Ayuntamientos, omisos en acceso a la información

El Sur de Acapulco

En la mayoría de ayuntamientos de Guerrero no solo persiste la falta de transparencia, sino que tampoco cumplen con la obligación de considerar la participación ciudadana en el proceso de planeación y programación de las obras municipales, además de que siguen invirtiendo fuertes cantidades de recursos en la adquisición de fertilizante químico fuera de la norma.
Aunque las irregularidades anteriores son públicamente conocidas, fue posible documentarlas a partir de la presentación de un paquete de solicitudes de información ante 45 ayuntamientos del estado. Las respuestas o la falta de éstas evidencian las numerosas irregularidades que año tras año cometen los gobiernos municipales y dejan constancia documentada para que las dependencias normativas, fiscalizadoras y de control, federales y del estado, intervengan para hacer que se cumpla la normatividad.
En esta y la siguiente entrega de Monitor de Guerrero presentaremos los principales hallazgos derivados de las 45 respuestas proporcionadas por los ayuntamientos a la solicitud de información sobre su propuesta de inversión de obra pública municipal del ejercicio 2016, así como del acta de la sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal que avaló dicha programación de obras y acciones.

Desobligados en acceso a la información

Aunque tienen la obligación de contar con mecanismos para facilitar el acceso a la información de los ciudadanos, esto no la han cumplido muchos ayuntamientos del estado restringiendo el ejercicio de este derecho a los ciudadanos. Actualmente está en su fase de pruebas la plataforma nacional que alojará al total de dependencias o sujetos obligados del país, pero eso no exime a los ayuntamientos de que establezcan un mecanismo provisional para recibir las peticiones de información.
Como una medida intermedia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) recomendó que los ayuntamientos y todas las dependencias públicas y organismos que reciben recursos del erario se incorporaran al sistema Info Guerrero, , y al hacer un recuento con fecha de corte al 25 de julio, es decir a 85 días de que el Congreso aprobó la Ley 207 de transparencia y Acceso a la Información, sólo 45 ayuntamientos se habían incorporado al sistema, apenas por arriba de la mitad de los municipios del estado.
Con una fecha más cercana, al 6 de septiembre se incorporaron al sistema otros 14 municipios, por lo que restan 21 ayuntamientos que han sido totalmente omisos de la ley de transparencia: Ajuchitlán, Alcozauca, Benito Juárez, Copalillo, Cuatzala, General Canuto A. Neri, General Heliodoro Castillo, José Joaquín Herrera, Mártir de Cuilapan, Mochitlán.
Asimismo, Petatlán, Pilcaya, San Luis Acatlán, Teloloapan, Tetipac, Tlacoapa, Tlacochistlahuaca, Tlalchapa, Tlapehuala, Zapotitlán, Zirándaro y Zitlala.
Pero tener un mecanismo de acceso a la información no significa que un ayuntamiento facilite el ejercicio de este derecho. Muchos gobiernos municipales se incorporaron al sistema Info Guerrero sólo para cumplir el requisito, pues no se ha observado que tengan la disposición para entregar la información que solicitan los ciudadanos.
Del grupo de 45 ayuntamientos a los que ya se les venció el plazo para responder solicitudes de información, 18 hicieron caso omiso a la ley y no contestaron, por lo que se presentaron el mismo número de recursos de revisión y a los cuales el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero deberá sancionar.
Los gobiernos municipales omisos fueron Ahuacuotzingo, Coahuayutla, Cocula, Coyuca de Catalán, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Eduardo Neri, Iguala, Igualapa, Juan R. Escudero, Mártir de Cuilapan, Ometepec, Pungarabato, Quechultenango, San Marcos, Tecoanapa, Tecpan y Tlapa.
Hay otro grupo de nueve ayuntamientos que aunque respondieron, entregaron información de manera parcial. Fue el caso de los gobiernos municipales de Chilpancingo, Copala, Coyuca de Benítez, Pedro Ascencio Alquisiras, San Miguel Totolapan, Taxco, Tepecoacuilco, Tixtla y Zihuatanejo. De acuerdo con la Ley 207 de transparencia, la entrega de información parcial también es causal para la presentación de recursos de revisión, por lo que se efectuó este trámite ante el Itaigro en contra de esos nueve ayuntamientos. En este caso, también procede una sanción.
Hubo ayuntamientos que respondieron peculiarmente. Por ejemplo, Huamuxtitlán entregó información que no corresponde y el ayuntamiento de Apaxtla requirió datos personales para poder entregar la información, lo cual está prohibido por la ley. Los ayuntamientos de Chilapa y Leonardo Bravo manifiestan en el sistema que contestaron, pero no anexan ningún archivo; el gobierno municipal de Huitzuco tachó información que debe ser pública (el costo de las obras), y Atoyac contestó que a agosto todavía no tiene la propuesta de inversión del municipio. A todos ellos se les presentó un recurso de revisión ante el Itaigro.
En total, 33 de 45 ayuntamientos (73.3 por ciento) presentan irregularidades diversas en su entrega de información. Lo anterior significa que los gobiernos municipales de Guerrero no han logrado desprenderse de su histórica orientación hacia la opacidad, y sólo actúan por inercia para cubrir los requisitos que exige la ley 207 de transparencia, pero persiste su falta de disposición para la entrega de información.
Los ayuntamientos que sí cumplieron en tiempo y forma fueron Alpoyeca, Arcelia, Azoyú, Buenavista, Florencio Villarreal, Ixcateopan, Juchitán, La Unión, Marquelia, Olinalá y Xochistlahuaca.

Omisos también en planeación

Uno de los documentos que fueron solicitados a los 45 ayuntamientos fue el acta de las reuniones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) donde se da a conocer y se avala la propuesta de inversión de obra pública del ejercicio 2016.
De los 45 gobiernos municipales, sólo 16 proporcionaron el acta de Coplademun, y de éstas, tres no corresponden con el documento solicitado. La mayoría de los gobiernos municipales que entregaron el acta de Coplademun no reflejan el espíritu que promueven diferentes ordenamientos jurídicos, como el artículo 26 de la Constitución mexicana, que explícitamente recomienda el establecimiento de mecanismos para facilitar la participación social en un sistema nacional de planeación democrática, y en los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal del Ramo 33 (FISM-DF).
Asimismo, las leyes de planeación federal y estatal, pero especialmente la Ley de Coordinación Fiscal, establecen la obligación de involucrar la participación social en diversas etapas del ejercicio de los recursos del FISM-DF.
Así, por ejemplo, en su artículo 33, la Ley de Coordinación Fiscal indica la obligación de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales de “hacer del conocimiento de sus habitantes (…) los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios”.
Pero especialmente establece la obligación de “promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar” con los recursos del FISM del ramo 33.
Entre las facultades de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional –señaladas en la ley orgánica de la administración pública del estado de Guerrero- está la de “promover la creación de Comités de Desarrollo Comunitario, a fin de dar cauce legal a la participación ciudadana en la identificación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos que incidan en el desarrollo estatal”.
De hecho, en sus lineamientos y criterios para la integración y presentación del informe financiero de inicio del encargo y cuenta pública de 2015, aplicables a ayuntamientos municipales, la Auditoría General del Estado solicita a las demarcaciones municipales “evidencia documental (…) de las acciones efectuadas al inicio del ejercicio para difundir entre la población en general la información relacionada a la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), a realizar en el ejercicio, especificando montos, programas, obras, comunidades beneficiadas, metas programadas y número de beneficiarios”.
Asimismo, el órgano fiscalizador del estado les solicita a los ayuntamientos las actas de constitución de los comités de desarrollo comunitario, las actas de aceptación de las obras, así como las actas de instalación de los Coplademun y de las reuniones que se realizan a lo largo del ejercicio fiscal.
Así, pues, existe una normatividad robusta relativa al involucramiento ciudadano en el quehacer gubernamental, aunque cada gobierno municipal le da la interpretación que quiere y es muy frecuente que sólo se cubran los requisitos formales (generalmente el acopio de firmas de representantes comunitarios) para simular que hay una real participación social.
Sin embargo, grandes omisiones a las diferentes leyes fueron patentes en casi todos los municipios que respondieron a la solicitud de información, pero algunos llevan al límite esta simulación con argumentos falaces y poco creíbles. Tal es el caso del ayuntamiento de Coyuca de Benítez, cuyo director de obras respondió que “en el artículo 33 de la ley de coordinación fiscal se prevee el uso exclusivo de los recursos federales destinados a los municipios, por tanto, y en estricto cumplimiento a lo estipulado, queda entendido que los recursos vienen marcados y etiquetados para su destino, ya no como práctica donde el comité [Coplademun] avalaba la acción del gobierno”.
Es decir, el ayuntamiento de Coyuca de Benítez borró de un plumazo toda la normatividad en la materia, especialmente el artículo 26 de la Constitución mexicana, e incluso reconoce que “entre las disposiciones establecidas con relación a estos fondos [se refiere a los que componen el Ramo 33], está la obligación de hacerlos de conocimiento público”, pero su portal electrónico no contiene ninguna información sobre el tema.
La respuesta del ayuntamiento de Atoyac es también peculiar, porque la tesorera municipal expresó que no “no puedo proporcionarle lo que solicita porque la Propuesta de Inversión de Obras y Acciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016, aún no está definida en su totalidad”, es decir, al 23 de agosto no tenían ese documento y hasta de manera dolosa fecharon su oficio de respuesta el 20 de mayo.

