Necesaria, la difusión de resultados de fiscalización

Publicado en el Sur de Acapulco

En agosto de 2017 se difundió la noticia de que el diputado local Héctor Vicario no podría desempeñarse como funcionario en la administración pública durante 10 años, por irregularidades encontradas durante su encargo como delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y efectivamente, el nombre del legislador apareció durante varias semanas en el Sistema del Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, pero después desapareció del registro porque el diputado impugnó la sanción y su caso está en proceso.

Independientemente de la resolución final que se emita, el caso del legislador guerrerense trae a la mesa de discusión la función y los resultados que se obtienen del control y fiscalización del ejercicio de los recursos públicos por los órganos de control y fiscalización federal y estatales. Parece que, salvo los casos de personajes muy conocidos, ni las instituciones ni los medios de comunicación se interesan por dar a conocer información y datos relativos a esta importante función de vigilancia y contrapeso de la gestión pública.

La difusión amplia de este tipo de resultados es muy útil a los ciudadanos, pues les permite emitir su voto de manera informada al conocer a los servidores públicos que fueron sancionados por su ineficiencia, negligencia administrativa, desvío de recursos y otras conductas irregulares.

En ésta y la próxima entrega nos referiremos a algunos de los resultados que han obtenido tanto los órganos fiscalizadores federal y estatal, como por los órganos internos de control, especialmente los que derivan en sanciones a funcionarios. En esta ocasión se hace un recuento del trabajo de la Auditoría Superior de la Federación en el periodo 2001 a 2016, es decir, antes de que entrara en vigor la normatividad de los sistemas nacional y estatales anticorrupción.

Impacto de la labor de la ASF

Algunos de los propósitos de las revisiones de la ASF son la “constatación del cumplimiento eficaz, eficiente y económico de los mandatos de los entes auditados, la definición de áreas de oportunidad para mejorar la gestión pública, la detección de errores en el registro de las operaciones que se llevan a cabo, o la existencia de desviaciones o irregularidades. Esta última vertiente acarrea consecuencias para el ente auditado”.

Las auditorías que realiza este órgano fiscalizador generan observaciones que las dependencias públicas fiscalizadas pueden solventar mientras se realizan las revisiones o al concluir éstas, reintegrando los recursos empleados incorrectamente al erario. Esto se conoce como recuperación.

Si no se reintegran los recursos o no se aporta la documentación comprobatoria, la ASF puede emitir un pliego de observaciones cuando se tienen elementos para suponer que ha habido un daño al erario público federal. En caso de que la institución auditada no aporte elementos para solventar dicho pliego se inicia un procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias en contra del servidor público responsable; pero también puede promover la aplicación de sanciones administrativas o presentar denuncias penales, de encontrarse evidencia de conductas dolosas o que permitan la presunción de un delito.

De acuerdo con el sistema de consulta de auditorías de la ASF, de 2000 a 2016 en Guerrero se realizaron 380 revisiones a las cuentas públicas de diferentes entidades fiscalizables, y como resultado se emitieron mil 844 recomendaciones, 720 pliegos de observaciones, 458 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, 177 solicitudes de aclaración y 84 fincamientos de responsabilidad resarcitoria, 47 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 11 denuncias de hechos, entre otras acciones.

Las acciones

En 2002 la ASF realizó acciones que dieron lugar a procedimientos resarcitorios por un monto de 9.6 millones de pesos, los cuales, a la fecha, aún no han sido aclarados o reintegrados. Estas irregularidades se cometieron en la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, y el nombre del ex delgado José Ignacio Ortiz Ureña aparece en el “Registro de servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, sancionados a través del procedimiento resarcitorio, por resolución definitiva firme de la Auditoría Superior de la Federación”, que también consultamos.

En 2004, siete acciones dieron lugar a procedimientos resarcitorios por un monto de 58.6 millones de pesos, todas correspondientes al municipio de Acapulco, y entre los señalados por la ASF se encuentran, con dos expedientes cada uno, el entonces alcalde Alberto López Rosas, y el coordinador de Planeación y Control Presupuestal de ese ayuntamiento, Ernesto Mastache Manzanarez.

En 2006 se determinaron recuperaciones por 330 millones de pesos, la mayoría de las cuales fueron aclaradas, pero 25.6 millones aún se encuentran en proceso de resarcimiento o aclaración. En la información de la ASF se registra a la Universidad Autónoma de Guerrero con dos procedimientos resarcitorios.

Al siguiente año, en 2007, las acciones que derivaron en procedimientos resarcitorios importaron 70.1 millones de pesos, que todavía están en proceso de aclaración o en su caso recuperación. En este ejercicio son varias las dependencias involucradas. Nuevamente aparece el ayuntamiento de Acapulco, encabezado en ese trienio por Félix Salgado Macedonio.

Pero también el ayuntamiento de Chilpancingo, y específicamente el entonces alcalde Mario Moreno Arcos y diez funcionarios más del periodo 2005-2008 se encuentran en el listado de servidores sancionados a través del procedimiento resarcitorio.

El municipio de Xochistlahuaca también registra seis acciones en 2007, que derivaron en procedimientos resarcitorios que aún no están solventados. En este caso están involucrados la actual presidenta municipal Aceadeth Rocha Ramírez, que también lo fue en los periodos de 1999 a 2002 y de 2005 a 2008. En los seis expedientes abiertos por la ASF en contra del ayuntamiento de Xochistlahuaca, además de Rocha Ramírez se involucra a Alvina López Concepción y Emiliano Apóstol Cruz.

En 2008 la ASF determinó 147.4 millones de pesos los cuales aún están pendientes por recuperar o aclarar, y están involucrados los ayuntamientos de Acatepec y Ayutla de los Libres.

En 2009 sólo hubo un fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de servidores públicos del gobierno del estado por el uso indebido de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el DF (FASP).

El periodo de 2010 a 2012, de acuerdo con la ASF, es el que registra más casos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, pues concentra el 63.2 por ciento del total. En 2010, por ejemplo, se aplicaron 22 acciones y todavía quedan por resarcir o aclarar 484.4 millones de pesos de ese año; en la mayoría de los casos los destinatarios son del gobierno del estado por el mal uso de recursos de los fondos de Aportaciones a los Servicios de Salud (Fassa), de Educación Básica y Normal (Faeb, hoy FONE), de Infraestructura Social Estatal (FISE), para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y FASP; y de los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Acatepec, Ayutla, Chilapa, Coyuca de Catalán, General Heliodoro Castillo y Malinaltepec.

