Ante la falta de resultados, políticos compran premios

El Sur de Acapulco

Está de moda entre los políticos y funcionarios guerrerenses recibir premios y reconocimientos por supuestos méritos, que no se perciben en el desempeño de sus encargos públicos. Son aparentes éxitos que tienen la clara finalidad de apuntalar sus carreras políticas no sólo mediante el abultamiento de sus currículos, sino engañando a los ciudadanos por medio de la difusión de logros que realmente no han obtenido, en los medios de comunicación y utilizando muy probablemente recursos públicos.

Para convocar y entregar estos cuestionables premios, hay instituciones privadas que cuentan con metodologías y criterios poco consistentes para seleccionar a los ganadores, y las cuales no se dan a conocer públicamente, pero sí los fastuosos eventos en que entregan los reconocimientos.
Muchos políticos y funcionarios de Guerrero, entre presidentes municipales, síndicos, diputados locales y federales y hasta secretarios de despacho del Ejecutivo, cayeron en esta tentación, y hoy cargan con el desprestigio de tener en su haber un reconocimiento que todo apunta a que fue comprado y que evidentemente no corresponde a los resultados de un buen trabajo de gestión.

Los premios, un gran negocio

El Instituto Mexicano de Evaluación (Imde) es una de las instituciones que organiza la entrega de premios en diversas categorías. En su portal electrónico informa que “es un organismo de la sociedad civil, que tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de los servidores públicos a través de la formación, evaluación y reconocimiento de la Gestión Pública, de conformidad con estándares internacionales para contar con mejores gobernantes”. 
De acuerdo con esta fuente, el organismo otorga los premios Tlatoani ( a “los mejores gobernadores, senadores, presidentes municipales, diputados, síndicos, regidores, secretarios y directores de gobierno por su contribución al desarrollo del país”), el premio Tonatzin (a los mejores presidentes y directores de los DIF estatales o municipales); el premio Yecatl (a los mejores presidentes y directores de organismos de agua potable); y dos premios internacionales para los mejores gobernantes latinoamericanos.
Sin embargo, son muchas las críticas que se hacen a estos premios, la principal de las cuales es que el reconocimiento tiene un costo monetario para quien lo recibe. Por ejemplo, la Parada Digital de Chihuahua escribió que el presidente del Imde, Galo Limón, “negó la información publicada en La Parada Digital en torno a que el “Premio Nacional Tlatoani” se lo auto-compran los alcaldes, sin embargo se negó a proporcionar la manera de evaluar a los ganadores”.
Agregó este medio que obtuvieron el testimonio de uno de los ganadores para corroborar la compra, pues los organizadores solicitan una llamada “cuota de recuperación” a los alcaldes de 17 mil 500 pesos, y los que aportan más de esta cantidad resultan ganadores.
El diario Chiapas Paralelo también cuestiona las distinciones que otorga el Imde, y explica cómo enganchan a los funcionarios.”Para que un funcionario sea “nominado” al premio no es necesario que se inscriba o que la ciudadanía lo proponga, el propio IMDE decide eso y notifica mediante un correo electrónico al funcionario que ha sido “nominado” la fecha de premiación. En un segundo correo electrónico se informa que se tiene que pagar la cena del evento en el que se entregarán las preseas, el precio es de 18 mil a 45 mil pesos. Casualmente sólo los que pagaron la cena resultan ganadores”.
Desde Tamaulipas, el diario Noticias de Tampico publicó que “presidentes municipales de las más disímbolas regiones de México (…), la mayoría de ellos controvertidos, y criticados por sus gobernados, se prestaron a la farsa, celebrada con toda pompa y glamour. Los vivales del IMDE, no repararon en detalles. Hasta la bandera de España, colocaron junto a la de México, simulando un evento internacional. Lo peor de todo es que, la Universidad de Salamanca, invocada como aval del premio, se deslindó   de sus pillerías”.
Asimismo, Noticias GBM Radio de Chihuahua comentan que “Los llamados premios Tlatoani, son un elegante engaño acompañados del fraude para quien lo promueve y para quien lo recibe, porque este “galardón” no tiene mayor tramite, ya que por medio de un correo electrónico estos timadores agarran a políticos distraídos y primero les informan que en base a las investigaciones realizadas por la Comisión de análisis de Medios, Estudios y Académicos y con estricto rigor metodológico el estudio analizó su contribución al desarrollo político y es por eso que se le otorga el premio”.

Guerrero, abundante cantera de premiados

En Guerrero son muchos políticos y funcionarios municipales y estatales que han participado en estos certámenes.
El Diario de Iguala informa que sólo en el caso de presidentes municipales, en 2014 fueron convocados por el Imde 40 alcaldes, pero “sólo acudieron doce incautos por su premio nacional 2014”.
De acuerdo con ese diario, el Imde envió a 40 presidentes municipales guerrerenses un comunicado para informales que “El IMDE, se honra en comunicarle, que en base a la investigación realizada (…) bajo los parámetros de estandarización internacional de los Indicadores de Desempeño Político; que integra el impacto social, calidad, administrativos, de imagen pública, de su presencia en medios de comunicación y de innovación en sus programas, obras y acciones sustentados en los criterios siguientes: 1. Impacto social alto en la comprobación práctica de la mejora; 2.Nivel de respuesta para la solución de problemática ciudadana; 3. Calidad de la aportación para la resolución de problemas sociales y 4. Percepción de la ciudadanía sobre su imagen pública, han resuelto declararle: “el mejor presidente municipal”.
El alcalde de Tixtla, Gustavo Alfredo Alcaraz Abarca, fue uno de los que recibieron el premio en su edición 2014. Así lo presume en su portal electrónico el ayuntamiento de ese municipio, en donde se describe la recepción pública del premio “por haber cumplido con una buena gestión pública”. De sí mismo, Alcaraz Abarca dijo que “este premio es un estímulo para continuar trabajando en beneficio de todos los sectores sociales de Tixtla y señaló que esta evaluación, es el resultado de un esfuerzo compartido con el cabildo y su gabinete de trabajo”.
Otro alcalde que también cayó en el garlito fue el de Ometepec, Antonio Atenógenes Vázquez Rodríguez, también premiado con Tlatoani en 2014. En su página web, el presidente municipal se regodea con el falso premio: “La nominación en sí, me compromete a redoblar esfuerzos y a mantener la convicción, de que en el ejercicio de gobernar es prioritario mejorar el nivel de vida de la gente, y para ello es necesaria la gestión y coordinación con los tres niveles de gobierno”.
El presidente municipal de Tlapa, Victoriano Wences Real, recibió asimismo este premio “por ser uno de los mejores alcaldes del país y llevar una excelente administración”, según se lee en la difusión que hace a través de youtube. “La población tlapaneca hoy ha reconocido el desempeño del presidente Wences Real, como un funcionario de cabal respeto y responsabilidad en el cargo, que se ha destacado por su honestidad y sobre todo capacidad en su desempeño, lo que le ha valido para que el Instituto Mexicano de Evaluación lo haya distinguido con este premio al que sólo tienen acceso a él "los grandes".
El diario Tiempo de Guerrero reseña que el presidente municipal de Eduardo Neri, Ignacio Basilio García, también fue galardonado con este premio.
Otro alcalde “distinguido” fue el de Chilapa, Francisco Javier García González, y según consta en el periódico El Regional, el reconocimiento se le entregó “por ser considerado como el mejor alcalde en el estado de Guerrero”. Al comentar el premio, el presidente municipal aseguró que “la gestión que ha llevado a cabo ha sido un parte aguas para que este municipio pueda aspirar a nuevas formas y estadías de vida”.
En manos del alcalde de Xochistlahuaca, Celerino Rojas Morales, también quedó el premio 2014, y desde su cuenta de Facebook publicó: “Le doy gracias a Dios, a mi familia, a todo el equipo de trabajo del Ayuntamiento y, por supuesto, a la gente que creyó y voto por nosotros para que seamos gobierno. Gracias a todos, juntos estamos haciendo historia en nuestro municipio”.
Otro de los presidentes municipales que adquirieron el Tlatoani fue Ociel García Trujillo, alcalde de Florencio Villarreal, quien también difundió el reconocimiento a través de un comunicado de prensa oficial del ayuntamiento.
El resto de los alcaldes guerrerenses que aceptaron la supuesta distinción en 2014 fueron los de Leonardo Bravo, Coyuca de Catalán, Ayutla de los Libres, Acatepec y Olinalá.
Los síndicos también recibieron sus premios. Según el periódico El Despertar del Sur, Fidencio Ixta Rojas, síndico procurador del municipio de Ajuchitlán del Progreso, recibió el premio y según el periódico, con esta acción “corona su corta y brillante carrera política con el galardón que lo distingue como el mejor síndico, el galardón “Tlatoani”, el cual recibió con otros 27 síndicos del país que fueron galardonados por este premio”.
Eva Salmerón, tesorera del ayuntamiento de Iguala, igualmente ganadora, dijo que “este premio es una motivación para nosotros para continuar ofreciendo lo mejor de sí mismos para beneficio de la ciudadanía. Como profesionista me siento honrada y me entusiasma para seguir trabajando con la misma dedicación y redoblar esfuerzos para que seamos mejores funcionarios públicos”.