Otras joyas

En lugar de enviar el acta del Coplademun o de cualquier otra instancia representativa de la ciudadanía que avalara la propuesta de inversión de obra pública municipal, el ayuntamiento de Taxco respondió con un “Decreto (sic) mediante el que se integra el comité de planeación para el desarrollo municipal en su apartado de autoridades universitarias”, fechado el 30 de noviembre de 2015, y que no describe el procedimiento de conocimiento y aval de la propuesta de inversión.
Del municipio de Azoyú enviaron un documento de integración del Coplademun y un acta de aval de la propuesta de inversión que registra la participación del cabildo, del coordinador regional del Copladeg, de funcionarios del ayuntamiento, y de parte de la ciudadanía, sólo del vocal de control y vigilancia. Su propuesta de inversión además está totalmente ilegible.
En el caso del municipio de Chilpancingo, enviaron un acta de Coplademun fechada el 13 de mayo de 2016, pero sin firmas, mientras que de Huamuxtitlán nos hicieron llegar un acta de cabildo en donde se aprueba el Plan Municipal de Desarrollo, pero no el acta de Coplademun ni la propuesta de inversión. Por otra parte, el ayuntamiento de Tixtla hace una reseña de la reunión de Coplademun, pero no entrega el acta firmada por todos los que en ella participaron.
Fueron pocos los ayuntamientos que cumplieron, al menos en la forma, con la entrega de las actas de Coplademun donde se da a conocer y se avala la propuesta de inversión de la obras y acciones municipales: Xochistlahuaca, Olinalá, La Unión, Juchitán, Ixcateopan, Florencio Villarreal, Chilpancingo, Azoyú, Arcelia y Alpoyeca.
En la siguiente entrega abordaremos otras irregularidades de los ayuntamientos, particularmente la adquisición de fertilizante químico con recursos del FISM-DF.

Incipientes avances en el cumplimiento de la información de oficio

El Sur de Acapulco

Faltan 68 días para que se venza el plazo en el que las dependencias públicas deben subir toda su información de oficio a la plataforma nacional de transparencia, y los avances que se observan en Guerrero son todavía incipientes. De acuerdo con los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia, el 6 de noviembre de 2016 concluirá el periodo que marca la norma para que las más de 200 oficinas gubernamentales y organismos que reciben recursos del erario publiquen un catálogo que incluye 48 temas de información y adicionalmente datos específicos, según sean del Ejecutivo, Legislativo, ayuntamientos, organismos autónomos, etcétera.
El plazo se prevé en el transitorio segundo de los lineamientos técnicos, los cuales indican que “habrá un periodo de seis meses para que los sujetos obligados de los ámbitos federal, estatal y municipal incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional la información” correspondiente a sus obligaciones de oficio.
Los lineamientos técnicos se formularon debido a las enormes diferencias en la presentación y calidad de la información entre los distintos sujetos obligados, deficiencias que la mayoría de las veces servían como parapeto y excusa para publicar “información chatarra” –que en los hechos era lo mismo que ser opacos- y continuar con un discurso de transparencia.
Los lineamientos, publicados en el diario oficial de la federación el 4 de mayo de 2016, son obligatorios para todos los sujetos obligados del país y “tienen como propósito definir los formatos que se usarán para capturar la información prescrita en el Título Quinto de la Ley General para asegurar que sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable”.
Asimismo, “contemplan las especificaciones necesarias para la homologación en la presentación y publicación de la información, al tiempo que detallan los criterios mínimos, tanto de contenido como de forma, que los sujetos obligados deberán tomar en consideración al preparar la información que publicarán para cumplir con sus obligaciones de transparencia”.
Con esta norma se le cierra el paso a la simulación, que en Guerrero es cotidiana y común entre la mayoría de las dependencias públicas del estado, pues los lineamientos técnicos son suficientemente claros para la publicación de información de calidad, o de lo contrario, cada trimestre –periodo en que obligatoriamente deben ser actualizados los datos- serán sancionados por el órgano garante de la transparencia en Guerrero.
Se percibe que en el estado los sujetos obligados no están considerando con seriedad la nueva política nacional en materia de transparencia y acceso a la información, diseñada a partir de las modificaciones constitucionales al artículo sexto y de la aprobación tanto de la ley general de transparencia como la ley 207 de transparencia en el estado de Guerrero.
Independientemente de las acciones de las instituciones encargadas de exigir el cumplimiento de la ley, la propia norma incorporó un procedimiento de denuncia ciudadana por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. El artículo 103 de la ley de transparencia local a la letra dice que “Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley y demás disposiciones aplicables”, y dicho procedimiento se activará en noviembre, por lo que no será extraordinario que el órgano garante reciba decenas de estas demandas ciudadanas ante el incumplimiento de los sujetos obligados.

Indicadores del poco avance

En Guerrero no se observan ni nadie ha anunciado avances que permitan vislumbrar que las dependencias del estado cumplirán en tiempo y forma con esta obligación clave para la transparencia en la entidad. Esto es motivo de preocupación por la opacidad que continuará prevaleciendo, pues no se percibe que los sujetos obligados estén trabajando en la sistematización ni en el llenado de formatos que requiere la nueva ley.
El propio Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Datos Personales (Itaigro) reconoció que en la fecha perentoria no se habían integrado las unidades ni los comités de transparencia –áreas clave para elaborar y dirigir este trabajo–. Así, por ejemplo, el Itaigro publicó una relación de sujetos obligados “que no dieron cumplimiento con los artículos 52, 56, séptimo y noveno transitorios de la Ley 207 de Transparencia” –para la integración de sus unidades y comités de transparencia, principalmente-, y destaca que fueron 141, de 207, los sujetos incumplidos, es decir, 68.1 por ciento del total. Esto refleja la gravedad y dimensión de lo que se viene para noviembre.
El órgano garante subraya que 57 de las dependencias incumplidas son del Ejecutivo del estado –lo que contrasta con el discurso de transparencia que adoptó el gobernador Héctor Astudillo Flores–; 64 son ayuntamientos, entre los que sobresalen Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Taxco, Chilapa, Ayutla, Iguala, San Luis Acatlán y Tixtla; tampoco cumplieron 12 sindicatos y cuatro fideicomisos o fondos públicos, entre otros.
Otro indicador de la percepción de los pocos avances es la revisión de los portales. En el caso de los ayuntamientos, al revisarse las páginas web de algunos de los municipios con más población, la mayoría de éstos publica la información relacionada con la anterior ley y ésta casi siempre se presenta desactualizada. El ayuntamiento de Chilpancingo, por ejemplo, cuyo portal tradicionalmente ha sido poco accesible y con información desactualizada e incompleta, solamente tiene la liga correspondiente a la Ley 207 de Transparencia, pero todavía sin ningún contenido.
El ayuntamiento de Iguala publica buena parte de la información de oficio de la Ley 374, pero casi toda es desactualizada, es decir correspondiente a 2015 y años anteriores. No hace ninguna referencia a la nueva ley 207 de transparencia. En el caso del ayuntamiento de Taxco, no cuenta ni con información de la ley 374 ni de la actual y vigente.
El portal del municipio de Zihuatanejo de Azueta sólo contiene información de la ley anterior y ninguna mención a la ley que actualmente nos rige. Por su parte, Acapulco, aun cuando tiene la mayoría de su información de oficio vigente, ésta corresponde a la ley que rigió al estado hasta el 5 de mayo de 2016. De la ley 207 de transparencia no se menciona nada.
Otros municipios como Teloloapan, Pungarabato, Tixtla, Coyuca de Benítez, publican de manera parcial y con información que no corresponde ni a una ni a otra ley. Mientras que ayuntamientos como Chilapa, Coyuca de Benítez, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Tlapa, Petatlán, Huamuxtitlán, Ajuchitlán del Progreso, aunque tienen un portal, no publican ninguna de sus obligaciones de transparencia.
Muchos ayuntamientos ni siquiera tienen un portal electrónico, tal es el caso de Cujinicuilapa, Zitlala, Coahuayutla, Florencio Villarreal, Juan R. Escudero, Tecoanapa, Atlixtac, San Marcos, Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Alpoyeca, Tepecoacuilco, Arcelia, Azoyú, Cuautpec, incluyendo a municipios que reciben muchos recursos como Ayutla de los Libres, mientras que otros tienen o simulan fallas en sus páginas electrónicas como Atoyac, Ometepec y Quechultenango.
Por cierto, el único ayuntamiento que está publicando información de acuerdo con las nuevas disposiciones y formatos de la ley 207 de transparencia –aun cuando en este momento es aún muy parcial- es el de Eduardo Neri.

Gobierno del estado y otros

En el caso de las dependencias del Ejecutivo, la utilización de los formatos y la presentación de la información no son homogéneas. La Secretaría de Finanzas y Administración, la General de Gobierno, Salud, entre otros, aunque publican los títulos de los temas correspondientes a la ley 207, éstos no contienen ninguna información; por otra parte, algunas secretarías como la de desarrollo urbano, obras públicas y ordenamiento territorial, la particular del gobernador, la de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural, Educación, medio ambiente y recursos naturales, o la secretaría de contraloría y transparencia gubernamental, conservan los formatos de la ley 374, aunque la información que incluyen es desactualizada. De hecho, con el pretexto de que entraría en vigor una nueva ley y de que son un gobierno que recién asumió sus funciones, en lo que va de la administración de Astudillo Flores no se ha visto ningún avance en la publicación de información de oficio, ni de la anterior ni de la actual ley de transparencia, y ya llevan 10 meses.
Otra institución que se prepara para la nueva ley de transparencia es el Congreso del estado, que ya publica parcialmente información sobre los nuevos temas. Pero otras dependencias ni siquiera publican cabalmente los rubros de la anterior ley, mucho menos de la vigente, como es el caso de la página electrónica del Poder judicial del estado de Guerrero, la de la Universidad Autónoma de Guerrero o la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos.
El Itaigro, en su nuevo portal, incluye parcialmente información de las dos leyes en esta etapa de transición, pero tampoco se observan avances significativos.
Hay cerca de 50 instituciones y organismos que reciben recursos públicos y con la ley general de transparencia se convirtieron en “sujetos obligados”; de éstos, se desconoce si estén trabajando en los preparativos para la difusión de su información de oficio. Es el caso de los sindicatos, partidos políticos y varias dependencias públicas que no estaban registradas.