En 2011 se registran 21 casos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, que involucran 88 millones de pesos por aclarar o resarcir. Igualmente, los recursos cuestionados corresponden a los mismos fondos que el año anterior, además del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). En el caso de los ayuntamientos, la ASF también aplicó estas acciones a servidores de Florencio Villarreal, San Marcos, Tecoanapa y Tlalchapa por irregularidades en el Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Finalmente, en 2012 la ASF estableció 17 casos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, con un monto de 354.9 millones aún por aclarar o resarcir, principalmente a servidores públicos del gobierno del estado por irregularidades en el ejercicio de recursos de los diferentes fondos de aportaciones federales, así como en el caso de los ayuntamientos de Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, José Joaquín de Herrera y Quechultenango.

Recuperaciones

Dos documentos de la ASF concentran esta información: el Informe de las recuperaciones derivadas de la fiscalización superior de las cuentas públicas 2001 a 2016; y el Informe de las recuperaciones derivadas de procedimientos resarcitorios de las cuentas públicas 2001 A 2016. Del primer documento, la ASF registra las siguientes recuperaciones de varias dependencias de Guerrero.

La Universidad Autónoma de Guerrero registra un total de recuperaciones por 10.7 millones de pesos, distribuidos como sigue: 445 mil pesos de la cuenta pública de 2005, 8.6 millones de la cuenta de 2006, 1.2 millones de la cuenta de 2013, 373 mil pesos de la revisión en 2014 y 97 mil pesos de la cuenta pública de 2015.

En el caso de gobierno del estado y municipios (la ASF no identifica a quiénes corresponde la recuperación de recursos), de 2002 a 2016 se obtuvieron recuperaciones por 2 mil 589.5 millones de pesos. Destaca el ejercicio 2008, donde se recuperaron 663.8 millones; 2011, con una recuperación de 603.2 millones; 2007, con 450.7 millones; y 2009, con 351.9 millones de pesos.

Del segundo informe de la ASF, relativo a recuperaciones derivadas de procedimientos resarcitorios, la UAG devolvió al erario 101.9 millones de pesos de la cuenta pública de 2005, así como 22.5 millones de la cuenta pública de 2006, para un total de 124.4 millones de pesos. De hecho, en este rubro sólo aparecen dos instituciones educativas del país en esta situación: la UAG y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

En los datos de la ASF también se reporta un monto por 1.6 millones de pesos, recuperados del gobierno del estado correspondientes a las cuentas públicas de 2007, 2010, 2011 y 2012.

La ASF también publica una relación de denuncias penales presentadas por la ASF

Cuentas Públicas 1998-2016, así como relacionadas con la Simulación de Reintegros. Este documento tiene fecha de corte al 31 de octubre de 2017 y se lograron identificar por lo menos las dependencias involucradas:

De las revisiones a las cuentas públicas de 2009, se presentaron denuncias en contra de servidores públicos de los ayuntamientos de Iguala y Acatepec; también el gobierno municipal de Atoyac por irregularidades en la cuenta pública de 2014, así como del ayuntamiento de Chilpancingo en la cuenta pública de 2013. Servidores públicos del municipio de Ayutla tienen dos demandas penales por irregularidades detectadas en las cuentas públicas de 2009 y 2014.

Sin que la ASF identifique la fecha, el órgano fiscalizador también presentó ocho denuncias penales en contra de funcionarios del gobierno del estado de Guerrero por “Simulación de Reintegros”, en el periodo del 25 de agosto al 16 de octubre de 2014.

Adicionalmente, funcionarios del Ejecutivo del estado tienen dos demandas penales por irregularidades en la cuenta pública de 2010; y una derivada de la revisión de la cuenta pública de 2013.

Asimismo, hay también abierto un expediente de carácter penal en contra de servidores públicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, derivados de la revisión de la cuenta pública de 2015.

Denuncias de hechos

La ASF no específica los nombres de las personas involucradas en la presentación de las 11 denuncias de hechos en el periodo 2001-2016. Las primeras que se registran datan de 2008 y corresponden a funcionarios del gobierno del estado por irregularidades tanto en Faeb como en el (Fassa) y del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE).

En 2009 se presentaron tres denuncias de hechos ante la PGR en contra de servidores públicos del gobierno del estado por irregularidades en el ejercicio del Fassa y de los recursos federales transferidos a través del acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y el gobierno de Guerrero. En 2011 se registran dos denuncias también en contra de funcionarios del Ejecutivo del estado por el ejercicio indebido de recursos en Fassa y en el mismo acuerdo de coordinación.

Tarea necesaria

La difusión de información sobre los resultados de fiscalización es fundamental para promover el interés de la ciudadanía en el desempeño de sus gobernantes y en general en la calidad de la gestión pública. Es uno de los eslabones que si bien el sistema nacional anticorrupción tiene considerado, todavía hoy hace falta para la construcción de ciudadanías.

Participación y transparencia en la reconstrucción

Publicado en El Sur de Acapulco

A un mes de los fenómenos naturales de septiembre pasado que afectaron varios estados del país, la transparencia y rendición de cuentas se ha convertido en una de las mayores exigencias en la etapa de reconstrucción. “Demandamos transparencia en el uso de los recursos y reiteramos nuestro rechazo a ser reubicados”, dijeron en un comunicado los damnificados del Multifamiliar Tlalpan, situado al sur de Ciudad de México, como una expresión que resume una preocupación generalizada entre miles de mexicanos.

Sin duda, detrás de esta demanda hay una gran desconfianza hacia las autoridades gubernamentales, un exhorto para que los servidores públicos que tienen a su cargo la gestión pública realicen con eficacia su trabajo y un llamado de atención para incorporar la voz, las propuestas y las opiniones ciudadanas en las políticas públicas y en la toma de decisiones.

Los gobiernos de los tres órdenes, legisladores o representantes de partidos políticos han hecho suya esta exigencia y la manejan hábilmente en sus discursos, pero hasta hoy escasamente han atendido de manera efectiva las voces de la sociedad civil organizada y no organizada que proponen como condición para el ejercicio de los recursos públicos y otras aportaciones que éstos se gasten en quienes más los necesitan y especialmente que se difundan ampliamente para que no existan dudas sobre su ejercicio justo, equitativo y transparente.

Hasta hoy no hay respuestas concretas a esta demanda ni en Guerrero, ni en otros estados ni en el gobierno de Enrique Peña Nieto; tal vez la apuesta sea a que disminuya la efervescencia para después no hacer nada.

La sociedad civil por su parte, ha expresado de manera constante y sólida su preocupación por esta problemática y ha emitido diferentes propuestas, algunas desarticuladas y como reacción inmediata a la desconfianza gubernamental, pero otras muy coherentes, factibles, razonables encabezadas por organizaciones especializadas en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, sin que se hayan tomado en cuenta hasta hoy.

La gran desconfianza que existe hacia la mayoría de las instituciones públicas se ha reforzado con los datos que ya salieron en medios de comunicación acerca de la ineficiencia y las actividades poco claras de varias entidades gubernamentales.