Otros premiados

En el Ejecutivo del estado también hubo inquietud de varios funcionarios de “pasar a la historia” con la recepción de estos premios. Tal es el caso de los ex titulares de las secretarías General de Gobierno, de Finanzas y Administración (premio 2013) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2012).
Jesús Martínez Garnelo recibió el premio Tlatoani como mejor secretario de despacho, según un boletín de prensa del gobierno del estado, “por su distinción en este cargo ante la ciudadanía, lo cual fue calificado y constatado por la propia sociedad que emitió su opinión en una consulta de carácter nacional”.
El comunicado agrega que la entrega estuvo a cargo del presidente del IMDE, Galo Limón, quien “manifestó que el premio fue otorgado a Martínez Garnelo, por las tareas diarias, complejas y las necesidades a flor de piel que hay en dicha dependencia del gobierno del estado de Guerrero y que sobre todo se identifica como un gobierno de dialogo y de acuerdos”.
Otro de los colaboradores del ex gobernador Aguirre Rivero que recibió este premio es Jorge Silverio Salgado Parra, ex secretario de Finanzas y Administración. En la revista MGI se lee que “de acuerdo al sondeo de opinión y estudios realizados por el Imde, la secretaría de finanzas bajo la titularidad del CP Salgado Leyva ha brindado la atención que corresponde en materia de transparencia y rendición de cuentas conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable”.
En la edición 2012 del premio, el ex secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Carlos Toledo Manzur, también como parte del gabinete de Aguirre Rivero, fue uno de los galardonados con el Tlatoani 2012.
Pero también los diputados quieren engordar su currículo con estos reconocimientos. En 2014, por ejemplo, el diputado federal Vicario Portillo Martínez fue merecedor del Tlatonani al mejor diputado, según la revista MGI “por su contribución a la labor legislativa y a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas del país”.
Otro que recibió la estatuilla fue Omar Jalil Flores Majul como el mejor diputado en 2014. Al respecto, Luis Antonio Hernández Rosales presidente ejecutivo del IMDE declaró “que para ser servidor público se necesitan tres cosas, compromiso, conocimiento y ganas de hacer las cosas, hizo hincapié en que Omar Jalil las tiene y lo más importante es que los ciudadanos de su distrito lo han calificado, lo observan y lo ubicaron como uno de los mejores diputados de la República mexicana en este año 2014”.

El timo, en letras chiquitas

El Imde, en su convocatoria informa que los resultados se dan a conocer por vía telefónica y electrónica a los ganadores. Y destaca: “Resultar ganador del Premio Nacional, es un proceso libre de todo gasto e inversión. En su caso, la aportación económica que se realiza, “obedece única y exclusivamente” a los costos administrativos y de logística para su recepción en la Ceremonia Nacional de Premiación”.

Cuestionables, los avances académicos que presume el rector de la UAG

El Sur de Acapulco
Desde hace varios meses, las autoridades de la Universidad Autónoma de Guerrero presumen de avances significativos en la calidad de la educación que ahí se imparte, y destacan que la institución se ha colocado entre las mejores universidades del país.
Durante la rectoría de Javier Saldaña Almazán se ha difundido ampliamente este aparente logro, e incluso ya forma parte del discurso del funcionario universitario. Sin embargo, hay argumentos para poner en duda o por lo menos para matizar esa percepción sobre la universidad, y en todo caso, los avances obtenidos no corresponden al periodo del actual rector, sino que serían resultado de las gestiones de anteriores rectores, ya que para mejorar la calidad de una institución de educación superior se requieren numerosas acciones y sobre todo, los cambios no se perciben de una año a otro.

La calidad como discurso

De acuerdo con un boletín de la UAG del 25 de marzo, el rector Saldaña Almazán “reconoció  los avances que la administración central ha logrado en casi un año al frente de la UAGro como el aumento de la matrícula de buena calidad, ubicando a la universidad entre las 25 mejores universidades en este rubro, resaltando la escalada de puestos que posicionan a la  UAGro en el 9º lugar entre las Universidades del País, debido a la Consolidación de Cuerpos Académicos además de la preparación que están realizando los docentes para obtener un posgrado y así mejorar la calidad educativa en las aulas universitarias”.
El boletín también informó que con el “aumento de los indicadores en la calidad educativa”, la UAG estaría en la ruta para ser parte del Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex). 
Y en efecto, el 17 de septiembre, se informó que “el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán recibió del presidente del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), y rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Humberto Augusto Veras Godoy, la constancia que certifica oficialmente a la UAGro como una de las mejores universidades públicas del país y miembro de ese consorcio educativo mexicano”.
Hubo intercambio de halagos entre el presidente del Cumex y el rector de la UAG. El primero dijo que “hoy es un día muy importante para la educación de Nivel Superior en el estado de Guerrero y para los guerrerenses, porque la Autónoma de Guerrero ya pertenece al Consorcio de Universidades Mexicanas. La UAGro demostró que en sus programas educativos cuenta con los requerimientos de calidad pertinentes y necesarios para ingresar al consorcio”, dijo Veras Godoy, según el comunicado de prensa.
En su turno, el rector Javier Saldaña Almazán “entregó un reconocimiento al presidente del CUMex, Humberto Augusto Veras Godoy por su nombramiento como presidente del consorcio en la pasada Sesión de Rectores, realizado en la Ciudad de México”.
Aunque ni el rector ni los boletines de prensa de la UAG especifican cuál es la fuente que ubica a la institución entre las 25 mejores universidades del país, se revisaron varios “rankings de mejores universidades”, y según parece, el que utiliza la UAG corresponde al que realiza un grupo de medios que “analiza los negocios, la economía, la política y las finanzas de la región” denominado AméricaEconomía. El portal electrónico de esta institución describe que el grupo “actualmente posee múltiples ediciones como revista, editadas en español y portugués, informando, analizando y adelantándose a las tendencias, lo cual la convierte en una herramienta poderosa para los ejecutivos tomadores de decisión de la región”.
Según el ranking 2014 de AméricaEconomía (http://rankings.americaeconomia.com/mejores-universidades-mexico-2014/ranking/), la Universidad Autónoma de Guerrero se ubica en el lugar 27 de las 50 instituciones de educación superior que se revisaron. Su índice de calidad es de 28.2 por ciento. De hecho, y al contrario de lo que dice el rector Javier Saldaña, la UAG retrocedió dos lugares durante su administración, al pasar del lugar 25 en 2013 al 27 en el presente año.
Los primeros 10 lugares de este ranking los ocupan la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Tec de Monterrey, las universidades Autónoma Metropolitana, Autónoma de Nuevo León y de Guadalajara; el Colegio de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad de las Américas de Puebla y el Sistema Universidad Iberoamericana.
Para obtener este ranking, según publica AméricaEconomía en su portal electrónico, se evaluó la calidad docente (evaluación de los profesores con jornada completa, ponderándose de acuerdo a su último grado académico -doctores, magíster, profesionales y especialidades médicas-), a la que se le otorga un 30 por ciento de la calificación total.
Asimismo, se revisó el rubro de “índice de investigación” (evaluación de la producción de papers ISI y la generación de patentes), con una ponderación de 20 por ciento. A la “empleabilidad” (se calcula con la información obtenida de la encuesta a 375 empresas que tienen sede en México) se le asignó un 20 por ciento.
Otro de los indicadores que evalúa AméricaEconomía es la “oferta de posgrado”, la cual se calcula a partir de la información entregada por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Finalmente, el ranking se elaboró también con el indicador “prestigio internacional”, formulado a través de la pesquisa de la presencia de las universidades en distintos rankings internacionales y por medio de la encuesta a reclutadores”.
Los resultados obtenidos por la UAG en los diferentes indicadores fueron: calidad docente 60.9 por ciento, índice de investigación 0.9 por ciento, empleabilidad 7.9 por ciento, oferta de posgrado 41.8 por ciento y prestigio internacional 13 por ciento.

Ranking donde no está la UAG

QS es una institución internacional que vincula a ejecutivos, empresarios y empleadores con las escuelas líderes de negocios, departamentos de posgrado en las universidades a través de sitios web, eventos, e-guías y soluciones técnicas. Desde 2011 publica QS University Rankings: Latin America, que es una clasificación de las mejores universidades de la región.
La metodología se basa en obtener datos sobre la reputación docente, reputación que tienen los empleadores de la institución de educación, proporción de alumnos por docente, citas que se hacen de los trabajos de investigación de las universidades y nivel de atracción que tiene una universidad de estudiantes y profesores de otras naciones.
De acuerdo con los resultados de QS University Rankings, la Universidad Autónoma de Guerrero no aparece entre las 300 mejores universidades de Latinoamérica. Las instituciones mexicanas que sí están son el Tec de Monterrey y la UNAM, en los lugares siete y ocho, el Instituto Politécnico Nacional, en el lugar 26; la Universidad Iberoamericana, en el sitio 28; y la Universidad Autónoma Metropolitana y el ITAM en los lugares 35 y 36 de Latinoamérica.
Otras universidades incluidas son la de las Américas de Puebla (lugar 50), la de Guadalajara (59), la Autónoma de Nuevo León (64), la Autónoma del Estado de México (68), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (70) y la Universidad Anáhuac (95).
Hay otras 37 universidades mexicanas dentro del ranking latinoamericano de 300 instituciones que propone QS, y la de Guerrero no está incluida.
El diario El Universal publica anualmente, desde 2007, la guía Mejores Universidades; para elaborarla, emplean dos metodologías: ranking de instituciones, que compara instituciones de educación superior (IES) entre sí; y ranking de programas, donde se comparan programas de licenciatura semejantes y se aplica a 25 programas diferentes. “Las metodologías de ambos ranking están conformadas por dos partes: las características objetivas de las IES (información numérica reportada por las propias IES) y la percepción de académicos en el caso del ranking de instituciones y la percepción de académicos y empleadores en el caso de los ranking de programas. El ranking otorga un mayor peso a la información numérica reportada por las IES”.
En este ranking no aparece la Universidad Autónoma de Guerrero y tampoco está incluida en el listado de instituciones que decidieron no participar en esta clasificación de universidades.
Según El Universal, la UNAM ocupa el primer lugar de este ranking, la Universidad Autónoma Metropolitana como segundo, y la Universidad de las Américas de Puebla, como tercero. Le siguen la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma Norte, Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de Querétaro.

