El comité ciudadano de ética y transparencia, sin resultados

El Sur, Periódico de Guerrero

El Sur, periódico de Guerrero, cumplió 25 años de vida, un acontecimiento que vale la pena ponderar y dimensionar cuando el oficio periodístico se ejerce en un estado como Guerrero, complejo, pobre, todavía caciquil, inseguro, y con permanente riesgo para quienes se dedican a informar. Hay detrás de estos años muchas vivencias, experiencias, sinsabores y éxitos, pero me quedo con su aspiración, que comparto, de que puede haber un Guerrero mejor; mientras ésta persista, que siga El Sur cumpliendo años.

No tenemos todavía en Guerrero ninguna experiencia exitosa de organismos ciudadanos de consulta o creados para colaborar y opinar sobre diferentes temas de la gestión pública. Y aunque el fracaso o la ineficacia de estos comités o consejos consultivos no son exclusivos del actual gobierno, sí tienen en común el propósito institucional de influir en su constitución y actividades por medio de la elección de personas “a modo”, acríticas o complacientes con las decisiones y acciones gubernamentales, pero de esa manera poco ayudan a mejorar los programas y proyectos públicos. A nada le viene mejor el adjetivo de decorativos, como a estos consejos ciudadanos.

En Guerrero todavía no se ha creado un organismo ciudadano que realmente tenga peso e influencia en la consulta, toma de decisiones o en la operación gubernamental, y esto es de lamentar porque son mecanismos que permiten sopesar, más allá de su colaboración en la mejora de alguna acción pública, la disposición y la apertura de un gobierno hacia la ciudadanía, más allá de declaraciones mediáticas.

Hay un caso emblemático de este tipo de organismos en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, se trata del Comité consultivo del programa de ética, transparencia y combate a la corrupción, constituido en octubre de 2016 para acompañar dicho programa. Pero todo parece indicar que el comité consultivo no está funcionando, pues a más de 18 meses de su creación, no ha influido en ninguna decisión gubernamental, no se conectó con la ciudadanía, se observan problemas internos o por lo menos hay ausencias constantes de sus miembros, y no se conoce quién lo preside en su segundo año de funcionamiento.

Aunque son varios los temas en los que pueden intervenir, los miembros del comité consultivo se han concentrado en la creación del sistema estatal anticorrupción, pero lejos de influir en el proceso o por lo menos contribuir a la difusión masiva de lo que se está haciendo, la presencia del comité consultivo más bien fue testimonial, porque en estricto, el gobierno del estado, por medio de una comisión intersecretarial, y el Congreso fueron los únicos responsables de las modificaciones a la constitución local, así como de las reformas o creación de las leyes correspondientes para la creación del sistema.

En este proceso de preparación y legislación de leyes, no hubo parlamento abierto, no hubo consultas a la ciudadanía, tampoco foros –sólo uno, a escasos días de la aprobación del paquete de leyes–, ni acercamientos con la sociedad civil, todas ellas funciones que debió gestionar el comité consultivo ciudadano, pero no lo hizo.

El día que les tomó protesta a los integrantes del comité consultivo, el 17 de octubre de 2016, el gobernador expresó “su “interés” en incluir a la sociedad civil organizada, organismos empresariales y medios de comunicación en el comité, porque “el combate a la corrupción no es tarea de uno, es tarea de todos”. Y en nombre de los integrantes del comité, habló Aleida Alarcón, del Grupo ACA, quien dijo que Guerrero ocupa los primeros lugares en ineficiencia y en opacidad, y ofreció que harían un trabajo puntual de evaluación y seguimiento de la ética y la transparencia “como lo marcan las leyes de la administración pública del estado de Guerrero. “Ya no queremos más corrupción, ya no queremos más ineficiencia en nuestro sistema gubernamental”, dijo en aquella ocasión.

 Los asegunes

A mediados de enero de 2017, escribimos en este espacio sobre la integración del comité consultivo, y las dudas saltaron por la falta de especialización de la mayoría de sus integrantes en los temas de transparencia y rendición de cuentas, pero también por las posiciones poco imparciales que habían mostrado algunos de los designados por el Ejecutivo del estado.

Las personas seleccionadas para integrar el comité fueron Aleida Monserrat Alarcón Domínguez, de la Asociación Civil Acapulco AC (Grupo ACA); César González Arcos, del Centro Empresarial Chilpancingo; Julián Urióstegui Carbajal, propuesto por la Concamingro; Arely Adriana Almazán Adame, de la Universidad Autónoma de Guerrero; y Silvia Galeana Valente, de la Fundación de Bloque de Mujeres al Poder AC.

Por lo menos dos integrantes del comité ciudadano mostraron que no eran tan imparciales como establecía la convocatoria. Julián Urióstegui Carbajal, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales y Empresariales del estado de Guerrero, se ha caracterizado por su incondicional apoyo al gobernador Héctor Astudillo; por ejemplo, publica desplegados para felicitar al mandatario por su informe de gobierno, o lo apoya en conflictos tan delicados y de los que no existen datos concluyentes como el de la balacera de La Concepción, en la zona rural de Acapulco, entre otros.

Arely Adriana Almazán Adame, otra de las integrantes del comité consultivo, fue propuesta por la Universidad Autónoma de Guerrero, es decir, labora en una de las dependencias que tienen obligaciones de transparencia y de establecer mecanismos de acceso a la información. Esto la convirtió en juez y parte. Pero lo más cuestionable es que el rector de la universidad descubrió la militancia partidista de Almazán Adame. El 7 de febrero, los medios de comunicación dieron a conocer la nominación de la funcionaria a una diputación plurinominal por el PRI, candidatura que la postre rechazaría, pero el rector “confirmó que la también directora de Planeación y Evaluación Institucional de la UAG hace muchos años tiene militancia priista”.

Esta confesión del rector pone en predicamento al comité consultivo, pues aunque la convocatoria no negaba la inscripción de militantes partidistas –aunque sí de los representantes de partidos– su militancia no es sana para un organismo ciudadanizado.

Informes y minutas

Para documentar las actividades del comité consultivo presentamos un paquete de solicitudes de información ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, como dependencia del Ejecutivo que coordina las sesiones del comité rector y del comité consultivo del programa de ética, transparencia y combate a la corrupción.

Los pocos y dispersos documentos obtenidos por esta vía no reflejan las actividades y los avances que, en su caso, ha logrado el comité consultivo. Lo que se alcanza a deducir de las minutas y los informes es una atención casi exclusiva hacia el tema del sistema estatal anticorrupción en Guerrero. Por ejemplo, aunque algunos integrantes del comité consultivo asistieron a las mesas de trabajo donde se preparaba el paquete de leyes del sistema estatal anticorrupción, su incidencia fue nula, en parte porque no había especialistas en el comité, en parte porque se concentró toda la representación en su presidente, y también porque el comité no buscó legitimarse entre las organizaciones de la sociedad civil para adquirir la fuerza necesaria que les permitiera influir. Por eso llama la atención que en su primer informe, el comité diga que “es y será el representante de la Sociedad Civil, que vigilará la adecuada implementación del Sistema (estatal anticorrupción)”, pues no hay que olvidar que el comité es un organismo creado desde el gobierno y que requería el aval o la legitimación de la ciudadanía, lo cual no ha sucedido.