En el programa En Punto del 18 de octubre, la periodista Denise Maerker difundió las irregularidades de los monederos electrónicos (tarjetas) del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) entregadas a damnificados porque no tenían fondos, y aunque desde la Secretaría de Hacienda trataron de explicar el motivo, lo cierto es que queda la sensación por lo menos de una gran ineficiencia y descoordinación gubernamentales.

Por cierto, este problema de las tarjetas sin fondos ya ameritó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. “(…) la CNDH solicitará a la Sedesol y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) información sobre las presuntas irregularidades que se han denunciado respecto de los apoyos de reconstrucción que el Gobierno Federal ha entregado mediante tarjetas de monedero electrónico, en particular por lo que hace a la supuesta falta de fondos de dichas tarjetas, así como a la falta de claridad sobre las reglas para la elaboración del censo de beneficiarios y los criterios para la clasificación del tipo de apoyo que correspondería a los mismos”. (Comunicado de prensa DGC/346/17)

Animal Político (20 de octubre) también difundió la denuncia de los pobladores de Álvaro Obregón, una comunidad del municipio de Juchitán, Oaxaca, la mayoría de los cuales no fueron incluidos en el censo de damnificados para la obtención de financiamiento para la reconstrucción; el motivo: no son simpatizantes de la presidenta municipal debido a que meses antes crearon su policía comunitaria y un cabildo comunitario para la defensa de sus intereses.

Los riesgos de la corrupción siguen vigentes. La presión ciudadana todavía no ha sido suficiente para obligar a las instituciones del Estado a generar mecanismos de transparencia y de participación ciudadana, pues la reconstrucción requiere de estos componentes para tratar de dar legitimidad a los procesos.

Las posiciones

El Foro Nacional de la Zona Centro Transparencia, pilar fundamental de la reconstrucción, realizado en Taxco el 20 de octubre, permitió conocer las posiciones que tienen diferentes actores en los ámbitos nacional y local.

La nota fue la ausencia del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores a este acto –no obstante que estaba agendado para dar una conferencia magistral–, al que asistieron 19 comisionados de órganos garantes estatales de la región centro del país, y tres del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai), incluyendo a su presidente Francisco Acuña.

Por cierto, salvo en el acto de presentación del programa de ética, transparencia y combate a la corrupción del 4 de abril de 2016 en Acapulco, y en algunas de las reuniones de su comité rector, no se le ha visto al gobernador en actos relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas. Es el caso, por ejemplo, de actividades relevantes como el Foro Especial de Transparencia Guerrero con Gobierno Abierto y Transparente, programado para acopiar propuestas que permitieran elaborar el Plan Estatal de Desarrollo de su administración (28 de enero de 2016); o el Foro sobre el sistema estatal anticorrupción que promovió el comité ciudadano del programa de ética, transparencia y combate a la corrupción (7 de julio de 2017); o las diferentes jornadas de sensibilización sobre gobierno abierto organizadas por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado (Itaigro) en coordinación con el Inai y con algunas organizaciones de la sociedad civil.

El secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen, representante del mandatario estatal en el foro del 20 de octubre, no satisfizo las expectativas, pues se esperaba una posición firme y clara del gobierno del estado respecto de la transparencia de los apoyos federales destinados a los damnificados y de los recursos que ha invertido el gobierno de Guerrero para esta tarea. Pero lo que escuchamos fue el discurso repetitivo de que el gobierno de Astudillo Flores cumplió con la obligación constitucional de homologar las leyes para crear el sistema estatal anticorrupción. Y también repitió la fórmula del notario como sinónimo de transparencia: “se tomó la decisión de entregar los apoyos a la población de Guerrero que sufrió daños por los fenómenos naturales en presencia de notario público para certificar que la autoridad esté cumpliendo con la reconstrucción”.

Los órganos garantes

Representantes de los institutos de transparencia de la región centro del país coincidieron en tres ideas, aunque con diferentes matices: la gran desconfianza ciudadana hacia sus autoridades gubernamentales; la insoslayable necesidad de transparentar el ejercicio de los recursos durante la reconstrucción; y la deseable participación ciudadana en la toma de decisiones.

Sin embargo, salvo dos órganos garantes que reaccionaron a la emergencia con programas relacionados con las afectaciones de los fenómenos naturales, la mayoría no realizó y tampoco tiene programadas acciones sobre este tema en el corto plazo. En gran medida, esta inacción de los institutos de transparencia de la región que más resintió los estragos de los sismos, se explica por la falta de recursos suficientes, un tema que ante el incremento de facultades y atribuciones que les heredó la Ley General de Transparencia, los tiene inmovilizados y a punto de la quiebra.

El comisionado del órgano garante en el Estado de México, José Guadalupe Luna Hernández, fue crítico sobre esta tibia reacción: los institutos de transparencia son agentes del Estado que deben asumir una responsabilidad en situaciones como las de septiembre pasado, por lo menos de colaboración con las unidades de protección civil. Como responsables de garantizar el acceso a la información, los institutos “estamos llamados a montar guardia permanente cada vez que un desastre de esta magnitud se presenta para generar eso que hizo la sociedad en ausencia de nosotros: los mapas de siniestros, la focalización de puntos de encuentro para voluntarios, la localización de centros de acopio, la difusión de los requerimientos en tiempo real, las listas de personas desaparecidas y fallecidas…”

Hacer esto, agregó el comisionado mexiquense, les permitiría a los órganos garantes saltar de un estado de confort en que se encuentran actualmente a “darle una mayor utilidad social a nuestra función para reestablecer el vínculo con la sociedad”.

Sin duda, una saludable crítica a los institutos de transparencia estatales frente a la burocratización que ya acusan muchos. Al final del foro no hubo acuerdos específicos que dieran una perspectiva diferente a las actividades de los órganos garantes.

¿Transparencia en los recursos para desastres?

Publicado en El Sur de Acapulco

A Chuchita sí la han bolseado, y mucho. En días pasados el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo coloquialmente que los apoyos destinados a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre y del huracán Max se entregarían ante la presencia de un notario público, para que “al rato no andemos diciendo que a chuchita la bolsearon”. Pero hace falta mucho más que el aval de un notario para hacer transparentes los recursos, ya que la transparencia requiere de mecanismos que involucren la participación ciudadana y especialmente que todas las acciones, apoyos, recursos y hasta los nombres de los beneficiarios, se publiquen abiertamente y con detalle por todos los medios posibles. Esto no ha sucedido.

Las declaraciones del mandatario estatal sobre la transparencia de los recursos no son fortuitas, se dieron en un marco en el que la ciudadanía de todo el país está preocupada en la manera en que se entrega y distribuye la ayuda urgente, en cómo se operará la reconstrucción, y especialmente en la transparencia de estos procesos, es decir, en cómo se ejercerán los recursos públicos y las aportaciones no gubernamentales.