La subjetividad de los ranking

En septiembre de 2014, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Enrique Fernández Fassnacht explicó que “las posiciones en las que se encuentran las universidades e institutos de educación superior en el país no deben definirse a partir de un ranking, pues esta listas carecen de objetividad y no evalúan todos los planos de acción de estas instituciones”.
Agregó que la calidad educativa no depende de este tipo de listados pues cada institución demuestra en diferentes planos sus fortalezas (periódico Pulso, 19 de septiembre).
Asimismo, el investigador Santos López Leyva, en la Revista de la Educación Superior No. 166, (http://publicaciones.anuies.mx/revista/166) concluye “que cada uno de los rankings muestra sus criterios, funciones, indicadores y grupos objetivo; lo más recomendable, entonces, es trabajar en la realización de agrupamientos”.
Agrega López Leyva que los ranking presentan dos grandes dificultades, tanto en su elaboración como en su aplicación: “la primera proviene de la gran diversidad de modelos de instituciones de educación superior, la variedad de misiones que éstas cumplen en la sociedad y de la pluralidad de actividades que desarrollan; por otra parte, se encuentra la dificultad derivada de los intereses de los diferentes sujetos involucrados, donde se hallan estudiantes, académicos, empleadores, líderes institucionales, responsables y diseñadores de políticas”.

El ingreso al Cumex

El 8 de septiembre, un boletín de prensa de la UAG festejaba desmesuradamente que la institución lograba “un histórico gran salto académico” al ingresar al Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex).
El texto festinó que “La Universidad Autónoma de Guerrero, ya es una de las mejores universidades públicas de país, al ser aceptada por unanimidad por el Consejo de rectores que conforman al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), un logro alcanzado por la actual administración encabezada por el rector Javier Saldaña Almazán y catalogado como un hecho histórico en la vida de la UAGro”.
Agregó el boletín que “este logro se dio luego de presentar la solicitud ante el consejo de rectores integrantes del CUMex, y donde el doctor Saldaña Almazán expuso la situación académica de la Autónoma de Guerrero, y destacó que el más del 90% de la matrícula de licenciatura cursa sus estudios en programas reconocidos por su buena calidad, el 83% de los maestros de tiempo completo tienen estudios de posgrado, entre otros indicadores del avance académico de la UAGro”.
En su portal electrónico, el Cumex explica que “El Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) constituye un espacio común para la educación superior de buena calidad en el país, con una alta competitividad académica y un enfoque estratégico”.
En sus estatutos establecen que tendrán el carácter de miembros del Consorcio las universidades cuyos indicadores de calidad y desempeño cumplan y mantengan los valores establecidos por el consejo de rectores.
Actualmente el Cumex se integra de 29 universidades, entre las que se encuentran cinco que no están registradas en el ranking de AméricaEconomía.
Asimismo, sólo dos de las universidades afiliadas al Cumex se encuentran entre los 10 primeros lugares del ranking: la Autónoma de Nuevo León (5) y la de Guadalajara (6). En el bloque del lugar 11 al 20, se localizan cinco universidades: BUAP (11), la Autónoma de San Luis Potosí (14), la  Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (16), la Autónoma del Estado de México (17) y la Universidad de Sonora (20).
La mayor parte de las 29 universidades que integran el Cumex (58.6 por ciento) se ubican entre los lugares 23 y 50 de la clasificación de AméricaEconomía, es decir, del ranking que la UAG utiliza como fuente de sus comunicados.
Así, pues, hay que mesurar los logros obtenidos, ya que ni son históricos, pero sí desnudan lo mucho que falta por hacer.

Se fue un gobierno opaco y simulador en la rendición de cuentas

El Sur de Acapulco

El gobierno de Ángel Aguirre Rivero fue opaco desde el primero y hasta el último día de su gobierno. A lo largo de tres años y poco más de ocho meses que duró su mandato, las políticas para promover la transparencia y el acceso a la información de las dependencias del gobierno del estado fueron inexistentes, o sólo en el papel, y los escándalos sobre presuntas acciones de corrupción se presentaron constantemente en su gobierno.

Dos hechos retratan muy bien la escasa disposición de la administración aguirrista para la transparencia y la rendición de cuentas.
En diciembre de 2012, organismos sociales y civiles presentaron ante la Secretaría de Salud una petición para vigilar los recursos de la dependencia. En esa ocasión, un representante de la Contraloría General desautorizó la solicitud argumentando que las auditorías ciudadanas no están previstas en la ley y esa función corresponde a los órganos fiscalizadores. La percepción del funcionario de la Contraloría fue muy semejante con la que operó el gobierno del estado, incluso en contradicción con su propio plan estatal de desarrollo, que mencionaba con cierta amplitud el tema de la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos.
El otro hecho que retrata la administración de Aguirre, es un compromiso de campaña para constituir un consejo ciudadano que vigilara los recursos destinados a adquisiciones gubernamentales y obra pública, como una medida para prevenir y combatir la corrupción en el gobierno.
Sin embargo, el compromiso se diluyó a través de los meses. Hasta finales de octubre de 2011, el gobernador Ángel Aguirre envió la iniciativa de decreto al Congreso del estado para su análisis y aprobación. Los diputados locales aprobaron el decreto el 7 de febrero de 2012.
A este organismo ciudadano se le tomó protesta hasta el 16 de enero de 2014, prácticamente en el último año de la administración, y a la fecha no se ha hecho público ningún resultado. Era evidente que no quería la vigilancia ciudadana.

Escándalos en los primeros meses
En Monitor de Guerrero publicamos algunas de las numerosas irregularidades que presentó la administración de Aguirre; éstas fueron únicamente la punta del iceberg, pues difícilmente se conocerá la dimensión real de la depredación de los recursos públicos, por la falta de transparencia en su gestión. 
En julio de 2011, a 100 días de que asumiera la gubernatura, la gestión de Ángel Aguirre aún no emitía ninguna política de transparencia y de rendición de cuentas, pero eso sí, los nuevos funcionarios se mostraban muy incisivos respecto de las deficiencias contables, administrativas y de rendición de cuentas que le atribuían al gobierno anterior, sobre todo en los ramos de salud y educación que manejan presupuestos millonarios.
Durante los 100 días, el gobierno del estado no publicó la información de oficio de las dependencias de la administración central y el sector paraestatal correspondiente al periodo del entrante gobernador; es más, retiró toda la información de oficio que había publicado el gobierno de Zeferino Torreblanca, y durante varios meses no la reemplazó.
Los escándalos derivados de presumibles actos de corrupción, también brotaron desde los primeros meses de la administración aguirrista.
El primero surgió de la Secretaría de Desarrollo Social, cuyo titular en 2011, David Jiménez Rumbo, pretendió desvirtuar el programa 3x1 para migrantes mediante el uso político del programa y buscando modificar la operación que se había construido en los años anteriores.
Jiménez Rumbo descalificó la operación del 3x1 con acusaciones de corrupción y desvío de recursos, pero está documentado que es uno de los programas en donde la participación ciudadana ha impedido precisamente el uso irregular de los recursos. Realmente quien buscaba darle un uso político al programa era el funcionario del gobierno del estado.
Semanas después, representantes de comités comunitarios de varios municipios denunciaron que fueron presionados por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural para obligarlos a contratar a determinadas empresas para la construcción de obras.
El programa al que se referían los quejosos era el de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA), cuyos lineamientos operativos establecen claramente que los recursos de este programa deben ser recibidos por los beneficiarios y ellos tienen el derecho a decidir de qué manera los ejercen.
En esos días también hubo denuncias en contra de funcionarios de la misma Seder, por presuntos actos de corrupción dentro del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. La acusación fue en específico en contra de Humberto Rafael Zapata Añorve, quien, según la denuncia, visitaba a los beneficiarios de los proyectos de obras de infraestructura aprobadas y los obligaba “a que contraten la ejecución de sus proyectos con la empresa constructora que dirige Jaime Alarcón, bajo el argumento de que es un hombre de mucha experiencia y de mucha confianza del C. Gobernador”.
En noviembre de 2011 dimos cuenta en este espacio de numerosas irregularidades en el Instituto Guerrerense de Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, encontradas en el padrón de beneficiarios, donde fueron registradas y cobraban personas no elegibles del programa, y esto con la anuencia, complicidad u omisión de funcionarios del gobierno.
Al buscar más datos sobre el asunto, la dependencia no respondió en tiempo los requerimientos de información que se le hicieron, y la Contraloría General del estado tampoco entregó información de las acciones de vigilancia sobre las irregularidades, pues decían que “dicha documentación no puede ser proporcionada, debido a que el expediente de los informes está clasificado como reservado”. No se supo de ninguna sanción.

