La reconstrucción de Guerrero, en la opacidad

El Sur de Acapulco
La falta de transparencia del Plan Nuevo Guerrero involucra a varias dependencias del gobierno federal. En las entregas anteriores destacamos la opacidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, una de las principales involucradas en la “reconstrucción”, por el monto de recursos que ha ejercido en la construcción de vivienda; pero la intención de opacidad también se presenta en otras oficinas gubernamentales como la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, que en el ejercicio que realizamos para verificar la transparencia del Plan Nuevo Guerrero, sin motivo demoraron la entrega de información, declararon injustificadamente datos parcialmente clasificados y además los datos los entregaron en formatos en los que no es posible reutilizarlos.
La opacidad del Plan Nuevo Guerrero contradice la promesa presidencial, de noviembre de 2013, de que los recursos de este programa se ejercerían con transparencia; de hecho, es uno de los cuatro principios rectores del plan, pero realmente se han ejercido con opacidad.
La mayor parte de los recursos anunciados han sido ejecutados por el gobierno de la república, dejando al margen al gobierno del estado, con el argumento no expreso de que no se confiaba en la autoridad local. Es cierto, el gobierno de Ángel Aguirre sin duda hubiera depredado los recursos destinados a la reconstrucción del estado, pero la federación, con su opacidad, no da señales de esté haciendo las cosas de manera diferente.
La sociedad es la gran perdedora porque no hay forma de dar seguimiento a cerca de 40 mil millones de pesos, que según el gobierno federal se han invertido en este plan, pues los mecanismos de transparencia del programa son muy limitados y se reducen a un portal electrónico con información aislada y parcial y a las declaraciones de funcionarios o boletines de prensa oficiales. Cuando no hay un ejercicio honesto y transparente, se construye un menor número de obras y acciones.
Es cierto, desde la ciudadanía tampoco ha habido capacidad para vigilar los cuantiosos recursos anunciados y ejercidos del Plan Nuevo Guerrero, y el gobierno de Enrique Peña Nieto se aprovecha de esta debilidad para no rendir cuentas de las actividades que se realizan.

Qué es el Plan Nuevo Guerrero

Es un programa creado para la reconstrucción del estado, luego de las graves afectaciones de las tormentas de septiembre de 2013. Según anunció el gobierno de la república, con tan inusitada publicidad que parecía tener propósitos electoreros, se invertirían cuantiosos recursos financieros para obras de infraestructura, vivienda, proyectos productivos, empleo temporal, apoyo en enseres domésticos y otros beneficios para la población del estado.
El plan considera cuatro principios rectores: construir un nuevo Guerrero (las acciones no serán sólo de reconstrucción, sino que fomentarán el crecimiento económico y el desarrollo social); proyectos sociales para la productividad (“las acciones buscarán desarrollar el capital humano mediante educación, salud, igualdad de género, desarrollo de comunidades indígenas y capacitación para el trabajo).
Asimismo incluye el eje de transparencia (“los recursos deberán administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, siendo proactivos en informar a los ciudadanos sobre las acciones emprendidas”), y participación ciudadana (se promoverá que los guerrerenses participen directamente en las acciones comprometidas).
En el portal electrónico se describe el monto a invertir: 39,437 millones de pesos, de los cuales se han pagado 24,895.2 millones. Pero hay que tomarse con reserva estas cifras, porque se modifican con mucha frecuencia.
Por ejemplo, cuando se anunció el plan, en noviembre de 2013, el presidente de la república mencionó que se invertirían 60 mil millones de pesos, la mitad se gastarían en 2014 y el resto en el periodo de 2015 a 2018. Meses después, en marzo de 2014, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, corrigió las cifras y dijo que en 2014 se invertirían 37 mil 425 millones de pesos.
En abril de 2014, mediante un comunicado, el gobierno de la república anunció que está autorizada una inversión de 67,800 millones de pesos para el Plan Nuevo Guerrero, a ejercerse en los próximos cinco años. Agregó que en 2014 se ejercerían ejercerán 37,425 millones de pesos, y del 2015 al 2018 los otros 30 mil 410 millones de pesos.
En septiembre de 2014, el subsecretario de Egresos de Hacienda, Fernando Galindo, cambió nuevamente la cifra y dijo que este año se invertirán 41,031 millones de pesos,

Los proyectos de la SE

Al igual que en varias dependencias involucradas en el Plan Nuevo Guerrero, en la Secretaría de Economía no coinciden las cifras sobre el ejercicio de los recursos. Cuando se trata de proporcionar información destallada y específica de las acciones, las dependencias trastabillan para entregarla.
Por diversos medios (declaraciones de funcionarios, boletines de prensa), esa dependencia ha anunciado recursos financieros entregados a los afectados de septiembre de 2013, pero no existe ninguna claridad sobre su distribución.
Por ejemplo, en diciembre de 2014, la Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), anunció que “ha comprometido 130 millones de pesos para beneficiar a 11 mil empresas inscritas en el padrón de beneficiarios del programa Impulso Pyme Nuevo Guerrero”. Según la dependencia, el dinero fue entregado al gobierno del estado con el objetivo de apoyar y atender de manera inmediata a las pequeñas empresas en riesgo de quiebra en los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Taxco y Zihuatanejo.
De acuerdo con el comunicado de la SE, “el apoyo se ha otorgado y se otorgará de forma directa a los empresarios que lo han solicitado para el pago de pasivos relacionados con su negocio; como la renta, los servicios de luz y agua potable, teléfono, internet y sueldos”. Asimismo, el apoyo podrá ser utilizado para la adquisición de bienes, de tal manera que esto permita que las micro y pequeñas empresas en riesgo de quiebra, puedan continuar con sus actividades comerciales.
Se realizó una búsqueda detallada de los recursos en la base de datos más reciente que publica el portal oficial del plan, pero no se encontró nada que sugiera que la SE haya ejercido o entregado recursos. Es una de las dependencias que no aparece en el portal, no obstante que el gobierno de la república señaló el apoyo de micro y medianos empresarios afectados.
Ante estos resultados, presentamos una solicitud de información folio 1000185614 ante la SE, el 9 de diciembre de 2014, requiriendo los siguientes datos: Descripción de cada uno de los 31 proyectos estratégicos anunciados en el marco del Plan Nuevo Guerrero. Esta información desglosada por: Descripción de cada proyecto, dónde se localiza, quiénes serán beneficiarios, recursos que se destinan a cada proyecto. Perfil de cada uno de los proyectos.
Y en tanto los funcionarios federales, incluyendo al presidente de la república, se esfuerzan por publicitar la supuesta transparencia del Plan Nuevo Guerrero, la SE respondió el 23 de enero de 2015 que turnaría la solicitud de información al comité de información de la dependencia para proponerle la clasificación de los datos. Es decir, buscaban clasificarla como información reservada o confidencial para no hacerla pública.  
En sesión extraordinaria del 16 de febrero de 2015, el comité de información de la SE informó que “por unanimidad se confirma la clasificación de la información como parcialmente confidencial manifestada por el Instituto Nacional del Emprendedor (…) y se aprueba la entrega de la versión pública de 3 proyectos bajo el rubro de Plan Nuevo Guerrero en el Sistema Emprendedor por contender datos personales”.
Esta respuesta simplemente es un ocultamiento de información. Todos los beneficiarios apoyados con recursos públicos deben darse a conocer, de acuerdo con la normatividad. La mayor parte de los programas sociales hace públicos los padrones de sus beneficiarios, y la SE no tiene justificación para no hacerlo.
Asimismo, pone en evidencia al conjunto del gobierno federal, que anuncia 31 supuestos proyectos estratégicos, y resulta que las dependencias responsables de operarlos no los conocen, o como es el caso, sólo sabe de tres.

Los tres proyectos

Uno de los proyectos entregados es parte del programa emergente de apoyo a Mipymes de los municipios de Coyuca de Benítez y Técpan de Galeana, y tiene un presupuesto de 890 mil pesos. Agrega la ficha del proyecto que está destinado a 89 empresas y con él, se podrán conservar 160 empleos.
Otro proyecto es el programa de impulso para Mipymes estado de Guerrero, con valor de 55 millones de pesos. No se describen las acciones del proyecto, como se requirió en la solicitud de información, ni tampoco hay beneficiarios ni a qué se destinará.
El tercer proyecto tiene el mismo título que el anterior, pero éste cuenta con un presupuesto de 75 millones de pesos. Tampoco cuenta con ningún otro dato. Eso es todo lo que entregó la SE.
Ésta es la transparencia que prometió Peña Nieto para el Plan Nuevo Guerrero.

El caso Inifed

En el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa también se esmeró en ocultar parcialmente la información.
En diciembre de 2014, se presentó la solicitud de información número de folio 1114000007914, para requerir: “Descripción de cada una de las 390 acciones en 360 planteles educativos de Guerrero, en el marco del Plan Nuevo Guerrero. Desglosar la información de cada una de las acciones realizadas en: acción, nombre de la escuela, localidad, municipio, costo, fecha de inicio y terminación”.
El 15 de enero de 2015, el Inifed finalmente entregó la información como se le solicitó, pero lo hizo en in formato en donde los datos no pueden reutilizarse y ni siquiera era posible imprimirlos. Esta es una de las prácticas más extendidas de las dependencias públicas en la entrega de su información, a efecto de que los solicitantes no puedan comparar, sumar, analizar los datos.
No hay ninguna explicación por la que no entreguen estos datos en formatos Excel, y en cambio, lo hagan con formato de imágenes cuya información no puede ser reutilizada y además ilegible. A esto se le llama opacidad.
Fue necesario acudir al Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales para obligar al Inifed a entregar un formato que por lo menos pudiera imprimirse.
Posteriormente, se solicitó al Inifed información más específica. Se solicitó mediante el folio 1114000001315 los expedientes técnicos de las siguientes obras: Reubicación del jardín de niños Francisco Larroyo, y de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, de la localidad de Salsipuedes, municipio de Acapulco.
El Inifed respondió a este requerimiento con una petición de que se le especificara qué es un expediente técnico. Parece inverosímil que una dependencia normativa en la construcción de infraestructura educativa como el Inifed no tenga información sobre lo que es un expediente técnico. De cualquier manera, se le envió la información solicitada en los siguientes términos:
“un expediente técnico es aquel que contiene entre muchos otros datos de la obra, la siguiente información: monto de la obra, modalidad de licitación, empresa que la construye, ubicación de la obra, número de beneficiarios, características técnicas de la obra, en qué consiste la obra (dimensiones, material utilizado, características constructivas), fecha de inicio y terminación”.
La dependencia nuevamente solicitó información sobre los expedientes técnicos y decidimos enviar un oficio comunicado que ante la negativa, presentaríamos un recurso de revisión ante el IFAI.
Finalmente, el Inifed el día de ayer respondió con información parcial (no envió los expedientes técnicos), por lo que continuaremos con el recurso de revisión ante el órgano garante federal.

