Incipiente, la contraloría ciudadana en Guerrero

El Sur de Acapulco

La contraloría ciudadana para la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos y la calidad de los servicios gubernamentales es todavía una aspiración en Guerrero. Aun cuando existen mecanismos institucionales, establecidos en diferentes normas (leyes de planeación, coordinación fiscal, general de desarrollo social), éstos simplemente no funcionan cuando las y los ciudadanos quieren vigilar y dar seguimiento a las acciones de gobierno.
Esto sucede en gran parte porque las estructuras gubernamentales no están preparadas ni los funcionarios dispuestos a que detrás de sus actividades y decisiones esté la observación ciudadana.
En el caso específico del estado, la gestión gubernamental no es dinámica ni se transforma para resolver las gigantescas necesidades de la población del estado, y quienes están al frente de las administraciones siguen pensando que el voto o el nombramiento para desempeñar un cargo los hace omnipotentes, y no necesitan de la intervención de los diferentes sectores de ciudadanos –salvo, de manera obligada, de los grupos de presión o de los poderes fácticos– para diseñar y ejecutar las políticas de sus gobiernos.
En los últimos 15 años, las leyes de transparencia y el establecimiento de procedimientos para el acceso a la información abrieron nuevas oportunidades para ejercer la contraloría ciudadana. Los casos más conocidos han sido investigaciones periodísticas documentadas en gran parte a partir de la presentación de solicitudes de información, como el de la Casa Blanca, que puso al descubierto el conflicto de interés del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa en la adquisición de un inmueble, y el cual fue decisivo para el desplome en las encuestas de popularidad del Presidente.
Sin embargo, la contraloría ciudadana no es una práctica muy frecuente, y no sólo por el desinterés y la apatía de las y los ciudadanos, sino sobre todo porque aún se encuentran resistencias muy fuertes en el sector público tanto para responder las solicitudes de información, como para activar los mecanismos de denuncia ciudadana, que regularmente no funcionan.

Ejercicio de contraloría en Guerrero

En Guerrero el ejercicio de la contraloría ciudadana o social es todavía más infrecuente. Aunque es un problema nacional, en Guerrero se percibe más que en otras entidades, y en esta carencia se conjugan dos factores plenamente vigentes en el estado, a saber, la falta o debilidad de una ciudadanía que no se involucra en la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos y de la calidad de los servicios que debe proporcionar el gobierno; y una gestión pública que no está respondiendo a las necesidades de los guerrerenses y cuyos titulares además no están dispuestos a informar, explicar, justificar y a someter al escrutinio público sus actos, que es el propósito último de la rendición de cuentas.
La anterior es una de las conclusiones de un proyecto de promoción del derecho a la información en los municipios de Acapulco y Ayutla mediante el que se buscó promover y fortalecer actividades de contraloría o vigilancia ciudadana en colonias populares y comunidades rurales de esos dos municipios.
El proyecto fue uno de los once auspiciados en la república por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a través de su Programa de Sensibilización de Derechos. La ejecución corrió a cargo de la asociación civil Comunicación para el Desarrollo Comunitario.

Acceso a la información en Ayutla

En materia de acceso a la información los resultados en cada uno de los municipios fueron diferenciados. En el Ayuntamiento de Ayutla de Los Libres se observó nuevamente una total falta de disposición para responder de manera afirmativa las solicitudes de información. Esto, no obstante que personal del ayuntamiento de Ayutla ha participado en varias ocasiones en cursos y talleres impartidos por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado, así como del INAI, en donde han recibido todo tipo de explicaciones sobre las nuevas disposiciones tanto de la Ley general de transparencia como de la ley 207 de transparencia y acceso a la información del estado, aprobada el 5 de mayo de 2016.
Por ejemplo, uno de los temas que las y los representantes de varias colonias de Ayutla eligieron para darle seguimiento es el fertilizante que distribuye el ayuntamiento de ese municipio, preocupados por la adulteración y la baja calidad del insumo que se ha generalizado casi en todos los ayuntamientos de Guerrero, sin que nadie haga nada.
Al respecto, se solicitó el contrato para la adquisición del fertilizante, así como el monto de la inversión municipal y estatal, el tipo y volumen del fertilizante entregado. Como respuesta, el ayuntamiento entregó información parcial, y especialmente no entregó el contrato con la empresa proveedora.
Igualmente, se presentaron solicitudes de información al ayuntamiento de Ayutla referentes a otros temas significativos para los colonos, como el del agua potable y becas educativas, y también las respuestas fueron parciales o no correspondieron con lo requerido. En todos los casos se presentaron recursos de revisión ante el Itaigro, que por cierto, desde el día en que se hicieron llegar los recursos al órgano garante hasta el día de hoy, ya transcurrieron más de 40 días hábiles que establece la ley 207 de transparencia para emitir la resolución correspondiente, y el Itaigro no ha hecho ninguna solicitud de prórroga ni ha emitido ninguna resolución.
En circunstancias como éstas, donde no hay respuestas afirmativas a las solicitudes de información y donde el Itaigro no garantiza que se respete la ley, es muy difícil que se haga valer el derecho de la ciudadanía a vigilar y dar seguimiento a las acciones gubernamentales. Cuando los canales institucionales están completamente cerrados como en estos casos, no es difícil explicar por qué la gente, inconforme, sale a tomar las calles.

Experiencia de Acapulco

En el ayuntamiento de Acapulco, las respuestas fueron diferentes. Desde la administración municipal de Luis Walton se estableció un mecanismo institucional de acceso a la información, y con tino, la actual administración de Evodio Velázquez lo continuó; esto ha permitido que la información pueda ser gestionada a través de una unidad de transparencia en los plazos que establece la ley.
Sin embargo, el problema de Acapulco no es de tiempos de respuesta a las solicitudes de información, sino de transparencia y de articulación de las diferentes áreas, pues al parecer ni el propio alcalde puede establecer orden y lograr que toda la maquinaria burocrática –por cierto, obesa en exceso– se mueva con cierta armonía para lograr determinados fines.
También desde el trienio anterior, el ayuntamiento de Acapulco ha mantenido medianos niveles de transparencia normativa, al cumplir con la mayor parte de la información que de oficio debe publicar. Sin embargo, no pasa lo mismo cuando se trata de transparentar o proporcionar información que es clave para el seguimiento de las acciones de gobierno. La experiencia que vivieron ocho localidades rurales del municipio documentan esta apreciación. Durante los meses de julio y agosto, el ayuntamiento de Acapulco presentó, como respuesta a solicitudes de información, dos versiones de la propuesta de inversión de obras y acciones con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 para el ejercicio 2016. La primera versión, fue respaldada por un acta de sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal realizada el 9 de mayo de 2016, denominada “acta que se levanta para la validación de la propuesta definitiva de obras y acciones que se ejecutarán con los recursos del Fondo de infraestructura social municipal del ejercicio fiscal 2016”. Este documento, por cierto no fue firmado por ningún comisario, delegado o representante comunitario, ni tampoco, al menos, por el presidente de consejo de comisarios municipales.
La segunda versión, muy diferente de la primera, no fue acompañada de un acta de Coplademun que avalara los cambios, lo cual sugiere que en el Ayuntamiento de Acapulco acontece exactamente lo mismo que en el resto de los municipios guerrerenses: la imposición de obras y acciones porque no hay reglas claras para la asignación a las comunidades del municipio, y en estos casos, siempre son perjudicadas las localidades que no tienen suficiente capacidad de gestión, y regularmente éstas coinciden con las que tienen los más altos índices de marginación.
El verdadero problema de opacidad en Acapulco –en el caso de obra pública– comienza cuando se solicitan las propuestas de inversión y los expedientes técnicos de las obras, ya que son documentos que cuando se entregan completos, contienen información muy significativa para las acciones de la contraloría ciudadana. Casi todos los ayuntamientos del estado son renuentes a entregar las propuestas y los expedientes técnicos de sus obras –Acapulco no es la excepción– porque no quieren ser vigilados.
Las áreas de planeación y obras públicas del ayuntamiento de Acapulco ejecutan las instrucciones de quienes deciden qué obras se construirán en el municipio; es ahí donde se modifica permanentemente y de manera discrecional la propuesta de inversión de obras y acciones del municipio, y al no haber procedimientos formales y reglas claras, lo que sucede en esas áreas se hace en la opacidad, sin ningún tipo de vigilancia ciudadana y sin que nadie rinda cuentas de nada.
Un caso específico fue la solicitud del expediente técnico de la obra de rehabilitación de un pozo artesiano, en la localidad de San José, que estaba incluida en la primera versión de la propuesta de inversión del municipio. La respuesta del director de Obras Públicas del Ayuntamiento fue: “Le hago de su conocimiento que se revisó la propuesta del ejercicio 2016, no se encontraron las obras mencionadas (entre ellas la de San José), por lo que le solicito de la manera más atenta nos proporcione mayor información”.
Sin embargo, en la segunda versión de la propuesta de inversión aún seguía programada dicha obra, y al consultar a una funcionaria de la Dirección de Obras Públicas, confirmó que la obra efectivamente se realizaría. Esto significó que la misma solicitud de expediente técnico de rehabilitación de pozo artesiano se presentara de nueva cuenta.
La misma experiencia se tuvo con la construcción de un comedor escolar en la telesecundaria Juan Aldama, de la localidad de Las Marías, en donde inicialmente se negó el expediente y después se confirmó que sí se construiría.
Pero no todas las comunidades tuvieron esa suerte. A la misma comunidad de Las Marías le “rasuraron” ocho obras o acciones que tenía programadas en la propuesta inicial; tres a Lomas del Aire, y una a la localidad de El Zapote, cuyas autoridades se organizaron en cuanto se enteraron y buscaron hacer valer la inversión que les habían programado, sin que nadie en el Ayuntamiento les hiciera caso.
Hay que decir también que a las comunidades de Las Cruces, Cacahuatepec, y a Kilómetro 39, que solicitaron expedientes de sus obras, el Ayuntamiento sí les entregó los documentos, y éstos de inmediato se hicieron llegar a las autoridades y a los comités de obra de esas localidades para realizar la vigilancia ciudadana.
Si encuentran irregularidades en la construcción de las obras pondrán a prueba la efectividad de los mecanismos de denuncia ciudadana del ayuntamiento y su atención correspondiente, lo cual en esta administración municipal nadie ha probado.

