Se fue un gobierno opaco y simulador en la rendición de cuentas

El Sur de Acapulco

El gobierno de Ángel Aguirre Rivero fue opaco desde el primero y hasta el último día de su gobierno. A lo largo de tres años y poco más de ocho meses que duró su mandato, las políticas para promover la transparencia y el acceso a la información de las dependencias del gobierno del estado fueron inexistentes, o sólo en el papel, y los escándalos sobre presuntas acciones de corrupción se presentaron constantemente en su gobierno.

Dos hechos retratan muy bien la escasa disposición de la administración aguirrista para la transparencia y la rendición de cuentas.
En diciembre de 2012, organismos sociales y civiles presentaron ante la Secretaría de Salud una petición para vigilar los recursos de la dependencia. En esa ocasión, un representante de la Contraloría General desautorizó la solicitud argumentando que las auditorías ciudadanas no están previstas en la ley y esa función corresponde a los órganos fiscalizadores. La percepción del funcionario de la Contraloría fue muy semejante con la que operó el gobierno del estado, incluso en contradicción con su propio plan estatal de desarrollo, que mencionaba con cierta amplitud el tema de la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos.
El otro hecho que retrata la administración de Aguirre, es un compromiso de campaña para constituir un consejo ciudadano que vigilara los recursos destinados a adquisiciones gubernamentales y obra pública, como una medida para prevenir y combatir la corrupción en el gobierno.
Sin embargo, el compromiso se diluyó a través de los meses. Hasta finales de octubre de 2011, el gobernador Ángel Aguirre envió la iniciativa de decreto al Congreso del estado para su análisis y aprobación. Los diputados locales aprobaron el decreto el 7 de febrero de 2012.
A este organismo ciudadano se le tomó protesta hasta el 16 de enero de 2014, prácticamente en el último año de la administración, y a la fecha no se ha hecho público ningún resultado. Era evidente que no quería la vigilancia ciudadana.

Escándalos en los primeros meses
En Monitor de Guerrero publicamos algunas de las numerosas irregularidades que presentó la administración de Aguirre; éstas fueron únicamente la punta del iceberg, pues difícilmente se conocerá la dimensión real de la depredación de los recursos públicos, por la falta de transparencia en su gestión. 
En julio de 2011, a 100 días de que asumiera la gubernatura, la gestión de Ángel Aguirre aún no emitía ninguna política de transparencia y de rendición de cuentas, pero eso sí, los nuevos funcionarios se mostraban muy incisivos respecto de las deficiencias contables, administrativas y de rendición de cuentas que le atribuían al gobierno anterior, sobre todo en los ramos de salud y educación que manejan presupuestos millonarios.
Durante los 100 días, el gobierno del estado no publicó la información de oficio de las dependencias de la administración central y el sector paraestatal correspondiente al periodo del entrante gobernador; es más, retiró toda la información de oficio que había publicado el gobierno de Zeferino Torreblanca, y durante varios meses no la reemplazó.
Los escándalos derivados de presumibles actos de corrupción, también brotaron desde los primeros meses de la administración aguirrista.
El primero surgió de la Secretaría de Desarrollo Social, cuyo titular en 2011, David Jiménez Rumbo, pretendió desvirtuar el programa 3x1 para migrantes mediante el uso político del programa y buscando modificar la operación que se había construido en los años anteriores.
Jiménez Rumbo descalificó la operación del 3x1 con acusaciones de corrupción y desvío de recursos, pero está documentado que es uno de los programas en donde la participación ciudadana ha impedido precisamente el uso irregular de los recursos. Realmente quien buscaba darle un uso político al programa era el funcionario del gobierno del estado.
Semanas después, representantes de comités comunitarios de varios municipios denunciaron que fueron presionados por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural para obligarlos a contratar a determinadas empresas para la construcción de obras.
El programa al que se referían los quejosos era el de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA), cuyos lineamientos operativos establecen claramente que los recursos de este programa deben ser recibidos por los beneficiarios y ellos tienen el derecho a decidir de qué manera los ejercen.
En esos días también hubo denuncias en contra de funcionarios de la misma Seder, por presuntos actos de corrupción dentro del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. La acusación fue en específico en contra de Humberto Rafael Zapata Añorve, quien, según la denuncia, visitaba a los beneficiarios de los proyectos de obras de infraestructura aprobadas y los obligaba “a que contraten la ejecución de sus proyectos con la empresa constructora que dirige Jaime Alarcón, bajo el argumento de que es un hombre de mucha experiencia y de mucha confianza del C. Gobernador”.
En noviembre de 2011 dimos cuenta en este espacio de numerosas irregularidades en el Instituto Guerrerense de Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, encontradas en el padrón de beneficiarios, donde fueron registradas y cobraban personas no elegibles del programa, y esto con la anuencia, complicidad u omisión de funcionarios del gobierno.
Al buscar más datos sobre el asunto, la dependencia no respondió en tiempo los requerimientos de información que se le hicieron, y la Contraloría General del estado tampoco entregó información de las acciones de vigilancia sobre las irregularidades, pues decían que “dicha documentación no puede ser proporcionada, debido a que el expediente de los informes está clasificado como reservado”. No se supo de ninguna sanción.

2012

La Auditoría Superior de la Federación se ha convertido en una de las pocas fuentes que documentan las irregularidades en que incurre el gobierno de Guerrero. En 2012, este organismo denunció que durante 10 años, Guerrero cometió año tras año las mismas irregularidades en el ejercicio de los recursos, pues las revisiones practicadas a los fondos y programas financiados con recursos federales en el periodo 2000-2010 mostraron “una elevada incidencia y recurrencia de las observaciones”.
Pero hacia esta tendencia también se encaminó la administración de Ángel Aguirre, ya que las auditorías de los ejercicios 2011 y 2012 revelaron que también realizaba este tipo de prácticas que infringen la normatividad federal, al ejercerse los recursos federalizados de manera irregular, no obstante las observaciones que la ASF advertía oportunamente cada año.
El sector salud fue uno de los programas más opacos del gobierno de Aguirre. Si bien la ASF había denunciado irregularidades en el gasto de este programa en la administración de Zeferino Torrreblanca Galindo, esta tendencia continuó en el de Ángel Aguirre Rivero, que nada corrigió y continuaron los manejos poco claros.
Por ejemplo, a principios de 2013 la ASF puso al descubierto diversas irregularidades en el gasto de la Secretaría de Salud del gobierno del estado, según su informe de resultados de la fiscalización superior a la cuenta pública del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del ejercicio 2011.
La mayoría de las observaciones que encontró la ASF fueron el desvío de recursos hacia conceptos no autorizados a pagarse con dinero de este fondo federal, la falta de transparencia y pagos realizados de manera irregular a empleados de la dependencia. Es decir, en la administración de Ángel Aguirre se encontraron todavía muchas de las deficiencias e inercias que se habían observado al gobierno anterior.
El sector educativo también fue de los más opacos de la administración de Aguirre Rivero. En el portal electrónico de la dependencia se publica de manera dispersa e incompleta la información de oficio a la que está obligada; no se observa una línea articulada para presentar los datos, y sólo hay acumulación de información que no es útil.
En general, se observa una intención de no presentar información relevante sobre el funcionamiento de la SEG, opacidad que es congruente con las decisiones que se toman en el interior de la dependencia y que no necesariamente se apegan a las diferentes normas del sector.
En septiembre de 2012 publicamos que a 17 meses de que asumiera la administración de Ángel Aguirre, ni siquiera se había superado lo que hizo en la materia de transparencia el gobierno estatal anterior, pues, por ejemplo, las páginas electrónicas tenían escasa información o la que publicaban estaba desactualizada o no era útil para el monitoreo y seguimiento ciudadano de las acciones gubernamentales. Todavía en esas, había dependencias que no contaban con información de oficio, como la Secretaría de Educación de Guerrero, la Procuraduría de Defensa de los Campesinos y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
En noviembre de 2012, el festival anticorrupción organizado por el gobierno del estado a través de la Contraloría General del Estado, se quedó en simulación. Sin un marco conceptual que permitiera encuadrar las actividades realizadas, las dependencias del Ejecutivo montaron mesas de exhibición para presentar ante el público información sobre los programas y acciones, pero brillaron por su ausencia las propuestas o acciones para prevenir y combatir la corrupción. Fue un festival muy colorido con información sobre el quehacer de las dependencias, pero totalmente ajeno en la práctica al tema que se anunció.