2012

La Auditoría Superior de la Federación se ha convertido en una de las pocas fuentes que documentan las irregularidades en que incurre el gobierno de Guerrero. En 2012, este organismo denunció que durante 10 años, Guerrero cometió año tras año las mismas irregularidades en el ejercicio de los recursos, pues las revisiones practicadas a los fondos y programas financiados con recursos federales en el periodo 2000-2010 mostraron “una elevada incidencia y recurrencia de las observaciones”.
Pero hacia esta tendencia también se encaminó la administración de Ángel Aguirre, ya que las auditorías de los ejercicios 2011 y 2012 revelaron que también realizaba este tipo de prácticas que infringen la normatividad federal, al ejercerse los recursos federalizados de manera irregular, no obstante las observaciones que la ASF advertía oportunamente cada año.
El sector salud fue uno de los programas más opacos del gobierno de Aguirre. Si bien la ASF había denunciado irregularidades en el gasto de este programa en la administración de Zeferino Torrreblanca Galindo, esta tendencia continuó en el de Ángel Aguirre Rivero, que nada corrigió y continuaron los manejos poco claros.
Por ejemplo, a principios de 2013 la ASF puso al descubierto diversas irregularidades en el gasto de la Secretaría de Salud del gobierno del estado, según su informe de resultados de la fiscalización superior a la cuenta pública del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del ejercicio 2011.
La mayoría de las observaciones que encontró la ASF fueron el desvío de recursos hacia conceptos no autorizados a pagarse con dinero de este fondo federal, la falta de transparencia y pagos realizados de manera irregular a empleados de la dependencia. Es decir, en la administración de Ángel Aguirre se encontraron todavía muchas de las deficiencias e inercias que se habían observado al gobierno anterior.
El sector educativo también fue de los más opacos de la administración de Aguirre Rivero. En el portal electrónico de la dependencia se publica de manera dispersa e incompleta la información de oficio a la que está obligada; no se observa una línea articulada para presentar los datos, y sólo hay acumulación de información que no es útil.
En general, se observa una intención de no presentar información relevante sobre el funcionamiento de la SEG, opacidad que es congruente con las decisiones que se toman en el interior de la dependencia y que no necesariamente se apegan a las diferentes normas del sector.
En septiembre de 2012 publicamos que a 17 meses de que asumiera la administración de Ángel Aguirre, ni siquiera se había superado lo que hizo en la materia de transparencia el gobierno estatal anterior, pues, por ejemplo, las páginas electrónicas tenían escasa información o la que publicaban estaba desactualizada o no era útil para el monitoreo y seguimiento ciudadano de las acciones gubernamentales. Todavía en esas, había dependencias que no contaban con información de oficio, como la Secretaría de Educación de Guerrero, la Procuraduría de Defensa de los Campesinos y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
En noviembre de 2012, el festival anticorrupción organizado por el gobierno del estado a través de la Contraloría General del Estado, se quedó en simulación. Sin un marco conceptual que permitiera encuadrar las actividades realizadas, las dependencias del Ejecutivo montaron mesas de exhibición para presentar ante el público información sobre los programas y acciones, pero brillaron por su ausencia las propuestas o acciones para prevenir y combatir la corrupción. Fue un festival muy colorido con información sobre el quehacer de las dependencias, pero totalmente ajeno en la práctica al tema que se anunció.

2013

En abril de 2013 publicamos que la ASF y la AGE denunciaron que en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 2011, ni el gobierno del estado ni los municipios auditados cumplieron con las disposiciones normativas aplicables.
Los órganos fiscalizadores concluyeron que el gobierno del estado mostró carencias y muchas irregularidades en el ejercicio de 434.3 millones de pesos que recibió de la federación en 2011 para la construcción de obra pública.
Por ejemplo, la AGE encontró que al 31 de diciembre de 2011, el gobierno del estado sólo ejerció 251.8 millones de pesos, es decir apenas 58 por ciento del total. Incluso, al 31 de mayo de 2012, sólo había ejercido 62.8 por ciento.
Aunado a este subejercicio, la AGE revisó una muestra de las obras y halló que 58 por ciento estaban terminadas y el resto en proceso, y de las obras concluidas, solo 78 por ciento operaba adecuadamente, por lo que la AGE concluyó que los recursos de este fondo “no se ejercieron con eficiencia”.
En septiembre de 2013, lluvias torrenciales afectaron severamente el territorio guerrerense. Desde el mismo momento del desastre, no hubo sin embargo claridad en las acciones gubernamentales del gobierno federal, ni del gobierno de Ángel Aguirre y mucho menos de los municipales. La falta de información fue la constante antes, durante y después del desastre.
La escaramuza entre los gobiernos estatal y federal respecto de las responsabilidades de prevenir a la población con oportunidad sobre la gravedad de la tormenta tropical y lo que se venía, fue solo un ejemplo de esa falta de oficio y coordinación entre ambos órdenes de gobierno para proporcionar información suficiente, oportuna y por los canales apropiados a efecto de disminuir los riesgos entre la población.
Ninguna entidad gubernamental quiso responsabilizarse de la falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno ni de la criminal ausencia de información a la ciudadanía, antes de que comenzaran las torrenciales lluvias en Guerrero.
Esta sequía de información también se ha observado en las acciones gubernamentales y sobre todo con respecto de la ayuda que proviene de fuera del estado, ya que no hay claridad sobre los recursos que han llegado y sí muchas promesas de que se harán transparentes.
Pero la transparencia no son declaraciones ni el anuncio de números gruesos; es sobre todo la voluntad de mostrar a la ciudadanía el detalle del ejercicio de los recursos para que ésta juzgue si se están gastando bien.
La opacidad se extendió también durante la crisis política por el asesinato y desaparición de los estudiantes normalistas. Reporteros de Noticias MVS acudieron al Registro Público de la Propiedad de Chilpancingo a realizar una búsqueda de las propiedades a nombre del José Luis Abarca y su esposa “como cualquier ciudadano puede hacerlo y pagando las cuotas establecidas”. Sin embargo, les negaron la información.

¿Aguirre promueve consulta ciudadana?

El Sur de Acapulco

Ángel Aguirre Rivero anunció hace unos días que someterá a consideración de la ciudadanía su permanencia como titular del Ejecutivo del estado. En un comunicado oficial fechado el 9 de octubre, el mandatario “anunció que presentará el lunes próximo (13 de octubre) ante el Congreso de Guerrero, la propuesta para que cuando éste y el Instituto Nacional Electoral lo decidan, se realice un referéndum para que la población decida democráticamente si permanece o no como titular del Ejecutivo estatal”.
En otro momento, esta iniciativa hubiera sido aplaudida por todos, pues ni en México y mucho menos en Guerrero, se recuerdan experiencias donde las propias administraciones gubernamentales sometan al escrutinio ciudadano el ejercicio del gobierno, o se ponga a consideración de la población las decisiones relevantes del país o del estado.
Durante los poco más de tres años de su gestión, a Ángel Aguirre nunca le interesó la opinión ciudadana en las decisiones de gobierno, ni tampoco el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana vigentes.
Pero hoy sí. En las actuales circunstancias, donde es fuertemente cuestionado, Aguirre Rivero pensó en utilizar una de las figuras de participación ciudadana, pero no para conocer lo que piensan los guerrerenses sobre su gobierno, sino para “legitimar” su estadía en la gubernatura o, en términos coloquiales, para “salvar el pellejo” ante los graves acontecimientos que vive el estado, derivados de los asesinatos de estudiantes en Iguala.

Pocas experiencias

No es fácil ubicar ejercicios reales de consulta ciudadana en el estado de Guerrero, simplemente porque no los ha habido; ha sido más fuerte y constante la centralización y el autoritarismo de los gobernantes.
Hay sin embargo algunos que no fueron promovidos desde el gobierno. Noe Rosendo Sánchez, en la revista Altamirano No 18 (octubre de 2000) recuerda que en “algunos municipios del país se ha practicado el plebiscito popular, por ejemplo en el municipio de Zumpango del Río, hoy Eduardo Neri, en 1984 la comunidad municipal empleó éste para desconocer a las autoridades municipales.”
Más recientemente, como parte de una consulta nacional, una grupo de ciudadanos y de diputados locales convocó a una consulta ciudadana en julio de 2008 sobre la reforma energética, y al parecer es el ejercicio mejor organizado y con mayor participación de ciudadanos hasta la fecha.
Entre los considerandos de la convocatoria, los organizadores señalaban que “un asunto de esta trascendencia (la reforma energética) no debe definirse sólo con la participación de los legisladores, sino que tiene que tomarse la opinión del pueblo de México mediante mecanismos de democracia directa, que ya son prácticas habituales de las democracias avanzadas del mundo, con las que la mayoría define las decisiones que deben adoptar los gobiernos”.
Para el cómputo de los votos se integró un consejo ciudadano que, al siguiente día del ejercicio dio a conocer los resultados finales de la consulta.
De acuerdo con los documentos emitidos por este consejo ciudadano, participaron 114 mil 104 personas, en un total de 654 mesas receptoras. Si se equipara con el padrón electoral de Guerrero de 2012, los ciudadanos participantes representaron 4.5 por ciento de ese padrón.
Pero más allá de estas experiencias, los sucesivos gobiernos estatales y municipales de Guerrero nunca han preguntado a los ciudadanos sobre las decisiones fundamentales que afectan a toda la población.
Tal es el caso de la presa hidroeléctrica La Parota, que los gobiernos federal y estatal han querido imponer a las comunidades afectadas.
En el documento Derecho al Territorio y a la Consulta proyecto Hidroeléctrico La Parota, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota y Tlachinollan (2011) reseñan una de las principales demandas del movimiento opositor: que el gobierno estatal acate sin restricciones la letra y el sentido de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario, así como que garantice el respeto al derecho a la consulta de los pueblos, respetando la decisión de los comuneros, que unánimemente dijeron no al proyecto.
Sin embargo, esta decisión de los pueblos no ha sido respetada.
Otro de los temas polémicos fue la despenalización del aborto. Aun cuando la comisión permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto para que el Congreso del estado de Guerrero organizara una consulta sobre este tema, ésta nunca se realizó, y la iniciativa para despenalizar el aborto fue desechada en las comisiones unidas de justicia, salud y equidad de género del Congreso local, sin haber preguntado a la población lo que opinaba sobre el tema.
El desprecio por la opinión de los ciudadanos no sólo es de los políticos guerrerenses, ya que el senador del PRI y presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna, aseguró en diciembre pasado que la reforma energética no es un tema que debe ser consultado con los ciudadanos.
“Vivimos en una democracia representativa, en donde, como representantes populares hemos ganado una elección y representamos a la ciudadanía, tenemos que tomar decisiones y muchos pensamos al interior del Senado y en la Cámara de Diputados que no es un tema que se tenga que consultar con la ciudadanía porque aplazaría decisiones fundamentales para el país“, aseveró en Noticias MVS.