Sector salud

Una preocupación común de las 10 localidades del proyecto, tanto de Ayutla como de Acapulco, es la calidad de los servicios de salud. Si bien, la Secretaría de Salud del gobierno del estado respondió en tiempo a todas las solicitudes de información, la cuestión es saber de qué manera o a quién acudir para exigir que los médicos cumplan sus horarios y atiendan la cantidad de pacientes que sugiere la dependencia, para que haya abasto de medicamentos y el material básico sin que la gente tenga que desembolsar su dinero; para que no les cobren el servicio de ambulancias, para que haya anestesiólogos…
En el sector salud no existen mecanismos efectivos para canalizar la inconformidad, los señalamientos y las propuestas de la ciudadanía, que percibe que el sistema de salud está en crisis, no sólo por la carencia de recursos, sino por las decisiones equivocadas y el desvío de recursos que hacen quienes dirigen y están a la cabeza de este sistema.

Regidores ciudadanos en municipios de Guerrero

El Sur de Acapulco

Diversas organizaciones civiles y sociales de los municipios de Tecpan, Atoyac, Coyuca de Benítez y Acapulco están difundiendo y promoviendo la iniciativa denominada Regidor Mx, un proyecto ciudadano con varios propósitos, pero el más destacado es organizar la participación de ciudadanos y ciudadanas para vigilar el ejercicio de gobierno en los ayuntamientos por medio del monitoreo y la exigencia a las autoridades municipales de que cumplan las funciones establecidas en la ley.
Guerrero es uno de los estados donde la centralización del poder y la discrecionalidad de las decisiones públicas son más robustas; las entidades gubernamentales pocas veces, casi nunca, consideran las opiniones y aportaciones de la ciudadanía organizada en el diseño de políticas públicas, programas, acciones públicas y en general, en las decisiones importantes que se toman en la entidad.
Lo que sí ocurre regularmente en el ámbito gubernamental es la formulación de discursos repetidos sobre transparencia, gobierno abierto o plena rendición de cuentas con las que justifican e intentan aparentar que se gobierna con la ciudadanía.
Esta forma de gobierno se reproduce lo mismo en el Ejecutivo que en el Congreso y en los ayuntamientos del estado, que son el gobierno más cercano a la población. Especialmente en estos últimos hay una fuerte tendencia a que el presidente municipal decida absolutamente todo, sin consultar a nadie, sobre los asuntos relacionados con el gobierno municipal, dejando muy poco margen de acción y decisión al resto del cabildo (regidores y síndicos, que también son electos por el voto popular) y por supuesto, sin ninguna oportunidad a la ciudadanía.
Al respecto sostiene Sergio Meza de Anda, integrante de la organización Plan Estratégico de Juárez, que “los regidores son prácticamente desconocidos por la población, son fantasmas políticos que más que representar los intereses de la comunidad, representan los intereses de sus partidos y de los grupos económicos que los sostienen”.
Y agrega que “la ciudadanía se encuentra aislada de la toma de decisiones, de la planeación y de la presupuestación municipal. Por un lado está el sistema político dominado por los partidos que excluye intencionalmente cualquier esfuerzo ciudadano por entrar en estas dimensiones, y por otro lado, existe un gran analfabetismo político, que sumado al esfuerzo por sobrevivir y del miedo, deja poco margen para la participación en los asuntos públicos”.
Este esquema, que se reproduce en la práctica en los municipios de Guerrero, propicia gobiernos sin contrapesos al poder del presidente municipal y deja sin efecto el principio democrático que sustenta la conformación de los cabildos, y al final se traduce en pésimas gestiones municipales que desvían recursos, no construyen obra pública y no resuelven los problemas que presenta la población que gobiernan.
La descentralización de funciones y recursos financieros de la federación a los estados y municipios, desde la segunda mitad de la década de los noventa, parece ser el resorte que propició esta forma unipersonal del ejercicio de gobierno en los municipios, ya que desde entonces, por vía de aportaciones y participaciones federales, los ayuntamientos reciben cuantiosos recursos, y todavía hoy no existen las normas jurídicas que obliguen de manera efectiva a que rindan cuentas por el ejercicio de esos recursos.
El proyecto Regidor MX busca propiciar una reflexión colectiva sobre estos temas y al mismo tiempo promover el involucramiento de las y los ciudadanos para que se interesen por los asuntos públicos de su municipio y para que exijan que su gobierno más cercano cumpla con las diversas disposiciones de la ley.
Sin duda, un trabajo titánico, pero más que nunca necesario ante la crisis de representación que vivimos y los numerosos problemas que enfrenta la población del estado.

Regidor 19 en Juárez

La primera experiencia de este tipo se dio en el municipio de Juárez, Chihuahua, impulsada por Plan Estratégico Juárez AC, y se denominó Regidor 19, en alusión a la inclusión de un regidor ciudadano, ya que esa demarcación cuenta formalmente con 18 regidores. De acuerdo con los objetivos planteados por esa organización, el proyecto busca “fortalecer la administración pública municipal desde la participación ciudadana en un marco de Estado de Derecho, concentrando su labor en la evaluación y la exigencia del cumplimiento de algunos elementos contemplados en los reglamentos y leyes que regulan las comisiones de regidores, el cabildo y el Plan de Desarrollo Municipal”.
Algunos resultados del proyecto son, por ejemplo, el incremento del porcentaje de reuniones de comisiones de regidores realizadas, que en 2012 reportaban solo 20 por ciento de reuniones efectuadas y en 2015 ya era 96 por ciento. Asimismo, la apertura paulatina a la comunidad de las comisiones y de las sesiones previas de cabildo, las cuales históricamente habían sido cerradas. Para esto se tuvo que recurrir a un juicio de amparo.
Un avance ha sido la realización de consultas ciudadanas para la elaboración del plan municipal, que si bien son obligatorias, no se realizaban, y desde hace dos administraciones municipales en Juárez ya se hacen con una amplia convocatoria ciudadana. También se ha logrado que el actual Plan de Desarrollo Municipal sea el primero que cuente con responsables, indicadores, metas anuales y publicaciones trimestrales de avances, lo que permite a la ciudadanía hacer una evaluación más precisa de los avances.
El portal electrónico del proyecto (http://regidor.mx-/index.php) describe algunos de los logros alcanzados: más información pública, más visibilidad de las funciones del cuerpo de regidores y mayor apertura a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. Agregan que aunque los resultados no han logrado transformarse en un gobierno abierto, si han permitido espacios democráticos que no existían, haciendo de este esfuerzo, un modelo de contraloría social que pueda extenderse en otros lugares de la república.

Regidor MX en el país

La experiencia del municipio Juárez de Chihuahua se replicó en otros ayuntamientos del país, por sus buenos resultados. Hoy, organizaciones de varios municipios promueven esta iniciativa y han conformado una red nacional. Además de Juárez, este proyecto se promueve en el municipio de La Paz, Baja California; Atizapan de Zaragoza, Ecatepec, Naucalpan y Netzahualcoyotl, en el Estado de México.
También en Apodaca, Escobedo, García, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás, San Pedro y Santa Catarina, en el estado de Nuevo León; Ixhuacan, Tequila y Veracruz, en Veracruz. En Yucatán se promueve en los municipios de Sanahcat y Mérida.
Asimismo, el proyecto está presente en Cuautla y Tlalnepantla, en el estado de Morelos; Morelia, en Michoacán, y Puebla, Puebla. En el caso del estado de Guerrero, la iniciativa se promueve en Acapulco, Atoyac, Coyuca de Benítez y Tecpan.
Según sus documentos, la principal herramienta que emplean para hacer posible la vigilancia ciudadana es el acceso a la información con la que dan seguimiento a actas, minutas y documentos oficiales que acrediten la labor de la autoridad municipal. La principal tarea de los grupos que conforman el proyecto Regidor MX en los diferentes municipios es el análisis y seguimiento de estos documentos legales, así como el monitoreo presencial para identificar el cumplimiento y la validez de dicha documentación.
Pero también elaboran propuestas formales de mejora a los distintos ayuntamientos y se definen las facultades y obligaciones que las y los regidores deben cumplir en cada contexto. Un equipo jurídico da seguimiento al actuar del Ayuntamiento para, en su caso, acudir a recursos legales para acceder a información o asegurar el cumplimiento de la ley.