Buenas noticias

La semana pasada se aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que será aplicable en todo el país y sin duda tendrá un impacto muy positivo en el estado de Guerrero. Los transitorios consideran un plazo de un año para que las legislaturas estatales homologuen su ley local a la ley general.
Así es que hay que revisarla y sobre todo a presionar para que los diputados de esta legislatura la aprueben y se retiren con por lo menos un punto en su haber.

Sedatu opaca: Las cifras de vivienda en Guerrero no cuadran

El Sur de Acapulco
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del gobierno de la república ha sido una dependencia poca transparente en el Plan Nuevo Guerrero, del que el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que se manejaría con total transparencia. Específicamente de la información sobre la construcción de viviendas en Guerrero, la dependencia federal mantiene un gran desorden y parcialidad en sus datos, de tal manera que no coinciden la información que difunden sus funcionarios en declaraciones a la prensa, ni los que publica el portal electrónico del Plan Nuevo Guerrero ni los que entrega como resultado de solicitudes de información.
Esta anarquía en la información no permite hacer un balance certero del ejercicio de los recursos del publicitado Plan Nuevo Guerrero, pues no hay información básica congruente, y lo que encontramos deja entrever o una total ineficiencia para establecer controles efectivos al dinero público en la construcción de viviendas o una gran negligencia y un claro propósito de ocultar información con fines no declarados.
La Sedatu es una de las dependencias que ha tenido un gran peso en la reconstrucción del estado, luego de las afectaciones por las lluvias torrenciales de septiembre de 2013, a partir de las cuales el presidente Peña Nieto constituyó el Plan Nuevo Guerrero, con cuantiosos recursos del erario.
Sin embargo, el trabajo de la dependencia deja muchas dudas, y a esta fecha no hay certeza de cuántas viviendas se construyeron, y cuántas más se edificarán, a cuánto asciende lo ejercido, qué empresas han participado en estas obras, y quiénes son los beneficiarios y en qué localidades y municipios.
En esta entrega se documenta la comprobada intención de ocultar información de la Sedatu que contrasta con el discurso presidencial que prometió transparencia, y también con las todavía numerosas muestras de inconformidad de grupos de damnificados que se quejan de la desatención de la Sedatu.

Anarquía de cifras

A un año de la tragedia, en septiembre de 2014, el gobierno de la república anunció un avance de 60 por ciento en la reconstrucción y un gasto de 41 mil millones de pesos. En esa ocasión, tocó a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, encabezar la ceremonia donde anunció que “tengan la plena seguridad, todas las casas, los puentes, las clínicas, los hospitales, todo, absolutamente todo se va a cumplir en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto”.
En su intervención, el ex titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, explicó que la dependencia a su cargo tenía 10, 776 acciones, de las cuales 5,672 correspondían a la construcción de viviendas, y de éstas, ya se habían entregado 2,654. Detalló el ex funcionario que en 74 localidades se construirán más de 20 viviendas, en 354 localidades se construirán 5 viviendas y en 298 localidades se construirá al menos una vivienda.
Sin embargo, a diferencia de estos datos y como respuesta a una solicitud de información presentada en julio de 2014, la Sedatu comunicó que al mes de septiembre de ese año, se habían construido 6,281 viviendas con una erogación de 753.7 millones de pesos en beneficio de 24,495 habitantes.
Es decir, hay una diferencia abismal en el número de viviendas construidas reportadas por el ex secretario y lo que respondió la dependencia ante una solicitud de información de 3,627 viviendas.
Peor aún: en una segunda petición de información donde se solicitó “Número total de viviendas que se tienen proyectadas construir para atender a los afectados”, la dependencia escuetamente respondió que “más de 6 mil.” ¿Cuál es la información correcta?
En cuanto a los recursos ejercidos, los números tampoco cuadran. A lo largo de 18 meses, el portal electrónico del Plan Nuevo Guerrero ha modificado frecuentemente las metas y los recursos gastados en los diferentes rubros.
Por ejemplo, en los datos abiertos más recientes publicados en la página web, en el rubro de vivienda rural y como parte de los programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Hábitat y Fonhapo, se gastaron 188.6 millones de pesos en la localidad de El Capricho; y en la Pintada y “otras localidades”, 64 millones de pesos. No se especifica cuántas viviendas en cada caso, aunque según datos obtenidos de la prensa, se edificaron 134 viviendas en El Nuevo Capricho, municipio de Ometepec; y 190 en la Nueva Pintada, municipio de Atoyac.
Por cierto, personas que conocen La Pintada afirmaron que no fueron 190 viviendas, sino 125 las que se construyeron; parcialmente tienen servicios y el día de la inauguración hubo gran hermetismo para evitar protestas durante el acto. Eso sí, las viviendas por fuera lucían muy bien pintadas con colores pastel, pues La Pintada fue la comunidad emblema en la construcción de vivienda del gobierno de Peña Nieto. 
A través de la Comisión Nacional de Vivienda, se presupuestaron subsidios hasta por 22,500 por vivienda para reparación, con un monto global de 50 millones de pesos. En el caso del programa Vivienda Digna de Fonhapo, los datos indican que invirtieron 43.6 millones de pesos.
Asimismo, en Vivienda, la Sedatu tiene autorizados 600 millones de pesos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, y 948.3 millones de pesos del Fondo Guerrero.
En total, sólo en materia de vivienda se autorizaron al 15 de febrero 1,893.5 millones de pesos, de los cuales se han gastado a esa misma fecha 1,229.5 millones, sin que haya datos precisos sobre el número de viviendas construidas.

Las cuentas alegres

Los comunicados y declaraciones de funcionarios de la Sedatu son demasiado optimistas, dice uno de ellos: “En la víspera de Navidad, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entregó 73 viviendas y llevó alegría a familias guerrerenses afectadas por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel”.
Antes, el ex titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmaba en el mes de septiembre de 2014 que “ya no habrá ninguna persona en albergues; todas las comunidades estarán atendidas, y que Sedatu no se retirará de Guerrero, hasta que no se haya terminado la última de las viviendas comprometidas”, dice un boletín de prensa.
Durante la asignación de 52 viviendas en Petaquillas del municipio de Chilpancingo, el comunicado de prensa de la Sedatu del 5 de febrero de 2015 reseñó el acto de entrega: “En un ambiente de algarabía y de emoción, una de las beneficiadas, de nombre Gloria Ríos Bernal, agradeció profundamente al presidente de México, Enrique Peña Nieto y al titular de Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, por su solidaridad y apoyo para la realización de sus nuevos hogares”.
Otra de las beneficiadas, la señora Andrea Marino García, expresó que la asignación de su nueva vivienda, la hace sentir muy contenta, ya que ahora, su familia podrá tener un patrimonio.
“Estamos orgullosos, contentos porque con sacrificio, anduve luchando, vueltas para allá y por aquí. Yo les daría muchas gracias y que Dios lo bendiga, a Sedatu y a Peña Nieto, porque estoy orgullosa de que por ellos, estoy logrando lo que yo he pedido”, dijo.
Estos testimonios contrastan con la cantidad de inconformidades de colonias y poblados guerrerenses que evidencian la desatención de la Sedatu.
Apenas en marzo, el Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña consideró una burla que ningún representante de esa dependencia llegara a la reunión programada para atender el problema de sus casas, por lo que la emplazaron a concretar la reunión en esa semana o iniciarán movilizaciones. Y así como ésta, en todo el estado la gente protesta porque no se siente atendida. Esta incertidumbre se acentúa cuando la dependencia no proporciona información fidedigna.

Para documentar la opacidad

El 3 de septiembre de 2014 presentamos ante la Sedatu la solicitud de información folio 1500062114, pidiendo entre otros datos, el número total de viviendas que se tiene proyectadas construir para atender a los afectados; criterios técnicos y sociales que se emplearon para decidir dónde construir las viviendas; expedientes técnicos de los diferentes tipos de vivienda; monto total de la inversión aplicada en las viviendas; costo individual de cada tipo de vivienda; criterios utilizados para decidir a los beneficiarios; nombres y localidades de los beneficiarios de vivienda.
Esta información, que una dependencia eficiente tendría en sus archivos sin ningún problema, a la Sedatu se le complicó mucho darla a conocer, pues el 2 de octubre de ese mismo año pidió una prórroga argumentando que “con el fin de continuar con la búsqueda de la información solicitada, es necesario ampliar el plazo”.
Fue hasta el 30 de octubre de 2014 cuando la Sedatu respondió, aunque lo hizo de manera parcial. En un escueto oficio, contestó que se tenía proyectada la construcción de “más de 6,000” viviendas. Asimismo, informó el “costo individual de cada tipo de vivienda”: reparación de daños menores, hasta 5,500 pesos; reparación de daños parciales, hasta 28,000 pesos; reparación de daños totales, hasta por 120 mil pesos. “En caso de reubicación de vivienda, los beneficiarios reciben un lote y un paquete de obra con valor de hasta 120 mil pesos”.
El problema fue cuando la Sedatu informó que entregaría los expedientes técnicos de las viviendas y el listado de nombres y localidades de los beneficiarios de las viviendas hasta que se pagaran los derechos correspondientes. Sin embargo, la dependencia no dijo el importe que se debería cubrir y los datos bancarios para realizar el depósito. Hicimos varias llamadas a la unidad de transparencia para solicitar los datos, pero no los conseguimos.
Presentamos entonces un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI), pero con mucho cinismo, la Sedatu aseguró que me había enviado un correo electrónico con los datos del costo y bancarios para el depósito.
“mediante correo electrónico, de fecha 03 de diciembre de 2014, esta Unidad de Enlace, emitió al hoy recurrente un alcance a su solicitud de información en la que se le comunicó que la información requerida se encuentra disponible”.
Ese correo nunca fue recibido y el IFAI dio por bueno el alegato de la Sedatu y nunca se comunicó con el recurrente para aportar las pruebas en contrario. El recurso de revisión fue sobreseído por el órgano garante mediante la resolución RDA 4954/14.

