Más dinero al programa de fertilizante, misma opacidad

El Sur de Acapulco

El gobierno de Héctor Astudillo Flores durante su campaña para gobernador se comprometió a entregar de manera gratuita paquetes de fertilizante a los productores, y lo cumplió: los campesinos a partir de este año dejarán de pagar la parte que tradicionalmente asumían, y ahora el costo total del programa recaerá sólo en el gobierno del estado y los ayuntamientos.
Más allá de que con esta promesa el entonces candidato se hizo de una buena cantidad de votos, el programa de fertilizante subsidiado permanece prácticamente sin cambios al no establecerse propuestas de fondo para resolver problemas realmente importantes como el abultado padrón de productores, la contaminación de suelo y agua por el inapropiado uso del fertilizante, el uso de los recursos del Ramo 33, que deben destinarse a obra pública, para poder comprarlo; la falta de controles de calidad del producto.
Pero particularmente no resuelve el tema de la opacidad del programa, ya que tanto el gobierno del estado como los ayuntamientos regularmente no dan a conocer información verídica sobre la operación del programa. Y este año no es la excepción.

Datos que no coinciden

En 2016, el gobierno del estado duplicó la cantidad de recursos destinados al programa de fertilizante. En el esquema anterior, el programa era tripartita con las aportaciones del gobierno del estado, los ayuntamientos –que ponían la mayor parte- y los productores.
Los recursos que el Ejecutivo del estado aportó hasta el 2015 fueron del orden de 170 millones de pesos anuales y representaban un porcentaje importante del presupuesto total de la ex Secretaría de Desarrollo Rural. Por ejemplo, en el ejercicio 2010, significaban el 55.1 por ciento de lo que gastaba esa dependencia, y en 2015 disminuyó 49.6 por ciento, cuando la Seder contó con un presupuesto total de 342.4 millones de pesos.
En el presente ejercicio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro) tendrá un presupuesto de 516.6 millones de pesos -483 de los cuales son de Inversión Estatal Directa-, y para la adquisición de fertilizante se destinarán 340 millones de pesos, lo que representa que en la compra del insumo se gastará el 65.8 por ciento del presupuesto total de la secretaría y el doble de lo que aportaba el gobierno del estado en 2015. Lo anterior, de acuerdo con las cifras que aparecen en el presupuesto de egresos del estado de Guerrero del ejercicio 2016, publicado en el periódico oficial del 29 de diciembre de 2015.
Sin embargo, el gobernador Astudillo Flores dio datos diferentes. El 7 de marzo de 2016, en un acto donde firmó convenios de colaboración con presidentes municipales y entregó recursos del denominado programa Más Maíz 2016, “el mandatario estatal indicó que la inversión total del programa de fertilizante será de 393 millones de pesos”, según boletín de prensa emitido por el gobierno del estado.
Asimismo, en una solicitud de información presentada el 6 de enero de 2016 -cuya respuesta fue dada fuera de tiempo, por lo que se presentó un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales- se le requirió a la Sagadegro el “monto que el gobierno del estado destinará a la adquisición de fertilizante”. La respuesta de la dependencia fue también distinta de la que informó el gobernador: 340 millones de pesos. ¿De dónde salieron esos 53 millones de pesos de incremento al presupuesto del programa de fertilizante? ¿Por qué no están señalados en el presupuesto de Egresos del estado? ¿Se destinarán a la compra del insumo o a otras actividades?

Comienza con mucha opacidad

Hay muchas dudas respecto del programa de fertilizante, más de las que de por sí había en los ejercicios anteriores. Las dependencias a las que se les preguntó por vía de solicitudes de información, respondieron con datos parciales, poco creíbles o simplemente no se tomaron la atención de contestar. La mayoría de estos requerimientos tienen recursos de revisión en su contra. El programa sigue acusando igual o más opacidad que en el pasado.
En el acto del 7 de marzo, Astudillo Flores desglosó que de la aportación del gobierno del estado por 393 millones de pesos, 170 millones se entregarían en efectivo a los ayuntamientos y 223 millones en especie, en beneficio de 265 mil productores. Lo anterior significa que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración tendrá que convocar a un proceso de licitación para adquirir el fertilizante.
Por cierto, otro de los ordenamientos que no se ajustan a los números que anuncia el gobernador son las reglas de operación del programa de fertilizante, pues en el punto 6.1 establece que del “total de recursos aprobados en el decreto No. 170 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2016, se destinará el 50% a los Municipios para entregar vía transferencia electrónica y el otro 50% para la compra de insumos que de igual forma se enviaran a los Municipios”. Pero la proporción anunciada por el mandatario estatal es de 43.2 por ciento vía transferencia y 56.8 por ciento en especie.
El gobernador convocó a los funcionarios responsables a “que hagan las operaciones necesarias para que el insumo agrícola llegue a manos de los campesinos antes de que inicie el periodo agrícola”.
Precisamente para indagar sobre la adquisición de fertilizante que hizo o hará el gobierno del estado por 223 millones de pesos, se presentó la solicitud de información No. 00052416 ante la Sefina requiriendo la “convocatoria de la licitación” para adquirir el insumo, así como el “dictamen de los empresas que resultaron ganadoras de la licitación y copia de los contratos con las empresas que resultaron ganadoras”.
Por lo menos hasta el 5 de abril la Sefina no había convocado ni realizado ninguna licitación para el insumo, según su respuesta. Argumentó que la solicitud “se canalizó al área correspondiente, la cual nos informa sobre el particular que la documentación requerida con la modalidad de contratación mencionada en su solicitud no existe en el archivo de la Dirección General de Adquisiciones”, y sugirió canalizar la solicitud a la Sagadegro.
Cabe mencionar que si a esta fecha, la Sefina no ha hecho lo necesario para concretar las compras de fertilizante, difícilmente se cumplirá el compromiso del gobernador de entregar el insumo antes de que inicie el periodo agrícola; pero también existe la posibilidad de que la dependencia haya decidido ocultar la información que se le solicitó. Esto se deduce al difundirse el reciente acto (19 de abril) en dónde “el gobernador dio el banderazo de inicio del programa en el cual se entregarán 30 mil toneladas de fertilizante a los 81 municipios”, según un comunicado de prensa. Ese día, el titular de la Sagadegro “explicó que hoy inicia la distribución del fertilizante a los 81 municipios, la cual corresponde a la aportación en especie por parte del Gobierno del Estado, sustituyendo el recurso económico propio por casi 222 millones de pesos que entregaban los productores para poder tener acceso al fertilizante”.
Es decir, la Sefina ya realizó el proceso de adquisición del fertilizante y entonces ocultó la información. Además, en su respuesta, la Sefina falta a la verdad, porque recomienda que estos datos sean solicitados a la Sagadegro, a sabiendas de que no tiene facultades en materia de adquisiciones, ya que la Ley orgánica de la administración pública del estado de Guerrero, en el artículo 22, fracción XXXIII, dice que a la Sefina le corresponde “Llevar a cabo las adquisiciones de bienes y contratación de servicios que requiera el Poder Ejecutivo para su adecuado funcionamiento”, y ninguna otra dependencia las tiene.
Las reglas de operación del programa de fertilizante establecen que la Sefina deberá convocar a una “licitación pública abierta” y el plazo que definen es febrero-marzo de 2016. Es decir, se refuerza la hipótesis de que la Secretaría de Finanzas ya realizó la licitación, pero ocultó la información.
A propósito de las adquisiciones gubernamentales, el gobernador Astudillo Flores hizo un compromiso el día que presentó su programa de ética, transparencia y combate a la corrupción, ante los titulares de las principales dependencias y organismos nacionales de transparencia y rendición de cuentas. En ese acto, a través del titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, presentó cinco ejes rectores del programa, uno de los cuales es “transparentar las adquisiciones y la obra pública”.
Hay varias preguntas: ¿cuándo, cómo y dónde publicarán datos de las adquisiciones gubernamentales?, y en el caso específico del programa de fertilizante, ¿de qué manera harán transparente el proceso de licitación y sus resultados? ¿Por qué están ocultando información?

Nuevas reglas de operación

El 26 de febrero de 2016 se publicó el periódico oficial el Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de fertilizante y transferencia de tecnología, para el ciclo primavera-verano 2016.
Las nuevas reglas de operación establecen entre sus novedades una fórmula financiera del programa donde el gobierno del estado incrementa su aportación, y establece las condiciones de entrega (las cuales, desde el primer año, el gobierno no está cumpliendo).
Asimismo, plantean la elaboración y validación de convenios estado-municipio en los meses de enero y febrero; la mecánica operativa del programa establece que los convenios son la base para el inicio de transferencia a los Municipios de los recursos financieros que históricamente el Estado ha venido aportando y el equivalente en insumo a lo correspondiente de la aportación que los productores venían realizando”.
En este punto, se solicitó el 13 de marzo a la Sagadegro mediante la solicitud 00052516 copia de dichos convenios, y a la fecha aún no responde, por lo que se presentó recurso de revisión ante el Itaig.
Por otra parte, con el número de solicitud 00052616 se requirió a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional los expedientes técnicos del programa de fertilizante de los 81 municipios. En su respuesta, la dependencia argumenta “que no es de su competencia… por lo cual me permito orientar a usted a que dirija su solicitud a la Secretaría de Desarrollo Rural [sic]”. Sin embargo, en las reglas de operación se estable que tanto la Sagadegro como la Seplader son responsables en este asunto.
Asimismo, entre las novedades de las reglas de operación de la presente administración está la creación de un comité técnico estatal de validación y seguimiento, supuestamente “para dar transparencia a la operación del Programa”. El comité está integrado por representantes de la Sefina, Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, la Auditoría General del Estado y la Sagadegro”, y se ratifica de nueva cuenta que en las tareas de vigilancia no estará presente la participación ciudadana. Sin duda, el trabajo de ese comité siempre estará en duda ante la percepción de la ciudadanía por este simple hecho.
Las reglas agregan que el comité llevará “un control real sobre los avances del Programa, así como de corregir posibles retrasos o desvíos en la operación”, para lo cual realizará visitas periódicas a los ayuntamientos para revisar la recepción y aplicación de recursos financieros aportados por el gobierno del estado y municipios, los “volúmenes recepcionados” y entregados a los productores, las actas de los comités locales y el padrón de beneficiarios.
Por la importancia que puede adquirir este comité, se solicitó a la Sagadegro, con el folio 00052716, información sobre los “Integrantes del Comité Técnico Estatal de Validación y Seguimiento del programa de fertilizante, y copia de las minutas y acuerdos de reuniones realizadas”. A la fecha, la Secretaría de Agricultura no ha respondido esta solicitud del 13 de marzo, por lo que se presentó un recurso de revisión ante el Itaig.
El mismo requerimiento se hizo llegar a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental mediante el folio 00052816, y ésta respondió “que hasta este momento (la dependencia) no ha sido convocada… en la integración del comité técnico estatal de validación y seguimiento del programa de fertilizante. Y agrega que “conforme a las Reglas de Operación del Programa de Fertilizante y Transferencia de Tecnología 2016 (Más Maíz), no establece fecha para la conformación del comité en mención”. Y concluye que para solicitar más información hay que dirigirse a la Sagadegro, precisamente la dependencia que no responde las solicitudes de información.
La Sefina por su parte contestó a la solicitud 00052916 “que los datos de los integrantes de dicho comité no obran en los expedientes de la Dirección General de Adquisiciones”, y también nos remitieron a la Sagadegro.
No hay comité de vigilancia, las dependencias se “echan la bolita” y el programa sigue sin transparencia, como antes.

