El Itaigro empantana el derecho de acceso a la información

El Sur de Acapulco

(Cuarta y última parte)

En Guerrero, los procedimientos para garantizar el acceso a la información gubernamental nunca funcionaron apropiadamente. Más allá de los obstáculos que siempre han colocado las dependencias públicas para entregar información, el procedimiento clave, relativo a la recepción y gestión de recursos de revisión y a la emisión de las correspondientes resoluciones, a cargo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (Itaigro), se ha convertido en un verdadero cuello de botella, que pone en riesgo el ejercicio de este derecho.
Aunque uno de los principios constitucionales (artículo sexto, fracción IV) indica la obligación de establecer “mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos”, en Guerrero esto no ha sido así, pues en 10 años se ha observado un grave rezago que alimenta la percepción de impunidad y/o de ineficiencia en la gestión de recursos de revisión, que es una de las funciones sustanciales del instituto.
En efecto, no obstante que el Itaigro, según sus planes de trabajo, cada año se propone el objetivo de “resolver con imparcialidad, prontitud y con apego a derecho, los recursos de revisión que promuevan los ciudadanos en contra de los sujetos obligados” y ha establecido entre sus metas “resolver en tiempo y forma el 100% de los recursos de revisión”, la realidad ha sido muy distinta, y las denuncias ciudadanas (quejas o recursos de revisión) que se presentan ante el órgano garante –por negativas o entrega parcial de información o en una modalidad distinta a la requerida–, no han sido resueltas en lapsos razonables y hay casos en que llegan a tardarse hasta 44 meses, es decir casi cuatro años.
Este grave rezago para emitir las resoluciones es un factor que desestimula el ejercicio del derecho de acceso a la información. La ciudadanía se queda con la percepción de que hay impunidad y abandona el trámite ante la falta de resultados en plazos razonables o los que establece la ley.
En estos 10 años, el tiempo promedio que ocupó el Itaigro para emitir sus resoluciones fue de 85 días, es decir casi tres meses. Si a esto se le suman los 15 días hábiles que en la década anterior tenía una dependencia para responder (más 15 días adicionales, si solicitaba prórroga), y los 10 días que tiene el ciudadano para presentar su recurso de revisión, un solicitante de información podría recibir sus datos hasta 147 días después de presentar su solicitud.
Lo peor es que las resoluciones del Itaigro tampoco son acatadas de inmediato y a veces nunca, de tal manera que un ciudadano que decidió ejercer su derecho de acceso a la información podría no recibir nunca los datos solicitados o, en el mejor de los casos, esperar hasta cinco meses.
Eso explica el bajo nivel de credibilidad que tiene el sistema de acceso a la información de Guerrero.

Las resoluciones

La primera ley de acceso a la información del estado de Guerrero, que entró en vigor en junio de 2006, establecía un plazo de seis días hábiles para que el órgano garante emitiera sus resoluciones. Decía el artículo 50: “Admitida la queja, el Comisionado Instructor en turno requerirá al Sujeto Obligado para que rinda un informe justificado sobre la materia de la queja, en un plazo no mayor de los tres días hábiles siguientes al que reciba la notificación. (…) Recepcionado el informe justificado, el Comisionado Instructor tendrá tres días hábiles para presentar su proyecto al Pleno de la Comisión para su resolución por mayoría de votos”. Esta norma estuvo vigente hasta el 30 de julio de 2010.
Según un conteo propio, basado en solicitudes de información y en la revisión de su portal electrónico, en 2006 se emitieron seis resoluciones que se tramitaron en un tiempo promedio de 41 días.
Al año siguiente, en 2007, las 35 resoluciones emitidas se gestionaron también en 41 días, en promedio; en 2008, fueron 40 los casos resueltos con un promedio de 33 días para cada uno. Los casos extremos fueron dos resoluciones que se tardaron 300 y 167 días, respectivamente. En 2009, el órgano garante emitió 46 resoluciones para un promedio de 23 días.
En 2010 una nueva ley de transparencia en el estado estableció para la emisión de resoluciones lo siguiente: “El instituto (…) deberá emitir la resolución en un término no mayor de 45 días hábiles, contados a partir de la interposición del recurso (de revisión). Este plazo podrá, en casos excepcionales, ser ampliado hasta por quince días adicionales (…)”.
Sin embargo, el cumplimiento a esta disposición fue muy desigual, tanto que a la fecha el órgano garante arrastra un gran rezago y tiene aún muchos casos por resolver.
En 2010 los anteriores consejeros emitieron 20 resoluciones. El promedio de cumplimiento es de 44 días. Sin embargo, además de que se observa que varios recursos de revisión no fueron registrados –no cuentan con la nomenclatura oficial del organismo, lo que evidencia el descuido al interior de la entonces Caipegro- destacan dos casos que rebasaron los plazos, pues las resoluciones se emitieron en 64 días, pero particularmente una cuya resolución fue emitida 254 días después, es decir, de ocho meses después de presentado el recurso de revisión.
En 2011 el órgano garante emitió 29 resoluciones, que en promedio se llevaron 56 días para su trámite. De éstas, 11 casos rebasaron los plazos de ley, es decir, por arriba de los 60 días naturales. En este año destacaron dos que se resolvieron en 93 días, y una que ocupó 169 días, es decir, el solicitante esperó cerca de seis meses para saber si les entregarían o no la información que requirió.
En 2012 hubo un salto cualitativo en la emisión de resoluciones, pues los consejeros gestionaron 73 casos -producto sin duda, de un mayor número de solicitudes presentadas, gracias a la plataforma Info Guerrero, que entró en funcionamiento en 2011-.
El tiempo promedio para estas resoluciones fue de 335 días naturales, es decir, 11 meses. Fue en este ejercicio cuando comenzó a observarse un grave rezago en esta materia. Por ejemplo, en 2012 se resolvieron 11 casos que el órgano garante venía arrastrando desde 2009, cada uno de los cuales ocupó 44 meses para resolverse.
Además de los de 2009, en ese 2012 hubo otras 56 resoluciones que se emitieron por arriba de los tiempos que marca la ley, es decir, 91.7 por ciento de las resoluciones del Itaigro tuvieron esa condición irregular.
En 2013 se incrementó nuevamente a 85 el número de resoluciones dictadas, con un tiempo promedio para su procesamiento de 56 días. Del total, 47 por ciento se fallaron fuera del plazo que establece la ley, destacando una que fue resuelta en poco más de seis meses, dos en más de cuatro meses y ocho cuyas resoluciones se emitieron en tres meses y medio.
En 2014, ya instalados los actuales consejeros, no hubo más celeridad en las resoluciones. Por ejemplo, en ese año se emitieron 57, y de acuerdo con la información del propio Itaigro al momento de responder una solicitud de información y por lo publicado en su página electrónica, el promedio de resolución de casos fue de 82 días, es decir casi tres meses.
Treinta y tres de las resoluciones se emitieron después de los 60 días, y destacaron una que ocupó ocho meses resolverla, una con 165 días, y nueve que rebasaron los cuatros meses.
En 2015, el rezago se incrementó notablemente, pues según datos del portal electrónico del Itaigro, a esta fecha se habían emitido 14 resoluciones de ese año, con un promedio de gestión de casi seis meses. Todas las resoluciones de este año están por arriba de los 120 días.
En 2016, aun cuando ya está vigente la ley 207 de transparencia y acceso a la información, el órgano garante tiene recursos de revisión acumulados, presentados antes del 5 de mayo.
Si bien en su página electrónica registra cuántas resoluciones ha emitido, el Itaigro tiene pendientes varios casos no resueltos a partir de recursos de revisión presentados por quien esto escribe.
Por ejemplo, en contra de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro) se presentaron en febrero de 2016 cinco recursos de revisión que hasta la fecha no han sido resueltos. También correspondientes a febrero, están pendientes de resolución casos en contra de Capaseg, Cicaeg, Coordinación de Fortalecimiento Municipal, Coordinación General de Programas Sociales Guerrero para Todos, Fideicomiso Guerrero Industrial, Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Igife, Sefina y Secretaría de Asuntos Agrarios.
Asimismo, en marzo se presentaron recursos de revisión en contra de las secretarías de Educación Pública, de Salud, de Desarrollo Social y General de Gobierno, sin que a la fecha ninguno de estos se haya resuelto.
Desde abril de este año existen recursos de revisión contra, nuevamente, las Secretarías Finanzas y Administración, Sagadegro (2) y Copladeg.
Tenemos conocimiento también de los recursos de revisión presentados por la Organización de los Pueblos Indígenas Me phaa en 2015 y 2016. Por ejemplo, en contra del ayuntamiento de Ayutla se presentaron quejas por no responder a solicitudes de información, y a la fecha ese gobierno municipal no ha entregado el total de información solicitada ni hay una resolución al respecto.
Igualmente, la organización presentó 12 recursos de revisión en contra de la Secretaría de Salud y otro a la Sagadegro, por ser omisas a responder a los ciudadanos, y todavía siguen pendientes de resolución, no obstante que las quejas se presentaron desde el mes de enero de 2016.
Como parte del rezago, el 4 de mayo de 2015 se presentó un recurso de revisión en contra del ayuntamiento de Chilpancingo –relativo a una solicitud de información sobre los parquímetros- y el Itaigro ni siquiera lo tiene registrado. El colmo es que el 27 de abril de 2016 se presentó un recurso de revisión en contra del propio Itaigro, por entregar información parcial. No sabemos cómo va a resolver este asunto el órgano garante, ya que en este caso se convierte en juez y parte.
De todos los casos reseñados se cuenta con la documentación correspondiente.