El padrón de beneficiarios

Luego de pagar 320 pesos, la Sedatu nos hizo llegar copia de los expedientes técnicos y el listado de beneficiarios de vivienda en el estado de Guerrero. Aunque es evidente que el listado enviado fue impreso desde un archivo electrónico (formato Word), la dependencia se negó a entregarlo vía electrónica y obligó al solicitante a pagar las fotocopias, si quería tener la información.
Las desventajas son varias y no es fortuito que hayan decidido hacerlo así, congruente con la orientación que la dependencia ha mostrado hacia la opacidad. Con este formato, no se puede reutilizar la información, es decir, no hay posibilidad de cruzar nombres de los beneficiarios, buscar repeticiones, no se puede hacer un conteo automático por localidad y municipio, etc. La Sedatu no quiere que se procese la información.
Sin embargo, no obstante las dificultades técnicas, hicimos una conteo general de los beneficiarios a partir de las copias que envío la Sedatu. Por ejemplo, el total de beneficiarios es de 10,378, y no las 24,495 personas que la dependencia difunde por otras fuentes.
Asimismo, hay irregularidades que se detectan a simple vista: un total de 659 personas incluidas en el listado no tienen apellidos, es decir, sólo aparece el nombre. La relación no tiene ninguna lógica ni orden, pues los beneficiarios no está agrupados ni por comunidad, ni por municipio, sino que están en completo desorden. No hay ningún dato que indique la modalidad de apoyo que recibió cada beneficiario ni cuántos de ellos están en espera de recibir sus viviendas. Es un padrón muy dudoso.
En general, son 74 los municipios considerados dentro del listado de la Sedatu. Acapulco es el municipio que aparece con más beneficiarios con 1,289, le sigue Tixtla con 1,254 y Chilpancingo con 899 beneficiarios. Los municipios con menos acciones de vivienda son Tlalchapa, con 3, Buenavista de Cuéllar con 2 e Iguala con 1.
Así están trabajando las dependencias federales en Guerrero en el Plan Nuevo Guerrero. Uno de los argumentos para que el gobierno de la república ejecutara las obras fue que lo harían con más transparencia, pero se confirma que sólo querían controlar los recursos financieros y gastarlos discrecionalmente.

 

Sin transparencia, los recursos del Plan Nuevo Guerrero

El Sur de Acapulco

El gobierno de la república, encabezado por Enrique Peña Nieto, les mintió a los guerrerenses. Les dijo que el Plan Nuevo Guerrero, cuyos recursos financieros se invertirían en la reconstrucción del estado, luego de las afectaciones por las torrenciales lluvias de septiembre de 2013, se ejercerían con rigurosa transparencia. Pero no ha sido así, pues a partir de ejercicios para el acceso a la información, se observó una abierta falta de transparencia que impide el seguimiento y la vigilancia de los recursos.

Si bien se puede encontrar alguna información en el portal Transparencia Presupuestaria, en la liga Plan Nuevo Guerrero, ésta incluye sólo datos muy generales y simplemente no es estratégica para hacer un seguimiento. Y cuando se solicitó a varias dependencias federales (Sedatu, Inifed, SCT, Secretaría de Economía) información diferente y con mayor detalle de la que publica ese portal electrónico, relacionada con la reconstrucción, éstas escondieron y retrasaron los datos o sus respuestas fueron muy parciales y en algunos casos la declararon parcialmente confidencial.
Las respuestas desafortunadas que recibimos a estos ejercicios de acceso a la información para indagar un programa con tantos recursos como el Plan Nuevo Guerrero parece que son cada vez más frecuentes en el gobierno federal –ya no sólo en los estatales y municipales- para ocultar información relevante.
Aunado a esto, por vez primera en la experiencia de quien esto escribe, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ya no fue un organismo diligente en sus procedimientos, sino una entidad burocratizada, que en este ejercicio de investigación del Plan Nuevo Guerrero no hicieron expedito su trabajo.
Hoy comenzamos una serie de textos que examinan la transparencia y el acceso a la información en el uso de los recursos del Plan Nuevo Guerrero, del que se prometió transparencia, y hoy sólo se conoce información muy parcial, en el mejor de los casos, que despiertan numerosas dudas.
Una de las dependencias más reacias a entregar información fue la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que tiene a su cargo la construcción de viviendas para quienes las perdieron en septiembre de 2013.

La promesa

Con bombo y platillo, el presidente Peña Nieto anunció el 7 de noviembre de 2013 que la Cámara de Diputados decidió “respaldar a Guerrero en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ampliando los recursos del Fonden, con una cantidad importante de siete mil millones de pesos, pero que además esto posibilitará que el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda, pueda a través de mecanismos financieros, ampliar el monto de inversión que será del orden de 30 mil millones de pesos a favor de la entidad el próximo año”.
Y agregó el presidente: “Para que esta ayuda rinda frutos y llegue efectivamente a quienes más lo necesitan, son imperativas la transparencia y la participación social”.
En su turno, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, abundó que el Plan de Nuevo Guerrero representaba una “oportunidad de ejercer los recursos de manera ejemplar, con la participación de la ciudadanía y con absoluta transparencia”.
“Por eso, en cumplimiento a la instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto, en el ejercicio de los recursos Federales del Plan Nuevo Guerrero se introducirán nuevas formas de participación y vigilancia ciudadana, como, por ejemplo, un sistema de obra pública abierta, que permitirá que la ciudadanía verifique con información en tiempo real el costo y el avance de las obras”.
En esa ocasión, para la vigilancia de los recursos, según informó el presidente, se integró un Consejo Estatal y Comités Comunitarios para la Restauración de Guerrero -en cuya membresía predominaron los representantes empresariales y de colegios de profesionales, que auguraban desde entonces que este “organismo ciudadano” tendría un funcionamiento estéril, poco crítico y muy complaciente con el ejercicio de los recursos.

Opacidad en la construcción de viviendas

La falta de transparencia de la Sedatu es sólo un ejemplo de la manera como se están ejerciendo los recursos públicos federales, en este caso los destinados a la construcción de vivienda, dentro del Plan Nuevo Guerrero.
Ante dos solicitudes de información para conocer con detalle los datos básicos sobre el programa de vivienda que opera, la Sedatu hizo todo los posible por ocultar la información, lo que da pie a muchas interpretaciones sobre si se están ejerciendo con honestidad los recursos, porque con transparencia no.
El 28 de julio de 2014 se presentó la solicitud de información folio 0001500050814 para requerir los siguientes datos: “Número de viviendas construidas al 15 de julio de 2014 como parte de las afectaciones por los fenómenos metereológicos en septiembre de 2013 en el estado de Guerrero. Esta información desglosada por municipio, localidad, monto invertido y población beneficiada”. Es decir, información elemental que la Sedatu está obligada a tener en sus registros.
Sin embargo, el 25 de agosto de 2014, la Sedatu anunció que requería de una prórroga para responder a la solicitud. La justificación, que por obligación normativa deben hacer saber al solicitante, fue en los siguientes términos: “Con el fin de continuar la búsqueda de la información solicitada, es necesario ampliar el plazo”.
El 24 de septiembre de 2014, la Sedatu dio respuesta a la solicitud de información proporcionando datos muy escuetos y diferentes a los solicitados. Respondió la dependencia entregando un reporte con corte a septiembre de viviendas en construcción –cuando lo que se solicitó fueron las viviendas construidas al 15 de julio- con un total de 6,281 viviendas y el desglose fue por cada una de las regiones del estado.
También informó que el “monto ejercido” fue de 753.7 millones de pesos, y la población beneficiada alcanzó los 24,495 habitantes.
No sin cierto sarcasmo, la Sedatu remató: “Con lo anterior, se da respuesta en forma clara y completa a su solicitud de acceso a la información pública”.
Ante esta información parcial que nos entregaron, e 7 de octubre de 2014 presentamos un recurso de revisión debido a que “el sujeto obligado no entregó de manera completa la información que se le requirió, no obstante que solicitó prórroga y tuvo el tiempo suficiente para hacerlo”.