2013

En abril de 2013 publicamos que la ASF y la AGE denunciaron que en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 2011, ni el gobierno del estado ni los municipios auditados cumplieron con las disposiciones normativas aplicables.
Los órganos fiscalizadores concluyeron que el gobierno del estado mostró carencias y muchas irregularidades en el ejercicio de 434.3 millones de pesos que recibió de la federación en 2011 para la construcción de obra pública.
Por ejemplo, la AGE encontró que al 31 de diciembre de 2011, el gobierno del estado sólo ejerció 251.8 millones de pesos, es decir apenas 58 por ciento del total. Incluso, al 31 de mayo de 2012, sólo había ejercido 62.8 por ciento.
Aunado a este subejercicio, la AGE revisó una muestra de las obras y halló que 58 por ciento estaban terminadas y el resto en proceso, y de las obras concluidas, solo 78 por ciento operaba adecuadamente, por lo que la AGE concluyó que los recursos de este fondo “no se ejercieron con eficiencia”.
En septiembre de 2013, lluvias torrenciales afectaron severamente el territorio guerrerense. Desde el mismo momento del desastre, no hubo sin embargo claridad en las acciones gubernamentales del gobierno federal, ni del gobierno de Ángel Aguirre y mucho menos de los municipales. La falta de información fue la constante antes, durante y después del desastre.
La escaramuza entre los gobiernos estatal y federal respecto de las responsabilidades de prevenir a la población con oportunidad sobre la gravedad de la tormenta tropical y lo que se venía, fue solo un ejemplo de esa falta de oficio y coordinación entre ambos órdenes de gobierno para proporcionar información suficiente, oportuna y por los canales apropiados a efecto de disminuir los riesgos entre la población.
Ninguna entidad gubernamental quiso responsabilizarse de la falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno ni de la criminal ausencia de información a la ciudadanía, antes de que comenzaran las torrenciales lluvias en Guerrero.
Esta sequía de información también se ha observado en las acciones gubernamentales y sobre todo con respecto de la ayuda que proviene de fuera del estado, ya que no hay claridad sobre los recursos que han llegado y sí muchas promesas de que se harán transparentes.
Pero la transparencia no son declaraciones ni el anuncio de números gruesos; es sobre todo la voluntad de mostrar a la ciudadanía el detalle del ejercicio de los recursos para que ésta juzgue si se están gastando bien.
La opacidad se extendió también durante la crisis política por el asesinato y desaparición de los estudiantes normalistas. Reporteros de Noticias MVS acudieron al Registro Público de la Propiedad de Chilpancingo a realizar una búsqueda de las propiedades a nombre del José Luis Abarca y su esposa “como cualquier ciudadano puede hacerlo y pagando las cuotas establecidas”. Sin embargo, les negaron la información.

¿Aguirre promueve consulta ciudadana?

El Sur de Acapulco

Ángel Aguirre Rivero anunció hace unos días que someterá a consideración de la ciudadanía su permanencia como titular del Ejecutivo del estado. En un comunicado oficial fechado el 9 de octubre, el mandatario “anunció que presentará el lunes próximo (13 de octubre) ante el Congreso de Guerrero, la propuesta para que cuando éste y el Instituto Nacional Electoral lo decidan, se realice un referéndum para que la población decida democráticamente si permanece o no como titular del Ejecutivo estatal”.
En otro momento, esta iniciativa hubiera sido aplaudida por todos, pues ni en México y mucho menos en Guerrero, se recuerdan experiencias donde las propias administraciones gubernamentales sometan al escrutinio ciudadano el ejercicio del gobierno, o se ponga a consideración de la población las decisiones relevantes del país o del estado.
Durante los poco más de tres años de su gestión, a Ángel Aguirre nunca le interesó la opinión ciudadana en las decisiones de gobierno, ni tampoco el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana vigentes.
Pero hoy sí. En las actuales circunstancias, donde es fuertemente cuestionado, Aguirre Rivero pensó en utilizar una de las figuras de participación ciudadana, pero no para conocer lo que piensan los guerrerenses sobre su gobierno, sino para “legitimar” su estadía en la gubernatura o, en términos coloquiales, para “salvar el pellejo” ante los graves acontecimientos que vive el estado, derivados de los asesinatos de estudiantes en Iguala.

Pocas experiencias

No es fácil ubicar ejercicios reales de consulta ciudadana en el estado de Guerrero, simplemente porque no los ha habido; ha sido más fuerte y constante la centralización y el autoritarismo de los gobernantes.
Hay sin embargo algunos que no fueron promovidos desde el gobierno. Noe Rosendo Sánchez, en la revista Altamirano No 18 (octubre de 2000) recuerda que en “algunos municipios del país se ha practicado el plebiscito popular, por ejemplo en el municipio de Zumpango del Río, hoy Eduardo Neri, en 1984 la comunidad municipal empleó éste para desconocer a las autoridades municipales.”
Más recientemente, como parte de una consulta nacional, una grupo de ciudadanos y de diputados locales convocó a una consulta ciudadana en julio de 2008 sobre la reforma energética, y al parecer es el ejercicio mejor organizado y con mayor participación de ciudadanos hasta la fecha.
Entre los considerandos de la convocatoria, los organizadores señalaban que “un asunto de esta trascendencia (la reforma energética) no debe definirse sólo con la participación de los legisladores, sino que tiene que tomarse la opinión del pueblo de México mediante mecanismos de democracia directa, que ya son prácticas habituales de las democracias avanzadas del mundo, con las que la mayoría define las decisiones que deben adoptar los gobiernos”.
Para el cómputo de los votos se integró un consejo ciudadano que, al siguiente día del ejercicio dio a conocer los resultados finales de la consulta.
De acuerdo con los documentos emitidos por este consejo ciudadano, participaron 114 mil 104 personas, en un total de 654 mesas receptoras. Si se equipara con el padrón electoral de Guerrero de 2012, los ciudadanos participantes representaron 4.5 por ciento de ese padrón.
Pero más allá de estas experiencias, los sucesivos gobiernos estatales y municipales de Guerrero nunca han preguntado a los ciudadanos sobre las decisiones fundamentales que afectan a toda la población.
Tal es el caso de la presa hidroeléctrica La Parota, que los gobiernos federal y estatal han querido imponer a las comunidades afectadas.
En el documento Derecho al Territorio y a la Consulta proyecto Hidroeléctrico La Parota, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota y Tlachinollan (2011) reseñan una de las principales demandas del movimiento opositor: que el gobierno estatal acate sin restricciones la letra y el sentido de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario, así como que garantice el respeto al derecho a la consulta de los pueblos, respetando la decisión de los comuneros, que unánimemente dijeron no al proyecto.
Sin embargo, esta decisión de los pueblos no ha sido respetada.
Otro de los temas polémicos fue la despenalización del aborto. Aun cuando la comisión permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto para que el Congreso del estado de Guerrero organizara una consulta sobre este tema, ésta nunca se realizó, y la iniciativa para despenalizar el aborto fue desechada en las comisiones unidas de justicia, salud y equidad de género del Congreso local, sin haber preguntado a la población lo que opinaba sobre el tema.
El desprecio por la opinión de los ciudadanos no sólo es de los políticos guerrerenses, ya que el senador del PRI y presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna, aseguró en diciembre pasado que la reforma energética no es un tema que debe ser consultado con los ciudadanos.
“Vivimos en una democracia representativa, en donde, como representantes populares hemos ganado una elección y representamos a la ciudadanía, tenemos que tomar decisiones y muchos pensamos al interior del Senado y en la Cámara de Diputados que no es un tema que se tenga que consultar con la ciudadanía porque aplazaría decisiones fundamentales para el país“, aseveró en Noticias MVS.

Legislación sobre mecanismos de participación

En materia de leyes sobre los mecanismos de participación ciudadana, el estado de Guerrero también ha sido muy pobre.
Durante muchos años, la Constitución del estado incluyó dentro de su articulado (25) una de estas figuras de participación ciudadana. “El Poder Ejecutivo someterá a consulta de la ciudadanía, conforme a las técnicas y métodos del referéndum, los asuntos que de manera trascendente afecten el bienestar popular y reclamen importantes recursos fiscales”.
Pero ningún gobernador puso a consideración de la población algún tema al que se refiere el artículo 25 de la constitución, pues no requerían consultarlo con nadie.
También, desde 1987 estuvo vigente la Ley que establece las bases para el fomento de la participación de la comunidad, la cual proponía la incorporación de la participación ciudadana en el desarrollo social y económico del estado, en la ejecución de obras y en la prestación de servicios públicos. Sin embargo, esta ley no proponía la intervención de la ciudadanía en las decisiones relevantes de gobierno, sino que equiparaba la participación de la gente como aportación de mano de obra y “colaboración” con los gobiernos. Fue una ley que tampoco se usó.
Fue hasta 2008 cuando se aprobó la Ley de participación ciudadana del estado de Guerrero, en cuyo contenido “resaltan las figuras del plebiscito; referéndum; iniciativa popular legislativa; consulta ciudadana; colaboración ciudadana; rendición de cuentas; difusión pública; audiencia pública; recorridos de los presidentes municipales; y asamblea ciudadana, mismas que son calificadas como instrumentos medulares de los ciudadanos para participar en los asuntos públicos, al permitir a éstos, verificar y evaluar las políticas públicas”, según la exposición de motivos y consideraciones de la iniciativa de ley.
Cabe mencionar que, incialmente se propuso incluir la figura de revocación de mandato, ya que “este mecanismo le permitiría a la sociedad guerrerense someter al escrutinio y examen a sus gobernantes y representantes, y de no satisfacer su actuación en un tiempo razonable, podrían ser destituidos para que otros ciudadanos se ocupen de las responsabilidades que le fueron conferidas por medio de elección popular”. Pero al final no fue incluida la revocación de mandato en la ley que aprobaron los diputados de la LVIII Legislatura del Congreso del estado.
Sin embargo, esta ley de participación ciudadana de Guerrero ha sido letra muerta, salvo por los casos del ejercicio ciudadano realizado sobre la reforma energética de 2008, y la aprobación en 2011 de la Ley de desarrollo rural sustentable del estado, que fue ampliamente consultada con organizaciones de productores del estado.
Al respecto, Alberto J. Olvera afirma que “las leyes de participación ciudadana en los estados son deficientes en términos de establecer claras garantías para el ejercicio de los mecanismos de democracia directa. En gran medida, por esta razón ha habido muy pocas experiencias de este tipo, todas ellas fallidas. (…) la carencia de experiencias positivas habla de la dificultad de usar la democracia directa cuando en el gobierno hay una clase política que no se interesa por reformas de fondo en el orden constitucional e institucional y la sociedad civil es débil y fragmentada”.