En el segundo informe trimestral resalta la realización del Foro anticorrupción, perspectivas y retos en Guerrero, cuyos aspectos relevantes los reseñamos en este espacio (18 de julio de 2017) y se resumen en una abrumadora presencia de funcionarios públicos, escasa asistencia de representantes de la sociedad civil, no se invitó a la prensa y se realizó en un sitio de acceso restringido (Casa Guerrero). Incluso el reclamo de algunos de los ponentes invitados fue que el foro se hubiera realizado a destiempo, sólo cuatro días antes de que se aprobaran las nueve leyes del sistema local anticorrupción.

En su plan de trabajo, presentado ante el Comité rector del programa de ética, transparencia y combate a la corrupción, el comité consultivo se plantea el ambicioso objetivo de “supervisar que se implemente en tiempo y forma el Sistema Local Anticorrupción” y vigilar que éste “no tenga un marco legal de menor alcance o contrario al Sistema Nacional Anticorrupción”. Asimismo, se plantearon realizar dos foros para “servir de puente de comunicación con organismos de la sociedad civil para implementar el SLA”.

Otras actividades que no cumplieron son “Difundir las actividades en las que participa el Comité Consultivo”, “Convocar a los integrantes del Comité a que incentibemos (sic) a la sociedad civil, a participar de propuestas que mejoren el programa”, además de “Establecer acercamiento con organizaciones civiles que tienen actividad en materia de ética, transparencia y combate a la corrupción”.

Pendientes

Hay una serie de temas que realmente son importantes para la transparencia y la rendición de cuentas en el estado, y de los cuales el comité consultivo debería ocuparse. Uno de ellos es la designación del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del sistema estatal anticorrupción; sin éste, no podrá comenzar a funcionar el sistema. Hasta la fecha, el Congreso del estado ni siquiera ha publicado la convocatoria para la elección de las cinco personas que harán la designación del CPC, y ya se venció el plazo que establece la ley. El comité consultivo en este caso se debe pronunciar y exigir al Congreso que emita la convocatoria y sobre todo vigilar que haya un proceso adecuado aseado para que se seleccionen personas con el perfil y la especialización requeridas.

Por cierto, Digna Marroquín Cisneros, presidenta del Grupo ACA, en su toma de protesta de enero pasado, solicitó al gobernador apoyo para tener uno de los cinco lugares del CPC. Nada más incongruente, porque el CPC debe integrarse mediante un escrupuloso y transparente proceso que garantice la llegada de las personas más aptas, y esto no sea por contubernio o complicidad.
Otro de los asuntos en los que se debe concentrar el comité consultivo es en el seguimiento del programa especial de gobierno abierto y transparente 2016-2021, principal instrumento del Ejecutivo del estado para el tema. A la fecha, el comité consultivo no ha dicho ni una palabra sobre este programa.

Sobre el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero, el comité consultivo tiene mucha tela de donde cortar. Por ejemplo, el Congreso del estado no ha entregado resultados sobre quiénes integrarán el Consejo Consultivo del órgano garante, pues aunque se emitió la convocatoria, nada se conoce al respecto. La función del comité consultivo es buscar la información para ponerla a disposición del público, y en su caso, exigir a los diputados que concluyan o repongan el proceso.

También deben hacer un fuerte pronunciamiento sobre los bajos niveles en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, ya que a esta fecha los 208 sujetos obligados del estado deben tener el 100 por ciento de su información publicada en la plataforma nacional de transparencia, y ninguno lo ha hecho.

Otro asunto es el de las multas a los infractores de la ley de transparencia, pues a la fecha no se han aplicado a ningún sujeto obligado, con lo que se genera una cultura de la impunidad en esta materia. El comité consultivo debería gestionar y hacer un pronunciamiento respecto a este cuello de botella que ya lleva varios años en Guerrero, y que el gobierno de Héctor Astudillo tampoco ha destrabado.

Finalmente, el comité consultivo debe acercarse a las organizaciones y los ciudadanos -el presidente del comité ha estado presente en reuniones abiertas del CPC del sistema nacional anticorrupción y ha observado cómo éstas sirven para tender puentes con la sociedad civil- para que no parezca un organismo gubernamental antes que ciudadano.

Todos estos asuntos podrían ser incómodos al Ejecutivo, al Congreso o a los ayuntamientos, pero gestionarlos y emitir posicionamientos claros es lo mínimo que se espera de un organismo consultivo de carácter ciudadano. Todavía hay tiempo para que el comité consultivo deje de ser decorativo.

Guerrero, sin Gobierno Abierto

El Sur, Periódico de Guerrero

En Guerrero no hay ejercicios de gobierno abierto, aun cuando varios funcionarios y alcaldes, sin conocer realmente en qué consiste esta práctica, la adoptan en sus discursos sin ninguna responsabilidad. El portal electrónico del ayuntamiento de Coyuca de Benítez, por ejemplo, incluye este concepto en uno de sus slogans: Gobierno abierto y transparente. Otro ejemplo es el gobierno de Acapulco, que en febrero de 2016 publicó un boletín de prensa titulado “Reitera Evodio compromiso de encabezar un gobierno abierto y receptivo a la participación ciudadana”. Por su parte, en su primer informe de gobierno, el alcalde de Eduardo Neri aseguraba que las acciones realizadas por su gestión significaban “un avance sustancial para contar con un gobierno abierto, eficiente y transparente”.

Funcionarios del Ejecutivo del estado tampoco han escapado a esta tentación. Por ejemplo, el exsecretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen, resaltó que desde el inicio del gobierno de Héctor Astudillo Flores se han realizado una serie de acciones para fortalecer el ejercicio de gobierno abierto y transparente, según un comunicado del 10 de julio de 2017. Y el propio Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 denominó a su eje V, Guerrero con Gobierno Abierto y Transparente, pero no hay acciones para echar a funcionar este tipo de prácticas. Igualmente, el Ejecutivo del estado elaboró un Programa Especial Gobierno Abierto y Transparente para el mismo periodo, pero también carece de propuestas sobre gobierno abierto.

En suma, como la transparencia y la participación ciudadana en su tiempo, hoy el gobierno abierto se está convirtiendo en un concepto de moda, que hasta hoy sólo ha servido para adornar los pronunciamientos y documentos básicos de los gobiernos, pero nada más que eso.

 Qué es el Gobierno Abierto

De acuerdo con la definición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), gobierno abierto es un modelo de gestión que se basa en los principios de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas y tecnologías de la información  para formular políticas públicas que promuevan el diálogo, la colaboración y la co creación entre autoridades y ciudadanos para la atención de los principales asuntos públicos.

Existen muchas definiciones sobre el concepto, y quizás los componentes clave son la construcción de espacios y mecanismos de diálogo y colaboración entre ciudadanía y gobierno para la resolución de problemas públicos; y especialmente la procuración de un ambiente propicio para generar la confianza y la legitimidad que requiere esa colaboración; cualquier rastro de duda o simulación puede acabar con todo esfuerzo de construir este tipo de prácticas, precisamente como ya sucedió en otros estados, en la experiencia federal y parcialmente en Guerrero.

