio de la Sefina describe dos tipos de requisitos a efecto de “estar en condiciones de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución”. En primer lugar, se refiere a la identidad y ubicación del deudor (nombre, RFC, domicilio) y en segundo, a la determinación de la multa fiscal, en la que requiere la autoridad que termina la multa, el documento determinante de la multa, número de resolución y fecha, concepto por los que se originó la multa, importe, y constancia de notificación y citatorio, entre otros.

En la respuesta de la Sefina se entrevé que el Instituto de Transparencia no ha entregado con la formalidad requerida sus expedientes para hacer efectivas las multas. Pero la pregunta es, y esto seguramente también es de su interés, ciudadano gobernador: por qué luego de muchos meses de “coordinación” entre la Sefina y el Itaigro no se ha logrado solventar este tipo de insuficiencias formales.

Ciudadano gobernador, su administración, al no atender este problema, contribuye a que continúe la impunidad en materia de transparencia y acceso a la información.

Respuesta del Itaigro

En su respuesta a una solicitud de información, presentada también en mayo de 2018, el Itaigro informa que envió tres oficios para solicitar a la Sefina el cobro de multas. En el primero, fechado el 26 de octubre de 2016, le informó a la Secretaría sobre 45 sujetos obligados que fueron sancionados con 14 mil 608 pesos cada uno. El 7 de mayo de 2017 enviaron a la Sefina tres expedientes con sus respectivos acuerdos de incumplimiento; y el 3 de abril de 2018 se le hicieron llegar siete expedientes de sujetos obligados que no cumplieron con la entrega de información. Como información al margen, a abril de 2018, no había ningún sancionado por no cumplir con el 100 por ciento de sus obligaciones de transparencia, no obstante que ningún sujeto obligado lo hace.

El primer documento donde el órgano garante envía a la Sefina 45 expedientes para hacer efectivas las multas se hace alusión a un “convenio de colaboración administrativa para el cobro de multas administrativas estatales” firmado entre ambas dependencias el 16 de octubre de 2015. Sin embargo, tal parece que son dos dependencias que nunca hubieren tenido ningún tipo de acercamiento.

Esta falta de articulación entre dos dependencias se ha convertido en un cuello de botella para el desarrollo de la transparencia en el estado. Lo peor de todo, ciudadano gobernador, es que este problema no está en vías de solución. Incluso, solicitamos tanto al Instituto de Transparencia como a la Secretaría de Finanzas una entrevista con algún funcionario para que emitieran su versión sobre esta problemática, y simplemente decidieron no responder.

Los sujetos obligados del estado deben entender que, ante las infracciones a la ley de transparencia, sí hay consecuencias jurídicas y cero impunidad; de lo contrario, continuarán con sus omisiones y Guerrero se estancará en esta materia.

Por lo pronto, tanto en los ayuntamientos como en el Congreso de estado hay muchísimos funcionarios que están a punto de concluir sus mandatos sin haber cumplido con sus obligaciones de transparencia, y otra nueva camada de servidores públicos gozarán de impunidad.

Invitación

El 8 de agosto de 2018 inauguramos un espacio radiofónico para tratar temas como los que aquí abordamos. Monitor de Guerrero, un espacio para el análisis de la transparencia y la rendición de cuentas, se transmitirá todos los miércoles a las 10 horas en la frecuencia 106.3 de FM. Los esperamos.

¿Fin a los gastos de gestoría social?

El Sur, periódico de Guerrero

El escándalo que protagonizó la senadora Layda Sansores –virtual candidata electa por la alcaldía de Álvaro Obregón en la Cdmx– sobre el uso de recursos públicos para compras de carácter personal puso otra vez en la mesa de discusión la manera poco ética e ilegítima en que se reparten bolsas de recursos del erario a algunos representantes populares (senadores, diputados, regidores), con la etiqueta engañosa de gastos de gestoría social, pero que son usados discrecionalmente y sin ninguna transparencia. Evidentemente, no es un asunto exclusivo de la senadora Sansores, sino de todos los legisladores de la Cámara alta, de los diputados federales, incluso, en el caso del estado de Guerrero, también de los diputados locales, y los síndicos y regidores de ayuntamientos importantes como Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo, por lo menos.

‘“Ni un pinche peso he tomado’ del dinero público”, tituló una nota el diario El Universal del 21 de junio, en donde la senadora se defendió de lo que llamó un infundio de la conductora del programa En Punto de Televisa, Dennise Maerker. Y es que en una de sus ediciones, Maerker dio a conocer facturas por 700 mil pesos de diversos objetos como electrodomésticos, despensas, tintes de cabello, etc., que habrían sido gastados con cargo al Senado, pero Sansores se defendió diciendo que “de los dineros destinados a servir al ciudadano, a atenderlo y apoyarlo ni un pinche peso he tomado, que lo oigan bien”, de acuerdo con la nota del periódico capitalino.

Lo que fue inexplicable es que la senadora Sansores recibió el apoyo de sus copartidarios: de Martí Batres –senador electo–, de Claudia Sheinbaum –jefa de gobierno de la CDMX electa–, del propio presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y hasta de la designada para ocupar la Secretaría de la Función Pública, la guerrerense Irma Eréndira Sandoval. Ninguno de ellos cuestionó que los recursos que recibe Sansores y todos los senadores para su uso discrecional son por lo menos cuestionables. Al final, la senadora aceptó que los gastos que se exhibieron son a cuenta de una partida que reciben todos los senadores, aunque nunca se refirió a la legitimidad o no de su ejercicio.

 La voz de las OSC

Luego de este escándalo de la senadora Sansores San Román, varias organizaciones dedicadas al estudio de la transparencia y la rendición de cuentas como Fundar, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Borde Político y Transparencia Mexicana, demandaron al Senado de la República dar a conocer los recursos destinados a “asignaciones de los grupos parlamentarios”, es decir, de la partida 39903, con un monto de mil 51 millones de pesos, “equivalente a 21.4 por ciento del presupuesto total del Senado, según información de El Economista, de su edición del 21 de junio de 2018. Estos recursos son distribuidos proporcionalmente, de acuerdo con la integración del pleno, es decir, los grupos parlamentarios más grandes reciben cantidades mayores.

