Desbocada la corrupción en México

El Sur, Periódico de Guerrero

La corrupción en México está sin control, así lo destacan las principales organismos e instituciones que analizan su comportamiento y cuantificación. La organización Transparencia Internacional, por ejemplo, recién dio a conocer su Índice de Percepción de la Corrupción 2017, donde México cayó seis lugares respecto al año pasado al pasar del sitio 129 al 135, de un total de 180 países evaluados. Nuestro país obtuvo una calificación de 29 puntos, en una escala que va de 0 a 100, y a nivel regional se ubicó entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil (en el lugar 96), Argentina (85) o Colombia (96).

Pero hay otros indicadores que observan directamente el desempeño de la administración pública y cuyos resultados negativos pueden relacionarse con la corrupción, éstos son las revisiones a las cuentas publicas de las entidades gubernamentales, que cada año practica la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En su entrega más reciente, la del 20 de febrero de 2017, la ASF encontró que “en 2016, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -que encabeza Rosario Robles- desvió 1,747 millones de recursos públicos (…) Y lo hizo usando universidades públicas y televisoras públicas”, según reseña el portal de noticias Animal Político, que también recuerda que el mecanismo empleado para consumar este desvío -conocido como La Estafa Maestra- no había sido utilizado por la Sedatu, pero sí por la Secretaría de Desarrollo Social, precisamente cuando la misma Rosario Robles estuvo al frente.

Esa fuente de noticias también explicó que el desvío de recursos se produce al entregarle contratos millonarios a dependencias públicas aprovechando una excepción a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios al Sector establecida en el artículo 1, las cuales a su vez le dan el dinero a empresas privadas, seleccionadas sin licitación. Entre las empresas incluso hay algunas fantasma, ya denunciadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por no tener oficinas ni empleados.

En el caso de las entidades federativas, los probables desvíos alcanzan a entidades como Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo. Pero ¿qué encontró la ASF en el caso del estado de Guerrero respecto de los recursos federalizados? Aquí algunos de sus resultados.

Recursos federalizados

Las cuentas públicas que revisó la ASF son del ejercicio 2016, es decir, corresponden enteramente al gobierno de Héctor Astudillo y a las actuales administraciones municipales. Por la cantidad de entidades fiscalizables, la ASF revisa sólo una muestra de dependencias públicas de cada estado y los resultados de la fiscalización se realizaron en tres etapas (junio, octubre y febrero). En esta entrega nos referiremos a las más destacadas de las tres fases.

De acuerdo con el informe ejecutivo de la ASF, en la partida de recursos federalizados programables (Ramo 33, Ramo 25, convenios de descentralización y Subsidios), en el indicador monto observado/muestra auditada, la ASF ubicó a Guerrero en el lugar 14 con 9.0 por ciento (en la revisión integral), es decir, por cada peso transferido por este concepto, se observaron nueve centavos. Hay estados que tienen más observaciones a su gasto como Veracruz con 20.7 por ciento, Morelos (15.6), Baja California Sur (14.7), Michoacán (14.2) y Nuevo León (12.8).

En el caso del ejercicio de las participaciones (recursos no etiquetados, Ramo 28), la muestra auditada fue de 4,960.2 millones de pesos y las observaciones fueron de 390.3 millones de pesos, para un porcentaje de 7.9 por ciento, es decir, de cada peso enviado a Guerrero por concepto de participaciones, fueron observados ocho centavos. Comparado con otros estados, Veracruz tiene 35.7 por ciento, Nuevo León 31, Quintana Roo 63.5 y Zacatecas 28.4.

Sí bien, las cuentas públicas del estado ya no se encuentran entre las que más observaciones tienen en el país, según las comparaciones de la ASF, sí persisten prácticas y omisiones que no han podido desterrarse desde gobiernos anteriores.

Salud, educación e infraestructura

El sector salud continúa siendo uno de los más observados por las revisiones de la ASF; de hecho, el órgano fiscalizador determinó que el gobierno del estado no realizó “una gestión eficiente y transparente de los recursos” de este fondo. Del ejercicio 2016 se revisó el 96 por ciento de los 4,372.4 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), y se detectaron 851.6 millones de pesos como probable daño a la hacienda pública federal, de los cuales 609.3 millones corresponden a impuestos sobre la renta por sueldos y salarios no enterados al SAT; 211.4 millones por no pagar en su totalidad los enteros del SAR y Fovissste, así como 27 millones de préstamos realizados a otros programas, entre otras irregularidades.

Éste ha sido un problema recurrente durante varias administraciones estatales. La Secretaría de Salud nunca ha explicado pública y satisfactoriamente a qué se destinan los recursos –en 2016, más de 800 millones de pesos– que se desvían al no pagarse diversos impuestos de los trabajadores, y esto es particularmente grave cuando hay denuncias constantes por la falta de medicamentos y equipo en casi todos los hospitales y centros de salud del estado.

Lo mismo sucede con el programa Seguro Popular. En este caso, la ASF encontró un probable daño por 49.4 millones de pesos que corresponden al no pagarse los enteros del ISR y Fovissste y SAR. Y del programa Prospera, componente de salud, el gobierno del estado incurrió en inobservancias de la normativa, que generaron un probable daño a la hacienda pública federal por un importe de 63 millones de pesos. También se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 142.6 millones de pesos, de las cuales la entidad fiscalizada no acreditó que fueran aplicadas en los objetivos del programa.

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo del Ramo 33 es el más cuantioso en el estado, ya que en 2016 recibió 16,542.3 millones de pesos. Durante la revisión de la ASF se determinaron cuantificaciones monetarias por 387.4 millones de pesos, que corresponde a recuperaciones probables, integradas por el pago de 180.7 millones a personal adscrito a centros de trabajo bolsa o personal por reubicar, los cuales no son financiables con el fondo; un millón 200 mil pesos para pagar personal adscrito a centros de trabajo en Guerrero, así como en los estados de Hidalgo y México, los cuales no son compatibles geográficamente; también se determinó la falta de documentación soporte de pagos realizados con recursos de Gasto de Operación por 57 millones de pesos y 148.4 millones, con lo que se pagó personal que no fue localizado durante la verificación física de los centros de trabajo, pero que estuvieron adscritos durante 2016 a los centros de trabajo financiados con el FONE.

En el caso de Fondo de Infraestructura Social para las entidades (FISE), aunque la ASF encontró que el gobierno del estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, y además incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia, ya que no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos, las obras y acciones y sus costo, ubicación, metas y beneficiarios, el órgano fiscalizador federal determinó que el gobierno del estado realizó “una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa”.

Pero del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, la ASF encontró que la administración de Astudillo no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos. Al revisar el 98.5 por ciento de los 1,233.8 millones de pesos transferidos por este fondo, se observó que al 31 de diciembre de 2016, el estado gastó el sólo 47.8 por ciento de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (28 de febrero de 2017) el 64.2 por ciento, lo cual generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados.

Asimismo, se determinaron posibles daños a la hacienda pública federal por un importe de 4,843.3 miles de pesos, al destinarse a conceptos que no están relacionados con la supervisión y control de las obras realizadas, al pago de gastos indirectos que le corresponden a otros fondos.

Otro fondo que presentó subejercicios es el Fondo de Aportaciones Múltiples, del que se revisó el 59.8 por ciento de los 890.6 millones de pesos recibidos en el estado. Al 31 de diciembre de 2016, el gobierno estatal no había ejercido el 52.8 por ciento de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2017, aún no se ejercía el 22.5 por ciento, lo que propició que no se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas.

De los recursos ejercidos en el rubro de Infraestructura Educativa, el 1.3 por ciento (11.7 millones de pesos) se destinó al pago de obras de infraestructura básica que no están beneficiando a la población objetivo, ya que no se encuentran terminadas ni en operación; asimismo, se omitió aplicar penas convencionales por incumplimiento de los plazos de ejecución por 2.3 millones, y hacer efectivas las garantías de anticipo y de cumplimiento por un millón de pesos.

Obra pública municipal

Respecto de los recursos transferidos mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), en general, la ASF concluyó que los ayuntamientos guerrerenses evaluados no disponen de un adecuado sistema de control interno que les permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas. Igualmente, las revisiones determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia, ya que los municipios no proporcionaron a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, ni tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora.