Legislación sobre mecanismos de participación

En materia de leyes sobre los mecanismos de participación ciudadana, el estado de Guerrero también ha sido muy pobre.
Durante muchos años, la Constitución del estado incluyó dentro de su articulado (25) una de estas figuras de participación ciudadana. “El Poder Ejecutivo someterá a consulta de la ciudadanía, conforme a las técnicas y métodos del referéndum, los asuntos que de manera trascendente afecten el bienestar popular y reclamen importantes recursos fiscales”.
Pero ningún gobernador puso a consideración de la población algún tema al que se refiere el artículo 25 de la constitución, pues no requerían consultarlo con nadie.
También, desde 1987 estuvo vigente la Ley que establece las bases para el fomento de la participación de la comunidad, la cual proponía la incorporación de la participación ciudadana en el desarrollo social y económico del estado, en la ejecución de obras y en la prestación de servicios públicos. Sin embargo, esta ley no proponía la intervención de la ciudadanía en las decisiones relevantes de gobierno, sino que equiparaba la participación de la gente como aportación de mano de obra y “colaboración” con los gobiernos. Fue una ley que tampoco se usó.
Fue hasta 2008 cuando se aprobó la Ley de participación ciudadana del estado de Guerrero, en cuyo contenido “resaltan las figuras del plebiscito; referéndum; iniciativa popular legislativa; consulta ciudadana; colaboración ciudadana; rendición de cuentas; difusión pública; audiencia pública; recorridos de los presidentes municipales; y asamblea ciudadana, mismas que son calificadas como instrumentos medulares de los ciudadanos para participar en los asuntos públicos, al permitir a éstos, verificar y evaluar las políticas públicas”, según la exposición de motivos y consideraciones de la iniciativa de ley.
Cabe mencionar que, incialmente se propuso incluir la figura de revocación de mandato, ya que “este mecanismo le permitiría a la sociedad guerrerense someter al escrutinio y examen a sus gobernantes y representantes, y de no satisfacer su actuación en un tiempo razonable, podrían ser destituidos para que otros ciudadanos se ocupen de las responsabilidades que le fueron conferidas por medio de elección popular”. Pero al final no fue incluida la revocación de mandato en la ley que aprobaron los diputados de la LVIII Legislatura del Congreso del estado.
Sin embargo, esta ley de participación ciudadana de Guerrero ha sido letra muerta, salvo por los casos del ejercicio ciudadano realizado sobre la reforma energética de 2008, y la aprobación en 2011 de la Ley de desarrollo rural sustentable del estado, que fue ampliamente consultada con organizaciones de productores del estado.
Al respecto, Alberto J. Olvera afirma que “las leyes de participación ciudadana en los estados son deficientes en términos de establecer claras garantías para el ejercicio de los mecanismos de democracia directa. En gran medida, por esta razón ha habido muy pocas experiencias de este tipo, todas ellas fallidas. (…) la carencia de experiencias positivas habla de la dificultad de usar la democracia directa cuando en el gobierno hay una clase política que no se interesa por reformas de fondo en el orden constitucional e institucional y la sociedad civil es débil y fragmentada”.

La nueva Constitución

La nueva constitución del estado de Guerrero incluye algunos de los mecanismos de participación ciudadana y los considera como derechos ciudadanos. En el artículo 19 por ejemplo, establece que es un derecho de los guerrerenses, una vez que hayan cumplido 18 años, “participar en los procesos de referéndum, revocación de mandato, plebiscito y demás instrumentos de participación ciudadana; presentar iniciativas de ley ante el Congreso del estado, con excepción de la materia penal y tributaria; y acceder de manera efectiva a la información pública del Estado”.
Aun cuando se considera un avance la inclusión de estos derechos, la constitución también refiere que sólo el Congreso del estado y el titular del Ejecutivo estatal podrán convocar a estos ejercicios ciudadanos.
Por ejemplo, entre las atribuciones del Congreso (artículo 61), la constitución describe la de “formular solicitud al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que organice referéndum, plebiscitos, consultas populares y demás instrumentos de participación ciudadana”.
En el caso del gobernador (artículo 91), éste podrá solicitar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero la convocatoria y organización, en su caso, de referendos, plebiscitos, consultas populares y demás instrumentos de participación ciudadana”.
Asimismo, la constitución propone que sea el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado (IEPC) el encargado de organizar, desarrollar y vigilar las “elecciones periódicas, plebiscitos, referéndum y demás instrumentos de participación ciudadana”.
Al respecto, el artículo 128 describe las atribuciones del IEPC y destaca entre ellas la “organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los casos de referéndum, plebiscito, revocación de mandato, consulta ciudadana y demás instrumentos de participación ciudadana”.
Sin embargo, tanto en la constitución como en la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado sólo se establece el órgano que organizará y operará los mecanismos de participación ciudadana, pero no describe los procedimientos ni el carácter de los resultados. De hecho, el artículo 23 de la constitución local indica que “la ley regulará los instrumentos de participación ciudadana, las formas y modalidades en que aquéllos tendrán efectos vinculantes sobre las decisiones de los poderes públicos”.
A la fecha, esta ley todavía no se escribe.

La consulta de Aguirre

El gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que convocará a una consulta ciudadana para que decida sobre su permanencia como titular del Ejecutivo. La presión local, nacional e internacional, que lo responsabiliza de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, por acción u omisión, lo tiene con un pie y medio fuera del gobierno.
En estas circunstancias, es imposible creer que el gobierno organizaría este ejercicio de consulta ciudadana como un gesto democrático, pues claramente responde más a la presión externa que a una intención de fortalecer la democracia en el estado.
Lo mejor es que no se realice, sería muy lamentable que este tipo de ejercicios ciudadanos, sobre todo tratándose del primero que se realizaría en el estado, se perviertan desde el principio.
El de Aguirre Rivero sería el primero formalmente convocado, y detrás de él se movería una maquinaria político-clientelar y muchísimos recursos para cambiar votos por despensas, dádivas, favores políticos. Simplemente sería otra elección con los mismos vicios de siempre.

Ayuntamientos incumplen la Ley de Coordinación Fiscal

El Sur de Acapulco

Hasta el segundo trimestre de 2014, había un déficit importante de información sobre las obras públicas municipales, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social federal, dependencia que lleva el registro del ejercicio de los recursos del ahora llamado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fismdf), el recurso financiero más importantes que reciben cada año los municipios.
Los municipios guerrerenses continúan siendo omisos de informar a la dependencia normativa, ya que en el segundo trimestre de 2014, sólo 24 demarcaciones cumplieron con esta obligación. Es decir, los ayuntamientos de Guerrero no sólo son opacos con la ciudadanía, sino también dejan de cumplir sus obligaciones de informar a las instituciones normativas y de cumplir con la ley.
De acuerdo con el periódico oficial del estado de Guerrero, en 2013 se asignaron al Fismdf 4 mil 97.4 millones de pesos, y en 2014 la asignación fue de 4 mil 409.5 millones, para un incremento de apenas 312.1 millones de pesos que representan 7.6 por ciento. En 2011 la asignación fue de 3 mil 149.2 millones de pesos y en 2012, se incrementó a 3 mil 865.2 millones.
El incremento de 2014 es insignificante considerando que el estado requiere numerosas obras de infraestructura básica, luego de las afectaciones de los fenómenos metereológicos de septiembre de 2013.
Los ayuntamientos que recibirán en 2014 más recursos en números absolutos son Acapulco (30.7 millones más que en 2013), Chilapa (16.2 millones adicionales), Tlapa (11.2 millones), Chilpancingo (10.6), Ometepec (8.9), Acatepec (6.3), San Marcos (6.2) y Taxco (6.1 millones de pesos).
Mientras que los gobiernos municipales que recibirán menos incrementos son Alpoyeca, con 587 mil pesos de aumento, Buenavista con 691 mil 141, Xochihuehuetlán tendrá 760 mil 807, Pilcaya 749 mil, Juchitán 805 mil 126 y Atenango del Río, que recibirá 861 mil 132 pesos de incremento a sus recursos Fismdf.
Pero además de ser omisos, los ayuntamientos han ejercido los recursos con irregularidades, lo que sin duda les valdrá observaciones de los órganos fiscalizadores, como es el caso de la adquisición de fertilizante y la rehabilitación y conservación de caminos en porcentajes mayores a lo que les permite la normatividad del Fismdf.