El problema radica, dijeron las organizaciones, en que los grupos parlamentarios son lo que definen los criterios de designación, ejecución y comprobación de erogaciones y además no hay información al respecto. “Incluso la Auditoría Superior de la Federación refirió, en el Informe de Cuenta Pública 2016, que ‘no se contó con la información que permita evaluar la razonabilidad del gasto o comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos’ en relación con la partida 39903, Asignaciones a los Grupos Parlamentarios. La misma observación se hizo a la Cámara de Diputados”, señalaron las OSC, reseñadas por El Economista.

Concluyeron que con este escenario es difícil que el Senado contribuya a restaurar la confianza ciudadana en las instituciones y los servidores públicos, por lo que llamaron a transparentar los criterios de asignación de los recursos y su ejecución.

 El Congreso de Guerrero

Los legisladores guerrerenses también reciben cuantiosos recursos que gastan a su arbitrio, adicionales a su salario. Es una partida que hasta hoy es totalmente opaca y de la que pocos saben en qué se gastan los recursos, si bien este año se publicaron montos globales por exigencia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Sin embargo, ese dinero es utilizado totalmente de manera discrecional, sin un plan o programa institucionalizado que permita observar las metas, objetivos e impactos de su ejercicio.

Por ejemplo, en la cuenta pública de 2014 del Congreso de Guerrero (en el documento Estado de Actividades), en el rubro de Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, hay un ejercicio de 289.4 millones de pesos para Ayudas Sociales, que representan el 52 por ciento del total ejercido en ese año por 556.7 millones de pesos. Al siguiente año, el gasto por este concepto fue por 239 millones de pesos, y en el ejercicio 2016, se gastaron 271.6 millones de pesos. Para el ejercicio 2017, la partida de ayudas sociales fue por 258.9 millones de pesos.

Si se realiza una estimación de lo que recibe cada diputado por este concepto, a cada uno le correspondería del orden de 5.6 millones de pesos anuales, que puede utilizar para crear clientelas políticas, para su posicionamiento personal o para gastarlo en asuntos personales. Para transparentar estos recursos no existen obligaciones. En solicitudes de información al Congreso local hemos preguntado sobre este asunto y la respuesta es que los legisladores tienen sus propios mecanismos de control. “Cada diputado ejerce su propio mecanismo de control y vigilancia de acuerdo a su propia gestoría. Asimismo, este H. Congreso remite un informe semestral a la Auditoría General del Estado”, nos respondieron en aquella primera ocasión en que indagamos sobre los gastos de gestoría de los diputados.

El partido Movimiento de Regeneración Nacional obtendrá la mayoría de diputados en la siguiente legislatura del Congreso del estado, ¿terminarán con estos privilegios que distraen la mitad del presupuesto del órgano legislativo? o ¿Sucumbirán ante el dulce de gastar tantos millones de pesos sin comprobación ni transparencia?

 Síndicos y regidores

A principios del año anterior presentamos un paquete de solicitudes de información para preguntar a los ayuntamientos si entregaban a sus síndicos y regidores recursos para gastos de gestoría. La negativa a responder de la mayoría de las administraciones municipales se convirtió en la nota de esta investigación. Gradualmente han respondido, presionados por las resoluciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro), y la mayoría de los ayuntamientos no tiene bolsas especiales para repartir entre sus ediles.

Hay casos en que existen resoluciones del Itaigro e incluso acuerdos de incumplimiento, pero la información, a 18 meses de que presentamos las solicitudes de información, todavía no llega a nuestras manos.

El municipio de Arcelia, por ejemplo, respondió a destiempo el 9 de noviembre de 2017, pues ya se había emitido una resolución del órgano garante y un acuerdo de incumplimiento en donde se aplican multas al titular de transparencia y al alcalde, por no entregar información en tiempo y forma. Por cierto, a la fecha, no sabemos si realmente se aplicaron las multas o estas omisiones siguen impunes.

Al ayuntamiento de Ahuacuotzingo se le emitió una resolución para que entregue información desde el 8 de junio de 2017. A la fecha no se tiene acuerdo de incumplimiento ni ha entregado información, por lo que sigue impune.

Acatepec solicitó al Itaigro sobreseer la resolución en su contra, y argumenta que “Con fecha 5 de enero del 2017 [se presentó la solicitud de información], y si bien es cierto que esta no fue contestada dentro del plazo que otorga la Ley en la Materia, el día 15 de mayo del presente año [de 2018, es decir, 17 meses después] brindamos contestación a la solicitud de información”.

Otros que tienen resolución del órgano garante para que entreguen la información y no lo han hecho son Atlamajalcingo, Chilapa, Coahuayutla,Cochoapa, Cuetzala, General Heliodoro Castillo, Huitzuco, Juan R. Escudero, Olinalá, Tecoanapa, Tlapehuala, Xochihuehuetlán, Xochistlahuaca y Zihuatanejo.

 Acapulco y Chilpancingo

Hace apenas cuatro días, las regidoras de Acapulco, Gloria Sierra López y Alma Juárez Altamirano externaron su preocupación por que “la administración municipal todavía no paga a los regidores el gasto de gestoría que les entrega cada mes los días 20 o 21”, según una nota de El Sur del 29 de junio de 2018.

Sin duda, es válida la preocupación de estas integrantes del cabildo de Acapulco, quienes reciben mensualmente recursos como gasto de gestoría. Sin embargo, lo que se debe someter a discusión es que es un recurso que se gasta de manera dudosa, como lo documentamos en dos entregas de Monitor de Guerrero a principios de año. En ese entonces, con base en cerca de 14 mil hojas de comprobaciones -obtenidas por la vía de solicitudes de información-, encontramos que había muchas dudas acerca de que el total de ese dinero se destinara realmente en apoyo a la gente, ya que destacamos las numerosas irregularidades que presentaban los documentos.