En otros estados

Para conocer cómo funcionan los órganos garantes de otros estados, solicitamos información a los institutos de transparencia de Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Morelos.
El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística contestó que su ley de transparencia establece que “el tiempo transcurrido entre la presentación de un recurso de revisión y su resolución (es) de treinta días hábiles”. En ese estado, de 2010 a 2015 se presentaron mil 539 recursos de revisión.
En el caso del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Michoacán, respondieron que cuentan con información sólo de los recursos de revisión del periodo 2010 a 2013, cuyas resoluciones en promedio se tardaron 123 días en emitirse. El Instituto de Michoacán también trae un grave rezago en sus resoluciones. De 2010 a 2015 se presentaron un total de 916 recursos de revisión.
Por su parte, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca respondió que “para establecer un tiempo promedio de acuerdo al Reglamento de Recurso de Revisión, los plazos para la substanciación el tiempo sería los 49 días hábiles aproximadamente de acuerdo a la Ley”. En total, en cinco años se presentaron mil 831 recursos de revisión.
Finalmente, el Instituto de Acceso a la Información del Estado de Chiapas, informó que en promedio transcurren 35 días hábiles desde que reciben un recurso de revisión hasta su resolución final. El instituto chiapaneco recibió en el periodo 2010-2015 un total de 742 recursos de revisión.
Si se compara con los otros estados, en Guerrero es bajísimo el número de recursos de revisión que se presentan (345 en el periodo 2010-2015). Esto no es resultado de que las dependencias faciliten el acceso a la información, sino en gran parte se debe a la enorme desconfianza en los procedimientos y en la institución que debería encargarse de garantizar el ejercicio de este derecho.
La resolución expedita de los recursos de revisión es un indicador básico que los institutos deberían considerar para medir su eficiencia; no hacerlo, seguirá propiciando una percepción no sólo de tortuguismo, sino de que hay una proclividad a la impunidad en el acceso a la información.

Diez años de impunidad en transparencia (tercera parte)

El Sur de Acapulco

El 14 de junio se cumplieron 10 años de que entró en vigor la primera ley de transparencia en el estado. En ese tiempo no se aplicó ni una sola multa a los infractores de la ley de transparencia y acceso a la información del estado de Guerrero. Fue una década de impunidad en la que prevaleció no sólo la ausencia de políticas públicas en materia de transparencia, sino una gran complacencia para que cualquier dependencia gubernamental pudiera infringir la ley sin que nadie le dijera nada.
Esto explica por qué todas las oficinas gubernamentales de los tres órdenes y los tres poderes, además de todos los órganos autónomos, desafiaron abiertamente la norma, y el conjunto de todas las omisiones fueron también la fuente de los bajísimos niveles de transparencia en el estado.
En esta historia, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (Itaigro) no fue capaz de garantizar el cumplimiento de la ley, ya que hasta hoy no ha cubierto plenamente las funciones esenciales de la normatividad, tampoco nunca hubo certeza de que sus resoluciones se cumplieran, ya que no existe ningún registro, y él mismo, como el organismo que moralmente más obligación tenía, nunca cumplió ni siquiera al 80 por ciento con sus obligaciones de transparencia que le marcaba la ley.
Pero también fue permisivo en la aplicación de multas y otras sanciones, y en estas irregularidades, la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado (Sefina) fue cómplice ya que su inacción contribuyó de manera directa a concretar 10 años de impunidad en el estado en materia de transparencia para que no se cobrara una sola multa.
En esta entrega documentaremos algunos pasajes sobre cómo el Itaigro y la Sefina no sólo incumplieron con la ley como sujetos obligados, sino que también fueron piezas clave para que en 10 años no se aplicara una sola multa en el estado a las dependencias gubernamentales por su incumplimiento a la ley de transparencia.

Los números de la impunidad

Los primeros consejeros del órgano garante de la transparencia, entonces denominada Comisión de Acceso a la Información del Estado de Guerrero (Caipegro) tuvieron mano “blanda” para la aplicación de sanciones, no obstante las numerosas y evidentes irregularidades cometidas por todas las dependencias gubernamentales, sin distingo.
En este periodo (de febrero de 2006 a febrero de 2014) predominaron, casi como única forma de presión para garantizar que se cumpliera la ley, los apercibimientos, y en menor medida, las amonestaciones privadas. Durante los ocho años que ocuparon el cargo, los primeros consejeros nunca aplicaron una sola multa económica o sanción más fuerte, no obstante que año tras año había infractores que incluso reincidían en los incumplimientos.
Por ejemplo, en 2006 el órgano garante aplicó un solo apercibimiento –advertencia o información de obligaciones que impone la ley a las dependencias públicas- al ayuntamiento de Mochitlán. Al siguiente año, se aplicaron 10 apercibimientos especialmente a ayuntamientos, por no rendir un informe anual de solicitudes de información al que están obligados.
En 2008 fueron siete los apercibimientos aplicados, en su mayoría también a ayuntamientos municipales; la razón también fue por no rendir su informe anual de solicitudes que establecía la ley. En 2009, la Caipegro impuso nueve apercibimientos, y en 2010, siete.
Ya con una nueva ley de transparencia, la número 374, los consejeros aplicaron en 2011 un total de siete apercibimientos, y en el año siguiente fueron 16 apercibimientos y una amonestación privada.
En el último año de los anteriores consejeros, 2013, se aplicaron nueve apercibimientos y siete amonestaciones privadas.
En total, los consejeros de la Caipegro aplicaron 66 apercibimientos y ocho amonestaciones privadas, una cantidad incipiente para el cúmulo de irregularidades que se observaron en las dependencias públicas.
Los actuales consejeros que comenzaron su encargo el 14 de febrero de 2014, llegaron con la espada desenvainada. No habían transcurrido ni tres meses de que asumieron el cargo y ya habían multado a 23 ayuntamientos y a un organismo público descentralizado por no entregar su informe de solicitudes de información correspondiente al ejercicio 2013.
Sobre el asunto, el entonces presidente del Itaigro, Crescensio Almazán Tolentino –hoy defenestrado consejero-, explicó que era la primera ocasión, desde la creación del órgano garante en 2006, que se aplicaban este tipo de medidas.
En 2014 se aplicaron nueve amonestaciones públicas, y por vez primera, multas económicas: 32 multas equivalentes a 50 días de salarios mínimos de la región. Sin embargo, las cifras que presentó el Itaigro por diferentes medios no cuadran. Por ejemplo, en respuesta a dos solicitudes presentadas en diferentes oportunidades, el órgano garante dio versiones distintas: en una de ellas, dijo que en 2014 se aplicaron 32 multas; en la otra solicitud, solo registró 21. Y por otro lado, en su informe anual de labores de ese año publicó 20 multas.
Respecto al ejercicio 2015, en su sesión extraordinaria Itaig/09/2015, celebrada el 20 de abril de 2015, el pleno del Itaigro aprobó la aplicación de multas económicas a 72 dependencias gubernamentales y partidistas, equivalentes a 983 mil 232 pesos. A la fecha, ni las multas de 2014 ni de 2015 se han cobrado.
No sabemos cuándo los consejeros del Itaigro se dieron cuenta del vacío legal que impedía cobrar las multas, pero ellos continuaron aplicando ese tipo de sanciones, sin informar nada de manera pública.
Hace unas semanas, ya en 2016, uno de los consejeros del Itaigro reconoció que en Guerrero no se había cobrado ninguna multa a infractores de la ley de transparencia, esto no obstante que casi desde su llegada al organismo comenzaron a “aplicar” este tipo de sanciones a sabiendas de que serían incobrables.
En efecto, el 27 de abril de 2016 el consejero Joaquín Morales Sánchez dijo que ninguna de las instituciones multadas por el órgano garante habían pagado una sanción porque la ley no establece el mecanismo de cobro, por lo que no se han hecho efectivas 300 multas aprobadas por el pleno en los últimos años.
“Hay una laguna legal, la Ley 374 (de transparencia) no contempla un procedimiento concreto de cómo hacer efectivas las multas. Nos da la atribución de multar, imponer medidas de apremio, pero no nos establece el mecanismo (de cobro)”, dijo al periódico El Sur.
Agregó que en para realizar su informe de labores, 39 dependencias públicas no entregaron su informe de solicitudes de información que les fueron requeridas, y para esos casos la ley establece una multa de 14 mil pesos, por lo que en total 546 mil pesos de sanciones no serán pagados, afirmó el consejero.

Intentos de cobro

El 3 de julio de 2015, se publicaron en el periódico oficial del estado dos acuerdos para el cobro de multas relacionadas con la opacidad o la falta de cumplimiento de la ley de transparencia.
El primero es el Acuerdo mediante el cual se crea el fondo auxiliar del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero. Dicho fondo tendría la finalidad de administrar los recursos obtenidos por concepto de multas impuestas a los sujetos obligados, donaciones, entre otros; para ello, la Secretaría de Finanzas y Administración sería la encargada de hacer efectivo el cobro de las multas económicas impuestas por el Instituto sujetándose al procedimiento legal correspondiente, posteriormente, depositará los recursos a la cuenta concentradora del Fondo.
En la misma fecha, se publicó en el periódico oficial el Acuerdo por el que se aprueba el tabulador para la imposición de multas económicas por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero. En ese documento, el Itaigro propuso sancionar los siguientes incumplimientos: por no rendir los informes relativos a los recursos de revisión tramitados en el Instituto; por no rendir los informes anuales de solicitudes de información; y por el incumplimiento a las resoluciones definitivas dictadas en los recursos de revisión.
Cabe destacar que una de las multas incluidas en este Acuerdo es “por la omisión de difundir la información pública de oficio en los portales de internet oficiales de manera permanente y actualizada”, las cuales tendrían una multa hasta por 200 salarios mínimos.
Al respecto hay que comentar que ninguno de los más de 180 dependencias públicas del estado, que estaban obligadas a difundir su información de oficio, cumplió con esta obligación, por lo cual todos ellos, incluyendo al Itaigro, debieron ser multados a lo largo de seis años que tuvo vigencia la Ley 374 de Transparencia. Pero todos gozaron de impunidad.