La nueva Constitución

La nueva constitución del estado de Guerrero incluye algunos de los mecanismos de participación ciudadana y los considera como derechos ciudadanos. En el artículo 19 por ejemplo, establece que es un derecho de los guerrerenses, una vez que hayan cumplido 18 años, “participar en los procesos de referéndum, revocación de mandato, plebiscito y demás instrumentos de participación ciudadana; presentar iniciativas de ley ante el Congreso del estado, con excepción de la materia penal y tributaria; y acceder de manera efectiva a la información pública del Estado”.
Aun cuando se considera un avance la inclusión de estos derechos, la constitución también refiere que sólo el Congreso del estado y el titular del Ejecutivo estatal podrán convocar a estos ejercicios ciudadanos.
Por ejemplo, entre las atribuciones del Congreso (artículo 61), la constitución describe la de “formular solicitud al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que organice referéndum, plebiscitos, consultas populares y demás instrumentos de participación ciudadana”.
En el caso del gobernador (artículo 91), éste podrá solicitar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero la convocatoria y organización, en su caso, de referendos, plebiscitos, consultas populares y demás instrumentos de participación ciudadana”.
Asimismo, la constitución propone que sea el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado (IEPC) el encargado de organizar, desarrollar y vigilar las “elecciones periódicas, plebiscitos, referéndum y demás instrumentos de participación ciudadana”.
Al respecto, el artículo 128 describe las atribuciones del IEPC y destaca entre ellas la “organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los casos de referéndum, plebiscito, revocación de mandato, consulta ciudadana y demás instrumentos de participación ciudadana”.
Sin embargo, tanto en la constitución como en la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado sólo se establece el órgano que organizará y operará los mecanismos de participación ciudadana, pero no describe los procedimientos ni el carácter de los resultados. De hecho, el artículo 23 de la constitución local indica que “la ley regulará los instrumentos de participación ciudadana, las formas y modalidades en que aquéllos tendrán efectos vinculantes sobre las decisiones de los poderes públicos”.
A la fecha, esta ley todavía no se escribe.

La consulta de Aguirre

El gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que convocará a una consulta ciudadana para que decida sobre su permanencia como titular del Ejecutivo. La presión local, nacional e internacional, que lo responsabiliza de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, por acción u omisión, lo tiene con un pie y medio fuera del gobierno.
En estas circunstancias, es imposible creer que el gobierno organizaría este ejercicio de consulta ciudadana como un gesto democrático, pues claramente responde más a la presión externa que a una intención de fortalecer la democracia en el estado.
Lo mejor es que no se realice, sería muy lamentable que este tipo de ejercicios ciudadanos, sobre todo tratándose del primero que se realizaría en el estado, se perviertan desde el principio.
El de Aguirre Rivero sería el primero formalmente convocado, y detrás de él se movería una maquinaria político-clientelar y muchísimos recursos para cambiar votos por despensas, dádivas, favores políticos. Simplemente sería otra elección con los mismos vicios de siempre.

Ayuntamientos incumplen la Ley de Coordinación Fiscal

El Sur de Acapulco

Hasta el segundo trimestre de 2014, había un déficit importante de información sobre las obras públicas municipales, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social federal, dependencia que lleva el registro del ejercicio de los recursos del ahora llamado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fismdf), el recurso financiero más importantes que reciben cada año los municipios.
Los municipios guerrerenses continúan siendo omisos de informar a la dependencia normativa, ya que en el segundo trimestre de 2014, sólo 24 demarcaciones cumplieron con esta obligación. Es decir, los ayuntamientos de Guerrero no sólo son opacos con la ciudadanía, sino también dejan de cumplir sus obligaciones de informar a las instituciones normativas y de cumplir con la ley.
De acuerdo con el periódico oficial del estado de Guerrero, en 2013 se asignaron al Fismdf 4 mil 97.4 millones de pesos, y en 2014 la asignación fue de 4 mil 409.5 millones, para un incremento de apenas 312.1 millones de pesos que representan 7.6 por ciento. En 2011 la asignación fue de 3 mil 149.2 millones de pesos y en 2012, se incrementó a 3 mil 865.2 millones.
El incremento de 2014 es insignificante considerando que el estado requiere numerosas obras de infraestructura básica, luego de las afectaciones de los fenómenos metereológicos de septiembre de 2013.
Los ayuntamientos que recibirán en 2014 más recursos en números absolutos son Acapulco (30.7 millones más que en 2013), Chilapa (16.2 millones adicionales), Tlapa (11.2 millones), Chilpancingo (10.6), Ometepec (8.9), Acatepec (6.3), San Marcos (6.2) y Taxco (6.1 millones de pesos).
Mientras que los gobiernos municipales que recibirán menos incrementos son Alpoyeca, con 587 mil pesos de aumento, Buenavista con 691 mil 141, Xochihuehuetlán tendrá 760 mil 807, Pilcaya 749 mil, Juchitán 805 mil 126 y Atenango del Río, que recibirá 861 mil 132 pesos de incremento a sus recursos Fismdf.
Pero además de ser omisos, los ayuntamientos han ejercido los recursos con irregularidades, lo que sin duda les valdrá observaciones de los órganos fiscalizadores, como es el caso de la adquisición de fertilizante y la rehabilitación y conservación de caminos en porcentajes mayores a lo que les permite la normatividad del Fismdf.

Los reportes de los ayuntamientos

Al municipio de Acapulco se le asignaron por concepto del Fismdf, 492.3 millones de pesos para construir mil 101 obras en el municipio. Al concluir el segundo trimestre no se tenía ningún avance en 525 obras, aunque el avance financiero fue de 89.1 por ciento, según informó el ayuntamiento a la Sedesol.
En Chilpancingo, con un monto asignado de 151.7 millones de pesos, se programaron apenas 52 obras, 19 de las cuales tenían avances menores a 50 por ciento y 29 se reportaron como totalmente concluidas.
De las obras del ayuntamiento de Chilpancingo destacan como las más numerosas la pavimentación de calles y la rehabilitación de puentes. Entre los montos más altos pagados con recursos del Fismdf, sobresalen las aportaciones al programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (Apazu) de la Comisión Nacional del Agua, para obras de alcantarillado y drenaje que en total sumaron 32.5 millones de pesos.
También destacan las aportaciones a la adquisición y suministro de fertilizantes, que alcanzó los 10 millones de pesos, y una aportación al convenio entre la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno del estado por 10 millones
También sobresale que el ayuntamiento de Chilpancingo destinó 1.7 millones de pesos en becas como estímulo a la educación básica, y adquisición de software y hardware y habilitación de estaciones tecnológicas por 1.1 millones. También adquirió un predio para el relleno sanitario por 3.7 millones, y hay un rubro del que sólo informa que es aportación, pero no especifica a qué, por casi 10 millones.
Coyuca de Benítez sólo reporta dos obras por 6.2 millones de pesos, en tanto que la asignación federal es por 86.7 millones, lo que equivale apenas a 7.3 por ciento. En el primer trimestre reportó un registro de 154 obras sin ningún avance.
Iguala es otro municipio que lleva un avance de obras muy pobre. De acuerdo con la información de la Sedesol federal, se le asignaron 80.9 millones de pesos, pero al concluir el segundo trimestre apenas llevaba un 12.6 de avance en el ejercicio de los recursos. Este dinero se destinó a siete obras, todas ellas rehabilitaciones de concreto hidráulico en el centro de la cabecera municipal; en las comunidades rurales no se había construido nada, lo que contraviene la normatividad del Fismdf.
Otro de los municipios que registra poco avance financiero de las obras es Ometepec, cuya asignación del Fismdf es por 108.8 millones de pesos, pero su avance es de apenas 17.5 por ciento. Destaca en este municipio que se gastaron 474 mil 665 pesos en materiales y útiles de oficina, así como 240 mil pesos en promoción y difusión de las acciones de gobierno municipal y un rubro denominado “servicios relacionados con certificación de procesos”, con un costo de 304 mil 581 pesos.
El ayuntamiento de José Joaquín de Herrera gastó recursos del Fismdf en mantenimiento y conservación de vehículos terrestres (150 mil pesos), y en materiales y útiles de oficina, 74 mil 800, las cuales no son acciones para directamente combatir la pobreza. El monto total asignado a este municipio es de 42.3 millones y lleva un avance financiero de 44.1 por ciento.
El municipio de Cutzamala destaca no por sus obra sino porque destina más de 25 por ciento de sus recursos Fismdf para la compra de fertilizante. La federación le asignó este año 34 millones de pesos, y el ayuntamiento destinó 25.4 millones a la compra del insumo, lo que equivale a 74.4 por ciento.
Ayutla, con uno de los presupuestos más abultados del Fismdf (144.4 millones de pesos) incluyó en su informe muchas obras de rehabilitación y conservación de caminos (28 de 37 obras que tiene registradas), lo cual será observado por las dependencias normativas.
En este municipio de la Costa Chica se gastaron recursos en rubros como materiales y útiles de oficina, por un millón de pesos, refacciones y mantenimiento de transporte por 1.1 millones y asesoría para la elaboración de la cuenta pública por 771 mil 487 pesos.
Azoyú también destaca por su alto número de obras de conservación y rehabilitación de caminos (57 de 68). En este pequeño municipio se asignaron 23.5 millones de pesos y llevan un 35.7 por ciento de avance financiero.
El municipio de Chilapa gastó en materiales útiles para el procesamiento de equipos informáticos casi 771 mil pesos, en refacciones y equipo de transporte 250 mil pesos, en materiales y útiles de impresión y reproducción 70 mil, y en combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos 900 mil pesos.
El municipio de La Unión tuvo gastos de viáticos, combustible y material de oficina por 856 mil 394 pesos, que representan el 2.5 por ciento del presupuesto total.