El tamaño de la tarea

La dimensión del trabajo que deben realizar los sujetos obligados para la publicación de su información de oficio es muy grande, e inevitablemente incumplirán con la ley si no asumen que la transparencia implica hoy, no sólo la disposición y voluntad auténticas para dar a conocer el quehacer gubernamental, sino cambios significativos en el interior de las organizaciones burocráticas como capacitación, establecimiento de políticas y procedimientos de gestión, acondicionamiento de espacios físicos, inversión en equipo, etc.
Un solo ejemplo es suficiente para retratar el tamaño de las tareas. Antes de esta nueva política nacional de transparencia no había lineamientos técnicos y los sujetos obligados de Guerrero publicaban información que no correspondía u omitían los temas sobre licitaciones públicas e información de los proveedores.
Hoy, la fracción XXVIII del capítulo de las obligaciones de transparencia comunes (artículo 81 de la ley 207) exige a todas las dependencias públicas a difundir “la información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados”.
Los datos mínimos que deberán contener las licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida son la convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo, los nombres de los participantes o invitados, el nombre del ganador y las razones que lo justifican, el área solicitante y la responsable de su ejecución, los dictámenes y fallo de adjudicación, el contrato, los mecanismos de vigilancia y supervisión, la partida presupuestal de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable; el origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados, entre otros datos.
En el caso de las adjudicaciones directas se deberá publicar la propuesta enviada por el participante, los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo, la autorización del ejercicio de la opción; el nombre de la persona física o moral adjudicada, la unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución, el número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra, los informes de avance sobre las obras o servicios contratados.
Éste es sólo uno de los 48 temas de transparencia comunes que deberán publicar todas las dependencias públicas de Guerrero en la plataforma nacional de transparencia. Sin duda, es un reto que podrá solventarse si existe la disposición de quienes encabezan a los sujetos obligados; si no es así, se llenarán de sanciones.

Guerrero no aporta a los servicios ambientales

El Sur de Acapulco

Durante los gobiernos de Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez se perdieron o desviaron millones de pesos que se habían comprometido para pagar a campesinos dueños o poseedores de recursos forestales por concepto de servicios ambientales. El gobierno del estado se había comprometido, mediante un instrumento jurídico firmado por Ángel Aguirre Rivero y Humberto Zapata Añorve, a aportar recursos financieros en colaboración con el gobierno federal –a través de la Comisión Nacional Forestal– para cubrir el pago destinado a incentivar y apoyar la protección y conservación de 14 mil 615 hectáreas de 17 ejidos y comunidades del estado. Pero sin ninguna explicación, el dinero desapareció y los beneficiarios sólo recibieron una ministración de ocho que estaban programadas.

La historia del desfalco

Aunque en el interior de los ejidos y comunidades comenzaron las manifestaciones de descontento desde 2014, las noticias de la retención de los recursos del programa para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes, se difundieron también en la prensa. El 25 de mayo de 2015, por ejemplo, campesinos de la sierra denunciaron que les habían retenido un millón 300 mil pesos de los programas servicios ambientales, cultivo y caminos forestales que debieron haber sido entregados a ejidos de 11 municipios de la región en el ejercicio fiscal del 2014.
De acuerdo con testimonios de los inconformes, el pretexto que les presentó el gobierno del estado para el retraso en el pago de servicios ambientales fue “la veda electoral”, y que por tanto los pagos se reanudarían hasta después del 7 de junio de 2015, “cuando los campesinos no quieren elecciones, ellos quieren comer, quieren satisfacer sus necesidades básicas, no les interesa el voto”, dijeron en aquella ocasión.
Asimismo se quejaron porque aun cuando el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez “ya declaró a la Sierra como la octava región económica” –lo cual a la postre resultó falso–, todavía no se ve ningún beneficio social ni ambiental en esa región, y ninguno de los tres órdenes de gobierno “le mete mano” para lograr el desarrollo social en esa región.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal, en 2010 esa dependencia federal aportó recursos a un fondo concurrente por 51.7 millones de pesos para beneficiar a nueve entidades, teniendo como contraparte a organizaciones de la sociedad civil, un organismo operador de agua y un ayuntamiento.
En 2011, la Conafor invirtió en servicios ambientales un monto de 83.7 millones de pesos en 16 estados, y en este año destacaron como aportantes algunos gobiernos estatales, la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil. Cabe mencionar que en este año, el gobierno municipal de Chilpancingo, específicamente a través de su organismo operador de agua potable, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo, fue una de las contrapartes de la Conafor estableciéndose un convenio por cinco años. Se desconoce si el ayuntamiento capitalino concluyó con su compromiso.
Para 2012 la suma invertida en servicios ambientales se incrementó a 151 millones de pesos, para invertirse en 16 estados. Fue precisamente en este año cuando el gobierno del estado de Guerrero, a través de la ex Secretaría de Desarrollo Rural, se incorporó a este esquema concurrente de pago por servicios ambientales, por un lapso de ocho años, es decir los campesinos tendrían que haber recibido apoyos financieros hasta 2020. Pero la historia fue diferente y en el mejor de los casos sólo recibieron uno de los pagos, de ocho que estaban pactados.
También en 2012, el ayuntamiento de Taxco se incorporó al programa de pago por servicios ambientales y en el 2013 lo hizo el gobierno municipal de Zihuatanejo; al siguiente año, en 2014, también participó la iniciativa privada a través de la Empresa Agrícola Téllez de Iguala.

El convenio

Para conocer los términos y compromisos entre el gobierno federal y el gobierno del estado, se presentaron solicitudes de información ante ambas dependencias requiriendo el convenio que habían firmado para concretar las aportaciones pactadas.
La hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural respondió a la solicitud, aun cuando fue una de las dependencias que signaron el documento jurídico, que “no se encontraron convenios entre el gobierno del estado y el gobierno federal para la ejecución de programas para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales, a través de fondos concurrentes de la Comisión Nacional Forestal”.
En cambio, la Conafor sí entregó copia del convenio de colaboración firmado en 2012. Ahí se estipuló que ambas dependencias aportarían recursos financieros concurrentes para el pago por servicios ambientales en beneficio de una superficie de 14 mil 615 hectáreas.
En la segunda cláusula se establece que las dependencias “acuerdan integrar un fondo concurrente” por un monto total de 59.8 millones de pesos, “a partir de la firma y hasta el término de la vigencia del presente convenio con una duración de ocho años”, es decir, hasta 2020. De acuerdo con esta cláusula, cada una de las partes se obligaba a aportar 29.9 millones de pesos las cuales se entregarían “en ocho ministraciones anuales”.
Además de la creación de un fideicomiso local para el manejo de los recursos financieros comprometidos, el gobierno del estado se obligaba a “establecer los mecanismos que aseguren transparencia en el ejercicio de los recursos en conjunto con una estrategia de comunicación sobre logros de objetivos de conservación”. Evidentemente esto nunca se cumplió y todavía hoy se desconoce el destino de los recursos.
Según consta en el convenio, con este programa se había programado beneficiar a 17 núcleos agrarios del estado de Guerrero, con superficies que van de las 400 a las mil 200 hectáreas en cada uno de ellos. La superficie total cubierta con el pago por servicios ambientales era de 14 mil 615 hectáreas.
De la región norte de la entidad se tenía previsto beneficiar a los núcleos agrarios de San Martín Pachivia, Santiago, Coatepec Costales, Acatepan, Huixtac y sus anexos, San Pedro, San Felipe Chichila y San Francisco Acuitlapan.
De Tecoanapa y Ayutla, los ejidos de San Francisco, Tepetates y Xalpatláhuac; de Chilpancingo, los núcleos agrarios de Palo Blanco y Tepozonalco; de los Pueblos Santos, Río Verde, Santa Bárbara y San Miguel. Y finalmente, los ejidos Los Humedales y Santa Lucía y sus anexos.
Sin embargo, de acuerdo con testimonios de autoridades ejidales y de bienes comunales, así como de técnicos que prestaron asesoría a estos núcleos agrarios, los campesinos sólo recibieron el primer pago, de ocho que estaban comprometidos.
¿Dónde quedó el resto de los recursos? ¿Hacia dónde fueron reprogramados? ¿Por qué en el gobierno del estado es frecuente el incumplimiento de sus compromisos con dependencias federales en detrimento de miles de guerrerenses? ¿Hasta cuándo se dejará de engañar a los campesinos?

El incumplimiento

Por medio de una solicitud de información, se requirió a la Conafor “los estados o municipios que han dejado de aportar al programa (de pago por servicios ambientales) de los ejercicios 2010 al 2015”. La dependencia informó que sólo tres entidades gubernamentales habían dejado de cubrir sus compromisos: dos del estado de Guerrero (gobierno del estado, en 2012; y el Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, en 2013); y uno de Quintana Roo (Instituto Forestal del estado de Quintana Roo).
En su respuesta, la Comisión Nacional Forestal no mencionó ninguna medida para sancionar a las entidades que no cumplieron con sus compromisos. Sólo hizo referencia a los lineamientos del programa de pago por servicios ambientales, que en su artículo 67 dice: “Para aquellas contrapartes que soliciten el desistimiento de aportación de fondos posterior a la asignación por parte del Comité Técnico Nacional y firma de convenio de colaboración, no podrán presentar cartas de intención en la convocatoria de los dos años siguientes a dicha cancelación o desistimiento…”
Y agregó, para prevenir este tipo de incumplimientos, que en las reglas de operación del ejercicio 2016 se incluyó que “las partes interesadas deberán demostrar que cuentan con solvencia económica para cumplir con los compromisos de pago propuestos para el convenio de colaboración, como requisito obligatorio, de lo contrario serán descalificadas sus cartas de intención”.
Los gobiernos de Ángel Aguirre y Rogelio Ortega Martínez engañaron a los dueños y poseedores de recursos forestales de 17 ejidos y comunidades del estado. Sólo les entregaron una mínima parte del pago por servicios ambientales al que tenían derecho y que fueron acordados en un documento jurídico. Nunca hubo ninguna explicación para ellos ni a la opinión pública, no se transparentó el ejercicio de los recursos, hubo un desprecio total hacia estos guerrerenses e impunidad para quienes desviaron estos recursos.