Sefina, cómplice de la impunidad

Mucho tuvo que ver la Secretaría de Finanzas y Administración con la impunidad en el estado en materia de transparencia. La ley 374 de transparencia (derogada el 5 de mayo de 2016) en su artículo 96, fracción IV, dice claramente que “El cobro de la multa se efectuará por la Secretaría de Finanzas y Administración a través del procedimiento económico coactivo”.
Pero ni en la administración de Zeferino Torreblanca, ni en la de Ángel Aguirre ni de Rogelio Ortega y tampoco en la de Héctor Astudillo se establecieron los procedimientos correspondientes para contribuir a hacer respetar la ley de transparencia.
Para corroborar lo anterior, el 12 de diciembre de 2015 se presentó en el Info Guerrero la solicitud de información folio 155715 donde se requirió la Sefina las “Multas aplicadas a dependencias públicas, por no acatar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado, con base en las resoluciones que el Itaigro envía a la Sefina. Esta información, desglosada por nombre de la dependencia, concepto de la multa, monto y fecha de aplicación”.
La respuesta provino del director general de recaudación, cuyo titular Jorge Arrieta Jiménez, indicó “que a la fecha en esta Dirección General de Recaudación a mi cargo, no se ha recibido ninguna multa” proveniente de infracciones a la ley de transparencia.
En la misma fecha, se solicitó a la Sefina con el folio 155815 la descripción del “Procedimiento que sigue la Sefina para la aplicación de las multas en materia de transparencia. [Además] Copia de los recibos pagados por las dependencias públicas por no acatar la ley de transparencia”.
La Sefina respondió exactamente lo mismo que en el requerimiento anterior, sin explicar si contaba con algún procedimiento.
Al Itaigro también se le solicitó que explicara el procedimiento para gestionar cada una de las medidas de apremio. El 9 de febrero de 2016, respondió que “hasta el momento no existe un procedimiento específico para gestionar dichas medidas de apremio”.
Agregó que “si bien es cierto que el artículo 96 de la ley número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Guerrero, en su último párrafo señala que ‘El cobro de la multa se efectuará por la Secretaría de Finanzas y Administración a través del procedimiento económico coactivo’, también lo es, que la misma ley no establece el mecanismo que deba seguirse para el cobro de las multas ante la Sefina”.
Y concluye: “En consecuencia, las multas que hasta el momento se han impuesto a los sujetos obligados (…) no han sido ejecutadas”.
Evidentemente, tampoco exhibió los oficios enviados a la Sefina para informar sobre el cobro de las multas, como se le requirió en una solicitud de información.

Un convenio que no se firmó

En los primeros meses de 2015, el Itaigro le propuso a la administración de Rogelio Ortega Martínez la firma de un convenio entre el órgano garante y el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Finanzas, que serviría para establecer el procedimiento de aplicación de sanciones.
En la primera cláusula del convenio se proponía que la Sefina “asumiera las funciones operativas de administración y cobro de las multas impuestas por el ‘ITAIG’ a los Sujetos Obligados en el ejercicio de la atribución señalada en la fracción IX del artículo 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero V, 96 de la Lev Número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, por la inobservancia a las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, o, en aquellos casos que incumplan con las determinaciones y/o resoluciones de dicho órgano autónomo”.
Pero nunca se concretó.
Con el gobierno de Héctor Astudillo tampoco se firmó nada, y con el pretexto de que en 2016 la ley de transparencia local se armonizaría con la Ley General de Transparencia, los actores institucionales que deben promover y garantizar la transparencia y el acceso a la información en Guerrero sepultaron cualquier posibilidad de sancionar a los infractores.
Así fue la historia de 10 años de impunidad.

El derecho de acceso a la información, a medias en Guerrero (segunda parte)

El Sur de Acapulco

A 10 años de que en Guerrero se estableció un mecanismo legal para solicitar información pública gubernamental, en el estado se presentaron, al 31 de diciembre de 2015, según datos del órgano garante, 24,270 solicitudes de información. Estos números hacen parecer a Guerrero como un estado donde las dependencias ofrecieron todas las facilidades para el acceso a la información.
Pero cualquiera que haya tenido la experiencia de presentar una solicitud de información, sabe que eso no es cierto, ya que detrás de las “cifras alegres” que registra el órgano garante respecto al número de peticiones de información, hay un ejercicio parcial de este derecho derivado de numerosas historias de reticencias y negativas para la entrega de información a las y los ciudadanos, desinterés de todas las dependencias por promover este derecho y hasta la difusión de cifras “maquilladas” por el órgano garante.
Hoy, en Guerrero se presentan entre 2 mil 500 y 3 mil solicitudes cada año, pero esta cifra es resultado más del interés y tesón de la ciudadanía que de la promoción de las instituciones públicas y el órgano garante.
Sin duda, en los próximos meses habrá un incremento significativo de solicitudes debido a que los guerrerenses y todos los mexicanos tendrán mecanismos más apropiados que facilitarán el acceso a la información (una plataforma nacional, entre otros) derivados de una política nacional que busca resarcir las carencias e ineficiencias locales en casi todos los estados.

Cifras maquilladas

Para desmenuzar qué sucedió en 10 años de acceso a la información en el estado, se observan dos etapas claramente diferenciadas: antes y después de la instalación del sistema electrónico Info Guerrero, el cual entró en funcionamiento el 1 de febrero de 2011 y contribuyó enormemente a quitar algunos de los serios obstáculos que había para acceder a la información.
Del 14 de junio de 2006 al 31 de enero de 2010 el derecho de acceso a la información de los guerrerenses fue obstaculizado seriamente por una ley de transparencia –la primera que rigió en el estado- que establecía requisitos no solo intimidantes, sino poco operativos para un estado como Guerrero, ya que requería que los solicitantes se apersonaran en las dependencias y además que presentaran una identificación. Hoy, ninguna ley en México exige esos requisitos.
Por estas restricciones y también porque nunca se hizo una buena promoción de la ley, el número de solicitudes de información auténticas fue menor del que presentaba el órgano garante, entonces denominado Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (Caipegro) de manera muy optimista en sus informes.
Por ejemplo, del 14 de junio de 2006 al 31 de marzo de 2007, la Caipegro reportó un total de 2,814 solicitudes de información y destacaba que 1,595 habían sido presentadas ante el ayuntamiento de Acapulco, es decir 56.6 por ciento de todas las que se registraron en el estado. La Caipegro también decía que en el pequeño municipio de Zitlala se presentaron en ese periodo 178 solicitudes, cifra mayor incluso que la del municipio de Chilpancingo, que registró 90 solicitudes, o del Congreso de estado, que tuvo 40 peticiones de información.
El segundo año de vigencia del derecho de acceso a la información, del 1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008, la Caipegro reportó que en el estado se presentaron 4,236 solicitudes de información, de las cuales 1,432 correspondieron al ayuntamiento de Acapulco, y 1,321 al ayuntamiento de Zirándaro. En ambos municipios, según el órgano garante, se presentó el 64.9 por ciento de todas las solicitudes del estado.
Por otra parte, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2008, la cifra de solicitudes tuvo un decremento significativo y sólo se contabilizaron 1,118 solicitudes. Lo curioso es que en este año el municipio líder en esta materia fue Tecoanapa, donde según la Caipegro, se presentaron 357 solicitudes, por arriba de Acapulco que en esta ocasión sólo alcanzó 278 peticiones registradas.
En 2009 la cifra se incrementó para llegar a 3,453, y en esta ocasión el municipio “sorpresa” fue Azoyú, en cuyo ayuntamiento se presentaron 1,719 solicitudes de información.
Al año siguiente, en 2010, el número de solicitudes presentadas en todo el estado decreció a 2,406, y fue nuevamente el municipio de Acapulco el que registró más peticiones, con 721. Este año, el municipio que tuvo un número atípico de solicitudes fue Iliatenco, con 291, por arriba de dependencias como el Congreso del estado (102), el ex Instituto Electoral del estado (81) o el ayuntamiento de Zihuatanejo, que obtuvo 76 peticiones.
En esta etapa, que abarca desde la entrada en vigor de la primera ley de transparencia (14 de junio de 2006) hasta la puesta en funcionamiento del sistema electrónico Info Guerrero (1 de febrero de 2011) se presentaron en el estado, según cifras de la Caipegro, 14,027 solicitudes de información.
Hay muchas razones para desconfiar de estos datos, el principal de los cuales es que no había condiciones para que la ciudadanía presentara un número tan elevado de solicitudes, especialmente por las restricciones que imponía la ley.
Estos datos “maquillados” fueron cuestionados y denunciados en su momento. Por ejemplo, en esos cuatro años, la Caipegro informó que el Ejecutivo estatal tuvo 2,084 solicitudes de información, mientras que los datos de la Dirección General de Transparencia del propio Ejecutivo arrojan que fueron apenas 864 las solicitudes en el periodo, es decir, hay una diferencia de 141 por ciento.
Otro dato revelador es que al ayuntamiento de Acapulco el órgano garante le adjudicaba cientos de solicitudes, que en algunos años incluso rebasaron el millar. Sin embargo, desde que hace tres años ese ayuntamiento cuenta con una unidad de transparencia, hay un control y registro más estricto de solicitudes, y el resultado es que en los últimos tres años se presentaron un promedio de 188 solicitudes anuales auténticas.
Sin ninguna explicación razonable, cada año algunos municipios registraron cifras atípicas de solicitudes de información, entre ellos Azoyú, con 1,719 peticiones, el propio Acapulco con 1,595, Zirándaro con 1,321, Tecoanapa con 357 o Iliatenco, con 291.
Cabe mencionar que la Caipegro nunca explicó la inconsistencia de estas cifras, sólo se limitaba a decir “es lo que nos envían los ayuntamientos”, pero se observaba que su propósito era rendir “cuentas alegres” y justificar una función que no realizaba de promover el derecho de acceso a la información en el estado.