Regidor MX en Guerrero

Aunque los cuatro municipios guerrerenses donde se impulsa la iniciativa de Regidor Mx presentan condiciones distintas, el diagnóstico es muy similar, incluso para los 81 municipios del estado: no hay rendición de cuentas hacia los ciudadanos sobre el ejercicio de los recursos ni de las acciones que realiza cada gobierno; hay casi total incumplimiento a las leyes general y 207 de transparencia tanto en materia de transparencia como en el acceso a la información (salvo el caso de Acapulco). Igualmente, los mecanismos de participación ciudadana (consejos consultivos, foros de consulta, Coplademun) establecidos en diferentes leyes simplemente no funcionan, y los cabildos están lejos de la ciudadanía, no la consultan sobre sus necesidades y demandas –pocos son los ayuntamientos que organizan cabildos abiertos- ni tampoco informan por ningún medio sobre sus actividades públicas.
De acuerdo con información de la Universidad Campesina del Sur, organización que inició la promoción de esta figura de Regidor MX en el estado en abril de este año, a diferencia de las experiencias de otros municipios del país, en Guerrero la iniciativa busca dar un mayor énfasis a la construcción de ciudadanía mediante la formación de redes de organizaciones y de ciudadanos y ciudadanas que se capaciten, organicen y monitoreen el ejercicio de gobierno, especialmente al cabildo.
Durante el desarrollo del proyecto Regidor Mx, las personas que participan se capacitan en el conocimiento de las leyes que fomentan y promueven la participación ciudadana en distintas etapas del ejercicio de gobierno; en el conocimiento de sus autoridades municipales (currículos, antecedentes, propuestas), y en el tema del derecho de acceso a la información, además de los distintos programas que operan en los ayuntamientos, todo lo anterior para contar con información y conocimientos que les permitan realizar los monitoreos.
Regidor MX basa su trabajo en la formación de comisiones –equivalentes a las que por ley debe formar el cabildo- integradas por ciudadanos y ciudadanas cuya actividad más relevante es el monitoreo de las sesiones y el trabajo de los regidores que las integran y la elaboración de propuestas de solución a problemas específicos. Se busca que el regidor Mx participe como observador, vigilante y opinante en todas las sesiones de cabildo y de sus comisiones operativas. Actualmente en Atoyac, Coyuca y Acapulco ya se integraron las comisiones sobre desarrollo social, obra pública y desarrollo rural sustentable.
Uno de los objetivos es que desde este espacio de diálogo y de intercambio se evalúe la gestión del ayuntamiento, se recojan las necesidades prioritarias y estratégicas de la población, a efecto de construir propuestas de consenso para que sean analizadas y en su caso aprobadas por el cabildo.
Regidor Mx también tiene el propósito de que esta forma de participación ciudadana sea reconocida de manera institucional dentro del gobierno municipal, y para ello ya se entregó en los ayuntamientos de Atoyac, Coyuca y Acapulco, respectivamente, iniciativas de acuerdos cuyas ideas principales son que “el cabildo municipal reconozca y apruebe la iniciativa Regidor Mx, facilitando a que la representación designada por las organizaciones (…) participe con derecho a voz en todas las sesiones de cabildo y de sus comisiones”.
Asimismo, la iniciativa de acuerdo propone que “el cabildo promueva la cultura de transparencia y de gobierno abierto facilitando la información de interés público con base en el principio de máxima publicidad, promoviendo la participación social en el ejercicio de gobierno, y practicando la rendición de cuentas por todos los medios posibles”.
Finalmente, el documento entregado a regidores y funcionarios de los municipios establece que “el cabildo se abra a la ciudadanía y a la opinión pública mediante sesiones públicas de Cabildo con agendas participativas, e itinerantes en las diversas zonas geográficas del municipio”.
Las organizaciones y ciudadanos están a la espera de que sesionen los cabildos de esos municipios y que aborden y discutan las iniciativas presentadas, de tal manera que en diciembre Regidor Mx sea una figura reconocida por los ayuntamientos de esos municipios.
La Unicam Sur describió varios obstáculos que frenan esta iniciativa ciudadana, entre ellos el “analfabetismo político o ciudadano”, que es el desconocimiento de los derechos y obligaciones ciudadanos y la creencia de que el gobierno es la única entidad que puede resolver los problemas.
Pero también han encontrado la cerrazón de los gobiernos municipales, la discrecionalidad en las decisiones, el centralismo, el clientelismo y el paternalismo con que operan éstos.
Es ésta una buena oportunidad para que los ayuntamientos hagan congruente el discurso con los hechos. La ciudadanía requiere de canales de participación que realmente funcionen para vigilar que las gestiones municipales cumplan con lo que establece la ley. En un estado como Guerrero esto parece una utopía, pero algo se tiene que hacer.

Cómo gastan los ayuntamientos los recursos del FISM

El Sur de Acapulco

Ninguna autoridad pone remedio a las irregularidades de los ayuntamientos guerrerenses que utilizan indebidamente los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del DF (FISM-DF) para la compra de fertilizante químico.
El artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal es muy claro al señalar las acciones y proyectos que pueden financiarse con estos recursos. Dice: “Las aportaciones federales que con cargo al FISM reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social”. Y entre las obras que señala el inciso a) no se establece en ningún caso la adquisición de insumos agrícolas, mucho menos la compra de fertilizante químico.
Sin embargo, la mayor parte de los ayuntamientos del estado costea el insumo con recursos del FISM ante la complacencia de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Auditoría General del Estado.

Historia de subterfugios

Desde que fueron incorporados al esquema financiero del programa en 2001, la aportación que hacen los ayuntamientos al programa de fertilizante es tomada de los recursos FISM, es decir, del dinero que proviene de la Federación y está etiquetado para el financiamiento de obra pública y acciones sociales básicas.
A lo largo de estos 15 años, los gobiernos municipales han buscado justificar el desvío de estos recursos y para ello han realizado numerosas gestiones ante la Cámara de diputados y las dependencias normativas (Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Desarrollo Social) y de fiscalización (Auditoría Superior de la Federación, Auditoría General del Estado) sin resultados positivos para ellos porque es una práctica que tiene lugar sólo en Guerrero, y la Ley de Coordinación Fiscal no establece excepciones para ningún estado.
Incluso, cuando hay un señalamiento directo para que dejen esa práctica irregular, los presidentes municipales, diputados y otros funcionarios protestan airadamente y amenazan que habrá movilizaciones de campesinos, porque argumentan que retirarles el subsidio al fertilizante es propiciar la hambruna en el estado.
Con o sin la colaboración abierta o soterrada de las dependencias normativas y de fiscalización, los ayuntamientos de Guerrero desafían permanentemente las leyes que obligan al empleo de los recursos únicamente en los rubros para los que fueron autorizados. Hasta hoy, no se sabe que ningún presidente municipal o funcionario haya sido sancionado por esta irregularidad, y tampoco ninguna dependencia federal o estatal aborda y discute púbicamente los perjuicios que provoca la adquisición y consumo del fertilizante químico. Nadie quiere aparecer políticamente incorrecto, ni siquiera el gobernador Héctor Astudillo Flores, que tomó una pésima decisión para las finanzas públicas, el medio ambiente y la transparencia al anunciar la distribución gratuita de fertilizante químico a los campesinos -una medida sin duda muy conveniente en términos de popularidad- para fortalecer su asunción a la administración estatal.
Este año, alguien recomendó de manera informal a los ayuntamientos de Guerrero algunos pasos para cumplir con los requisitos de los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que no incluyen la compra de fertilizante. La sugerencia al parecer fue general porque coincidentemente todos los gobiernos municipales usaron los conceptos de construcción de huertos comunitarios, ampliación de huertos comunitarios, suministro de insumos para huertos, etc., para disfrazar la compra de fertilizante y evitar ser observados por los organismos de control y fiscalización.
Así, también, les sugirieron que registraran el gasto por la adquisición del insumo como “proyectos especiales”, que de acuerdo con los Lineamientos, consideran “acciones y obras que no estén señaladas en el Catálogo del FAIS, pero que se podrán realizar con los recursos provenientes de este Fondo ya que corresponden a los destinos a que se refiere el artículo 33 de la LCF, contribuyen a mejorar los indicadores de pobreza y rezago social que publica el Coneval y se encuentren plenamente justificados con base en las necesidades de los gobiernos locales”.
Estos procedimientos tendientes a justificar una irregularidad en el ejercicio del gasto del FISM deben ser observados y en su caso sancionados por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Auditoría General del Estado.
La Secretaría de Desarrollo Social federal también conoce esta situación porque de acuerdo con el Manual para la presentación de proyectos especiales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, dentro de esa dependencia operan el Subcomité de Revisión de Proyectos Especiales (Estatal) y el Comité de Revisión de Proyectos Especiales (Nacional), que revisan, validan y autorizan este tipo de proyectos.