El concepto de gobierno abierto obtuvo un nuevo y su mayor impulso en 2009, cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó un memorándum ejecutivo sobre Transparencia y Gobierno Abierto, cuyo sentido y alcances proponía una interacción entre gobierno y sociedad a través de la transparencia, la participación y la colaboración, utilizando como como instrumentos el internet y las tecnologías de la información y la comunicación.

En 2011, varios países constituyeron la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), con el objetivo de propiciar compromisos de los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza.

México fue uno de los países que se adhirió a la AGA, y en septiembre de 2011, el entonces presidente Felipe Calderón presentó el plan de acción de México en el que se comprometió a aumentar la integridad pública, manejar más eficientemente los recursos públicos, aumentar la rendición de cuentas corporativas y mejorar los servicios públicos.

Cabe destacar que el AGA en México estaba coordinado por un secretariado técnico tripartita, integrado por la Secretaría de la Función Pública, el INAI y ocho organizaciones de la sociedad civil. Este esquema de gobierno abierto comenzó a promoverse en los estados y municipios a partir de 2015.

 ¿Gobierno Abierto en el estado?

En Guerrero se intentaron construir prácticas de gobierno abierto en 2016, pero el proceso quedó inconcluso. La iniciativa surgió de dos organizaciones, Guerrero Transparente y Ciudadanos por Municipios Transparentes, que establecieron contacto con funcionarios del gobierno del estado y del ayuntamiento de Acapulco, respectivamente, para que se sumaran a esta iniciativa que ya se había iniciado en otras entidades del país. El propósito era participar en la segunda convocatoria 2016, promovida por el INAI, para impulsar ejercicios de gobierno abierto en los estados.

El proyecto buscaba propiciar espacios de participación y diálogo (secretariados técnicos en los estados y municipios), por medio de los cuales autoridades, funcionarios y sociedad civil diseñaran e implementaran planes de acción local en los que plasmaran compromisos de gobierno abierto ambiciosos, realizables y relevantes para cada contexto local.

En su primera convocatoria de 2015, participaron 13 entidades federativas: Durango, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Jalisco, Coahuila, Tlaxcala, Hidalgo, Baja California, Chiapas, Tabasco, Zacatecas y San Luis Potosí. En la edición de 2016 se incorporaron Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Querétaro, Michoacán, Estado de México, Campeche, Guerrero y Distrito Federal.

En el caso de Guerrero, el compromiso de adhesión se formalizó mediante la firma, el 21 de junio de 2016, de una Declaración Conjunta para la Implementación de Acciones para un Gobierno Abierto, en la que participaron el Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de la Contraloría; el ayuntamiento de Acapulco, por medio de su Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa; el Itaigro, INAI y dos organizaciones de la sociedad civil.

En los meses siguientes se organizaron dos actos abiertos para difundir la intención de poner en marcha prácticas de gobierno abierto en Guerrero, y la designación de un facilitador para moderar el proceso. Pero no se hizo más.

Hay diferentes factores que obstaculizaron la puesta en marcha del gobierno abierto en Guerrero. En el caso del ayuntamiento de Acapulco, el desinterés y la simulación que comenzaron a observar los funcionarios conforme avanzaba el proceso de co creación; y en el Ejecutivo del estado, la falta de fuerza en la toma de decisiones del anterior secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, pues éste no pertenecía al grupo político del gobernador Héctor Astudillo, y prefirió administrar la secretaría con un perfil bajo.

En ambos casos también se observó una “burocratización de la agenda”, ya que los pasos sugeridos por el INAI para diseñar e implementar las experiencias de gobierno abierto se adoptaron en Guerrero de manera inflexible -en todos los estados hay circunstancias específicas que deben ser consideradas-, y siempre predominaron los tiempos y el ritmo del Itaigro y las instituciones gubernamentales que participaban en el proceso.

También hay que contar la “falta de sociedad civil” en el estado, la ausencia de organizaciones interesadas en este tipo de prácticas, y en general en la transparencia y la rendición de cuentas. Este déficit también puede explicarse porque no hay una disposición manifiesta para invertir tiempo y con frecuencia recursos financieros, sin que necesariamente se retribuyan. La falta de confianza en las instituciones gubernamentales es también un factor que desalienta la participación ciudadana, especialmente cuando aquellas se aprovechan de las iniciativas ciudadanas, o sus acciones son de simulación.

El caso Acapulco

La construcción de un ejercicio de gobierno abierto en el ayuntamiento de Acapulco se truncó precisamente por la simulación. En abril de 2016, Cimtra-Guerrero le propuso al ayuntamiento iniciar un diálogo para ubicar espacios de articulación entre ciudadanía y gobierno municipal y enmarcarlos como ejercicios de gobierno abierto. En ese marco, el ayuntamiento de Acapulco expuso su programa Lupa Ciudadana como un mecanismo para captar opiniones, comentarios, denuncias y quejas, a efecto de conocer cómo estaban funcionando los servicios proporcionados por el ayuntamiento, y propuso que Cimtra-Guerrero contribuyera a su promoción, difusión y seguimiento.

Por su parte, Cimtra expuso su interés por participar en la transparencia y seguimiento de la obra pública, y al respecto el ayuntamiento de Acapulco se comprometió a publicar una página electrónica especial sobre el tema con las versiones ciudadanas de los expedientes técnicos de las obras, el desglose del presupuesto anual del Fondo de Infraestructura Social Municipal, la propuesta de inversión, así como los avances físicos y financieros de las obras y acciones. Desde el principio, Cimtra dejó muy claro que su participación estaba condicionada a que hubiera compromisos y especialmente resultados concretos de las acciones que se acordaran.

Una vez que esta iniciativa fue aceptada como parte de la convocatoria de Ejercicios Locales de Gobierno Abierto 2016, como parte de la metodología del INAI se encargó la coordinación del ejercicio al Itaigro y se perdió la continuidad en el trabajo. A esto contribuyó también el cambio de funcionarios del ayuntamiento. Un año después de firmar la Declaración Conjunta, en junio de 2017, Cimtra-Guerrero se retiró del proyecto, ya que consideraron “que no se cumplieron los compromisos contraídos ni percibimos condiciones para que se concrete una colaboración de esta naturaleza”.

De manera particular se le hizo saber al ayuntamiento encabezado por Evodio Velázquez, que “Los compromisos hechos por el Ayuntamiento de Acapulco respecto de la obra pública municipal y del Programa Lupa Ciudadana, no se cumplieron”. Asimismo, se le expresó en ese entonces que “Al actual gobierno municipal de Acapulco le resta poco más de un año de gestión, tiempo que estimamos insuficiente para cumplir compromisos duraderos de Gobierno Abierto”.

El ayuntamiento redactó un escueto oficio en donde reiteraba “la voluntad y compromiso del Gobierno Municipal de Acapulco, en la búsqueda de la consolidación de un gobierno más abierto y transparente; estamos convencidos de que, con participación ciudadana, el camino a seguir para lograr los objetivos institucionales planteados al inicio de la administración municipal, será más asequible”.