El affaire del Info Guerrero

En la administración de Zeferino Torreblanca Galindo se inició la gestión para instalar el sistema Info Guerrero. La iniciativa provino del hoy denominado Instituto Nacional de Acceso a la Información (antes IFAI), que promovió en los estados la instalación de una plataforma tecnológica para la recepción y respuesta a solicitudes de información por vía electrónica.
Hasta Guerrero llegó el extinto presidente del ex IFAI, Alonso Lujambio, en marzo de 2008, para firmar un convenio de colaboración con el gobierno del estado y el órgano garante. La colaboración tenía el propósito de establecer las “bases y mecanismos operativos para que ‘El IFAI’ otorgue el sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información pública, acceso y corrección de datos personales, sus respuestas, así como la presentación y resolución en su caso, de los recursos de queja, y reconsideración, denominado ‘Sistema Infomex’ a ‘el poder ejecutivo’ y ‘la Caipegro’”.
Sin embargo, el desinterés y la falta de coordinación entre el gobierno del estado y la Caipegro propiciaron que hasta el 1 de febrero de 2011, a casi tres años de firmado el convenio con el IFAI, entrara en funcionamiento la plataforma Info Guerrero. Desde el primer año se palpó su utilidad con el incremento sustancial de solicitudes de información, ya que de 2006 a 2010, el promedio anual de peticiones presentadas ante el Ejecutivo del estado era de 145, y en el primer año de funcionamiento del Info Guerrero, de febrero a diciembre de 2011, la cifra se multiplicó a 1,061 solicitudes por vía electrónica, y en 2015 ya era de 1,569 peticiones.
La explicación del incremento es evidente: en un estado como Guerrero, con una orografía difícil y numerosos municipios y poblaciones dispersas, era un sinsentido que la ley incluyera la exigencia de presentar solicitudes de información de manera personal. Durante cinco años, la ciudadanía guerrerense vivió con esta severa restricción a su derecho de acceso a la información, ante la contemplación pasiva del órgano garante y las dependencias públicas.
El Info Guerrero fue sin embargo, una solución parcial, ya que sólo funcionó para las dependencias del Ejecutivo del estado, dejando fuera a los 81 municipios, el Congreso del estado, el poder Judicial y los organismos autónomos, que en conjunto representaban más de la mitad de todas las oficinas públicas obligadas por la ley de transparencia.
Mediante el sistema, tampoco podían presentarse quejas o recursos de revisión –como sí podía hacerse en otros estados y en el ámbito federal-, limitando con esto un ejercicio pleno de este derecho.
Una vez que comenzó a funcionar el Info Guerrero, ni la Caipegro ni posteriormente el Itaigro gestionaron la ampliación del sistema a más sujetos obligados ni la incorporación de más funciones.

Multiplicación de solicitudes

En 2011 se registraron 2 mil 341 solicitudes de información en todo el estado, de las cuales mil 61 correspondieron a las dependencias del Ejecutivo del estado a través de Info Guerrero. Según la Caipegro, de ese total estatal, 748 solicitudes fueron presentadas en el ayuntamiento de Acapulco, cifra que continuaba siendo poco creíble.
Al siguiente año, el número de solicitudes se incrementó a 3 mil 61; de éstas, mil 572 se presentaron al gobierno del estado mediante el Info Guerrero, y correspondió nuevamente al ayuntamiento de Acapulco, según la Caipegro, el dudoso primer sitio en solicitudes presentadas con 979 peticiones.
Consideramos que en 2013 por vez primera el órgano garante de la transparencia en el estado hizo una auténtica contabilización de solicitudes de información. En ese año, por cierto el último de los anteriores consejeros, se registraron mil 844 peticiones en todo el estado. De este total, mil 251 fueron para el Ejecutivo del estado y el resto se distribuyeron entre más de 100 dependencias públicas.
En el caso de los ayuntamientos, sector preferido del órgano garante para “inflar” las cifras, éstos tuvieron cifras más verídicas, como el caso de Acapulco, que en este año registró sólo 94 peticiones, Petatlán con 71, Zihuatanejo con 27, y Chilpancingo, que tuvo 19. En total, los ayuntamientos registraron 247 solicitudes, número muy por debajo de los informados por la Caipegro en años anteriores.
En 2014, se presentaron en el estado 2 mil 714 solicitudes de información, de las cuales mil 327 correspondieron al Ejecutivo estatal por medio del sistema Info Guerrero. En este año, el ayuntamiento con más peticiones fue Acapulco, con 159, y después de éste, Zihuatanejo con 16 y Técpan con 15 solicitudes.
Finalmente, en su último informe correspondiente a 2015, el Itaigro publicó que en el estado se presentaron 2 mil 689 solicitudes de información, de las cuales mil 686 se presentaron mediante el sistema Info Guerrero y correspondieron a las dependencias del Ejecutivo del estado.
Acapulco fue el municipio que tuvo mayor número de solicitudes, con 313, y muy lejos los ayuntamientos de Coyuca de Benítez, con 19 y Zihuatanejo con 13.

Detrás de las cifras

A excepción del Ejecutivo del estado con el sistema Info Guerrero, y de algunas dependencias como el Congreso, el ayuntamiento de Acapulco, la Auditoría General del Estado, y algunos otros pocos que gestionaron mecanismos electrónicos de acceso a la información, la mayoría de las oficinas gubernamentales, especialmente los ayuntamientos, nunca estableció dispositivos para que la ciudadanía solicitara información de manera sencilla y expedita, como lo establece la constitución. Ni siquiera el Itaigro tuvo en esta década un sistema electrónico de recepción y respuesta de solicitudes.
Y aunque no está documentado, se estima que un número significativo de esas solicitudes no fueron respondidas en tiempo, o los datos fueron negados con el argumento de que la información era inexistente, reservada o confidencial; y de éstas, sólo unas cuantas se convirtieron en quejas o recursos de revisión ante el Itaigro. Incluso muchas resoluciones del órgano garante nunca fueron cumplidas por las dependencias y tampoco nunca se multó a ninguna de ellas.
Nadie puede afirmar que en Guerrero el derecho de acceso a la información estuvo garantizado, ni medianamente, en los 10 años previos.

Diez años de transparencia en Guerrero (primera parte)

El Sur de Acapulco

Entre los meses de mayo y junio de este año se celebran dos hechos trascendentes para la transparencia y la rendición de cuentas en Guerrero. El primero es la publicación en el periódico oficial del estado, el 6 de mayo, de la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado –resultado de la homologación con la Ley General en la materia– y con la que se inaugura una nueva etapa en el desarrollo de la transparencia y la rendición de cuentas tanto para las dependencias y entidades gubernamentales –que deberán ajustar sus estructuras organizativas y procedimientos a las nuevas disposiciones normativas– como para la ciudadanía, que deberá seguir exigiendo y presionando para que esos cambios se produzcan.

El segundo hecho es que en junio se cumplen 10 años de que entró en vigor la Ley Número 568 de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, primer instrumento normativo de la entidad que estableció obligaciones de transparencia y los procedimientos para tener acceso a la información pública gubernamental.
¿Qué ha cambiado desde aquel 13 de junio de 2006? ¿Es mejor la gestión gubernamental? ¿Hay menos corrupción hoy que hace 10 años? ¿Los gobiernos tienen mejores prácticas para la rendición de cuentas? ¿Cuánto se avanzó en transparencia y acceso a la información? ¿Los ciudadanos están mejor informados sobre lo que realizan sus gobiernos? ¿Hay una mayor incidencia ciudadana en las decisiones de gobierno?
Aunque no hay datos duros que lo confirmen, la percepción general es que realmente poco ha cambiado. En este espacio, durante varias entregas, reseñaremos aspectos importantes que documentan las irregularidades de lo podría denominarse la “década de la opacidad” en Guerrero. Creemos que si no son señaladas las malas prácticas y éstas tampoco se hacen visibles, quedará la tentación de no pocas dependencias gubernamentales de brincarse lo que establece la nueva legislación (ley 207), y las prácticas de opacidad proseguirán y hasta tenderán a especializarse.
Desde 2006 han pasado cuatro gobernadores, cuatro periodos de ayuntamientos distintos, cuatro legislaturas, y hasta hoy no se observa una política medianamente aceptable –exceptuando tal vez la del actual gobierno estatal, una vez que cumpla lo que prometió– en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Fueron 10 años en los que Guerrero estuvo a la zaga en el ámbito nacional porque prevaleció en la generalidad del sector público el propósito de “administrar” el problema de la falta de transparencia mediante el establecimiento de tibias medidas y el cumplimiento a medias de la legislación de transparencia, con la complacencia de un órgano garante que se mantuvo agazapado, con bajo perfil, sin agenda, sin desplegar sus facultades de promoción y permitiendo la impunidad de quienes no cumplieron las obligaciones establecidas en la ley.
En las primeras entregas describiremos un panorama general de la transparencia y el acceso a la información en el estado; en las siguientes, la actuación y los rezagos que aún persisten en el órgano garante de la transparencia en Guerrero, que generaron en esta década una ambiente de impunidad en quienes incumplieron con la ley.

Transparencia

En materia de transparencia gubernamental Guerrero no puede presumir nada, pues hay un marcado sello de opacidad e incumplimiento, ya que en general las dependencias públicas en 10 años no cubrieron los mínimos de información que les ordenaba la ley. Uno de los indicadores empleados para medir la transparencia es el cumplimiento de la información de oficio, es decir, la información que de acuerdo con las leyes, las dependencias públicas deben publicar sin pretextos. De hecho, en Guerrero no hay una sola dependencia, de 160 que se tenían registradas hasta mayo de 2016, que haya cumplido con el 100 por ciento de sus obligaciones.
En el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo comenzó a aplicarse la primera ley de transparencia en el estado (2006) y aunque durante su gestión promovió que cada dependencia difundiera su información de oficio en un portal electrónico, los resultados de este trabajo fueron disparejos.
No se conoce algún monitoreo local que verificara el nivel de transparencia del Ejecutivo del estado, pero algunos estudios de alcance nacional, como la Métrica de la Transparencia abordaron en 2007 y 2010 temas relativos a la transparencia en el estado. En el caso de la Métrica 2007, el Ejecutivo estatal obtuvo una calificación regular (64 por ciento), que lo ubicó en el noveno lugar nacional, basando su evaluación en los portales electrónicos institucionales.
Sin embargo, en la Métrica de 2010, el Ejecutivo de Guerrero descendió hasta el lugar 22, incluso con una calificación menor a la del promedio nacional. Lo anterior muestra la inconsistencia de la política de transparencia del gobernador ZTG, en cuyo gobierno no obstante se sentaron las bases para que cada dependencia instalara un equipo básico para el procesamiento de solicitudes de información y la publicación de información en los portales.
Periodo aguirrista

Ángel Aguirre Rivero comenzó su gestión poco después de aprobada la segunda ley de transparencia (la número 374). Fue muy parco en sus políticas de transparencia y a lo largo de los tres años y poco más de ocho meses que duró su mandato, apenas se registraron algunas mejoras respecto de su antecesor.
Durante las primeras semanas de la administración aguirrista se retiró toda la información de oficio que había publicado el gobierno de Torreblanca, y no la remplazó de inmediato; incluso el apartado de Transparencia Fiscal, que sí contenía información importante y útil, fue retirado por unos meses, y cuando apareció nuevamente, lo hizo con modificaciones e información rasurada.
Durante este periodo se realizaron dos monitoreos locales a las dependencias públicas del estado, en 2013 y 2014. En el primer caso, el promedio de cumplimiento fue de apenas 29.1 por ciento, mientras que en 2014 fue de 42 por ciento.
Cabe recordar que en 2013 la mayor parte de las dependencias que obtuvieron los “mejores” resultados fueron del Ejecutivo, en un rango de puntuaciones que van de 45 a 69 por ciento. Sin embargo, en 2014 las mejores calificaciones fueron para algunos ayuntamientos que estuvieron en un rango de 70 y hasta 93 por ciento. La oficina del gobierno del estado mejor posicionada, la Contraloría General del estado, obtuvo 71 por ciento de calificación en este monitoreo.
En 2014 también se aplicó la Métrica de la Transparencia en todos los estados, y en la “dimensión portales”, Guerrero ocupó el lugar 30 a nivel nacional, por debajo de la calificación promedio nacional.