Su conclusión es que los ayuntamientos revisados no realizaron una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISMDF. A todos los ayuntamientos les observaron la adquisición de fertilizante con recursos de este fondo, aunque nunca lo menciona por su nombre, sino que los denomina “proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la Sedesol y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos especiales, y tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal”.

Es el caso de Acatepec, que invirtió 16.6 millones de pesos (11.5% del FISMDF) al programa de fertilizante; Ayutla, con 50.3 millones de pesos (33.6% de lo asignado); Chilapa, con 40.1 millones (17.2% de lo asignado); Ometepec, que invirtió 19.7 millones de pesos (17.4%); y Chilpancingo, que gastó 13.6 millones de pesos en la compra de fertilizante (8.7% del FISMDF), y San Luis Acatlán (29.9 millones).

En particular, de Acapulco indicó que al 31 de diciembre de 2016 gastó sólo el 70.7 por ciento de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de mayo de 2017) el 94.5 por ciento, y esto generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. Asimismo, se le determinaron cuantificaciones monetarias por 15.1 millones de pesos que corresponde a recuperaciones probables, integradas por 10.5 millones de transferencias a otras cuentas del municipio, las cuales no fueron reintegradas a la cuenta del fondo, el pago de un millón y medio con recursos del FISMDF que se debieron pagar con recursos del Fortamundf 2017, y el pago de 3 millones por concepto de copias, impresiones, escaneos de expedientes de obra y servicios de integración de expedientes, acciones que no están comprendidas dentro del catálogo del fondo.

Revisión ciudadana

Son numerosas las revisiones realizadas por la ASF a las entidades gubernamentales en el ejercicio 2016 en sus tres etapas, que sería imposible resumir en este espacio. Queda, sin embargo, la sensación de que detrás de cada observación del órgano fiscalizador federal hay una presunción de corrupción, y en el mejor de los casos, de ineficiencias e incapacidades de las entidades gubernamentales para hacer un ejercicio eficiente de los recursos públicos.

La ciudadanía debe aprender a analizar los resultados de estas revisiones, porque para la exigencia de una gestión pública sin corrupción, ya no sólo es necesaria la buena fe y la confianza en los gobernantes; hace falta una actuación más activa.

Nuevos comisionados en el Itaigro

El Sur, Periódico de Guerrero

En un lapso de 17 días, dos acontecimientos exhibieron el estado en que se encuentra la transparencia y el acceso a la información en Guerrero, así como los procedimientos poco cuidados con los que se designan cargos tan importantes como los de comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro).

Hace 10 días, el órgano garante, en voz de su presidenta, Elizabeth Osorio Patrón, presentó el doceavo informe de actividades del instituto, correspondiente al ejercicio 2017; aunque es posible destacar algunos avances, lo realmente sobresaliente del informe es la férrea resistencia de muchas dependencias públicas a cumplir las obligaciones que establecen las leyes en la materia, pero también la inacción, omisión o lentitud de las instituciones involucradas para garantizar el derecho de acceso a la información.

Uno de los indicadores que destaca es la presentación de 7 mil 547 solicitudes de información durante 2017, casi siete veces más que en 2011, cuando entró en funcionamiento la plataforma electrónica de gestión de solicitudes Info Guerrero, y 21 veces más que en los primeros años de vigencia de la primera ley de transparencia, cuando se registraban un promedio de 350 solicitudes anuales.

Detrás de esta cifra hay un dato alentador: el creciente interés de la ciudadanía por conocer lo que hace su gobierno y la utilización de los mecanismos que permiten tener acceso a ese tipo de información. Aun cuando Guerrero es un estado con rezagos en el acceso a la tecnología de amplios sectores de la población, la mayor parte de las solicitudes (98 por ciento) fueron por vía correo electrónico y a través de la plataforma nacional de transparencia.

Hay, sin embargo, muchos datos que desalientan porque dejan ver la dimensión de las resistencias que persisten en las dependencias públicas. Por ejemplo, 58 sujetos obligados no cumplieron con la obligación de presentar su recuento anual de las solicitudes de información que recibieron en 2017. Esto equivale a 27.8 del total de dependencias obligadas a hacerlo; entre éstas se cuentan 11 oficinas del Ejecutivo, 21 ayuntamientos, siete sindicatos, dos universidades y el poder judicial del estado, y de acuerdo con el Itaigro, no entregar el informe anual de solicitudes de información es una falta grave que puede ser sancionada con una multa económica.

Hay también otros incumplimientos como no integrar su comité de transparencia o no designar al titular de la unidad de transparencia. En el primer caso, son 30 los incumplidos y en el segundo, 41. Esta irregularidad también es muy grave porque denota el nulo interés de los titulares de las dependencias por instalar la infraestructura básica para la gestión de información. Aunque el Itaigro no publicó en su informe cuáles son las dependencias que se encuentran en estos dos casos, sin duda coinciden con los que no responden solicitudes de información y tampoco entregan informes.

 Más datos

Hay 11 dependencias que concentran casi el 50 por ciento de los recursos de revisión o quejas presentados por la ciudadanía ante el Itaigro. Entre ellas están la Secretaría de Educación de Guerrero con 19 quejas, el Congreso del estado con 13, la Fiscalía General del estado (11), Secretaría General de Gobierno (10), ayuntamiento de Acapulco (10) y el Tribunal Superior de Justicia del estado (8).

También están el ayuntamiento de Chilpancingo (7), la Secretaría de Finanzas y Administración (6), la Secretaría de Salud (6), el Itaigro (6) y la Universidad Autónoma de Guerrero (6). El número de recursos presentados en 2017 representa el 2.7 por ciento del total de solicitudes registradas, según la información del Itaigro. Sin embargo, y si tener datos duros a la mano, tenemos la presunción -por la experiencia en estas lides- que hay un subregistro de recursos de revisión, es decir, son más las ocasiones en que el ciudadano recibe negativas o le retrasan la entrega de información o le proporciona información que no corresponde, de lo que registra la información oficial. Los ciudadanos no confían aún en los procedimientos o les parecen muy engorrosos y tardados, por lo que prefieren no presentar sus recursos.

Otros cuellos de botella, que el Itaigro no aborda en su doceavo informe de actividades, es el que se refiere al incumplimiento de sus resoluciones. La consejera presidente del órgano garante informó sobre 266 recursos de revisión resueltos, 112 del ejercicio 2016 y 154 de 2017; de estos últimos, en 59 casos “se instruyó al Sujeto Obligado a entregar la información”. El problema es que en la gran mayoría de los casos, las dependencias públicas hacen caso omiso a las resoluciones del Itaigro y continúan con la negativa a entregar información; así, no hay manera ni legal ni extra legal de hacer valer el derecho de acceso a la información. No sabemos cuántas resoluciones están en este caso porque el Itaigro no tiene datos sobre el asunto o no los ha publicado.

Finalmente, una de las situaciones más preocupantes es la omisión en la aplicación de sanciones económicas. La pelota está en la cancha de la Secretaría de Finanzas y Administración, que desde hace ya muchos meses no ha establecido el procedimiento apropiado para hacer efectivas las multas. Sin este importante eslabón, queda trunco el ejercicio de acceso a la información y abre la puerta a la impunidad.

En general, 2017 tuvo sus mejores avances en la institucionalización del órgano garante con el establecimiento de normas internas y organización del trabajo, además de la rendición de cuentas institucional. Sin embargo, los grandes pendientes están fuera del instituto y si no hay una inteligente y estratégica intervención, difícilmente veremos avances significativos en los próximos meses.

 Los nuevos comisionados

En las diferentes ocasiones en que se emitieron convocatorias para designar a las y los comisionados del Itaigro -2006, 2010, 2014- hubo expectación sobre la manera en que se integraría el órgano garante de la transparencia en el estado. Por la naturaleza de sus funciones, la expectativa natural siempre ha sido que los procedimientos de la elección de los integrantes sean transparentes, abiertos, impecables; sin embargo, regularmente no ha sido así porque en las diferentes legislaturas han predominado las asignaciones por cuotas de partidos y de personas inelegibles; incluso, las torpezas del legislativo de Guerrero propiciaron que hace dos años y medio un tribunal colegiado enmendara la plana a los legisladores y se vieran obligados a sustituir a un consejero que no era elegible.

Pero el proceso de 2018 no tiene precedente, ya que como en ningún otro se observó un proceso de designación de candidatos apresurado, opaco y en el que no hay evidencia de una elección con base en la experiencia y especialización en la materia.