Qué son los servicios ambientales

El pago por servicios ambientales fue diseñado para proveer incentivos económicos a los dueños y poseedores de terrenos forestales (ejidos, comunidades y pequeños propietarios) y apoyar las prácticas de conservación y evitar el cambio de uso del suelo (deforestación) de los bosques.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el esquema de pago por servicios ambientales tiene el propósito de “impulsar el reconocimiento del valor de los servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas forestales, agroforestales y recursos naturales, además de la creación de mercados de estos servicios”.
La Comisión Nacional Forestal explica que los servicios ambientales del bosque “son los beneficios que la gente recibe de los diferentes ecosistemas forestales, ya sea de manera natural o por medio de su manejo sustentable (…) e influyen directamente en el mantenimiento de la vida, generando beneficios y bienestar para las personas y las comunidades”.
Ejemplifica que algunos servicios ambientales del bosque son la captación y filtración de agua, mitigación de los efectos del cambio climático, generación de oxígeno y asimilación de diversos contaminantes, protección de la biodiversidad, retención de suelo, refugio de fauna silvestre y belleza escénica, entre otros.
Regularmente, los servicios ambientales son gratuitos para la gente que disfruta de ellos, mientas que los dueños y poseedores de terrenos forestales que los proveen no son compensados en forma alguna por ello, y de ahí la creación de programas para apoyarlos.
Uno de esos programas es el de Mecanismos Locales de PSA a través de los Fondos Concurrentes de la Conafor, el cual ha propiciado la atracción de recursos complementarios de otros sectores, la inclusión de nuevos actores y la construcción de arreglos financieros e institucionales para dar respuesta a las necesidades de conservación de los recursos forestales y sus servicios ambientales.

El actual gobierno

En Guerrero poco se le apuesta e invierte en los temas medioambientales, no obstante que su descuido origina muchos de los problemas que presenta el estado como la mayor incidencia de algunas enfermedades, incendios, contaminación y falta de agua, y especialmente el aumento de los efectos devastadores de los fenómenos hidrometeorológicos, constantes en la entidad, debido a la deforestación y los cambios de uso de suelo.
Hace unas semanas se presentó una solicitud de información ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para requerir la descripción de programas, proyectos o acciones relacionadas con servicios ambientales, que la secretaría estuviera llevando a cabo en el ejercicio 2016.
La respuesta fue la siguiente: “se han revisado los expedientes, específicamente de la Dirección General de Recursos Naturales y en el período que solicita, informándole que esta Secretaría no está ejecutando ningún Programa de Servicios Ambientales”. Es decir, el actual gobierno de Héctor Astudillo Flores no dio seguimiento a los compromisos institucionales de las administraciones anteriores ni tampoco, por lo menos este año, se ha interesado por la aportación de recursos para el pago por servicios ambientales.
El apoyo a los campesinos por el concepto de servicios ambientales no estuvo considerado en los gobiernos anteriores ni está en los hechos operando en el gobierno de Héctor Astudillo. Falta esperar si en los próximos años pone en marcha una de las líneas de acción de su plan estatal de desarrollo que dice “Incentivar económicamente las iniciativas comunitarias de conservación de bosques”.

Los recortes al gasto en Guerrero

El Sur de Acapulco

Este año comenzaron a palparse los primeros saldos negativos de la reforma energética promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde el diseño del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2016 se previeron los efectos de aquella reforma y la baja de los precios de los hidrocarburos mediante la reducción de los recursos financieros de este año.
A lo largo del ejercicio 2016 los recortes presupuestales han continuado, uno aplicado en febrero y el otro más reciente, en julio de 2016.
Esto también tiene sus repercusiones en estados como Guerrero. Si bien ambos ajustes se aplicaron a entidades y dependencias federales, sus consecuencias también alcanzan a los habitantes del estado, aun cuando el gobernador Héctor Astudillo en un par de ocasiones dijo que no afectarían, aunque después rectificó.

Primer recorte

De acuerdo con el jefe de la Unidad de Planeación Económica y Hacienda Pública de la SHCP, Luis Madrazo, el recorte al gasto en 2016 se debió a la caída en los precios del crudo y para atenuar la transición a una nueva disminución de ingresos petroleros en 2017, dijo el funcionario en entrevista con el diario Milenio realizada en enero.
Madrazo agregó que en efecto, en el PEF 2016 ya había un ajuste importante y a lo largo del ejercicio se realizaría otro ajuste “preventivo, motivado, no por faltantes este año, sino para ir suavizando la transición hacia el año que entra, donde no tengamos coberturas al mismo nivel”.
Las declaraciones del funcionario de la SHCP explican los primeros efectos negativos de la reforma energética. En la medida que bajen los precios del petróleo la percepción es de un mayor deterioro de las finanzas públicas, lo que reduce el margen de maniobra del gobierno de la república.
En el periodo de 2005 a 2014, los ingresos por la venta de petróleo se mantuvieron por arriba del 30 por ciento del total de los ingresos presupuestarios, alcanzando un nivel máximo en 2008 cuando representaron 44.3 por ciento, y con un promedio en el periodo de36.6 por ciento.
Sin embargo, en 2015 los ingresos de la federación provenientes del petróleo disminuyeron de manera significativa hasta 19.7 por ciento, su nivel más bajo desde 1994.
En este marco, la SHCP anunció el 17 de febrero de 2016 un “ajuste preventivo para mantener la estabilidad macroeconómica y preservar la trayectoria de finanzas públicas sólidas”. El recorte es al gasto de la Administración Pública Federal por un monto de 132 mil 301.6 millones de pesos, que representa 0.7 del producto interno bruto.
De esa cantidad, 100 mil millones de pesos se recortaron al presupuesto de Petróleos Mexicanos, 29 mil 301.6 millones a distintas dependencias del gobierno federal, 2 mil 500 millones a la Comisión Federal de Electricidad,  y 500 millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE).
Algunas dependencias y programas que tuvieron recortes presupuestales y afectan los programas sociales fueron: la Secretaría de Educación Pública con 3 mil 360.2 millones de pesos, afectando actividades como el programa nacional de becas (mil millones), la expansión de la educación media y superior (mil millones), el programa para el desarrollo profesional docente (300 millones) y proyectos para la infraestructura social del sector educativo (160.2 millones de pesos).
También la Secretaría de Salud vio mermado su gasto en 2 mil 62.6 millones de pesos, y en este caso se recortaron programas como el de atención a la salud con 537.1 millones de pesos, prevención y control de enfermedades (131 millones), prevención y apoyos contra las adicciones (106 millones) y formación y capacitación de recursos humanos para la salud (92.5 millones de pesos).
En el caso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la disminución del gasto fue de 3 mil millones de pesos; algunos de los programas con recortes fueron el programa de comercialización y desarrollo de mercados con mil 500 millones, los programas de fomento a la agricultura, de fomento ganadero, de productividad y competitividad agroalimentaria, y el de productividad rural, respectivamente con 650, 400, 250 y 200 millones de pesos.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales registró una disminución en su casto por 4 mil 113.1 millones de pesos y destacan, entre los programas afectados, el de agua potable, alcantarillado y saneamiento, al que se le recortaron mil millones de pesos, el programa de infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas, con 704 millones 300 mil pesos menos, la atención de emergencias y desastres naturales (600 millones) y los apoyos para el desarrollo forestal sustentable (500 millones).
El programa de infraestructura indígena, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, tuvo una afectación de mil millones de pesos.
El recorte más severo en las dependencias del Ejecutivo federal fue el de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, que alcanzó los 12 mil 254.1 millones de pesos, y entre las afectaciones están proyectos de construcción de carreteras, con un recorte por 3 mil 842.6 millones, proyectos de infraestructura ferroviaria (2 mil 500 millones), proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales (2 mil 281.8 millones) y el programa de conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras (mil 245.1 millones).
En cuanto a proyectos de inversión, resultaron afectadas obras por 13 mil 227 millones de pesos. Como parte de este paquete de recortes, se registra la obra de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, la cual dejará de recibir este año 205.7 millones. A esta obra se le asignaron en el presupuesto de egresos de la federación un total de 650 millones de pesos para este año, la disminución representa 31.6 por ciento de ese monto original.
Al respecto, el gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó, luego de participar en la 50 sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), “que no hay recorte al presupuesto de las entidades del país” y en “los estados no tienen repercusiones”, según un comunicado del gobierno del estado.
Lo que si se les recomendó, dijo, fue hacer planeaciones en el control del gasto corriente, “que me parece muy correcto, pero aún no hay recortes presupuestales”.