No es infundada la desconfianza de la sociedad. Históricamente el ejercicio de recursos para hacer frente a los desastres naturales ha sido un tema oscuro porque nunca se han entregado cuentas claras; especialmente a la ayuda que proviene de la sociedad civil y de organismos nacionales e internacionales nadie le sigue la pista y ni siquiera hay cuantificaciones formales porque no son recursos públicos y no aparecen en las cuentas públicas, contabilidades gubernamentales ni registros oficiales; hay un amplio margen para hacer un manejo discrecional del ellos.

De acuerdo con una nota de prensa (El Sur, 4 de octubre), durante una gira por el municipio de Huitzuco, Astudillo Flores manifestó que el gobierno del estado ha recibido ‘“una gran cantidad de apoyo de personas solidarias’ y que publicaría una lista de todos los que han enviado apoyos”.

Pero a esta fecha no hay información sobre cuántos recursos provienen del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), cuánto del apoyo externo o si ha habido ajustes a los programas sociales estatales; los datos vertidos no son suficientes y el gobierno no tiene ningún sitio que permita corroborar de dónde proviene la ayuda, su cuantificación precisa, los criterios para seleccionar a los beneficiarios y los nombres de quién recibe los apoyos. Es evidente que el acompañamiento de un notario no es muy útil a la transparencia.

Amargas experiencias en Guerrero

Hay dos casos vergonzosos de opacidad en la información sobre desastres en Guerrero. El primero se relaciona con los recursos que supuestamente se invirtieron en el denominado Plan Nuevo Guerrero; el segundo, con la retención de despensas en el DIF estatal por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

Honestamente quienes nos dedicamos a rastrear la ruta del dinero público no tuvimos la capacidad de dar seguimiento a los 40 mil millones que dice el gobierno federal invirtió en el estado como parte del Plan Nuevo Guerrero en 2014 y 2015. Pero el gobierno tampoco hizo el mínimo esfuerzo por transparentarlo, como fue el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto cuando anunció la puesta en marcha del Plan.

En efecto, el 7 de noviembre de 2013, el presidente de la república anunció que ante la magnitud del desastre provocado por los huracanes Ingrid y Manuel, la Cámara de Diputados respaldaría a Guerrero con recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) por 7 mil millones de pesos, pero que adicionalmente el gobierno de la república, a través de diferentes mecanismos financieros, ampliaría el monto de inversión y éste llegaría a 30 mil millones en 2014.

En esa ocasión, dijo el presidente: “Para que esta ayuda rinda frutos y llegue efectivamente a quienes más lo necesitan, son imperativas la transparencia y la participación social”. También el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, afirmó que el Plan Nuevo Guerrero representaba una “oportunidad de ejercer los recursos de manera ejemplar, con la participación de la ciudadanía y con absoluta transparencia”.

El gobierno federal inició el Plan teniendo el control total de los recursos (ante el descontento de empresarios locales y el gobierno estatal). Sin que le faltara razón, la administración de Peña Nieto desconfiaba del gobierno del estado, que seguramente hubiera depredado los recursos destinados a la reconstrucción del estado. Pero la federación, con su falta de transparencia, no dio señales de hacer las cosas de manera diferente.

Aunque es posible encontrar información sobre el Plan Nuevo Guerrero en el portal Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda, no son datos estratégicos que permitan dar un seguimiento puntual a las obras y acciones.

En el cumplimiento del derecho de acceso a la información no fue mejor. En ese entonces presentamos un paquete de solicitudes en varias dependencias federales (Sedatu, Inifed, SCT, Secretaría de Economía) para solicitar expedientes técnicos, nombres de beneficiarios, empresas constructoras, entre otros, pero dichas entidades públicas escondieron y retrasaron los datos o sus respuestas fueron muy parciales y en algunos casos las declararon parcialmente confidenciales.

Los damnificados de Ingrid y Manuel fueron los grandes perdedores porque no hubo forma de dar seguimiento a cerca de 40 mil millones de pesos, que según el gobierno federal se invirtieron en este plan, pues los mecanismos de transparencia del programa fueron muy limitados o inexistentes, no obstante el compromiso presidencial.

El segundo caso se refiere al hallazgo de varias toneladas de despensas no entregadas a los damnificados por el paso de los huracanes Ingrid y Manuel, en bodegas del gobierno del estado en febrero de 2014, es decir, estando Ángel Aguirre Rivero como mandatario del estado. Los productos almacenados se localizaron en una de las sedes del DIF estatal, muchos de ellos ya inservibles y caducos, de acuerdo con las crónicas de los reporteros que visitaron el lugar.

La reportera Flor Miranda escribió que “En el lugar hay comida enlatada, granos como arroz, frijol, garbanzo, lenteja, haba, entre otros, así como leche (en su mayoría ya caduca), jugos, agua embotellada, ropa para adultos pero más para niños, cobertores, cobijas, juguetes. También se observaron latas de leche infantil y para bebés, pañales y muchas otras cosas más (…) En el almacén que trabajadores de la dependencia trataron de cubrir con lonas, es posible apreciar una cantidad impresionante de apoyo que la ciudadanía donó y el gobierno no entregó. Ahí las ratas son las afortunadas pues poco a poco han ido comiendo lo que iría dirigido a los damnificados”. (Los Ángeles Press, 13 de febrero de 2014).

Paradójicamente la respuesta del gobierno del estado fue la presentación de una denuncia penal en contra del líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, Nicolás Chávez Adame, quien junto con damnificados dio a conocer públicamente el desperdicio; también, el envío de policías para seguir a los reporteros que cubrían la noticia, así como el rápido desmantelamiento de las instalaciones donde se encontraron los productos.

El escándalo tuvo repercusión nacional y obligó al ex gobernador Ángel Aguirre a declarar que se fincaría responsabilidad y se aplicaría la ley en contra de los responsables por la acumulación de las despensas. Agregó que la ex Contraloría General del Estado investigaba el caso y deslindaría responsabilidades por los hechos. Pero todavía a esta fecha, ninguno de los tres mandatarios que desde entonces han gobernado Guerrero ha dado a conocer el resultado de las investigaciones ni se han fincado responsabilidades. Todo quedará en la impunidad.

No hay dinero

Las personas afectadas por los siniestros de septiembre de 2017 tienen muchas expectativas respecto a los apoyos que pueden recibir de sus gobiernos; es normal, pues es el Estado el que debe garantizar el bienestar de la población. El problema grave es que no hay dinero, pues descontando los recursos del Fonden empleados para atender algunos de los requerimientos urgentes (víveres, colchonetas, material de curación, agua, cobertores), los recursos para la reconstrucción son escasísimos.