Quien esto escribe se presentó en el mes de enero por lo menos tres veces en las oficinas del Congreso del estado para preguntar por la calendarización de las entrevistas públicas de las y los candidatos a comisionados del Itaigro, pero nunca nadie supo dar esa información; tampoco en estrados publicaron los nombres de los aspirantes, ni las versiones públicas de sus currículos, ni sus propuestas de trabajo, datos básicos para que cualquier ciudadano interesado pudiera conocer los perfiles de los candidatos.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, en su artículo 38, establece claramente que “en los procedimientos para la selección de los Comisionados se deberá garantizar la transparencia, independencia y participación de la sociedad”. Y en la Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero, en su artículo 36, fracción II, inciso a) dice: “La Junta de Coordinación Política realizará una evaluación de los aspirantes. A su vez revisará los perfiles, celebrará las entrevistas que requiera con los aspirantes, las cuales serán públicas y, en su caso, realizará las demás evaluaciones que considere pertinentes”.

Claramente el Congreso del estado no se apegó a los principios de garantizar la transparencia y la participación de la sociedad del proceso, al contrario, los procedimientos de revisión y designación fueron apresurados -todos en 24 horas, el 15 de enero- y se omitió realizar entrevistas públicas con las y los aspirantes a comisionados, como lo exigen las leyes y como se estableció en la convocatoria que los propios legisladores emitieron para la designación.

Por la opacidad con que se llevó a cabo el proceso, se desconoce incluso el perfil profesional de quienes fueron designados; escuetamente el Congreso informó que Mariana Contreras Soto es licenciada en derecho por el ITAM, asesora de la titular de la unidad de transparencia de la Secretaría General de Gobierno; enlace del programa de ética, transparencia y combate a la corrupción y encargada de trámite de solicitudes de información.

De Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez se dijo que fue asesor del Congreso del estado, del Instituto Estatal Electoral y de la unidad de transparencia del municipio de la Unión, además de secretario técnico del consejo de administración del Congreso del estado. Y de Pedro Delfino Arzeta García dijeron que cuenta con cursos, talleres coloquios en la materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales y experiencia profesional en la rama periodística. Como puede observarse, es pírrica su trayectoria en transparencia, acceso a la información y en rendición de cuentas.

Al respecto, el artículo 38 de la Ley General de Transparencia dice que en la conformación de los órganos garantes de los estados se procurará privilegiar la experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como procurar la igualdad de género. Lo mismo establece la Ley 207 de transparencia del estado en su artículo 36, fracción III, inciso a).

Simulación

Es lamentable que el Congreso haya organizado un remedo de designación de los consejeros. Las y los aspirantes fueron convocados apresuradamente el 15 de enero para ser entrevistados, pero era claro que era una simulación porque la decisión ya estaba tomada fuera del Congreso del estado. En una jornada maratónica, en donde desahogaron numerosos asuntos, se designaron a los tres consejeros pasada la media noche. La táctica de hacer la selección en la madrugada funcionó porque los medios de comunicación ni se enteraron de la designación de los nuevos consejeros y de la burda manera como se llevó a cabo.

Incluso en las redes sociales circuló, específicamente en la página de “Notisur Guerrero”, por lo menos tres horas antes de que las y los diputados “eligieran” a los comisionados, una nota donde se daban los nombres de los designados. Una burla monumental, no hubo seriedad en el proceso.

Los nuevos comisionados nacen con un déficit de legitimidad. Sus primeras decisiones deberán remontar la incredulidad y opiniones adversas del proceso mediante el que fueron electos. Los retos que hay por delante son difíciles y complicados, porque deberán resolverse en el corto plazo (el tema de las multas, los incumplimientos de subir información a la plataforma nacional de transparencia, los sujetos obligados sin unidades ni titulares de transparencia, el rezago de recursos de revisión y más recientemente, las presiones de un potencial conflicto laboral, si deciden cambiar de personal), todo con un bajísimo presupuesto.

La curva de aprendizaje de los comisionados será lenta porque la normatividad del ejercicio del derecho de acceso a la información se ha complejizado, y mientras tanto se acumularán rezagos que se sumarán a los ya existentes.

El gobernador Héctor Astudillo colocó a Mariana Contreras Soto en el Itaigro como una de sus piezas. Se espera que esa posición signifique mucho más que tener una chamba, es decir, que a través de ella se puedan operar acciones que superen rezagos e inercias y se dé un nuevo impulso a la transparencia en el estado. Haber pertenecido al equipo del gobernador puede acercarle recursos adicionales al Itaigro para resolver muchos de los retos, también puede ser muy útil para conformar un verdadero equipo profesional y especialmente para que el pleno funcione como un organismo colegiado, y no fragmentado como lo hizo hasta el 8 de febrero de 2018.

Creemos que lo que pase en el Itaigro de aquí en adelante, será un reflejo de la política de transparencia y acceso a la información que quiere el gobernador para el estado, pues ningún mandatario se había involucrado tanto en el proceso de designación del órgano garante.

Regidores de Acapulco presentan comprobación inconsistente (II)

El Sur, Periódico de Guerrero

Aunque la comprobación que presentan los regidores de Acapulco de sus gastos de gestoría de manera general cumple con las reglas que establece la Auditoría Superior del Estado (ASE), una revisión minuciosa evidencia muchas inconsistencias e incluso irregularidades. En esta entrega de Monitor de Guerrero presentamos la segunda parte de un análisis de los documentos de comprobación de los ediles, del ejercicio 2016, que obtuvimos del ayuntamiento a partir de dos solicitudes de información y un recurso de revisión.

En la edición anterior aseguramos que los regidores y síndicos de Acapulco gozan de privilegios como ningunos en el estado, porque reciben recursos financieros para “gastos de orden y gestoría social”, que utilizan prácticamente a su arbitrio. Un millón 680 mil pesos es la cantidad que recibe anualmente cada regidor, a razón de 140 mil pesos mensuales, que utilizan para “ayudas sociales a personas” utilizando sus propios criterios para definir a qué persona ayudan, con cuánto y por qué lo ayudan.

Ante la falta de reglas claras, los regidores del puerto, aun cumpliendo con los lineamientos de la ASE, pueden destinar el dinero que reciben a hacer proselitismo, a su proyección personal o a generar clientelas para fines partidistas o particulares. En el caso específico de la comprobación de los recursos de 2016, si bien aprobaron los controles internos del ayuntamiento de Acapulco, difícilmente pasarían una auditoría social o la vigilancia ciudadana, ya que los documentos presentan muchas inconsistencias. Lamentablemente no existen tales figuras en la normativa municipal de Guerrero y el ejercicio de dichos recursos permanece en duda.

Los lineamientos

 Los Lineamientos para la Comprobación de Gastos de Orden y Gestoría Social fueron emitidos por la ASE en enero de 2012. Este tipo de gastos, dice la norma, “se derivan de acciones implementadas por los Municipios en sustento al desarrollo de la comunidad, en razón de que fueron creados para brindar apoyo económico o en especie a los ciudadanos”, pero advierte que estos recursos invariablemente deberán proceder de los ingresos propios generados por las administraciones municipales.

Los gastos de orden social se entregan a los ediles “para conocer las demandas de la población en relación al desarrollo comunitario o casos concretos de carácter personal que requieran atención inmediata y gestionarla”, y pueden gastarse en alimentación, pasajes y traslados, hospedaje, combustible, peajes, papelería, mantenimiento, equipo de transporte y servicio telefónico.

Hay que recordar que por concepto de gastos de orden social, cada regidor de Acapulco recibe 70 mil pesos mensuales, y sería interesante que presentaran los diagnósticos elaborados con ese dinero, ya que con éstos, dicen los lineamientos, los regidores ya cuentan “con elementos suficientes para establecer de manera puntual, justa y equitativa la asignación de los recursos financieros con que cuenta la administración a la satisfacción de esas demandas”.

El otro tipo de recursos que son entregados a los ediles se denominan “gastos de gestoría social” destinados a “dar atención inmediata a las necesidades más apremiantes de la población en situación de extrema pobreza y marginación o rezago social, la atención puede ser mediante apoyo económico o en especie a los ciudadanos o asociaciones con fines no lucrativos que así lo soliciten, asimismo, a personas destacadas en el área deportiva, académica o artística que requieran de apoyo para continuar su superación personal y profesional”.