Nuevas reglas

De acuerdo con lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), que regula la distribución y ejercicio de los recursos del Fismdf, en 2014 los ayuntamientos no podrán adquirir insumos agrícolas (léase fertilizante químico), y la realización de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de carretera y caminos rurales sólo será posible en coinversión con los otros órdenes de gobierno y sin rebasar el 15 por ciento de los recursos Fismdf correspondientes al municipio.
El artículo 33 de esa ley menciona los rubros en que se puede invertir el Fismdf: “agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura”.
Este universo de obras se restringe aún más en un documento normativo secundario llamado Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, emitido por la Sedesol federal.
Dicen los lineamientos que “los municipios deben utilizar estos recursos para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas en el Informe Anual de Rezago Social de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval” y únicamente para aplicarlo a los proyectos previstos en el catálogo que incluye este documento.
Lo anterior es mucho más prohibitivo que la misma LCF. Esta situación detonó en Guerrero el descontento de los presidentes municipales de todos los partidos, pues gran parte de los recursos del Fismdf los empleaban en la compra de fertilizante y la construcción y rehabilitación de caminos rurales.
Precisamente por este descontento, para el estado de Guerrero se establecieron concesiones especiales en el rubro de fertilizante, como lo declararon en abril pasado varios funcionarios federales de la Sedesol, incluida la titular de esa dependencia, Rosario Robles Berlanga, quien afirmó que “dadas las condiciones de pobreza y marginación en que se encuentra inmerso Guerrero, se analizarán alternativas para que los alcaldes puedan cumplir con la entrega del insumo agrícola, siempre y cuando el fertilizante sea de calidad, se realice una compra consolidada y haya transparencia en el padrón de beneficiarios”.
Uno de los resultados de este anuncio fue que los ayuntamientos podrían utilizar hasta 20 por ciento de los recursos del Fismdf para la compra de fertilizante –por primera vez en la historia del programa de fertilizante se “legalizó” la adquisición del insumo con recursos federalizados provenientes del Fismdf–. Y para el tema de caminos rurales no hubo concesiones: 15 por ciento del total recibido por los ayuntamientos.
Por medio de una solicitud de información, se requirió a la dependencia federal el “fundamento legal por el que la dependencia autorizó que los ayuntamientos de Guerrero utilicen 20 por ciento de los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ramo 33 a la adquisición de fertilizante,” ya que ni en la LCF ni en los lineamientos se establece el fertilizante como un rubro permisible.
Como respuesta, la dependencia federal se deslindó de esta concesión para el estado de Guerrero, pues afirmó escuetamente que “de la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos físicos y electrónicos de esta Dependencia, me permito informarle que esta Secretaría de Desarrollo Social no tiene facultad de autorizar ni validar ningún tipo de gasto por parte de los ayuntamientos municipales”, y nos remite a la LCF sobre los rubros en que se puede aplicar el recurso Fismdf.
Pero nada informa de dónde salió que los ayuntamientos pueden invertir 20 por ciento en la compra de fertilizante.
De acuerdo con datos de la Sedesol federal respecto de los avances registrados en el segundo trimestre de 2014, varios ayuntamientos reportan compras de fertilizante, y algunos rebasan la “concesión” establecida para el estado de Guerrero.
De los ayuntamientos que más recursos invierten en fertilizante está Chilapa, con 34.7 millones de pesos, que representan 15.4 por ciento de su asignación Fismdf. Taxco gastó 20 millones en el mismo concepto, y esto significa 19.9 por ciento de sus recursos del Fismdf; y Chilpancingo adquirió fertilizante por 10 millones que se traducen en 6.6 por ciento de los recursos de este fondo.
Hay otros municipios que rebasan por mucho el 20 por ciento, como es el caso de Cutzamala, que informó que gasta 25.3 millones de pesos en fertilizante y equivale a 74.4 por ciento de sus recursos Fismdf; o como Quechultenango, con 29.7 millones y 50.5 por ciento; o Tecoanapa, con 26.5 millones y 33.5 por ciento; y Tixtla, con 12.4 millones de pesos invertidos en el insumo agrícola que representan el 25 por ciento de los recursos Fismdf.
Estos ayuntamientos sin duda tendrán observaciones de parte de los órganos fiscalizadores.
Hay pues, falta de cumplimiento de los ayuntamientos de Guerrero para informar a la Sedesol sobre los avances físicos y financieros del Fismdf, y muchas irregularidades en su ejercicio, y no se conocen hasta hoy sanciones por este incumplimiento de la ley.