Los diferentes desastres tomaron por sorpresa al gobierno y federal y a los estatales afectados. Con los recortes al gasto público que se aplicaron este año -por la baja de los ingresos petroleros, principalmente-, es muy reducido el margen de maniobra que se tiene, especialmente para los gobiernos de estados, que en 2017 también vieron recortado su presupuesto. Por ello, en una de las entidades afectadas, Oaxaca, el gobierno requirió la contratación de un crédito por mil 200 millones de pesos para hacer frente a los compromisos con los damnificados, ante la falta de recursos del ejercicio fiscal regular.

El estado de Guerrero requerirá en el corto y mediano plazo atender, sólo en materia de vivienda, a 14 mil viviendas que resultaron afectadas, 11 mil por el sismo y el resto por el huracán Max; 2 mil 500 de éstas necesitan reconstrucción total. Si bien el gobernador en sus giras por el interior del estado anuncia que el gobierno federal se encargará de la reconstrucción, no se descarta que el gobierno de Guerrero recurra también a un préstamo para atender a los afectados tanto por los sismos como por el huracán Max. Tan sólo en materia de vivienda, considerando los parámetros de ayuda en Oaxaca y Chiapas, se requerirían en Guerrero 300 millones de pesos (para reconstruir 2 mil 500 viviendas) y 172 millones más para reparar viviendas con daños parciales. Esto sin contar escuelas, hospitales, carreteras, monumentos históricos, etc.

Exigencia de transparencia

Raymundo Rivapalacio, en su artículo 19S: el hartazgo (El Sur, 3 de octubre de 2017) afirma que “las nuevas organizaciones sociales que están surgiendo estos días tienen como eje la transparencia. Les preocupa la opacidad y les interesa que todo lo que hagan quede registrado en forma pública para que se realice la rendición de cuentas sin restricción alguna.”

A diferencia del desastre de 1985, la sociedad se está organizando alrededor de actividades que rebasan la solidaridad inmediata y la reconstrucción física de los inmuebles. Hay una exigencia de transparencia y rendición de cuentas que está siendo retomada por organizaciones especializadas en información financiera y en la vigilancia ciudadana del ejercicio de los recursos. Esa es una notable diferencia respecto de lo que sucedió hace 32 años.

El propio gobierno federal tomó la iniciativa y abrió el sitio Fuerza México, una plataforma que busca ser “un ejercicio de rendición de cuentas para dar seguimiento a los recursos destinados a la atención de los daños”. Aunque los alcances son todavía limitados, ya comienza a fluir información importante para el seguimiento.

Pero tal vez el mayor problema del gobierno es la falta de confianza, y al respecto un grupo de 30 organizaciones sociales, empresariales y académicas crearon la plataforma #Epicentro a efecto de dar seguimiento al origen y uso de los recursos destinados a la reconstrucción después de los sismos del 7 y 19 de septiembre.

De acuerdo con la información de Animal Político (3 de octubre de 2017), #Epicentro tiene tres ejes de acción. El primero se relaciona con el “seguimiento del origen y uso de los recursos destinados a la reconstrucción. Para ello se integrará la información sobre los fondos en una sola plataforma para dar seguimiento al ejercicio de los recursos”.

El segundo eje establece que “la reconstrucción debe ser con perspectiva social y de derechos humanos, género, infancia y juventud. Se deben incorporar las prioridades y necesidades de las distintas comunidades”. Finalmente, la tercera acción es relativa a las “responsabilidades y reparación del daño. A través de esta plataforma se buscará que se identifiquen, investiguen y sancionen los actos de corrupción y se garantice la reparación del daño”.

En Guerrero es urgente generar confianza en estos momentos en que el estado fue severamente golpeado por los fenómenos naturales. La población está dolida no sólo por los desastres, sino porque percibe que hay problemas de desvíos y corrupción en el manejo los apoyos, y un primer paso es informar con detalle de las acciones que realiza su gobierno. Es necesario invertir para ganarse la confianza de los guerrerenses.

2017. Agradezco mucho a los Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, con sede en Chicago, Illinois, por la distinción que me hicieron al entregarme la presea Sentimiento Migrante en su edición 2017. Es grato recibir este reconocimiento de una organización propositiva, honesta, que desde Estados Unidos busca contribuir al bienestar de la población de sus comunidades de origen.

Discrecionalidad en la publicación de salarios

Publicado en El Sur de Acapulco

La renuncia de la consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Marisela Reyes Reyes, se comenzó a fraguar desde que dio a conocer que recibía la remuneración formal más cuantiosa del estado de Guerrero. Más allá de que se le reconozca una aceptable gestión dentro de la institución que hoy todavía preside, Marisela Reyes tal vez no calculó que un salario de la magnitud como el que ganaba sería percibido como una “grosería” en un contexto en el que la mayoría de la población obtiene ingresos miserables, y además sería utilizado en su contra por quienes se sentían incómodos por su forma de administrar el IEPC.

Puede decirse que pagó un precio muy alto por transparentar sus emolumentos, por eso muchos servidores públicos del estado prefieren no dar a conocer cuánto ganan en la nómina ni mucho menos los beneficios que obtienen de manera informal, pues correrían la misma suerte que la consejera presidente, o por lo menos serían estigmatizados por la opinión pública.

Hasta hace unos años, saber el monto de las remuneraciones de los funcionarios públicos era un misterio, y sólo muy recientemente –luego de que las leyes de transparencia hicieron obligatoria la publicación de los salarios– algunas dependencias comenzaron a abrir sus nóminas. Quienes mantienen en la opacidad sus salarios en estos tiempos argumentan que lo hacen por la inseguridad que se vive en el estado, como si no fuera un riesgo generalizado de la población abierta. Pero en el fondo de estos pretextos subyace la idea de que la población automáticamente pensará que hay una incongruencia si se comparan los altos salarios de funcionarios y los pobres o nulos resultados que se observan en la gestión pública.

Y precisamente para esconder este tipo de información, se han inventado varias fórmulas como descomponer el salario en varias denominaciones como sueldo base, prestaciones, compensaciones ordinarias y extraordinarias, gratificaciones, etc.; o la de dar a conocer sólo los “tabuladores”, donde no se dice con precisión cuánto gana un funcionario, pero sí el rango en el que se ubica; o definitivamente clasificarla como información reservada o confidencial.

Las leyes de transparencia

Con la primera oleada de leyes de transparencia de hace15 años, la publicación de salarios se convirtió en uno de los temas regularmente considerados como información pública obligatoria o de oficio. Una de las primeras leyes, la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental estableció en su artículo 7, fracción IV, la obligación de publicar “la remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes” de todos los empleados federales.