Las mañas de la Sedatu

Ante el requerimiento del IFAI, la Sedatu respondió que “bajo el principio de disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados a que se refiere el artículo 6 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental debe considerarse que la información requerida por el particular únicamente se encuentra disponible por región y no por municipio y localidad”.
Agregó la dependencia que de acuerdo con el artículo 42 de la LFAIPG, no está obligada a entregar información que no esté en sus archivos.
Con esta decisión de la dependencia, se observó un claro intento de ocultar la información –el primero de varios-por parte de la Sedatu. Es difícil de creer que la dependencia no lleve un control riguroso del número de viviendas construidas en cada municipio y localidad, pues si no es así, entonces estamos ante un grave problema de eficiencia e ineptitud en la dependencia. Y además, ¿dónde quedó el compromiso de Peña Nieto de transparentar el Plan Nuevo Guerrero?
El IFAI desnudó la opacidad de la dependencia. Le señaló, por ejemplo “que no remitió la solicitud para su atención a todas las áreas que pudieran contar con la información”, y enumeró varias oficinas “que pudieran contar con la información requerida, toda vez que sus atribuciones se encuentran directamente relacionadas con la materia de la solicitud”.
Asimismo, la Sedatu se vio evidenciada cuando el IFAI revisó la página electrónica de la dependencia, en Sala de Prensa, donde se publicaron una serie de boletines institucionales sobre las actividades que realiza la Sedatu, y entre los cuales “se pudo encontrar una cantidad importante de boletines relacionados con la entrega de viviendas a familias que resultaron afectadas por el desastre natural del año dos mil trece en el estado de Guerrero”.
Incluso, el órgano garante federal acopió varios ejemplos obtenidos del portal electrónico de la Sedatu, como el que transcribimos a continuación: “El gobierno federal, a través de la Sedatu, entregó hoy 92 viviendas a igual número de familias de Tierra Caliente, Norte y Costa Chica, Guerrero, que resultaron afectadas por los fenómenos naturales Ingrid y Manuel.”
Añadió el boletín de prensa publicado en septiembre de 2014: “Con la adjudicación simultánea de 92 casas, 20 de ellas en Ajuchitlan, 11 en Changata, 20 en Sinahua, 15 en Tierra Blanca, 23 en Tepecoacuilco (en las comunidades de San Juan Tetelcingo 5, San Agustín Oapan 15 y San Miguel Tecuixipan 3) y tres en Costa Chica, suman mil 219 viviendas entregadas al día de hoy, y se espera que para el 16 de septiembre se tengan terminadas poco más de dos mil 500 viviendas”.
Se observa en los boletines de prensa de la Sedatu que si cuentan con información desglosada por municipio y por localidad, lo que es incongruente con la respuesta dada a una solicitud de información.
Es decir, la Sedatu tiene dos criterios en el manejo de su información, cuando se trata de describir el trabajo y las actividades de la dependencia con el propósito de difundirlos en los medios de comunicación, sí se esmera en brindar información con mucho detalle; pero cuando se trata de responder a las solicitudes de información de las y los ciudadanos, solo entregan información muy general.
Esta incongruencia fue comentada por el IFAI en los siguientes términos: “toda vez que la fuente de la información pública localizada [boletines de prensa] corresponde al propio sujeto obligado, es inaceptable considerar que la información requerida no se encuentre con el grado de desglose requerido por el particular”.
Asimismo, comenta que “no se puede considerar que la búsqueda [hecha por la Sedatu] hubiese sido exhaustiva ni llevada a cabo con el criterio adecuado, máxime que se localizaron boletines de prensa del sujeto obligado que dan a conocer información con el grado de desglose requerido por el particular”.
Con estos argumentos, el IFAI emitió, el 20 de noviembre, la resolución RDA4353/14 en los siguientes términos: Se revoca la respuesta emitida inicialmente por la Sedatu, y además se instruye a la Sedatu “para que un plazo máximo de diez días hábiles” cumpla con lo ordenado en la resolución, es decir, entregar la información.

Sedatu no superó la opacidad

En un claro desafío a la resolución emitida por el IFAI, la Sedatu siguió ocultando la información solicitada. En el último día que tuvo para entregar los datos (19 de enero de 2015), la dependencia entregó información correspondiente a una semana, del 14 al 18 de julio de 2014, cuando claramente se lee en la solicitud que la información requerida abarca desde que se comenzaron a construir viviendas en 2013 por las lluvias torrenciales provocadas por Ingrid y Manuel y hasta el 15 de julio de 2014.
Fue en este punto del proceso donde el IFAI comenzó a presentar una cara burocrática y de ineficiencia, ya que buscamos asesoría en diferentes áreas del organismo, y nadie pudo proporcionar datos sobre el área correspondiente para el seguimiento de las resoluciones. Incluso, siguiendo las indicaciones en la resolución, se envió un comunicado al correo vigilancia@ifai.org.mx para expresar la inconformidad sobre la información recibida de la Sedatu, y nunca hubo respuesta.
Finalmente, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno de la república se salió con la suya, y afectó el derecho de acceso a la información de la ciudadanía.
Lo anterior, no obstante que el en su resolución, el IFAI informa que “en caso de encontrarse insatisfecho con la resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación”.
No es la resolución la que falló en este caso, sino el andamiaje institucional del seguimiento de las resoluciones del IFAI, que nunca brindaron una respuesta para atender el debido cumplimiento de la Sedatu.
A ocho meses de que se presentó una solicitud de información para requerir datos básicos de las viviendas construidas en Guerrero, ganó la opacidad del gobierno de la república.

 

 

La vigilancia a la obra pública, simulación

El Sur de Acapulco

Ángel Aguirre Rivero le mintió descaradamente a la población de Guerrero. Le hizo creer que su gobierno sería transparente y hasta se atrevió a anunciar la creación de un organismo ciudadano, como una forma de hacer contrapeso a su gobierno en un tema sensible que involucra muchos recursos financieros como son las adquisiciones y la obra pública. Pero el ejercicio fracasó, fue una simulación, ya que el ex mandatario estatal nunca tuvo la intención de hacer partícipe a la ciudadanía para que realmente vigilara una parte importante del quehacer gubernamental, pues había muchos negocios de por medio que se cocinaban en el interior de su gobierno.

Hoy sabemos que la creación del Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones del Estado de Guerrero fue sólo un parapeto para engañar nuevamente a los guerrerenses, mientras su familia y amigos trasquilaban los recursos públicos. Su coartada le fue muy útil para armar un discurso de que su administración gobernaba con ciudadanía, pero no le duró mucho.

Los antecedentes

Esta práctica de crear un organismo ciudadano de vigilancia, Ángel Aguirre ya la había ensayado en su primer periodo de gobierno a finales de los noventa. Puede suponerse que le fue útil mediática y discursivamente porque lo volvió a hacer.
En esos años, específicamente el 7 de abril de 1998, por iniciativa suya y aprobación del Congreso, se publicó en el periódico oficial del estado el Decreto No. 128, que crea el Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones, cuyo primer artículo establecía que la finalidad del organismo era “supervisar y vigilar directamente la realización de obras y compras del Gobierno del Estado de Guerrero, con el objeto de que las mismas se ajusten a la normatividad vigente y libremente presenten opiniones y recomendaciones al respecto”.
Sin embargo, no se conocen resultados de este primer consejo, ni tampoco la emisión de reportes o recomendaciones públicas para hacer transparentes las compras y construcciones gubernamentales, y conociendo los manejos que solía hacer el ex mandatario, no es difícil concluir que esa primera versión del consejo ciudadano fue un fracaso.
La LVI Legislatura del Congreso del estado, durante el gobierno de René Juárez Cisneros, se encargó de la muerte jurídica del consejo ciudadano de Aguirre mediante el Decreto por el que se abroga el diverso que crea el consejo ciudadano de vigilancia de la obra pública y las adquisiciones y extingue el consejo, que fue aprobado en la sesión del 11 de mayo 2001.
Independientemente de que este organismo ciudadano no haya tenido ninguna utilidad, los argumentos expuestos por la administración de Juárez Cisneros y avalados por los legisladores para dar fin a esta figura ciudadana son grotescos. Por ejemplo, argumentaron que la normativa “única y exclusivamente facultan a la Contraloría General del Estado, para el control y supervisión de los recursos en su etapa de ejecución; por otra parte el gobierno del estado de Guerrero, tiene signado un convenio con la Secretaría de Desarrollo Administrativo [hoy Secretaría de la Función Pública], para que en su nombre y representación sea la Contraloría General del Estado quien supervise, controle y vigile el ejercicio de los recursos federales destinados a la obra pública en el estado y los municipios”.
Y más adelante explicaban que “en la presente administración se han implementado políticas y sistemas tendentes a proveer la plena observancia del marco legal, por considerar que constituye la prioridad esencial para un gobierno que busca garantizar el buen desempeño en las funciones de los servidores públicos, previendo el mal uso de los recursos públicos; el enriquecimiento ilícito y todas aquellas acciones que pudieran atentar contra el orden normativo”.

El segundo Consejo

Al calor de la campaña electoral por la gubernatura 2011-2015, el entonces candidato Ángel Aguirre propuso la creación de un consejo ciudadano para que vigilara la transparencia y la legalidad en las adquisiciones y la obra pública en el estado. Por lo cerrado que se suponía la disputa electoral, Aguirre requería atraer a todos los simpatizantes, y fue en el debate que sostuvo con Manuel Añorve Baños (realizado el 18 de enero de 2011), que Aguirre Rivero se fue de boca y se comprometió a crear el consejo.
Pero la coartada de Ángel Aguirre era diluir en la simulación el compromiso adquirido, pues fue hasta finales de octubre de 2011 cuando el ex gobernador envió la iniciativa de decreto al Congreso del estado para su análisis y aprobación. Los diputados locales aprobaron el decreto el 7 de febrero de 2012, y su publicación en el periódico oficial del estado se realizó el 17 de febrero del mismo año, es decir, a casi un año de haber asumido la gubernatura.
Aun con decreto publicado, la táctica de dilación continuó, pues correspondía precisamente al ex mandatario estatal proponer ante el Congreso una terna de ciudadanos y ciudadanas para integrar el naciente organismo.
Lo anterior, no obstante que el decreto, en su artículo segundo transitorio, ordenaba que “El Consejo deberá instalarse dentro de los treinta días siguientes a la publicación de este Decreto”.
Transcurrieron 2 años y tres meses después de que asumió la gubernatura, para que el ex mandatario se refiriera nuevamente el tema. En una actividad realizada el 8 de julio de 2013, “Ángel Aguirre Rivero anunció –como si fuera la primera vez- la creación del Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia de las Adquisiciones y Contratación de la Obra Pública”.
En esa ocasión, el ex gobernador advirtió que quien cometiera una desviación sería sancionado. Y todavía más, ahí mismo aseguró “que un acto de corrupción es un delito, pero cuando se comete en una entidad como Guerrero, con tanta pobreza, es un crimen”, según un boletín de prensa del Ejecutivo estatal.
“Jamás voy a permitir que cuando ya no estemos en el gobierno se nos hagan señalamientos de los cuales todos nos sentiríamos mal”, dijo, imperativo, el ex mandatario.
Y fue hasta el 16 de enero de 2014, a menos de dos años de que concluyera su periodo constitucional, que tomó protesta a los integrantes del consejo ciudadano. En un acto oficial, convocó a los consejeros “a cumplir con responsabilidad y entrega en la tarea tan importante que se les encomendó, pues serán ellos quienes vigilen, enriquezcan y denuncien cualquier anomalía en la ejecución de los diversos proyectos”.