Los ayuntamientos

Fueron pocos los ayuntamientos que entregaron su propuesta de inversión, después de presentar una solicitud de información requiriendo este documento que registra las obras y acciones presupuestadas con los recursos FISM del ejercicio 2016, entre ellos, el fertilizante.
Alpoyeca, por ejemplo, de acuerdo con su propuesta de inversión destina el 19.6 por ciento de su presupuesto total del FISM en la compra del insumo; mientras que Arcelia disfrazó esta adquisición con el concepto Apoyo a los huertos comunitarios, pero no entregó el monto. Sólo informa que comprará 5 mil 400 toneladas del insumo para beneficiar a 4 mil 200 productores.
Azoyú fue de los ayuntamientos que sí proporcionaron su propuesta de inversión 2016. La compra de fertilizante la registran como apoyo a huertos comunitarios, con un monto de 4 millones 224 mil 446 pesos, de los cuales, 2 millones 486 mil 723 son aportación del municipio y el resto del gobierno del estado. Esta cantidad representa 10.2 por ciento del total de recursos del FISM del municipio.
En el caso de Buenavista de Cuéllar programaron una inversión de un millón 200 mil pesos por concepto de Suministro de insumos para huertos comunitarios. Estos recursos equivalen a 11.4 por ciento de los 10.5 millones que tiene el municipio del FISM.
En Chilpancingo la inversión total en fertilizante es de poco más de 16 millones de pesos, 12 de los cuales son de aportación municipal bajo el rubro de infraestructura agrícola: huertos comunitarios. El presupuesto total del FISM en Chilpancingo es de 157.1 millones de pesos, por lo que la compra de fertilizante representó 7.6 por ciento del total.
El ayuntamiento de Coyuca de Benítez proporcionó una versión parcial de su propuesta de inversión, en donde no aparece cuánto gastó en la adquisición de fertilizante químico. De hecho, por entregar sólo una parte de la información, tiene un recurso de revisión en su contra ante el Itaigro.
Copala aparentemente no usa recursos del FISM para la compra de fertilizante, pues no están presupuestados en su propuesta de inversión. En tanto que en Florencio Villarreal, la adquisición de fertilizante se disfraza bajo el concepto de proyecto productivo agrícola, con una inversión total de 2 millones 43 mil pesos. Lo extraño es que en el desglose, se registre la aportación estatal por 579 mil pesos, la municipal por 714 mil 690 pesos, y “otros”, por 750 mil pesos. Si esta última es aportación de los productores, se supone que es irregular, ya que una de las novedades de la administración de Astudillo es que el gobierno del estado absorbe la aportación de los campesinos.
En Huitzuco no está programada la adquisición de fertilizante con recursos del FISM. El ayuntamiento de Ixcateopan sin ningún rubor registra por su nombre el gasto de fertilizante, por un monto de 2.1 millones de pesos, y hasta ponen el porcentaje con respecto al total del FISM: 27.9 por ciento. Por cierto, la inversión estatal para la compra del fertilizante es mayor que la municipal, ya que el gobierno de Astudillo aportó casi 2.7 millones de pesos.
El gobierno municipal de Juchitán presenta una programación poco usual. Primero, registra el rubro de construcción de huertos comunitarios con un monto de 792 mil 920 pesos, de los cuales 211 mil 181 son de aportación estatal, 350 mil 539 del ayuntamiento y 231 mil 200 pesos son aportaciones de los productores, que de acuerdo con la política de Astudillo, es irregular. Pero hay más. Bajo el rubro de ampliación de huertos comunitarios, el ayuntamiento programa otros 700 mil pesos aparentemente para la compra de fertilizante. Sumadas ambas cantidades, el ayuntamiento aporta poco más de un millón de pesos a la adquisición del insumo.
En la Unión se utiliza el concepto de construcción de huertos comunitarios para la infraestructura agrícola, con una inversión municipal de casi 1.6 millones de pesos. También en este caso se registra aportación de los productores por 440 mil 765, incluso por arriba de la estatal, que es de 424 mil 875 pesos.
Por su parte, el ayuntamiento de Marquelia llama a la adquisición de fertilizante Mantenimiento de infraestructura agrícola para huertos comunitarios de producción de maíz (insumos), con una costo a cargo del municipio de 900 mil pesos, de un total municipal por 8.7 millones de pesos.
En Olinalá utilizan el concepto de Mejoramiento de huertos comunitarios con un monto de casi 18.5 millones de pesos, de los cuales 14 millones corresponden a la aportación municipal y el resto al gobierno del estado. Esto equivale a 31.3 por ciento de los 44.6 millones de pesos destinados al FISM en el municipio.
En Pedro Ascencio Alquisiras se programó un monto de 9.7 millones de pesos en el concepto de infraestructura agrícola (huertos comunitarios), que significan 41.8 por ciento de su inversión FISM del ejercicio 2016.
Tepecoacuilco aportará recursos por 7.8 millones para la adquisición de fertilizante, y junto con la aportación del gobierno del estado, la suma es de poco más de 12 millones de pesos.
El ayuntamiento de Tixtla innovó un poco en el concepto y registró como Construcción de huertos comunitarios encaminados a la cruzada contra el hambre y el combate a la pobreza dentro del núcleo poblacional de la comunidad, la compra de fertilizante por 14.7 millones de pesos, de los cuales 13 millones serán aportación del gobierno municipal. Esto equivale a 36.8 por ciento del FISM de Tixtla.
Xochistlahuaca aportará 10.2 millones de pesos y el gobierno del estado 853 mil 485 pesos para la adquisición de fertilizante químico. En tanto que el ayuntamiento de Zihuatanejo no registra la adquisición de fertilizante en su propuesta de inversión.

Comedores escolares y comunitarios

El gobierno de la república endilgó a los ayuntamientos acciones de su estrategia denominada Cruzada Nacional contra el Hambre, específicamente la infraestructura de comedores comunitarios o escolares, sin aportarles más recursos.
En efecto, la construcción de comedores comunitarios se les encomendó a los ayuntamientos, quienes los realizan con recursos del FISM. El problema es que no hay reglas, ni montos específicos, y cada ayuntamiento de manera discrecional los construye a su manera. El ayuntamiento de Chilpancingo programó 3.7 millones de pesos para la construcción de cuatro comedores, a 925 mil cada uno. Florencio Villarreal construirá dos comedores en las comunidades, con un costo de 1.2 millones de pesos cada uno. El municipio de Huitzuco también programó la construcción de comedores comunitarios en Tecolotla, sin proporcionar el monto.
En Juchitán se programaron dos comedores con un costo de 650 mil pesos cada uno, mientras que en La Unión se registra la construcción y rehabilitación de varios comedores escolares con costos dispares que van de los 396 mil pesos a los 690 mil. Marquelia construirá cuatro comedores comunitarios con un costo de 700 mil pesos, lo que equivale en conjunto a 32.1 por ciento del total del presupuesto del FISM.
Olinalá programó la construcción de dos comedores comunitarios con costos de 900 mil y 650 mil pesos, respectivamente. Mientras que Pedro Ascencio Alquisiras construirá cuatro comedores con costos que van de los 300 mil pesos a los 620 mil.
Tepecoacuilco programó dos comedores, uno con un costo de 186 mil pesos, y otro con un presupuesto de 587 mil 500 pesos. Tixtla construirá dos comedores, uno en la localidad de Matlalapa, con valor de 250 mil pesos, y otro en Rancho el Coyote, con 150 mil pesos.

Ayuntamientos, omisos en acceso a la información

El Sur de Acapulco

En la mayoría de ayuntamientos de Guerrero no solo persiste la falta de transparencia, sino que tampoco cumplen con la obligación de considerar la participación ciudadana en el proceso de planeación y programación de las obras municipales, además de que siguen invirtiendo fuertes cantidades de recursos en la adquisición de fertilizante químico fuera de la norma.
Aunque las irregularidades anteriores son públicamente conocidas, fue posible documentarlas a partir de la presentación de un paquete de solicitudes de información ante 45 ayuntamientos del estado. Las respuestas o la falta de éstas evidencian las numerosas irregularidades que año tras año cometen los gobiernos municipales y dejan constancia documentada para que las dependencias normativas, fiscalizadoras y de control, federales y del estado, intervengan para hacer que se cumpla la normatividad.
En esta y la siguiente entrega de Monitor de Guerrero presentaremos los principales hallazgos derivados de las 45 respuestas proporcionadas por los ayuntamientos a la solicitud de información sobre su propuesta de inversión de obra pública municipal del ejercicio 2016, así como del acta de la sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal que avaló dicha programación de obras y acciones.

Desobligados en acceso a la información

Aunque tienen la obligación de contar con mecanismos para facilitar el acceso a la información de los ciudadanos, esto no la han cumplido muchos ayuntamientos del estado restringiendo el ejercicio de este derecho a los ciudadanos. Actualmente está en su fase de pruebas la plataforma nacional que alojará al total de dependencias o sujetos obligados del país, pero eso no exime a los ayuntamientos de que establezcan un mecanismo provisional para recibir las peticiones de información.
Como una medida intermedia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) recomendó que los ayuntamientos y todas las dependencias públicas y organismos que reciben recursos del erario se incorporaran al sistema Info Guerrero, , y al hacer un recuento con fecha de corte al 25 de julio, es decir a 85 días de que el Congreso aprobó la Ley 207 de transparencia y Acceso a la Información, sólo 45 ayuntamientos se habían incorporado al sistema, apenas por arriba de la mitad de los municipios del estado.
Con una fecha más cercana, al 6 de septiembre se incorporaron al sistema otros 14 municipios, por lo que restan 21 ayuntamientos que han sido totalmente omisos de la ley de transparencia: Ajuchitlán, Alcozauca, Benito Juárez, Copalillo, Cuatzala, General Canuto A. Neri, General Heliodoro Castillo, José Joaquín Herrera, Mártir de Cuilapan, Mochitlán.
Asimismo, Petatlán, Pilcaya, San Luis Acatlán, Teloloapan, Tetipac, Tlacoapa, Tlacochistlahuaca, Tlalchapa, Tlapehuala, Zapotitlán, Zirándaro y Zitlala.
Pero tener un mecanismo de acceso a la información no significa que un ayuntamiento facilite el ejercicio de este derecho. Muchos gobiernos municipales se incorporaron al sistema Info Guerrero sólo para cumplir el requisito, pues no se ha observado que tengan la disposición para entregar la información que solicitan los ciudadanos.
Del grupo de 45 ayuntamientos a los que ya se les venció el plazo para responder solicitudes de información, 18 hicieron caso omiso a la ley y no contestaron, por lo que se presentaron el mismo número de recursos de revisión y a los cuales el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero deberá sancionar.
Los gobiernos municipales omisos fueron Ahuacuotzingo, Coahuayutla, Cocula, Coyuca de Catalán, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Eduardo Neri, Iguala, Igualapa, Juan R. Escudero, Mártir de Cuilapan, Ometepec, Pungarabato, Quechultenango, San Marcos, Tecoanapa, Tecpan y Tlapa.
Hay otro grupo de nueve ayuntamientos que aunque respondieron, entregaron información de manera parcial. Fue el caso de los gobiernos municipales de Chilpancingo, Copala, Coyuca de Benítez, Pedro Ascencio Alquisiras, San Miguel Totolapan, Taxco, Tepecoacuilco, Tixtla y Zihuatanejo. De acuerdo con la Ley 207 de transparencia, la entrega de información parcial también es causal para la presentación de recursos de revisión, por lo que se efectuó este trámite ante el Itaigro en contra de esos nueve ayuntamientos. En este caso, también procede una sanción.
Hubo ayuntamientos que respondieron peculiarmente. Por ejemplo, Huamuxtitlán entregó información que no corresponde y el ayuntamiento de Apaxtla requirió datos personales para poder entregar la información, lo cual está prohibido por la ley. Los ayuntamientos de Chilapa y Leonardo Bravo manifiestan en el sistema que contestaron, pero no anexan ningún archivo; el gobierno municipal de Huitzuco tachó información que debe ser pública (el costo de las obras), y Atoyac contestó que a agosto todavía no tiene la propuesta de inversión del municipio. A todos ellos se les presentó un recurso de revisión ante el Itaigro.
En total, 33 de 45 ayuntamientos (73.3 por ciento) presentan irregularidades diversas en su entrega de información. Lo anterior significa que los gobiernos municipales de Guerrero no han logrado desprenderse de su histórica orientación hacia la opacidad, y sólo actúan por inercia para cubrir los requisitos que exige la ley 207 de transparencia, pero persiste su falta de disposición para la entrega de información.
Los ayuntamientos que sí cumplieron en tiempo y forma fueron Alpoyeca, Arcelia, Azoyú, Buenavista, Florencio Villarreal, Ixcateopan, Juchitán, La Unión, Marquelia, Olinalá y Xochistlahuaca.