Los reportes de los ayuntamientos

Al municipio de Acapulco se le asignaron por concepto del Fismdf, 492.3 millones de pesos para construir mil 101 obras en el municipio. Al concluir el segundo trimestre no se tenía ningún avance en 525 obras, aunque el avance financiero fue de 89.1 por ciento, según informó el ayuntamiento a la Sedesol.
En Chilpancingo, con un monto asignado de 151.7 millones de pesos, se programaron apenas 52 obras, 19 de las cuales tenían avances menores a 50 por ciento y 29 se reportaron como totalmente concluidas.
De las obras del ayuntamiento de Chilpancingo destacan como las más numerosas la pavimentación de calles y la rehabilitación de puentes. Entre los montos más altos pagados con recursos del Fismdf, sobresalen las aportaciones al programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (Apazu) de la Comisión Nacional del Agua, para obras de alcantarillado y drenaje que en total sumaron 32.5 millones de pesos.
También destacan las aportaciones a la adquisición y suministro de fertilizantes, que alcanzó los 10 millones de pesos, y una aportación al convenio entre la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno del estado por 10 millones
También sobresale que el ayuntamiento de Chilpancingo destinó 1.7 millones de pesos en becas como estímulo a la educación básica, y adquisición de software y hardware y habilitación de estaciones tecnológicas por 1.1 millones. También adquirió un predio para el relleno sanitario por 3.7 millones, y hay un rubro del que sólo informa que es aportación, pero no especifica a qué, por casi 10 millones.
Coyuca de Benítez sólo reporta dos obras por 6.2 millones de pesos, en tanto que la asignación federal es por 86.7 millones, lo que equivale apenas a 7.3 por ciento. En el primer trimestre reportó un registro de 154 obras sin ningún avance.
Iguala es otro municipio que lleva un avance de obras muy pobre. De acuerdo con la información de la Sedesol federal, se le asignaron 80.9 millones de pesos, pero al concluir el segundo trimestre apenas llevaba un 12.6 de avance en el ejercicio de los recursos. Este dinero se destinó a siete obras, todas ellas rehabilitaciones de concreto hidráulico en el centro de la cabecera municipal; en las comunidades rurales no se había construido nada, lo que contraviene la normatividad del Fismdf.
Otro de los municipios que registra poco avance financiero de las obras es Ometepec, cuya asignación del Fismdf es por 108.8 millones de pesos, pero su avance es de apenas 17.5 por ciento. Destaca en este municipio que se gastaron 474 mil 665 pesos en materiales y útiles de oficina, así como 240 mil pesos en promoción y difusión de las acciones de gobierno municipal y un rubro denominado “servicios relacionados con certificación de procesos”, con un costo de 304 mil 581 pesos.
El ayuntamiento de José Joaquín de Herrera gastó recursos del Fismdf en mantenimiento y conservación de vehículos terrestres (150 mil pesos), y en materiales y útiles de oficina, 74 mil 800, las cuales no son acciones para directamente combatir la pobreza. El monto total asignado a este municipio es de 42.3 millones y lleva un avance financiero de 44.1 por ciento.
El municipio de Cutzamala destaca no por sus obra sino porque destina más de 25 por ciento de sus recursos Fismdf para la compra de fertilizante. La federación le asignó este año 34 millones de pesos, y el ayuntamiento destinó 25.4 millones a la compra del insumo, lo que equivale a 74.4 por ciento.
Ayutla, con uno de los presupuestos más abultados del Fismdf (144.4 millones de pesos) incluyó en su informe muchas obras de rehabilitación y conservación de caminos (28 de 37 obras que tiene registradas), lo cual será observado por las dependencias normativas.
En este municipio de la Costa Chica se gastaron recursos en rubros como materiales y útiles de oficina, por un millón de pesos, refacciones y mantenimiento de transporte por 1.1 millones y asesoría para la elaboración de la cuenta pública por 771 mil 487 pesos.
Azoyú también destaca por su alto número de obras de conservación y rehabilitación de caminos (57 de 68). En este pequeño municipio se asignaron 23.5 millones de pesos y llevan un 35.7 por ciento de avance financiero.
El municipio de Chilapa gastó en materiales útiles para el procesamiento de equipos informáticos casi 771 mil pesos, en refacciones y equipo de transporte 250 mil pesos, en materiales y útiles de impresión y reproducción 70 mil, y en combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos 900 mil pesos.
El municipio de La Unión tuvo gastos de viáticos, combustible y material de oficina por 856 mil 394 pesos, que representan el 2.5 por ciento del presupuesto total.

Nuevas reglas

De acuerdo con lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), que regula la distribución y ejercicio de los recursos del Fismdf, en 2014 los ayuntamientos no podrán adquirir insumos agrícolas (léase fertilizante químico), y la realización de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de carretera y caminos rurales sólo será posible en coinversión con los otros órdenes de gobierno y sin rebasar el 15 por ciento de los recursos Fismdf correspondientes al municipio.
El artículo 33 de esa ley menciona los rubros en que se puede invertir el Fismdf: “agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura”.
Este universo de obras se restringe aún más en un documento normativo secundario llamado Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, emitido por la Sedesol federal.
Dicen los lineamientos que “los municipios deben utilizar estos recursos para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas en el Informe Anual de Rezago Social de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval” y únicamente para aplicarlo a los proyectos previstos en el catálogo que incluye este documento.
Lo anterior es mucho más prohibitivo que la misma LCF. Esta situación detonó en Guerrero el descontento de los presidentes municipales de todos los partidos, pues gran parte de los recursos del Fismdf los empleaban en la compra de fertilizante y la construcción y rehabilitación de caminos rurales.
Precisamente por este descontento, para el estado de Guerrero se establecieron concesiones especiales en el rubro de fertilizante, como lo declararon en abril pasado varios funcionarios federales de la Sedesol, incluida la titular de esa dependencia, Rosario Robles Berlanga, quien afirmó que “dadas las condiciones de pobreza y marginación en que se encuentra inmerso Guerrero, se analizarán alternativas para que los alcaldes puedan cumplir con la entrega del insumo agrícola, siempre y cuando el fertilizante sea de calidad, se realice una compra consolidada y haya transparencia en el padrón de beneficiarios”.
Uno de los resultados de este anuncio fue que los ayuntamientos podrían utilizar hasta 20 por ciento de los recursos del Fismdf para la compra de fertilizante –por primera vez en la historia del programa de fertilizante se “legalizó” la adquisición del insumo con recursos federalizados provenientes del Fismdf–. Y para el tema de caminos rurales no hubo concesiones: 15 por ciento del total recibido por los ayuntamientos.
Por medio de una solicitud de información, se requirió a la dependencia federal el “fundamento legal por el que la dependencia autorizó que los ayuntamientos de Guerrero utilicen 20 por ciento de los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ramo 33 a la adquisición de fertilizante,” ya que ni en la LCF ni en los lineamientos se establece el fertilizante como un rubro permisible.
Como respuesta, la dependencia federal se deslindó de esta concesión para el estado de Guerrero, pues afirmó escuetamente que “de la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos físicos y electrónicos de esta Dependencia, me permito informarle que esta Secretaría de Desarrollo Social no tiene facultad de autorizar ni validar ningún tipo de gasto por parte de los ayuntamientos municipales”, y nos remite a la LCF sobre los rubros en que se puede aplicar el recurso Fismdf.
Pero nada informa de dónde salió que los ayuntamientos pueden invertir 20 por ciento en la compra de fertilizante.
De acuerdo con datos de la Sedesol federal respecto de los avances registrados en el segundo trimestre de 2014, varios ayuntamientos reportan compras de fertilizante, y algunos rebasan la “concesión” establecida para el estado de Guerrero.
De los ayuntamientos que más recursos invierten en fertilizante está Chilapa, con 34.7 millones de pesos, que representan 15.4 por ciento de su asignación Fismdf. Taxco gastó 20 millones en el mismo concepto, y esto significa 19.9 por ciento de sus recursos del Fismdf; y Chilpancingo adquirió fertilizante por 10 millones que se traducen en 6.6 por ciento de los recursos de este fondo.
Hay otros municipios que rebasan por mucho el 20 por ciento, como es el caso de Cutzamala, que informó que gasta 25.3 millones de pesos en fertilizante y equivale a 74.4 por ciento de sus recursos Fismdf; o como Quechultenango, con 29.7 millones y 50.5 por ciento; o Tecoanapa, con 26.5 millones y 33.5 por ciento; y Tixtla, con 12.4 millones de pesos invertidos en el insumo agrícola que representan el 25 por ciento de los recursos Fismdf.
Estos ayuntamientos sin duda tendrán observaciones de parte de los órganos fiscalizadores.
Hay pues, falta de cumplimiento de los ayuntamientos de Guerrero para informar a la Sedesol sobre los avances físicos y financieros del Fismdf, y muchas irregularidades en su ejercicio, y no se conocen hasta hoy sanciones por este incumplimiento de la ley.