De acuerdo con el reporte que publicamos, durante 2016, los regidores y regidoras de Acapulco recibieron mensualmente cheques por 70 mil pesos por concepto de “gastos de orden social, subsidios, apoyo social, materiales, suministros y gastos en general necesarios para la operatividad de las oficinas de los ediles”, de la cuenta de Recursos Propios del ayuntamiento de Acapulco.

Pero adicionalmente, recibieron 70 mil pesos mensuales por concepto de “subsidio adicional por gestoría social en cumplimiento de sus funciones, necesarios para la operatividad de las oficinas de los ediles”. En total, cada regidor o regidora recibió del orden de un millón 680 mil pesos en 2016, de acuerdo con los documentos del ayuntamiento que revisamos.

En otro caso, al gobierno municipal de Chilpancingo también le hicimos la misma pregunta sobre los gastos de gestoría de sus síndicos y regidores; el ayuntamiento no respondió y el órgano garante emitió una resolución el 17 de octubre de 2017 para que entregara la información, dándole un plazo de 10 días hábiles para cumplir o de lo contario se haría acreedor a una multa económica de 10 mil 956 pesos, “con independencia de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de los servidores públicos”.

El ayuntamiento de Chilpancingo continuó con la negativa y el 1 de marzo de 2018 emitió un acuerdo de incumplimiento mediante la que hizo efectiva la multa al titular de la unidad de transparencia del gobierno municipal y además dio un plazo de cinco días hábiles para que el alcalde de Chilpancingo, como superior jerárquico, cumpla la resolución del Itaigro o también será multado o incluso, puede ser sujeto de un procedimiento de responsabilidad administrativa.

El caso de Chilpancingo es el ejemplo más claro de cómo no están funcionando las instituciones que deben garantizar el acceso a la información de la ciudadanía. De una solicitud de información presentada el 5 de enero de 2017, aún no se tiene la información, por la negativa a entregarla de un sujeto obligado, por un órgano garante que retrasó la resolución y el acuerdo de incumplimiento y por una Secretaría de Finanzas y Administración que no cobra multas. A 18 meses de presentada la solicitud, el ayuntamiento de Chilpancingo continúa sin entregar la información y tal vez termine la administración municipal sin entregarla y en la impunidad.

 Colofón

La gran cuestión de los gastos de gestoría no es que los representantes populares dispongan o no de dinero para canalizarlo a personas de bajos recursos o a proyectos de beneficio colectivo -eso podría ser legítimo si hubiese reglas claras-, sino su utilización discrecional, su opacidad y su comprobación deficiente.

Ésta es indudablemente un “área de oportunidad” en la que puede influir el nuevo gobierno de la república, los legisladores entrantes y las síndicos y regidores de Guerrero. La ciudadanía es cada vez más exigente con la información y será muy saludable que se regularice este tipo de gastos.

En efecto, como parte de su cruzada anticorrupción, los representantes populares electos del partido Movimiento de Regeneración Nacional, particularmente, tienen en sus manos desaparecer o reencauzar estas bolsas de dinero público hacia objetivos sociales, estableciendo reglas claras para su distribución y una estricta transparencia en su ejercicio con vigilancia ciudadana. La pelota está en su cancha.

¿Disminuirá el presupuesto si no gana el partido del gobernador?

El Sur, Periódico de Guerrero

¿Cómo le va a ir al estado de Guerrero en materia presupuestal, si el 1 de julio gana el candidato a la Presidencia de la República de un partido diferente del que pertenece el actual gobernador de la entidad? ¿Obtendrá más o menos recursos? ¿Disminuirá la efectividad de sus gestiones para obtener recursos adicionales?

Este planteamiento tiene una respuesta simple: lo más probable es que las variaciones en el presupuesto sean pocas, ya que hay fórmulas y procedimientos más o menos claros para la distribución de los recursos federales, que son los más cuantiosos que llegan a la entidad y se establecen en la Ley de Coordinación Fiscal, producto de un acuerdo federal.

Pero hay varios espacios en donde el margen de negociación para obtener recursos adicionales o para conseguir facilidades que permitan atender algunos problemas financieros urgentes -como reducir el actual déficit financiero- se vería mermado de manera importante. También es probable que se reduzcan otro tipo de ingresos como los del Ramo 23, que, esos sí, se manejan a discreción por el presidente de la república y que en los próximos ejercicios podrían sufrir cambios en detrimento del estado. En esta entrega se analizarán algunos escenarios de lo que sucedería con el presupuesto estatal si, como parece, el triunfo lo obtiene un aspirante presidencial que no es del partido al que pertenece el Ejecutivo estatal.

Las gestiones

La actual administración de Héctor Astudillo, según versiones de sus propios funcionarios, encontró condiciones propicias de sus contrapartes federales, sobre todo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para la negociación de diferentes problemas financieros que todavía pesan sobre la administración estatal. Flexibilidad y algunos apoyos especiales para atender dichos problemas son resultado en parte -aunque no se diga abiertamente- de que hay una identidad partidista entre los Ejecutivos federal y de Guerrero.

Y no son pocos ni fáciles los asuntos que el gobierno del estado negoció con las instituciones federales, como es el caso de los adeudos derivados de los incumplimientos de administraciones pasadas al SAT, ISSSTE y SAR; o las más de 7 mil plazas sin techo presupuestal dentro del Fondo Nacional para la Educación (Fone), y que hasta el ejercicio 2017 la erogación que representaba esa nómina se solventó con los recursos correspondientes a los convenios celebrados entre la SHCP y el Gobierno del Estado.

Hay otros problemas que presionan a las finanzas del estado como el tema de la inseguridad y los conflictos sociales, los fenómenos naturales o el problema del pago de laudos laborales, todos los cuales se han enfrentado en un entorno favorable y por la disponibilidad de recursos en la Federación, especialmente de la colaboración y respaldo de la SHCP.

¿Continuará esta disposición de las dependencias federales si llega al gobierno de la república un candidato de partido diferente del gobernador? Nadie lo sabe, pero lo que sí es cierto es que las negociaciones serán más complicadas y tal vez se dejen de percibir apoyos especiales que se habían logrado durante la actual administración.