El programa de transparencia de HAF: del relumbrón a la duda

El Sur de Acapulco

En un acto que logró reunir a personajes como la presidenta consejera del INAI, el auditor superior de la federación y el secretario de la Función Pública del gobierno de la república, el gobernador Héctor Astudillo presentó su programa de ética, transparencia y combate a la corrupción, la semana anterior. Después de posponerlo hasta en dos ocasiones -seguramente por hacer coincidir las agendas de los funcionarios-, el evento sin duda tuvo el lustre esperado y su difusión fue con grandes titulares, pero una vez que pasó el revuelo, es momento de colocarlo en una más justa dimensión.

Los pros

Después de cinco meses, finalmente se conocen las líneas generales de la política que implementará el gobierno de Héctor Astudillo en materia de transparencia, ética y combate a la corrupción. Efectivamente, se delinea una política con más componentes que en gobiernos anteriores y que augura importantes cambios, por lo menos en el ámbito legislativo; habrá que esperar para saber si el mandatario es capaz de convocar y provocar los cambios correspondientes también en la práctica, a efecto de que las leyes que vienen se legislen a tiempo y no sean letra muerta.

El origen de esta política estatal no es el Ejecutivo del estado, sino que es más propio decir que se deriva de la inercia de un proceso que está avanzando en el plano nacional, ya que en los meses pasados hubo modificaciones constitucionales en los temas de transparencia y el combate a la corrupción y será obligatorio para todas las entidades del país generar su propio sistema estatal anticorrupción e incorporarse al sistema nacional de transparencia.

Tal vez el mérito es que Guerrero las anunció antes que otros estados; de hecho, eso fue lo que ponderaron los visitantes de dependencias federales y nacionales. Pero anunciarlas ha provocado un gran compromiso del Ejecutivo que muy probablemente no alcance a concretarse en el corto plazo y que además presentará todo tipo de resistencias.

La tarea es grande, pues en puerta están no sólo la armonización de las leyes de transparencia, de fiscalización, de los servidores públicos y todas aquellas relacionadas con la creación de los sistemas estatal de combate a la corrupción y nacional de transparencia, sino también una gran cantidad de cambios en procedimientos y reglamentos administrativos, la creación de nuevas áreas especializadas, capacitación de personal, etc., que hagan posibles las reformas.

En este inter, lo realmente preocupante será doblegar las actitudes de opacidad, patrimonialistas, abusivas, oportunistas y de corrupción que en gran escala o a nivel “hormiga” subsisten por todo el gobierno, lo mismo a nivel de base  que de quienes toman las decisiones en el estado; ese es el gran reto a vencer.

En el acto de presentación del programa todo fue reconocimientos y discursos políticamente correctos, pero para “aterrizar” todo lo que contiene su programa tal vez ni los seis años del gobierno de Héctor Astudillo serán suficientes, considerando que la clase política que tiene las riendas en el estado es dura de roer y de que se trata de un problema estructural y de cultura política.

Hay que matizar, pues los estruendos del 4 de abril.

Qué anunciaron

El programa de ética, transparencia y combate a la corrupción tiene cinco ejes: instaurar el sistema estatal anticorrupción, instrumentar las reformas necesarias en materia de transparencia, reordenar la administración de las finanzas públicas, fortalecer el control interno, y transparentar las adquisiciones y la obra pública.

Para el establecimiento del sistema estatal anticorrupción hay por delante una titánica tarea legislativa, pues es necesario homologar la legislación local con la federal en los temas de rendición de cuentas y responsabilidad de los servidores públicos. Cabe recordar que en febrero de 2015 se reformaron los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la denominación del Título Cuarto de la ley fundamental a “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con faltas administrativas graves o hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado”. Las leyes de Guerrero deberán estar acordes con estas reformas y en el Congreso del estado no hay visos de que trabajen en esto.

Respecto de la instrumentación de “las reformas necesarias en materia de transparencia”, el gobernador firmó una iniciativa de ley de transparencia y acceso a la información del estado, que suponemos contiene los temas necesarios para estar a tono con la ley general de transparencia. Es contradictorio que una iniciativa como ésta no se dé a conocer públicamente y se maneje en secreto, es un documento que debería circular profusamente para que la gente lo conozca y opine.

Para concretar todas estas reformas se requiere un Congreso muy activo. Parto de que en Guerrero no lo tenemos porque los diputados locales apenas se están alistando para homologar 40 leyes estatales con las disposiciones de la reformada constitución del estado, y según el artículo tercero, transitorio, tienen como plazo el 11 de junio de 2016. Aun cuando los diputados ya decretaron ampliarse el plazo hasta el 15 de marzo de 2017, todo este trabajo se junta ahora con la armonización que deben hacer de las leyes locales para crear el sistema estatal anticorrupción y la incorporación al sistema nacional de transparencia. El trabajo legislativo será un importante cuello de botella en donde seguramente se atorarán las reformas. Por lo pronto, tienen hasta el 4 de mayo para revisar, discutir y aprobar la ley de transparencia del estado.

Otros de los temas que corresponde operar al Ejecutivo del estado son el “reordenamiento de la administración de las finanzas públicas”, el fortalecimiento del control interno y la transparencia de las adquisiciones y la obra pública.

Efectivamente, son puntos nodales de la gestión pública que requieren intervención inmediata. Pero lo más importante es que el gobierno de Héctor Astudillo explique públicamente de qué manera se operarán estos compromisos -que en el acto de presentación del programa sólo enunció-, y cuál será la intervención de la ciudadanía. Si este proceso de cambios no se abre a la ciudadanía, y en cambio, solicitan nuevamente dejarles las manos libres y confiar en el gobierno, realmente no habrá cambiado nada.

Hay dos asuntos que vale la pena destacar. El primero es la convocatoria que hizo el gobernador a “los diputados locales, los magistrados, los presidentes y funcionarios municipales y a todos los ciudadanos y ciudadanas que manejan recursos públicos” para que se sumen y pongan en práctica medidas y acciones de transparencia y rendición de cuentas.

El llamado es pertinente especialmente por la opacidad que muestran prácticamente todos las dependencias públicas del estado, pero hubiese sido muy meritorio que el gobernador encabezara una gran cruzada, con un buen programa de por medio, para abatir los rezagos que se presentan en esta materia. A la convocatoria que lanzó en su discurso, pocos se sumarán.

El segundo asunto destacable es el anuncio que hizo el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental para “garantizar la operatividad” del programa de ética, transparencia y combate a la corrupción, mediante la creación de dos comités: uno, “rector”, integrado por funcionarios públicos; y otro “consultivo”, en el que participarán “representantes de la sociedad organizada, empresarios, contralorías ciudadanas y medios de comunicación”. Las funciones del comité consultivo apenas se enunciaron: supervisarán el programa y propondrán medidas innovadoras para fortalecerlo.

La definición de las funciones que realizará el comité consultivo, las personas que lo integrarán y especialmente el nivel de autonomía que adquiera respecto del gobierno, serán claves para saber si el comité tendrá una función social importante y si su trabajo tendrá impactos reales en la transparencia y la rendición de cuentas. Si este comité es sólo decorativo, podemos entonces calificar todo el programa de ser una simulación.

Código de ética

En el acto de presentación de programa de ética, transparencia y combate a la corrupción también se anunció la firma de un código de ética que deberán seguir los servidores públicos del estado. ¿Qué puede esperarse de este documento?, ¿realmente inhibirá las actos de corrupción?, ¿propiciará la confianza de la ciudadanía?

Es muy difícil y tal vez ingenuo pensar en modificar la conducta de los funcionarios públicos, si sólo se hace a través de un llamado como éste, aun cuando sea respaldado con toda la fuerza y disposición que puede tener un jefe del Ejecutivo local, pues tales “exhortos” no bajan de manera automática, ya que hay una gran cantidad de intereses en juego en los diferentes niveles de la estructura gubernamental.

Existen códigos de ética por lo menos desde el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, por ejemplo, el 2 de mayo de 2008 se publicó el acuerdo por el que se emite el código de ética profesional para los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Finanzas y Administración. En el propio gobierno de Torreblanca Galindo, el 27 de agosto de 2010 se publicó el acuerdo por el que se establece el código de ética, al que deberán sujetarse los servidores públicos del gobierno del estado de Guerrero.