Organismo sin resultados

Entre las primeras actividades del recién designado consejo ciudadano se cuenta una reunión con el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano el 16 de febrero de 2014, para presentar las obras de infraestructura realizadas del 2011 al 2013, así como los proyectos ejecutivos de las acciones programadas para el 2014.
Durante el encuentro, el funcionario estatal destacó la importancia de contar con un consejo de esa naturaleza, pues a través de él, dijo, la ciudadanía cuenta con la certeza de que las obras se están realizando en tiempo y forma.
“A nosotros nos sirve como una transparencia el que ellos vengan y revisen lo que estamos haciendo desde un inicio, desde cómo estamos realizando el proyecto que es la necesidad real que estamos haciendo, y cómo se está licitando”, señaló el titular de la Seduop.
Semanas después, los integrantes del consejo ciudadano se reunieron con el ex gobernador (4 de marzo de 2014), quien “reconoció la importancia de que la sociedad, representada en este Consejo esté enterada de las obras y adquisiciones que realice el gobierno del estado, lo que dará, dijo, mayor confianza y transparencia”.
Igualmente les solicitó que en caso de que identifiquen obras que no cumplan con las normas se convoque de manera inmediata a una reunión para que se tomen las medidas necesarias.
Pero todo este discurso del ex gobernador y sus secretarios muy pronto cayó por su propio peso, pues los consejeros se quejaron de que la administración de Aguirre no les proporcionaba la información necesaria para realizar su trabajo.
El primer presidente del consejo, José Luis Sánchez Ortiz, denunció en un diario de Acapulco que tanto las autoridades del gobierno del estado y como las del ayuntamiento de Acapulco no presentaban información completa de las obras que se construyen con recursos públicos. El consejero tomó como ejemplo la obra de infraestructura del Acabús, de la cual tienen, dijo, el expediente incompleto, ya que no incluye “el proceso de licitación, ni el monto de la obra, no tenemos el proyecto ejecutivo”.
Señaló que para iniciar cualquier obra pública, se debe tener un proyecto a la vista que indique a que empresa fue licitado el proyecto y el monto con el cual fue asignado, además de un calendario de la obra, “no, nos dan esa información, debe ser abierta, debe ser al público”, denunció.
Para el caso de Acapulco, habló de las obras de remodelación sobre la costera Miguel Alemán, las cuales anunció el presidente municipal se habrán de suspender por el tiempo que duren las vacaciones de verano.
Al respecto, José Luis Sánchez Ortiz, mencionó que han hecho diversas recomendaciones, como el no abrir toda la zona de peatones, consideró que debieron iniciar por partes, “porque causa un gran impacto, un gran daño social y crea mucha inseguridad, provoca muchos accidentes, se ve la ciudad colapsada, entonces nosotros le proponíamos abrieran por tramos”, sin embargo, su observación no fue tomada en cuenta.
En septiembre de 2014, el consejo ciudadano solicitó la destitución del titular de la Seduop, porque no había permitido tener acceso a la información de las construcciones que se realizan en el estado, como montos y avances de las obras.
En un video que circula en las redes sociales, el segundo presidente del consejo, Sergio Salmerón Manzanares, aseguró que “el secretario de obra pública ni siquiera nos atiende y tampoco da información. Son de los cuestionamientos que este consejo hará, y si es necesario pedir su renuncia, pues la vamos a pedir”.
Esta información fue confirmada por el tercer presidente del consejo ciudadano, Ezequiel Larumbe Radilla, quien en entrevista comentó que dos problemas graves impidieron a los consejeros realizar su trabajo: la falta de información, particularmente de la Seduop, y la carencia de recursos para la operación del Consejo (personal técnico, oficina, papelería, equipo de cómputo, etc.).
Por cierto, Larumbe Radilla negó que el gobierno del estado les proporcionara recursos para la operación del Consejo. Sin embargo, un boletín del gobierno, fechado el 1 de abril de 2014, informa que “En respuesta a su compromiso de brindar las condiciones para el desempeño en sus actividades, el gobernador Ángel Aguirre Rivero entregó recursos a los integrantes del Consejo Ciudadano para la Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones en el Estado, para que inicien operaciones y cumplan a cabalidad con la tarea que les fue encomendada como lo es el vigilar que las obras que se han puesto en marcha se realicen con los estándares de calidad”.
Para saber más sobre los recursos supuestamente entregados al Consejo, se presentaron sendas solicitudes de información tanto a la secretaría particular del gobernador, como a la Secretaría de Fianzas y Administración. Esta última dependencia fue la que desmintió al gobernador.
“Sobre el particular, le informo que la Dirección General de Presupuesto Sector Central manifiesta que de acuerdo a los registros presupuestales con los que cuenta, se realizó un búsqueda en sistema, no encontrándose información a favor del Consejo para la Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones en el estado”.
Y agregó la Sefina: “Asimismo, al analizar el decreto No. 1008 por el que se crea el Consejo de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones en el Estado de Guerrero, no se encontró referencia alguna respecto al pago de sueldos, honorarios u otro tipo de compensación económica que se deba entregar a los integrantes de ese organismo”.
Otra vez, Ángel Aguirre Rivero había mentido.

Lo que hace falta

Hoy que los candidatos y la candidata a la gubernatura están muy activos, deben tomar una posición sobre estos órganos de participación ciudadana. Especialmente se requiere crearlos y dotarlos de facultades que les permitan hacer una auténtica vigilancia ciudadana y permitirles autonomía de gestión. Si van a proponer lo mismo que Ángel Aguirre o su intención es hacer órganos decorativos, mejor que no propongan nada.
Sería plausible que entendieran las causas de la crisis social y política que vive el estado y propusieran reformas profundas a lo que se ha venido haciendo. Si no lo hacen, el que sea electo e electa tampoco concluirá su administración.

 

Ayuntamientos, ineficientes y opacos: ASF

El Sur de Acapulco

Las revisiones aplicadas por la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública no sólo descubrieron el desvío de recursos públicos que realizó el gobierno del estado, sino que entre los ayuntamientos guerrerenses auditados también encontró numerosas irregularidades y presuntos desfalcos en el ejercicio de los recursos de 2013.

Como se desprende de las conclusiones del órgano fiscalizador federal, los gobiernos municipales han sido ineficientes para administrar los recursos que se les asignan e ineficaces para contribuir a superar los grandes rezagos sociales en que vive la población. Como dice la ASF, los ayuntamientos cumplen parcialmente (en el mejor de los casos) los objetivos y metas de los programas sociales de los que reciben recursos financieros.
Independientemente de los hallazgos de la ASF –que se antojan bastante indulgentes, pues la actual normativa de fiscalización es muy laxa y permisiva- lo cierto es que detrás de cada irregularidad hay historias de escándalo relacionadas con el desvío de recursos y franca corrupción, que muy difícilmente pueden ser documentadas.  Finalmente lo único que hace bien quienes operan la corrupción en los ayuntamientos es no dejar rastro de sus acciones.

Conclusiones de la ASF

En total, la ASF revisó las cuentas públicas de 28 ayuntamientos –algunas en coordinación con la Auditoría General del Estado- especialmente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que es el de mayor cuantía que reciben los ayuntamientos y que se destina particularmente para obra pública en comunidades de alta y muy alta marginación.
En casi todas las auditorías, el órgano fiscalizador concluyó que los gobiernos municipales no realizaron una gestión eficiente y transparente de los recursos del FAISM, ya que registraron “inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, que generaron probables daños o perjuicios a la Hacienda Pública.
Una de las mayores ineficiencias observadas por el órgano fiscalizador es que los “municipios no disponen de un adecuado sistema de control interno que les permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo (FAISM), la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió de manera importante en las observaciones determinadas en la auditoría”.
Algunos alcaldes respondieron al pliego de observaciones tratando de justificar las deficiencias, y resalta la respuesta del alcalde de Zitlala, quien ante el cuestionamiento de la ASF, respondió que “por el hecho de no tener un órgano de control interno, no exenta a los funcionarios [municipales]de conducir su actuar conforme a los principios de lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia, so pena de recibir las sanciones establecidas en leyes aplicables”. Una verdadera joya de la ineficiencia y la irresponsabilidad.
Otro de los renglones que les fue observado a todos los ayuntamientos fue que los municipios, para la planeación de las inversiones del FASIM, no se apoyaron en información actualizada sobre los déficits de servicios e infraestructura básica, ni realizaron estudios sobre las zonas y grupos de mayor rezago social.
Esta deficiencia de los ayuntamientos sin duda golpeó a las poblaciones que más requieren los servicios públicos municipales, ya que los alcaldes para hacer las obras, no se guían por objetivos y metas que hayan resultado de diagnósticos objetivos, sino por la improvisación, el clientelismo político y hasta el pago de favores políticos y financieros de quienes apoyaron su campaña para llegar al cargo.
Otro de los temas que no cumplieron los ayuntamientos es el de transparencia. Casi todos los municipios dejaron de reportar a la Secretaría de Hacienda alguno o todos los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos del FAISM y los formatos de Nivel Fondo; tampoco lo hicieron parcial o totalmente respecto del  avance de los cuatro trimestres de los indicadores de desempeño y mucho menos publicaron entre la población los informes trimestrales reportados a la SHCP, ni se pusieron a disposición del público en su página electrónica de Internet y de otros medios locales de difusión.
Respecto de la difusión que deben hacer hacia la ciudadanía, la ASF constató que los ayuntamientos no hicieron del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio los resultados alcanzados con el FAISM, como lo exige la ley.
Asimismo, la ASF señaló que el gobierno del estado no designó a instancias técnicas independientes para la evaluación de los recursos del FAISM, con base en indicadores estratégicos y de gestión, y no publicó en su página de internet los resultados, ni informó mediante el sistema de formato único de la SHCP, por lo que emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria ante la Contraloría General del Gobierno del Estado de Guerrero para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicien el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no designaron a instancias técnicas independientes para la evaluación de los recursos del fondo.