Los cuestionamientos comienzan con la comprobación. Si bien los lineamientos de la ASE especifican que los gastos de orden y gestoría social pueden comprobarse tanto con facturas fiscales como con “recibos de egresos”, el resultado de nuestra revisión indica que hay un abuso de estos últimos, no obstante que la mayoría de los ediles entregan apoyos para adquirir electrodomésticos (estufas, refrigeradores, colchones, lavadoras) y materiales de construcción (cemento, grava, arena, madera), de los cuales se pueden obtener facturas fiscales con cierta facilidad.

También se observa una generalizada falta de evidencias en la entrega de los apoyos. Si bien los regidores tratan de cumplir los requisitos documentales de la ASE, descuidan el tema de la presentación de evidencias, especialmente fotos, informes y otros documentos probatorios.

En este caso se encuentran las y los regidores Karina Ríos Radilla, Luis Miguel Terrazas, Olga Salmerón Mendoza, Enrique Granados Morga, Rodolfo Escobar Ávila y Braulio Montes Vázquez quien por cierto entregó a dos personas del mismo domicilio apoyos para mantenimiento de vivienda, así como dos apoyos a una misma persona.

Dudas en las comprobaciones

Casos específicos de comprobación dudosa son, por ejemplo, los de la regidora María de Jesús Antonio Reynoso, que presentó oficios de solicitud que no corresponden con los conceptos que entrega y también hay muchos apoyos que se brindaron a beneficiarios cuyos domicilios son imprecisos. Las constancias de radicación expedidas por una delegación municipal son idénticas en la firma y el sello, por lo que se puede presumir su falta de autenticidad. Los recibos están mal elaborados, casi todos con los apellidos cambiados y con muchas faltas de ortografía.

Marbelia Salas Flores presenta fotos de las condiciones en que se encuentran las viviendas, pero no de los resultados después de los apoyos entregados. No se encontró congruencia entre la dirección que aparece en los recibos de recepción de los recursos y la de sus comprobantes, por ejemplo, da un apoyo en el poblado de Km 42 y el beneficiario comprueba con un recibo de la comunidad Los Ilamos. Respecto a las solicitudes de análisis clínicos, algunas no tienen ni fecha ni nombre del médico que ordena los análisis. Se observó que la mayoría de quienes solicitan y reciben dinero para análisis clínicos son personas muy jóvenes, y los análisis que se ordenan no son congruentes ni verosímiles por el tipo de estudios específicos que se pidieron.

El regidor Amílcar García Estrada entregó dos apoyos a la misma persona por el mismo concepto (recibos 3188 por 5 mil pesos y 3951 por 5 mil 500 para material de construcción); también apoyos a la misma persona con dos conceptos diferentes (recibo 6718 para adquirir un refrigerador y recibo 5792 para comprar una lavadora).

En el caso de la regidora Emma Reyes Hernández hace entrega de muchos electrodomésticos, pero no presenta las facturas. Hay una incongruencia con la entrega de apoyo a una “madre soltera” de 60 años y con una persona beneficiada del municipio de Chilpancingo. También se observaron inconsistencias en los certificados de radicación expedidas por un comisario municipal, ya que esta autoridad firma con apellidos diferentes, y se presume que son una reproducción idéntica y sólo modificaron los datos. La información de las personas que piden certificados poseen predios que miden exactamente lo mismo. Los datos de la credencial INE de los beneficiarios tienen domicilio distinto al del certificado de radicación, incluso difieren en el nombre de la comunidad.

En el caso de la regidora Alejandra Solorio Almazán, la mayor parte de los apoyos fue para adquirir electrodomésticos (17 estufas, 17 refrigeradores, 20 colchones 20 31 lavadoras 31), pero hay por lo menos 11 personas que recibieron dos de estos apoyos en el mismo año.

Verónica Cadena Saligán es también una regidora que se especializó en la entrega de electrodomésticos (colchones, estufas y refrigeradores) pero no existen facturas de lo comprado. Se detectaron personas que fueron beneficiadas dos veces (recibo 3122 por 5 mil pesos para material de construcción, y recibo 3800 por 5 mil 500 pesos para la compra de un refrigerador). O como los recibos 4969 (lavadora) y 5765 (lavadora) a nombre de la misma persona; también los recibos 4968 (refrigerador) y el 5766 (refrigerador) para la misma persona.

Rosa María Trani Torralva entregó dos apoyos, uno por 4 mil y otro por 8 mil pesos para corridas de toros. En abril presentó facturas de artículos electrodomésticos que compró para el Día de las Madres; en mayo continuó apoyando festejos del 10 de mayo, pero ya sin facturas. Aunque presentó algunas fotos de estos festejos, se observó que hay imágenes repetidas para diferentes eventos.

Ulises Manrique Dorantes no presenta fotos de evidencia de entrega de los recursos. En los apoyos del mes de enero de 2016 destaca que la mayor parte de las beneficiadas sean mujeres jóvenes de entre 21 y 25 años (ocho de los 12 apoyos otorgados ese mes) quienes recibieron recursos para despensa, mantenimiento de vivienda y pasajes. También se observó que en los apoyos para gastos médicos, es un solo médico el que expide todas las recetas, lo cual no sería irregular si sus servicios fueron gratuitos.

Más dudas

 Vladimir Beciez Romero entregó dinero a beneficiarios para ir a consultas fuera de Guerrero, pero no hay recetas médicas; también para ir a torneos deportivos y encuentros académicos a Guadalajara, Puebla y Querétaro, pero ningún solicitante anexa datos oficiales de las actividades adonde acudieron. En el caso del apoyo para materiales de construcción, no hay facturas ni fotos ni ninguna evidencia de la adquisición.

María Antonieta Guzmán Visario presenta comprobaciones de apoyos de despensa para ser entregadas a grupos de personas, pero no se observó evidencia (nombres, listas de entrega, domicilios) de los beneficiarios, y la entrega fue a la persona que gestiona apoyos. También abundan las solicitudes de personas que van a cuidar a sus padres o abuelos enfermos en estados de Puebla, Veracruz, Morelos, Tijuana, Oaxaca, Sonora, Quintana Roo, Durango o CDMX, o en municipios del estado de Guerrero, y a quienes se les apoya con montos que van de los 5 mil a los 10 mil pesos.

El regidor Porfirio Librado Daza Rodríguez casualmente el 8 de enero recibió varias solicitudes de apoyo para gastos funerarios, algunas respaldadas con el certificado de defunción y otras no. Presenta fotos ilegibles de apoyos con materiales de construcción, y también faltan documentos de identidad de las personas. En mayo se gastó 30 mil pesos en “regalos” para madres y niños, cuyas fotos por cierto no reflejan los gastos reportados y se presume son imágenes de otros eventos.

Comprobación razonable

 Sólo hay tres regidores y regidoras que presentan comprobaciones más o menos congruentes. Gloria Sierra López es una de ellas, ya que incluye solicitudes verosímiles de apoyo y anexa la documentación correspondiente como fotografías de los apoyos recibidos o los trabajos realizados; en el caso de apoyos de beneficio colectivo, se exhiben solicitudes con sello de comisarios o delegados municipales, así como documentos para su identificación. Aunque pocas, también agrega facturas fiscales, pero en la mayoría de los casos son recibos firmados por los beneficiarios.

Es el mismo caso de la regidora Alma Juárez Altamirano, que presenta recetas verosímiles y fotos de las condiciones en que se encuentran las viviendas y de las personas a quienes les proporciona los apoyos. También de Arturo López Sugia, que en el caso de apoyos para análisis clínicos, las órdenes de análisis son verosímiles ya que provienen de diferentes laboratorios (distintos de los dos que utilizan todos los demás regidores) y hay médico que firma la solicitud y son congruentes los análisis que piden.

Lo que falta

Hay varias prácticas que pueden contribuir a transparentar los recursos y a una mejor evaluación social de lo que hacen los regidores. En el primer caso, la pregunta relevante es si existe la comprobación de los gastos de orden y gestoría social, por qué no se elaboran versiones públicas de estos documentos y se difunden públicamente.