El interinato de Ortega

Fue inédito en materia de transparencia, más allá del discurso que construyó de parecer un gobernador conciliador, de diálogo, que llegó a pacificar el estado, los hechos lo desnudaron y no hizo nada para mejorar el nivel de transparencia en el Ejecutivo ni para mejorar la rendición de cuentas.
Incluso Rogelio Ortega presentó un plan de gobierno que incluía 27 acciones “inmediatas, sustantivas” y una en particular, la acción número 21, decía: “Transparentar el uso de los recursos públicos a través de auditorías financieras y acceso a la información de las dependencias del gobierno del estado y organismos públicos descentralizados”. Nunca dictó una sola medida al respecto.
En 2015, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (Itaigro) realizó el único monitoreo en 10 años, no obstante que tenía la obligación legal de hacerlo cada cuatro meses. También fue la única revisión que incluyó a los 160 sujetos obligados del estado de Guerrero.
El promedio general de este monitoreo fue de 27.9 por ciento, es decir, no se alcanzó ni siquiera un tercio en la cobertura de sus obligaciones de transparencia. En el caso de las dependencias del Ejecutivo, el promedio alcanzado fue de 42 por ciento.
Al final de su gobierno, Ortega expidió los Lineamientos específicos para la integración de la información del proceso de entrega-recepción del gobierno del estado de Guerrero. En este documento, por ser final de gobierno, muy convenientemente exhortó a las dependencias, ahora sí, a cumplir con la información de oficio:
“Aunque el gobierno del estado de Guerrero ha hecho un gran esfuerzo para garantizar que las dependencias y entidades que la conforman cumplan al menos con la actualización y publicación de la denominada información de oficio, no todas las instituciones lo han hecho a plenitud [de hecho, ninguna].”
En tal virtud, se debe hacer un esfuerzo para que a más tardar en el mes de marzo de 2015 se cumpla con esta responsabilidad; y en este caso, de acuerdo con lo establecido en la Ley (…) realizar las actualizaciones correspondientes”.
En ese tenor fue la política de transparencia de Rogelio Ortega: transparentar al final para evitar el escrutinio público a su gobierno.

Ayuntamientos

Caso aparte son los ayuntamientos guerrerenses, que constituyen, a pulso, la vanguardia de la opacidad en el estado. En efecto, los tres periodos de gobiernos municipales que han sido sujetos obligados de las leyes de transparencia brillarán en la historia por su opacidad; muchas veces, incluso, desafiando abiertamente la ley, ante la complacencia del órgano encargado de hacerla valer. Los actuales ayuntamientos, salvo algunas excepciones, no han modificado las prácticas de opacidad de sus antecesores.
Uno de los monitoreos más consistentes a la transparencia de los ayuntamientos es el que realiza el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), que desde 2010 ha efectuado ocho evaluaciones. En general, las calificaciones han sido muy bajas, pues salvo la del primer semestre de 2010, durante siete revisiones no han alcanzado ni siquiera el 10 por ciento, en promedio.
Ha habido otros monitoreos con diferente metodología, pero que igualmente dan cuenta de la escasa transparencia de los gobiernos municipales.
Con esta revisión, en 2012 se observó un fenómeno interesante que muestra que cuando hay un proyecto serio y mucha disposición, la transparencia puede ser una práctica que no cuesta mucho. Por medio de un monitoreo se encontró que en la Montaña de Guerrero, la región más maginada del estado, estaban los ayuntamientos que más cumplían con la publicación de su información de oficio.
Estos municipios pobres alcanzaron puntajes de 83 por ciento, en el caso de Metlatónoc, 79 por ciento en Alcozauca, 78 por ciento de Tlacoachistlahuaca, 73 para Acatepec y 71 en el caso del ayuntamiento de José Joaquín Herrera, entre otros, ubicándose muy por arriba de otros ayuntamientos con más población y recursos como el de Chilpancingo, que en esa revisión de 2012 obtuvo 45 por ciento, Iguala de la Independencia, que registró 46 por ciento, y Taxco, que alcanzó sólo 17 puntos en la publicación de su información de oficio.
En el monitoreo realizado por el Itaigro en septiembre de 2015, se obtuvo un promedio de cumplimiento de los 81 ayuntamientos de 11.3 por ciento, destacando que poco más de la mitad de los municipios de Guerrero del trienio 2012-2015 no publicaron ninguno de los temas que establece la Ley. También sobresale que solo tres gobiernos estuvieron ligeramente arriba de 50 por ciento, y uno registró un mediano nivel de 73.1 por ciento de su información de oficio.

Otros sujetos obligados

El Ejecutivo del estado y los ayuntamientos no fueron los únicos omisos en el cumplimiento de la Ley. En el monitoreo de 2013 encontramos que el Itaigro apenas tenía 48 por ciento de cumplimiento, la Universidad Autónoma de Guerrero, 42 por ciento; muy abajo estaban el Congreso del estado, con 9 por ciento y el Tribunal Superior de Justicia con 6 por ciento.
En la revisión de 2014, el Itaigro dio un salto y subió a 80 por ciento, el Congreso del estado a 42 por ciento y el Tribunal Superior a 34 por ciento.
Finalmente, en el monitoreo de septiembre de 2015, el Itaigro obtuvo 79.6 puntos porcentuales, el Tribunal Superior tuvo un notable incremento a 61.1 por ciento, la UAG disminuyó su porcentaje a 23.9, y el Congreso a 22.2 por ciento.
En este apretado resumen de 10 años de transparencia en Guerrero se observan muchos altibajos en el cumplimiento de la Ley, opacidad generalizada y en todo este tiempo nadie cumplió al 100 por ciento con sus obligaciones de transparencia normativa.

Nueva ley de transparencia, apresurada y sin revisión

Guerrero ya tiene Ley de transparencia armonizada; fue el estado número 27 en aprobarla y lo hizo en el límite del plazo perentorio que tenía. Su aprobación en el Congreso no fue tersa, pero tampoco hubo fuerte oposición, muchos legisladores sabían que los ojos de expertos de la academia, activistas y funcionarios de los órganos de transparencia y fiscalización nacionales estaban sobre estados como Guerrero, que tenían pendiente el ajuste a su legislación.
Por vez primera, una Legislatura del Congreso del estado cumplió en tiempo –aunque no necesariamente en forma– con su trabajo en materia de transparencia, por lo menos en la hechura y aprobación de la ley, pues en la práctica es otra cosa, ya que la experiencia ofrece suficientes ejemplos de cómo el legislativo guerrerense es omiso en el cumplimiento de las leyes que aprueba, especialmente la de transparencia.
El proceso que siguió esta ley no fue el mejor; el 5 de mayo los diputados describieron las zancadillas que se pusieron unos a otros desde que comenzaron a legislarla, lo que dio como resultado la imposición de un punto de vista, no basado en el debate. Ese fue el tenor de la ley de transparencia, legislada en pocos días, al vapor, y sin procesos abiertos de discusión ni a la sociedad ni siquiera de manera plena en el interior del Congreso.

Desinterés en las Legislaturas

La historia legislativa en torno a la transparencia en el estado está marcada por el retraso. En la experiencia de las dos leyes que habían regido, los diputados guerrerenses llevaron al tiempo límite la aprobación de las normas, y además las iniciativas que votaron no estuvieron entre los mejores, especialmente la primera.
De acuerdo con Sergio López Ayllon y María Marbán, cuando se aprobó la Ley número 568 de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, el 29 de septiembre de 2005, 24 estados y el Distrito Federal ya habían dado luz verde a su respectiva ley de transparencia, y sólo faltaban Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca y Tabasco.
Aunque no había un plazo perentorio para aprobarla, el retraso respecto de otros estados fue indicativo del poco interés que exhibió la LVII Legislatura por estos temas, ya que por otra parte había desde 2003 en el Congreso del estado una propuesta de ley y hasta entonces no se había tomado en cuenta.
Por otra parte, la Ley número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero fue aprobada por la LIX Legislatura el 11 de mayo de 2010, es decir 22 meses después del plazo perentorio que mandató el artículo segundo transitorio del sexto constitucional reformado en julio de 2007, cuya modificación se hizo precisamente para homologar los principios y procedimientos entre las leyes y subsanar las deficiencias de normas estatales, como era el caso de la de Guerrero.
Por eso fue una sorpresa que la LXI Legislatura del Congreso de Guerrero armonizara en tiempo la ley local de transparencia.