Pero el ingrediente principal para la construcción de este tipo de ejercicios, la confianza, se había resuqebrajado.

 También en la AGA

En el mismo mes en que Cimtra rompió con el ayuntamiento de Acapulco, en la AGA nacional también se presentaron acontecimientos que propiciaron la pérdida de confianza. Diez organizaciones integrantes del secretariado técnico tripartita de la AGA, abandonaron el proyecto porque el gobierno de Enrique Peña Nieto no actuó de manera efectiva ante un  caso de espionaje de diferentes oficinas del gobierno mexicano a investigadores y defensores de la salud en México, revelado en febrero de 2017.

“En México no existen las condiciones para una participación libre y segura de la sociedad civil que permitan avanzar en la agenda de la Alianza para el Gobierno Abierto”, acusaron las organizaciones en un comunicado.

Un informe publicado por el periódico The New York Times en febrero de 2017 descubrió la participación de diferentes oficinas del gobierno mexicano en la vigilancia digital ilegal a por lo menos tres investigadores y defensores de la salud en México.

“Dos de estos tres defensores colaboran en instituciones que trabajan en conjunto con la Sociedad Civil y el gobierno en la iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), en específico para la construcción del compromiso de Obesidad del Tercer Plan de Acción / 2016-2018”. Ante dicha situación, las organizaciones exigieron al poder Ejecutivo Federal y a los comisionados del INAI, contrapartes en el secretariado técnico tripartita, actuar de manera efectiva ante este delicado asunto, pero todavía al día de hoy no ha habido una respuesta concreta.

El gobierno abierto es una tendencia de la gestión pública que parece irreversible. Aunque hoy se observan aún marcadas resistencias y obstáculos, las políticas públicas y los programas gubernamentales tendrán que nutrirse cada vez más con fórmulas donde la transparencia y la participación ciudadana tengan una intervención protagónica. Guerrero ya tuvo una primera oportunidad; es necesario esforzarse por otras más.

Se rezaga el Sistema Anticorrupción en Guerrero

El Sur, Periódico de Guerrero

El Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero tiene ya su primer pero significativo rezago: el Congreso del estado no atendió la designación de un comité de selección, encargado a su vez de elegir al Comité Participación Ciudadana, es decir, a uno de los órganos que componen el sistema anticorrupción y sin el cual no puede comenzar a funcionar.

En Guerrero, sobre todo el Ejecutivo, había sido cuidadoso para que la reforma constitucional y la creación o reforma de algunas leyes para dar viabilidad al sistema anticorrupción se aprobaran en tiempo y forma; pero en la implementación de esta política ya aparecieron los primeros obstáculos, que pueden derivar en el empantanamiento del sistema local, como ya sucedió en el orden federal.

La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, publicada el 18 de julio de 2017 y que entró en vigor el 1 de enero de 2018, establece los pasos necesarios para designar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC), uno de cuyos cinco integrantes presidirá al órgano que coordinará el mencionado sistema. Esto significa que sin este procedimiento no puede iniciar sus funciones el sistema anticorrupción.

Hay una etapa previa a la elección del CPC, y es que los diputados deben nombrar primero a una comisión de selección, integrada por personalidades de los sectores académico, investigación y de las organizaciones de la sociedad civil, que se encargará de designar a los miembros del CPC.

El problema es que el Congreso del estado no cumplió con los tiempos establecidos en la ley que ellos mismos aprobaron para nombrar a la comisión de selección. El plazo se venció en los primeros días de abril de 2018 y dicha comisión aún no existe, es más, ni siquiera se conoce alguna convocatoria. El artículo segundo transitorio de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción dice a la letra: “Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley [lo cual sucedió el 1 de enero de 2018], el Congreso del Estado, deberá designar a los integrantes de la Comisión de Selección”. No hubo tal y su omisión repercutirá de manera significativa en los tiempos de construcción del sistema.

En esta entrega abordaremos el estado que guardan los sistemas anticorrupción en los estados y las dificultades que han presentado en su construcción, de manera particular cómo se han designado los CPC, como una de las piezas clave del sistema.

 Paréntesis

 Antes de avanzar sobre el sistema anticorrupción, me permito llamar la atención sobre un tema diferente, pero que ejemplifica las resistencias y lo que piensan todavía muchos funcionarios respecto de la rendición de cuentas en el estado de Guerrero.

Hace algunos meses, un funcionario del actual ayuntamiento de Mártir de Cuilapan, le dijo a uno de nuestros compañeros de Cimtra-Guerrero, que realizaba la evaluación de transparencia en ese municipio: “para qué quieren que se transparente la información, eso sólo trae problemas; mejor impartan talleres para enseñarnos cómo esconder la información”.

Esto viene a cuento porque nos enteramos que una funcionaria que trabaja en la Dirección General de Transparencia de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental “recomendó” a servidores públicos, en un taller sobre el tema, que tuvieran “cuidado” con un servidor (“un periodista de El Sur”) porque, comentó, me dedicaba a solicitar información gubernamental sólo para “evidenciar” públicamente a las dependencias.

La anécdota no tendría importancia si no viniera del área que precisamente tiene la misión de promover el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y el acceso a la información en el Ejecutivo del estado y además emitida por una servidora pública. El hecho me parece muy grave y sólo espero que esta posición de la funcionaria no sea parte de una política deliberada de esa secretaría.

Por otra parte, puedo comentar que, efectivamente, me dedico a solicitar información para conocer, analizar, escudriñar, comparar y tratar de agregarle valor a la información respecto de las actividades que realizan no sólo el gobierno del estado, sino los demás poderes, los ayuntamientos, los organismos autónomos y en general todas las dependencias públicas, a efecto de que los lectores tengan una perspectiva diferente y mejor sustentada. Nuestro trabajo no tiene como fuente principal las declaraciones de los actores públicos y sus actividades, sino que en Monitor de Guerrero regularmente la información proviene de las respuestas a solicitudes de información. Me parece que es una buena forma de documentar con evidencias lo que sucede en el sector público para tratar de explicar acontecimientos que difícilmente serán narrados por los políticos y funcionarios, quienes casi siempre esconden en sus dichos lo que realmente sucede en sus gestiones.

 Los avances en el país

Regresando al tema principal, la construcción de los sistemas anticorrupción (nacional y estatales) ha sido un proceso cuesta arriba porque ha encontrado todo tipo de resistencias. El propio sistema nacional tiene hoy varios de sus integrantes ausentes, lo que no le han permitido operar plenamente; no se han nombrado los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ni al fiscal anticorrupción, tampoco varios de los sistemas estatales se han operativizado, como el de Guerrero.

Considerando que el CPC nacional tiene la facultad de establecer coordinación con sus similares a nivel estatal, ha realizado un monitoreo sobre la adecuada constitución de los sistemas locales anticorrupción.

De acuerdo con información del CPC nacional y con datos al 22 de febrero, faltan aún seis Congresos estatales para que nombren a su comisión de selección del CPC, éstos son Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero y Tlaxcala. En el caso de las entidades que ya nombraron comité de selección, pero que aún no cuentan con CPC están Baja California Sur, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz. A esa fecha, sólo 20 estados cuentan con CPC, lo cual representa el 62.5 por ciento del total de entidades.