La compra de fertilizante, observada

Todos los ayuntamientos fueron observados por la ASF por la adquisición de fertilizante, que de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, no se encuentra entre los rubros que pueden ser pagados con el FAISM, pero que los alcaldes siempre han hecho caso omiso a esta reglamentación. Es el primer año que la ASF señala este compra irregular de fertilizante en sus informes que publica en su página electrónica.
En este renglón destaca el municipio de Cutzamala, que gastó irregularmente 25.2 millones de pesos en la compra de fertilizante, lo que representa el 80 por ciento de los recursos FAISM.
El municipio de Eduardo Neri compró fertilizante por 8.9 millones de pesos, 24.8 por ciento de su presupuesto. La justificación que hace el alcalde de este municipio a la ASF es para reproducirse: la compra de fertilizante “se realiza atendiendo la necesidad de los campesinos en el municipio, existen comunidades indígenas que dependen directamente de lo que se cultiva en la temporada de lluvias ya que no cuenta con otra fuente de ingresos, las dependencias federales que deberían atender este rubro no lo hacen.” Hay muy poca memoria para reconocer que el problema del fertilizante químico se originó de manera artificial en el propio estado de Guerrero.
El municipio de Zitlala destinó de manera irregular 16.8 millones de pesos a la compra de fertilizante (42.7 por ciento de los recursos FAISM). La justificación del ayuntamiento es que “este municipio (…) no puede prescindir de la adquisición de insumos agrícolas, dado que el fertilizante constituye una necesidad primordial de 5,864 campesinos en la producción de maíz y frijol para su autoconsumo y lo contrario generaría inestabilidad social y política”.
Otros ayuntamientos que gastaron altos porcentajes de los recursos del FAISM en fertilizante son Quechultenango, con 55 por ciento, Huitzuco, 26.7 por ciento y Olinalá, con 26.7 por ciento.

Presunción de daños o perjuicios

Todos los ayuntamientos cometieron irregularidades con el ejercicio de los recursos del FAISM, y la ASF se los señaló como “probables daños o perjuicios a la Hacienda Pública Federal”. En la mayoría de los casos se debió a la construcción de obras que no están permitidas por la Ley de Coordinación Fiscal o porque las obras o acciones no se realizaron en comunidades de alta y muy alta marginación, como lo establecen los criterios de este fondo, ya que las construyeron en las cabeceras municipales.
Chilapa fue uno de los ayuntamientos que recibieron más observaciones, por ejemplo, la AGE, que en este municipio se encargó de la revisión, determinó que están pendientes por comprobar 3.1 millones de pesos.  Asimismo, seis obras ejecutadas por adjudicación directa no presentan las fianzas de anticipo, y el ayuntamiento no presentó la evidencia de un adecuado seguimiento y control de seis obras.
Adicionalmente, en tres obras de la muestra de auditoría se determinaron conceptos pagados no ejecutados, por 1.1 millones, y el ayuntamiento no presentó la documentación comprobatoria y justificativa por la adquisición de refacciones, mantenimiento, arrendamiento de mobiliario, programas informáticos, materiales y útiles de oficina, y difusión sobre programas por 1.6 millones de pesos. Todo esto sin contar que el municipio destinó recursos por 42.6 millones de pesos en 93 obras y acciones que no están comprendidas en los rubros previstos en la normativa.
Al ayuntamiento de Chilpancingo se le observó un traspaso injustificado por 597 mil pesos con recursos del FAISM para financiar otro programa municipal sin que los haya reintegrado totalmente.
Otra irregularidad grave de Chilpancingo fue un subejercicio de los recursos ya que al municipio le fueron entregados por el fondo 141.1 millones de pesos y al 31 de diciembre de 2013 sólo ejerció 84 por ciento, y fue hasta el 31 de mayo de 2014 cuando se gastó el 99.8 por ciento del disponible.
Además, el ayuntamiento ejerció 29.8 millones en la ejecución de 21 obras y acciones que no están comprendidas en las reglas del Fondo, entre las que destacan la operación de celdas del manejo del relleno sanitario, construcción de comisaría, construcción de techados en canchas, construcción de canchas, construcción de dos lienzos charros, becas, programa de fertilizantes.
Finalmente, se presume un probable daño o perjuicio por 6.9 millones por destinar recursos a obras que no benefician directamente a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema.
Acapulco también presentó un subejercicio importante. Por ejemplo, al ayuntamiento se le entregaron 461.5 millones de pesos y al 31 de diciembre de 2013 sólo se había gastado 242.8 millones y al 31 de marzo de 2014, el monto ejercido fue de 404.2 millones de pesos, que significan un subejercicio a este último corte del 12.8 por ciento.
Asimismo, el municipio ejerció 58.2 millones de pesos en la ejecución de 36 acciones que no están comprendidas en los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, entre la que destaca la señalización en vialidades, desayunos escolares, adquisición y dotación de equipo y artes de pesca, de diversos animales de cría, insumos para cultivo de maíz y el Fondo de Garantías Líquidas.
Al municipio de Tlapa, con la revisión se detectó el sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de Ahuatepec Pueblo, que no está en operación. La obra tuvo un costo de 19.5 millones de pesos, de los cuales 3.9 millones fueron aportados por el ayuntamiento.
En el rubro de gastos indirectos, el municipio pagó 170 mil pesos para el diseño, impresión y distribución de dos gacetas municipales, gastos que no tuvieron relación directa con las obras realizadas del fondo.
En Acatepec, la ASF encontró un probable daño o perjuicio por 17 millones de pesos, y además se constató que el municipio realizó 107 obras por administración directa por 106.6 millones, que exceden los montos permitidos en la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, para la ejecución de obras por administración directa.
En Atoyac, las irregularidades observadas fueron por 26.2 millones de pesos por haber pagado con recursos siete obras y seis acciones que no se encuentran consideradas en los rubros que establece la Ley de Coordinación Fiscal.
El ayuntamiento de Ayutla pagó con los recursos del FISM 2013 una obra ejecutada en el 2010, por un importe de 2.4 millones de pesos. Dice la ASF que no se dispone de registros contables de cuentas por pagar o de cuentas de naturaleza acreedora que indiquen el compromiso del pago de dicha obra.
Los probables daños en este municipio alcanzan 60.7 millones de pesos por haber destinado recursos del Fondo a 35 obras y acciones que no se encuentran consideradas en los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, como adquisición de fertilizante, suministro de fertilizante foliar, construcción de techumbre en canchas y techado de usos múltiples y asesoría y asistencia técnica para la elaboración de la cuenta pública).

“La corrupción es un delito, pero en Guerrero es un crimen”: Aguirre Rivero

El Sur de Acapulco

La detención de familiares y colaboradores del gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero, para los guerrerenses no fue sorpresiva: todos en el estado sabían de la corrupción que operaba el llamado “hermano incómodo” de Ángel Aguirre Rivero, y nunca nadie hizo nada.
Y es que en Guerrero no existen contrapesos para contener el enorme poder que adquieren los gobernadores en turno, pues quienes tienen el deber de hacerlo, de acuerdo con las leyes –el poder Judicial y el Congreso del estado–, simplemente dejan hacer con la mayor impunidad. Y en cambio, se gestan numerosas alianzas con sindicatos, poderes fácticos, medios de comunicación y periodistas, empresarios, etcétera, uno de cuyos resultados es el saqueo de las arcas públicas y el retraso del desarrollo del estado.

¿Sólo 287 millones?