En la siguiente administración, el 27 de enero de 2012, Ángel Aguirre Rivero también emitió su propio acuerdo por el que se establece el código de ética, al que deberán sujetarse los servidores públicos de la administración pública centralizada y paraestatal del estado de Guerrero; después, cada secretaría emitió su propio código de conducta basado en el acuerdo emitido por el gobernador.

Pero en ambos gobiernos, al parecer de nada sirvió la suscripción de códigos de ética y conducta, pues en la percepción ciudadana continuó el estigma de la corrupción, e incluso en el de Aguirre Rivero fueron procesados funcionarios del primer círculo del mandatario por el desvío de recursos públicos. Entonces, ¿para qué un código de ética?

El código que firmó el gobernador Astudillo Flores reconoce “que en los últimos años la entidad se ha visto afectada por actos de corrupción que han mermado la confianza de los ciudadanos en las autoridades, por lo que estoy determinado a no permitir que se cometa ningún abuso de poder, ocurran desfalcos al erario público ni existan privilegios al margen de la Ley”.

Y en seguida agrega “que la única manera de contrarrestar el efecto nocivo que provoca la desconfianza ciudadana sobre la gobernabilidad es que todos los servidores públicos se conduzcan con respeto, pulcritud, transparencia, igualdad, equidad y honestidad en el manejo de los asuntos públicos, en el entendido de que la integridad de los servidores públicos ayudará a restaurar la confianza ciudadana en las instituciones”.

En realidad, no se aprecian cambios sustanciales respecto de los códigos de gobiernos anteriores. Por ejemplo, se deja la aplicación, interpretación, difusión y evaluación del cumplimiento del código a la hoy Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; y en caso de incumplimiento, se aplicará lo previsto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

No contiene temas importantes sobre cómo hacer operativo este documento, ni se formularon indicadores de cumplimiento, ni tampoco es inclusivo con la vigilancia ciudadana.

Las diferencias que sí se observan en el código de ética de Héctor Astudillo son pocas. Una de ellas es que todos los funcionarios presenten sus declaraciones fiscal y de intereses, aunque no se plantea con la fuerza con la que sí se comprometió en campaña. El artículo 10 del mencionado código propone que “el servidor público, en la medida que lo requiera su cargo y sujeto a las leyes en la materia, declarará sus intereses económicos, comerciales o financieros, o sus actividades con ánimo de lucro que puedan plantear un posible conflicto de interés”.

Mientras que el artículo 13 expresa que “en consonancia con su cargo, y conforme a la Ley correspondiente, cumplir con el requisito de declarar o revelar sus activos y pasivos personales, así como, de ser posible, los de sus cónyuges u otros familiares a cargo. De la misma manera, presentará anualmente su declaración de impuestos”.

No dice nada sobre la publicación de estas declaraciones (que desde 2015 son una demanda ciudadana a nivel nacional y que son más conocidas como 3de3); si la ciudadanía no conoce estos documentos de los funcionarios guerrerenses, el único punto atractivo que tiene este código de ética será automáticamente anulado.

Aún con trabas, el acceso a la información en Guerrero

El Sur de Acapulco

Hace unos días se cumplieron seis meses de que asumieron los nuevos gobiernos municipales, electos en junio de 2015, y cinco meses de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores; durante este periodo, el derecho de acceso a la información no se ha cumplido plenamente, y no es que la opacidad sea atribuible únicamente a las administraciones actuales, también en los gobiernos anteriores fueron constantes las desatenciones al derecho de acceso a la información de los guerrerenses. Pero las administraciones gubernamentales vigentes, que en sus campañas enarbolaron la bandera de la transparencia, no han hecho nada por mejorar los mecanismos.
En esta entrega revisamos lo que en materia de acceso a la información ha realizado el Ejecutivo del estado, pues es el único lugar donde es posible encontrar datos sobre las solicitudes de información; de otros casos, como el de los ayuntamientos, que suman casi la mitad de dependencias gubernamentales que están obligadas a atender el acceso a la información, no se sabe nada, ni tampoco nadie las obliga a cumplir la ley.
En el Ejecutivo del estado se habían presentado, hasta el 22 de marzo, un total de 635 solicitudes de información, con un promedio de 127 por mes. En el periodo previo (28 de octubre de 2014 a 22 de marzo de 2015) se presentaron 530 solicitudes.
Las dependencias que más peticiones recibieron son la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria, con 112 solicitudes (17.6 por ciento del total); la Fiscalía General del Estado, con 80 solicitudes (12.6 por ciento); la Secretaría General de Gobierno, que recibió 62 solicitudes (9.7 por ciento del total); la Secretaría de Seguridad Pública, con 58 peticiones (9.1 por ciento).
Oras dependencias que recibieron solicitudes son la Secretaría de Finanzas y Administración, con 37 peticiones de información (5.8 por ciento); la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, con 35 solicitudes (5.5 por ciento); Secretaría de Salud, con 25 solicitudes (3.9 por ciento), y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública con 20 solicitudes, equivalentes al 3.1 por ciento del total.

Antecedentes

El 1 de febrero de 2011 comenzó a funcionar el sistema Info Guerrero, una plataforma electrónica para la recepción y procesamiento de solicitudes de información. Fue un acierto poner a funcionar este sistema, ya que antes, todas las solicitudes del Ejecutivo se presentaban de manera presencial en las oficinas gubernamentales, lo que desalentó en gran medida el ejercicio de este derecho. Sin embargo, el Info Guerrero no fue una iniciativa local, sino del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información (hoy Inai), que la promovió mediante la suscripción de un convenio de colaboración el 10 de marzo de 2008 (http://www.itaig.org.mx/art13/files/convenios/2008/IFAI_10_03_08.pdf).
En el ámbito estatal no hubo mucho interés por la puesta en marcha del sistema, ya que desde la firma del convenio hasta que comenzó a funcionar el sistema transcurrieron casi tres años. Quien esto escribe estuvo presente en la ceremonia de la firma, y en los corrillos uno de los consejeros de la ex Comisión de Acceso a la Información Pública del estado (hoy Itaig) comentó textualmente: “No sabe en la que se metió el Ejecutivo”, aludiendo a que, con el sistema Info Guerrero, se multiplicarían las solicitudes, y para la Caipegro también se duplicaría el trabajo porque inevitablemente se incrementarían las quejas o recursos de revisión.
Efectivamente, las solicitudes de información aumentaron notablemente. Pero aun con esto, el sistema de Guerrero –porque el ex Ifai lo promovió en todos los estado del país– presenta varias limitaciones. Por ejemplo, a diferencia de otras entidades, esta plataforma sólo funciona para las dependencias del Ejecutivo. Visto en cifras, los guerrerenses sólo pueden presentar solicitudes en el Info Guerrero ante cerca de 70 sujetos obligados de los casi 190 que hay en el estado. Sin duda, el sistema hubiese sido muy útil para solicitar información sobre todo a los ayuntamientos, que son los más reacios en entregarla. Pero en cinco años, a nadie le interesó ampliarlo a los gobiernos municipales.
Otra de las limitaciones del Info Guerrero es que no se pueden presentar por vía electrónica recurso de revisión. Actualmente hay que hacer dos trámites distintos, en caso de negativas de las dependencias públicas, para poder hacer valer este derecho: uno ante el sujeto obligado y el otro ante el Itaig. Tampoco en cinco años, nadie buscó incluir este servicio en el sistema.
El Info Guerrero también carece de una importante herramienta (Zoom) de búsqueda de las solicitudes de información que se han formulado ante el sistema, de las respuestas que se han proporcionado, y de las resoluciones que el Itaig emite ante las inconformidades de los ciudadanos respecto a las respuestas que obtienen, además de los estudios y opiniones que apoyan dichas resoluciones.
Finalmente, el reporte de solicitudes de información del Info Guerrero publica el nombre de las personas que solicitan información, con lo que se viola la confidencialidad de los datos personales. Esta irregularidad se hizo del conocimiento en la anterior administración estatal y nunca hizo caso; el Itaig tampoco ha intervenido para evitarlo.

Avance ciudadano

El tipo de información que los ciudadanos solicitan al gobierno está cambiando. Si se revisan las solicitudes que se presentaban en 2006, los ciudadanos preguntaban sobre los salarios de los funcionarios, los presupuestos generales de las dependencias, programas sociales institucionales, y en muchos casos, sobre la gestión de trámites personales.
Lo anterior no significa que hoy ya no se soliciten esos datos, pero en 2016, diez años después de que entró en vigor la ley de transparencia en el estado, ya se observa una clara intención de documentar de manera sistemática distintos aspectos del quehacer gubernamental, es decir, se percibe que la ciudadanía comienza a darle una utilidad social a la información, sobre todo en el rubro de la rendición de cuentas y de vigilancia ciudadana de las acciones y decisiones de gobierno.
También puede observarse que detrás de este avance ciudadano está el respaldo de organizaciones sociales y de la sociedad civil locales y nacionales, quienes se han convertido en promotoras –intermediarias– para hacer posible este ejercicio de participación ciudadana, pues en no pocos casos se requiere de una asesoría especializada; por ejemplo, para formular un recurso de revisión ante el Itaig o el Inai, o para interpretar información específica como expedientes técnicos de obras, contratos, convenios, planos de edificios, etcétera.
Estos esfuerzos tienen su origen y son resultado exclusivo del trabajo de las organizaciones –las instituciones poco o nada han aportado–, que han encontrado en el derecho de acceso a la información, una herramienta para apoyar la gestión de sus demandas colectivas.
Uno de los sectores que comienza a tener una actividad constante, y se observa en los reportes de solicitudes de información, es el de los periodistas, tanto locales como de los diarios de cobertura nacional. Cada vez con más frecuencia se registra en los diarios información y datos que fueron obtenidos a partir de solicitudes de información. Esta práctica, junto con la búsqueda y obtención de datos abiertos se han convertido en pilares del periodismo de investigación.
En los cinco meses del gobierno de Héctor Astudillo, un porcentaje importante de las 635 solicitudes de información fueron presentadas por organizaciones y periodistas.