Omisos también en planeación

Uno de los documentos que fueron solicitados a los 45 ayuntamientos fue el acta de las reuniones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) donde se da a conocer y se avala la propuesta de inversión de obra pública del ejercicio 2016.
De los 45 gobiernos municipales, sólo 16 proporcionaron el acta de Coplademun, y de éstas, tres no corresponden con el documento solicitado. La mayoría de los gobiernos municipales que entregaron el acta de Coplademun no reflejan el espíritu que promueven diferentes ordenamientos jurídicos, como el artículo 26 de la Constitución mexicana, que explícitamente recomienda el establecimiento de mecanismos para facilitar la participación social en un sistema nacional de planeación democrática, y en los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal del Ramo 33 (FISM-DF).
Asimismo, las leyes de planeación federal y estatal, pero especialmente la Ley de Coordinación Fiscal, establecen la obligación de involucrar la participación social en diversas etapas del ejercicio de los recursos del FISM-DF.
Así, por ejemplo, en su artículo 33, la Ley de Coordinación Fiscal indica la obligación de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales de “hacer del conocimiento de sus habitantes (…) los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios”.
Pero especialmente establece la obligación de “promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar” con los recursos del FISM del ramo 33.
Entre las facultades de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional –señaladas en la ley orgánica de la administración pública del estado de Guerrero- está la de “promover la creación de Comités de Desarrollo Comunitario, a fin de dar cauce legal a la participación ciudadana en la identificación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos que incidan en el desarrollo estatal”.
De hecho, en sus lineamientos y criterios para la integración y presentación del informe financiero de inicio del encargo y cuenta pública de 2015, aplicables a ayuntamientos municipales, la Auditoría General del Estado solicita a las demarcaciones municipales “evidencia documental (…) de las acciones efectuadas al inicio del ejercicio para difundir entre la población en general la información relacionada a la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), a realizar en el ejercicio, especificando montos, programas, obras, comunidades beneficiadas, metas programadas y número de beneficiarios”.
Asimismo, el órgano fiscalizador del estado les solicita a los ayuntamientos las actas de constitución de los comités de desarrollo comunitario, las actas de aceptación de las obras, así como las actas de instalación de los Coplademun y de las reuniones que se realizan a lo largo del ejercicio fiscal.
Así, pues, existe una normatividad robusta relativa al involucramiento ciudadano en el quehacer gubernamental, aunque cada gobierno municipal le da la interpretación que quiere y es muy frecuente que sólo se cubran los requisitos formales (generalmente el acopio de firmas de representantes comunitarios) para simular que hay una real participación social.
Sin embargo, grandes omisiones a las diferentes leyes fueron patentes en casi todos los municipios que respondieron a la solicitud de información, pero algunos llevan al límite esta simulación con argumentos falaces y poco creíbles. Tal es el caso del ayuntamiento de Coyuca de Benítez, cuyo director de obras respondió que “en el artículo 33 de la ley de coordinación fiscal se prevee el uso exclusivo de los recursos federales destinados a los municipios, por tanto, y en estricto cumplimiento a lo estipulado, queda entendido que los recursos vienen marcados y etiquetados para su destino, ya no como práctica donde el comité [Coplademun] avalaba la acción del gobierno”.
Es decir, el ayuntamiento de Coyuca de Benítez borró de un plumazo toda la normatividad en la materia, especialmente el artículo 26 de la Constitución mexicana, e incluso reconoce que “entre las disposiciones establecidas con relación a estos fondos [se refiere a los que componen el Ramo 33], está la obligación de hacerlos de conocimiento público”, pero su portal electrónico no contiene ninguna información sobre el tema.
La respuesta del ayuntamiento de Atoyac es también peculiar, porque la tesorera municipal expresó que no “no puedo proporcionarle lo que solicita porque la Propuesta de Inversión de Obras y Acciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016, aún no está definida en su totalidad”, es decir, al 23 de agosto no tenían ese documento y hasta de manera dolosa fecharon su oficio de respuesta el 20 de mayo.

Otras joyas

En lugar de enviar el acta del Coplademun o de cualquier otra instancia representativa de la ciudadanía que avalara la propuesta de inversión de obra pública municipal, el ayuntamiento de Taxco respondió con un “Decreto (sic) mediante el que se integra el comité de planeación para el desarrollo municipal en su apartado de autoridades universitarias”, fechado el 30 de noviembre de 2015, y que no describe el procedimiento de conocimiento y aval de la propuesta de inversión.
Del municipio de Azoyú enviaron un documento de integración del Coplademun y un acta de aval de la propuesta de inversión que registra la participación del cabildo, del coordinador regional del Copladeg, de funcionarios del ayuntamiento, y de parte de la ciudadanía, sólo del vocal de control y vigilancia. Su propuesta de inversión además está totalmente ilegible.
En el caso del municipio de Chilpancingo, enviaron un acta de Coplademun fechada el 13 de mayo de 2016, pero sin firmas, mientras que de Huamuxtitlán nos hicieron llegar un acta de cabildo en donde se aprueba el Plan Municipal de Desarrollo, pero no el acta de Coplademun ni la propuesta de inversión. Por otra parte, el ayuntamiento de Tixtla hace una reseña de la reunión de Coplademun, pero no entrega el acta firmada por todos los que en ella participaron.
Fueron pocos los ayuntamientos que cumplieron, al menos en la forma, con la entrega de las actas de Coplademun donde se da a conocer y se avala la propuesta de inversión de la obras y acciones municipales: Xochistlahuaca, Olinalá, La Unión, Juchitán, Ixcateopan, Florencio Villarreal, Chilpancingo, Azoyú, Arcelia y Alpoyeca.
En la siguiente entrega abordaremos otras irregularidades de los ayuntamientos, particularmente la adquisición de fertilizante químico con recursos del FISM-DF.

Incipientes avances en el cumplimiento de la información de oficio

El Sur de Acapulco

Faltan 68 días para que se venza el plazo en el que las dependencias públicas deben subir toda su información de oficio a la plataforma nacional de transparencia, y los avances que se observan en Guerrero son todavía incipientes. De acuerdo con los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia, el 6 de noviembre de 2016 concluirá el periodo que marca la norma para que las más de 200 oficinas gubernamentales y organismos que reciben recursos del erario publiquen un catálogo que incluye 48 temas de información y adicionalmente datos específicos, según sean del Ejecutivo, Legislativo, ayuntamientos, organismos autónomos, etcétera.
El plazo se prevé en el transitorio segundo de los lineamientos técnicos, los cuales indican que “habrá un periodo de seis meses para que los sujetos obligados de los ámbitos federal, estatal y municipal incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional la información” correspondiente a sus obligaciones de oficio.
Los lineamientos técnicos se formularon debido a las enormes diferencias en la presentación y calidad de la información entre los distintos sujetos obligados, deficiencias que la mayoría de las veces servían como parapeto y excusa para publicar “información chatarra” –que en los hechos era lo mismo que ser opacos- y continuar con un discurso de transparencia.
Los lineamientos, publicados en el diario oficial de la federación el 4 de mayo de 2016, son obligatorios para todos los sujetos obligados del país y “tienen como propósito definir los formatos que se usarán para capturar la información prescrita en el Título Quinto de la Ley General para asegurar que sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable”.
Asimismo, “contemplan las especificaciones necesarias para la homologación en la presentación y publicación de la información, al tiempo que detallan los criterios mínimos, tanto de contenido como de forma, que los sujetos obligados deberán tomar en consideración al preparar la información que publicarán para cumplir con sus obligaciones de transparencia”.
Con esta norma se le cierra el paso a la simulación, que en Guerrero es cotidiana y común entre la mayoría de las dependencias públicas del estado, pues los lineamientos técnicos son suficientemente claros para la publicación de información de calidad, o de lo contrario, cada trimestre –periodo en que obligatoriamente deben ser actualizados los datos- serán sancionados por el órgano garante de la transparencia en Guerrero.
Se percibe que en el estado los sujetos obligados no están considerando con seriedad la nueva política nacional en materia de transparencia y acceso a la información, diseñada a partir de las modificaciones constitucionales al artículo sexto y de la aprobación tanto de la ley general de transparencia como la ley 207 de transparencia en el estado de Guerrero.
Independientemente de las acciones de las instituciones encargadas de exigir el cumplimiento de la ley, la propia norma incorporó un procedimiento de denuncia ciudadana por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. El artículo 103 de la ley de transparencia local a la letra dice que “Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley y demás disposiciones aplicables”, y dicho procedimiento se activará en noviembre, por lo que no será extraordinario que el órgano garante reciba decenas de estas demandas ciudadanas ante el incumplimiento de los sujetos obligados.