Sin participación

Mientras en todo el país se cuentan experiencias exitosas de consulta a la ciudadanía y de debate abierto, en las tres leyes de transparencia que se han emitido en el Congreso de Guerrero se ha evitado someterlas a un proceso de discusión serio y profesional.
El Colectivo por la Transparencia, integrado por 16 organizaciones nacionales y estatales especialistas en la materia, expresó que “a diferencia de la construcción de la LGTAI (Ley General), la mayoría de congresos locales han aprobado iniciativas construidas fuera del alcance de la sociedad civil, sin compartir los proyectos de ley y excluyendo la posibilidad de participación ciudadana”.
La agrupación abundó que “Algunos estados se distinguen por un notado esfuerzo de inclusión de la participación ciudadana, ya fuera en la redacción del proyecto de ley en foros públicos como fue el caso de Baja California; la construcción de iniciativas con colaboración de organizaciones civiles como lo fue en Quintana Roo, Baja California Sur y la ley federal, y la celebración de foros públicos de discusión como en los casos de Sonora y Sinaloa”.
No fue el caso de Guerrero, nunca hubo asomo de que el Congreso hiciera partícipe a la sociedad, y en cambio sí se observó un proceso o muy aseado para la concreción de la ley.
Como lo denunció el diputado Sebastián de la Rosa Peláez en tribuna, el dictamen que se presentó ante el pleno sólo incluyó las iniciativas del gobernador Héctor Astudillo y del diputado de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Berdeja, dejando fuera la que presentó el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (Itaigro).
El propio instituto argumentó un día antes de la presentación y aprobación ante el pleno, mediante comunicado oficial, que desde el 5 de abril había hecho llegar su propuesta de iniciativa “sin que hasta la fecha se le haya dado trámite legislativo correspondiente, ni explicación alguna para no dictaminarse”.
Más allá de que la explicación no oficial fue que el Itaigro carece de facultades para presentar iniciativas de ley, se percibe que a alguien con suficiente peso político le molestó la desafortunada ocurrencia del instituto de incluir en esa iniciativa la reelección de facto de los actuales consejeros del instituto para iniciar los relevos escalonados que propone la ley.
Dejar fuera la propuesta del Itaigro permitió que no se consideraran aspectos importantes de esa iniciativa, especialmente el de la designación de los comisionados del órgano garante.
Éste no es un tema menor, si se considera que la calidad del funcionamiento del instituto de transparencia de Guerrero se relaciona directamente con el perfil de los consejeros que se designan en el Congreso. Sólo hay que revisar los procesos de selección que ha habido en el estado y relacionarlos con la percepción que la ciudadanía tiene el instituto.
El artículo 38 de la ley General de Transparencia, en el segundo párrafo dice claramente que “En los procedimientos para la selección de los Comisionados se deberá garantizar la transparencia, independencia y participación de la sociedad”.
Sin embargo, el artículo 36, fracción III, de la recién aprobada Ley No. 207 de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero, incluye el siguiente párrafo respecto de la participación ciudadana en la designación de los comisionados: “a) La Junta de Coordinación Política realizará una evaluación de los aspirantes. A su vez revisará los perfiles, celebrará las entrevistas que requiera con los aspirantes, las cuales serán públicas y, en su caso, realizará las demás evaluaciones que considere pertinentes”.
Es decir, los diputados guerrerenses redujeron la participación de la sociedad a la observación pasiva de las entrevistas con los aspirantes, y habría que preguntarse si no es éste un tema impugnable por parte del INAI.
La propuesta del Itaigro iba más allá, textualmente decía: “Con la finalidad de permitir la participación de la sociedad, la Junta de Coordinación Política o la Comisión Competente, publicarán los resultados y listas preliminares de los aspirantes a comisionados, a efecto de recibir opiniones por parte del Consejo Consultivo o las organizaciones de la sociedad civil que previamente se encuentren inscritas, las cuales podrán ser tomadas en cuenta para elaborar la lista de los aspirantes que se presentará al pleno del Congreso del Estado para su designación”.
El Colectivo por la Transparencia precisamente aborda este tema como uno de los más cuestionables en las leyes de transparencia estatales. “En los procesos de designación encontramos serios retos ya que se realizan procesos fast track, sin considerar la participación ciudadana. Los elementos más preocupantes en las designaciones de los titulares de los organismos garantes son: 1) Emiten convocatorias con premura y poca publicidad. 2) Las comparecencias de los aspirantes se realizan a puerta cerrada, 3) No se publican los expedientes de los postulantes, 4) Se carece de un instrumento técnico de evaluación que dé a conocer cómo son evaluados los candidatos a los cargos en cuestión, 5) Muy pocos procesos incorporan un Comité de acompañamiento compuesto por expertos que asesoren respecto al proceso y los candidatos, 6) No se realiza un dictamen que justifique las razones de la elección de los perfiles, 7) No se incorpora la participación ciudadana”.
Agrega el Colectivo que “todos estos elementos imposibilitan que se asegure que lleguen candidatos con la trayectoria, legitimidad y autonomía de los partidos políticos que se requiere para desempeñar adecuadamente el encargo”.

Otras propuestas

Para hacer realizables algunos de los nuevos artículos de la ley de transparencia local, fue necesario modificar el artículo 122 de la Constitución Política del Estado, precisamente en el capítulo referente a la constitución y funcionamiento del Itaigro, para establecer que el instituto “se integrará con tres comisionados, nombrados por las dos terceras partes del total de los integrantes del Congreso local, mediante convocatoria pública”.
La modificación al 112 también establece que “a los integrantes se les denominará comisionados, y no consejeros, se desempeñarán por un periodo de siete años, su designación será de manera escalonada y se considerará la figura de un consejo consultivo de dicho órgano”.
El mismo día de la presentación y aprobación de la ley de transparencia del estado, dos diputados presentaron propuestas de iniciativas de ley relacionadas con la transparencia y el combate a la corrupción.
El primero fue Ricardo Mejía Berdeja, quien “formuló una iniciativa de Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública para el Estado, para normar y promover el desempeño ético en la función pública del Estado y de los municipios, además de prevenir y detectar las prácticas corruptas y sancionar los actos contrarios a los deberes y las prohibiciones éticas”, según el comunicado del Congreso.
El segundo fue el diputado Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz con una iniciativa de Ley de Datos Personales del Estado, que fue turnada para su análisis a la Comisión para Atención al Acceso a la Información Pública del Congreso local.

Haciéndose bolas

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno del estado tenía la idea equivocada de que el sistema Info Guerrero podría ser operado por ellos. El Itaigro hizo un señalamiento en contrario mediante un comunicado el 4 de mayo, en el que denunció que ha solicitado en reiteradas ocasiones la administración del sistema “para poder concretarse en tiempo y forma a la Plataforma Nacional de Transparencia, y es lamentable que a la fecha no se haya realizado dicha entrega-recepción, por lo que este instituto no estará en condiciones de incorporar al estado de Guerrero en la plataforma nacional, ni dar de alta a nuevos sujetos obligados (…) asimismo los recursos de revisión seguirán realizándose de manera manual, hasta en tanto no se concrete la entrega”.
La Secretaría de Contraloría respondió en un desplegado al día siguiente que “en cumplimiento a lo que establece la Reforma Constitucional y la Ley General de Transparencia (…), este cinco de mayo entró en funciones la Plataforma Nacional de Transparencia donde el Gobierno de Guerrero que encabeza el gobernador Héctor Astudillo Flores se encuentra integrado, con el firme objetivo de facilitar a los ciudadanos el acceso a la información desde cualquier sitio”.
Más adelante, el desplegado dice que el titular de la secretaría de Contraloría destacó que el INAI “informó a través de su unidad de Tecnologías de la Información que las pruebas de integración del Sistema Info Guerrero resultaron positivas por lo cual el Estado de Guerrero se encuentra integrado a la Plataforma Nacional de Transparencia”.
Nadie asesoró a Mario Ramos del Carmen de que el sistema Info Guerrero funcionaría para todos los sujetos obligados del estado y que por ley debe ser administrado por el órgano garante.
Incluso fue necesario que la diputada Yuridia Melchor Sánchez presentara un exhorto al Ejecutivo del estado para concretar este trámite. En un comunicado se lee que “El Congreso de Guerrero exhortó al Ejecutivo Estatal para que facilite que la administración y operación del Sistema Infoguerrero se transfiera al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado”.
Y agrega que “de acuerdo a la ley, el procedimiento debe estar a cargo del ITAIGRO que es el órgano constitucional responsable para desempeñar dicha atribución”.
Finalmente, ayer lunes se hizo la transferencia al órgano garante.
Así fueron los últimos cinco días, cruciales para la construcción del Sistema Nacional de Transparencia en Guerrero. Comienza la cuenta regresiva para saber si los discursos de los funcionarios gubernamentales realmente se convertirán en hechos.

Más dinero al programa de fertilizante, misma opacidad

El Sur de Acapulco

El gobierno de Héctor Astudillo Flores durante su campaña para gobernador se comprometió a entregar de manera gratuita paquetes de fertilizante a los productores, y lo cumplió: los campesinos a partir de este año dejarán de pagar la parte que tradicionalmente asumían, y ahora el costo total del programa recaerá sólo en el gobierno del estado y los ayuntamientos.
Más allá de que con esta promesa el entonces candidato se hizo de una buena cantidad de votos, el programa de fertilizante subsidiado permanece prácticamente sin cambios al no establecerse propuestas de fondo para resolver problemas realmente importantes como el abultado padrón de productores, la contaminación de suelo y agua por el inapropiado uso del fertilizante, el uso de los recursos del Ramo 33, que deben destinarse a obra pública, para poder comprarlo; la falta de controles de calidad del producto.
Pero particularmente no resuelve el tema de la opacidad del programa, ya que tanto el gobierno del estado como los ayuntamientos regularmente no dan a conocer información verídica sobre la operación del programa. Y este año no es la excepción.

Datos que no coinciden

En 2016, el gobierno del estado duplicó la cantidad de recursos destinados al programa de fertilizante. En el esquema anterior, el programa era tripartita con las aportaciones del gobierno del estado, los ayuntamientos –que ponían la mayor parte- y los productores.
Los recursos que el Ejecutivo del estado aportó hasta el 2015 fueron del orden de 170 millones de pesos anuales y representaban un porcentaje importante del presupuesto total de la ex Secretaría de Desarrollo Rural. Por ejemplo, en el ejercicio 2010, significaban el 55.1 por ciento de lo que gastaba esa dependencia, y en 2015 disminuyó 49.6 por ciento, cuando la Seder contó con un presupuesto total de 342.4 millones de pesos.
En el presente ejercicio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro) tendrá un presupuesto de 516.6 millones de pesos -483 de los cuales son de Inversión Estatal Directa-, y para la adquisición de fertilizante se destinarán 340 millones de pesos, lo que representa que en la compra del insumo se gastará el 65.8 por ciento del presupuesto total de la secretaría y el doble de lo que aportaba el gobierno del estado en 2015. Lo anterior, de acuerdo con las cifras que aparecen en el presupuesto de egresos del estado de Guerrero del ejercicio 2016, publicado en el periódico oficial del 29 de diciembre de 2015.
Sin embargo, el gobernador Astudillo Flores dio datos diferentes. El 7 de marzo de 2016, en un acto donde firmó convenios de colaboración con presidentes municipales y entregó recursos del denominado programa Más Maíz 2016, “el mandatario estatal indicó que la inversión total del programa de fertilizante será de 393 millones de pesos”, según boletín de prensa emitido por el gobierno del estado.
Asimismo, en una solicitud de información presentada el 6 de enero de 2016 -cuya respuesta fue dada fuera de tiempo, por lo que se presentó un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales- se le requirió a la Sagadegro el “monto que el gobierno del estado destinará a la adquisición de fertilizante”. La respuesta de la dependencia fue también distinta de la que informó el gobernador: 340 millones de pesos. ¿De dónde salieron esos 53 millones de pesos de incremento al presupuesto del programa de fertilizante? ¿Por qué no están señalados en el presupuesto de Egresos del estado? ¿Se destinarán a la compra del insumo o a otras actividades?