Las solicitudes

En el caso de la Secretaría de Salud, casi todas las solicitudes presentadas durante la actual administración estatal provinieron de organizaciones sociales que apoyan o asesoran a la población. Así, por ejemplo, muchos de los requerimientos son de los temas de salud materna, parteras, la construcción de Hospital de la Mujer en Atoyac y el funcionamiento del Hospital General de Ayutla, todas con el claro objetivo de contar con información institucional que les permita exigir la rendición de cuentas a las autoridades correspondientes.
Es también el caso del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), cuyas solicitudes de información fueron relativas a conocer los centros de rehabilitación que opera esa dependencia, y los servicios que se brindan a los usuarios con discapacidad y no discapacitados.
Otros caso donde se observan propósitos de investigación es en las solicitudes presentadas ante la Secretaría de la Mujer y la Fiscalía General del estado sobre el tema de feminicidios; y el de la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a las que se les requirió información sobre equidad de género dentro la institución, capacitación de los elementos de seguridad, ejercicio de los recursos para seguridad, etcétera.
Asimismo, hay un grupo de solicitudes donde se pide información de los contratos que el gobierno del estado de Guerrero hubiese realizado con las empresas OHL México SA de CV, Grupo Higa SA de CV, Obrascon Huarte Lain SA, OHL & Huarte SA, OHL Industrial SL Sociedad Unipersonal, OHL Industrial SA de CV, Seconmex Administración SA de CV, Latina México SA de CV, OPCEM SA de CV.
También con las empresas Bienes Raíces H&G SA, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad SA de CV, Autopistas de Vanguardia SA de CV, Señales y Mantenimiento SA de CV, Constructora Teya SA de CV, Concretos y Obra Civil del Pacífico SA de CV, Publicidad y Artículos Creativos SA de CV y Eolo Plus SA de CV.
Las anteriores son empresas a las que se les vincula con el gobierno federal, específicamente con el presidente Enrique Peña Nieto y otros funcionarios, por la sospecha de favorecerlas en la contratación de obras. Estas solicitudes se presentaron tanto a la Secretaría de General de Gobierno como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y parece que indagan alguna conexión de estos “favoritismos” en Guerrero.
Cabe mencionar que aun cuando el solicitante pidió expresamente a la Secretaría General de Gobierno que se testaran sus datos personales en todos los documentos de carácter público, esto no se realizó y la identidad del solicitante quedó al descubierto.

Otras solicitudes

La opacidad es todavía una práctica frecuente en las respuestas que emiten las dependencias. La Secretaría de Finanzas y Administración publicó un oficio de respuesta a una solicitud acerca de “la relación de los viajes al extranjero y los comprobantes (…), realizados por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero”. Respondió que “derivado de los hechos suscitados el día 13 de Octubre de 2014 en el que los manifestantes entraron a las instalaciones del Palacio de Gobierno de donde sustrajeron del archivo general documentación oficial resguardada, la cual fue quemada en su totalidad por el fuego que ocasionaron los manifestantes, sufriendo pérdida total”. Adicionalmente, la Sefina advierte que “este tipo de información, está considerada como reservada”.
Evidentemente la información no puede clasificarse como reservada, porque son documentos públicos relacionados con el ejercicio de los recursos públicos. Y además, ¿resguarda la Sefina documentos en Palacio de Gobierno?, ¿no se localizan sus oficinas en espacios físicos diferentes y distantes del Palacio?
Por otra parte, a la Fiscalía General del Estado se le requirió “el presupuesto asignado y ejecutado (…) en el año 2015. Desglosado por partidas presupuestales. Esto incluye tanto presupuesto federal como estatal”. Al respecto, la dependencia respondió que “aún no se cuenta con un presupuesto de forma desglosada a nivel de partida, correspondiente al ejercicio fiscal 2015; debido a que la descentralización por parte de la secretaría de finanzas y administración del gobierno del estado, aún no se ha realizado por completo; ante esta situación no está en posibilidad de remitir esta información”. Cualquier argumento es bueno para no entregar la información.
Finalmente, sorprende que en cinco meses la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) tenga 112 solicitudes de información. Y es que el representante de una empresa constructora solicitó “diversa documentación” relacionada con varios contratos de obra. La dependencia le negó toda la información aduciendo que el origen de la información es la empresa, y en el caso de los contratos, a la constructora se le proporcionó una copia y por lo tanto no debería solicitarlos.
La negativa de CICAEG contraviene la ley de transparencia, pues independientemente de quien haya generado la información, CICAEG es la dependencia contratante y responsable normativa. Cualquier persona puede solicitar los mismos datos y CICAEG está obligada a entregarlos, siempre protegiendo los datos personales. En este caso, CICAEG no tiene razón en su negativa.

ASF: ineficiencia y opacidad en la obra pública municipal

El Sur de Acapulco

El Fondo de Infraestructura Social Municipal y para las Demarcaciones Territoriales del DF (FISMDF) es una de las fuentes de recursos financieros de los ayuntamientos que presentó mayores irregularidades y desvíos, según se desprende de los resultados de la revisión de la cuenta pública 2014, realizada por la Auditoría Superior de la Federación.

En ese ejercicio fiscal, el órgano fiscalizador federal, conjuntamente con la Auditoría General del Estado de Guerrero, revisaron una muestra de 24 municipios del estado de Guerrero, encontrándose numerosas anomalías en el ejercicio del gasto de este importante fondo, que según la ASF, alcanzó en Guerrero un monto de 4 mil 409.5 millones de pesos que se distribuyeron entre los 81 municipios, cantidad equivalente a 10.5 por ciento del presupuesto total del estado en 2014.
Los municipios revisados por la ASF y la AGE fueron Acapulco, Acatepec, Ahuacuotzingo, Atlixtac, Atoyac, Ayutla, Chilpancingo, Cochoapa, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Malinaltepec, Metlatónoc, Ometepec.
También se fiscalizaron los ayuntamientos de Quechultenango, San Luis Acatlán, San Marcos, Taxco, Tecoanapa, Técpan, Tixtla, Tlacoachistlahuaca, Tlapa, Xochistlahuaca y Zihuatanejo.
Las irregularidades encontradas en el FISMDF por los órganos fiscalizadores son apenas la punta del iceberg. Actualmente la normatividad y los mecanismos institucionales de rendición de cuentas son poco rigurosos y no son suficientes para descubrir y documentar todas las irregularidades y violaciones a la ley que cometen los alcaldes y otros funcionarios año tras año.
El diseño actual de control y fiscalización del gasto federalizado parece no estar funcionando. No existen los suficientes controles ni las sanciones necesarias para inhibir y evitar el desvío de recursos, y los que pierden siempre son los guerrerenses, que no reciben obras, servicios, programas sociales en la cantidad y calidad equivalentes a las inversiones que se realizan.
Eso sí, gobernadores, presidentes municipales, diputados y otros funcionarios, cuando son señalados como presuntos responsables de casos de corrupción, simplemente responden que les comprueben y que se presenten las denuncias ante las autoridades correspondientes. Lo dicen sabedores de que, salvo que se trate de un ajuste de cuentas político, no pasará nada porque el actual marco jurídico no los perseguirá ni mucho menos sancionará.
Es una triste realidad no sólo de Guerrero, sino en todo el país.

Las revisiones

Veinticuatro revisiones de la ASF a otros tantos ayuntamientos guerrerenses fueron suficientes para ejemplificar la forma en que los gobiernos municipales ejercen los recursos públicos. Las irregularidades que describe la ASF no son prácticas municipales nuevas, de hecho pueden considerarse reincidencias, y sin embargo, todavía no hay poder que ponga freno a los alcaldes y otras autoridades municipales, que regularmente con alevosía, muy pocas veces por ignorancia, desvían los recursos y no cumplen con los objetivos sociales del fondo.
No obstante que los recursos del FISMDF tienen el propósito de financiar obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, varios municipios presentaron subejercicios al 31 de diciembre de 2014, es decir, no se gastaron el recurso para abatir los rezagos sociales.
Acapulco fue el municipio que en mayor medida presentó este problema, pues a esa fecha sólo había ejercido el 28.9 por ciento del FISMDF -que en ese municipio fue de 492.2 millones de pesos-. Otros municipios que observaron subejercicios al 31 de diciembre de 2014 fueron Coyuca de Benítez (80.2 por ciento), San Marcos (80.5), San Luis Acatlán (85.4) y Cuajinicuilapa (86.6 por ciento).
Asimismo, la ASF y la AGE reportan que todos los municipios presentaron “inobservancias de la normativa”, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Igualmente, los ayuntamientos revisados no disponen de un adecuado sistema de control interno que le permita atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
Es decir, ante la falta de este sistema de control es muy fácil que los recursos del Fondo se gasten en obras y acciones que no están dentro del catálogo sugerido ni en localidades de alta y muy alta marginación.
Otra de las grandes deficiencias en los municipios se relaciona con la transparencia del ejercicio de los recursos. Al respecto, los órganos fiscalizadores determinaron, como resultado de la revisión al ejercicio 2014, que los 24 municipios de la muestra “registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF”, ya que los ayuntamientos no proporcionaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.
Estas omisiones de información a una dependencia normativa son muy graves, pues si los ayuntamientos no cumplen con éstas, qué se puede esperar cuando se trata de las obligaciones de transparencia hacia la ciudadanía. La opacidad de los ayuntamientos es tan vasta que no informan ni siquiera a la Secretaría de Hacienda, tampoco a la Secretaría de Desarrollo Social –que lleva el registro de los avances físicos y financieros del FISMDF- y en muchas ocasiones tampoco entregan en tiempo y forma sus informes de cuenta pública a loa AGE.