Opacidad y dispendio en el sector educativo

El Sur de Acapulco
El sistema educativo es uno de los sectores más opacos de Guerrero. La información que al respecto debe publicar el gobierno del estado, obligado por las diferentes leyes (de transparencia, de contabilidad gubernamental, decreto del presupuesto de egresos), es parcial, insuficiente y desarticulada, por lo que es difícil tener un panorama certero de lo que sucede en este sector, que en el caso de Guerrero, absorbe un porcentaje importante del presupuesto anual del estado.
Los ciudadanos que buscan conocer lo que sucede en el sector educativo guerrerense, deben invertir muchas horas en buscar información, atar cabos y armar rompecabezas con la información que a cuenta gotas se publica, sobre todo en los portales electrónicos. Y aún así, la radiografía elaborada queda incompleta.
Sin duda detrás del ocultamiento de información está el dispendio financiero expresado en la falta de planeación, un gran desorden administrativo y financiero, y especialmente el uso político y clientelar de los recursos de parte del gobierno del estado y el sindicato magisterial, que se tradujo en la creación y repartición de plazas de trabajo que no se requerían y que además no contaban con un respaldo presupuestal.
El resultado de esta política educativa errática aplicada por lo menos durante las cuatro últimas administraciones estatales es que todavía se gastan grandes cantidades de recursos, que deberían invertirse en erradicar la pobreza, en el sostenimiento de un aparato educativo obeso, que además no ha servido para superar los rezagos en la materia.
El censo
Una de las piezas del rompecabezas a la que hay que acudir para tratar de entender lo que sucede en el sector educativo es el reciente censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, realizado por el Inegi.
Sin embargo, como menciona la organización México Evalúa en su documento Censo educativo, Radiografía del dispendio presupuestal, “en pleno siglo XXI, en México aún no sabemos cuántos maestros y trabajadores administrativos laboran en las escuelas pre primarias, primarias y secundarias públicas. Esto a pesar de que el Estado mexicano decidió invertir 740 millones de pesos para levantar en 2013 un Censo educativo”.
El problema no es pues, solo de Guerrero, aunque el estado es un digno representante de este desastre en la educación.
Esta agrupación calculó que el costo anual de problemas en la nómina docente (comisionados, con licencia, plaza pese a fallecimiento, jubilación o renuncia) a nivel nacional es de 16 mil 99.5 millones de pesos, en tanto que en Guerrero ese costo suma los 726.5 millones de pesos.
Pero si a estas irregularidades se suman además el personal que labora en lugar distinto a su centro de trabajo, a quienes negaron información durante el levantamiento del censo y a los ausentes, las irregularidades en la nómina a nivel nacional suman 37 mil 681.2 millones de pesos, y en el estado de Guerrero alcanzan los mil 716.1 millones de pesos.
Asimismo, México Evalúa calculó el costo de la nómina irregular como porcentaje del presupuesto total en educación básica por entidad federativa, y Guerrero se ubicó en el lugar 11 con un porcentaje de 12.7. La media nacional en este rubro es de 9.9 por ciento.
Dentro de esta nómina irregular se encontraron variantes como las siguientes, por ejemplo, el porcentaje de la nómina en educación básica con individuos censados que no se conocen en el centro de trabajo, en este caso, Guerrero ocupó el lugar siete con 2.98 por ciento. Lo anterior significa que está lejos de erradicarse el problema de los llamados aviadores.
También la organización analizó el porcentaje de la nómina en educación básica que cobra pese a estar jubilado, pensionado, fallecido o haber renunciado, y en este rubro el estado de Guerrero ocupó el lugar 19 con 4.9 por ciento.
Adicionalmente se encontró un alto porcentaje de la nómina total que trabaja fuera, en un centro distinto al que está asignada la plaza, pues en el caso de Guerrero es de 9.4 por ciento, ocupando el cuarto lugar nacional; este rubro es indicativo del nivel de plazas que actualmente son ocupadas por aviadores.
México Evalúa hizo un comparativo entre el personal con comisión o licencia reportado por los gobiernos de los estados y el reciente censo educativo. El resultado es que la SEG reportó sólo dos empleados y el censo encontró 929.
En este rubro de personal comisionado, Guerrero sólo fue superado por Tamaulipas, que reportó dos trabajadores con comisión y el censo educativo descubrió 1,124 personas en esta situación.
Otro de los temas que se analizaron es el de las escuelas públicas en situación no óptima para fines educativos (construidas con materiales ligeros, precarios, escuelas móviles o sin construcción). Nuevamente Guerrero desataca a nivel nacional con 290 planteles en estas condiciones, sólo detrás de Chiapas. La mayoría de los estados (18) registraron menos de 50 escuelas en esta situación.
También se observó que Guerrero ocupa el segundo lugar a nivel nacional con mayor número de escuelas con piso de tierra, con un total de 521 planteles.
En cuanto al número de escuelas con paredes de material frágil o inadecuado, se localizaron en el estado 158, y las que tienen techo inadecuado fueron 2 mil 818 escuelas.
Un hallazgo muy grave es que Guerrero ocupó la segunda posición nacional en escuelas que carecen de agua corriente, con el 58.3 por ciento de los planteles en estas condiciones. Las escuelas que no cuentan con energía eléctrica equivalen a 13.9 por ciento del total.
En cuanto al drenaje, Guerrero también ocupó un lugar destacado, ya que el 68.7 por ciento de los planteles censados no tenía ese servicio. Adicionalmente, el 23.6 por ciento de las escuelas no tiene sanitarios.
Presupuesto
Entre los datos que sí se pueden encontrar en los portales electrónicos está el presupuesto anual que proviene del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). En 2013, el gobierno del estado de Guerrero informó que se ejercieron recursos por 13 mil 325.9 millones de pesos, la mayor parte de los cuáles (12 mil 974 millones, es decir, 97 por ciento) se destinaron al pago de salarios.
Cabe mencionar que 58.6 millones de pesos fueron para cubrir las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al Fondo del ejercicio 2012.
Del total de recursos, 49.1 por ciento se destinaron a educación primaria, 26.1 por ciento a secundaria y 15.3 por ciento a educación preescolar. No se define en qué se ocupó el nueve por ciento restante.
Lo interesante es conocer qué se ha conseguido con estos recursos, y para ello el gobierno del estado publicó algunos indicadores. Por ejemplo, el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron una calificación de logro académico de al menos elemental en la prueba Enlace de español fue en promedio de 71.8 por ciento. En el caso de matemáticas en la misma prueba, se tiene un registro de 73.2 por ciento de alumnos que lograron esa calificación.
Asimismo, en 2013 se tuvo una eficiencia terminal en primaria y secundaria en escuelas apoyadas por el FAEB de 89.7 por ciento, mientras que el índice de cobertura en los mismos niveles escolares fue de 73.2 por ciento.
Cabe mencionar que el gobierno del estado a la fecha no ha publicado el decreto del presupuesto de egresos del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2014, por lo que no se tiene el dato preciso de los recursos que ingresarán al estado por concepto del FAEB.
En el acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2014, emitido por la SHCP, se programaron para Guerrero por concepto del FAEB del orden de 13 mil 197.2 millones de pesos.
Informes trimestrales
Obligado por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el gobierno del estado de Guerrero publica cierta información cada trimestre sobre la nómina docente local del FAEB.
En total, el gobierno del estado informa que el personal federalizado es de 74 mil 266 personas con un total de 105 mil 266 plazas. Respecto del personal contratado por honorarios, el reporte trimestral indica que son 667 personas.
En su informe de personal comisionado correspondiente al segundo trimestre de 2014, el gobierno estatal informa que “no aplica”, es decir, que no hay comisionados.
Sin embargo, el censo realizado este mismo año encontró 929 personas comisionadas, en tanto que en su portal FAEB electrónico, como parte de su información de oficio, la SEG publica una “relación de personal comisionado al SNTE” de 2013 con 102 personas comisionadas. Es uno de los temas que provocan mayor confusión dentro de la secretaría de educación, ya que nunca hay claridad ni coinciden los datos, por lo que se presume un contubernio entre el gobierno del estado y el sindicato en el manejo del personal comisionado pagado con recursos públicos.
Respecto a los registro de personas que solicitaron licencia, hay un total de 12 personas en el periodo, aunque una de ellas aparece con tres plazas.
Respecto al rubro “trabajadores jubilados”, llama la atención que sólo se registren en el periodo tres personas, pero que se contabilicen 11 plazas, es decir, una de esas personas aparece con seis plazas, otra con tres y la última con dos plazas. No hay ninguna explicación al respecto.
Se publica también el formato “Trabajadores con doble asignación salarial en municipios no colindantes geográficamente”, en el que aparecen casos realmente destacados. Por ejemplo, la mayor parte de las personas que aparecen en este formato tiene dos plazas, y por las distancias, es imposible que puedan cubrir ambas.
Es el caso de un profesor que tiene una plaza en la comunidad de El Naranjo, del municipio de Heliodoro Castillo, y otra plaza en la localidad de Zoquiapa, en Tixtla. También está el caso de un docente que tiene plaza en la cabecera municipal de Coyuca de Benítez y otra en Tierra Colorada.
Hay casos muy sobresalientes dentro de este formato que publica el gobierno del estado, como el de una trabajadora de la educación que cuenta con cinco plazas en Chilpancingo y una en la localidad de San Juan Totolcintla, en el municipio de Mártir de Cuilapan; seis en total. Evidentemente, es imposible cubrir por lo menos las de la capital del estado.
Con seis plazas está registrado un profesor que tiene empleos en Cuautenango, municipio de Chilapa de Álvarez (cuatro), y dos en la cabecera municipal de Zapotitlán Tablas.
Un trabajador aparece con tres plazas en Ciudad Altamirano, municipio de Pungarabato, y cuatro en El Escondido, municipio de Arcelia. En total siete registros.
También destaca el caso de un profesor que cuenta con ocho plazas distribuidas de la siguiente manera: tres en Tlachimaltepec y tres en Ixcatla, municipio de José Joaquín de Herrera; y dos en Topiltepec, municipio de Zitlala.
En total, el formato del segundo trimestre de 2014 suma 124 trabajadores de la educación con doble asignación salarial en municipios no colindantes y un total de 348 plazas, para un promedio de 2.8 plazas por persona. Esta información sólo se refiere a personal que tiene por lo menos dos plazas en diferentes municipios, no incluye a las que tienen múltiples plazas en el mismo municipio o en municipios colindantes.
Otro de los rubros que se publican es el de “trabajadores ocupando plazas que superan el número de horas de compatibilidad autorizadas”, y de acuerdo con los registros del gobierno del estado, hay 140 empleados en este caso, con un total de 355 plazas.
Hay muchos casos donde los empleados de la educación rebasan el número de “horas de compatibilidad de la categoría”. Los casos extremos son de aquellos docentes cuyas horas de compatibilidad corresponden a 10, y en realidad cuentan con 50 horas. Incluso hay un caso en que un empleado tiene una hora de compatibilidad y en su contrato aparecen 46 horas.
Ésta es sólo una parte de la información publicada que puede analizarse para ubicar las irregularidades en el sector educativo guerrerense. Se encuentra en: http://www.seg.gob.mx/transparencia-informe-trimestral-02-2014/
Asimismo, se pueden consultar datos sobre el censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial http://www.censo.sep.gob.mx/index.php/tabulados-del-censo.