En el caso de Guerrero, la ley 568 de acceso a la información pública, vigente de junio de 2006 a julio de 2010, no consideraba los salarios de los funcionarios entre los temas de información obligatoria. Información tan simple como ésta, así como muchos otros rubros de información importantes para someterlos al escrutinio público, simplemente no merecieron atención de la LVII Legislatura. No en balde, esa ley fue considerada entre las peores que se legislaron en las entidades federativas en aquellos años.

La ley 374 de transparencia que rigió de agosto de 2010 a abril de 2016, incluyó un punto específico sobre el tema de los salarios. Al respecto el artículo 13 establecía que “Los sujetos obligados, con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, deberán tener disponible en su portal electrónico de manera permanente y actualizada, por lo menos la información siguiente: (…) VI. La remuneración mensual por puesto de los servidores públicos, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes”.

La ley 374 estuvo vigente para los gobiernos de Zeferino Torreblanca Galindo, Ángel Aguirre Rivero, Rogelio Ortega y parte del de Héctor Astudillo. De acuerdo con los monitoreos de aquellos años, muy pocas instituciones hicieron caso a esta obligación.

Finalmente, la Ley 207 de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales que actualmente nos rige -aprobada el 5 de mayo de 2016- retoma en el artículo 81 esta misma obligación en el artículo 81: “Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: (…) “VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración”.

Precisamente para evitar la elusión de publicar este tipo de datos, la ley incluyó los diferentes componentes de un salario, ya que es casi regla general que se den a conocer sólo los sueldos base, pero no todos los elementos complementarios, que regularmente son mucho más cuantiosos.

Inexplicable opacidad de la Sefina

Si se revisa la fracción VIII del artículo 81 de la Ley 207 de transparencia del estado, relativa a la publicación de los salarios de los servidores públicos, prácticamente todas las dependencias del Ejecutivo estatal remiten al portal de la Secretaría de Finanzas y Administración porque es la oficina que concentra ese tipo de información. Sin embargo, al hacer esta consulta, las remuneraciones de los funcionarios y empleados de la administración pública estatal simplemente no aparecen.

Esta evasión se basa en un acuerdo del comité de transparencia de la Sefina que clasifica como confidencial o reservada una parte importante de la información que ahí se genera. Si se revisa el acuerdo, localizado en el sitio http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/08/ACUERDO-SEFINA-GUERRERO-INFORMACIÓN-RESERVADA.pdf, todos los argumentos que ahí se leen contravienen el discurso de transparencia que el gobernador Héctor Astudillo ha manejado durante todo su gobierno, incluso antes, en campaña. No es sano que la principal información financiera que produce el Ejecutivo del estado se mantenga en la opacidad, por lo que ese acuerdo debe ser revisado de manera urgente por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado (Itaigro).

La no publicación de las remuneraciones de los funcionarios de la administración pública estatal también se incluye dentro de dicho acuerdo, uno de cuyos considerandos dice que “derivado de la situación que se vive en el estado existe un riesgo latente sobre el derecho a la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, el cual se incrementaría si se permite a los particulares tener acceso a esos datos, tomando en cuenta que los servidores públicos de la Secretaría se reconocen antes como persona humana y es obligación de las autoridades garantizar a los mismos la protección más amplia (…)”.

En efecto, son las autoridades del poder Ejecutivo las que deben garantizar la seguridad no sólo de los funcionarios públicos, sino de toda la población guerrerense porque también son “personas humanas”.

Otro de los considerandos establece que en los “últimos años se han documentado a través de los medios de información una gran cantidad de agresiones que van desde las amenazas, extorsiones, privación ilegal de la libertad, secuestro y homicidio en perjuicio de servidoras y servidores públicos en el estado de Guerrero, cuya responsabilidad pública estaba vinculada al manejo de información financiera, fiscal o de recursos humanos, dando cuenta de la vulnerabilidad de aquellos cuya identidad es reconocida y ubicable por el desempeño propio de sus funciones”.

Y remata: “las cifras arrojadas por los estudios (…) confirman que la inseguridad en el Estado no constituye un supuesto. Esta realidad estadística se robustece con hechos específicos de los cuales se infiere que los servidores públicos, principalmente aquellos vinculados con el manejo de recursos públicos, o quienes se podría presuponer que cuentan con ingresos fijos y consistentes, representan un mayor atractivo para las personas o grupos que se dedican a actividades delictivas”.

Y entre sus conclusiones ordenan clasificar como información confidencial “los contratos de trabajo, los expedientes laborales y médicos, así como las percepciones del personal de la Secretaría”.

Este acuerdo es inaceptable por varias razones. Los servidores públicos no están más expuestos que la población en general, y en todo caso, si las políticas de seguridad no están funcionando, ellos tienen a la mano exigir al gobernador o a quien corresponda que se les brinde mayor seguridad para ellos mismos. La “inferencia” de quienes tramaron este acuerdo no es ninguna evidencia de que son más vulnerables. En todo caso, si hay temor a publicar sus remuneraciones, hay otros empleos en los que sus emolumentos pueden permanecer en el anonimato. El ejercicio de los recursos públicos debe ser transparente.

La publicación de sueldos es necesaria para evitar “aviadores” y situaciones que mucho se dieron en los gobiernos de Ángel Aguirre y Rogelio Ortega, sobre empleados que formalmente en la nómina ganaban una cantidad, pero en realidad recibían sólo la mitad; ¿es uno de los temores de esta administración?

Doble rasero

Hay dos posiciones dentro del Ejecutivo del estado respecto de la publicación de las remuneraciones. Como ya se observó, la Sefina decidió ocultar los salarios de los trabajadores de la administración pública estatal, supuestamente por razones de “seguridad”, pero no es congruente y deja descobijados a otros empleados públicos guerrerenses.

Las secretarías de Salud y Educación dan a conocer los salarios de sus empleados (ver http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ y http://www.seg.gob.mx/unidad_de_transparencia/viii-remuneracion-bruta-y-neta/ . La primera, difunde información de mil de sus trabajadores, mientras que la SEG publica los salarios de todos sus empleados, incluyendo maestros.

Tal vez se argumente que a estos empleados se les paga con recursos que provienen de los fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud, y para la Nómina Educativa Gastos de Operación (FASSA y Fone), ambos del Ramo 33, es decir, partidas presupuestales federales. Sin embargo, quienes de ahí son remunerados no dejan de ser guerrerenses por ese hecho y también están expuestos a la inseguridad, como todos los demás. ¿Por qué sus salarios sí se publican y los del gobierno del estado no?

Salarios nominales en Guerrero

De acuerdo con el tabulador de sueldos del poder Ejecutivo del estado, el gobernador gana 102 mil 841 pesos y los secretarios están en un rango de entre 60 mil 841 y 114 mil 394 pesos, esta última cifra por arriba de lo que gana el mandatario estatal. Los empleados de apoyo general tienen sueldos de entre 4 mil 69 y 4 mil 407 pesos mensuales.