Opacidad y dispendio en el sector educativo

El Sur de Acapulco
El sistema educativo es uno de los sectores más opacos de Guerrero. La información que al respecto debe publicar el gobierno del estado, obligado por las diferentes leyes (de transparencia, de contabilidad gubernamental, decreto del presupuesto de egresos), es parcial, insuficiente y desarticulada, por lo que es difícil tener un panorama certero de lo que sucede en este sector, que en el caso de Guerrero, absorbe un porcentaje importante del presupuesto anual del estado.
Los ciudadanos que buscan conocer lo que sucede en el sector educativo guerrerense, deben invertir muchas horas en buscar información, atar cabos y armar rompecabezas con la información que a cuenta gotas se publica, sobre todo en los portales electrónicos. Y aún así, la radiografía elaborada queda incompleta.
Sin duda detrás del ocultamiento de información está el dispendio financiero expresado en la falta de planeación, un gran desorden administrativo y financiero, y especialmente el uso político y clientelar de los recursos de parte del gobierno del estado y el sindicato magisterial, que se tradujo en la creación y repartición de plazas de trabajo que no se requerían y que además no contaban con un respaldo presupuestal.
El resultado de esta política educativa errática aplicada por lo menos durante las cuatro últimas administraciones estatales es que todavía se gastan grandes cantidades de recursos, que deberían invertirse en erradicar la pobreza, en el sostenimiento de un aparato educativo obeso, que además no ha servido para superar los rezagos en la materia.
El censo
Una de las piezas del rompecabezas a la que hay que acudir para tratar de entender lo que sucede en el sector educativo es el reciente censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, realizado por el Inegi.
Sin embargo, como menciona la organización México Evalúa en su documento Censo educativo, Radiografía del dispendio presupuestal, “en pleno siglo XXI, en México aún no sabemos cuántos maestros y trabajadores administrativos laboran en las escuelas pre primarias, primarias y secundarias públicas. Esto a pesar de que el Estado mexicano decidió invertir 740 millones de pesos para levantar en 2013 un Censo educativo”.
El problema no es pues, solo de Guerrero, aunque el estado es un digno representante de este desastre en la educación.
Esta agrupación calculó que el costo anual de problemas en la nómina docente (comisionados, con licencia, plaza pese a fallecimiento, jubilación o renuncia) a nivel nacional es de 16 mil 99.5 millones de pesos, en tanto que en Guerrero ese costo suma los 726.5 millones de pesos.
Pero si a estas irregularidades se suman además el personal que labora en lugar distinto a su centro de trabajo, a quienes negaron información durante el levantamiento del censo y a los ausentes, las irregularidades en la nómina a nivel nacional suman 37 mil 681.2 millones de pesos, y en el estado de Guerrero alcanzan los mil 716.1 millones de pesos.
Asimismo, México Evalúa calculó el costo de la nómina irregular como porcentaje del presupuesto total en educación básica por entidad federativa, y Guerrero se ubicó en el lugar 11 con un porcentaje de 12.7. La media nacional en este rubro es de 9.9 por ciento.
Dentro de esta nómina irregular se encontraron variantes como las siguientes, por ejemplo, el porcentaje de la nómina en educación básica con individuos censados que no se conocen en el centro de trabajo, en este caso, Guerrero ocupó el lugar siete con 2.98 por ciento. Lo anterior significa que está lejos de erradicarse el problema de los llamados aviadores.
También la organización analizó el porcentaje de la nómina en educación básica que cobra pese a estar jubilado, pensionado, fallecido o haber renunciado, y en este rubro el estado de Guerrero ocupó el lugar 19 con 4.9 por ciento.
Adicionalmente se encontró un alto porcentaje de la nómina total que trabaja fuera, en un centro distinto al que está asignada la plaza, pues en el caso de Guerrero es de 9.4 por ciento, ocupando el cuarto lugar nacional; este rubro es indicativo del nivel de plazas que actualmente son ocupadas por aviadores.
México Evalúa hizo un comparativo entre el personal con comisión o licencia reportado por los gobiernos de los estados y el reciente censo educativo. El resultado es que la SEG reportó sólo dos empleados y el censo encontró 929.
En este rubro de personal comisionado, Guerrero sólo fue superado por Tamaulipas, que reportó dos trabajadores con comisión y el censo educativo descubrió 1,124 personas en esta situación.
Otro de los temas que se analizaron es el de las escuelas públicas en situación no óptima para fines educativos (construidas con materiales ligeros, precarios, escuelas móviles o sin construcción). Nuevamente Guerrero desataca a nivel nacional con 290 planteles en estas condiciones, sólo detrás de Chiapas. La mayoría de los estados (18) registraron menos de 50 escuelas en esta situación.
También se observó que Guerrero ocupa el segundo lugar a nivel nacional con mayor número de escuelas con piso de tierra, con un total de 521 planteles.
En cuanto al número de escuelas con paredes de material frágil o inadecuado, se localizaron en el estado 158, y las que tienen techo inadecuado fueron 2 mil 818 escuelas.
Un hallazgo muy grave es que Guerrero ocupó la segunda posición nacional en escuelas que carecen de agua corriente, con el 58.3 por ciento de los planteles en estas condiciones. Las escuelas que no cuentan con energía eléctrica equivalen a 13.9 por ciento del total.
En cuanto al drenaje, Guerrero también ocupó un lugar destacado, ya que el 68.7 por ciento de los planteles censados no tenía ese servicio. Adicionalmente, el 23.6 por ciento de las escuelas no tiene sanitarios.
Presupuesto
Entre los datos que sí se pueden encontrar en los portales electrónicos está el presupuesto anual que proviene del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). En 2013, el gobierno del estado de Guerrero informó que se ejercieron recursos por 13 mil 325.9 millones de pesos, la mayor parte de los cuáles (12 mil 974 millones, es decir, 97 por ciento) se destinaron al pago de salarios.
Cabe mencionar que 58.6 millones de pesos fueron para cubrir las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al Fondo del ejercicio 2012.
Del total de recursos, 49.1 por ciento se destinaron a educación primaria, 26.1 por ciento a secundaria y 15.3 por ciento a educación preescolar. No se define en qué se ocupó el nueve por ciento restante.
Lo interesante es conocer qué se ha conseguido con estos recursos, y para ello el gobierno del estado publicó algunos indicadores. Por ejemplo, el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron una calificación de logro académico de al menos elemental en la prueba Enlace de español fue en promedio de 71.8 por ciento. En el caso de matemáticas en la misma prueba, se tiene un registro de 73.2 por ciento de alumnos que lograron esa calificación.
Asimismo, en 2013 se tuvo una eficiencia terminal en primaria y secundaria en escuelas apoyadas por el FAEB de 89.7 por ciento, mientras que el índice de cobertura en los mismos niveles escolares fue de 73.2 por ciento.
Cabe mencionar que el gobierno del estado a la fecha no ha publicado el decreto del presupuesto de egresos del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2014, por lo que no se tiene el dato preciso de los recursos que ingresarán al estado por concepto del FAEB.
En el acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2014, emitido por la SHCP, se programaron para Guerrero por concepto del FAEB del orden de 13 mil 197.2 millones de pesos.
Informes trimestrales
Obligado por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el gobierno del estado de Guerrero publica cierta información cada trimestre sobre la nómina docente local del FAEB.
En total, el gobierno del estado informa que el personal federalizado es de 74 mil 266 personas con un total de 105 mil 266 plazas. Respecto del personal contratado por honorarios, el reporte trimestral indica que son 667 personas.
En su informe de personal comisionado correspondiente al segundo trimestre de 2014, el gobierno estatal informa que “no aplica”, es decir, que no hay comisionados.
Sin embargo, el censo realizado este mismo año encontró 929 personas comisionadas, en tanto que en su portal FAEB electrónico, como parte de su información de oficio, la SEG publica una “relación de personal comisionado al SNTE” de 2013 con 102 personas comisionadas. Es uno de los temas que provocan mayor confusión dentro de la secretaría de educación, ya que nunca hay claridad ni coinciden los datos, por lo que se presume un contubernio entre el gobierno del estado y el sindicato en el manejo del personal comisionado pagado con recursos públicos.
Respecto a los registro de personas que solicitaron licencia, hay un total de 12 personas en el periodo, aunque una de ellas aparece con tres plazas.
Respecto al rubro “trabajadores jubilados”, llama la atención que sólo se registren en el periodo tres personas, pero que se contabilicen 11 plazas, es decir, una de esas personas aparece con seis plazas, otra con tres y la última con dos plazas. No hay ninguna explicación al respecto.
Se publica también el formato “Trabajadores con doble asignación salarial en municipios no colindantes geográficamente”, en el que aparecen casos realmente destacados. Por ejemplo, la mayor parte de las personas que aparecen en este formato tiene dos plazas, y por las distancias, es imposible que puedan cubrir ambas.
Es el caso de un profesor que tiene una plaza en la comunidad de El Naranjo, del municipio de Heliodoro Castillo, y otra plaza en la localidad de Zoquiapa, en Tixtla. También está el caso de un docente que tiene plaza en la cabecera municipal de Coyuca de Benítez y otra en Tierra Colorada.
Hay casos muy sobresalientes dentro de este formato que publica el gobierno del estado, como el de una trabajadora de la educación que cuenta con cinco plazas en Chilpancingo y una en la localidad de San Juan Totolcintla, en el municipio de Mártir de Cuilapan; seis en total. Evidentemente, es imposible cubrir por lo menos las de la capital del estado.
Con seis plazas está registrado un profesor que tiene empleos en Cuautenango, municipio de Chilapa de Álvarez (cuatro), y dos en la cabecera municipal de Zapotitlán Tablas.
Un trabajador aparece con tres plazas en Ciudad Altamirano, municipio de Pungarabato, y cuatro en El Escondido, municipio de Arcelia. En total siete registros.
También destaca el caso de un profesor que cuenta con ocho plazas distribuidas de la siguiente manera: tres en Tlachimaltepec y tres en Ixcatla, municipio de José Joaquín de Herrera; y dos en Topiltepec, municipio de Zitlala.
En total, el formato del segundo trimestre de 2014 suma 124 trabajadores de la educación con doble asignación salarial en municipios no colindantes y un total de 348 plazas, para un promedio de 2.8 plazas por persona. Esta información sólo se refiere a personal que tiene por lo menos dos plazas en diferentes municipios, no incluye a las que tienen múltiples plazas en el mismo municipio o en municipios colindantes.
Otro de los rubros que se publican es el de “trabajadores ocupando plazas que superan el número de horas de compatibilidad autorizadas”, y de acuerdo con los registros del gobierno del estado, hay 140 empleados en este caso, con un total de 355 plazas.
Hay muchos casos donde los empleados de la educación rebasan el número de “horas de compatibilidad de la categoría”. Los casos extremos son de aquellos docentes cuyas horas de compatibilidad corresponden a 10, y en realidad cuentan con 50 horas. Incluso hay un caso en que un empleado tiene una hora de compatibilidad y en su contrato aparecen 46 horas.
Ésta es sólo una parte de la información publicada que puede analizarse para ubicar las irregularidades en el sector educativo guerrerense. Se encuentra en: http://www.seg.gob.mx/transparencia-informe-trimestral-02-2014/
Asimismo, se pueden consultar datos sobre el censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial http://www.censo.sep.gob.mx/index.php/tabulados-del-censo.