Lo que permanece

Más allá de que se compliquen o no las negociaciones para obtener más recursos o, lo cierto es que continuará fluyendo la mayor parte del dinero que cada ejercicio presupuesta el gobierno del estado, ya que éste se compone en su mayor parte de recursos federalizados (97.3 por ciento, según el presupuesto de egresos para 2018) que tienen reglas y procedimientos establecidos para su asignación: las participaciones y las aportaciones federales. Las primeras o Ramo 28, forman parte del gasto no programable, por lo que dependen de la recaudación federal participable efectivamente obtenida en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera; las aportaciones o Ramo 33, son parte del gasto programable y se entregan a las entidades federativas sin considerar su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter compensatorio tiene como propósito asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social, entre otros.

Ambas, participaciones y aportaciones, son recursos federales que no dejarán de llegar al estado de Guerrero.

Sin embargo, hay un Ramo del presupuesto de egresos de la federación que el Ejecutivo federal opera prácticamente a discreción; son recursos adicionales que se captan a lo largo del ejercicio fiscal correspondiente y que se distribuyen con manga ancha y sin transparencia por la SHCP. Se trata del Ramo 23 y quizás sea en esta partida donde Guerrero sí observará una disminución de recursos.

En el documento Arquitectura del Ramo 23, la organización México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas AC, afirma que a nivel federal hay inconsistencias entre el gasto ejercido y su presupuesto aprobado, las cuales no son explicadas y justificadas apropiadamente en los documentos públicos. Una de estas inconsistencias se refiere al Ramo 23, y su cuestionamiento radica en que “gran parte del gasto adicional se ejerce a través de una bolsa de dinero llamada Ramo 23 ‘Provisiones Salariales y Económicas’”, la cual no tiene una regulación apropiada. “A través de algunos fondos de este Ramo se transfieren recursos a gobiernos locales, los cuales presentan un riesgo elevado de ser usados para premiar o castigar a dichos gobiernos; es decir, para el control político”, indica la organización.

En su análisis de la entrega de transferencias discrecionales del Ramo 23 a los gobiernos estatales en las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto, México Evalúa encuentra dos escenarios, el primero corresponde con “años regulares”, sin elección federal en puerta, y ahí las asignaciones observaron comportamientos distintos en las dos administraciones: La de Calderón “privilegió con mayores transferencias a los estados con gobernantes emanados del mismo partido, por encima de los estados gobernados por la oposición”. Mientras que la del presidente Peña Nieto “ha mostrado una diversidad de comportamientos, e incluso, el monto de transferencias fue mayor para los gobernadores de oposición”.

De acuerdo con el análisis de México Evalúa, el segundo escenario se relaciona con los años previos a la elección presidencial (2011 y 2017); tanto Calderón como Peña Nieto muestran el mismo comportamiento: el monto promedio de transferencia se incrementa a los gobiernos estatales del mismo partido con respecto al monto promedio observado en los “años regulares”. Y desde luego, el monto promedio de transferencia a los gobiernos estatales de los partidos de oposición disminuye.

Por ejemplo, durante el gobierno federal panista, en el ejercicio 2011 los gobiernos locales priistas recibieron transferencias estatales promedio por 202 millones de pesos y los perredistas, de 586 millones; en tanto que los gobiernos estatales panistas recibieron 1,014 millones de pesos, en promedio. En el caso de Enrique Peña Nieto, en el ejercicio 2017 los recursos del Ramo 23 se distribuyeron como sigue: para los gobiernos estatales panistas 1,174 millones, a los perredistas se les asignaron 1,989 millones, y los priistas obtuvieron 2,266 millones de pesos.

Considerados de manera específica por entidad federativa, durante la administración calderonista se observa que entre los 10 estados que recibieron más recursos en 2011, seis eran gobernadas por el PAN, destacando Sonora y Guanajuato, a los que se les asignaron 2,059 millones y 1,828 millones de pesos, respectivamente. En cuarto lugar está Baja California Sur con 982 millones, y en los sitios del siete al nueve, se ubicaron Puebla, Morelos y Jalisco, con 867 millones, 752 y 724 millones, respectivamente, todos por arriba del promedio nacional que fue de 452 millones de pesos.

Una situación similar se observa en la distribución de los recursos del Ramo 23 en 2017, con el presidente Peña Nieto. De los 10 estados que recibieron mayores recursos, siete son priistas, y en este rubro encabeza la lista el Estado de México, al que se le asignaron 8 mil 601 millones de pesos, en tercer lugar está Guerrero con 3 mil 831 millones, Chiapas en quinto con 3 mil 328 millones, le sigue Oaxaca con 2 mil 928, Yucatán (2 mil 706), Sinaloa (2 mil 312); en el décimo lugar aparece Hidalgo con mil 942 millones, todos por arriba de mil 830 millones de pesos, que fue el promedio nacional.

Hay pues evidencias de que los recursos del Ramo 23 se asignan con ciertos criterios políticos, por lo que el presidente electo, si no es del partido del gobernador, muy probablemente seguirá esta tendencia y Guerrero tendrá menos recursos.

Ramo 23 en Guerrero

El Ramo 23 es un ramo general de gasto programable -erogaciones que se efectúan a través de programas para proveer bienes y servicios públicos a la población- denominado “Provisiones Salariales y Económicas”, el cual se entrega a entidades federativas y municipios a través de fondos específicos.

Una característica importante es el destino de los subsidios, que se orientan fundamentalmente a propiciar el desarrollo regional, por lo que se incorporan los rubros de Programas Regionales, Fondos Metropolitanos, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad, Fondo Regional, Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura, Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, entre otros.

En el caso de Guerrero, las cuentas públicas de los años 2006 a 2017 revelan muy poco para conocer en qué y cómo se ejercieron los recursos del Ramo 23 en la entidad; sólo se dan a conocer datos generales sobre el monto ejercido y la unidad administrativa que lo ejerció. Otra característica es que son recursos que se han incrementado notablemente y constituyen un porcentaje significativo de los recursos adicionales que llegan al estado.