También sería muy útil que la ASE actualizara los lineamientos para este tipo de gastos e incluyera criterios e indicadores de cumplimiento de objetivos sociales, ya que las revisiones que hacen los órganos de control interno del ayuntamiento con la norma actual son insuficientes. El cabildo, por su parte, debe pensar en incluir mecanismos de contraloría ciudadana que verifiquen desde otra perspectiva el ejercicio del gasto de los síndicos y regidores.

Estas propuestas, que pueden parecer ingenuas, son sin embargo el piso mínimo para un ejercicio de gasto público de manera democrática, transparente, justa y honesta, por parte de representantes populares del municipio más grande de Guerrero. No hacerlo así, todo lo que se diga es opacidad y simulación.

Gastos de gestoría: los privilegios de los ediles de Acapulco (I)

Publicado en El Sur de Acapulco

Los resultados de una investigación periodística sobre los “gastos de gestoría” que reciben algunos regidores y síndicos, así como los diputados de Guerrero, se abordarán en esta y la siguiente entrega de Monitor de Guerrero. Se trata de una partida muy cuestionada por su opacidad y nula rendición de cuentas, ya que públicamente no se conoce de dónde proviene, de cuánto son los montos, los criterios para su ejercicio, la comprobación de ese gasto y su impacto en la población.

No hay en la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado ningún enunciado que faculte a los regidores para ejercer recursos públicos de manera directa, aunque tampoco lo prohíbe. En todo caso, éstos deberían sujetarse a la normatividad para el control, fiscalización y transparencia -como todos los recursos públicos-, y no ser excepcionales sólo porque provienen de los recursos propios de los ayuntamientos.

Las solicitudes presentadas se refirieron a la “Cantidad de recursos financieros entregados a los regidores como Gastos de Gestión durante 2016”. Se pidió que los datos se desglosaran por regidor y partido político y que proporcionaran el nombre, ubicación y monto de las obras reportadas con estos recursos. También se les requirió la “descripción del procedimiento mediante el cual los regidores comprueban estos recursos”.

La información solicitada es parte de la que obligatoriamente deben publicar todas las dependencias públicas. La Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero, en su artículo 81, fracción XV, del capítulo de las “Obligaciones de Transparencia Comunes” dice que las dependencias públicas deben transparentar “La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio”.

Pero ningún ayuntamiento lo hace, ni tampoco el Congreso del estado, de ahí que fue necesario solicitarla mediante los procedimientos que establece la ley.

La gestión de información y la revisión de documentos para realizar este trabajo fue de casi un año; tuvo dos propósitos, a saber: conocer qué ayuntamientos guerrerenses proporcionan recursos públicos a los ediles para sus “gestiones” y en qué condiciones lo hacen; y poner a prueba los procedimientos e instituciones establecidos en la ley para el acceso a la información pública gubernamental.

La información que publicamos se deriva de las respuestas a 71 solicitudes de información presentadas desde el 5 de enero de 2017 para conocer cómo ejercen estos recursos los ediles de 70 municipios guerrerenses -únicas demarcaciones, de las 81 que existen en el estado, habilitadas en la plataforma electrónica Info Guerrero en esa fecha- y los legisladores del Congreso del estado.

Primeros hallazgos

Lo primero que destaca es que 27 ayuntamientos no respondieron a las solicitudes en los plazos que fija la ley, y otros dos sujetos obligados -ayuntamiento de Chilpancingo y el Congreso local- dieron datos que no correspondían a lo requerido; en consecuencia, se presentaron 29 recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero (Itaigro).

Un balance sobre las dificultades para el acceso a la información en el estado, así como sobre las respuestas que dieron los ayuntamientos -casi todos los 44 gobiernos municipales que sí contestaron dijeron que no otorgan recursos a sus regidores- se publicó en la edición del 25 de abril de 2017 de Monitor de Guerrero, “Opacidad en los gastos de gestión”.

Igualmente, el 2 de enero de 2018, en “Transparencia en 2017; qué hay para 2018” se describió el rezago en el procesamiento de recursos de revisión y el incumplimiento de las resoluciones del Itaigro, pues aunque ha emitido 22 resoluciones, sólo se han cumplido cinco, es decir, a diez meses de que se presentaron 29 recursos de revisión, sólo se obtuvieron datos de cinco gobiernos municipales.

Hay un problema muy grave en el estado en materia de acceso a la información, derivado de la falta de atención a las solicitudes de información por los ayuntamientos, del rezago en el procesamiento de recursos de revisión, y de la falta de consecuencias para quienes incumplen las resoluciones del órgano garante local, pues ninguna multa ni otras sanciones se han aplicado a la fecha.

Acapulco y otros 4 ayuntamientos

Había interés particular por los cinco ayuntamientos con mayor número de población en el estado, pues éstos tienen más posibilidades de recabar ingresos propios, y por lo tanto, de financiar los gastos de gestoría social de sus ediles. El gobierno municipal de Taxco respondió que les otorga 5 mil pesos mensuales a sus regidores, mientras que el de Iguala proporciona la misma cantidad. El ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta omitió responder y el Itaigro aún gestiona un recurso de revisión presentado el 20 de febrero de 2017. Por cierto, también pendiente de resolución se encuentra el recurso de revisión del Congreso del estado que se presentó el 13 de febrero de 2017.

Del gobierno municipal capitalino, Chilpancingo, el órgano garante emitió una resolución el 17 de octubre de 2017 para que entregara la información sobre sus ediles, pero esto no ha sucedido. Dice la resolución que el sujeto obligado tendrá un plazo de tres días hábiles para cumplir o de lo contario se haría acreedor a una multa económica de 10 mil 956 pesos, “con independencia de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de los servidores públicos”. Ya pasaron tres meses y el ayuntamiento de Chilpancingo no ha entregado la información; no se ha cobrado ninguna multa y tampoco se ha iniciado ningún procedimiento de responsabilidad administrativa. Es la ruta que han seguido casi todas las 22 resoluciones que emitió el Itaigro.

Acapulco es un caso aparte. Los regidores y síndicos del ayuntamiento de Acapulco deben considerarse privilegiados porque reciben montos significativos de recursos, que destinan a “gestoría social”; el ayuntamiento les entrega poco más de 1.6 millones anuales a cada uno.

Los datos que se presentan en adelante se derivaron de las respuestas a dos solicitudes de información, a la documentación del procedimiento de un recurso de revisión en contra de ese gobierno municipal, y a la revisión de cerca de 14 mil hojas de comprobación de gastos de 20 ediles porteños correspondientes al ejercicio 2016.

Las solicitudes a Acapulco

En su respuesta, el ayuntamiento de Acapulco informó que 19 regidores en 2016 recibieron recursos por 1 millón 680 mil pesos y un regidor, un millón 710 mil pesos (seis ediles son del PRI, cinco de la coalición PRD-PT, cinco del PAN, dos de Movimiento Ciudadano, uno del PT y uno del Partido Verde). No informó si los síndicos recibieron este tipo de recursos.

Hasta este punto, no había problemas con el acceso a la información del ayuntamiento de Acapulco, pero sí cuando se presentó una segunda solicitud con el folio 00084517, que literalmente decía: “Relación de acciones por concepto de gastos de orden social y gastos de gestoría social de 2016, desglosado por cada regidor del ayuntamiento, acción, comunidad, monto y fecha”. También se solicitó copia de las facturas y comprobantes de lo gastado por cada regidor.

Como respuesta, se recibió un oficio de la Unidad de Transparencia del ayuntamiento Acapulco -vencido ya el plazo que otorga ley para responder a una solicitud- para decir que no entregaría la información porque “deberá solicitarla a quienes generan el gasto directamente”, es decir, a los ediles.

Al respecto, la norma es muy clara. En el caso de Guerrero, el artículo 52 de la Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dice que “Los sujetos obligados contarán con un área responsable para la atención de las solicitudes de información, a la que se le denominará Unidad de Transparencia, la cual será la única competente para recibir y tramitar todas las solicitudes de información y las relativas a datos personales que se presenten”.

Sobre el requerimiento de “Copia de las facturas y comprobantes del mes de enero de 2016, agrupados por cada regidor”, el ayuntamiento también negó la información porque “contiene datos personales de terceros”. Es probable que el ayuntamiento se refería a los proveedores de bienes o servicios pagados con recursos públicos, o bien, a los beneficiarios de los apoyos otorgados por los ediles. Pero en ninguno de los dos casos tenía razón.

En el primer caso, la negativa no se justifica, ya que la información solicitada se encuentra enmarcada en el artículo 81, fracción XXVIII: “La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados (…)”.