Otras irregularidades

Otra de las observaciones comunes a los 24 municipios revisados es que los objetivos y metas del FISMDF se cumplieron parcialmente, ya que los ayuntamientos invirtieron en proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la Sedesol ni tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.
Al respecto, Coyuca de Benítez fue el municipio que invirtió la menor cantidad de recursos en proyectos establecidos en la normatividad, con sólo 4.4 por ciento de sus recursos totales del FISMDF. Le siguen Acapulco con 4.8 por ciento, Cuajinicuilapa (5.3 por ciento), Metlatónoc (9.3), Acatepec (12), Cochoapa el Grande (12.4) y Tlacoachistlahuaca (13.2).
Otros municipios que gastaron bajos porcentajes de recursos en obras y acciones permitidos en el FISMDF son Técpan con 14.4 por ciento, Ometepec (15.7 por ciento), Xochistlahuaca (17.1), San Marcos (17.6), Malinaltepec (23.3), Taxco (25) y San Luis Acatlán (27.5 por ciento). De hecho, ninguno de los municipios auditados alcanzó ni siquiera el 60 por ciento del total de su inversión del FISMDF en obras permitidas.
Aunque la ASF y la AGE no lo describen, es muy probable que una parte importante de la inversión en obras y acciones no autorizadas, los ayuntamientos la hayan destinado a la adquisición de fertilizante. Hay que recordar que el catálogo del FISMDF no considera la compra de este insumo con recursos del Fondo, pero los ayuntamientos de Guerrero siempre han hecho uso de estos recursos para adquirirlo.
Como se deduce de los bajos porcentajes de inversión en obras y acciones permitidas por la normatividad, en el programa de fertilizante los ayuntamientos emplean cuantiosos recursos de este fondo del ramo 33, programa que ha sido acusado de clientelar y electorero.
Cabe mencionar que los recursos del FISMDF deben invertirse en agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los lineamientos del Fondo que emita la Sedesol.
Otra irregularidad en que incurrieron todos los municipios es que no cumplieron con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las zonas de atención prioritaria, que es de 60 por ciento de los recursos, como lo establecen los lineamientos. Al respecto, la Ley de Desarrollo Social menciona que se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta ley.
Hay porcentajes muy bajos como el del municipio de Tecoanapa, que sólo cubrió el 10.5 por ciento de sus proyectos en zonas de atención prioritaria, cuando la norma dice que deben ser por lo menos 60 por ciento. Otros municipios en iguales circunstancias son Cochoapa el Grande, que invirtió sólo 13.8 por ciento de los recursos en esas zonas, Ayutla de los Libres, con 14.3 por ciento y Ahuacuotzingo, con 17 por ciento.
También están San Marcos, con 24.9 por ciento, Tlapa y Chilpancingo, con 26.4 y 26 por ciento, respectivamente, Zihuatanejo, con 27.5 por ciento y San Luis Acatlán, que invirtió 30.3 por ciento.
Finalmente, los municipios también tuvieron en común los bajos porcentajes de recursos gastados en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda).
Son los casos de Malintaltepec, que sólo gastó 3.7 por ciento de sus recurso del FISMDF en estos rubros; Tecoanapa, con 4.7 por ciento, San Luis Acatlán, con 8.5 por ciento, Atlixtac (8.8),
Metlatónoc (9.3), Cochoapa (11.3), Zihuatanejo (14.3), Ayutla (15.2), Tlacoachistlahuaca (15.9) y Acatepec, (19.5 por ciento).
Cabe destacar que dos municipios presentaron severas irregularidades. El primero es Atoyac de Álvarez, al que no se le lograron determinar varios de los indicadores aquí descritos porque de acuerdo con la ASF y la AGE no existe documentación comprobatoria.
El otro es Quechultenango, ya que el órgano fiscalizador federal señaló en su informe que “con el 34.8% de los recursos (20.4 millones de pesos) se realizaron pagos de los cuales se desconoce el destino, toda vez que no existe documentación que permita relacionar la salida de los recursos con pagos de obras y acciones”.
La conclusión de la SF y la AGE es que en los 24 municipios de la muestra, a los que se les revisó su ejercicio de recursos FISMDF del ramo 33, éstos no realizaron una gestión eficiente y transparente y, en general, tuvieron una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública.

FISMDF 2016

No obstante las graves irregularidades que los órganos fiscalizadores observan cada año en el ejercicio de los recursos del FISMDF, en 2016 los municipios guerrerenses continuarán recibiendo cuantiosos recursos de este fondo.
El gobierno del estado publicó el Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del FISM entre los municipios del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal del 2016. Su publicación en el periódico oficial del estado, en el primer mes del año, es una obligación de las entidades federativas. De acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Ejecutivo del estado deberá dar a conocer en el periódico oficial del estado, antes del 31 de enero, el presupuesto del FISMDF y su distribución entre los municipios de la entidad.
Sin embargo, ya es costumbre que el gobierno del estado desacate esta norma porque regularmente no publica en tiempo esta información, aun cuando en el periódico oficial formalmente aparezca la fecha correcta.
Según este acuerdo, al estado se le asignaron 4 mil 566.2 millones de pesos, lo que equivale a un incremento de 2.5 por ciento en relación con el monto FISMDF de 2015. Cabe aclarar que no obstante los ajustes al presupuesto del estado que se registrarán a lo largo del año, los recursos del FISMDF permanecerán constantes.
Hay 11 municipios que recibirán recursos por arriba de los 100 millones. La lista la encabeza el ayuntamiento de Acapulco, que en 2016 recibirá 507.7 millones de pesos del FISMDF, le siguen Chilapa con 233.1 millones, Chilpancingo con 157.1 millones, Ayutla con 149 millones y Acatepec con 144.7 millones de pesos.
Otros municipios son San Luis Acatlán, que obtendrá 122.2 millones del FISMDF, General Heliodoro Castillo con 116 millones, Ometepec 113.3 millones, Tlapa con 112.9, Taxco con 103.5 y San Miguel Totoltepec con 102.9 millones de pesos.
Hace falta urgentemente un rediseño de esta política pública, pues las deficiencias en la ejecución del FISMDF repercuten directamente en la consecución de sus metas y objetivos y en la construcción de obra pública a los ciudadanos, y la rendición de cuentas es uno de los grandes temas que requieren atención urgente.

ASF: irregularidades en el programa de televisores digitales

El Sur de Acapulco

La entrega de televisores digitales por el gobierno de la República ha sido uno de los programas más cuestionados del gobierno de Enrique Peña Nieto, al que se le imputan irregularidades como el sobreprecio de las pantallas, su distribución con fines electorales, la entrega doble en un mismo hogar o la desorganización en los sitios de entrega.
No había ninguna obligación jurídica para que el gobierno federal hiciera este dispendio a costa del erario y descuidara otros aspectos del desarrollo social más urgentes. El “obsequio” de 13.8 millones de televisores de 24 pulgadas le costará al gobierno 28 mil 310.8 millones de pesos, una cifra muy superior al costo que hubiese tenido la adquisición de dispositivos decodificadores que permiten que televisores obsoletos permanezcan en uso. Sin embargo, el gobierno de la República se decidió por la opción más costosa.
En su más reciente revisión a las cuentas públicas a entidades y programas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró una serie de irregularidades en el Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), correspondiente al ejercicio 2014, año en que sólo se ejerció el 12.2 por ciento de los recursos totales estimados para este programa.

Las irregularidades

De acuerdo con información de la ASF, en 2014 se gastaron 3 mil 470.1 millones de pesos en la adquisición de pantallas digitales, en la contratación de servicios de almacenaje, instalación de módulos para la entrega de los bienes, y entregas de televisores, centros de contacto e impresión de notificaciones y trípticos. Ese año no fue el más intenso en cuanto a compras y distribución de televisores como sí lo fue 2015, cuyos resultados de auditoría se publicarán en febrero de 2017.
De los 13 contratos adjudicados en el ejercicio 2014, seis correspondieron a la adquisición de un millón 699 mil 193 televisores digitales; con la revisión de estos seis contratos se constató que se realizaron convenios modificatorios respecto del lugar, cantidad y plazos de entrega, sin que en el expediente se encuentre la información que acredite la justificación de estas modificaciones. Además, los convenios modificatorios de los contratos LPN-712-N73- 01/2014-92 y LPN-712-N73-02/2014-93 se formalizaron cuatro y 11 días después de la entrega de los bienes, la cual se incrementó en 63 mil 584 unidades respecto de lo requerido inicialmente.
Siguiendo con los contratos para la adquisición de televisores, respecto al millón 699 mil 193 aparatos que se recibieron en el ejercicio 2014, se estableció que el proveedor los entregaría en diferentes entidades federativas, pero la ASF constató que en Tamaulipas se entregaron 120 mil televisores, y de éstos, 89 mil se entregaron en un domicilio distinto del originalmente pactado, sin que la SCT justificara los cambios.
Asimismo, se comprobó que respecto de 60 mil televisores entregados por el proveedor a la SCT, no se contó con las remisiones correspondientes, y aunque posteriormente la entidad proporcionó seis remisiones que registran los 60 mil televisores, se observó que éstas no correspondieron a las emitidas por el proveedor, quien en compulsa manifestó expresamente que no emitió remisiones.
Por otra parte, se observaron inconsistencias en la entrega de 110 mil 524 televisores, por ejemplo, el cambio de domicilio para la entrega de 36 mil 476 de ellos no se hizo del conocimiento del administrador del contrato hasta un día antes de su entrega, y de 74 mil 48 no se dio aviso, regularizándose documentalmente dos días después de la entrega; lo anterior, en contravención del contrato que estipuló que la notificación del domicilio para la entrega de los bienes, debía realizarse hasta 10 días hábiles antes de la entrega de los televisores.
Con la revisión de los contratos PSAMM-001-014, PSAMM-002-014 y PSAMM-003-014 de servicios de almacenaje de 120 mil televisores en el estado de Tamaulipas, se constató que los televisores se almacenaron de febrero a agosto de 2014, conforme al plazo contratado; no obstante, 41 mil televisores fueron almacenados en un lugar distinto del estipulado, además de que se pagaron servicios de maniobra, entrega y descarga por 170 mil 581 pesos, adicionales a lo estipulado en el contrato, sin que se celebrara el convenio modificatorio respectivo, y sin que se proporcionara documentación que justificara su pago. Por lo anterior, se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones por un monto de 170 mil 581 pesos.
Respecto de la entrega de televisores, la ASF revisó que en 26 municipios de Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas no se entregaron los televisores a 57 mil 580 beneficiarios que conforme al programa, debieron entregarse en agosto de 2014; del seguimiento efectuado se constató que la entrega de equipos a esos beneficiarios se inició en enero de 2015, es decir seis meses después de lo programado sin que la entidad fiscalizada justificara documentalmente el atraso.
Otras irregularidades se detectaron al realizarse 523 visitas a beneficiarios por parte de la ASF, en municipios de Jalisco y Guanajuato, durante las que se verificó que en 236 visitas los equipos se entregaron satisfactoriamente a los beneficiarios registrados en el padrón y se comprobó la entrega de un equipo por domicilio.
Sin embargo, se constató que 64 beneficiarios visitados habitaban conjuntamente en 32 domicilios, es decir, que se entregaron dos televisores a dos beneficiarios en un mismo domicilio, lo que incumplió los criterios establecidos en el Convenio de Colaboración celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Social y la SCT.
En relación con las 223 visitas restantes, 187 beneficiarios registrados en el padrón estuvieron ausentes aun cuando su domicilio correspondió al referido en el padrón; y de los 36 restantes, su domicilio no correspondió con el registrado en el padrón; de cuyo seguimiento, se constató que la entidad fiscalizada hizo entrega de los televisores a los beneficiarios, al comprobar su identidad, lo cual evidenció documentalmente.
La ASF también observó la eficiencia de las adquisiciones. Por ejemplo, para la adquisición de 120 mil televisores destinados a beneficiarios del estado de Tamaulipas, realizada mediante invitación a cuando menos tres personas, se erogaron 277 millones de pesos, más gastos de almacenaje y centro de atención telefónica por 17 millones 747 mil 900 pesos, lo que hizo un total de 294 millones 825 mil 500 pesos y un costo por televisor de 2 mil 456.88 pesos, lo que es inconsistente con la adquisición de 2 millones 785 mil 988 televisores obtenidos mediante licitación pública nacional por 6 mil 927.1 millones de pesos, incluido el servicio de almacenamiento y centro de atención, en el que se determinó un costo unitario por televisor de 2 mil 486.43 pesos, es decir, 29.55 pesos más por cada televisor, lo cual no aseguró las mejores condiciones en cuanto a precio y motivó incurrir en un gasto mayor por 8 millones 232 mil 590 pesos.