Tres condiciones para la transparencia

El Sur de Acapulco
Aunque en el discurso todas las entidades gubernamentales se dicen transparentes y facilitadoras del acceso a la información de los ciudadanos, en la práctica el ejercicio de estos derechos ha sido muy restringido entre los guerrerenses.
Son diferentes los motivos que obstaculizan la transparencia y el acceso a la información, los principales: la ausencia de políticas públicas en la materia, la falta de disposición y voluntad de los titulares (gobernador, presidentes municipales, diputados) y en menor medida la carencia de cuadros especializados y capacitados.
También destaca el poco conocimiento de la ley por los ciudadanos, las conductas de los servidores públicos obstaculizan la recepción y respuesta de solicitudes de información, y en general, las prácticas burocráticas que entorpecen el acceso a la información en el interior de las oficinas públicas.
Los ex responsables de las unidades de transparencia de los ayuntamientos más importantes de Guerrero, Acapulco y Chilpancingo, comentaron su experiencia y sobre todo, explicaron las dificultades que encontraron en el interior de las instituciones para realizar su trabajo.
Chilpancingo, con bajos índices
Roberto Álvarez Heredia trabajó en el trienio 2009-2012 en el ayuntamiento de Chilpancingo, con el ex presidente municipal Héctor Astudillo y luego con Tulio Pérez Calvo. Fue coordinador de asesores durante el primer año, y luego secretario de la función pública, desde donde atendió los asuntos de transparencia y las solicitudes de información.
“Encontré la oficina responsable de la transparencia y acceso a la información en condiciones muy limitadas. La atención a las solicitudes de información estaba en manos de una secretaria, por lo que se hacía una actividad meramente administrativa: recibía la solicitud, elaboraba un oficio dirigido al área correspondiente del ayuntamiento y, si el área le respondía, ella daba respuesta al ciudadano. Si el área no le daba información, la secretaria simplemente no podía hacer nada y el ciudadano presentaba su queja”.
Al tomar posesión como secretario de la función pública, Álvarez Heredia se hizo cargo también de la oficina de transparencia y acceso a la información; la secretaria se convirtió en un apoyo administrativo y él se encargaba de gestionar directamente con los secretarios de despacho tanto la información que se publicaría en la página web como la información solicitada por los ciudadanos.
Reconoció que la transparencia del ayuntamiento y las facilidades para entregar información pública no fueron parte de una política pública del ayuntamiento encabezado por Astudillo Flores, sino que el trabajo realizado fue por iniciativa y convicción personales.
Recalcó sin embargo, que “platiqué con el alcalde y él estaba en la mejor disposición de que se respondieran todas las solicitudes de información que llegaran. Lo que siento es que el presidente municipal estaba más atento a la problemática cotidiana del ayuntamiento, a la demanda de la gente, falta de agua potable, la construcción de obras, y las solicitudes de información era como algo secundario; pero nunca hubo una limitación para que no pudiera proporcionar información a los ciudadanos”.
De acuerdo con su testimonio, al no haber una política pública, tampoco había en el ayuntamiento de Chilpancingo procedimientos ni estructura específica para la recepción y respuesta sistematizada a las solicitudes de información. Es decir, fue a partir de su amistad y cercanía con los funcionarios titulares de las secretarías del ayuntamiento que logró que proporcionaran la información pública que generaban sus respectivas áreas, pero no como un procedimiento institucional.
“Había solicitudes muy recurrentes sobre información de obra pública. Mi relación con el secretario de obras públicas era muy personal, era mi amigo, y como tal, no tenía ningún reparo en proporcionarme la información. La secretaría de planeación, que manejaba todos los recursos del ramo 33, también me la entregaba; todo lo que se refería a la obra pública, nunca tuve ningún problema”.
Roberto Álvarez comentó que si bien hay un problema grande de actitud de muchos funcionarios que no proveen información pública porque la consideran de su propiedad, en la sociedad también hay problemas graves porque a muchos ciudadanos no les interesa conocer qué es lo que hace una dependencia pública, tal vez porque no conocen el derecho que tienen de solicitar información, enfatizó.
Reconoció que uno de los déficits del ayuntamiento del periodo 2009-2012 fue la promoción del derecho de acceso a la información a los ciudadanos, pues lo realizaron de manera muy marginal. Agregó que él, como secretario de la función pública abordaba este asunto en entrevistas de prensa “pero sentía que esto debía empezar desde la cabeza, que el presidente municipal estuviera permanentemente promoviendo, sí la promovió, pero no permanentemente”.
El ex secretario de la función pública también recordó que diseñaron un portal electrónico para la publicación de información, aunque advirtió que la página era limitada en cuanto a la difusión de la información de oficio.
Asimismo comentó que “más allá de la cuestión legal, que compromete y obliga a las instituciones, siento que todavía hay una reticencia cultural muy arraigada de los funcionarios, sobre todo en los ámbitos municipal y estatal, porque tienen la idea de que la información que se genera en los gobiernos no es pública, sino que pertenece a los gobiernos que están en ese momento en el poder”.
Cabe recordar que el municipio de Chilpancingo ha tenido calificaciones muy bajas en materia de transparencia, de acuerdo con las evaluaciones del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra).
En promedio, en las siete evaluaciones aplicadas desde 2010, Chilpancingo tiene una calificación de 21 puntos, en una escala de 100. Durante el gobierno de Héctor Astudillo, el municipio tuvo calificaciones de 25, 30.8, 10.8, 17.6 y 18.5 puntos porcentuales.
Asimismo, de acuerdo con datos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado, el ayuntamiento de Chilpancingo encabeza la lista de los sujetos obligados que han recibido mayor número de sanciones por no atender solicitudes de información, con el 7.9 por ciento del total estatal.
Acapulco a la alza
Carlos Juárez Cruz fue el responsable de la unidad de transparencia del ayuntamiento de Acapulco de abril de 2013 a julio de 2014, en el gobierno de Luis Walton Aburto. Este periodo destaca porque el ayuntamiento se convirtió en la dependencia pública guerrerense que subió una gran cantidad de la información de oficio que indica el artículo 13 de la ley de transparencia y con esto se convirtió en el más transparente en el estado.
Juárez Cruz recuerda que cuando se encargó de la unidad de transparencia “había mucho descuido del área, no era un área que estuviera funcionando, no había estructura ni procesos claros en el interior del ayuntamiento”.
El resultado de la falta de atención fue una muy baja calificación en materia de transparencia y falta de estructura para organizar un sistema eficaz de recepción y respuesta a las solicitudes de información ciudadana.
“Cuando Luis Walton llegó al ayuntamiento, claramente tenía en su agenda el combate a la corrupción, y la transparencia como parte de sus temas principales. Entonces, creo que sí hay una política pública de transparencia y acceso a la información en el ayuntamiento, pues además de su convicción y la consecuente traducción en acciones, en el plan municipal de desarrollo sí está formulada esa política de transparencia y rendición de cuentas”.
Juárez Cruz también recordó que en septiembre de 2012, desde el colectivo Cimtra se invitó a los 81 presidentes municipales a firmar un acuerdo por la transparencia. En esa ocasión, asistieron los alcaldes de Acapulco, Chilpancingo y Atoyac, además del síndico de Iguala.
A dos años de la firma de ese compromiso, sólo el alcalde de Acapulco realizó cambios para avanzar en los niveles de transparencia y facilitar el acceso a la información; el resto de los firmantes incumplieron su compromiso.
El ex director de la unidad de transparencia comentó que a su llegada el ayuntamiento no estaba cumpliendo con la ley de transparencia respecto a la información de oficio.
“Buscamos primero que se publicara la mayor parte de la información, empezamos con la que se pudiera conseguir en el corto plazo para subirla a la página, pero era tanto lo que faltaba por publicar que comenzamos por lo más fácil y lo más rápido para comenzar a dar forma y estructura a la página de transparencia”.
Juárez Cruz también comentó que otra de sus prioridades fue modificar la forma en que se respondían las solicitudes de información de los ciudadanos.
Recordó el ex funcionario que “lo que históricamente sucedía es que si los ciudadanos querían solicitar información al ayuntamiento, tenían que enviar un escrito al área correspondiente y presentarlo personalmente –antes, tenían que investigar el área correspondiente, porque si no era así simplemente no lo recibían–; las dependencias contestaban de acuerdo a lo que sus asesores jurídicos consideraban oportuno”.
Una de las medidas fue concentrar recepción y respuesta de solicitudes de información del ayuntamiento en una sola oficina; se dieron instrucciones a todas las áreas para que las dependencias dejaran de recibir y responder solicitudes, y al mismo tiempo se diseñó un formulario de acceso a la información sencillo y eficiente que comenzó a funcionar en julio de 2013.
Carlos Juárez destacó que, no obstante la disposición del alcalde y la inclusión de la transparencia y el acceso a la información como política pública del ayuntamiento, se enfrentaron a varios problemas como la inexistencia de la información, datos que históricamente no se han generado, aunque estos deberían estar pero no se tienen.
También mencionó que hay información que por cuestiones de seguridad no se puede revelar, por ejemplo los nombres y domicilios de empresas constructoras, y algunos datos sobre seguridad pública.
“Cuando te piden una información que no se ha generado, te enfrentas no con falta de disposición y apertura sino con problemas de estructura y de institucionalización de algunas políticas del ayuntamiento. En transparencia tuvimos muchos problemas, operativos y de estructura; éramos una oficina de tres personas, y realmente con ese personal no se pueden hacer grandes operaciones, pedimos que cada área nombrara un enlace y eso facilitó mucho el proceso”.
El ex director de transparencia también opinó que en el interior del ayuntamiento no observó resistencias para la entrega de información por parte de los funcionarios, ya que el alcalde realizó varias reuniones y les dio la instrucción de que abrieran todos sus archivos e información a la unidad de transparencia.
“Con esta instrucción, era muy difícil que algún funcionario, fuera secretario o director, se resistiera o negara abiertamente la información”, acotó Juárez Cruz.
Durante varios años, el ayuntamiento de Acapulco tuvo bajas calificaciones en las evaluaciones Cimtra. En promedio, en las siete evaluaciones obtuvo una puntuación de 23.8, apenas arriba de la de Chilpancingo.
Cabe mencionar sin embargo que en la última revisión de octubre de 2013, el ayuntamiento de Acapulco alcanzó 40 puntos en la evaluación Cimtra.
Un monitoreo más reciente, realizado por Comunicación para el Desarrollo Comunitario en abril de 2014, dio un porcentaje de 93 por ciento de calificación en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, según la ley estatal en la materia.
Disposición del titular
La disposición y voluntad de los titulares de las dependencias públicas es la principal condición para que una oficina pública sea transparente y facilite el acceso a la información a los ciudadanos. Sin este ingrediente, difícilmente podrá establecerse una política y proyectos específicos para promover la transparencia.
También es necesario que en las dependencias haya una persona o, mejor, un equipo de personas capacitadas que conozcan bien el tema y reconozcan la importancia de la transparencia y el acceso a la información para mejorar la gestión pública y la aplicación eficaz y eficiente de los recursos públicos con el escrutinio ciudadano.
Y eventualmente, es necesario invertir no sólo presupuesto, sino recursos técnicos, humanos, y que los tomadores de decisiones le dediquen tiempo.
Estas tres condiciones no se cumplen en la mayoría de las dependencias que reciben dinero público y que son sujetos de la ley de transparencia. Por eso los niveles de transparencia y los índices de acceso a la información son muy bajos en Guerrero.