De acuerdo con la cuenta pública publicada por la Secretaría de Finanzas y Administración, en

2006 al Ramo 23 se le denominó Programa de Reconstrucción y sólo se ejercieron 50 millones de pesos que se transfirieron a la CICAEG para “la construcción de carreteras y mantenimiento de autopistas”. En 2007, aunque no se presupuestaron recursos del Ramo 23, al final de ese año se obtuvieron 360.8 millones de pesos; no se especifica en qué se gastaron.

En el ejercicio 2008 tampoco se presupuestaron recursos, pero al final se gastaron 736.4 millones, sin definir su destino. En el siguiente año, 2009, se obtuvieron al final del ejercicio mil 289.6 millones de pesos que fueron transferidos a la Secretaría de Educación Guerrero y destinados al Programa de Infraestructura para la rehabilitación, conservación y remodelación de obras de infraestructura educativa.

Por otra parte, en 2010 se gastaron mil 217.2 millones de pesos “para continuar ampliando la infraestructura en el Estado”, según dice la cuenta pública de ese año. En el ejercicio 2011 se duplicó lo recaudado correspondiente al Ramo 23, con un monto de 2 mil 227.5 millones de pesos, aunque no hay información de a qué rubros específicos se destinó. Tampoco en 2012 se informan los temas de inversión y en ese año se obtuvieron 2 mil 333.8 millones.

En el ejercicio 2013 se incrementaron los ingresos por este concepto a 3,534.3 millones, pero no hay ninguna explicación en qué se gastó. Al siguiente año, 2014, se dio un salto en los ingresos, ya que se recaudaron 6 mil 121.1 millones de pesos y sólo se informa que se destinaron al “Fondo Regional, Fondo Metropolitano y Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad, entre otros”.

En 2015 por primera vez los recursos federales del Ramo 23 se desglosaron por cada uno de sus fondos: Fondo regional, Fondo Metropolitano, Ampliaciones Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo a la Cultura, Fondo de Infraestructura Deportiva, Rescate Acapulco Tradicional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad. En total, 5 mil 370.2 millones de pesos.

Finalmente, en los ejercicios 2016 y 2017 la cuenta pública no aporta información sobre los montos ejercidos ni el destino de los recursos.

La institucionalización de las fórmulas y procedimientos para la asignación de los recursos federales, sin duda permitirá que los ingresos a estados y municipios sea más o menos estable, independientemente de quién gane la presidencia. Guerrero no tendrá modificaciones sustanciales en sus presupuestos de los próximos años, pero sí se espera que las negociaciones para gestionar dinero adicional sean más difíciles y tal vez lleguen menos recursos.

Publicación de las cuentas públicas en Guerrero

El Sur, Periódico de Guerrero

Hasta hace algunos años, las cuentas públicas en Guerrero eran un tema exclusivo de unos cuantos, escondido para la mayor parte de los guerrerenses; la opacidad con que se manejaba esta información tenía entre sus causas la inexistencia de normas homogéneas y generales en el país para la administración y el registro de las finanzas públicas, pero especialmente, la poca inclinación de quienes ejercían el gasto público para rendir cuentas, una de cuyas inercias era precisamente negar o evitar su difusión amplia.

En contraparte, ha sido un reclamo constante de la ciudadanía conocer cómo gastan los gobernantes los recursos públicos, una exigencia que persiste hacia los diferentes órdenes de gobierno.

Al día de hoy se ha avanzado significativamente en la legislación de varias leyes generales, aplicables en todo el país, y también se inició la construcción de sistemas nacionales como el de transparencia, el de fiscalización o el de combate a la corrupción. Para el caso específico de las cuentas públicas, tal vez la norma más relevante sea la Ley General de Contabilidad Gubernamental (2009), a partir de la cual se establecieron criterios generales para el registro de los temas financieros tanto en la federación, como en los gobiernos estatales, ayuntamientos, y órganos autónomos, y de manera particular, se legisló la obligación de difundir esta información en canales públicos, como ya se establecía en las leyes de transparencia que regían en el primer lustro del siglo.

Algunos resultados de estos procesos de construcción institucional ya se pueden palpar. El gobierno del estado ya publicó las cuentas públicas de 2016 y 2017, y adicionalmente ya difunde en su portal electrónico las cuentas de 2005 a la fecha, todo a partir del empuje de las leyes aprobadas en los últimos años y a la construcción de un andamiaje institucional ordenado por éstas.

A la ciudadanía, a los medios de comunicación nos corresponde cerrar el círculo de la llamada rendición de cuentas revisando y escrutando con lupa esta información. Si bien los datos de cuenta pública son complejos y no siempre de fácil comprensión, son muy útiles para aproximarnos y conocer cómo se ejercieron los recursos en la entidad de manera general: lo siguiente es pedir información de temas específicos y exigir explicaciones de por qué gastaron los recursos como los gastaron.

En Guerrero, la historia de la publicación de las cuentas públicas ha sido azarosa, transcurrieron varios años antes de que este tipo de documentos se difundieran entre públicos amplios. Las tres leyes de transparencia que han regido al estado desde 2006, la propia ley general de contabilidad, así como los sucesivos decretos de presupuesto de egresos consideraban la obligación de los gobiernos de publicarlas, pero regularmente nunca se hacía.

Quien esto escribe, solicitó en varias ocasiones las cuentas públicas de las dependencias y entidades gubernamentales, que por ley deberían publicarse tanto en el periódico oficial del estado como en los portales electrónicos del gobierno. Sin embargo, la información sistemáticamente fue negada; la última vez sucedió en febrero de 2015 cuando solicité los informes de cuenta pública del gobierno del estado y los presupuestos de egresos del estado de los ejercicios 2005 a 2012. La respuesta de la Sefina fue que solicitara las cuentas públicas al Congreso, y los presupuestos, a la oficina del periódico oficial del estado, pero la Ley orgánica de la administración pública estatal establecía en su versión anterior que la Secretaría de Finanzas era la responsable de “establecer y llevar el sistema de contabilidad gubernamental” y  “concentrar, integrar y elaborar la Cuenta Pública Anual y el Presupuesto de Egresos (…)” (fracciones XVII y XXI del artículo 22 de dicha ley).