Comienza con mucha opacidad

Hay muchas dudas respecto del programa de fertilizante, más de las que de por sí había en los ejercicios anteriores. Las dependencias a las que se les preguntó por vía de solicitudes de información, respondieron con datos parciales, poco creíbles o simplemente no se tomaron la atención de contestar. La mayoría de estos requerimientos tienen recursos de revisión en su contra. El programa sigue acusando igual o más opacidad que en el pasado.
En el acto del 7 de marzo, Astudillo Flores desglosó que de la aportación del gobierno del estado por 393 millones de pesos, 170 millones se entregarían en efectivo a los ayuntamientos y 223 millones en especie, en beneficio de 265 mil productores. Lo anterior significa que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración tendrá que convocar a un proceso de licitación para adquirir el fertilizante.
Por cierto, otro de los ordenamientos que no se ajustan a los números que anuncia el gobernador son las reglas de operación del programa de fertilizante, pues en el punto 6.1 establece que del “total de recursos aprobados en el decreto No. 170 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2016, se destinará el 50% a los Municipios para entregar vía transferencia electrónica y el otro 50% para la compra de insumos que de igual forma se enviaran a los Municipios”. Pero la proporción anunciada por el mandatario estatal es de 43.2 por ciento vía transferencia y 56.8 por ciento en especie.
El gobernador convocó a los funcionarios responsables a “que hagan las operaciones necesarias para que el insumo agrícola llegue a manos de los campesinos antes de que inicie el periodo agrícola”.
Precisamente para indagar sobre la adquisición de fertilizante que hizo o hará el gobierno del estado por 223 millones de pesos, se presentó la solicitud de información No. 00052416 ante la Sefina requiriendo la “convocatoria de la licitación” para adquirir el insumo, así como el “dictamen de los empresas que resultaron ganadoras de la licitación y copia de los contratos con las empresas que resultaron ganadoras”.
Por lo menos hasta el 5 de abril la Sefina no había convocado ni realizado ninguna licitación para el insumo, según su respuesta. Argumentó que la solicitud “se canalizó al área correspondiente, la cual nos informa sobre el particular que la documentación requerida con la modalidad de contratación mencionada en su solicitud no existe en el archivo de la Dirección General de Adquisiciones”, y sugirió canalizar la solicitud a la Sagadegro.
Cabe mencionar que si a esta fecha, la Sefina no ha hecho lo necesario para concretar las compras de fertilizante, difícilmente se cumplirá el compromiso del gobernador de entregar el insumo antes de que inicie el periodo agrícola; pero también existe la posibilidad de que la dependencia haya decidido ocultar la información que se le solicitó. Esto se deduce al difundirse el reciente acto (19 de abril) en dónde “el gobernador dio el banderazo de inicio del programa en el cual se entregarán 30 mil toneladas de fertilizante a los 81 municipios”, según un comunicado de prensa. Ese día, el titular de la Sagadegro “explicó que hoy inicia la distribución del fertilizante a los 81 municipios, la cual corresponde a la aportación en especie por parte del Gobierno del Estado, sustituyendo el recurso económico propio por casi 222 millones de pesos que entregaban los productores para poder tener acceso al fertilizante”.
Es decir, la Sefina ya realizó el proceso de adquisición del fertilizante y entonces ocultó la información. Además, en su respuesta, la Sefina falta a la verdad, porque recomienda que estos datos sean solicitados a la Sagadegro, a sabiendas de que no tiene facultades en materia de adquisiciones, ya que la Ley orgánica de la administración pública del estado de Guerrero, en el artículo 22, fracción XXXIII, dice que a la Sefina le corresponde “Llevar a cabo las adquisiciones de bienes y contratación de servicios que requiera el Poder Ejecutivo para su adecuado funcionamiento”, y ninguna otra dependencia las tiene.
Las reglas de operación del programa de fertilizante establecen que la Sefina deberá convocar a una “licitación pública abierta” y el plazo que definen es febrero-marzo de 2016. Es decir, se refuerza la hipótesis de que la Secretaría de Finanzas ya realizó la licitación, pero ocultó la información.
A propósito de las adquisiciones gubernamentales, el gobernador Astudillo Flores hizo un compromiso el día que presentó su programa de ética, transparencia y combate a la corrupción, ante los titulares de las principales dependencias y organismos nacionales de transparencia y rendición de cuentas. En ese acto, a través del titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, presentó cinco ejes rectores del programa, uno de los cuales es “transparentar las adquisiciones y la obra pública”.
Hay varias preguntas: ¿cuándo, cómo y dónde publicarán datos de las adquisiciones gubernamentales?, y en el caso específico del programa de fertilizante, ¿de qué manera harán transparente el proceso de licitación y sus resultados? ¿Por qué están ocultando información?

Nuevas reglas de operación

El 26 de febrero de 2016 se publicó el periódico oficial el Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de fertilizante y transferencia de tecnología, para el ciclo primavera-verano 2016.
Las nuevas reglas de operación establecen entre sus novedades una fórmula financiera del programa donde el gobierno del estado incrementa su aportación, y establece las condiciones de entrega (las cuales, desde el primer año, el gobierno no está cumpliendo).
Asimismo, plantean la elaboración y validación de convenios estado-municipio en los meses de enero y febrero; la mecánica operativa del programa establece que los convenios son la base para el inicio de transferencia a los Municipios de los recursos financieros que históricamente el Estado ha venido aportando y el equivalente en insumo a lo correspondiente de la aportación que los productores venían realizando”.
En este punto, se solicitó el 13 de marzo a la Sagadegro mediante la solicitud 00052516 copia de dichos convenios, y a la fecha aún no responde, por lo que se presentó recurso de revisión ante el Itaig.
Por otra parte, con el número de solicitud 00052616 se requirió a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional los expedientes técnicos del programa de fertilizante de los 81 municipios. En su respuesta, la dependencia argumenta “que no es de su competencia… por lo cual me permito orientar a usted a que dirija su solicitud a la Secretaría de Desarrollo Rural [sic]”. Sin embargo, en las reglas de operación se estable que tanto la Sagadegro como la Seplader son responsables en este asunto.
Asimismo, entre las novedades de las reglas de operación de la presente administración está la creación de un comité técnico estatal de validación y seguimiento, supuestamente “para dar transparencia a la operación del Programa”. El comité está integrado por representantes de la Sefina, Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, la Auditoría General del Estado y la Sagadegro”, y se ratifica de nueva cuenta que en las tareas de vigilancia no estará presente la participación ciudadana. Sin duda, el trabajo de ese comité siempre estará en duda ante la percepción de la ciudadanía por este simple hecho.
Las reglas agregan que el comité llevará “un control real sobre los avances del Programa, así como de corregir posibles retrasos o desvíos en la operación”, para lo cual realizará visitas periódicas a los ayuntamientos para revisar la recepción y aplicación de recursos financieros aportados por el gobierno del estado y municipios, los “volúmenes recepcionados” y entregados a los productores, las actas de los comités locales y el padrón de beneficiarios.
Por la importancia que puede adquirir este comité, se solicitó a la Sagadegro, con el folio 00052716, información sobre los “Integrantes del Comité Técnico Estatal de Validación y Seguimiento del programa de fertilizante, y copia de las minutas y acuerdos de reuniones realizadas”. A la fecha, la Secretaría de Agricultura no ha respondido esta solicitud del 13 de marzo, por lo que se presentó un recurso de revisión ante el Itaig.
El mismo requerimiento se hizo llegar a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental mediante el folio 00052816, y ésta respondió “que hasta este momento (la dependencia) no ha sido convocada… en la integración del comité técnico estatal de validación y seguimiento del programa de fertilizante. Y agrega que “conforme a las Reglas de Operación del Programa de Fertilizante y Transferencia de Tecnología 2016 (Más Maíz), no establece fecha para la conformación del comité en mención”. Y concluye que para solicitar más información hay que dirigirse a la Sagadegro, precisamente la dependencia que no responde las solicitudes de información.
La Sefina por su parte contestó a la solicitud 00052916 “que los datos de los integrantes de dicho comité no obran en los expedientes de la Dirección General de Adquisiciones”, y también nos remitieron a la Sagadegro.
No hay comité de vigilancia, las dependencias se “echan la bolita” y el programa sigue sin transparencia, como antes.

El programa de transparencia de HAF: del relumbrón a la duda

El Sur de Acapulco

En un acto que logró reunir a personajes como la presidenta consejera del INAI, el auditor superior de la federación y el secretario de la Función Pública del gobierno de la república, el gobernador Héctor Astudillo presentó su programa de ética, transparencia y combate a la corrupción, la semana anterior. Después de posponerlo hasta en dos ocasiones -seguramente por hacer coincidir las agendas de los funcionarios-, el evento sin duda tuvo el lustre esperado y su difusión fue con grandes titulares, pero una vez que pasó el revuelo, es momento de colocarlo en una más justa dimensión.

Los pros

Después de cinco meses, finalmente se conocen las líneas generales de la política que implementará el gobierno de Héctor Astudillo en materia de transparencia, ética y combate a la corrupción. Efectivamente, se delinea una política con más componentes que en gobiernos anteriores y que augura importantes cambios, por lo menos en el ámbito legislativo; habrá que esperar para saber si el mandatario es capaz de convocar y provocar los cambios correspondientes también en la práctica, a efecto de que las leyes que vienen se legislen a tiempo y no sean letra muerta.