Tampoco la segunda, porque igualmente está incluida en la ley: “La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: (…) q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo”. (artículo 81, fracción XV).

No había pues, ninguna justificación para negar las comprobaciones del gasto ni tampoco para no informar a qué se destinaban estos recursos. Por esta negativa se presentó un recurso de revisión ante el Itaigro el 23 de marzo de 2017 en contra del ayuntamiento de Acapulco.

El órgano garante emitió una resolución el 10 de octubre de 2017 ordenando que se entregara la información, y el 30 del mismo mes la Unidad de Transparencia del ayuntamiento comunicó la disposición de la misma.

Qué entregaron

En formato electrónico, el gobierno municipal de Acapulco nos entregó cerca de 14 mil hojas correspondientes a pólizas de cheques, tablas de control, recibos de la Tesorería municipal, y especialmente, recibos firmados por las y los beneficiarios que recibieron el apoyo, así como copias de documentos de identificación y su lugar de residencia.

Durante 2016, los regidores y regidoras de Acapulco recibieron mensualmente cheques por 70 mil pesos, cada uno por concepto de “gastos de orden social, subsidios, apoyo social, materiales, suministros y gastos en general necesarios para la operatividad de las oficinas de los ediles”, de la cuenta de Recursos Propios del ayuntamiento de Acapulco.

Pero adicionalmente, recibieron 70 mil pesos mensuales por concepto de “subsidio adicional por gestoría social en cumplimiento de sus funciones, necesarios para la operatividad de las oficinas de los ediles”.

En total, cada regidor o regidora recibió del orden de un millón 680 mil pesos en 2016, de acuerdo con los documentos del ayuntamiento que revisamos.

Sin embargo, la comprobación que nos entregaron corresponde sólo a 70 mil pesos mensuales erogados por cada edil; del resto del dinero que ejercieron no se recibió ningún documento y por lo tanto no hay evidencia de en qué se gastó.

Los regidores comprobaron de manera muy diferente los recursos. Al revisar los documentos en nuestro poder, algunos ediles hicieron una comprobación razonable, presentaron evidencia documental y fotográfica de los apoyos que proporcionaron; pero otros, la mayoría, improvisaron su comprobación, abusaron de los recibos firmados por los beneficiarios y hay una notable ausencia de facturas fiscales, no obstante que una gran cantidad de dinero se destinó a la compra de electrodomésticos (estufas, refrigeradores y hasta colchones), a materiales de construcción (madera, cemento, grava, arena, láminas) y a medicamentos o análisis de laboratorio, es decir, conceptos de los que se pueden emitir ese tipo de comprobaciones formales sin mucha dificultad.

La gran cuestión de los gastos de gestoría no es que los regidores dispongan de dinero para canalizarlo a personas de bajos recursos o a proyectos de beneficio colectivo -eso podría ser legítimo si hubiese reglas claras- sino su utilización discrecional, su opacidad y su comprobación deficiente.

En la siguiente entrega se abordará con más detalle la manera en que los regidores porteños comprobaron los recursos que ejercieron a partir de la revisión de la documentación entregada por el ayuntamiento de Acapulco.

La transparencia en 2017; qué hay para 2018

Publicado en el Sur de Acapulco

El año que recién terminó fue variopinto en materia de transparencia, acceso a la información y la rendición de cuentas. Entre lo bueno se cuenta que el proceso de construcción del sistema estatal anticorrupción dio un importante paso al aprobarse las reformas constitucionales y leyes que le dan sustento. Lo lamentable del año es que el funcionamiento del sistema nacional de transparencia en el estado continúa dando tumbos, y específicamente el acceso a la información todavía es un derecho que no se ejerce plenamente en Guerrero, pues persiste un nudo estructural que incluye a las dependencias públicas que niegan la información y desacatan las resoluciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado (Itaigro), un órgano garante que arrastra rezagos e inercias en el procesamiento de los recursos de revisión, y lo más grave, quienes infringen la ley de transparencia todavía gozan de impunidad, pues al día de hoy aún no se aplican medidas de coerción para los infractores.

El 2018 será un año interesante por varios motivos. Comenzará una nueva gestión en el Itaigro -con los mismos o nuevos comisionados- que deberá resolver en el corto plazo las deficiencias que arrastra. Un hecho que sucederá por vez primera, es la designación de un consejo consultivo ciudadano que vigilará y dará seguimiento al trabajo del órgano garante.

Se elegirá también el comité de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción, el cual este mismo año deberá a comenzar a funcionar.

Finalmente, otro hecho importante es que comienza la obligación de publicar información de oficio para todas las dependencias públicas, con la diferencia de que esta vez sí habrá consecuencias para quienes no lo hagan.

En esta edición se presenta un recuento de aciertos y desaciertos ocurridos en la materia durante el año que concluyó, así como los principales acontecimientos que vendrán en 2018.

Lo bueno

Uno de los pocos episodios positivos que pueden destacarse durante 2018 es que el gobernador del estado promovió que los diputados guerrerenses aprobaran en tiempo y forma las reformas constitucionales y las leyes correspondientes para la creación del sistema estatal anticorrupción. Aunque parecía una acción de trámite, derivada de una obligación que tenía un plazo perentorio dictado por la constitución federal, lo cierto es que las experiencias legislativas previas en el tema de transparencia siempre se caracterizaron por su tortuguismo, retraso y por la aprobación de leyes de poca calidad.

Con ese antecedente y en un estado acostumbrado a estar siempre en la cola de los procesos nacionales, realmente destaca que Guerrero haya cumplido en tiempo y con los estándares exigidos en la confección de una reforma constitucional y de nueve normas que darán origen al sistema estatal anticorrupción. Sólo resta esperar que en 2018 el funcionamiento del sistema estatal anticorrupción comience sin contratiempos y se tomen las mejores decisiones; de lo contario, todo este avance legislativo se irá por la borda.

Lo malo

Aunque el sistema nacional de transparencia lleva año y medio de vigencia, en el estado de Guerrero los avances son a cuentagotas. Independientemente de las inconsistencias de la plataforma nacional de transparencia (PNT) construida por el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la mayoría de las 208 dependencias públicas, partidos políticos, sindicatos y otros sujetos obligados no están publicando su información de oficio o lo están haciendo parcialmente. Lo anterior significa que ninguna dependencia pública en Guerrero puede calificarse como transparente porque nadie ha cumplido ni siquiera con los estándares que establece la ley.

Durante 2017, por iniciativa del INAI, el Consejo Nacional del sistema dio una segunda prórroga para que todas las dependencias del país tuvieran la oportunidad de subir su información. La fecha límite, que ahora sí parece definitiva, es el 1 de enero de 2018.

En el inter de esta segunda posposición de las obligaciones de transparencia, del 4 de mayo al 31 de diciembre de 2017, el Itaigro debió realizar una “verificación diagnóstica” para conocer las necesidades y problemas de por qué las dependencias públicas no están subiendo su información y asesorar a aquellas que lo requirieran.

De acuerdo con los lineamientos generales, este proceso consistió en dos pasos: en el primero, se realizaron revisiones “para detectar áreas de oportunidad de cada sujeto obligado para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 82 de la Ley General”. En el segundo paso, se realizaron revisiones a los portales para dar seguimiento a la atención de las recomendaciones emitidas en la primera fase y al cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Según las fechas propuestas por el CN, la primera fase se realizaría del 8 de mayo al 14 de agosto de 2017. Las acciones de la segunda fase se realizarán del 15 de agosto de 2017 hasta el último día hábil de 2017 de cada organismo garante. Es decir, el Itaigro ya tiene un diagnóstico de la transparencia en el estado, el cual comentaremos en entregas posteriores.

Al margen de todo esto, la revisión al azar de la plataforma nacional de transparencia y de los portales electrónicos de los sujetos obligados no augura buenos resultados. No obstante que ya han tenido tiempo suficiente para cumplir con sus obligaciones, lo cierto es que la gran mayoría de dependencias públicas, sobre todo los ayuntamientos, no ha cumplido con subir su información a la plataforma y los portales.

A partir de enero, el incumplimiento tendrá consecuencias porque ahora sí, las dependencias públicas omisas podrán hacerse acreedoras a multas y otras sanciones, y además cualquier ciudadano podrá denunciar dichos incumplimientos.