Procesos cuestionados

Las leyes de nueva generación, relacionadas con la rendición de cuentas (Ley general de transparencia, ley general del sistema anticorrupción) contemplan que los procesos de designación de integrantes de los nuevos organismos (órganos garantes de la transparencia, comisiones de selección, comisiones de participación ciudadana) se realicen de manera abierta, transparente y con la observación de los ciudadanos.

Incluso, organizaciones de la sociedad civil han logrado que algunas normas se legislen bajo el principio de parlamento abierto, que es una modalidad con activa participación ciudadana, y han exigido que en los nombramientos de los titulares de dependencias relacionadas (auditor superior de la federación, magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fiscal federal anticorrupción) haya reglas claras y transparentes, con procesos abiertos, a efecto de que se garantice el arribo de los mejores candidatos a esos puestos.

Pero esta tendencia de apertura y transparencia no se ha reflejado en los estados, donde se deben construir a nivel local las instituciones necesarias para estar en condiciones de formar parte de los sistemas nacionales de transparencia, fiscalización, transparencia y anticorrupción.

En Guerrero, la integración de este tipo de organismos ciudadanos o con autonomía respecto de los poderes, no ha sido la más pulcra ni transparente; sólo hay que recordar el proceso reciente de elección de los comisionados del Instituto de Transparencia del estado para concluir que persiste la intromisión de actores externos.

Las designaciones en puerta, tanto de la comisión de selección como del CPC del sistema estatal anticorrupción, están en riesgo de correr la misma suerte. Y esta opacidad y simulación no es privativa de Guerrero, sino que ha proliferado en varios estados de la república.

En Oaxaca, por ejemplo, la organización Nosotrxs denunció que el proceso de integración del CPC estatal fue sido opaco, tendencioso y apresurado, ya que “A destiempo y con opacidad, se designaron a los integrantes de esta Comisión de Selección, en la cual se puede advertir que, salvo un par de excepciones, no se cumplen las reglas de tener personajes destacados de la academia o la sociedad civil. Esto pone en duda la adecuada instalación del Comité de Participación Ciudadana, para la cual personajes destacados que cumplían con las condiciones requeridas han sido desestimados”.

En Sonora “hubo parcialidad y manoseo para favorecer al PRI”, según denunció uno de los candidatos a ocupar un sitio en el CPC estatal, Juan José Duarte Bravo, quien agregó que “la deliberación sobre los participantes seleccionados no fue pública, sino que se hizo mediante cédulas a puerta cerrada y el procedimiento no se apegó a los estándares de transparencia”.

También en Zacatecas hubo denuncias en el sentido de que una de las designadas no cumplía con los requisitos establecidos en la convocatoria. La denuncia la realizó la diputada local Lorena Oropeza Muñoz.

En Aguascalientes, cuatro aspirantes que participaron en la convocatoria para integrar el CPC del estado manifestaron irregularidades en el proceso de selección de consejeros y promovieron un amparo contra la conformación de dicho comité. El Juzgado Quinto de Distrito ya admitió el recurso legal y actualmente está en proceso.

En Guerrero

La construcción del sistema estatal anticorrupción en Guerrero será un proceso complejo, ya que se trata de una institución nueva que involucra en su operación a varias dependencias, pero sobre todo, que implica la generación de políticas y procedimientos novedosos que deberán remover numerosas inercias y vicios vigentes en la administración pública del estado. El sistema tendrá en el comité coordinador a su componente directriz y más importante y estará integrado por un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá; el titular de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero; el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; el titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

Prácticamente todos los integrantes están en espera de sumarse al sistema, sólo falta el CPC, y antes, la integración de la comisión de selección del CPC, que deberá ser nombrada por el Congreso del estado. En el caso de los cinco integrantes del CPC, la ley establece que deberán ser ciudadanos “de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción en el Estado”.

Este el punto ha provocado numerosas inconformidades en los procesos de integración de los CPC en otros estados, ya que se denuncia que se eligen personas “a modo” y cercanas a funcionarios y políticos. En Guerrero esperamos que las autoridades gubernamentales que regularmente deciden o influyen en nombramientos detrás de bambalinas, se apeguen a lo que dice la norma y sean congruentes con todo lo que se dice en los antecedentes y considerandos de la Ley Estatal Anticorrupción.

Tan importante como la designación de los miembros del CPC es el proceso de nombramiento de los cinco ciudadanos de la comisión de selección. Este proceso también debe ser lo más pulcro y transparente posible. La mecánica es que el Congreso del estado convoque a instituciones de educación superior y de investigación del estado, para proponer a tres candidatos que integren dicha comisión de selección. Éstos deberán destacarse “por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción”.

Pero los legisladores también convocarán a organizaciones de la sociedad civil e investigadores especializados en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, para seleccionar a dos miembros.

Sin embargo, los diputados guerrerenses atendiendo primero los asuntos relativos a sus próximos cargos, no convocaron ni designaron a la comisión de selección, no obstante que la ley estatal anticorrupción establece que este proceso tendría que ocurrir dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de la ley, es decir, el 1 de enero de 2018.

Comenzó mal la implementación del sistema anticorrupción de Guerrero. ¿Habrá en el sector público quien esté interesado en echar a caminar el sistema, más allá de que sea una obligación dictada por la Constitución?

Sin control, la publicidad oficial en el estado

El Sur, Periódico de Guerrero

La discusión sobre los gastos de publicidad oficial está más vigente que nunca; el Congreso de la Unión tiene como fecha límite hasta el 30 de abril para reglamentar el artículo 134 de la Constitución en materia de publicidad oficial, esto como resultado de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida el 15 de noviembre de 2017, por un amparo interpuesto por la organización Artículo 19 sobre la omisión legislativa en esta materia.

El estado de Guerrero es un claro ejemplo de cómo los recursos destinados a la publicidad oficial se gastan de manera discrecional, poco transparente y sin controles, y esto incluye a los tres poderes, ayuntamientos, partidos y órganos autónomos. Nadie sabe cuáles son los criterios para la asignación de los recursos, ni por qué se contrata a medios de dudosa circulación; tampoco cuánto se le proporciona a cada uno y por qué no se difunde el nombre de los medios que reciben dinero público y sus contratos.

El caso más visible de este modus operandi es el Ejecutivo del estado, por la gran cantidad de recursos que gasta en el rubro de comunicación social. El gobierno estatal no publica la información referente a este tema, o lo hace de manera parcial, y las solicitudes de información que se le presentan –como lo han hecho varios periodistas del estado–, casi nunca son respondidas satisfactoriamente.

Con datos de los ejercicios 2016 y 2017 se puede corroborar lo antes dicho. De acuerdo con el documento Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016 del Poder Ejecutivo del estado, en 2016, el gobierno tuvo un sobreejercicio de recursos verdaderamente desmesurado, ya que tenía aprobado un gasto para “Servicios de comunicación social y publicidad” de 67.3 millones de pesos, pero al 31 de diciembre de ese año ejerció 519.6 millones, es decir, casi siete veces más de lo programado inicialmente.