Discrecionalidad en la aplicación de sanciones en el estado

El Sur de Acapulco

La credibilidad en las instituciones pasa por el respeto a las leyes y por una efectiva y rigurosa aplicación de sanciones a quienes no las cumplen. Esto es especialmente cierto en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues son temas muy sensibles para la ciudadanía porque se relacionan directamente con la información sobre el ejercicio de los recursos públicos. En un estado como Guerrero, la transparencia y efectividad en la aplicación del gasto hacen la diferencia entre seguir o no siendo una entidad eternamente pobre.
Si las dependencias que tienen facultades para revisar, vigilar y aplicar sanciones para que el dinero público se gaste de acuerdo con las normas, no son transparentes y no hay claridad en su exigencia de rendición de cuentas, evidentemente no generarán credibilidad.
La Contraloría del estado, la Auditoría General del Estado y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal (Itaig) son organismos con facultados para aplicar sanciones en sus respectivos ámbitos, pero la información que dan a conocer públicamente al respecto siempre es muy parcial y no es posible saber con pocos datos si están aplicando la ley.
El Itaig
Una de las dependencias que tiene facultades para aplicar sanciones relacionadas con la transparencia y el acceso a la información de las dependencias públicas es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado.
El Itaig puede imponer apercibimientos públicos y privados, y multas económicas a aquellas dependencias que no cumplen con los mínimos para difundir datos e información y para las que impidan el derecho de acceso a la información de las personas.
Sin embargo, la historia de este organismo muestra tibieza en la aplicación de sanciones, cuando no una franca omisión para asumir esta responsabilidad. Hay un testimonio publicado que describe la percepción ciudadana hacia este organismo.
“La Caipegro (como antes se denominaba al Itaig) no funciona, es una mentira, y da tristeza porque manejan muchísimo presupuesto; los funcionarios de la Caipegro no tienen autoridad, piden las cosas por favor a los funcionarios, cuando lo que deben hacer es exigir, ‘sabes qué, presidente municipal, te exijo que le des la información a este ciudadano’. Pero no, más bien nos recomiendan que la pidamos por favor, que no nos confrontemos. Pero uno no va a pelear, sólo queremos que nos den información porque la solicitamos por escrito, así queremos que nos la den, también por escrito. Pero la Caipegro tiene miedo, no funciona”. http://transparenciaguerrero.blogspot.mx/p/monitor-de-guerrero-.
De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información presentada ante el Itaig, de junio de 2006 a julio de 2014, el organismo impuso apenas 113 sanciones, un número sin duda muy bajo si se considera la poca disposición que se ha observado históricamente en las dependencias del sector público para cumplir con lo que mandata la ley de transparencia. Sin duda, es apenas la punta del iceberg debido a que la mayoría de las personas a las que se les niega su derecho de acceso a la información, no presentan queja ante el ITAIG.
Los sujetos obligados que han recibido el mayor número de sanciones son los ayuntamientos, con 67.5 por ciento de los casos; las dependencias del gobierno del estado han sido sancionados en 28.3 por ciento del total; el Congreso del estado con 1.7 por ciento; y otras dependencias, 2.4 por ciento. Esto es congruente con las irregularidades que cometen los ayuntamientos en otros campos, como la falta de transparencia y el bloqueo a la información que derivan en un elevado número de quejas presentadas en contra de ellos ante el Itaig.
El ayuntamiento de Chilpancingo encabeza la lista de los sujetos obligados que han recibido mayor número de sanciones, con el 7.9 por ciento del total estatal, le siguen el gobierno municipal de Tixtla con 6.1 por ciento, Coyuca de Benítez con 4.4 por ciento y Tecoanapa con 3.5 por ciento de todos los casos en el estado.
En el caso de las dependencias del Ejecutivo del estado, es la Secretaría de Desarrollo Rural la que ha recibido un mayor número de sanciones, con 5.3 por ciento del total; en segundo lugar están las secretarías de Educación y de Salud, con 3.5 por ciento cada una, y en tercero la Secretaría de la Mujer, con 2.6 por ciento del total.
Si se observa el tipo de infracción por el que recibieron la sanción, destaca que en el 46 por ciento de los casos, las dependencias públicas no rindieron el informe que les exige el Itaig para conocer sus argumentos de por qué no entregaron la información a los ciudadanos, motivo de la queja.
En segundo lugar se encuentran las infracciones por no rendir su informe anual al que están obligados, con datos sobre número de solicitudes recibidas, respondidas y en trámite. Este concepto alcanzó el 21.2 por ciento de los casos.
También se registraron 8.8 por ciento de casos en los que el personal de las dependencias no orientó al ciudadano sobre su derecho de acceso a la información, lo cual es su obligación según la ley de transparencia.
Otros casos por los que se sancionó a las dependencias son porque no respondieron a las solicitudes de información en los plazos establecidos y porque no rindieron su informe pormenorizado (6.1 por ciento en cada uno de los casos).
Destaca que haya sanciones por el incumplimiento de las resoluciones del Itaig (3.5 por ciento de los casos), lo cual es un abierto desafío a la Ley. En este caso se encuentran los ayuntamientos de Chilpancingo y Mártir de Cuilapan, y la Secretaría de Salud.
También sobresale la sanción aplicada al Congreso del estado por no tener publicada toda su información de oficio. Y destaca porque sin excepción, ninguna dependencia pública de Guerrero cumple con la publicación en 100 por ciento de su información obligatoria, por lo que en todo caso, también tuvieron que ser sancionadas prácticamente desde hace ocho años que no cumplen con esta obligación.
Respecto de las penas aplicadas, la más frecuente fue el apercibimiento de los sujetos obligados, lo cual sucedió en el 53 por ciento de los casos. El apercibimiento es una forma de advertencia de la autoridad, en este caso del Itaig, para que las dependencias públicas cumplan con la ley.
El siguiente tipo de sanción fue económico, es decir, multas equivalentes a 50 salarios mínimos de la región (28.3 por ciento de los casos), la amonestación pública (8.8 por ciento) y la amonestación privada (7 por ciento).
Si se observan las sanciones por el año en que fueron aplicadas, en lo que va de 2014 se aplicaron el 36.2 por ciento del total; en 2013, se aplicaron 16 sanciones; en 2012, 17; en 2011 sólo hubo siete sanciones, y en 2010 seis sanciones.
En 2009 fueron nueve las sanciones aplicadas; en 2008, siete; en 2007, 11, y de junio a diciembre de 2006 sólo una sanción.
Sanciones fuertes
De acuerdo con un diario de Jalisco, en abril de 2014 la alcaldesa de San Martín de Hidalgo, Juana Ceballos Guzmán, fue notificada que sería encarcelada por negarse a entregar información.
Dice el periódico El Semanario sin límites, que “el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (Itei) pidió el arresto administrativo por doce horas, debido a que Ceballos no cumplió la determinación emitida en 2013, en donde se le exigía la publicación de información fundamental en el sitio web de esa localidad”.
La resolución considera que la sanción se tramitará ante la Dirección de Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, y dicha dependencia deberá “informar al Instituto sobre la ejecución del arresto dentro de los dos días hábiles en que se haya compurgado éste y en caso de que no pueda ejecutar el arresto en el domicilio señalado se deberá informar de tal circunstancia dentro de 15 días hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución”, citó el documento del Instituto.
Cabe mencionar que el Itei emitió una primera sanción por la negativa de la alcaldesa a entregar información en 2013, ésta fue una amonestación al municipio por incumplir la orden, pero no modificaron su conducta y hubo una segunda sanción equivalente a una multa de 20 días de salario mínimo.
Pasó el tercer plazo para que publicaran la información y volvieron a incumplir, por lo que finalmente se ordenó el arresto de la alcaldesa.
“No se cumplimentó en ninguna de las tres ocasiones la solventación de la información por parte del ayuntamiento, lo que hace apercibir que no hubo voluntad para cumplir con la resolución independientemente de que la ponencia, además de lo establecido en la ley fue de sobre cooperante con el sujeto obligado incluso para auxiliarlos en que la información estuviera publicada”, agregó uno de los consejeros del Itei.
La AGE
La Auditoría General del Estado es un organismo clave para el correcto ejercicio de los recursos públicos del estado de Guerrero y para el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas sociales. De su actuación depende mucho la credibilidad del sistema de revisión y fiscalización de las cuentas públicas.
Durante muchos años, la AGE no informó sobre el cumplimiento de sus funciones como órgano técnico del Congreso del Estado. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado ha obligado a este organismo a publicar información sobre su quehacer, aun cuando en algunos rubros esa apertura es parcial, como es el caso de la aplicación de sanciones a las dependencias y entidades fiscalizables que se salen de la normatividad.
Actualmente, la AGE publica una relación de 43 ex servidores públicos de ayuntamientos que se encuentran inhabilitados. Son ex presidentes municipales, ex tesoreros, ex directores de obra pública que la AGE encontró como responsables de diferentes irregularidades, sin precisar cuáles.
Asimismo, publica una relación numérica de sanciones económicas emitidas por este órgano fiscalizador de los años 2010 a 2013, pero no difunde los nombres de funcionarios ni identifica las dependencias sancionadas.
En otro apartado, publica las entidades fiscalizables que no entregaron su cuenta pública, así como aquellas que, aunque las presentaron, éstas no fueron aprobadas por el Congreso del estado.
Destaca en este punto el alto índice de cuentas públicas no aprobadas, lo que indica una falta de capacidades de los ayuntamientos para integrar estos documentos, o el desvío y la comisión de numerosas irregularidades.
Por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos, en 2008 fueron 55 las cuentas públicas reprobadas, mientras que en 2009 se registraron 52, en 2010 los informes de cuenta pública no aprobados disminuyeron a 33, y en 2011, último año que publica la AGE, las reprobadas sumaron 42.
Contraloría del estado
No existe en el portal electrónico del gobierno del estado un apartado específico que publique las sanciones aplicadas por el órgano de control del Ejecutivo del estado; ni siquiera se dan a conocer la programación de revisiones a las dependencias ni el trabajo que realizan.
Sólo en un apartado escondido aparece una “relación de servidores públicos inhabilitados por sanciones impuestas por la Contraloría General del Estado”, que se publicó en el periódico oficial el 1 de marzo de 2011. Pero no hay más información.
El gobierno del estado, en este rubro privilegia el anuncio discrecional y político de los resultados de sus revisiones más que la publicación sistemática de esta información. Es decir, los hallazgos de estas revisiones los emplea como un instrumento de presión política.
Tal es el caso de dos intervenciones recientes, primero el escándalo de las despensas destinadas a damnificados almacenadas en el DIF, cuya investigación y resultados nunca se ha dado a conocer y se ha buscado minimizar su impacto mediático, y segundo, la adquisición irregular de un helicóptero de la Procuraduría General de Justicia del Estado “por parte de funcionarios públicos de la administración pasada”, que precisamente por tratarse de otra administración, se emplea la información a discreción para estigmatizar a funcionarios.