Indicadores del poco avance

En Guerrero no se observan ni nadie ha anunciado avances que permitan vislumbrar que las dependencias del estado cumplirán en tiempo y forma con esta obligación clave para la transparencia en la entidad. Esto es motivo de preocupación por la opacidad que continuará prevaleciendo, pues no se percibe que los sujetos obligados estén trabajando en la sistematización ni en el llenado de formatos que requiere la nueva ley.
El propio Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Datos Personales (Itaigro) reconoció que en la fecha perentoria no se habían integrado las unidades ni los comités de transparencia –áreas clave para elaborar y dirigir este trabajo–. Así, por ejemplo, el Itaigro publicó una relación de sujetos obligados “que no dieron cumplimiento con los artículos 52, 56, séptimo y noveno transitorios de la Ley 207 de Transparencia” –para la integración de sus unidades y comités de transparencia, principalmente-, y destaca que fueron 141, de 207, los sujetos incumplidos, es decir, 68.1 por ciento del total. Esto refleja la gravedad y dimensión de lo que se viene para noviembre.
El órgano garante subraya que 57 de las dependencias incumplidas son del Ejecutivo del estado –lo que contrasta con el discurso de transparencia que adoptó el gobernador Héctor Astudillo Flores–; 64 son ayuntamientos, entre los que sobresalen Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Taxco, Chilapa, Ayutla, Iguala, San Luis Acatlán y Tixtla; tampoco cumplieron 12 sindicatos y cuatro fideicomisos o fondos públicos, entre otros.
Otro indicador de la percepción de los pocos avances es la revisión de los portales. En el caso de los ayuntamientos, al revisarse las páginas web de algunos de los municipios con más población, la mayoría de éstos publica la información relacionada con la anterior ley y ésta casi siempre se presenta desactualizada. El ayuntamiento de Chilpancingo, por ejemplo, cuyo portal tradicionalmente ha sido poco accesible y con información desactualizada e incompleta, solamente tiene la liga correspondiente a la Ley 207 de Transparencia, pero todavía sin ningún contenido.
El ayuntamiento de Iguala publica buena parte de la información de oficio de la Ley 374, pero casi toda es desactualizada, es decir correspondiente a 2015 y años anteriores. No hace ninguna referencia a la nueva ley 207 de transparencia. En el caso del ayuntamiento de Taxco, no cuenta ni con información de la ley 374 ni de la actual y vigente.
El portal del municipio de Zihuatanejo de Azueta sólo contiene información de la ley anterior y ninguna mención a la ley que actualmente nos rige. Por su parte, Acapulco, aun cuando tiene la mayoría de su información de oficio vigente, ésta corresponde a la ley que rigió al estado hasta el 5 de mayo de 2016. De la ley 207 de transparencia no se menciona nada.
Otros municipios como Teloloapan, Pungarabato, Tixtla, Coyuca de Benítez, publican de manera parcial y con información que no corresponde ni a una ni a otra ley. Mientras que ayuntamientos como Chilapa, Coyuca de Benítez, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Tlapa, Petatlán, Huamuxtitlán, Ajuchitlán del Progreso, aunque tienen un portal, no publican ninguna de sus obligaciones de transparencia.
Muchos ayuntamientos ni siquiera tienen un portal electrónico, tal es el caso de Cujinicuilapa, Zitlala, Coahuayutla, Florencio Villarreal, Juan R. Escudero, Tecoanapa, Atlixtac, San Marcos, Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Alpoyeca, Tepecoacuilco, Arcelia, Azoyú, Cuautpec, incluyendo a municipios que reciben muchos recursos como Ayutla de los Libres, mientras que otros tienen o simulan fallas en sus páginas electrónicas como Atoyac, Ometepec y Quechultenango.
Por cierto, el único ayuntamiento que está publicando información de acuerdo con las nuevas disposiciones y formatos de la ley 207 de transparencia –aun cuando en este momento es aún muy parcial- es el de Eduardo Neri.

Gobierno del estado y otros

En el caso de las dependencias del Ejecutivo, la utilización de los formatos y la presentación de la información no son homogéneas. La Secretaría de Finanzas y Administración, la General de Gobierno, Salud, entre otros, aunque publican los títulos de los temas correspondientes a la ley 207, éstos no contienen ninguna información; por otra parte, algunas secretarías como la de desarrollo urbano, obras públicas y ordenamiento territorial, la particular del gobernador, la de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural, Educación, medio ambiente y recursos naturales, o la secretaría de contraloría y transparencia gubernamental, conservan los formatos de la ley 374, aunque la información que incluyen es desactualizada. De hecho, con el pretexto de que entraría en vigor una nueva ley y de que son un gobierno que recién asumió sus funciones, en lo que va de la administración de Astudillo Flores no se ha visto ningún avance en la publicación de información de oficio, ni de la anterior ni de la actual ley de transparencia, y ya llevan 10 meses.
Otra institución que se prepara para la nueva ley de transparencia es el Congreso del estado, que ya publica parcialmente información sobre los nuevos temas. Pero otras dependencias ni siquiera publican cabalmente los rubros de la anterior ley, mucho menos de la vigente, como es el caso de la página electrónica del Poder judicial del estado de Guerrero, la de la Universidad Autónoma de Guerrero o la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos.
El Itaigro, en su nuevo portal, incluye parcialmente información de las dos leyes en esta etapa de transición, pero tampoco se observan avances significativos.
Hay cerca de 50 instituciones y organismos que reciben recursos públicos y con la ley general de transparencia se convirtieron en “sujetos obligados”; de éstos, se desconoce si estén trabajando en los preparativos para la difusión de su información de oficio. Es el caso de los sindicatos, partidos políticos y varias dependencias públicas que no estaban registradas.

El tamaño de la tarea

La dimensión del trabajo que deben realizar los sujetos obligados para la publicación de su información de oficio es muy grande, e inevitablemente incumplirán con la ley si no asumen que la transparencia implica hoy, no sólo la disposición y voluntad auténticas para dar a conocer el quehacer gubernamental, sino cambios significativos en el interior de las organizaciones burocráticas como capacitación, establecimiento de políticas y procedimientos de gestión, acondicionamiento de espacios físicos, inversión en equipo, etc.
Un solo ejemplo es suficiente para retratar el tamaño de las tareas. Antes de esta nueva política nacional de transparencia no había lineamientos técnicos y los sujetos obligados de Guerrero publicaban información que no correspondía u omitían los temas sobre licitaciones públicas e información de los proveedores.
Hoy, la fracción XXVIII del capítulo de las obligaciones de transparencia comunes (artículo 81 de la ley 207) exige a todas las dependencias públicas a difundir “la información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados”.
Los datos mínimos que deberán contener las licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida son la convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo, los nombres de los participantes o invitados, el nombre del ganador y las razones que lo justifican, el área solicitante y la responsable de su ejecución, los dictámenes y fallo de adjudicación, el contrato, los mecanismos de vigilancia y supervisión, la partida presupuestal de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable; el origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados, entre otros datos.
En el caso de las adjudicaciones directas se deberá publicar la propuesta enviada por el participante, los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo, la autorización del ejercicio de la opción; el nombre de la persona física o moral adjudicada, la unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución, el número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra, los informes de avance sobre las obras o servicios contratados.
Éste es sólo uno de los 48 temas de transparencia comunes que deberán publicar todas las dependencias públicas de Guerrero en la plataforma nacional de transparencia. Sin duda, es un reto que podrá solventarse si existe la disposición de quienes encabezan a los sujetos obligados; si no es así, se llenarán de sanciones.

Guerrero no aporta a los servicios ambientales

El Sur de Acapulco

Durante los gobiernos de Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez se perdieron o desviaron millones de pesos que se habían comprometido para pagar a campesinos dueños o poseedores de recursos forestales por concepto de servicios ambientales. El gobierno del estado se había comprometido, mediante un instrumento jurídico firmado por Ángel Aguirre Rivero y Humberto Zapata Añorve, a aportar recursos financieros en colaboración con el gobierno federal –a través de la Comisión Nacional Forestal– para cubrir el pago destinado a incentivar y apoyar la protección y conservación de 14 mil 615 hectáreas de 17 ejidos y comunidades del estado. Pero sin ninguna explicación, el dinero desapareció y los beneficiarios sólo recibieron una ministración de ocho que estaban programadas.

La historia del desfalco

Aunque en el interior de los ejidos y comunidades comenzaron las manifestaciones de descontento desde 2014, las noticias de la retención de los recursos del programa para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes, se difundieron también en la prensa. El 25 de mayo de 2015, por ejemplo, campesinos de la sierra denunciaron que les habían retenido un millón 300 mil pesos de los programas servicios ambientales, cultivo y caminos forestales que debieron haber sido entregados a ejidos de 11 municipios de la región en el ejercicio fiscal del 2014.
De acuerdo con testimonios de los inconformes, el pretexto que les presentó el gobierno del estado para el retraso en el pago de servicios ambientales fue “la veda electoral”, y que por tanto los pagos se reanudarían hasta después del 7 de junio de 2015, “cuando los campesinos no quieren elecciones, ellos quieren comer, quieren satisfacer sus necesidades básicas, no les interesa el voto”, dijeron en aquella ocasión.
Asimismo se quejaron porque aun cuando el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez “ya declaró a la Sierra como la octava región económica” –lo cual a la postre resultó falso–, todavía no se ve ningún beneficio social ni ambiental en esa región, y ninguno de los tres órdenes de gobierno “le mete mano” para lograr el desarrollo social en esa región.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal, en 2010 esa dependencia federal aportó recursos a un fondo concurrente por 51.7 millones de pesos para beneficiar a nueve entidades, teniendo como contraparte a organizaciones de la sociedad civil, un organismo operador de agua y un ayuntamiento.
En 2011, la Conafor invirtió en servicios ambientales un monto de 83.7 millones de pesos en 16 estados, y en este año destacaron como aportantes algunos gobiernos estatales, la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil. Cabe mencionar que en este año, el gobierno municipal de Chilpancingo, específicamente a través de su organismo operador de agua potable, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo, fue una de las contrapartes de la Conafor estableciéndose un convenio por cinco años. Se desconoce si el ayuntamiento capitalino concluyó con su compromiso.
Para 2012 la suma invertida en servicios ambientales se incrementó a 151 millones de pesos, para invertirse en 16 estados. Fue precisamente en este año cuando el gobierno del estado de Guerrero, a través de la ex Secretaría de Desarrollo Rural, se incorporó a este esquema concurrente de pago por servicios ambientales, por un lapso de ocho años, es decir los campesinos tendrían que haber recibido apoyos financieros hasta 2020. Pero la historia fue diferente y en el mejor de los casos sólo recibieron uno de los pagos, de ocho que estaban pactados.
También en 2012, el ayuntamiento de Taxco se incorporó al programa de pago por servicios ambientales y en el 2013 lo hizo el gobierno municipal de Zihuatanejo; al siguiente año, en 2014, también participó la iniciativa privada a través de la Empresa Agrícola Téllez de Iguala.