Luego de ganar un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia, y después de un año de litigio, a principios de 2016 se me entregó la información, pero lo mejor fue que la Sefina publicó los informes de cuenta pública y los presupuestos en el portal del gobierno y hoy pueden ser consultados.

Sin embargo, de las cuentas públicas de 2005 hacia atrás, nadie sabe nada. Recientemente, la Sefina, en una resolución de su comité de transparencia, declaró la inexistencia de los informes de cuenta pública, así como de los presupuestos de egresos del estado, del periodo 2000 a 2005.

Hoy, la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece criterios para la presentación de este tipo de información dirigido a todas las entidades públicas, a saber: un informe general, estados financieros, información contable, presupuestaria y programática, así como sus anexos. Los sujetos que deberán presentarla en el caso de las entidades federativas son los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos y los órganos autónomos.

 La cuenta 2017

Lo que salta a la vista de las dos más recientes cuentas públicas (2016 y 2017) que difunde la Sefina son los recursos excedentes que ingresan a la entidad respecto de lo presupuestado originalmente en el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero. Recibir recursos adicionales evidentemente es positivo para el estado, pero no lo es, sin embargo, dar carta de naturalización a esta práctica de presupuestar menores cantidades de recursos, ya que amplía el margen de discrecionalidad de las autoridades que deciden en qué y cómo se gasta.

De acuerdo con el documento Estado Analítico de Ingresos, publicado en el portal del gobierno, en el ejercicio 2017 se presupuestaron 50,351.7 millones de pesos, pero a lo largo del año se recaudaron 64,688.5 millones, es decir, al final se obtuvieron 14,336.8 millones adicionales. Cabe mencionar que en esta cantidad se incluyen 2,950 millones de pesos de ingresos derivados de financiamientos.

La mayor tajada de estos recursos adicionales, en números absolutos, se destinaron al Ejecutivo, con 6,703.2 millones de pesos (46.7 por ciento del total), según el Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. Le siguieron el sector paraestatal con 2,867 millones, los municipios con 1,601 millones, y los órganos autónomos con 487.2 millones de pesos adicionales.

Si se observa la clasificación administrativa por dependencias del ejercicio del presupuesto hay un tema que llama mucho la atención: la asignación desproporcionada de recursos adicionales a algunas dependencias. Por ejemplo, al inicio de 2017, la Sefina tenía un presupuesto de 466.6 millones de pesos y al final del ejercicio ya tenía 2,788.6 millones, sin duda un brinco espectacular de casi 500 por ciento que requiere una explicación. En el mismo caso se encuentra la Secretaría de Educación de Guerrero, que tenía un presupuesto aprobado de 18,666 millones y al final alcanzó 22,191.8 millones de pesos.

Otras dependencias del Ejecutivo a las que se les asignaron recursos excedentes son la Secretaría General de Gobierno, que de 323.6 millones de pesos presupuestados a inicios de 2017 pasó a 518.8 millones; la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, cuyo presupuesto originalmente aprobado era de 780 millones y llegó a 1,001 millones; y la Oficina del Gobernador, que de 18.2 millones incrementó su presupuesto a 236.6 millones, lo que significa en términos relativos un incremento de 1200 por ciento. ¿Cuál es la explicación a este aumento?

En el caso del sector paraestatal, los incrementos más destacados respecto a lo presupuestado a principios de año fueron los del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular), con 988.5 millones; el Colegio de Bachilleres, que recibió 540.4 millones adicionales, la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria, con 528.3 millones, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con 303.2 millones adicionales; el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos con 201 millones; y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que recibió 131 millones adicionales a su presupuesto original.

Respecto de los órganos autónomos, las dependencias que sobresalen son la Universidad Autónoma de Guerrero, que pasó de un presupuesto de 2,443.4 a 2,784 millones de pesos, así como la Fiscalía General del Estado, que pasó de 829 millones a 998.3 millones de pesos en el ejercicio 2017.

Pero también hubo dependencias que disminuyeron su presupuesto aprobado por el Congreso del estado al comienzo del ejercicio 2017. Un primer tema es que se dejó de pagar un alto porcentaje de deuda pública, es decir, de 1,015.8 millones que se habían presupuestado, al final sólo se pagaron 340.4 millones de pesos. Las secretarías de Seguridad Pública y la de Protección Civil vieron disminuir su presupuesto en 175.2 millones y 143.9 millones de pesos respectivamente.

El sector salud también resultó afectado por las modificaciones en el presupuesto. De acuerdo con del documento Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, la Secretaría de Salud tuvo una disminución de 127.8 millones de pesos; varios hospitales corrieron la misma suerte, por ejemplo, el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense tuvo una disminución de 69.1 millones de pesos, el de la Madre y el Niño Indígena, de 54.3 millones. Instituciones relacionadas con el sector salud como el Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán”, que tuvo un decremento de 30.4 millones de pesos y el Instituto Estatal de Oftalmología, cuya reducción fue de 20.7 millones de pesos.

 Clasificación por objeto del gasto

Si se observa la clasificación por objeto del gasto, también en el documento Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del ejercicio 2017 se pueden observar algunas consideraciones relevantes.

Por ejemplo, destaca el rubro de servicios de comunicación social y publicidad, cuyo presupuesto considerado a principio de año fue de 69.9 millones, pero al final del ejercicio se incrementó a 324 millones de pesos, lo que equivale a 363 por ciento. Es un aumento que llama mucho la atención, ya que la discrecionalidad con que se otorgan recursos a los medios de comunicación, por la falta de criterios claros de asignación, es fuente de muchas críticas e impacta directamente a la libertad de expresión y en general a la construcción y fortalecimiento de una cultura democrática.

Otros rubros que destacan por el tamaño de los recursos adicionales que recibieron en 2017 son el de Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, cuyo presupuesto aprobado era de 45 millones y al final obtuvo 242.9 millones; y también el de Combustibles, lubricantes y aditivos, que pasó de 43.7 a 89.3 millones de pesos.