Tres condiciones para la transparencia

El Sur de Acapulco
Aunque en el discurso todas las entidades gubernamentales se dicen transparentes y facilitadoras del acceso a la información de los ciudadanos, en la práctica el ejercicio de estos derechos ha sido muy restringido entre los guerrerenses.
Son diferentes los motivos que obstaculizan la transparencia y el acceso a la información, los principales: la ausencia de políticas públicas en la materia, la falta de disposición y voluntad de los titulares (gobernador, presidentes municipales, diputados) y en menor medida la carencia de cuadros especializados y capacitados.
También destaca el poco conocimiento de la ley por los ciudadanos, las conductas de los servidores públicos obstaculizan la recepción y respuesta de solicitudes de información, y en general, las prácticas burocráticas que entorpecen el acceso a la información en el interior de las oficinas públicas.
Los ex responsables de las unidades de transparencia de los ayuntamientos más importantes de Guerrero, Acapulco y Chilpancingo, comentaron su experiencia y sobre todo, explicaron las dificultades que encontraron en el interior de las instituciones para realizar su trabajo.
Chilpancingo, con bajos índices
Roberto Álvarez Heredia trabajó en el trienio 2009-2012 en el ayuntamiento de Chilpancingo, con el ex presidente municipal Héctor Astudillo y luego con Tulio Pérez Calvo. Fue coordinador de asesores durante el primer año, y luego secretario de la función pública, desde donde atendió los asuntos de transparencia y las solicitudes de información.
“Encontré la oficina responsable de la transparencia y acceso a la información en condiciones muy limitadas. La atención a las solicitudes de información estaba en manos de una secretaria, por lo que se hacía una actividad meramente administrativa: recibía la solicitud, elaboraba un oficio dirigido al área correspondiente del ayuntamiento y, si el área le respondía, ella daba respuesta al ciudadano. Si el área no le daba información, la secretaria simplemente no podía hacer nada y el ciudadano presentaba su queja”.
Al tomar posesión como secretario de la función pública, Álvarez Heredia se hizo cargo también de la oficina de transparencia y acceso a la información; la secretaria se convirtió en un apoyo administrativo y él se encargaba de gestionar directamente con los secretarios de despacho tanto la información que se publicaría en la página web como la información solicitada por los ciudadanos.
Reconoció que la transparencia del ayuntamiento y las facilidades para entregar información pública no fueron parte de una política pública del ayuntamiento encabezado por Astudillo Flores, sino que el trabajo realizado fue por iniciativa y convicción personales.
Recalcó sin embargo, que “platiqué con el alcalde y él estaba en la mejor disposición de que se respondieran todas las solicitudes de información que llegaran. Lo que siento es que el presidente municipal estaba más atento a la problemática cotidiana del ayuntamiento, a la demanda de la gente, falta de agua potable, la construcción de obras, y las solicitudes de información era como algo secundario; pero nunca hubo una limitación para que no pudiera proporcionar información a los ciudadanos”.
De acuerdo con su testimonio, al no haber una política pública, tampoco había en el ayuntamiento de Chilpancingo procedimientos ni estructura específica para la recepción y respuesta sistematizada a las solicitudes de información. Es decir, fue a partir de su amistad y cercanía con los funcionarios titulares de las secretarías del ayuntamiento que logró que proporcionaran la información pública que generaban sus respectivas áreas, pero no como un procedimiento institucional.
“Había solicitudes muy recurrentes sobre información de obra pública. Mi relación con el secretario de obras públicas era muy personal, era mi amigo, y como tal, no tenía ningún reparo en proporcionarme la información. La secretaría de planeación, que manejaba todos los recursos del ramo 33, también me la entregaba; todo lo que se refería a la obra pública, nunca tuve ningún problema”.
Roberto Álvarez comentó que si bien hay un problema grande de actitud de muchos funcionarios que no proveen información pública porque la consideran de su propiedad, en la sociedad también hay problemas graves porque a muchos ciudadanos no les interesa conocer qué es lo que hace una dependencia pública, tal vez porque no conocen el derecho que tienen de solicitar información, enfatizó.
Reconoció que uno de los déficits del ayuntamiento del periodo 2009-2012 fue la promoción del derecho de acceso a la información a los ciudadanos, pues lo realizaron de manera muy marginal. Agregó que él, como secretario de la función pública abordaba este asunto en entrevistas de prensa “pero sentía que esto debía empezar desde la cabeza, que el presidente municipal estuviera permanentemente promoviendo, sí la promovió, pero no permanentemente”.
El ex secretario de la función pública también recordó que diseñaron un portal electrónico para la publicación de información, aunque advirtió que la página era limitada en cuanto a la difusión de la información de oficio.
Asimismo comentó que “más allá de la cuestión legal, que compromete y obliga a las instituciones, siento que todavía hay una reticencia cultural muy arraigada de los funcionarios, sobre todo en los ámbitos municipal y estatal, porque tienen la idea de que la información que se genera en los gobiernos no es pública, sino que pertenece a los gobiernos que están en ese momento en el poder”.
Cabe recordar que el municipio de Chilpancingo ha tenido calificaciones muy bajas en materia de transparencia, de acuerdo con las evaluaciones del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra).
En promedio, en las siete evaluaciones aplicadas desde 2010, Chilpancingo tiene una calificación de 21 puntos, en una escala de 100. Durante el gobierno de Héctor Astudillo, el municipio tuvo calificaciones de 25, 30.8, 10.8, 17.6 y 18.5 puntos porcentuales.
Asimismo, de acuerdo con datos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado, el ayuntamiento de Chilpancingo encabeza la lista de los sujetos obligados que han recibido mayor número de sanciones por no atender solicitudes de información, con el 7.9 por ciento del total estatal.
Acapulco a la alza
Carlos Juárez Cruz fue el responsable de la unidad de transparencia del ayuntamiento de Acapulco de abril de 2013 a julio de 2014, en el gobierno de Luis Walton Aburto. Este periodo destaca porque el ayuntamiento se convirtió en la dependencia pública guerrerense que subió una gran cantidad de la información de oficio que indica el artículo 13 de la ley de transparencia y con esto se convirtió en el más transparente en el estado.
Juárez Cruz recuerda que cuando se encargó de la unidad de transparencia “había mucho descuido del área, no era un área que estuviera funcionando, no había estructura ni procesos claros en el interior del ayuntamiento”.
El resultado de la falta de atención fue una muy baja calificación en materia de transparencia y falta de estructura para organizar un sistema eficaz de recepción y respuesta a las solicitudes de información ciudadana.
“Cuando Luis Walton llegó al ayuntamiento, claramente tenía en su agenda el combate a la corrupción, y la transparencia como parte de sus temas principales. Entonces, creo que sí hay una política pública de transparencia y acceso a la información en el ayuntamiento, pues además de su convicción y la consecuente traducción en acciones, en el plan municipal de desarrollo sí está formulada esa política de transparencia y rendición de cuentas”.
Juárez Cruz también recordó que en septiembre de 2012, desde el colectivo Cimtra se invitó a los 81 presidentes municipales a firmar un acuerdo por la transparencia. En esa ocasión, asistieron los alcaldes de Acapulco, Chilpancingo y Atoyac, además del síndico de Iguala.
A dos años de la firma de ese compromiso, sólo el alcalde de Acapulco realizó cambios para avanzar en los niveles de transparencia y facilitar el acceso a la información; el resto de los firmantes incumplieron su compromiso.
El ex director de la unidad de transparencia comentó que a su llegada el ayuntamiento no estaba cumpliendo con la ley de transparencia respecto a la información de oficio.
“Buscamos primero que se publicara la mayor parte de la información, empezamos con la que se pudiera conseguir en el corto plazo para subirla a la página, pero era tanto lo que faltaba por publicar que comenzamos por lo más fácil y lo más rápido para comenzar a dar forma y estructura a la página de transparencia”.
Juárez Cruz también comentó que otra de sus prioridades fue modificar la forma en que se respondían las solicitudes de información de los ciudadanos.
Recordó el ex funcionario que “lo que históricamente sucedía es que si los ciudadanos querían solicitar información al ayuntamiento, tenían que enviar un escrito al área correspondiente y presentarlo personalmente –antes, tenían que investigar el área correspondiente, porque si no era así simplemente no lo recibían–; las dependencias contestaban de acuerdo a lo que sus asesores jurídicos consideraban oportuno”.
Una de las medidas fue concentrar recepción y respuesta de solicitudes de información del ayuntamiento en una sola oficina; se dieron instrucciones a todas las áreas para que las dependencias dejaran de recibir y responder solicitudes, y al mismo tiempo se diseñó un formulario de acceso a la información sencillo y eficiente que comenzó a funcionar en julio de 2013.
Carlos Juárez destacó que, no obstante la disposición del alcalde y la inclusión de la transparencia y el acceso a la información como política pública del ayuntamiento, se enfrentaron a varios problemas como la inexistencia de la información, datos que históricamente no se han generado, aunque estos deberían estar pero no se tienen.
También mencionó que hay información que por cuestiones de seguridad no se puede revelar, por ejemplo los nombres y domicilios de empresas constructoras, y algunos datos sobre seguridad pública.
“Cuando te piden una información que no se ha generado, te enfrentas no con falta de disposición y apertura sino con problemas de estructura y de institucionalización de algunas políticas del ayuntamiento. En transparencia tuvimos muchos problemas, operativos y de estructura; éramos una oficina de tres personas, y realmente con ese personal no se pueden hacer grandes operaciones, pedimos que cada área nombrara un enlace y eso facilitó mucho el proceso”.
El ex director de transparencia también opinó que en el interior del ayuntamiento no observó resistencias para la entrega de información por parte de los funcionarios, ya que el alcalde realizó varias reuniones y les dio la instrucción de que abrieran todos sus archivos e información a la unidad de transparencia.
“Con esta instrucción, era muy difícil que algún funcionario, fuera secretario o director, se resistiera o negara abiertamente la información”, acotó Juárez Cruz.
Durante varios años, el ayuntamiento de Acapulco tuvo bajas calificaciones en las evaluaciones Cimtra. En promedio, en las siete evaluaciones obtuvo una puntuación de 23.8, apenas arriba de la de Chilpancingo.
Cabe mencionar sin embargo que en la última revisión de octubre de 2013, el ayuntamiento de Acapulco alcanzó 40 puntos en la evaluación Cimtra.
Un monitoreo más reciente, realizado por Comunicación para el Desarrollo Comunitario en abril de 2014, dio un porcentaje de 93 por ciento de calificación en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, según la ley estatal en la materia.
Disposición del titular
La disposición y voluntad de los titulares de las dependencias públicas es la principal condición para que una oficina pública sea transparente y facilite el acceso a la información a los ciudadanos. Sin este ingrediente, difícilmente podrá establecerse una política y proyectos específicos para promover la transparencia.
También es necesario que en las dependencias haya una persona o, mejor, un equipo de personas capacitadas que conozcan bien el tema y reconozcan la importancia de la transparencia y el acceso a la información para mejorar la gestión pública y la aplicación eficaz y eficiente de los recursos públicos con el escrutinio ciudadano.
Y eventualmente, es necesario invertir no sólo presupuesto, sino recursos técnicos, humanos, y que los tomadores de decisiones le dediquen tiempo.
Estas tres condiciones no se cumplen en la mayoría de las dependencias que reciben dinero público y que son sujetos de la ley de transparencia. Por eso los niveles de transparencia y los índices de acceso a la información son muy bajos en Guerrero.