Mal en acceso a la información

Durante 2017 las cosas no fueron mejores en el tema del acceso a la información. Se observó que persiste la negativa a entregar la información por parte de muchas dependencias públicas o a proporcionarla de manera parcial o a entregar datos que no corresponden con lo que solicita el ciudadano. Estas expresiones son sólo parte de un problema estructural que incluye también al órgano garante del estado, que se encarga de procesar los recursos de revisión, y a la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, responsable de cobrar las multas a los infractores de la ley de transparencia.

Un ejercicio que realizamos a principio de año ayudará a comprender cómo hay una falta de articulación y muchas deficiencias entre las dependencias encargadas de garantizar el derecho.

El 5 de enero de 2017 presentamos ante los ayuntamientos y el Congreso un paquete de solicitudes de información sobre los gastos de gestoría de sus regidores y diputados. En el caso de los gobiernos municipales, sólo presentamos 71 solicitudes porque 10 ayuntamientos no estaban habilitados en el sistema Info Guerrero (primer obstáculo para el acceso a la información).

De las 72 solicitudes, que incluyen la del Congreso, sólo 45 contestaron en tiempo -aunque dos no entregaron lo que se les pidió-, y 27 no hicieron caso a la solicitud (segundo obstáculo), por lo que pasados los 20 días hábiles que establece la ley, se presentaron 29 recursos de revisión ante el Itaigro.

Sin embargo, el órgano garante presentó rezagos en el trabajo de procesar los recursos de revisión y emitir sus resoluciones (tercer obstáculo); de este paquete de 29 recursos de revisión que nos ocupa, han emitido 22 resoluciones, la mayoría en los meses de junio y julio, pero algunas en octubre y una recientemente, el 5 de diciembre. Y lo grave es que a un año de distancia no se ha dictado ninguna resolución en los casos de cinco ayuntamientos y el Congreso del estado.

Dos obstáculos adicionales complican aún más el escenario para el ejercicio de acceso a la información. Si bien el Itaigro emitió 22 resoluciones ordenando que los ayuntamientos nos entregaran la información solicitada, éstos hicieron caso omiso en 17 de los casos (cuarto obstáculo).

Esta actitud de los ayuntamientos en gran parte se debe a que saben que no habrá ninguna consecuencia jurídica para ellos (quinto obstáculo al acceso a la información), ya que la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado durante 2017 no cobró ni una sola multa; de hecho, desde 2006, fecha en que entró en vigor la primera ley de transparencia en el estado, no se ha cobrado ni una sola multa y esto sólo contribuye a generar un ambiente de impunidad que las dependencias públicas aprovechan para no cumplir con sus obligaciones de transparencia ni de facilitar el acceso a la información de los guerrerenses.

Al final el balance no es nada bueno: en 10 casos no hubo manera de hacer llegar una solicitud de información, y por otra parte, de 29 casos que se tramitaron de acuerdo con la ley para hacer valer el derecho de acceso a la información, solo cinco han entregado la información obligados por una resolución del Itaigro o por sí mismos de manera extemporánea; el resto continúa en la impunidad cobijados por la protección o negligencia de la Sefina.

Lo que viene

2018 será relevante para la participación ciudadana en algunos organismos relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Uno de ellos será el Consejo Consultivo del Itaigro, el cual será integrado por tres consejeros ciudadanos que durarán en el cargo cinco años. Éstos serán nombrados por el voto de las dos terceras partes de los diputados.

Por cierto, de acuerdo con el Decreto número 206 por medio del cual se reforma el artículo 122 de la Constitución del estado, la convocatoria debe emitirse “dentro de los 90 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este decreto”, el cual fue publicado el 14 de julio de 2017 en el periódico oficial del estado. Esto significa que la designación del consejo consultivo bien pudo empatarse con el nombramiento de los consejeros del Itaigro, pues la fecha para publicarla debió ser a principios de diciembre de 2017.

Este órgano ciudadano, si funciona bien, podrá recomendar mejoras sustanciales a la manera en que ha funcionado el Itaigro y dar seguimiento a las principales acciones. Su buen funcionamiento permitirá disminuir las inercias que persisten en el órgano garante y proponer medidas para resolver las grandes cargas de trabajo que se avizoran en 2018.

En este año también deberá formarse el comité de participación ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. El procedimiento que indica la ley es que el Congreso del estado constituirá una comisión de selección integrada por cinco personas residentes en el estado, tres propuestas por instituciones de educación superior, y dos sugeridas por organizaciones de la sociedad civil.

Esta comisión de selección emitirá una convocatoria para realizar una amplia consulta pública dirigida a la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo. Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del comité de participación ciudadana y deberá hacerlos públicos. En un plazo de 90 días siguientes a la entrada en vigor de la Ley 464 del Sistema Estatal Anticorrupción, el 1 de enero de 2018, el Congreso del estado, deberá designar a los integrantes de la Comisión de Selección.

Lo sobresaliente del comité de participación ciudadana es que por vez primera un organismo con este perfil tomará decisiones en las políticas públicas anticorrupción en el estado. Regularmente este tipo de consejos ciudadanos eran creados para dar recomendaciones y opiniones a los órganos gubernamentales, pero nunca para participar en la toma de decisiones.

Incluso, un miembro del comité de participación ciudadana será el que presida el comité coordinador del sistema, que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; por el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; el Comisionado Presidente del Itaigro; y por un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

La expectativa del sistema estatal anticorrupción es alta; ojalá no se presenten los lastres que pueden impedir o disminuir su eficaz funcionamiento como la mala elección de miembros del comité de participación ciudadana o el tortuguismo en su instalación o en sus procesos de toma de decisiones.

En febrero, nuevos comisionados en el Itaigro

Publicado en el periódico el Sur de Acapulco

En febrero del próximo año se inicia una nueva etapa en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero (Itaigro), ya que los diputados de la LXI Legislatura designarán a nuevos comisionados o ratificarán parcial o totalmente a los actuales.