Segundo recorte

El pasado 24 de junio el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Luis Videgaray Caso, anunció que para hacer frente a las consecuencias económicas de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el gobierno mexicano decidió aplicar un segundo recorte al gasto público en el año, en este caso por 31 mil 715 millones de pesos.
“Hemos realizado ya un ajuste al gasto público este año y quiero anunciar que, para asegurar el cumplimiento de la meta de carácter fiscal, que disminuyan los requerimientos financieros del sector público, para 2016 habrá un segundo recorte al gasto público, en este caso sólo del gobierno federal, por 31 mil 715 millones de pesos”, dijo hoy Luis Videgaray.
Agregó que el 91.7 por ciento del ajuste será aplicado a gasto corriente, por lo que se calcula una reducción de 29 mil 71 millones a este concepto y el resto en gasto de inversión.
Si se observa por dependencia, las más castigadas son las secretarías de Salud y Educación Pública, a cada una de las cuales se les recortaron 6 mil 500 millones de pesos. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tendrá una reducción de 4 mil 205 millones de pesos, la SCT (2174.5 millones), la Semarnat (mil 664.1 millones), Secretaría de Desarrollo Social (mil 550 millones) y el Conacyt (mil 800 millones de pesos).
De acuerdo con la base de datos de la Secretaría de Hacienda, el segundo recorte al gasto anunciado por el gobierno federal afectará a diferentes programas federales aplicados en el estado de Guerrero por un monto de 425.1 millones de pesos.
El mayor monto corresponde a la Secretaría de Comunicación y Transportes, que de junio a diciembre dejará de recibir 20.6 millones de pesos en su Centro SCT Guerrero. De acuerdo con la información consultada, los rubros afectados son proyectos de construcción de carreteras, proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales y construcción y conservación de carreteras.
Los gastos afectados en este rubro se refieren a materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, combustibles, lubricantes y aditivos, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, herramientas, refacciones y accesorios menores, servicios de arrendamiento, servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios.
En el caso de la Secretaría de Educación Pública, el programa más afectado por el recorte es el de Escuelas de Tiempo Completo, que verá disminuido su presupuesto en 43.3 millones de pesos en el rubro de gasto corriente.
Dos programas de la Secretaría de Gobernación aplicados en el estado tendrán ajustes por el recorte, ambos suman 18.7 millones de pesos. El primero es el Programa de Prevención del Delito que en lo que resta del año dejará de recibir 15.9 millones de su gasto corriente. El segundo es el presupuesto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que en su programa de Derechos humanos y prevención de la discriminación disminuirá su presupuesto para el estado en 2.7 millones de pesos, también en gasto corriente.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, específicamente la Comisión Nacional del Agua, disminuirá el gasto en el programa Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado, básicamente en el manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones. El recorte en este rubro será de 5 millones de pesos.
Respecto a la disminución de presupuesto en entidades no sectorizadas, destaca la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que en su programa de Infraestructura Indígena, disminuirá su presupuesto en 340 millones de pesos en su gasto corriente.
La otra dependencia es el Instituto Nacional de las Mujeres, y en este caso el programa afectado es el Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en dos millones de pesos.

Afectación de participaciones

Adicional a los recortes anteriores, que se aplicarán principalmente a dependencias federales con programas en Guerrero, el gobierno del estado tendrá un ajuste financiero de 554 millones de pesos que aplicó la Secretaría de Hacienda, sólo a las participaciones del mes de julio de 2016.
“Esto va a complicar que podamos contratar personal, se van a reducir gastos como viáticos y telefonía, entre otros”, de acuerdo con el Portal Digital Guerrero del 12 de julio.
Un día antes, el secretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado, Héctor Apreza Patrón dijo que por el recorte federal, Guerrero tuvo un descuento en el mes de julio de 554 millones de pesos en participaciones, luego de que el estado debió haber recibido 930 millones de pesos. (Por cierto, uno de los motivos al recorte en las participaciones de los estados es su bajo nivel de recaudación de impuestos.)
Ya en abril, el funcionario había informado que en el primer trimestre de este año hubo un recorte de participaciones federales por 600 millones de pesos, por lo que habría un ajuste financiero a los sueldos de personal de confianza y quedarían congeladas las plazas para enfrentar esta contingencia financiera que calificó de grave.
Al respecto, el funcionario informó que el gobierno está priorizando el pago de nómina, y explicó que a esa fecha, no sabían cómo le va a afectar a Guerrero el segundo recorte anunciado por la Secretaría de Hacienda por 31 mil millones de pesos.
Adelantó que se le dejara de pagar algunos proveedores, para poder privilegiar pagos de servicios personales.
Señaló que aunque se menciona que el recorte es para la federación, indico que lo que dejen de hacer en el rubro de educación y salud, lo tendrá que pagar el estado.
Cabe recordar que el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio 2016 se calcularon ingresos por 48 mil 409 millones de pesos, que representan 9.8 por ciento de incremento con respecto a 2015. En aquellos meses señalamos en este espacio que era un error confiarse en esas cifras, pues la situación económica nacional e internacional no garantizaban que a finales de 2016 termináramos con esa cifra.
Por lo pronto hay que descontar 600 millones del primer trimestre y 554 millones de pesos correspondientes al mes de julio.

El Itaigro empantana el derecho de acceso a la información

El Sur de Acapulco

(Cuarta y última parte)

En Guerrero, los procedimientos para garantizar el acceso a la información gubernamental nunca funcionaron apropiadamente. Más allá de los obstáculos que siempre han colocado las dependencias públicas para entregar información, el procedimiento clave, relativo a la recepción y gestión de recursos de revisión y a la emisión de las correspondientes resoluciones, a cargo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (Itaigro), se ha convertido en un verdadero cuello de botella, que pone en riesgo el ejercicio de este derecho.
Aunque uno de los principios constitucionales (artículo sexto, fracción IV) indica la obligación de establecer “mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos”, en Guerrero esto no ha sido así, pues en 10 años se ha observado un grave rezago que alimenta la percepción de impunidad y/o de ineficiencia en la gestión de recursos de revisión, que es una de las funciones sustanciales del instituto.
En efecto, no obstante que el Itaigro, según sus planes de trabajo, cada año se propone el objetivo de “resolver con imparcialidad, prontitud y con apego a derecho, los recursos de revisión que promuevan los ciudadanos en contra de los sujetos obligados” y ha establecido entre sus metas “resolver en tiempo y forma el 100% de los recursos de revisión”, la realidad ha sido muy distinta, y las denuncias ciudadanas (quejas o recursos de revisión) que se presentan ante el órgano garante –por negativas o entrega parcial de información o en una modalidad distinta a la requerida–, no han sido resueltas en lapsos razonables y hay casos en que llegan a tardarse hasta 44 meses, es decir casi cuatro años.
Este grave rezago para emitir las resoluciones es un factor que desestimula el ejercicio del derecho de acceso a la información. La ciudadanía se queda con la percepción de que hay impunidad y abandona el trámite ante la falta de resultados en plazos razonables o los que establece la ley.
En estos 10 años, el tiempo promedio que ocupó el Itaigro para emitir sus resoluciones fue de 85 días, es decir casi tres meses. Si a esto se le suman los 15 días hábiles que en la década anterior tenía una dependencia para responder (más 15 días adicionales, si solicitaba prórroga), y los 10 días que tiene el ciudadano para presentar su recurso de revisión, un solicitante de información podría recibir sus datos hasta 147 días después de presentar su solicitud.
Lo peor es que las resoluciones del Itaigro tampoco son acatadas de inmediato y a veces nunca, de tal manera que un ciudadano que decidió ejercer su derecho de acceso a la información podría no recibir nunca los datos solicitados o, en el mejor de los casos, esperar hasta cinco meses.
Eso explica el bajo nivel de credibilidad que tiene el sistema de acceso a la información de Guerrero.