El convenio

Para conocer los términos y compromisos entre el gobierno federal y el gobierno del estado, se presentaron solicitudes de información ante ambas dependencias requiriendo el convenio que habían firmado para concretar las aportaciones pactadas.
La hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural respondió a la solicitud, aun cuando fue una de las dependencias que signaron el documento jurídico, que “no se encontraron convenios entre el gobierno del estado y el gobierno federal para la ejecución de programas para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales, a través de fondos concurrentes de la Comisión Nacional Forestal”.
En cambio, la Conafor sí entregó copia del convenio de colaboración firmado en 2012. Ahí se estipuló que ambas dependencias aportarían recursos financieros concurrentes para el pago por servicios ambientales en beneficio de una superficie de 14 mil 615 hectáreas.
En la segunda cláusula se establece que las dependencias “acuerdan integrar un fondo concurrente” por un monto total de 59.8 millones de pesos, “a partir de la firma y hasta el término de la vigencia del presente convenio con una duración de ocho años”, es decir, hasta 2020. De acuerdo con esta cláusula, cada una de las partes se obligaba a aportar 29.9 millones de pesos las cuales se entregarían “en ocho ministraciones anuales”.
Además de la creación de un fideicomiso local para el manejo de los recursos financieros comprometidos, el gobierno del estado se obligaba a “establecer los mecanismos que aseguren transparencia en el ejercicio de los recursos en conjunto con una estrategia de comunicación sobre logros de objetivos de conservación”. Evidentemente esto nunca se cumplió y todavía hoy se desconoce el destino de los recursos.
Según consta en el convenio, con este programa se había programado beneficiar a 17 núcleos agrarios del estado de Guerrero, con superficies que van de las 400 a las mil 200 hectáreas en cada uno de ellos. La superficie total cubierta con el pago por servicios ambientales era de 14 mil 615 hectáreas.
De la región norte de la entidad se tenía previsto beneficiar a los núcleos agrarios de San Martín Pachivia, Santiago, Coatepec Costales, Acatepan, Huixtac y sus anexos, San Pedro, San Felipe Chichila y San Francisco Acuitlapan.
De Tecoanapa y Ayutla, los ejidos de San Francisco, Tepetates y Xalpatláhuac; de Chilpancingo, los núcleos agrarios de Palo Blanco y Tepozonalco; de los Pueblos Santos, Río Verde, Santa Bárbara y San Miguel. Y finalmente, los ejidos Los Humedales y Santa Lucía y sus anexos.
Sin embargo, de acuerdo con testimonios de autoridades ejidales y de bienes comunales, así como de técnicos que prestaron asesoría a estos núcleos agrarios, los campesinos sólo recibieron el primer pago, de ocho que estaban comprometidos.
¿Dónde quedó el resto de los recursos? ¿Hacia dónde fueron reprogramados? ¿Por qué en el gobierno del estado es frecuente el incumplimiento de sus compromisos con dependencias federales en detrimento de miles de guerrerenses? ¿Hasta cuándo se dejará de engañar a los campesinos?

El incumplimiento

Por medio de una solicitud de información, se requirió a la Conafor “los estados o municipios que han dejado de aportar al programa (de pago por servicios ambientales) de los ejercicios 2010 al 2015”. La dependencia informó que sólo tres entidades gubernamentales habían dejado de cubrir sus compromisos: dos del estado de Guerrero (gobierno del estado, en 2012; y el Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, en 2013); y uno de Quintana Roo (Instituto Forestal del estado de Quintana Roo).
En su respuesta, la Comisión Nacional Forestal no mencionó ninguna medida para sancionar a las entidades que no cumplieron con sus compromisos. Sólo hizo referencia a los lineamientos del programa de pago por servicios ambientales, que en su artículo 67 dice: “Para aquellas contrapartes que soliciten el desistimiento de aportación de fondos posterior a la asignación por parte del Comité Técnico Nacional y firma de convenio de colaboración, no podrán presentar cartas de intención en la convocatoria de los dos años siguientes a dicha cancelación o desistimiento…”
Y agregó, para prevenir este tipo de incumplimientos, que en las reglas de operación del ejercicio 2016 se incluyó que “las partes interesadas deberán demostrar que cuentan con solvencia económica para cumplir con los compromisos de pago propuestos para el convenio de colaboración, como requisito obligatorio, de lo contrario serán descalificadas sus cartas de intención”.
Los gobiernos de Ángel Aguirre y Rogelio Ortega Martínez engañaron a los dueños y poseedores de recursos forestales de 17 ejidos y comunidades del estado. Sólo les entregaron una mínima parte del pago por servicios ambientales al que tenían derecho y que fueron acordados en un documento jurídico. Nunca hubo ninguna explicación para ellos ni a la opinión pública, no se transparentó el ejercicio de los recursos, hubo un desprecio total hacia estos guerrerenses e impunidad para quienes desviaron estos recursos.

Qué son los servicios ambientales

El pago por servicios ambientales fue diseñado para proveer incentivos económicos a los dueños y poseedores de terrenos forestales (ejidos, comunidades y pequeños propietarios) y apoyar las prácticas de conservación y evitar el cambio de uso del suelo (deforestación) de los bosques.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el esquema de pago por servicios ambientales tiene el propósito de “impulsar el reconocimiento del valor de los servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas forestales, agroforestales y recursos naturales, además de la creación de mercados de estos servicios”.
La Comisión Nacional Forestal explica que los servicios ambientales del bosque “son los beneficios que la gente recibe de los diferentes ecosistemas forestales, ya sea de manera natural o por medio de su manejo sustentable (…) e influyen directamente en el mantenimiento de la vida, generando beneficios y bienestar para las personas y las comunidades”.
Ejemplifica que algunos servicios ambientales del bosque son la captación y filtración de agua, mitigación de los efectos del cambio climático, generación de oxígeno y asimilación de diversos contaminantes, protección de la biodiversidad, retención de suelo, refugio de fauna silvestre y belleza escénica, entre otros.
Regularmente, los servicios ambientales son gratuitos para la gente que disfruta de ellos, mientas que los dueños y poseedores de terrenos forestales que los proveen no son compensados en forma alguna por ello, y de ahí la creación de programas para apoyarlos.
Uno de esos programas es el de Mecanismos Locales de PSA a través de los Fondos Concurrentes de la Conafor, el cual ha propiciado la atracción de recursos complementarios de otros sectores, la inclusión de nuevos actores y la construcción de arreglos financieros e institucionales para dar respuesta a las necesidades de conservación de los recursos forestales y sus servicios ambientales.

El actual gobierno

En Guerrero poco se le apuesta e invierte en los temas medioambientales, no obstante que su descuido origina muchos de los problemas que presenta el estado como la mayor incidencia de algunas enfermedades, incendios, contaminación y falta de agua, y especialmente el aumento de los efectos devastadores de los fenómenos hidrometeorológicos, constantes en la entidad, debido a la deforestación y los cambios de uso de suelo.
Hace unas semanas se presentó una solicitud de información ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para requerir la descripción de programas, proyectos o acciones relacionadas con servicios ambientales, que la secretaría estuviera llevando a cabo en el ejercicio 2016.
La respuesta fue la siguiente: “se han revisado los expedientes, específicamente de la Dirección General de Recursos Naturales y en el período que solicita, informándole que esta Secretaría no está ejecutando ningún Programa de Servicios Ambientales”. Es decir, el actual gobierno de Héctor Astudillo Flores no dio seguimiento a los compromisos institucionales de las administraciones anteriores ni tampoco, por lo menos este año, se ha interesado por la aportación de recursos para el pago por servicios ambientales.
El apoyo a los campesinos por el concepto de servicios ambientales no estuvo considerado en los gobiernos anteriores ni está en los hechos operando en el gobierno de Héctor Astudillo. Falta esperar si en los próximos años pone en marcha una de las líneas de acción de su plan estatal de desarrollo que dice “Incentivar económicamente las iniciativas comunitarias de conservación de bosques”.

Los recortes al gasto en Guerrero

El Sur de Acapulco

Este año comenzaron a palparse los primeros saldos negativos de la reforma energética promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde el diseño del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2016 se previeron los efectos de aquella reforma y la baja de los precios de los hidrocarburos mediante la reducción de los recursos financieros de este año.
A lo largo del ejercicio 2016 los recortes presupuestales han continuado, uno aplicado en febrero y el otro más reciente, en julio de 2016.
Esto también tiene sus repercusiones en estados como Guerrero. Si bien ambos ajustes se aplicaron a entidades y dependencias federales, sus consecuencias también alcanzan a los habitantes del estado, aun cuando el gobernador Héctor Astudillo en un par de ocasiones dijo que no afectarían, aunque después rectificó.