No es una decisión menor, pues en los próximos meses se presentarán retos de mucha trascendencia para el estado en materia de transparencia y acceso a la información que requerirán de comisionados competentes para construir un órgano garante eficiente, eficaz, que haga valer su autonomía y que comience a ganarse un prestigio y una legitimidad que hoy todavía no tiene.
Recientemente el Congreso del estado emitió una convocatoria para la inscripción de candidatos, de entre quienes habrán de seleccionarse tres comisionados del Itaigro -hombres o mujeres- que comenzarán su encargo en febrero de 2014. Lo que se espera es que sea un proceso transparente, pulcro, justo, que permita una designación profesional de los mejores.
Los aspirantes
Son 23 los inscritos en la lista de candidatos a comisionados del Itaigro; no se sabe aún cuántos de éstos cumplieron con los requisitos y quiénes pasarán a la siguiente ronda, ya que los miembros de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado decidieron continuar el proceso de selección hasta enero de 2018.
Entre los aspirantes están los actuales comisionados Roberto Rodríguez Saldaña, Joaquín Morales Sánchez y Elizabeth Patrón Osorio, que buscan repetir en el cargo. Es indudable que les llevan ventaja a los demás competidores simplemente porque tienen una experiencia adquirida a lo largo de cuatro años, pero en contra tienen un desprestigio fraguado durante el primer año y medio de funciones, específicamente los dos primeros, quienes junto con el defenestrado consejero Crescencio Almazán Tolentino, protagonizaron una gresca por los recursos del instituto que todavía hoy ninguno de ellos ha justificado ni explicado.
Como se recordará, el 7 de febrero de 2014, el Congreso del estado designó a Crescencio Almazán Tolentino, Roberto Saldaña Rodríguez y Joaquín Morales Sánchez como consejeros del Itaigro para el periodo 2014-2018. Pero a sólo 36 meses de su encargo, los diarios capitalinos se regodearon con los pleitos internos entre los tres consejeros, y en gran parte esto tenía su origen en la pugna por el ingreso de sus recomendados para trabajar en el organismo.
En contra de los tres actuales comisionados también pesa que nunca funcionaron como un órgano colegiado, en gran parte como consecuencia de la modalidad de designación empleada por los diputados, a través de cuotas partidistas, y no por sus capacidades, experiencia y especialización. Esto propició que no se construyeran canales apropiados para el procesamiento de los desacuerdos, y el instituto ha funcionado de manera fragmentada, con cada uno de los consejeros “jalando” para su lado, o si acaso, con débiles acuerdos entre ellos. Las consecuencias de esta forma de operar las ha pagado la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información en el estado.
Otro grupo de aspirantes es el de los periodistas. En los tres concursos para consejeros o comisionados que ha habido en Guerrero desde 2006, se han inscrito varios trabajadores de la prensa, de hecho, las dos mujeres que han sido comisionadas (María Antonia Cárcamo Cortés, en la ex Comisión de Acceso a la Información del estado; y Elizabeth Patrón Osorio, actual consejera del Itaigro), tienen en común que trabajaron en los medios de comunicación.
Uno de los periodistas inscritos como aspirante es Alejandrino González Reyes, quien se desempeñó como titular en el área de comunicación y formó parte del equipo del ex consejero Crescencio Almazán Tolentino; y el otro es Pedro Arzeta García. Ninguno de ellos tiene experiencia ni se sabe que tengan conocimientos especializados en el tema.
Otros competidores
En la lista de aspirantes predominan las personas que han concursado en otras convocatorias para desempeñar cargos en organismos autónomos como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado (IEPC), el Tribunal Electoral del estado, el consejo consultivo de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos; o bien en dependencias como la Auditoría General del Estado, pero que en materia de transparencia y rendición de cuentas no cuentan con experiencia o especialización.
Por la repetición de sus nombres en distintas convocatorias de este tipo, parece que se ha convertido en un modus vivendi para muchos de ellos, al intentar incorporarse a estos organismos sin importar si los cargos requieren especialización en temas electorales, de transparencia y acceso a la información, de derechos humanos o en fiscalización.
Por ejemplo, Domingo Martínez Altamirano tuvo participación en convocatorias para ser magistrado del Tribunal Electoral del estado, asimismo para ser parte del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia y también para la presidencia de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos. Apenas hace algunas semanas concursó para ser presidente del IEPC.
Igualmente Marcelo Gatica Lorenzo, docente de la unidad académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, se ha desempeñado como consejero distrital propietario por el distrito electoral 2 con cabecera en Chilpancingo. Ante la renuncia de la ex presidenta del IEPC, Maricela Reyes, se inscribió hace unas semanas al concurso para sustituirla. Ha sido dirigente de la Federación Estudiantil de Universitarios Guerrerenses.
Yolanda Leticia Medina Aguilar trabaja en la UAG y ha sido consejera distrital del IEPC; hace algunos meses participó en el concurso para ocupar uno de los tres espacios para consejeros del IEPC.
Iván Delgado Peralta concursó hace tres años para desempeñarse como auditor especial en la Auditoría General del Estado, sin que lograra colocarse. Es de los aspirantes que se publicita en los medios de comunicación.
José Guadalupe Lampart Barrios ha participado en otras convocatorias para ser comisionado del Itaigro, y también para ser auditor especial de la AGE. En el tema de transparencia, se ha desempeñado como director del módulo de acceso a la información del Congreso del estado.
Evelyn del Carmen Puente Flores ha sido directora administrativa del Colegio de Bachilleres y fue aspirante apenas en octubre pasado para ocupar la presidencia del IEPC. La experiencia que tiene en el tema de transparencia se deriva de su cargo como coordinadora de la unidad de transparencia y acceso a la información del Tribunal Electoral del estado hace algunos años.
Alejandra Ortega Guzmán ha sido asesora del Congreso del estado y consejera distrital del IEPC y trabajó en el área de comunicación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Por su parte, Nancy Bravo Gómez ha sido integrante del consejo consultivo de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos.
Salustio García Dorantes fue regidor del ayuntamiento de Chilpancingo y asesor jurídico del ayuntamiento de Eduardo Neri y de la Secretaría de Planeación. Actualmente es secretario técnico de la comisión de Derechos Humanos del Congreso del estado; concursó recientemente para ser consejero electoral del IEPC.
Con experiencia
Otro grupo de aspirantes se caracteriza porque han desarrollado actividades en la materia, especialmente de gestión de información, al trabajar en las unidades de transparencia de algunas dependencias públicas. Aunque esto no garantiza que sean aptos para ser comisionados, sí hay un sustento que les permite tener un acercamiento con el tema y que no lleguen totalmente en blanco al proceso de selección.
Así, por ejemplo, Josefina Morales Carreón ha sido titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia; mientras que Horacio Díaz Quiñonez actualmente es el titular de la Unidad de Transparencia del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de Guerrero; antes también fungió como coordinador jurídico del Itaigro.
Aleshka Pintos Lazcano aparece como actual titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa (antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo) del estado de Guerrero; mientras que Roberto Nava Castro es actual director de Promoción y Capacitación del Itaigro; anteriormente trabajó en la subdirección jurídica de la Secretaría de Salud.
Alfonso Lara Muñiz es enlace de la Unidad de Calidad, Inscripción, Acreditación y Certificación del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos; fue integrante del Consejo General del IEPC, y aplicó hace unas semanas para la presidencia de ese instituto. También trabajó como titular de la unidad de transparencia en la AGE.
Mariana Contreras Soto fue directora general de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno y actualmente se desempeña como asesora para asuntos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción de esa dependencia. Independientemente de su experiencia en la materia, su cercanía con el actual mandatario, a través del secretario general de gobierno, pesará mucho en la decisión de los diputados y es una de las fuertes candidatas a ocupar un lugar en el Itaigro.
Finalmente, uno de los pocos aspirantes que ha trabajado de manera permanente en el tema es Domingo Francisco Neri Célis, pues fue director general de contraloría social y subcontralor de Modernización Administrativa de la ex Contraloría General del Estado, desde donde verificaba el trabajo de la dirección general de transparencia y de la coordinación de acceso a la información de esa dependencia. Actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Transparencia de la AGE.
Hay dos nombres de los que no se tienen antecedentes en la esfera pública, no por lo menos en el tema de transparencia y rendición de cuentas. Se trata de Miguel Ángel Rudecindo Sánchez y Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez.
Qué se necesita
Cada uno de los participantes que continúen en la siguiente ronda serán entrevistados de manera pública por los legisladores y expondrán en esa sesión su plan de trabajo. Independientemente de lo que propongan, consideramos que el Itaigro debe incluir por lo menos los siguientes puntos.
El 1 de enero de 2018 se termina la prórroga que fijó el INAI para que las dependencias públicas del país publiquen su información de oficio en la Plataforma Nacional de Transparencia. Derivado de la conclusión de este plazo, se multiplicarán los recursos de revisión, las denuncias ciudadanas y será obligatorio que el Itaigro haga verificaciones a la información de oficio de los sujetos obligados.
Esto se traducirá en grandes cargas de trabajo que el instituto deberá solventar de manera expedita, por lo que se requerirá urgentemente que los comisionados designados establezcan compromisos serios y profesionales para funcionar de manera colegiada. Ésa será la base para iniciar un trabajo organizado, eficiente y eficaz, sin el cual difícilmente saldrán adelante y persistirán las inconsistencias y los rezagos actuales.
Una apropiada articulación dentro del instituto será esencial para ordenar y coordinar las actividades, ya que desafortunadamente el Congreso del Estado asignó un bajísimo presupuesto para la operación del organismo en 2018, no obstante la dimensión del trabajo que hay por delante.
Así, el próximo año el Itaigro tendrá un presupuesto de 13 millones 361 mil pesos, mientras que el año anterior fue de 12 millones 487 mil, es decir, un incremento de apenas 7 por ciento.
El pacto para mejorar la gestión del instituto incluye que los comisionados incorporen a sus áreas de trabajo a personal con el perfil profesional necesario y por ningún motivo mantengan en la nómina a “aviadores”.
A principio de febrero de 2018 sabremos si uno o todos los consejeros actuales serán ratificados, y en caso de que no, los órganos de control y fiscalización deben poner atención en caso de que hagan uso del gasto corriente para autopagarse sus “liquidaciones”, como lo hicieron dos de los tres consejeros anteriores y que dejaron prácticamente en bancarrota al instituto en 2014.
Como órgano garante de la ley de transparencia, el Itaigro deberá velar por que todas las sanciones aplicadas a los sujetos obligados realmente se ejecuten. Todavía hay total impunidad en esta materia, y francamente si no funciona la coerción que establece la ley, todo el trabajo que realice el Itaigro, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores interesados en promover la transparencia será en vano.