Las resoluciones

La primera ley de acceso a la información del estado de Guerrero, que entró en vigor en junio de 2006, establecía un plazo de seis días hábiles para que el órgano garante emitiera sus resoluciones. Decía el artículo 50: “Admitida la queja, el Comisionado Instructor en turno requerirá al Sujeto Obligado para que rinda un informe justificado sobre la materia de la queja, en un plazo no mayor de los tres días hábiles siguientes al que reciba la notificación. (…) Recepcionado el informe justificado, el Comisionado Instructor tendrá tres días hábiles para presentar su proyecto al Pleno de la Comisión para su resolución por mayoría de votos”. Esta norma estuvo vigente hasta el 30 de julio de 2010.
Según un conteo propio, basado en solicitudes de información y en la revisión de su portal electrónico, en 2006 se emitieron seis resoluciones que se tramitaron en un tiempo promedio de 41 días.
Al año siguiente, en 2007, las 35 resoluciones emitidas se gestionaron también en 41 días, en promedio; en 2008, fueron 40 los casos resueltos con un promedio de 33 días para cada uno. Los casos extremos fueron dos resoluciones que se tardaron 300 y 167 días, respectivamente. En 2009, el órgano garante emitió 46 resoluciones para un promedio de 23 días.
En 2010 una nueva ley de transparencia en el estado estableció para la emisión de resoluciones lo siguiente: “El instituto (…) deberá emitir la resolución en un término no mayor de 45 días hábiles, contados a partir de la interposición del recurso (de revisión). Este plazo podrá, en casos excepcionales, ser ampliado hasta por quince días adicionales (…)”.
Sin embargo, el cumplimiento a esta disposición fue muy desigual, tanto que a la fecha el órgano garante arrastra un gran rezago y tiene aún muchos casos por resolver.
En 2010 los anteriores consejeros emitieron 20 resoluciones. El promedio de cumplimiento es de 44 días. Sin embargo, además de que se observa que varios recursos de revisión no fueron registrados –no cuentan con la nomenclatura oficial del organismo, lo que evidencia el descuido al interior de la entonces Caipegro- destacan dos casos que rebasaron los plazos, pues las resoluciones se emitieron en 64 días, pero particularmente una cuya resolución fue emitida 254 días después, es decir, de ocho meses después de presentado el recurso de revisión.
En 2011 el órgano garante emitió 29 resoluciones, que en promedio se llevaron 56 días para su trámite. De éstas, 11 casos rebasaron los plazos de ley, es decir, por arriba de los 60 días naturales. En este año destacaron dos que se resolvieron en 93 días, y una que ocupó 169 días, es decir, el solicitante esperó cerca de seis meses para saber si les entregarían o no la información que requirió.
En 2012 hubo un salto cualitativo en la emisión de resoluciones, pues los consejeros gestionaron 73 casos -producto sin duda, de un mayor número de solicitudes presentadas, gracias a la plataforma Info Guerrero, que entró en funcionamiento en 2011-.
El tiempo promedio para estas resoluciones fue de 335 días naturales, es decir, 11 meses. Fue en este ejercicio cuando comenzó a observarse un grave rezago en esta materia. Por ejemplo, en 2012 se resolvieron 11 casos que el órgano garante venía arrastrando desde 2009, cada uno de los cuales ocupó 44 meses para resolverse.
Además de los de 2009, en ese 2012 hubo otras 56 resoluciones que se emitieron por arriba de los tiempos que marca la ley, es decir, 91.7 por ciento de las resoluciones del Itaigro tuvieron esa condición irregular.
En 2013 se incrementó nuevamente a 85 el número de resoluciones dictadas, con un tiempo promedio para su procesamiento de 56 días. Del total, 47 por ciento se fallaron fuera del plazo que establece la ley, destacando una que fue resuelta en poco más de seis meses, dos en más de cuatro meses y ocho cuyas resoluciones se emitieron en tres meses y medio.
En 2014, ya instalados los actuales consejeros, no hubo más celeridad en las resoluciones. Por ejemplo, en ese año se emitieron 57, y de acuerdo con la información del propio Itaigro al momento de responder una solicitud de información y por lo publicado en su página electrónica, el promedio de resolución de casos fue de 82 días, es decir casi tres meses.
Treinta y tres de las resoluciones se emitieron después de los 60 días, y destacaron una que ocupó ocho meses resolverla, una con 165 días, y nueve que rebasaron los cuatros meses.
En 2015, el rezago se incrementó notablemente, pues según datos del portal electrónico del Itaigro, a esta fecha se habían emitido 14 resoluciones de ese año, con un promedio de gestión de casi seis meses. Todas las resoluciones de este año están por arriba de los 120 días.
En 2016, aun cuando ya está vigente la ley 207 de transparencia y acceso a la información, el órgano garante tiene recursos de revisión acumulados, presentados antes del 5 de mayo.
Si bien en su página electrónica registra cuántas resoluciones ha emitido, el Itaigro tiene pendientes varios casos no resueltos a partir de recursos de revisión presentados por quien esto escribe.
Por ejemplo, en contra de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro) se presentaron en febrero de 2016 cinco recursos de revisión que hasta la fecha no han sido resueltos. También correspondientes a febrero, están pendientes de resolución casos en contra de Capaseg, Cicaeg, Coordinación de Fortalecimiento Municipal, Coordinación General de Programas Sociales Guerrero para Todos, Fideicomiso Guerrero Industrial, Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Igife, Sefina y Secretaría de Asuntos Agrarios.
Asimismo, en marzo se presentaron recursos de revisión en contra de las secretarías de Educación Pública, de Salud, de Desarrollo Social y General de Gobierno, sin que a la fecha ninguno de estos se haya resuelto.
Desde abril de este año existen recursos de revisión contra, nuevamente, las Secretarías Finanzas y Administración, Sagadegro (2) y Copladeg.
Tenemos conocimiento también de los recursos de revisión presentados por la Organización de los Pueblos Indígenas Me phaa en 2015 y 2016. Por ejemplo, en contra del ayuntamiento de Ayutla se presentaron quejas por no responder a solicitudes de información, y a la fecha ese gobierno municipal no ha entregado el total de información solicitada ni hay una resolución al respecto.
Igualmente, la organización presentó 12 recursos de revisión en contra de la Secretaría de Salud y otro a la Sagadegro, por ser omisas a responder a los ciudadanos, y todavía siguen pendientes de resolución, no obstante que las quejas se presentaron desde el mes de enero de 2016.
Como parte del rezago, el 4 de mayo de 2015 se presentó un recurso de revisión en contra del ayuntamiento de Chilpancingo –relativo a una solicitud de información sobre los parquímetros- y el Itaigro ni siquiera lo tiene registrado. El colmo es que el 27 de abril de 2016 se presentó un recurso de revisión en contra del propio Itaigro, por entregar información parcial. No sabemos cómo va a resolver este asunto el órgano garante, ya que en este caso se convierte en juez y parte.
De todos los casos reseñados se cuenta con la documentación correspondiente.

En otros estados

Para conocer cómo funcionan los órganos garantes de otros estados, solicitamos información a los institutos de transparencia de Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Morelos.
El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística contestó que su ley de transparencia establece que “el tiempo transcurrido entre la presentación de un recurso de revisión y su resolución (es) de treinta días hábiles”. En ese estado, de 2010 a 2015 se presentaron mil 539 recursos de revisión.
En el caso del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Michoacán, respondieron que cuentan con información sólo de los recursos de revisión del periodo 2010 a 2013, cuyas resoluciones en promedio se tardaron 123 días en emitirse. El Instituto de Michoacán también trae un grave rezago en sus resoluciones. De 2010 a 2015 se presentaron un total de 916 recursos de revisión.
Por su parte, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca respondió que “para establecer un tiempo promedio de acuerdo al Reglamento de Recurso de Revisión, los plazos para la substanciación el tiempo sería los 49 días hábiles aproximadamente de acuerdo a la Ley”. En total, en cinco años se presentaron mil 831 recursos de revisión.
Finalmente, el Instituto de Acceso a la Información del Estado de Chiapas, informó que en promedio transcurren 35 días hábiles desde que reciben un recurso de revisión hasta su resolución final. El instituto chiapaneco recibió en el periodo 2010-2015 un total de 742 recursos de revisión.
Si se compara con los otros estados, en Guerrero es bajísimo el número de recursos de revisión que se presentan (345 en el periodo 2010-2015). Esto no es resultado de que las dependencias faciliten el acceso a la información, sino en gran parte se debe a la enorme desconfianza en los procedimientos y en la institución que debería encargarse de garantizar el ejercicio de este derecho.
La resolución expedita de los recursos de revisión es un indicador básico que los institutos deberían considerar para medir su eficiencia; no hacerlo, seguirá propiciando una percepción no sólo de tortuguismo, sino de que hay una proclividad a la impunidad en el acceso a la información.

Diez años de impunidad en transparencia (tercera parte)

El Sur de Acapulco

El 14 de junio se cumplieron 10 años de que entró en vigor la primera ley de transparencia en el estado. En ese tiempo no se aplicó ni una sola multa a los infractores de la ley de transparencia y acceso a la información del estado de Guerrero. Fue una década de impunidad en la que prevaleció no sólo la ausencia de políticas públicas en materia de transparencia, sino una gran complacencia para que cualquier dependencia gubernamental pudiera infringir la ley sin que nadie le dijera nada.
Esto explica por qué todas las oficinas gubernamentales de los tres órdenes y los tres poderes, además de todos los órganos autónomos, desafiaron abiertamente la norma, y el conjunto de todas las omisiones fueron también la fuente de los bajísimos niveles de transparencia en el estado.
En esta historia, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (Itaigro) no fue capaz de garantizar el cumplimiento de la ley, ya que hasta hoy no ha cubierto plenamente las funciones esenciales de la normatividad, tampoco nunca hubo certeza de que sus resoluciones se cumplieran, ya que no existe ningún registro, y él mismo, como el organismo que moralmente más obligación tenía, nunca cumplió ni siquiera al 80 por ciento con sus obligaciones de transparencia que le marcaba la ley.
Pero también fue permisivo en la aplicación de multas y otras sanciones, y en estas irregularidades, la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado (Sefina) fue cómplice ya que su inacción contribuyó de manera directa a concretar 10 años de impunidad en el estado en materia de transparencia para que no se cobrara una sola multa.
En esta entrega documentaremos algunos pasajes sobre cómo el Itaigro y la Sefina no sólo incumplieron con la ley como sujetos obligados, sino que también fueron piezas clave para que en 10 años no se aplicara una sola multa en el estado a las dependencias gubernamentales por su incumplimiento a la ley de transparencia.

Los números de la impunidad

Los primeros consejeros del órgano garante de la transparencia, entonces denominada Comisión de Acceso a la Información del Estado de Guerrero (Caipegro) tuvieron mano “blanda” para la aplicación de sanciones, no obstante las numerosas y evidentes irregularidades cometidas por todas las dependencias gubernamentales, sin distingo.
En este periodo (de febrero de 2006 a febrero de 2014) predominaron, casi como única forma de presión para garantizar que se cumpliera la ley, los apercibimientos, y en menor medida, las amonestaciones privadas. Durante los ocho años que ocuparon el cargo, los primeros consejeros nunca aplicaron una sola multa económica o sanción más fuerte, no obstante que año tras año había infractores que incluso reincidían en los incumplimientos.
Por ejemplo, en 2006 el órgano garante aplicó un solo apercibimiento –advertencia o información de obligaciones que impone la ley a las dependencias públicas- al ayuntamiento de Mochitlán. Al siguiente año, se aplicaron 10 apercibimientos especialmente a ayuntamientos, por no rendir un informe anual de solicitudes de información al que están obligados.
En 2008 fueron siete los apercibimientos aplicados, en su mayoría también a ayuntamientos municipales; la razón también fue por no rendir su informe anual de solicitudes que establecía la ley. En 2009, la Caipegro impuso nueve apercibimientos, y en 2010, siete.
Ya con una nueva ley de transparencia, la número 374, los consejeros aplicaron en 2011 un total de siete apercibimientos, y en el año siguiente fueron 16 apercibimientos y una amonestación privada.
En el último año de los anteriores consejeros, 2013, se aplicaron nueve apercibimientos y siete amonestaciones privadas.
En total, los consejeros de la Caipegro aplicaron 66 apercibimientos y ocho amonestaciones privadas, una cantidad incipiente para el cúmulo de irregularidades que se observaron en las dependencias públicas.
Los actuales consejeros que comenzaron su encargo el 14 de febrero de 2014, llegaron con la espada desenvainada. No habían transcurrido ni tres meses de que asumieron el cargo y ya habían multado a 23 ayuntamientos y a un organismo público descentralizado por no entregar su informe de solicitudes de información correspondiente al ejercicio 2013.
Sobre el asunto, el entonces presidente del Itaigro, Crescensio Almazán Tolentino –hoy defenestrado consejero-, explicó que era la primera ocasión, desde la creación del órgano garante en 2006, que se aplicaban este tipo de medidas.
En 2014 se aplicaron nueve amonestaciones públicas, y por vez primera, multas económicas: 32 multas equivalentes a 50 días de salarios mínimos de la región. Sin embargo, las cifras que presentó el Itaigro por diferentes medios no cuadran. Por ejemplo, en respuesta a dos solicitudes presentadas en diferentes oportunidades, el órgano garante dio versiones distintas: en una de ellas, dijo que en 2014 se aplicaron 32 multas; en la otra solicitud, solo registró 21. Y por otro lado, en su informe anual de labores de ese año publicó 20 multas.
Respecto al ejercicio 2015, en su sesión extraordinaria Itaig/09/2015, celebrada el 20 de abril de 2015, el pleno del Itaigro aprobó la aplicación de multas económicas a 72 dependencias gubernamentales y partidistas, equivalentes a 983 mil 232 pesos. A la fecha, ni las multas de 2014 ni de 2015 se han cobrado.
No sabemos cuándo los consejeros del Itaigro se dieron cuenta del vacío legal que impedía cobrar las multas, pero ellos continuaron aplicando ese tipo de sanciones, sin informar nada de manera pública.
Hace unas semanas, ya en 2016, uno de los consejeros del Itaigro reconoció que en Guerrero no se había cobrado ninguna multa a infractores de la ley de transparencia, esto no obstante que casi desde su llegada al organismo comenzaron a “aplicar” este tipo de sanciones a sabiendas de que serían incobrables.
En efecto, el 27 de abril de 2016 el consejero Joaquín Morales Sánchez dijo que ninguna de las instituciones multadas por el órgano garante habían pagado una sanción porque la ley no establece el mecanismo de cobro, por lo que no se han hecho efectivas 300 multas aprobadas por el pleno en los últimos años.
“Hay una laguna legal, la Ley 374 (de transparencia) no contempla un procedimiento concreto de cómo hacer efectivas las multas. Nos da la atribución de multar, imponer medidas de apremio, pero no nos establece el mecanismo (de cobro)”, dijo al periódico El Sur.
Agregó que en para realizar su informe de labores, 39 dependencias públicas no entregaron su informe de solicitudes de información que les fueron requeridas, y para esos casos la ley establece una multa de 14 mil pesos, por lo que en total 546 mil pesos de sanciones no serán pagados, afirmó el consejero.