Para Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, a principio de año se presupuestaron 86.8 millones de pesos y al final obtuvo 1,010.5 millones. Los Servicios de traslado y viáticos pasaron de un presupuesto inicial de 39.2 millones a 173.2 millones, y el rubro de Otros servicios generales de 17 a 193.2 millones de pesos.

El rubro de Remuneraciones adicionales y especiales también sobresale de la lista, pues se habían presupuestado 1,625.1 millones al iniciar el año y terminó con 1,929.4 millones, es decir, hay un incremento de 304.2 millones de pesos.

Estos son sólo algunas observaciones obtenidas a partir de una revisión general a la información sobre el ejercicio de los recursos de 2017, publicados en el portal de transparencia presupuestaria del gobierno del estado. No es información cuya dimensión sea fácilmente comprensible para la mayoría de los ciudadanos, pero es necesario revisar y analizar para saber en qué y cómo gastan los recursos los gobernantes, a efecto de que la rendición de cuentas, desde una perspectiva ciudadana, se concrete.

Con el fin de presentar de manera sencilla esta información, en 2012 se emitió la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos dirigida a entidades y dependencias gubernamentales para que “elaboren y difundan en sus respectivas páginas de internet documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles, el contenido de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos; así como la estructura y contenido de la información que rija la elaboración de estos documentos sea con base en estructuras y formatos armonizados”.

Si bien el gobierno del estado ha elaborado versiones ciudadanas de estos documentos, lo hecho hasta ahora puede mejorarse, y sobre todo, promoverse y difundirse de manera amplia entre la población.

Problemas graves en los comités de transparencia

El Sur, Periódico de Guerrero

Los comités de transparencia de las dependencias públicas son instrumentos estratégicos para el fortalecimiento de la política de transparencia en Guerrero, pero no están dando los resultados que se esperaban, por diferentes motivos. El problema más común es que la mayoría de las dependencias gubernamentales o no han formado sus comités -por indiferencia de alcaldes y otros servidores públicos- o su integración fue meramente formal para evitar sanciones.

Sin embargo, hay otro grupo de comités de transparencia, especialmente de entidades públicas importantes como la Secretaría de Finanzas y Administración o el Tribunal Superior de Justicia del estado que están emitiendo resoluciones que en nada favorecen a la transparencia, pues sus decisiones están dirigidas a clasificar la información de interés público como reservada o confidencial, o de plano, declararla inexistente.

Los comités de transparencia tienen una función relevante dentro del andamiaje institucional de la rendición de cuentas, estrenado hace un par de años. Son una especie de autoridad y dirección o guía en las actividades de transparencia y acceso a la información dentro de las dependencias públicas.

Su integración está considerada en el artículo 56 de la Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado, por lo que las 208 dependencias públicas o sujetos obligados registrados en la entidad deben integrar su propio comité, como una instancia colegiada que coadyuve al cumplimiento de sus obligaciones en la materia. Los integrantes del comité son nombrados por el titular del propio sujeto obligado y éstos “deberán tener un nivel jerárquico directivo o de toma de decisiones dentro de la estructura o integración” de la dependencia de que se trate.

Específicamente tienen la función de supervisar el riguroso cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la ley y llevar a cabo la debida organización y conservación de archivos, así como el fortalecimiento de las acciones necesarias para garantizar que los procedimientos inherentes al ejercicio de acceso a la información pública se realicen de manera escrupulosa. Su importancia reside en sus funciones de análisis y toma de decisiones debidamente fundadas y motivadas sobre diversos aspectos del proceso de acceso a la información pública y del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que establece la ley.

La simulación en la integración de los comités, el desafío a la ley de los titulares de las dependencias que no han designado a sus integrantes, y el uso de estas figuras para ocultar información, son temas urgentes que requieren la intervención del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado (Itaigro), a efecto de dilucidar lo que consideramos una estratagema para ocultar datos importantes que debe saber la ciudadanía. Si estas prácticas se generalizan y no hay respuesta del Itaigro, tendremos en Guerrero una “opacidad legalizada”, pues el ocultamiento de datos se decidirá en los propios comités de transparencia.

El comité de la Sefina
Revisamos al azar la información de varias dependencias del estado en la plataforma nacional de transparencia para conocer más sobre sus comités de transparencia, y estos fueron los resultados.

Las resoluciones del comité de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno de Héctor Astudillo Flores son las más polémicas porque ponen en entredicho todos los pronunciamientos y la política de transparencia del Ejecutivo del estado. Como se sabe, la Sefina es la dependencia que maneja las finanzas del gobierno estatal de manera centralizada, por lo que las decisiones de su comité de transparencia repercuten prácticamente en todo el estado.

Por medio del acuerdo del 30 de junio de 2016 de su comité de transparencia, la Sefina clasificó como asuntos reservados las estrategias de fiscalización para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes; los procedimientos de cobro y cancelación de multas; la contenida en los juicios, recursos y procedimientos administrativos que se encuentren en trámite; la información preliminar sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos.

También clasificaron como reservada la información y documentos de trabajo correspondientes a la integración de los Informes del ejercicio del presupuesto y Cuenta Pública; la información relativa a la configuración, análisis, diseño y programación de las redes, servidores computadoras, equipos personales, equipos de comunicación de voz y datos, sistemas operativos, bases de datos, aplicaciones y sistemas, entre otros; la contenida en las revisiones y auditorías aplicadas a la Sefina, así como la derivada de los procesos de solventación de observaciones y señalamientos; la concerniente a los bienes muebles e inmuebles que sean relacionados con la seguridad pública.

En el mismo acuerdo, decidió clasificar como confidencial “los contratos de trabajo, los expedientes laborales y médicos, así como las percepciones del personal de la Secretaría”.

El argumento del comité de transparencia de la Sefina para clasificar toda esta información es que en los últimos años se han documentado en la prensa agresiones (amenazas, extorsiones, privación ilegal de la libertad, secuestro y homicidio) “en perjuicio de servidoras y servidores públicos (…) cuya responsabilidad estaba vinculada al manejo de información financiera, fiscal o de recursos humanos, dando cuenta de la vulnerabilidad de aquellos cuya identidad es reconocida y ubicable por el desempeño propio de sus funciones”.