El origen de esta política estatal no es el Ejecutivo del estado, sino que es más propio decir que se deriva de la inercia de un proceso que está avanzando en el plano nacional, ya que en los meses pasados hubo modificaciones constitucionales en los temas de transparencia y el combate a la corrupción y será obligatorio para todas las entidades del país generar su propio sistema estatal anticorrupción e incorporarse al sistema nacional de transparencia.

Tal vez el mérito es que Guerrero las anunció antes que otros estados; de hecho, eso fue lo que ponderaron los visitantes de dependencias federales y nacionales. Pero anunciarlas ha provocado un gran compromiso del Ejecutivo que muy probablemente no alcance a concretarse en el corto plazo y que además presentará todo tipo de resistencias.

La tarea es grande, pues en puerta están no sólo la armonización de las leyes de transparencia, de fiscalización, de los servidores públicos y todas aquellas relacionadas con la creación de los sistemas estatal de combate a la corrupción y nacional de transparencia, sino también una gran cantidad de cambios en procedimientos y reglamentos administrativos, la creación de nuevas áreas especializadas, capacitación de personal, etc., que hagan posibles las reformas.

En este inter, lo realmente preocupante será doblegar las actitudes de opacidad, patrimonialistas, abusivas, oportunistas y de corrupción que en gran escala o a nivel “hormiga” subsisten por todo el gobierno, lo mismo a nivel de base  que de quienes toman las decisiones en el estado; ese es el gran reto a vencer.

En el acto de presentación del programa todo fue reconocimientos y discursos políticamente correctos, pero para “aterrizar” todo lo que contiene su programa tal vez ni los seis años del gobierno de Héctor Astudillo serán suficientes, considerando que la clase política que tiene las riendas en el estado es dura de roer y de que se trata de un problema estructural y de cultura política.

Hay que matizar, pues los estruendos del 4 de abril.

Qué anunciaron

El programa de ética, transparencia y combate a la corrupción tiene cinco ejes: instaurar el sistema estatal anticorrupción, instrumentar las reformas necesarias en materia de transparencia, reordenar la administración de las finanzas públicas, fortalecer el control interno, y transparentar las adquisiciones y la obra pública.

Para el establecimiento del sistema estatal anticorrupción hay por delante una titánica tarea legislativa, pues es necesario homologar la legislación local con la federal en los temas de rendición de cuentas y responsabilidad de los servidores públicos. Cabe recordar que en febrero de 2015 se reformaron los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la denominación del Título Cuarto de la ley fundamental a “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con faltas administrativas graves o hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado”. Las leyes de Guerrero deberán estar acordes con estas reformas y en el Congreso del estado no hay visos de que trabajen en esto.

Respecto de la instrumentación de “las reformas necesarias en materia de transparencia”, el gobernador firmó una iniciativa de ley de transparencia y acceso a la información del estado, que suponemos contiene los temas necesarios para estar a tono con la ley general de transparencia. Es contradictorio que una iniciativa como ésta no se dé a conocer públicamente y se maneje en secreto, es un documento que debería circular profusamente para que la gente lo conozca y opine.

Para concretar todas estas reformas se requiere un Congreso muy activo. Parto de que en Guerrero no lo tenemos porque los diputados locales apenas se están alistando para homologar 40 leyes estatales con las disposiciones de la reformada constitución del estado, y según el artículo tercero, transitorio, tienen como plazo el 11 de junio de 2016. Aun cuando los diputados ya decretaron ampliarse el plazo hasta el 15 de marzo de 2017, todo este trabajo se junta ahora con la armonización que deben hacer de las leyes locales para crear el sistema estatal anticorrupción y la incorporación al sistema nacional de transparencia. El trabajo legislativo será un importante cuello de botella en donde seguramente se atorarán las reformas. Por lo pronto, tienen hasta el 4 de mayo para revisar, discutir y aprobar la ley de transparencia del estado.

Otros de los temas que corresponde operar al Ejecutivo del estado son el “reordenamiento de la administración de las finanzas públicas”, el fortalecimiento del control interno y la transparencia de las adquisiciones y la obra pública.

Efectivamente, son puntos nodales de la gestión pública que requieren intervención inmediata. Pero lo más importante es que el gobierno de Héctor Astudillo explique públicamente de qué manera se operarán estos compromisos -que en el acto de presentación del programa sólo enunció-, y cuál será la intervención de la ciudadanía. Si este proceso de cambios no se abre a la ciudadanía, y en cambio, solicitan nuevamente dejarles las manos libres y confiar en el gobierno, realmente no habrá cambiado nada.

Hay dos asuntos que vale la pena destacar. El primero es la convocatoria que hizo el gobernador a “los diputados locales, los magistrados, los presidentes y funcionarios municipales y a todos los ciudadanos y ciudadanas que manejan recursos públicos” para que se sumen y pongan en práctica medidas y acciones de transparencia y rendición de cuentas.

El llamado es pertinente especialmente por la opacidad que muestran prácticamente todos las dependencias públicas del estado, pero hubiese sido muy meritorio que el gobernador encabezara una gran cruzada, con un buen programa de por medio, para abatir los rezagos que se presentan en esta materia. A la convocatoria que lanzó en su discurso, pocos se sumarán.

El segundo asunto destacable es el anuncio que hizo el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental para “garantizar la operatividad” del programa de ética, transparencia y combate a la corrupción, mediante la creación de dos comités: uno, “rector”, integrado por funcionarios públicos; y otro “consultivo”, en el que participarán “representantes de la sociedad organizada, empresarios, contralorías ciudadanas y medios de comunicación”. Las funciones del comité consultivo apenas se enunciaron: supervisarán el programa y propondrán medidas innovadoras para fortalecerlo.

La definición de las funciones que realizará el comité consultivo, las personas que lo integrarán y especialmente el nivel de autonomía que adquiera respecto del gobierno, serán claves para saber si el comité tendrá una función social importante y si su trabajo tendrá impactos reales en la transparencia y la rendición de cuentas. Si este comité es sólo decorativo, podemos entonces calificar todo el programa de ser una simulación.

Código de ética

En el acto de presentación de programa de ética, transparencia y combate a la corrupción también se anunció la firma de un código de ética que deberán seguir los servidores públicos del estado. ¿Qué puede esperarse de este documento?, ¿realmente inhibirá las actos de corrupción?, ¿propiciará la confianza de la ciudadanía?

Es muy difícil y tal vez ingenuo pensar en modificar la conducta de los funcionarios públicos, si sólo se hace a través de un llamado como éste, aun cuando sea respaldado con toda la fuerza y disposición que puede tener un jefe del Ejecutivo local, pues tales “exhortos” no bajan de manera automática, ya que hay una gran cantidad de intereses en juego en los diferentes niveles de la estructura gubernamental.

Existen códigos de ética por lo menos desde el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, por ejemplo, el 2 de mayo de 2008 se publicó el acuerdo por el que se emite el código de ética profesional para los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Finanzas y Administración. En el propio gobierno de Torreblanca Galindo, el 27 de agosto de 2010 se publicó el acuerdo por el que se establece el código de ética, al que deberán sujetarse los servidores públicos del gobierno del estado de Guerrero.

En la siguiente administración, el 27 de enero de 2012, Ángel Aguirre Rivero también emitió su propio acuerdo por el que se establece el código de ética, al que deberán sujetarse los servidores públicos de la administración pública centralizada y paraestatal del estado de Guerrero; después, cada secretaría emitió su propio código de conducta basado en el acuerdo emitido por el gobernador.

Pero en ambos gobiernos, al parecer de nada sirvió la suscripción de códigos de ética y conducta, pues en la percepción ciudadana continuó el estigma de la corrupción, e incluso en el de Aguirre Rivero fueron procesados funcionarios del primer círculo del mandatario por el desvío de recursos públicos. Entonces, ¿para qué un código de ética?

El código que firmó el gobernador Astudillo Flores reconoce “que en los últimos años la entidad se ha visto afectada por actos de corrupción que han mermado la confianza de los ciudadanos en las autoridades, por lo que estoy determinado a no permitir que se cometa ningún abuso de poder, ocurran desfalcos al erario público ni existan privilegios al margen de la Ley”.

Y en seguida agrega “que la única manera de contrarrestar el efecto nocivo que provoca la desconfianza ciudadana sobre la gobernabilidad es que todos los servidores públicos se conduzcan con respeto, pulcritud, transparencia, igualdad, equidad y honestidad en el manejo de los asuntos públicos, en el entendido de que la integridad de los servidores públicos ayudará a restaurar la confianza ciudadana en las instituciones”.

En realidad, no se aprecian cambios sustanciales respecto de los códigos de gobiernos anteriores. Por ejemplo, se deja la aplicación, interpretación, difusión y evaluación del cumplimiento del código a la hoy Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; y en caso de incumplimiento, se aplicará lo previsto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

No contiene temas importantes sobre cómo hacer operativo este documento, ni se formularon indicadores de cumplimiento, ni tampoco es inclusivo con la vigilancia ciudadana.

Las diferencias que sí se observan en el código de ética de Héctor Astudillo son pocas. Una de ellas es que todos los funcionarios presenten sus declaraciones fiscal y de intereses, aunque no se plantea con la fuerza con la que sí se comprometió en campaña. El artículo 10 del mencionado código propone que “el servidor público, en la medida que lo requiera su cargo y sujeto a las leyes en la materia, declarará sus intereses económicos, comerciales o financieros, o sus actividades con ánimo de lucro que puedan plantear un posible conflicto de interés”.

Mientras que el artículo 13 expresa que “en consonancia con su cargo, y conforme a la Ley correspondiente, cumplir con el requisito de declarar o revelar sus activos y pasivos personales, así como, de ser posible, los de sus cónyuges u otros familiares a cargo. De la misma manera, presentará anualmente su declaración de impuestos”.

No dice nada sobre la publicación de estas declaraciones (que desde 2015 son una demanda ciudadana a nivel nacional y que son más conocidas como 3de3); si la ciudadanía no conoce estos documentos de los funcionarios guerrerenses, el único punto atractivo que tiene este código de ética será automáticamente anulado.