Intentos de cobro

El 3 de julio de 2015, se publicaron en el periódico oficial del estado dos acuerdos para el cobro de multas relacionadas con la opacidad o la falta de cumplimiento de la ley de transparencia.
El primero es el Acuerdo mediante el cual se crea el fondo auxiliar del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero. Dicho fondo tendría la finalidad de administrar los recursos obtenidos por concepto de multas impuestas a los sujetos obligados, donaciones, entre otros; para ello, la Secretaría de Finanzas y Administración sería la encargada de hacer efectivo el cobro de las multas económicas impuestas por el Instituto sujetándose al procedimiento legal correspondiente, posteriormente, depositará los recursos a la cuenta concentradora del Fondo.
En la misma fecha, se publicó en el periódico oficial el Acuerdo por el que se aprueba el tabulador para la imposición de multas económicas por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero. En ese documento, el Itaigro propuso sancionar los siguientes incumplimientos: por no rendir los informes relativos a los recursos de revisión tramitados en el Instituto; por no rendir los informes anuales de solicitudes de información; y por el incumplimiento a las resoluciones definitivas dictadas en los recursos de revisión.
Cabe destacar que una de las multas incluidas en este Acuerdo es “por la omisión de difundir la información pública de oficio en los portales de internet oficiales de manera permanente y actualizada”, las cuales tendrían una multa hasta por 200 salarios mínimos.
Al respecto hay que comentar que ninguno de los más de 180 dependencias públicas del estado, que estaban obligadas a difundir su información de oficio, cumplió con esta obligación, por lo cual todos ellos, incluyendo al Itaigro, debieron ser multados a lo largo de seis años que tuvo vigencia la Ley 374 de Transparencia. Pero todos gozaron de impunidad.

Sefina, cómplice de la impunidad

Mucho tuvo que ver la Secretaría de Finanzas y Administración con la impunidad en el estado en materia de transparencia. La ley 374 de transparencia (derogada el 5 de mayo de 2016) en su artículo 96, fracción IV, dice claramente que “El cobro de la multa se efectuará por la Secretaría de Finanzas y Administración a través del procedimiento económico coactivo”.
Pero ni en la administración de Zeferino Torreblanca, ni en la de Ángel Aguirre ni de Rogelio Ortega y tampoco en la de Héctor Astudillo se establecieron los procedimientos correspondientes para contribuir a hacer respetar la ley de transparencia.
Para corroborar lo anterior, el 12 de diciembre de 2015 se presentó en el Info Guerrero la solicitud de información folio 155715 donde se requirió la Sefina las “Multas aplicadas a dependencias públicas, por no acatar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado, con base en las resoluciones que el Itaigro envía a la Sefina. Esta información, desglosada por nombre de la dependencia, concepto de la multa, monto y fecha de aplicación”.
La respuesta provino del director general de recaudación, cuyo titular Jorge Arrieta Jiménez, indicó “que a la fecha en esta Dirección General de Recaudación a mi cargo, no se ha recibido ninguna multa” proveniente de infracciones a la ley de transparencia.
En la misma fecha, se solicitó a la Sefina con el folio 155815 la descripción del “Procedimiento que sigue la Sefina para la aplicación de las multas en materia de transparencia. [Además] Copia de los recibos pagados por las dependencias públicas por no acatar la ley de transparencia”.
La Sefina respondió exactamente lo mismo que en el requerimiento anterior, sin explicar si contaba con algún procedimiento.
Al Itaigro también se le solicitó que explicara el procedimiento para gestionar cada una de las medidas de apremio. El 9 de febrero de 2016, respondió que “hasta el momento no existe un procedimiento específico para gestionar dichas medidas de apremio”.
Agregó que “si bien es cierto que el artículo 96 de la ley número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Guerrero, en su último párrafo señala que ‘El cobro de la multa se efectuará por la Secretaría de Finanzas y Administración a través del procedimiento económico coactivo’, también lo es, que la misma ley no establece el mecanismo que deba seguirse para el cobro de las multas ante la Sefina”.
Y concluye: “En consecuencia, las multas que hasta el momento se han impuesto a los sujetos obligados (…) no han sido ejecutadas”.
Evidentemente, tampoco exhibió los oficios enviados a la Sefina para informar sobre el cobro de las multas, como se le requirió en una solicitud de información.

Un convenio que no se firmó

En los primeros meses de 2015, el Itaigro le propuso a la administración de Rogelio Ortega Martínez la firma de un convenio entre el órgano garante y el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Finanzas, que serviría para establecer el procedimiento de aplicación de sanciones.
En la primera cláusula del convenio se proponía que la Sefina “asumiera las funciones operativas de administración y cobro de las multas impuestas por el ‘ITAIG’ a los Sujetos Obligados en el ejercicio de la atribución señalada en la fracción IX del artículo 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero V, 96 de la Lev Número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, por la inobservancia a las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, o, en aquellos casos que incumplan con las determinaciones y/o resoluciones de dicho órgano autónomo”.
Pero nunca se concretó.
Con el gobierno de Héctor Astudillo tampoco se firmó nada, y con el pretexto de que en 2016 la ley de transparencia local se armonizaría con la Ley General de Transparencia, los actores institucionales que deben promover y garantizar la transparencia y el acceso a la información en Guerrero sepultaron cualquier posibilidad de sancionar a los infractores.
Así fue la historia de 10 años de impunidad.

El derecho de acceso a la información, a medias en Guerrero (segunda parte)

El Sur de Acapulco

A 10 años de que en Guerrero se estableció un mecanismo legal para solicitar información pública gubernamental, en el estado se presentaron, al 31 de diciembre de 2015, según datos del órgano garante, 24,270 solicitudes de información. Estos números hacen parecer a Guerrero como un estado donde las dependencias ofrecieron todas las facilidades para el acceso a la información.
Pero cualquiera que haya tenido la experiencia de presentar una solicitud de información, sabe que eso no es cierto, ya que detrás de las “cifras alegres” que registra el órgano garante respecto al número de peticiones de información, hay un ejercicio parcial de este derecho derivado de numerosas historias de reticencias y negativas para la entrega de información a las y los ciudadanos, desinterés de todas las dependencias por promover este derecho y hasta la difusión de cifras “maquilladas” por el órgano garante.
Hoy, en Guerrero se presentan entre 2 mil 500 y 3 mil solicitudes cada año, pero esta cifra es resultado más del interés y tesón de la ciudadanía que de la promoción de las instituciones públicas y el órgano garante.
Sin duda, en los próximos meses habrá un incremento significativo de solicitudes debido a que los guerrerenses y todos los mexicanos tendrán mecanismos más apropiados que facilitarán el acceso a la información (una plataforma nacional, entre otros) derivados de una política nacional que busca resarcir las carencias e ineficiencias locales en casi todos los estados.