Los 67.3 millones se distribuían entre 20 dependencias del Ejecutivo, pero hubo algunas que concentraron la mayor parte del gasto, según la fuente consultada. La Oficina del Gobernador, que no tenía programado un solo peso por este concepto, al final ejerció 331 millones de pesos, que representan el 63.7 por ciento del total de servicios de comunicación social y publicidad en 2016.

Otro ejemplo drástico es la Secretaría de Turismo, que tenía aprobados ocho millones y al final de 2016 gastó 53.6 millones de pesos. La Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, por su parte, inicialmente no tenía programado ningún recurso y al final gastó 17 millones. La Secretaría de Finanzas y Administración también dio un salto significativo al pasar de 2.2 millones de pesos originalmente aprobados a 84.2 millones de pesos ejercidos al final de 2016.

Varias dependencias del Ejecutivo estatal, a las cuales se les había programado un presupuesto para comunicación social y publicidad, al final les quitaron ese recurso, como es el caso de las Secretarías de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial; Educación de Guerrero, Economía y Desarrollo Económico; Contraloría y Transparencia Gubernamental, de la Juventud y la Niñez, y de la Mujer.

A otras les disminuyeron significativamente el gasto: Secretaría de Seguridad Pública, de Salud, Protección Civil, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Desarrollo Social y Sagadegro.

Esta tendencia de los sobreejercicios en el gasto de servicios de comunicación social y publicidad no es sólo de Guerrero.  Por ejemplo, en el gobierno de la república es una práctica constante, especialmente en la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, ya que en lo que va del sexenio, de 2013 a 2017, se han gastado más de 38 mil 247 millones de pesos destacando los sobrejercicios de 49 por ciento en 2013, 35 por ciento en 2014, 80 por ciento en 2015 y 134 por ciento en 2016, según datos de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Pero ni el más alto porcentaje de sobreejercicio del gobierno federal (134 por ciento) se parece al de Guerrero, que en 2016 alcanzó el 672 por ciento, una cifra que merece una explicación, ya que si bien no es ilegal, sí es evidentemente desproporcionado en un estado en el que persisten altos niveles de pobreza.

Los 519.6 millones de pesos que se gastaron en Guerrero en 2016 en comunicación social y publicidad, son mayores a los recursos ejercidos por la mayoría de las entidades y dependencias del Ejecutivo, y sólo tuvieron un gasto más alto las secretarías de Educación, Finanzas y Administración, Salud, Agricultura, Desarrollo Urbano y Seguridad Pública.

Respecto del ejercicio 2017, actualmente está en proceso de revisión de la cuenta pública de ese año y por lo tanto no hay documentos disponibles. Sin embargo, hay otras normas que sí obligan a transparentar este tipo de gastos, como la Ley 207 de transparencia, que en su artículo 81, fracción XXIII, mandata la difusión de “Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña.”

Al hacer la revisión del Sistema de portales de obligaciones de transparencia (Sipot), no hay en la lista de secretarías y dependencias del Ejecutivo una que dé idea de quién ejerce los recursos de comunicación social del gobierno estatal. Por eso recurrimos a la Ley orgánica de la administración pública de estado, y ahí se establece que es el área del Jefe de la Oficina del Gobernador a la que le corresponde “Conducir, coordinar y evaluar las tareas de comunicación social de la Oficina del Gobernador y coordinar en esta materia, las acciones de las Secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal” además de “Coordinar, con el apoyo de las Secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, la realización de programas o campañas específicas de comunicación social, en términos de las disposiciones aplicables, así como la emisión de boletines y comunicados que se difundirán por los medios de comunicación”, según el artículo 40 de esa norma.

Pero en el Sipot, el Jefe de la Oficina del Gobernador no tiene datos sobre los gastos de comunicación y en su portal sólo publica un documento de la Sefina denominado “Calendario de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017”, en el que se informa que hay un gasto de 69.9 millones de pesos para comunicación social y publicidad. No agrega la modalidad de asignación, a qué medios les proporciona recursos, con qué criterios, ni tampoco publica los contratos, tal y como los omitió en 2016.

Urge reglamentar

De acuerdo con Artículo 19, el presupuesto en materia de publicidad oficial en México se ejerce sin control y se usa para la promoción personalizada de los funcionarios y gobernantes, trascendiendo el ámbito de los derechos a la libertad de expresión y a la información, al control indirecto en las distintas líneas editoriales de los medios de comunicación.

Agrega en su diagnóstico que “los entes públicos no tienen reglas a las cuales sujetar la asignación de recursos y el gasto se ejerce de manera excesiva, discrecional, arbitraria y discriminatoria. Así, la publicidad oficial condiciona las relaciones entre medios y gobiernos, promoviendo o eliminando la pluralidad de líneas editoriales, ya que numerosos medios en el país dependen de ésta para mantener la publicación de sus contenidos”.

Concluye que en México, la dependencia de los medios del gobierno establece un estado de censura indirecta que ocasiona que la información que proveen se dicte o apruebe desde las mismas oficinas gubernamentales.

 ¿Y los otros sujetos obligados?

 Pero el gobierno del estado no es el único omiso en publicar su información sobre comunicación social. La revisión del Sipot de algunos sujetos obligados permitió observar que son muy pocos los que reportan estos datos, siempre de manera parcial, lo que confirma la discrecionalidad y falta de controles para asignar la publicidad oficial.

Por ejemplo, el Congreso del estado, para no publicar esta información, argumenta que “la estrategia de comunicación social del Congreso del estado de Guerrero se lleva a cabo a través de la página oficial y en redes sociales, por lo que no se presupuestan recursos para la ejecución de campañas de publicidad”. Sin embargo, en otro documento denominado Programa Operativo Anual, se enumeran actividades como “Renovación de contratos con medios locales y estatales”, “Boletines de prensa, infografías”, cuyos gastos se relacionan directamente con la comunicación social.

La Universidad Autónoma de Guerrero también es opaca en este tema, pero su argumento es otro: “con fundamento en el art. 74 de la Ley número 207 de Transparencia y acceso a la información pública del estado de Guerrero, la universidad se reserva los datos de información, con la finalidad de salvaguardar la integridad de las personas contratadas, por la inseguridad que impera en nuestro estado”.

Hay ayuntamientos, de los que se revisaron al azar, que no publican ni un dato respecto de sus gastos de comunicación social, como Tixtla de Guerrero, Atoyac, Cochoapa, Juan R. Escudero, Ometepec; otros organismos, como el Tribunal Estatal Electoral, aseguran que en 2017 no ejercieron recursos destinados a gastos de comunicación social (no obstante sus evidentes mensajes transmitidos por televisión). Por su parte, el ayuntamiento de Eduardo Neri publica información poco verosímil sobre este tema, pues asegura, según los datos del Sipot, que en los ejercicios 2016 y 2017 no ejerció recursos para comunicación social.

 Los que sí

El ayuntamiento de Iguala sí transparenta la mayor parte de su información sobre comunicación social. En 2017 gastaron poco más de cinco millones 835 mil pesos en este rubro, todos por adjudicación directa, y además publica los contratos celebrados con cada medio. Declara que no usó los tiempos oficiales. Y tampoco tiene un programa anual de comunicación social.