Los diputados, por su parte, obtienen un ingreso de 61 mil 399 pesos; los sueldos más bajos del poder Legislativo corresponden a las secretarías, con 7 mil 57 pesos, y a los empleados de seguridad, con 8 mil 939 pesos.

En el poder Judicial, el magistrado presidente gana 103 mil 890 pesos; y el resto de los magistrados y algunos consejeros 97 mil 554 pesos. Los jueces obtienen salarios netos de 46 mil 761 pesos.

En el caso de los ayuntamientos con más población, el presidente municipal de Chilpancingo prefirió omitir los sueldos de él y de todo el ayuntamiento; igualmente el de Taxco no informa sobre los salarios ni tampoco el de Zihuatanejo. El ayuntamiento de Chilapa tampoco publica los sueldos, ni el de Coyuca de Benítez, Tlapa hace caso omiso a esta obligación, y también Ayutla -que no tiene portal electrónico-.

Técpan de Galeana publica información muy escueta, donde el alcalde gana 45 mil pesos y los regidores 22 mil 500 pesos mensuales. Iguala registra 4 mil 828 trabajadores pagados por el ayuntamiento; su presidente municipal aparece con una remuneración de 90 mil pesos mensuales netos y los regidores 50 mil pesos.

Finalmente, el ayuntamiento de Acapulco difunde sólo 136 registros, aparentemente sólo de los mandos medios y superiores. Según esta lista, el presidente municipal gana 53 mil 812 pesos netos, la sindicatura administrativa 60 mil 713 pesos y la sindicatura de gobernación 18 mil 713. Cada uno de los regidores gana desde 51 mil 726 pesos hasta 54 mil 846 pesos. Muy disparejos las remuneraciones.

Conflictos de interés en el Consejo de Políticas Públicas

Publicado en El Sur de Acapulco

El Consejo de Políticas Públicas es una de las entidades públicas del estado de las que se tienen muy pocas noticias. Aunque la integración de este órgano se incluyó como parte de las reformas a la Constitución del estado, aprobadas en abril de 2014, fue la actual Legislatura del Congreso del estado la que convocó y designó a cuatro de sus cinco integrantes, el 12 de mayo de 2016. Días después, el gobernador Héctor Astudillo Flores encabezó la instalación de este Consejo el 2 de junio de 2016, ya incorporado su quinto integrante, designado por el mandatario y que desde entonces es presidente del organismo, que entre sus funciones principales está la “planificación de las políticas públicas para el desarrollo social del estado y de los municipios”, según establece la Constitución en su artículo 154.

Definido como un órgano con autonomía técnica, adscrito y dependiente del poder Ejecutivo del estado, el Consejo de Políticas Públicas ha tenido a la fecha una actividad muy marginal, debido a que el gobierno del estado no le ha asignado ningún presupuesto formal. Pero más allá de la desatención del Ejecutivo, las actividades del organismo deben hacerse públicas y sujetas al escrutinio público para evitar que se convierta en una oficina “cascarón”, que regularmente son útiles sólo para dar empleo a allegados del gobernador, de los grupos de poder o de diputados influyentes.

A excepción de algunos eventos, este órgano no ha realizado actividades sustantivas ni emitido recomendaciones relevantes que permitan mejorar el funcionamiento del Ejecutivo estatal, especialmente necesarias en un estado donde en la gestión pública predomina la falta de planeación, la improvisación en la puesta en marcha de las acciones, programas y proyectos, y donde prácticamente no existe la evaluación de resultados.
El Consejo no tiene página electrónica y para conocer la situación que guarda el Consejo de Políticas Públicas presentamos un paquete de solicitudes de información referentes a sus actividades y financiamiento. Las respuestas reconocen una manifiesta inacción del organismo, no obstante la urgencia de que las acciones y decisiones no sólo del Ejecutivo, sino de cualquier dependencia pública en Guerrero, se realicen desde un enfoque de política pública.

Pero también indagamos las actividades públicas de los integrantes del Consejo y descubrimos irregularidades en algunos de ellos, que los colocan en claros conflictos de interés y ponen en entredicho su permanencia en este naciente organismo.

Conflictos de interés

La consejera Rosalba Marcelo Pani no se ha presentado públicamente como consejera –por lo menos no la registra la prensa–, pero sí como dirigente de un grupo de mujeres. Esto no es irregular, pues su calidad de ciudadana y su derecho a organizarse no los pierde, aun cuando sea servidora pública.
Hace unos meses, en una conferencia de prensa realizada el 27 de abril de 2017, encabezando a un grupo denominado Mujeres de éxito y liderazgo, se pronunció en contra de declarar la alerta de violencia de género en el estado, una posición muy similar a la que tuvo el gobierno del estado durante muchos meses, hasta que la Secretaría de Gobernación la emitió en junio del mismo año. Y aunque la consejera aseguró que su organización no buscaba espacios políticos, “en reiteradas ocasiones agradecieron al gobernador Héctor Astudillo Flores y a la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, por el apoyo brindado”, según publicó El Sur en su edición del 28 de abril.

El colectivo Mujeres de éxito y liderazgo también fue nombrado durante el acto de entrega de 400 viviendas del programa “Un cuarto más”. El gobernador, acompañado de su esposa, destacó que se han invertido más de 90 millones en el programa y mencionó que “en la construcción de los cuartos en zonas de alta y muy alta marginación participaron empresas guerrerenses aglutinadas a organizaciones como la CMIC, Coparmex y la organización de Mujeres de Éxito y Liderazgo, generando empleos y fortaleciendo la economía local”, según el comunicado de prensa del gobierno del estado del 4 de julio de 2017. El gobernador no mencionó cómo ejercieron los recursos los tres organismos, uno de los cuales es liderado por Marcelo Pani, y en este caso sí podría haber conflicto de intereses.

Pero además, el nombre de la consejera Rosalba Marcelo Pani aparece en el padrón de proveedores del gobierno del estado del periodo enero-marzo de 2017, a nombre o en representación del Grupo Altruista de Servicios Sustentables AC, con el número 194, clave 42776.

Aun cuando se trate de una asociación sin fines de lucro –de la cual no se sabe públicamente si tuvo o tiene contratos con el Ejecutivo–, Marcelo Pani se encuentra en una franca posición de conflicto de interés, ya que por ser integrante del Consejo de Políticas Públicas, un organismo público gubernamental, no debía aparecer como proveedora del gobierno del estado ni tampoco liderar una organización de mujeres que recibe recursos públicos estatales.