Licitaciones

En la página oficial del TDT, se registran diversos documentos de licitaciones para la adquisición de televisores, una correspondiente al ejercicio 2014 y dos del 2015. En la licitación LA-009000987-N73-2014, realizada el 26 de septiembre de 2014, se licitó la adquisición de televisores quedando adjudicadas las siguientes empresas: el Grupo HTCJ, para la compra de un millón 773 aparatos, con un costo de 2 mil 548.1 millones de pesos; la empresa Comarket, con 320 mil 795 pantallas digitales y un monto de 793.3 millones de pesos.
También fue adjudicada la Comercializadora Milenio con la participación conjunta de Diamond Electronics, para entregar 892 mil 981 pantallas con un costo de 2 mil 278.8 millones de pesos. Finalmente, a la empresa Elektra del Milenio se le adjudicó la adquisición de 128 mil 530 televisores con un costo total de 290.7 millones de pesos.
En 2015 se realizaron, según el portal electrónico de la SCT, dos licitaciones para la adquisición de televisores. En la del 30 de abril de 2015, licitación LA-009000987-N19-2015, nuevamente la empresa Comercializadora Milenio, en participación conjunta con Diamond Electronics, fue adjudicada para la adquisición de 1 millón 390 mil 199 televisores, con un costo de 3 mil 945.5 millones de pesos.
En esa misma licitación también fueron adjudicados el Grupo HTCJ con un total de 215 mil 797 aparatos a un costo de 623.8 millones; DDCAM México, con 146 mil 923 pantallas que costaron 405.4 millones de pesos; Teletec de México, con 122 mil 980 televisores y un costo de 326.1 millones de pesos; y Tiendas Soriana, a la que se le adjudicó la adquisición de 781 mil 939 televisores con un costo de mil 927.4 millones de pesos.
En la licitación 009000987-T67-2015, del 28 de agosto de 2015, nuevamente la empresa Comercializadora Milenio se le adjudicó un contrato para 3 millones 459 mil 935 televisores con un costo 8 mil 127.5 millones de pesos; y DDCAM con 140 mil 29 pantallas digitales con un costo 361.2 millones de pesos.

No hay obligación

No obstante que en el portal electrónico del TDT se enfatiza que el programa “atiende el mandato constitucional de contribuir al desarrollo social, fomentar la igualdad de oportunidades entre la población –especialmente la de escasos recursos– y propiciar el acceso a la sociedad de la información y el conocimiento”, no existe ninguna obligación del gobierno federal de distribuir televisores de manera “gratuita” entre la población.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el noveno transitorio, establece que “el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, implementará los programas y acciones vinculados con la política de transición a la televisión digital terrestre, para la entrega o distribución de equipos receptores o decodificadores a que se refiere el tercer párrafo del artículo Quinto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones”.
El mencionado artículo quinto transitorio dice que “Los Poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios”.
Pero nunca se establece que el gobierno federal distribuirá más de 10 millones de televisores, con un gasto de más de 28 mil millones de pesos, entre los mexicanos de bajos recursos. No es lo mismo “promover la implementación de equipos receptores y decodificadores”, que entregarlos a costa del erario.

Entrega de televisores

Al 30 de septiembre de 2015 se habían entregado 5 millones 722 mil 146 televisores digitales en mil 13 municipios de 27 entidades federativas. Las entidades que recibieron mayor número de entregas son el Estado de México, con un millón 375 mil 767 aparatos, el Distrito Federal, con 636 mil 324, Guanajuato con 480 mil 272, Puebla con 434 mil 532 y Michoacán con 404 mil 688. Los que a esa fecha no habían recibido nada fueron Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes hizo un corte más reciente al 27 de febrero de 2016, y de acuerdo con estos datos se habían entregado 10 millones 111 mil 273 televisores, ocupando los cinco primeros lugares el Estado de México, Veracruz, Chiapas, Ciudad de México y Michoacán. Las que menos recibieron fueron Baja California Sur, Colima, Baja California, Campeche y Quintana Roo.
En Guerrero se distribuyeron 429 mil 185 televisores, para ocupar el lugar número nueve a nivel nacional. La distribución entre los municipios fue muy desigual, sin que haya una explicación oficial al respecto.
Así por ejemplo, los beneficiarios de los programas sociales de la Sedesol en Acapulco recibieron, al 27 de febrero, un total de 98 mil 22 televisores, que representan 21.4 por ciento; en Chilpancingo se distribuyeron 30 mil 632 aparatos (7.1 por ciento); en Chilapa, 22 mil 745 (5.2 por ciento); en Taxco, 16 mil 767 (3.9 por ciento); y en Coyuca de Benítez 16 mil 13 televisores, que representan 3.7 por ciento del total entregado en el estado.
En los municipios de Acatepec, Iliatenco, Zapotitlán se registran cero entregas, y los municipios de Atlamajalcingo, Alpoyeca, Huamuxtitlán, Tlalixtaquilla, Tlapehuala y Xalpatláhuac ni siquiera aparecen en la listas. Otras demarcaciones que recibieron pocos aparatos son Ahuacuotzingo, con solo un aparato entregado, Tlacoapa (5), Coahuayutla (7), Xochihuehuetán (11) y Tlapa (56).

El derecho de acceso a la información, letra muerta en Ayutla

El Sur de Acapulco

A cien días de que comenzó su gestión el gobierno de Héctor Astudillo Flores y a más de cuatro meses de que se inició una nueva administración en el ayuntamiento de Ayutla de los Libres, estos dos órdenes de gobierno no atendieron las solicitudes de información que presentaron los ciudadanos, ni tampoco cumplen todavía con sus obligaciones de transparencia establecidas en la legislación local.
Lo anterior se desprende de un proyecto de promoción del derecho de acceso a la información que se ejecuta con habitantes indígenas de colonias populares de la cabecera municipal de Ayutla, una de cuyas actividades fue la presentación de más de 50 solicitudes de información ante diversas dependencias del gobierno federal, estatal y en el ayuntamiento de Ayutla –encabezada por la alcaldesa Hortensia Aldaco Quintana–, la mayoría de las cuales no recibieron respuesta.
Las actividades del proyecto se realizaron durante los meses de noviembre y diciembre de 2015, con el financiamiento del Programa de Sensibilización de Derechos (Prosede) del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El proyecto

Se realizaron ocho talleres de promoción del derecho de acceso a la información en otras tantas colonias de la cabecera municipal de Ayutla, así como la gestión de solicitudes de información y visitas de seguimiento. Participaron en los talleres un total de 213 personas de ocho colonias, la mayor parte fueron mujeres, con 178 asistentes, que representan 76.7 por ciento del total. La colonia donde se registró mayor asistencia fue la Luis Donaldo Colosio, con 38 personas; y la que menos tuvo fue la colonia Justicia Agraria, con 17 participantes.
En total, se presentaron 51 solicitudes de información, de las cuales 14 fueron al Ayuntamiento de Ayutla, 23 al gobierno del estado (Sedesol, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Instituto Guerrerense de Infraestructura Educativa) y 14 al gobierno federal (Sedesol, Comisión Nacional del Agua, Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Semarnat).
En el caso de las solicitudes al Ayuntamiento, se realizaron los oficios correspondientes y se presentaron personalmente en las oficinas del Ayuntamiento, unas firmadas por el facilitador de Comunica AC, otras por los propios vecinos. Cabe mencionar que un Ayuntamiento como Ayutla debe tener un mecanismo electrónico para la presentación de solicitudes de información, pero evidentemente no cuenta con él.
En el caso de las peticiones al gobierno del estado y el federal, el coordinador regional del proyecto creó una cuenta en los sistemas Info Mex y otra en Info Guerrero. Las cuentas se abrieron a nombre de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa, y se anotó a su presidenta como responsable.