Por su parte, Chilpancingo reporta un gasto de 14 millones 575 mil pesos en 2017, también asignados por adjudicación directa. No publica los contratos, aunque sí los nombres de los medios que recibieron recursos. No reportó un programa anual de comunicación ni hizo uso de los tiempos oficiales.

Taxco reporta que en 2017 ejerció 646 mil 500 pesos; Zihuatanejo, por su parte, sólo tiene reportado el semestre julio-diciembre de 2016, con un gasto en comunicación por 928 mil 634 pesos.

Acapulco publica que gastó 43 millones 832 mil pesos en el ejercicio 2017 y enlista las facturas que el entregaron sus proveedores de estos servicios. En el caso de los contratos, ha encontrado un atajo legal para no publicarlos por la siguiente razón: “El rubro de versión pública de los contratos, corresponde a información de las obligaciones nuevas de transparencia, con las que se cuenta un periodo de hasta dos años para su publicación, en términos de los lineamientos técnicos generales para la publicación de la información; dichos contratos se encuentran en proceso de elaboración de versiones públicas, no obstante se publica la versión pública de la factura, misma que se considera información equivalente”.

No parece lógico que no haya elaborado los contratos con los medios del ejercicio 2017, pues es información que se genera cotidianamente desde el momento en que hacen la adjudicación directa, por lo que no necesitan dos años para publicarlos.

 Bases mínimas

 En esta coyuntura, 85 organizaciones civiles, académicas y empresariales, así como expertos, medios de comunicación y periodistas suscribieron las “Bases mínimas para la regulación de la Publicidad Oficial” y exhortaron al Congreso de la Unión a cumplir en tiempo y forma.

Algunas de estas bases son: Se requiere legislar una ley general que atienda a los tres órdenes de gobierno; definir criterios de asignación basados en la idoneidad; asimismo, máxima publicidad de las autoridades como de los medios de comunicación, para contar con una rendición de cuentas eficaz y controlar el uso de la publicidad oficial, además de transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating.

Otros puntos son: contenidos de utilidad pública y libres de promoción personalizada, fomento a la pluralidad y a la diversidad, mecanismos de control eficaces y uso racional de los recursos públicos, además de que la publicidad oficial debe ser siempre identificable.

Guerrero, reprobado en transparencia, según diagnóstico del Itaigro

El Sur, Periódico de Guerrero

El porcentaje promedio de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los 208 sujetos obligados o dependencias públicas registrados en el estado de Guerrero es de 39.6 por ciento, según la verificación diagnóstica concluida en diciembre de 2017 por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero (Itaigro).

Lo grave de esta información es que hay 36 sujetos obligados que no habían cargado ni un solo dato a la plataforma nacional de transparencia a esa fecha, y de éstos, 24 son ayuntamientos, siete del Ejecutivo, tres paramunicipales (organismos municipales de agua potable) y dos partidos políticos. Esto significa que 17.3 por ciento de las dependencias que tienen la obligación de publicar su información en la plataforma, todavía no lo han hecho, no obstante que se han dado prórrogas de varios meses y muchas facilidades de asesoría y capacitación para que estuvieran en condiciones de hacerlo.

Pero adicionalmente otras 32 dependencias públicas no fueron verificadas por diferentes circunstancias, siete en el caso de los ayuntamientos y ocho del Ejecutivo. También, siete sindicatos y siete juntas locales de conciliación y arbitraje -éstos supuestamente porque son sujetos obligados recién incorporados al sistema-; uno del poder Judicial, un organismo autónomo y un organismo de agua potable.

En total, 68 dependencias no tienen ninguna información publicada, y esto representa 32.6 por ciento del total, es decir, en Guerrero un tercio de las instituciones públicas obligadas a transparentar sus actividades no lo han hecho.

Hay otro grupo de 50 sujetos obligados, que representan el 24 por ciento del total, que no alcanza ni el 20 por ciento de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Esto se traduce en que en Guerrero hay 118 dependencias públicas cuyo nivel de atención a sus obligaciones de transparencia que establece la ley es bajísima, ya sea porque no han subido ningún dato o porque están por debajo del 20 por ciento de cumplimiento. Esto no es bueno para Guerrero y se requieren acciones urgentes.

En contraparte, hay un grupo de sólo 51 sujetos obligados (24.5 por ciento del total) que cumplen medianamente o de manera destacada con sus obligaciones de transparencia, ya que en sus evaluaciones obtuvieron porcentajes por arriba del 60 por ciento. Entre éstos se encuentran 30 dependencias del Ejecutivo, ocho ayuntamientos, seis organismos autónomos, dos partidos políticos, y dos del poder Legislativo, entre los más relevantes.

La evaluación

Por vez primera, el Itaigro realizó, con su propio personal, un monitoreo a la transparencia de los sujetos obligados o dependencias públicas de la entidad. En 12 años de existencia, el órgano garante no había efectuado ningún tipo de monitoreo, no obstante que las diferentes normas siempre han establecido la obligación de hacerlo.

Esta primera revisión del órgano garante puede considerarse como una de las últimas actividades importantes de los anteriores comisionados; es un resultado neto de las reformas a la legislación de transparencia de los años recientes, que exige a todos los institutos de transparencia del país realizar una revisión diagnóstica a las obligaciones de transparencia publicadas en la plataforma nacional de transparencia durante 2017. Pero a partir de 2018, esta actividad deberá realizarse cuando menos dos veces al año y los resultados ahora sí tendrán efectos vinculantes, es decir, el propio instituto o cualquier ciudadano podrán exigir el cumplimiento del 100 por ciento de las obligaciones de transparencia, ya que de lo contrario, podrá haber sanciones para los incumplidos.

Persisten las resistencias

Los resultados de la verificación diagnóstica son conocidos por cada uno de los sujetos obligados, ya que la revisión fue realizada de manera coordinada entre el personal del Itaigro y los titulares de las unidades de transparencia. A cada uno, pues nadie cumplió con el 100 por ciento, se le entregó un pliego de recomendaciones para subsanar las deficiencias en el cumplimiento de sus obligaciones en un plazo perentorio. Hubo, sin embargo, muchas dependencias que hicieron caso omiso.

Por ejemplo, sobresalen aquellos sujetos obligados que además de obtener cero de calificación por no haber publicado ningún dato en la plataforma nacional, tampoco atendieron el exhorto del órgano garante. Es el caso de la Secretaría de Cultura, Agroindustrias del Sur, Comisión Estatal del Arbitraje Médico, Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, el Colegio de Educación Profesional Técnica, Instituto del Deporte, los Fideicomisos Bahía de Zihuatanejo y Guerrero Industrial.

Están en el mismo caso el Consejo Estatal de Políticas Públicas, la Casa Guerrero en la Ciudad de México, la Universidad Intercultural del estado, el Partido del Trabajo, las comisiones de agua potable de Buenavista de Cuéllar, Chilpancingo, Taxco y Tixtla.

Entre los ayuntamientos que no han subido información y no atendieron la recomendación del Itaigro están Juan R. Escudero, Arcelia, Cocula, Cuajinicuilapa, José Joaquín de Herrera, Mártir de Cuilapan, Petatlán, Tecpan, Tlalixtaquilla, Xochihuehuetlán y Xochistlahuaca.