En suma, la clasificación de la información es resultado entonces de la ineficacia del Estado para brindar seguridad a los ciudadanos en general y a la burocracia en particular. No es responsabilidad de los ciudadanos ni de quienes requerimos información pública esta situación, y en todo caso el comité de transparencia debió argumentar también el fracaso de la política de seguridad del gobierno del estado como una de las causales para la clasificación.

El Tribunal Superior

La opacidad también se fragua en el comité de transparencia del Tribunal Superior de Justicia del estado. En una de las actas públicas, los integrantes del comité clasifican como reservada la información sobre “los sueldos netos de: Magistrado presidente, Magistrado de sala y juez de primera instancia”. El argumento es que “la fracción V del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y 114, fracción I, de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, establecen como información reservada aquella que ponga en peligro la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”.

Este mismo argumento se empleó en varias ocasiones por el comité de transparencia del Tribunal para ocultar información que le solicitaron diferentes ciudadanos, como los datos “sobre los aguinaldos que perciben los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Guerrero, por categorías o nombramientos otorgados, desde archivista judicial hasta juez de primera instancia, respecto del año 2016”.

También se envió a la opacidad la información “sobre el otorgamiento de plazas de base o basificación a trabajadores administrativos del Poder Judicial del Estado en los años 2015 y 2016”; y datos sobre “el directorio de trabajadores de base y confianza, así como la remuneración bruta de todos los servidores públicos, de todas las percepciones, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos y sistemas de compensación” de 2017.

Otras solicitudes de información que el comité de transparencia del Tribunal no quiso responder son “la cifra total de cédulas profesionales (o títulos) que tengan registradas en todo el Poder Judicial del Estado de Guerrero de los Licenciados en la carrera de Derecho”; tampoco la solicitud relativa a “Los cuatro últimos informes anuales sobre los ingresos, inversiones y de egreso del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Guerrero (…)”, y otra sobre “cuántas quejas se han presentado en el periodo del año 2017, contra jueces, magistrados por alguna falta administrativa, por corrupción…”

Éstas son algunas resoluciones del comité de transparencia del Tribunal Superior de Justicia del estado en donde prevaleció el creterio de enviar la información a la opacidad. Curiosamente el comité clasificó información diversa sobre remuneraciones y aguinaldos como reservada y confidencial, aparentemente para proteger a empleados y funcionarios, pero olvidaron cuidar la privacidad de varios de los solicitantes de información, ya que hicieron público su nombre y hoy están expuestos en la plataforma nacional de transparencia.

Por cierto, todas las resoluciones son firmadas por Adela Román Ocampo, que fungía como presidenta del comité de transparencia y “Magistrado Numerario del Tribunal Superior del Poder Judicial”. Hoy es candidata a la presidencia municipal de Acapulco por el partido de Morena, y no es bueno este antecedente en materia de transparencia.

Otras dependencias

Otra dependencia que revisamos es la Secretaría de Educación de Guerrero, por la cantidad de recursos que se invierten en este sector. Lo que encontramos es que su comité de transparencia no ha realizado ninguna sesión y sólo publica que “hasta el momento el comité no ha realizado ninguna resolución, por la toma de oficinas” y también “por el temblor del mes de septiembre, no se han realizado resoluciones en virtud de que se están realizando visita a las escuelas dañadas por los sismos”.

El comité de transparencia de la Secretaría de Salud, no obstante que es también un sector estratégico en el que se invierten muchos recursos, tampoco ha realizado ninguna sesión.

El comité de la Secretaría General de Gobierno sí ha realizado sesiones, algunas para declarar la inexistencia de información. Por cierto, como parte del comité de transparencia en 2017, el recién designado fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, y la actual comisionada del Itaigro, Mariana Contreras Soto, eran presidente y secretaria técnica, respectivamente, del comité de transparencia de esta dependencia.

El Congreso del estado realizó sólo una sesión de su comité de transparencia, donde puso a consideración sus tablas de aplicabilidad y un reglamento de funcionamiento interno para el procesamiento de solicitudes de información. Esta única reunión fue el 11 de julio de 2017, es decir, a más de un año de la aprobación de la ley 207 de transparencia del estado.

El comité de transparencia de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, registró sesiones, pero sus vínculos electrónicos no llevan a ninguna parte. En tanto que la Universidad Autónoma de Guerrero realizó tres sesiones donde exhorta a sus áreas a facilitar información, espacios equipo y un secretario técnico y para proponer un proyecto de lineamientos de protección de datos personales de la UAG.

Ayuntamientos

En los municipios se presenta un panorama pobre en la integración y funcionamiento de comités de transparencia, no obstante que es en este orden de gobierno, donde más se requiere una toma de decisiones colegiada que haga contrapeso a las casi siempre inapelables decisiones de los alcaldes.

De los ayuntamientos que revisamos en la plataforma nacional de transparencia, sólo en Acapulco, Iguala y Coyuca de Benítez funciona con regularidad su comité de transparencia integrado por servidores públicos, regidores y ciudadanos. Independientemente de los temas que aborden y las decisiones que tomen actualmente, se requiere urgentemente institucionalizar y hacer regulares este tipo las instancias y las prácticas para la gestión de la información.

El comité de transparencia de Chilpancingo sólo ha sesionado en una ocasión, y en la integración del comité participa únicamente un ciudadano; su reunión fue informativa y no se tomaron decisiones significativas.

Otros ayuntamientos sólo realizaron la sesión de instalación, seguramente para evadir la multa del Itaigro. Es el caso del municipio de Eduardo Neri y Cuautepec.

En Zihuatanejo no se ha llevado ninguna sesión, y en el ayuntamiento de Taxco argumentan que “por lo de los sismos y afectaciones se cancelan las sesiones” y a la fecha no han realizado ninguna.

Tlapa no tiene registrada ninguna información y Chilapa tampoco informa sobre ninguna reunión. El ayuntamiento de Ometepec no tiene ninguna información, así como tampoco Juan R. Escudero, Ayutla, Tlacoachistlahuaca, Huamuxtitlán y Benito Juárez.