No responden

Ninguna de las 14 solicitudes de información presentadas ante el ayuntamiento de Ayutla fueron respondidas en los plazos que marca la ley. Una vez transcurrido el plazo legal, como corresponde cuando no hay respuesta a una solicitud, se presentaron los respectivos recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero (ITAIG) los días 8 y 19 de enero de 2016. Actualmente están en proceso de estudio y resolución.
Cabe mencionar que esta falta de respuesta a las solicitudes de información y también de transparencia –a la fecha, el ayuntamiento no cuenta con portal electrónico u otro mecanismos que le permita cumplir con su información de oficio– contrasta con el despliegue de publicidad, en redes sociales y periódicos, de las actividades que realiza la presidenta municipal como promoción personal.
Entre la información que se solicitó al ayuntamiento destacan los expedientes técnicos de diversas obras, así como información específica de obras que afectan a la ciudadanía por falta de mantenimiento o por haber sido mal realizadas. También se requirió la propuesta de inversión del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 del ejercicio 2015, y la descripción y reglas de operación de los programas de apoyo a la población en situación de pobreza.
Destaca también el oficio donde se solicitó la inversión municipal canalizada al programa de fertilizante, los resultados de los análisis realizados al producto y las empresas proveedoras de fertilizante contratadas por el Ayuntamiento de Ayutla. Esta pregunta surgió porque los productores perciben que el insumo ya no “les rinde” como en años anteriores.
Toda esta información es competencia del gobierno municipal de Ayutla de los Libres y, sin embargo, no hubo ninguna respuesta.
Una actitud similar encontramos entre algunas secretarías del Ejecutivo que encabeza Héctor Astudillo Flores. Lleva ya 100 días de gobierno y las unidades de transparencia de estas dependencias no responden las solicitudes de información que se les presentan.
Como resultado de este ejercicio de promoción del derecho de acceso a la información en el municipio de Ayutla, auspiciado por el Prosede del INAI, se presentaron 23 solicitudes de información por medio de la plataforma Info Guerrero, de las cuales 13 fueron para la Secretaría de Salud, tres para la Secretaría de Desarrollo Social, igual número para la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, y dos para el Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa.
Predominaron las solicitudes para conocer acerca de los servicios de salud, pues hay una tensión muy grande entre la “pésima” atención que reciben y lo que los vecinos consideran que debe ser una “adecuada” atención, por lo que pidieron conocer, del hospital general de Ayutla, horarios de médicos, cuadro básico de medicamentos, cantidad de especialistas, enfermeras, servicio de ambulancias, enfermedades que atiende, costo de los servicios para afiliados y no afiliados al Seguro Popular, etc.).
Todas las solicitudes de la Secretaría de Salud no fueron respondidas por la dependencia, por lo que se presentaron los correspondientes recursos de revisión ante el ITAIG el 19 de enero de 2016, y actualmente están en proceso de resolución.
Asimismo, tres solicitudes se le hicieron a la Capaseg, y tampoco respondió nada. En este caso se requirió principalmente información sobre proyectos de agua potable y drenaje construidos en el municipio de Ayutla. La solicitud presentada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (antes Seder), tampoco fue respondida.
Es decir, de las dependencias del gobierno del estado, soló respondió la Sedesol (3 solicitudes), el IGIFE (2), Seduop (1) y Secretaría de Seguridad y Protección Civil (1). Esto significa que el Ejecutivo del estado fue omiso en responder en 17 (73.9 por ciento) de las 23 solicitudes que se le presentaron en este proyecto. Una cantidad que no lo deja bien parado.
Respecto de las solicitudes del orden federal, se presentaron un total de 14 peticiones ante diversas dependencias federales, entre las que destacan la Secretaría de Desarrollo Social (7 solicitudes), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (3), la Comisión Nacional del Agua (2), y las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (1) y la de Economía (1).
Los habitantes de las colonias de Ayutla solicitaron particularmente información sobre requisitos y reglas de operación de los programas sociales del gobierno federal, así como datos sobre diversas obras que se construyen en el municipio.
Dos dependencias solicitaron prórroga para responder, tres dijeron que lo solicitado no es de su competencia y dos declararon la inexistencia de la información. No se presentó ningún recurso de revisión pues todas las solicitudes fueron respondidas en tiempo y forma.

Las lecciones

El proyecto que ejecutamos en Ayutla evidenció las dificultades técnicas, de disposición política, de impunidad, etcétera, que obstaculizan el ejercicio del derecho a la información entre los guerrerenses. Una de ellas es el escaso acceso de la gran mayoría de los habitantes de las colonias populares –y de las comunidades rurales del estado– a una computadora que les permita presentar solicitudes de información por la vía electrónica e incluso, ver la información de oficio que publican las dependencias.
Los índices de analfabetismo y analfabetismo digital y la barrera del idioma también son dificultades adicionales para el acceso a la información, sin contar que el planteamiento de preguntas pertinentes y conocer la lógica del funcionamiento de las dependencias tienen de por sí su grado de dificultad.
En estas circunstancias, es necesaria la mediación de las organizaciones sociales y civiles para apoyar los procesos de promoción del derecho de acceso a la información, mediante un acompañamiento que incluya una intervención pedagógica dirigida a que estos sectores se “apropien” de las herramientas suficientes para el ejercicio de este derecho. Por eso la difusión que hacen el órgano garante y el gobierno del estado para que la gente solicite información no tiene ninguna eficacia en este sector de la población, ya que no va acompañada de este proceso pedagógico.
Pero las mayores dificultades se ubican en los procedimientos y prácticas institucionales para solicitar información. Como se observa en el proyecto ejecutado en Ayutla, 31 de 51 solicitudes de información, que representan un altísimo 60 por ciento, no fueron respondidas en el tiempo que establece la ley, y no es casual que sean todas ellas del ámbito municipal y estatal, donde persisten con mucha frecuencia estas prácticas de opacidad.
Desde luego, se presentaron 31 recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado, órgano que estará a prueba en sus procedimientos tanto en el análisis de los casos como en el cumplimiento de sus resoluciones y aplicación de las sanciones correspondientes.
Si no hay respuestas expeditas, si no hay resoluciones firmes y especialmente, si no se hacen cumplir dichas resoluciones, la promoción del derecho a saber no enraizará y la gente lo percibirá como una simulación.
La expectativa es que las dificultades que hoy se observan tanto en el ejercicio de acceso a la información como en la publicación de información de oficio se subsanen en alguna medida con la incorporación de Guerrero al Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que es una de las novedades que incluye la nueva Ley General de Transparencia, que por cierto, el Congreso del estado deberá armonizar antes del 4 de mayo.

¿Y la contraloría social?

El gobierno de Astudillo en diferentes discursos se ha referido a la participación ciudadana como un componente importante de su gobierno. Sin embargo, el tipo de participación que concibe es la misma que la de sus antecesores: una participación que sólo acompañe, que aporte mano de obra, que opine sobre las acciones de gobierno, pero que no sea parte de la toma de decisiones. Es decir, una participación limitada y hasta decorativa.
Uno de los propósitos del proyecto del derecho a saber en el municipio de Ayutla de los Libres fue promover la vigilancia ciudadana a través de contralorías, como una forma de participación ciudadana. Pero esto es materialmente imposible, si no hay información pública y abierta hacia los ciudadanos, como en esta ocasión fue el caso del Ayuntamiento de Ayutla y del gobierno del estado, aunque la cerrazón suele ser generalizada entre las dependencias de la entidad.
Los esfuerzos que realizan instituciones como el Prosede del INAI para promover los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, derivados de una política sistemática de la dependencia, en los estados y municipios del país se diluyen fácilmente porque persisten resistencias muy fuertes a la transparencia y la rendición de cuentas.
Además de contar con mejores mecanismos que faciliten el acceso a la información e incrementen los niveles de transparencia en el estado, sería una excelente iniciativa incluir un tipo de contraloría social con capacidad de decisión, autonomía, nacida de la sociedad, con acceso a la información pública, como un componente importante del entramado que actualmente se diseña en torno al Sistema Estatal Anticorrupción, y lo sería más en un estado que tiene altos índices de marginación, como Guerrero.
Pero no, Guerrero siempre ha estado a expensas de las políticas nacionales, y ésta no será la excepción.

El foro de transparencia de Astudillo

El Sur de Acapulco

La transparencia y la rendición de cuentas son temas de reciente inclusión en los planes estatales de desarrollo. Antes de la administración de Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011), los gobernadores apenas enunciaban en estos documentos frases aisladas e incompletas respecto al ejercicio transparente de los recursos y sobre el propósito de informar a la ciudadanía de los resultados de gobierno. Fue hasta 2006, al entrar en vigor la ley de transparencia del estado, cuando los más recientes mandatarios se vieron obligados a considerar estos temas en sus planes de desarrollo de manera más consistente.
Sin embargo, enunciada o no la transparencia en los planes estatales de desarrollo, las prácticas de opacidad de las administraciones no son muy diferentes una de otra. Apenas se perciben diferencias entre los gobiernos de Francisco Ruiz Massieu y el de Ángel Aguirre Rivero, o entre el de Rubén Figueroa Alcocer y el de René Juárez Cisneros.
Vistas así, todas las políticas y acciones en materia de transparencia y rendición de cuentas que se proponen en los planes de desarrollo han sido sólo buenos propósitos, giros retóricos y letra muerta, ya que los logros, al final de las gestiones, son imperceptibles en comparación con los altos índices de opacidad, los escándalos de corrupción y en general, el descrédito con el que concluyen las administraciones.
El jueves anterior, el gobierno de Héctor Astudillo Flores organizó el Foro Especial de Transparencia, en la cabecera municipal de Taxco, al que por cierto no asistió. No soy muy optimista de que las ideas que ahí se emitieron sean utilizadas para construir una política clara y consistente de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Y sostengo esto porque tradicionalmente en Guerrero los foros de consulta para confeccionar documentos como un plan estatal de desarrollo sólo se utilizan para cumplir un requisito legal (ley estatal de planeación), pero sobre todo, para legitimar políticas que regularmente ya están cocinadas; y también para cubrir al gobierno que las organiza con el barniz de la participación ciudadana.
En los foros convocados por el gobierno de Astudillo no hubo discusión ni análisis –base de un verdadero foro participativo– porque los formatos no se pensaron para ese fin; pocos conocen las propuestas, y al contrario de los que dicen los organizadores, no pueden ser consultadas en el internet. Tampoco hay representación ciudadana y de especialistas de la sociedad civil para hacer la sistematización, y en su caso, la elección de las mejores propuestas; y menos hay alguna garantía de que las ideas de los foros se reflejen en el Plan Estatal de Desarrollo. Así ha sucedido en todos los casos.
Según los organizadores, en este foro se presentaron 250 ponencias. Por tratarse de un acto político más que de análisis, no podían anunciar menos, incluso trascendió que muchas de esas ponencias fueron elaboradas por empleados de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, por encargo de sus jefes. Es difícil comprobarlo, pero tampoco son muy extrañas este tipo de prácticas para simular que hay participación.