Hace unos días, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que fueron triangulados poco más de 287 millones de pesos por familiares y amigos de Ángel Aguirre. De acuerdo con la versión de la dependencia, los recursos provenían de dependencias locales y federales como la Comisión Federal de Electricidad, Banobras, la Tesorería de la Federación, la Comisión Estatal del Agua, el Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero (Cicaeg). Esos recursos iban hacia las empresas que, a su vez, los canalizaron a cuentas personales de ex funcionarios de Guerrero.
De acuerdo con la PGR, familiares de los ex servidores públicos, relacionados con estas operaciones ilícitas, son representantes legales, apoderados y autorizados en las cuentas bancarias en las diversas empresas, a través de las cuales se operaba el desvío de recursos. Los recursos fueron triangulados a través de las empresas Constructora Trabesa SA de CV, Comercializadora 2003 SA de CV y Comercializadora Topacio SA de CV.
Pero el negocio es más amplio, aunque difícilmente comprobable. Todo mexicano medianamente informado sabe que una buena parte de la “rentabilidad” de llegar a puestos clave del gobierno está en la construcción de obra pública y en el control de las adquisiciones, que dejan “ganancias” de entre 10 y 30 por ciento por concepto de “comisiones”.
Para dar una idea de la cantidad de recursos que pueden estar en los bolsillos de éstas y otras personas cercanas al ex mandatario, tomaremos en cuenta el presupuesto de egresos del estado de Guerrero, ya que las cuentas públicas del Ejecutivo estatal están desaparecidas, no se publican en ningún lugar y son manejadas como top secret.
En 2012, por ejemplo, el presupuesto de egresos del estado propuso un monto de 38 mil 186.1 millones de pesos, de los cuales 3 mil 812.1 millones se destinarían a la inversión pública. De este gasto de inversión, 2 mil 96.8 millones fueron para infraestructura, mil 335.2 millones para desarrollo social y 380 millones a servicios.
Esto rubros son los que están a merced de los funcionarios y con los que pueden negociar el famoso diezmo con los constructores y proveedores en general.
Siendo muy conservadores y aceptando que sólo cobraron comisiones de 10 por ciento, los encargados del negocio gubernamental, encabezados por el hermano de Aguirre Rivero, se llevaron sólo en 2012 la cantidad de 381.2 millones de pesos, directos a sus cuentas y sin pagar ningún tipo de impuestos ni tener problema alguno con la fiscalización.
Para el ejercicio 2013, el presupuesto de egresos del estado señalaba en el artículo 53, que “la Inversión Pública en el Estado asciende a la cantidad de 5 mil 651 millones 186 mil 390 pesos”. En congruencia con el ejercicio que realizamos, los operadores financieros de Ángel Aguirre llevaron a sus cuentas, por concepto de comisión del 10 por ciento, del orden de 565 millones de pesos, en el escenario más conservador.
Si se observa por dependencia, destaca la Cicaeg con mil 6.1 millones de pesos. Hay que recordar que es precisamente esta dependencia una de las involucradas en la triangulación de recursos investigada por la PGR.
Le siguen en importancia por su monto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que según el presupuesto de egresos 2013 ejerció 782.8 millones de pesos; y luego la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento con 655 millones, y más atrás, la Secretaría de Educación de Guerrero con 641.1 millones de pesos.
Finalmente, para el ejercicio 2014, último en el que directamente pudieron hacer negocios con contratistas y proveedores, el artículo 52 del presupuesto de egresos del estado de Guerrero señala que “la Inversión Pública en el Estado asciende a la cantidad de 6 mil 265 millones 831 mil 682 pesos”. Esto significa que en 2014 fue factible que ingresaran a las cuentas de los funcionarios, del orden de 626.8 millones de pesos correspondientes a la comisión no formal conocida como diezmo.
En 2014, la dependencia que recibió más recursos para inversión fue la Seduop con mil 254.4 millones de pesos, le sigue la Cicaeg con 961.4 millones de pesos y la Capaseg, que invirtió 625.3 millones de pesos.
Más atrás están el DIF estatal, manejado directamente por la esposa de Aguirre Rivero, que recibió 553 millones de pesos, el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa con 498.2 millones de pesos y, sorpresivamente, la Secretaría de Fomento Turístico con 315.5 millones de pesos.
El cálculo anterior da como resultado que, en tres años el monto de los recursos cobrados por los personeros gubernamentales por comisiones o diezmo, fue de por lo menos mil 573 millones de pesos.
Esto es independiente de las comisiones cobradas en el nivel municipal.

Cero transparencia

La transparencia en el ejercicio de los recursos fue un discurso constante en la administración de Ángel Aguirre. Hay declaraciones del ex gobernador que en su momento se escuchaban falsas, pero hoy, con la presunción formal de actos de corrupción en su gobierno, suenan a cinismo.
De acuerdo con un comunicado de prensa del gobierno estatal, en un acto de Transparencia, Rendición de Cuentas y Prevención de la Corrupción, realizado en Palacio de Gobierno el 8 de julio de 2013, el gobernador con licencia “aseguró que un acto de corrupción es un delito, pero cuando se comete en una entidad como Guerrero, con tanta pobreza, es un crimen”.
También dijo: “Jamás voy a permitir que cuando ya no estemos en el gobierno se nos hagan señalamientos de los cuales todos nos sentiríamos mal”.
En el mismo acto, el titular de la dependencia encargada de prevenir y combatir el desvío de recursos públicos, Antonio Arredondo Aburto, ex contralor general del estado, aseguró que “El compromiso del Gobierno del estado encabezado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero es combatir y prevenir eficazmente la corrupción fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes”. Nunca nada de eso sucedió.
Lo extraño es que, desde fuera del gobierno también existiera la creencia de esa transparencia, como el caso de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chilpancingo, que el 5 de febrero de 2014, encabezada por su dirigente, Jaime Nava Romero, “entregaron un reconocimiento al gobernador Ángel Aguirre Rivero por haber aplicado con transparencia y eficacia los recursos públicos de acuerdo a la normatividad vigente durante el año 2013 en la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), y no mantener adeudos con el sector productivo de la capital”, según un boletín de prensa gubernamental.

Cuentas públicas desaparecidas

Para que nadie siga la pista a las finanzas públicas, una de las coartadas del gobierno del estado es desaparecer documentos clave que deberían estar publicados, según lo ordenan diferentes leyes. La intención es no dejar ningún rastro de los movimientos que se hacen con los recursos financieros.
Si se revisan las páginas electrónicas del gobierno del estado, el Congreso local y la Auditoría General el Estado, por ejemplo, no existen por ningún lado las cuentas públicas del Ejecutivo estatal. Excepto la de 2013, publicada en diciembre de 2014, no hay ningún indicio de que tales documentos se hayan hecho públicos.
Dice la fracción IX del artículo 13 de la Ley de transparencia y acceso a la información del estado que todas las dependencias públicas deben publicar sus informes de cuenta pública. Asimismo, la fracción XIV del mismo artículo indica que es una obligación publicar “Las cuentas públicas y los informes cuatrimestrales o anuales, según sea el caso, una vez que sean aprobados por el Congreso”.
Igualmente, el artículo 38 de la Ley de fiscalización superior y rendición de cuentas del estado establece que “La Auditoría General entregará al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe Anual de Resultados de la revisión de las cuentas públicas en la segunda quincena del mes de septiembre del año siguiente al que se revise, mismo que se someterá a la consideración del pleno del Congreso del Estado. Este Informe tendrá carácter público y deberá publicarse en la página de Internet de la Auditoría General en la misma fecha en que sea presentado.”
Asimismo, los sucesivos decretos del presupuesto de egresos del estado de Guerrero indican que deberán hacerse públicas diversas informaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos. Por ejemplo, en el decreto del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013, se menciona, en el artículo 62, que “El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaria [de Finanzas y Administración], publicará en su página web la información siguiente:
I. Informes sobre la ejecución del presupuesto, en el que se detalle la comparación entre lo aprobado y lo ejercido, los cuales deberán incluir la información a que se refiere este Decreto; y II. Los datos estadísticos y la información que la Secretaría tenga disponible a fin de contribuir a una mejor comprensión de la ejecución del gasto, del cumplimiento de las metas y programas autorizados”.
La ley general de contabilidad gubernamental es otro de los ordenamientos jurídicos que el gobierno de Ángel Aguirre simplemente decidió omitir. Por ejemplo, el artículo 57 de esta ley señala que “La Secretaría de Hacienda, las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios (…) establecerán, en su respectiva página de Internet, los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno, así como a los órganos o instancias de transparencia competentes. En el caso de las secretarías de finanzas o sus equivalentes, podrán incluir, previo convenio administrativo, la información financiera de los municipios de la entidad federativa o, en el caso del Distrito Federal, de sus demarcaciones territoriales”.
Asimismo, el artículo 58 menciona que “La información financiera que deba incluirse en Internet (…) deberá publicarse por lo menos trimestralmente, a excepción de los informes y documentos de naturaleza anual y otros que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad determinada, y difundirse en dicho medio dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del período que corresponda. Asimismo, deberá permanecer disponible en Internet la información correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales”.
Nada de esto cumplió la Secretaría de Finanzas y Administración a cargo de Jorge Salgado Leyva mientras estuvo en el cargo. Lo que encontramos en su portal electrónico es información que no corresponde a las cuentas públicas del Ejecutivo estatal, sólo información inservible, una burla a la inteligencia de los guerrerenses.
Por su parte, la dirección general de transparencia del gobierno del estado ni el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (Itaig) nunca aplicaron medidas para obligar a las dependencias correspondientes a publicar información básica como la cuenta pública y los presupuestos de egresos de cada año.

¿Congreso cómplice?

La única cuenta pública del Ejecutivo de acceso público, la de 2013, fue aprobada por el Congreso del estado sin mediar crítica. Según el informe, sólo se realizaron 17 observaciones por un monto de 9.2 millones de pesos al ejercicio de los recursos, que en ese año sumaron 50 mil 358 millones de pesos.
Para los diputados de Guerrero no hubo nada anormal en la cuenta pública, ni se percataron de nada. Deben estar muy sorprendidos de las detenciones a ex funcionarios del gobierno estatal por los malos manejos.