También Acatepec, Atlamajalcingo, Copalillo, Cualac, General Canuto Neri, Metlatónoc, San Luis Acatlán, Tixtla, Tlapa, Zapotitlán, Alpoyeca, Azoyú, Copanatoyac, Cuetzala, Igualapa, Leonardo Bravo, Mochitlán, Tecoanapa, Tlalchapa, Xalpatláhuac y Zitlala.

Pero hubo muchos otros casos que aun cuando se destacaron por obtener promedios altos de calificación, no entregaron su informe para corregir sus deficiencias. Es el caso de las secretarías de Finanzas y Administración, y General de Gobierno, y el ayuntamiento de Acapulco. En general, el Itaigro registró 80 dependencias que entregaron informe de subsanación de deficiencias, 91 no lo hicieron, y 19 lo entregaron con observaciones.

Los que sí

Hay un puñado de sujetos obligados que sí está cumpliendo con la publicación de su información de oficio. De acuerdo con el reporte del Itaigro hay siete dependencias del Ejecutivo que tienen porcentajes por arriba del 90 por ciento, dos ayuntamientos (Acapulco y Pilcaya), pero también el Partido Revolucionario Institucional, el Congreso del estado, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el propio Itaigro. En total, 12 dependencias con niveles satisfactorios de cumplimiento, apenas 5.7 por ciento de los 208 sujetos obligados.

También hay dependencias que se ubican entre el 80 y 89 por ciento de cumplimiento, entre éstas, nueve del gobierno del estado, el Partido Verde Ecologista de México, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón CRIT-Guerrero.

Aunque todavía son pocas las dependencias de Guerrero que están cumpliendo, estamos en un momento en que es necesaria la intervención de la ciudadanía. La información que se obtiene como resultado de las políticas de transparencia y de información gubernamentales sólo tendrá una utilidad social en la medida en que los ciudadanos la empleen para resolver problemas, para ejercer sus derechos y para exigir una mejor y más eficaz gestión pública.

Desde 2002 hemos exigido, junto con otras personas y organizaciones, que las instituciones gubernamentales del estado transparenten su información, y hasta hoy se observan algunos resultados palpables. Por eso ahora toca a los ciudadanos, grupos organizados, estudiantes, investigadores y periodistas revisar, analizar y evaluar la actividad gubernamental a través de la información que publican.

Desafortunadamente no hay una cultura para realizar este tipo de ejercicios -que hacen diferente a una ciudadanía activa del clientelismo y otras prácticas de manipulación-; la promoción para que la información pública tenga una utilidad social será un proceso cuesta arriba, pero necesario y en el que pueden contribuir sectores conscientes y de avanzada del propio aparato gubernamental.

Los medios de comunicación también tienen una función importante. Desde ya, pueden revisar la plataforma nacional de transparencia para analizar la información que publica cada dependencia, y cuestionar, analizar, presentar solicitudes de información sobre los datos que aún queden oscuros; es una forma de periodismo de investigación, del que todavía hay poco en Guerrero.

En la medida en que la población haga suyos estos mecanismos y conozca y analice la información de lo que hacen sus gobernantes, en esa medida tendrá la posibilidad de exigir que los recursos se ejerzan con eficiencia y eficacia, que le construyan obra pública, y que le presten servicios de educación y salud de calidad, entre otros temas.

Política de transparencia

Desde 2014 hay una política nacional de transparencia en México, que en el plano legislativo se concretó con las reformas a la Constitución y la promulgación de la Ley General de Transparencia. Son cuatro años en que los sujetos obligados han sido informados de sus obligaciones, han tenido oportunidades de capacitación y asesoría, tanto del INAI como del Itaigro, y hasta se les concedieron dos prórrogas para tener 100 por ciento de su información en la plataforma nacional de transparencia. Todo esto sin contar que desde junio de 2006 todas las dependencias saben que deben publicar información básica sobre sus actividades y finanzas, sin importar si hay cambios de gobierno. Son compromisos institucionales.

Pero el panorama actual que presenta el estado no es muy alentador, los datos duros del diagnóstico realizado por el Itaigro muestran rezagos preocupantes. ¿Qué hace falta para que haya un cumplimiento cabal?

Sin duda está presente el desinterés de los titulares de los sujetos obligados y una manifiesta oposición a cumplir con la ley, pues se piensa todavía que los recursos públicos son patrimonio de los gobernantes, y que la transparencia sólo entorpece ese camino.

Los cambios que se busca introducir en la gestión pública –como la transparencia, la rendición de cuentas o la evaluación de las políticas y programas públicos–, implican capacitación, nuevos procedimientos, adecuaciones a las estructuras, son procesos lentos, con resistencias, inercias y oposiciones al cambio. Y aunque han madurado varias de las etapas, ya es tiempo de emplear el componente coercitivo, el de las sanciones, que hasta hoy es desconocido en Guerrero, ya todavía en el estado nadie ha sufrido consecuencias por no acatar la ley. Al día de hoy, esa dimensión de las sanciones no se ha desarrollado, ni por la Secretaría de Finanzas y Administración ni por el Itaigro, por lo que está coja la política de transparencia en Guerrero.

Lo que no ayuda

La semana anterior, el presidente comisionado del Itaigro, Pedro Arzeta García, “reconoció el esfuerzo del alcalde Jesús Tejeda por garantizar al ciudadano el acceso a la información de acuerdo con lo que marca la ley en la materia”, según información del instituto publicada en su red social.

En el mismo acto de toma de protesta del comité de transparencia de Chilpancingo, el comisionado Francisco González Tapia Gutiérrez expresó que “debo reconocer que el Instituto de Transparencia, si bien es cierto es el órgano garante a nivel estado, no podría cumplir con sus obligaciones si no estuviera auxiliado por los sujetos obligados por eso el día de hoy, esta recomposición del órgano municipal, abona a que la transparencia en el estado se suscite adecuadamente (sic)”.

Ambos comisionados conocen perfectamente el diagnóstico del estado en materia de transparencia, pues el propio instituto se encargó de realizarlo. También saben que el ayuntamiento de la capital tiene bajísimos niveles de transparencia en la plataforma nacional (apenas 22 por ciento) y ni siquiera tiene un apartado de transparencia en su portal electrónico.

Los comisionados también saben, porque firmaron dos acuerdos de incumplimiento de entrega de información en contra del ayuntamiento de Chilpancingo apenas el 1 de marzo, que este gobierno municipal no es el más dispuesto a cumplir con el derecho de acceso a la información de los ciudadanos.

Entonces la pregunta es ¿cuál es reconocimiento que merece el presidente municipal capitalino en materia de transparencia? El Itaigro es un organismo autónomo que debe cuidar lo que dice y hace; no abona en nada que los comisionados reconozcan merecimientos donde no los hay, y tal vez sea mejor que contribuyan a que los ciudadanos confiemos en ese organismo, al que la mayoría de los comisionados anteriores se encargaron de desprestigiar.

La ecuanimidad en las declaraciones, ejercer su autonomía e independencia respecto de los poderes, y mucho trabajo es lo que se necesita en el organismo en este momento.