Las propuestas

Las ideas principales vertidas en el foro se pueden resumir en dos hechos ya sabidos en Guerrero: uno, que las dependencias públicas no son transparentes y tampoco rinden cuentas; y dos, que es inminente y obligatoria la incorporación de las entidades federativas, entre ellas Guerrero, a los sistemas nacional de transparencia y nacional anticorrupción.
El ponente invitado, Filiberto Otero Salas, puso el dedo en la llaga: hay plazos perentorios, que marca la Constitución, para que los estados se suban a esta política nacional. En el caso del sistema nacional de transparencia, las legislaturas estatales tienen de plazo hasta el 4 de mayo de 2016 para armonizar las leyes locales a la Ley General de Transparencia.
Para el caso del sistema nacional anticorrupción, cuyas bases constitucionales se aprobaron el 27 de mayo de 2015, el plazo para los estados se vence el 27 de noviembre de 2016, por lo que todos los actores que están involucrados deben de iniciar ya los trabajos de armonización de leyes y de construcción del sistema estatal anticorrupción.
Otero Salas fue contundente con el diagnóstico: “Se debe partir de que el estado de Guerrero no cuenta con los medios, instrumentos, normas e instituciones a través de los cuales se pueda conformar un sistema integral de rendición de cuentas para poder enfrentar la corrupción en las diferentes áreas del gobierno”.
El trabajo que está por delante, explicó el académico, debe iniciarse con un estudio cuidadoso de las normas que regulan la actuación de las autoridades, pero deben analizarse también el modo y la forma en que el cumplimiento de las leyes es vigilado y controlado.
“Se deben estudiar los procedimientos que se siguen en el estado para justificar la rendición de cuentas; se deben evaluar los resultados que dichos procedimientos ofrecen. Una vez realizado el estudio, se debe proceder a elaborar la propuesta de reformas a la constitución”. Dimensionó las modificaciones que es necesario realizar a las leyes secundarias, y enumeró algunas que requerirán cambios en el corto plazo: la ley de transparencia, la de responsabilidades de los servidores públicos, fiscalización, presupuesto y disciplina fiscal, del sistema de coordinación hacendaria, de planeación, de hacienda, de deuda pública, del código de procedimientos administrativos. Y legislar una nueva que dé origen al sistema estatal anticorrupción.
Para ello, propuso también crear, a través de un decreto del Ejecutivo del estado, un órgano interinstitucional que prepare la instrumentación y el diseño de todas las reformas encaminadas a crear el sistema estatal anticorrupción y la adhesión al sistema nacional de transparencia y acceso a la información.
El gobierno de Astudillo y el Congreso del estado no la tienen fácil. Otros estados ya realizan los trabajos necesarios para cumplir en tiempo y forma con esta obligación nacional, y en Guerrero no se sabe si hay algún avance sobre los cambios legislativos y la adecuación de instituciones.
Es muy probable que en el foro de mañana miércoles, al presentar su programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción, Astudillo Flores dé inicio a los trabajos para modificar lo que es obligatorio.

La transparencia en los planes estatales de desarrollo

Desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1983), se introdujo como un componente de la gestión gubernamental, la planeación del desarrollo; posteriormente, cada estado legisló su propia ley de planeación (la primera de Guerrero en 1991, la vigente, en 2008). Esta ley es la que obliga a los gobiernos estatales a elaborar un Plan Estatal de Desarrollo.
El documento elaborado en la administración de Alejandro Cervantes Delgado, no consideró la transparencia ni la rendición de cuentas en ninguno de sus aparatados.
En el caso del gobierno de José Francisco Ruiz Massieu (1987-1993), el tema tampoco fue importante, al menos en el plan, y sólo consideró que las acciones y decisiones de gobierno se informarían a través de los medios de comunicación; también se comprometió a “Garantizar la vigencia del derecho de acceso a la información”, pero no describió mediante qué mecanismos. Asimismo, en el renglón de planeación y finanzas públicas, Ruiz Massieu propuso el “manejo de las finanzas públicas bajo criterios de transparencia, honestidad y eficiencia”.
Al Plan Estatal de Desarrollo del gobierno de Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996) tampoco le mereció ninguna importancia la transparencia gubernamental. En el tema de modernización administrativa propuso “reforzar la Contraloría del Estado y fortalecer los órganos administrativo que regulan y controlan el ejercicio público; actualizar el sistema de control y gestión interna y establecer los sistemas de control y evaluación del gasto público”. Ni una palabra más sobre la transparencia.
El gobierno interino de Ángel Aguirre (1996-1999) también contó con su plan de desarrollo. En el renglón de Libertad de expresión y prensa, y derecho a la información propuso la constitución de un “consejo de participación ciudadana para vigilar el cumplimiento de la libertad de expresión y el derecho a la información”.
En el rubro de Honestidad y eficiencia de la administración pública consideró hacer “una reforma de gobierno para que la función pública sea realizada con eficiencia administrativa y transparencia en el manejo de los recursos”, y entre sus estrategias, “establecer mecanismos eficientes de rendición de cuentas del gobierno estatal y de los ayuntamientos sobre el ejercicio de los recursos y uso del patrimonio”.
Por vez primera, se incluía la vigilancia ciudadana: “consolidar la Contraloría Social como mecanismo de supervisión y vigilancia comunitaria en el ejercicio del gasto público”.
Por otra parte, en el gobierno de René Juárez Cisneros (1999-2005) se consideraron la transparencia, rendición de cuentas y contraloría social. Por ejemplo, en el capítulo de Rendición de cuentas a la sociedad, se establecía que “Para que las instituciones y sus responsable cumplan sus objetivos y funciones, deben existir mecanismos que los obliguen a rendir cuentas a la sociedad y que al mismo tiempo les den instrumentos a las y los ciudadanos para solicitarlas”.
Asimismo, en el apartado de Modernización de la Administración Pública propuso la estrategia de “Establecer mecanismos para la rendición de cuentas y la participación social, de manera que se refuerce la relación estrecha y cercana de la sociedad, y que asegure una administración pública más eficiente, eficaz y honesta”, y entre las acciones consideró la actualización de la Ley Estatal de Adquisiciones y Obra Pública, para “hacer transparentes y públicos los mecanismos administrativos de asignación de contratos, adquisiciones, licencias y concesiones por ser áreas susceptibles a mayor corrupción”. En este gobierno también se dijo que se mejorarían los sistemas de la contraloría social.
Los programas estatales de desarrollo de Torreblanca y Aguirre

En 2005 ya se habían legislado leyes de transparencia y acceso a la información en varios estados y obligaba a los gobiernos a abordar este tipo de prácticas. A partir del gobierno de Zeferino Torreblanca (2005-2011) fue notoria la inclusión de objetivos y políticas de una manera más específica.
Así, el Plan Estatal de Desarrollo de la administración zeferinista se propuso “establecer un sistema de gobierno honesto y eficiente que garantice resultados en la operación y aplicación de los recursos con transparencia y cumplimiento con el principio de rendición de cuentas”.
Se planteó lograr esto mediante estrategias como informar a la sociedad de forma periódica, oportuna y transparente sobre la aplicación y utilización de recursos públicos federales y estatales, proponer una reforma integral al marco jurídico de fiscalización estatal y municipal, establecer políticas y acciones integrales de combate a la corrupción dentro de la administración pública estatal.
Otras estrategias fueron desarrollar sistemas de administración digital que agilicen y den soporte a los procesos de gestión pública y hagan transparente su operación, generar un marco jurídico y normativo que garantice el derecho a la información y constituir la Comisión Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En el Plan Estatal de Desarrollo del segundo periodo de Ángel Aguirre se propuso “hacer de la transparencia y rendición de cuentas un fundamento de la gestión gubernamental del estado”, y entre las estrategias destacó la incorporación plena de la ciudadanía en la vigilancia y seguimiento del uso de los recursos públicos, y del desempeño de los servidores públicos, así como impulsar los ordenamientos legales que den certeza a la conformación y funcionamiento de consejos consultivos de participación ciudadana, juntas vecinales o comunitarias, y demás instancias.
También propuso establecer mecanismos para una contraloría social efectiva, y promover la participación de los ciudadanos en la evaluación de las acciones de buen gobierno; crear un centro de denuncia anónima ciudadana, como medio accesible y confiable para que se puedan denunciar actos ilegales o de corrupción.
Finalmente, propuso “mejorar y modernizar el portal de transparencia, para que resuelva las necesidades específicas de información de los ciudadanos, y para que las dependencias cumplan con las obligaciones previstas en la Ley de Transparencia”.
En el gobierno de Astudillo Flores no hay que hacer cuentas alegres. La experiencia dice que aun cuando establezca en el Plan Estatal de Desarrollo una política de transparencia consistente, ésta se quedará en un buen propósito; las acciones que se pongan en práctica serán resultado inercial de las políticas que se llevan a cabo en el nivel nacional.