Otro caso es el de la consejera Verónica Olimpia Sevilla Muñoz, ya que su nombre aparece en el directorio que publica la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero, con el cargo de subdirectora administrativa y de Control Escolar. Cabe destacar que aunque es un puesto dentro de la casa de estudios, no es un cargo docente, y del que seguramente obtiene una remuneración. Esto no lo pudimos corroborar documentalmente por la opacidad que caracteriza a la universidad, institución que nunca ha publicado las remuneraciones de su personal, como lo exige la Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en su artículo 81, fracción VIII.
Si la funcionaria Sevilla Muñoz desempeña un cargo en la Uagro con un salario se encuentra también en una irregularidad, ya que no puede obtener dos remuneraciones. El artículo 114 de la Constitución del estado, que también aplica a los órganos con autonomía técnica, como es el caso del Consejo de Políticas Públicas, en el numeral 3 dice que sus integrantes “recibirán una remuneración digna y adecuada, acorde con la naturaleza de su encargo”. Ese mismo artículo, en el numeral 4, también advierte: “Durante el ejercicio de su encargo, los integrantes de los Órganos Autónomos: (…) II. No podrán desempeñar un empleo, encargo, comisión o actividad remunerada que pueda implicar conflicto de intereses. Quedan exceptuadas las actividades docentes y los cargos honoríficos en asociaciones científicas, culturales o de beneficencia, siempre y cuando no sean remuneradas y no comprometan su imparcialidad o su desempeño profesional”.

Un año de inactividad

A más de un año de que fue instalado por el gobernador del estado, el Consejo de Políticas Púbicas no ha tenido actividades sustantivas. A una solicitud de información sobre su presupuesto, el Consejo respondió que en el presente ejercicio fiscal no cuentan con una partida presupuestal y, para verificar su dicho, remiten al presupuesto de egresos del estado, donde efectivamente no existe la asignación de recursos al Consejo en este año.
Sin embargo evaden el tema de la remuneración de los consejeros y consejeras, ya que, indican, es la Secretaría de Finanzas y Administración la que cuenta con dicha información, y, por cierto, esa dependencia de manera indebida clasificó esta información como “reservada y confidencial”. En su respuesta, el Consejo no niega que actualmente los consejeros perciben un salario, aun cuando formalmente no cuentan con recursos para su operación. Actualmente el Consejo opera, además de los cinco consejeros, con una plantilla de personal técnico y administrativo de cuatro empleados.

Para auxiliarse en sus tareas sustantivas, el Consejo, de acuerdo con la Constitución del estado, debe contar con órganos asesores. Según su primer informe de actividades, el organismo firmó un convenio de coordinación con la Uagro, mediante el que se formaron seis grupos de trabajo “integrados por miembros del sistema nacional de investigadores y académicos, quienes han diseñado programas de investigación para la adopción de políticas públicas en cada materia”. Agrega el informe que también se firmaron acuerdos con la Universidad Americana de Acapulco, con la Universidad Loyola del Pacífico y con la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción (CMIC) delegación Guerrero, aunque en estos casos no explica en qué actividades han avanzado.

Sin embargo, el Consejo deberá hacer partícipes a muchos otros sectores que, sin duda, pueden aportar al diseño e implementación de políticas públicas, más allá de estas instituciones que, por cierto, en Guerrero regularmente son, junto con los empresarios, los actores no gubernamentales que siempre son llamados por el gobierno para la conformación de sus órganos consultivos o de participación ciudadana. No es que sea equivocada su convocatoria, sino que sólo prevalece su visión y deja fuera la pluralidad que existe en el estado.

Las minutas

También solicitamos las minutas de trabajo de todas las sesiones realizadas por el Consejo. Nos entregaron 14, correspondientes al periodo junio-diciembre de 2016; de 2017, nada. Se observa en ellas improvisación y poca información que dé luz sobre las acciones de este organismo. En algunos casos, por ejemplo, se reunieron para aprobar el logo y el eslogan institucionales; en cuatro ocasiones, para aprobar sendos convenios con la Uagro, Universidad Americana, Loyola del Pacífico y la CMIC. Destacan las reuniones para aprobar “el análisis y propuesta de proyectos” de ley o de reforma de las leyes de Concesiones para la Infraestructura Pública, de Obra Pública y de Participación Ciudadana, para lo que emplearon sólo dos horas en cada caso, según las minutas. Y utilizaron otras tantas reuniones para aprobar dichos proyectos.

En otra de sus respuestas, el Consejo proporcionó su primer informe de actividades realizadas en un año de trabajo. Entre ellas destaca la realización de talleres dirigidos a parteras tradicionales, que se llevaron a cabo en los municipios de Chilapa, Ometepec y Tlapa, con la temática de hemorragias y factores de riesgo. Según reseñaron en los resultados, se logró la participación de más de 150 parteras tradicionales localizadas en las zonas de mayor mortandad materna.

Por otra parte, se elaboró el programa Acoso Callejero, Una Realidad de Mujeres y Hombres, el cual se reconoce como una práctica de agresión sexual ejercida por una persona desconocida, en espacios públicos. Con la difusión de este programa, dice el Consejo, se pretende abatir el acoso callejero y con ello dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Igualmente se realizó el primer foro de movilidad sustentable Chilpancingo-Acapulco, a propósito del primer año de su instalación.

En otro tema, se convocó al órgano asesor de la Uagro, integrado por académicos en grado de doctorado en diversas profesiones de acuerdo con su perfil y especialidad que dominan. Se definió la primera revisión de trabajo en el que en conjunto el órgano asesor y el Consejo de Políticas Públicas establecieron los temas que se han de desarrollar: Educación, salud, Administración de la justicia, Gobernanza, Turismo, Desarrollo urbano y Ordenamiento territorial.

¿Es prioritario el Consejo?

Es plausible el propósito constitucional de que la gestión pública del Ejecutivo estatal y de los municipios se base en políticas públicas. El gobierno de Héctor Astudillo ya dio el primer paso con la instalación del Consejo, pero lamentablemente lo condenó a la inactividad al no asignarle recursos financieros para su operación. Se espera que en el siguiente ejercicio tenga presupuesto, pero antes deben resolverse los conflictos de interés que ya afloraron entre sus miembros; es un organismo que requiere de mucha credibilidad.

Vista en perspectiva, la tarea de un organismo como el Consejo de Políticas Públicas parece titánica, pues la administración pública en el estado, como ninguna, arrastra vicios e inercias de todo tipo que se observan como uno de los orígenes del desperdicio de recursos. Y no obstante que el actual gobierno quiere asignarle alguna importancia a este tema al instalar el Consejo y “rearmar” a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional con “funciones de planeación, programación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y las acciones de gobierno”, lo cierto es que son acciones insuficientes y de baja intensidad. Un Consejo sin recursos financieros y una Seplade que ni siquiera ha publicado los indicadores correspondientes al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, no son buena señal.