Cifras maquilladas

Para desmenuzar qué sucedió en 10 años de acceso a la información en el estado, se observan dos etapas claramente diferenciadas: antes y después de la instalación del sistema electrónico Info Guerrero, el cual entró en funcionamiento el 1 de febrero de 2011 y contribuyó enormemente a quitar algunos de los serios obstáculos que había para acceder a la información.
Del 14 de junio de 2006 al 31 de enero de 2010 el derecho de acceso a la información de los guerrerenses fue obstaculizado seriamente por una ley de transparencia –la primera que rigió en el estado- que establecía requisitos no solo intimidantes, sino poco operativos para un estado como Guerrero, ya que requería que los solicitantes se apersonaran en las dependencias y además que presentaran una identificación. Hoy, ninguna ley en México exige esos requisitos.
Por estas restricciones y también porque nunca se hizo una buena promoción de la ley, el número de solicitudes de información auténticas fue menor del que presentaba el órgano garante, entonces denominado Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (Caipegro) de manera muy optimista en sus informes.
Por ejemplo, del 14 de junio de 2006 al 31 de marzo de 2007, la Caipegro reportó un total de 2,814 solicitudes de información y destacaba que 1,595 habían sido presentadas ante el ayuntamiento de Acapulco, es decir 56.6 por ciento de todas las que se registraron en el estado. La Caipegro también decía que en el pequeño municipio de Zitlala se presentaron en ese periodo 178 solicitudes, cifra mayor incluso que la del municipio de Chilpancingo, que registró 90 solicitudes, o del Congreso de estado, que tuvo 40 peticiones de información.
El segundo año de vigencia del derecho de acceso a la información, del 1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008, la Caipegro reportó que en el estado se presentaron 4,236 solicitudes de información, de las cuales 1,432 correspondieron al ayuntamiento de Acapulco, y 1,321 al ayuntamiento de Zirándaro. En ambos municipios, según el órgano garante, se presentó el 64.9 por ciento de todas las solicitudes del estado.
Por otra parte, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2008, la cifra de solicitudes tuvo un decremento significativo y sólo se contabilizaron 1,118 solicitudes. Lo curioso es que en este año el municipio líder en esta materia fue Tecoanapa, donde según la Caipegro, se presentaron 357 solicitudes, por arriba de Acapulco que en esta ocasión sólo alcanzó 278 peticiones registradas.
En 2009 la cifra se incrementó para llegar a 3,453, y en esta ocasión el municipio “sorpresa” fue Azoyú, en cuyo ayuntamiento se presentaron 1,719 solicitudes de información.
Al año siguiente, en 2010, el número de solicitudes presentadas en todo el estado decreció a 2,406, y fue nuevamente el municipio de Acapulco el que registró más peticiones, con 721. Este año, el municipio que tuvo un número atípico de solicitudes fue Iliatenco, con 291, por arriba de dependencias como el Congreso del estado (102), el ex Instituto Electoral del estado (81) o el ayuntamiento de Zihuatanejo, que obtuvo 76 peticiones.
En esta etapa, que abarca desde la entrada en vigor de la primera ley de transparencia (14 de junio de 2006) hasta la puesta en funcionamiento del sistema electrónico Info Guerrero (1 de febrero de 2011) se presentaron en el estado, según cifras de la Caipegro, 14,027 solicitudes de información.
Hay muchas razones para desconfiar de estos datos, el principal de los cuales es que no había condiciones para que la ciudadanía presentara un número tan elevado de solicitudes, especialmente por las restricciones que imponía la ley.
Estos datos “maquillados” fueron cuestionados y denunciados en su momento. Por ejemplo, en esos cuatro años, la Caipegro informó que el Ejecutivo estatal tuvo 2,084 solicitudes de información, mientras que los datos de la Dirección General de Transparencia del propio Ejecutivo arrojan que fueron apenas 864 las solicitudes en el periodo, es decir, hay una diferencia de 141 por ciento.
Otro dato revelador es que al ayuntamiento de Acapulco el órgano garante le adjudicaba cientos de solicitudes, que en algunos años incluso rebasaron el millar. Sin embargo, desde que hace tres años ese ayuntamiento cuenta con una unidad de transparencia, hay un control y registro más estricto de solicitudes, y el resultado es que en los últimos tres años se presentaron un promedio de 188 solicitudes anuales auténticas.
Sin ninguna explicación razonable, cada año algunos municipios registraron cifras atípicas de solicitudes de información, entre ellos Azoyú, con 1,719 peticiones, el propio Acapulco con 1,595, Zirándaro con 1,321, Tecoanapa con 357 o Iliatenco, con 291.
Cabe mencionar que la Caipegro nunca explicó la inconsistencia de estas cifras, sólo se limitaba a decir “es lo que nos envían los ayuntamientos”, pero se observaba que su propósito era rendir “cuentas alegres” y justificar una función que no realizaba de promover el derecho de acceso a la información en el estado.

El affaire del Info Guerrero

En la administración de Zeferino Torreblanca Galindo se inició la gestión para instalar el sistema Info Guerrero. La iniciativa provino del hoy denominado Instituto Nacional de Acceso a la Información (antes IFAI), que promovió en los estados la instalación de una plataforma tecnológica para la recepción y respuesta a solicitudes de información por vía electrónica.
Hasta Guerrero llegó el extinto presidente del ex IFAI, Alonso Lujambio, en marzo de 2008, para firmar un convenio de colaboración con el gobierno del estado y el órgano garante. La colaboración tenía el propósito de establecer las “bases y mecanismos operativos para que ‘El IFAI’ otorgue el sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información pública, acceso y corrección de datos personales, sus respuestas, así como la presentación y resolución en su caso, de los recursos de queja, y reconsideración, denominado ‘Sistema Infomex’ a ‘el poder ejecutivo’ y ‘la Caipegro’”.
Sin embargo, el desinterés y la falta de coordinación entre el gobierno del estado y la Caipegro propiciaron que hasta el 1 de febrero de 2011, a casi tres años de firmado el convenio con el IFAI, entrara en funcionamiento la plataforma Info Guerrero. Desde el primer año se palpó su utilidad con el incremento sustancial de solicitudes de información, ya que de 2006 a 2010, el promedio anual de peticiones presentadas ante el Ejecutivo del estado era de 145, y en el primer año de funcionamiento del Info Guerrero, de febrero a diciembre de 2011, la cifra se multiplicó a 1,061 solicitudes por vía electrónica, y en 2015 ya era de 1,569 peticiones.
La explicación del incremento es evidente: en un estado como Guerrero, con una orografía difícil y numerosos municipios y poblaciones dispersas, era un sinsentido que la ley incluyera la exigencia de presentar solicitudes de información de manera personal. Durante cinco años, la ciudadanía guerrerense vivió con esta severa restricción a su derecho de acceso a la información, ante la contemplación pasiva del órgano garante y las dependencias públicas.
El Info Guerrero fue sin embargo, una solución parcial, ya que sólo funcionó para las dependencias del Ejecutivo del estado, dejando fuera a los 81 municipios, el Congreso del estado, el poder Judicial y los organismos autónomos, que en conjunto representaban más de la mitad de todas las oficinas públicas obligadas por la ley de transparencia.
Mediante el sistema, tampoco podían presentarse quejas o recursos de revisión –como sí podía hacerse en otros estados y en el ámbito federal-, limitando con esto un ejercicio pleno de este derecho.
Una vez que comenzó a funcionar el Info Guerrero, ni la Caipegro ni posteriormente el Itaigro gestionaron la ampliación del sistema a más sujetos obligados ni la incorporación de más funciones.

Multiplicación de solicitudes

En 2011 se registraron 2 mil 341 solicitudes de información en todo el estado, de las cuales mil 61 correspondieron a las dependencias del Ejecutivo del estado a través de Info Guerrero. Según la Caipegro, de ese total estatal, 748 solicitudes fueron presentadas en el ayuntamiento de Acapulco, cifra que continuaba siendo poco creíble.
Al siguiente año, el número de solicitudes se incrementó a 3 mil 61; de éstas, mil 572 se presentaron al gobierno del estado mediante el Info Guerrero, y correspondió nuevamente al ayuntamiento de Acapulco, según la Caipegro, el dudoso primer sitio en solicitudes presentadas con 979 peticiones.
Consideramos que en 2013 por vez primera el órgano garante de la transparencia en el estado hizo una auténtica contabilización de solicitudes de información. En ese año, por cierto el último de los anteriores consejeros, se registraron mil 844 peticiones en todo el estado. De este total, mil 251 fueron para el Ejecutivo del estado y el resto se distribuyeron entre más de 100 dependencias públicas.
En el caso de los ayuntamientos, sector preferido del órgano garante para “inflar” las cifras, éstos tuvieron cifras más verídicas, como el caso de Acapulco, que en este año registró sólo 94 peticiones, Petatlán con 71, Zihuatanejo con 27, y Chilpancingo, que tuvo 19. En total, los ayuntamientos registraron 247 solicitudes, número muy por debajo de los informados por la Caipegro en años anteriores.
En 2014, se presentaron en el estado 2 mil 714 solicitudes de información, de las cuales mil 327 correspondieron al Ejecutivo estatal por medio del sistema Info Guerrero. En este año, el ayuntamiento con más peticiones fue Acapulco, con 159, y después de éste, Zihuatanejo con 16 y Técpan con 15 solicitudes.
Finalmente, en su último informe correspondiente a 2015, el Itaigro publicó que en el estado se presentaron 2 mil 689 solicitudes de información, de las cuales mil 686 se presentaron mediante el sistema Info Guerrero y correspondieron a las dependencias del Ejecutivo del estado.
Acapulco fue el municipio que tuvo mayor número de solicitudes, con 313, y muy lejos los ayuntamientos de Coyuca de Benítez, con 19 y Zihuatanejo con 13.

Detrás de las cifras

A excepción del Ejecutivo del estado con el sistema Info Guerrero, y de algunas dependencias como el Congreso, el ayuntamiento de Acapulco, la Auditoría General del Estado, y algunos otros pocos que gestionaron mecanismos electrónicos de acceso a la información, la mayoría de las oficinas gubernamentales, especialmente los ayuntamientos, nunca estableció dispositivos para que la ciudadanía solicitara información de manera sencilla y expedita, como lo establece la constitución. Ni siquiera el Itaigro tuvo en esta década un sistema electrónico de recepción y respuesta de solicitudes.
Y aunque no está documentado, se estima que un número significativo de esas solicitudes no fueron respondidas en tiempo, o los datos fueron negados con el argumento de que la información era inexistente, reservada o confidencial; y de éstas, sólo unas cuantas se convirtieron en quejas o recursos de revisión ante el Itaigro. Incluso muchas resoluciones del órgano garante nunca fueron cumplidas por las dependencias y tampoco nunca se multó a ninguna de ellas.
Nadie puede afirmar que en Guerrero el derecho de acceso a la información estuvo garantizado, ni medianamente, en los 10 años previos.