Primer recorte

De acuerdo con el jefe de la Unidad de Planeación Económica y Hacienda Pública de la SHCP, Luis Madrazo, el recorte al gasto en 2016 se debió a la caída en los precios del crudo y para atenuar la transición a una nueva disminución de ingresos petroleros en 2017, dijo el funcionario en entrevista con el diario Milenio realizada en enero.
Madrazo agregó que en efecto, en el PEF 2016 ya había un ajuste importante y a lo largo del ejercicio se realizaría otro ajuste “preventivo, motivado, no por faltantes este año, sino para ir suavizando la transición hacia el año que entra, donde no tengamos coberturas al mismo nivel”.
Las declaraciones del funcionario de la SHCP explican los primeros efectos negativos de la reforma energética. En la medida que bajen los precios del petróleo la percepción es de un mayor deterioro de las finanzas públicas, lo que reduce el margen de maniobra del gobierno de la república.
En el periodo de 2005 a 2014, los ingresos por la venta de petróleo se mantuvieron por arriba del 30 por ciento del total de los ingresos presupuestarios, alcanzando un nivel máximo en 2008 cuando representaron 44.3 por ciento, y con un promedio en el periodo de36.6 por ciento.
Sin embargo, en 2015 los ingresos de la federación provenientes del petróleo disminuyeron de manera significativa hasta 19.7 por ciento, su nivel más bajo desde 1994.
En este marco, la SHCP anunció el 17 de febrero de 2016 un “ajuste preventivo para mantener la estabilidad macroeconómica y preservar la trayectoria de finanzas públicas sólidas”. El recorte es al gasto de la Administración Pública Federal por un monto de 132 mil 301.6 millones de pesos, que representa 0.7 del producto interno bruto.
De esa cantidad, 100 mil millones de pesos se recortaron al presupuesto de Petróleos Mexicanos, 29 mil 301.6 millones a distintas dependencias del gobierno federal, 2 mil 500 millones a la Comisión Federal de Electricidad,  y 500 millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE).
Algunas dependencias y programas que tuvieron recortes presupuestales y afectan los programas sociales fueron: la Secretaría de Educación Pública con 3 mil 360.2 millones de pesos, afectando actividades como el programa nacional de becas (mil millones), la expansión de la educación media y superior (mil millones), el programa para el desarrollo profesional docente (300 millones) y proyectos para la infraestructura social del sector educativo (160.2 millones de pesos).
También la Secretaría de Salud vio mermado su gasto en 2 mil 62.6 millones de pesos, y en este caso se recortaron programas como el de atención a la salud con 537.1 millones de pesos, prevención y control de enfermedades (131 millones), prevención y apoyos contra las adicciones (106 millones) y formación y capacitación de recursos humanos para la salud (92.5 millones de pesos).
En el caso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la disminución del gasto fue de 3 mil millones de pesos; algunos de los programas con recortes fueron el programa de comercialización y desarrollo de mercados con mil 500 millones, los programas de fomento a la agricultura, de fomento ganadero, de productividad y competitividad agroalimentaria, y el de productividad rural, respectivamente con 650, 400, 250 y 200 millones de pesos.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales registró una disminución en su casto por 4 mil 113.1 millones de pesos y destacan, entre los programas afectados, el de agua potable, alcantarillado y saneamiento, al que se le recortaron mil millones de pesos, el programa de infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas, con 704 millones 300 mil pesos menos, la atención de emergencias y desastres naturales (600 millones) y los apoyos para el desarrollo forestal sustentable (500 millones).
El programa de infraestructura indígena, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, tuvo una afectación de mil millones de pesos.
El recorte más severo en las dependencias del Ejecutivo federal fue el de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, que alcanzó los 12 mil 254.1 millones de pesos, y entre las afectaciones están proyectos de construcción de carreteras, con un recorte por 3 mil 842.6 millones, proyectos de infraestructura ferroviaria (2 mil 500 millones), proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales (2 mil 281.8 millones) y el programa de conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras (mil 245.1 millones).
En cuanto a proyectos de inversión, resultaron afectadas obras por 13 mil 227 millones de pesos. Como parte de este paquete de recortes, se registra la obra de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, la cual dejará de recibir este año 205.7 millones. A esta obra se le asignaron en el presupuesto de egresos de la federación un total de 650 millones de pesos para este año, la disminución representa 31.6 por ciento de ese monto original.
Al respecto, el gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó, luego de participar en la 50 sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), “que no hay recorte al presupuesto de las entidades del país” y en “los estados no tienen repercusiones”, según un comunicado del gobierno del estado.
Lo que si se les recomendó, dijo, fue hacer planeaciones en el control del gasto corriente, “que me parece muy correcto, pero aún no hay recortes presupuestales”.

Segundo recorte

El pasado 24 de junio el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Luis Videgaray Caso, anunció que para hacer frente a las consecuencias económicas de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el gobierno mexicano decidió aplicar un segundo recorte al gasto público en el año, en este caso por 31 mil 715 millones de pesos.
“Hemos realizado ya un ajuste al gasto público este año y quiero anunciar que, para asegurar el cumplimiento de la meta de carácter fiscal, que disminuyan los requerimientos financieros del sector público, para 2016 habrá un segundo recorte al gasto público, en este caso sólo del gobierno federal, por 31 mil 715 millones de pesos”, dijo hoy Luis Videgaray.
Agregó que el 91.7 por ciento del ajuste será aplicado a gasto corriente, por lo que se calcula una reducción de 29 mil 71 millones a este concepto y el resto en gasto de inversión.
Si se observa por dependencia, las más castigadas son las secretarías de Salud y Educación Pública, a cada una de las cuales se les recortaron 6 mil 500 millones de pesos. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tendrá una reducción de 4 mil 205 millones de pesos, la SCT (2174.5 millones), la Semarnat (mil 664.1 millones), Secretaría de Desarrollo Social (mil 550 millones) y el Conacyt (mil 800 millones de pesos).
De acuerdo con la base de datos de la Secretaría de Hacienda, el segundo recorte al gasto anunciado por el gobierno federal afectará a diferentes programas federales aplicados en el estado de Guerrero por un monto de 425.1 millones de pesos.
El mayor monto corresponde a la Secretaría de Comunicación y Transportes, que de junio a diciembre dejará de recibir 20.6 millones de pesos en su Centro SCT Guerrero. De acuerdo con la información consultada, los rubros afectados son proyectos de construcción de carreteras, proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales y construcción y conservación de carreteras.
Los gastos afectados en este rubro se refieren a materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, combustibles, lubricantes y aditivos, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, herramientas, refacciones y accesorios menores, servicios de arrendamiento, servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios.
En el caso de la Secretaría de Educación Pública, el programa más afectado por el recorte es el de Escuelas de Tiempo Completo, que verá disminuido su presupuesto en 43.3 millones de pesos en el rubro de gasto corriente.
Dos programas de la Secretaría de Gobernación aplicados en el estado tendrán ajustes por el recorte, ambos suman 18.7 millones de pesos. El primero es el Programa de Prevención del Delito que en lo que resta del año dejará de recibir 15.9 millones de su gasto corriente. El segundo es el presupuesto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que en su programa de Derechos humanos y prevención de la discriminación disminuirá su presupuesto para el estado en 2.7 millones de pesos, también en gasto corriente.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, específicamente la Comisión Nacional del Agua, disminuirá el gasto en el programa Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado, básicamente en el manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones. El recorte en este rubro será de 5 millones de pesos.
Respecto a la disminución de presupuesto en entidades no sectorizadas, destaca la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que en su programa de Infraestructura Indígena, disminuirá su presupuesto en 340 millones de pesos en su gasto corriente.
La otra dependencia es el Instituto Nacional de las Mujeres, y en este caso el programa afectado es el Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en dos millones de pesos.

Afectación de participaciones

Adicional a los recortes anteriores, que se aplicarán principalmente a dependencias federales con programas en Guerrero, el gobierno del estado tendrá un ajuste financiero de 554 millones de pesos que aplicó la Secretaría de Hacienda, sólo a las participaciones del mes de julio de 2016.
“Esto va a complicar que podamos contratar personal, se van a reducir gastos como viáticos y telefonía, entre otros”, de acuerdo con el Portal Digital Guerrero del 12 de julio.
Un día antes, el secretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado, Héctor Apreza Patrón dijo que por el recorte federal, Guerrero tuvo un descuento en el mes de julio de 554 millones de pesos en participaciones, luego de que el estado debió haber recibido 930 millones de pesos. (Por cierto, uno de los motivos al recorte en las participaciones de los estados es su bajo nivel de recaudación de impuestos.)
Ya en abril, el funcionario había informado que en el primer trimestre de este año hubo un recorte de participaciones federales por 600 millones de pesos, por lo que habría un ajuste financiero a los sueldos de personal de confianza y quedarían congeladas las plazas para enfrentar esta contingencia financiera que calificó de grave.
Al respecto, el funcionario informó que el gobierno está priorizando el pago de nómina, y explicó que a esa fecha, no sabían cómo le va a afectar a Guerrero el segundo recorte anunciado por la Secretaría de Hacienda por 31 mil millones de pesos.
Adelantó que se le dejara de pagar algunos proveedores, para poder privilegiar pagos de servicios personales.
Señaló que aunque se menciona que el recorte es para la federación, indico que lo que dejen de hacer en el rubro de educación y salud, lo tendrá que pagar el estado.
Cabe recordar que el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio 2016 se calcularon ingresos por 48 mil 409 millones de pesos, que representan 9.8 por ciento de incremento con respecto a 2015. En aquellos meses señalamos en este espacio que era un error confiarse en esas cifras, pues la situación económica nacional e internacional no garantizaban que a finales de 2016 termináramos con esa cifra.
Por lo pronto hay que descontar 600 millones del primer trimestre y 554 millones de pesos correspondientes al mes de julio.