Guerrero, a la zaga en acceso a la información

El Sur de Acapulco

Para continuar con la descripción de porqué el estado de Guerrero se ubica en los últimos lugares en transparencia y acceso a la información, retomamos el estudio Métrica de la Transparencia 2014, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y auspiciado por la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información.
La métrica examinó los procedimientos administrativos para el acceso a la información pública ante los sujetos obligados y los órganos garantes. Uno de los puntos que se revisaron fue el procedimiento de solicitud de información. El CIDE afirmó que en este rubro “se encontró que 100 por ciento de las jurisdicciones analizadas cuentan con claridad sobre los medios y las formas previstas para la presentación de las solicitudes de acceso a la información, y poseen la posibilidad de hacerlo a través de medios electrónicos”.
Esta afirmación, en el caso de Guerrero es relativamente cierta, ya que existe el problema no resuelto de que sólo un puñado de ayuntamientos cuenta con mecanismos electrónicos especiales para presentar solicitudes de información, es decir, alrededor de 75 gobiernos municipales, de un total de 155 sujetos obligados que existen en el estado, no cuentan o no tienen al servicio de la ciudadanía mecanismos electrónicos para el acceso a la información.
Es una deficiencia grave en Guerrero que la Métrica de la Transparencia no evaluó con profundidad, pues su análisis se centró en los tres municipios más poblados de cada estado, y en el caso de Guerrero no son representativos de lo que sucede en el estado en esta materia.
En la métrica 2010, en este punto de las solicitudes de información se identificó una gran heterogeneidad en el ejercicio del derecho en cuanto al proceso (los mecanismos de acceso no eran los mismos o no funcionaban con la misma efectividad), los tiempos de respuesta y, sobre todo, la calidad de la respuesta.
En 2014, “la mayoría de las entidades adoptaron el sistema Infomex como plataforma principal para la gestión de solicitudes de información, con lo que se estandarizó en buena parte del país, el mecanismo inmediato de acceso; y en la mayoría de las entidades se han creado principios de gestión de solicitudes de información al interior de los sujetos obligados (…) pero la evidencia también sugiere que se ha avanzado poco sobre la calidad de la información proporcionada por las instituciones públicas”.
Para hacer la revisión, utilizaron la estrategia del usuario simulado, que incluyó el monitoreo de los mecanismos para solicitar, la gestión de la solicitud y el tiempo de respuesta; y segundo, se incluyó una valoración de la completitud y ciertos aspectos de la calidad de la respuesta, como por ejemplo, la correspondencia entre la información recibida y la solicitada y la idoneidad de la forma en que se elabora la respuesta.
La evaluación se realizó con base en los siguientes indicadores: primero, el cumplimiento del plazo legal, se consideró también la “celeridad”, es decir, la rapidez con la cual fue entregada la respuesta al ciudadano, independientemente de la calidad de la información recibida; el tercer indicador se refiere a la presentación de la respuesta en lenguaje claro; y el cuarto, al mecanismo de respuesta utilizado por la dependencia pública.
Los resultados indican que de los tres medios utilizados en la presentación de solicitudes, la plataforma Infomex y los sistemas desarrollados por las dependencias concentran la gran mayoría de las solicitudes presentadas (93.2 por ciento).
De las 2 mil 950 solicitudes presentadas por los usuarios simulados, 8.2 por ciento no fueron respondidas; 3.6 tuvieron prevención como primera respuesta, y en 8.3 por ciento de los casos, la dependencia pública solicitó prórroga.
En relación con las respuestas recibidas en este ejercicio, se recibieron 2,707 respuestas, es decir, 91.7 por ciento de las solicitudes recibió algún tipo de contestación por parte de las dependencias.
Respecto de la celeridad, en promedio, en México un usuario debe esperar 9.5 días hábiles para recibir información. En este punto, Guerrero está por debajo del promedio nacional con 0.28; en este campo, los estados que ocupan los primeros lugares son Sonora (0.62), Oaxaca (0.48) y Coahuila (0.47).
Uno de los puntos en común evaluados en todas las preguntas realizadas fue el lenguaje claro. La variable es relevante en tanto determina la accesibilidad del ciudadano a los datos proporcionados por la dependencia púbica. En este rubro, 43.6 por ciento de las solicitudes tuvieron un valor igual o superior a 0.75, lo cual significa que casi la mitad de las solicitudes presentadas entregaron información en un lenguaje accesible.
Al promediar todas las calificaciones de los indicadores de la dimensión usuario simulado para evaluar los mecanismos de acceso a la información, las dependencias de Guerrero obtuvieron los siguientes lugares: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, DIF estatal, Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Secretarías de Finanzas y Administración, de Gobierno, de Seguridad Pública, ayuntamiento de Acapulco.
Detrás de los anteriores están la Secretaría particular del gobernador, las secretarías de Salud, de Desarrollo Social, Congreso del estado, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Poder Judicial, ayuntamiento de Chilpancingo, la Secretaría de Educación, el ayuntamiento de Iguala, la Auditoría General del Estado.
El CIDE destacó entre sus conclusiones que si bien el uso del Infomex es un paso adelante en la institucionalización de la transparencia, también debe considerarse que este acceso está condicionado por el acceso ciudadano a tecnologías de la información.
Otro resultado de este ejercicio de usuario indica que las dependencias públicas hacen uso intensivo del plazo legal y, aunque emplean un promedio de 9.55 días hábiles en responder, la calidad de la respuesta no se corresponde. En otras palabras, ocupar más días en responder, no fue correspondido con mejor calidad de la respuesta.

Órganos garantes

Hasta 2013, casi todas las constituciones o leyes estatales habían otorgado o reconocido algún tipo de autonomía operativa, de gestión y de decisión a los órganos garantes, Michoacán y Tlaxcala son las excepciones.
Y aunque existe este reconocimiento constitucional o normativo de autonomía y poder de decisión en los estados, muy importante para la imparcialidad de los órganos garantes, no es una garantía. El factor político incide en las decisiones de los organismos de transparencia, ya que desde la propia selección de quienes integran el órgano garante con criterios políticos y partidistas, queda marcado el desarrollo de los organismos.
A partir del análisis de la normatividad, se encontró que en 27 entidades y en la Federación, las decisiones del órgano garante son definitivas; pero hay cinco entidades cuyas resoluciones no son definitivas: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Yucatán.
Efectivamente, en Guerrero el artículo 146 de la Ley de Transparencia establece que las resoluciones del ITIG “podrán ser recurridas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado”.
Para el análisis de las capacidades institucionales de los órganos garantes, se observaron los componentes de dirección (experiencia de los comisionados, su remuneración y la estabilidad en el puesto); componente de organización (estructura de la organización y de las atribuciones de los órganos garantes). Y componente de operación (identificación de los factores que determinan la viabilidad del mandato del órgano garante, como disponibilidad presupuestal que condiciona el acceso a recursos materiales y humanos, y las características de la normatividad que condicionan y estructuran su margen de acción, es decir, su habilidad de sanción y su universo de atribuciones).
Para el componente de dirección, los datos indican que en 20 órganos garantes predomina la experiencia en el sector público de los consejeros y, en el resto, prevalece la experiencia en el sector académico; de acuerdo con las respuestas de los consejeros del ITAIG, en Guerrero predominó la experiencia en el sector académico.
Respecto de la estabilidad en el puesto, en el periodo 2010-2013, el país tuvo 195 comisionados a cargo de la dirección y del funcionamiento de 33 organismos garantes. De éstos, sólo ocho por ciento de los comisionados que debieron mantenerse en el cargo durante el periodo de referencia no concluyó su mandato. En Guerrero, el antecedente es que tres consejeros se mantuvieron “muy estables” en su puesto a lo largo de ocho años (2006-2014).
En cuanto a la remuneración de los comisionados, los resultados indican que, en promedio, obtuvieron 40.8 salarios mínimos, es decir, aproximadamente 73 mil 500 pesos mensuales.
Los comisionados del IFAI y los del estado de México obtuvieron salarios de más de 90 mil pesos mensuales, mientras que los que menos ganaron fueron los de Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tlaxcala que reportaron salarios de menos de 20 mil pesos mensuales. La mayor parte de los estados se ubicaron entre los 30 y 60 mil pesos.
Los consejeros de Guerrero dijeron que en 2013 obtienen 50 mil pesos mensuales, pero al revisar su portal electrónico, se observa un tabulador salarial de entre 44 mil 55 y 67 mil 949 pesos, con una compensación mensual del 10 mil pesos.
El segundo componente analizado por el CIDE es el de organización, para conocer las características de la estructura, organización y gestión interna de los órganos garantes.
Para este ejercicio, se preguntó a los organismos si cumplían con alguna de nueve atribuciones: resolver sobre recursos de revisión; capacitación; actividades de difusión; creación y seguimiento de estadísticas; gestión de sistema de revisión de solicitudes de información; gestión de sistema de revisión de recursos de revisión; centro de atención telefónica; creación, aplicación y vigilancia de lineamientos en materias de archivos y de supletoriedad de municipios en responsabilidades de transparencia.
De acuerdo con los resultados en este rubro, todos los órganos garantes del país cumplen con las primeras tres actividades; y con excepción de San Luis Potosí y Yucatán, todos tienen como actividades la creación y al seguimiento de estadísticas. En este punto, cabe aclarar que el órgano garante de Guerrero no cuenta con estadísticas sólidas ni las genera de manera sistemática, no obstante que éstas constituyen una de las fuentes más relevantes de información para hacer de la transparencia un instrumento estratégico de gestión.
Asimismo, sólo 76 por ciento de los órganos garantes tienen a su cargo la gestión de un sistema de revisión y de seguimiento de solicitudes de información o un sistema de seguimiento de recursos de revisión. Y sólo en 30 por ciento de los casos, los órganos garantes debe cumplir con funciones de supletoriedad a municipios en esta materia.
En cuanto al indicador de organización, 16 entidades respondieron que cubren todas las actividades que les ordena su ley estatal; en el caso de Guerrero, no cuenta con un sistema de revisión de solicitudes de información, cuenta con un centro de atención telefónica y genera y da seguimiento a estadísticas. Por otra parte, no tiene una dirección de capacitación, aunque si de difusión.
Resultado del estudio también se desprende que 19 entidades cuentan con manuales de procedimientos y de operación. Siete no reportaron la existencia de alguno, entre ellos Guerrero.
Finalmente, respecto del componente de operación, la Métrica de la transparencia 2014 encontró que, con excepción del IFAI, el incremento del presupuesto asignado a los órganos garantes en el periodo 2010-2013 no fue tan significativo como durante los primeros años de institucionalización de estos organismos.
Los recursos destinados a los órganos garantes de todas las entidades federativas pasó de 579.8 a 658.1 millones de pesos.
Guerrero ocupa el sexto lugar entre las entidades que reciben menor presupuesto, con 9.9 millones de pesos (aunque el presupuesto de 2015 se incrementó a casi 12 millones). El estado que recibe menores recursos es Baja California Sur con 4.7 millones de pesos y el que más, el Distrito Federal con 11.5 millones de pesos.
Al respecto, concluyó el CIDE que “el presupuesto que asignan los Congresos a los órganos garantes son un indicador del compromiso que tienen estos mismos con el fortalecimiento y la consolidación de los sistemas de transparencia”.