En qué se gastan los recursos del Fonden

El Sur de Acapulco
Guerrero es uno de los estados que recibe de manera constante una gran cantidad de recursos financieros provenientes del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), pues es una entidad que conjuga su ancestral condición de pobreza con una gran exposición a las afectaciones por fenómenos naturales como sismos, huracanes y tormentas tropicales, incendios, heladas, etc.
Sin embargo, hay todavía una gran opacidad y discrecionalidad en la aplicación de estos recursos, pues aunque la Secretaría de Gobernación hace públicos de manera global la cantidad de recursos que son asignados a los estados que cada año presentan afectaciones, la aplicación de este dinero es discrecional y no hay información publicada sobre los municipios, comunidades y personas específicas que reciben o se benefician con estos recursos. Tampoco sobre las empresas que construyen las obras o que proveen los bienes y servicios.
Las lluvias torrenciales de septiembre y octubre de 2013 en Guerrero detonaron un incremento significativo de los recursos financieros provenientes del Fonden, y a la vez, una gran preocupación por la manera en que se aplicarían.
No en balde, el Congreso del estado emitió un acuerdo parlamentario en donde exhorta “al Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que instruya a quien corresponda la aplicación honesta y transparente de los recursos del Fonden, destinados al estado de Guerrero, así como difunda en una página web, la aplicación de los recursos y saber en qué rubros se está gastando el recurso”. 
En el mismo acuerdo los diputados guerrerenses solicitaron al gobernador Ángel Aguirre Rivero para que "instruya a quien corresponda realizar las investigaciones pertinentes y se finquen las responsabilidades correspondientes en su caso de las autoridades del nivel de que se trate que hayan otorgado licencias de cambio de uso de suelo y de construcción de asentamientos humanos en los municipios afectados, así como también se rinda un informe pormenorizado a esta Soberanía, sobre la instrumentación de los protocolos y alertamiento por el Sistema Nacional y estatal de Protección Civil en los casos de los meteoros Ingrid y Manuel”.
Pero una vez que pasaron los días difíciles de la emergencia, los recursos no se transparentaron y todavía nadie sabe con precisión dónde se aplicaron; tampoco se investigó la corrupción que hizo más dramáticos los daños a la población.

El Fonden

El Fondo de Desastres Naturales es un instrumento interinstitucional que tiene por objetivo proporcionar de manera rápida recursos financieros para responder a los efectos de los desastres naturales, a efecto de que no se vean afectados los presupuestos existentes ni los programas públicos aprobados.
El Fondo se estableció para apoyar la rehabilitación de la infraestructura federal y estatal afectada por desastres naturales; fue creado inicialmente en 1996 como un programa del Ramo 23, y en 1999 se emitieron sus primeras reglas de operación.
Al principio, los recursos del Fonden se destinaban sólo a actividades de rehabilitación y reconstrucción de infraestructura pública, vivienda de la población de bajos ingresos y ciertos elementos del medio ambiente, tales como selvas, áreas naturales protegidas, ríos y lagunas.
Actualmente el Fonden se compone de dos instrumentos presupuestarios: el programa Fonden para la reconstrucción y el programa fondo para la prevención de desastres naturales Fopreden. El primero es el principal instrumento presupuestario, y en caso de ocurrencia de un desastre, los fondos autorizados a los programas de reconstrucción son transferidos a subcuentas específicas dentro del fideicomiso Fonden para ser ejercidos.
El Fonden también transfiere recursos a un Fondo de Atención de Emergencias a efecto de brindar auxilio con víveres, materiales de abrigo y protección, herramientas y medicamentos a la población que resulte afectada como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador. Dichos apoyos se detonan a través de la emisión de una declaratoria de emergencia.
Para obtener recursos financieros del Fonden, las dependencias y entidades del gobierno federal o de las entidades federativas deben mostrar que la magnitud de los daños exceden sus capacidades financieras y deben presentar una solicitud en donde detallen las necesidades de reconstrucción y sus costos estimados.
El Fonden no proporciona apoyo directo a los municipios, son los gobiernos estatales quienes solicitan recursos financieros con el objetivo de restaurar activos municipales para, posteriormente, proporcionar asistencia a los municipios para que ejerzan dichos recursos financieros.
La Secretaría de Gobernación es la responsable del procedimiento de acceso a los recursos del Fonden y de la emisión de las declaratorias de desastre natural, mientras que la Secretaría de Hacienda se encarga de los recursos; éstos financian 100 por ciento los costos de reconstrucción de activos federales y 50 por ciento de los activos locales.

Muchos recursos para Guerrero

Guerrero es uno de los estados que de manera continua ha recibido recursos de este fondo. Por ejemplo, en 2008, se asignaron al estado 8.3 millones de pesos para acciones de vivienda, como resultado del sismo del 6 de noviembre de 2007.
En el siguiente año, se le autorizaron al estado recursos por 26.5 millones de pesos, de los cuales 25.1 millones se destinaron a acciones de restauración de vivienda, y el resto a acciones en el sector educativo. Este dinero se ejerció en el estado como respuesta a las afectaciones del sismo del 27 de abril de 2009.
En 2010, los recursos del Fonden para Guerrero se incrementaron sustancialmente hasta alcanzar 169.5 millones de pesos. Esto, por los estragos de las lluvias severas del 3, 4 y 5 de febrero de 2010 y del 30 de agosto del mismo año.
En las afectaciones de febrero se invirtieron 130.5 millones de pesos en los rubros de carreteras infraestructura hidráulica y en vivienda; por las lluvias de agosto se destinaron recursos por 38.9 millones de pesos para los sectores carretero, educativo, hidráulico y vivienda.
2011 fue un año en que no se presentaron afectaciones por fenómenos naturales y por lo tanto no se registran recursos.
En 2012 se invirtieron en el estado 45.9 millones de pesos para acciones en los sectores educativo, de salud y vivienda, por el sismo del 10 de diciembre de 2011.
En 2013 se asignaron cuantiosos recursos al estado por diversos fenómenos naturales. La mayor cantidad, fue por las lluvias torrenciales de septiembre, pero antes se habían destinado recursos para el sismo del 15 de noviembre de 2012 (21.9 millones de pesos), en tanto que para las lluvias torrenciales del 10 de agosto de 2012 por el ciclón tropical Ernesto se presupuestó una partida adicional de 19.5 millones de pesos. Otro de los rubros que fue atendido es el sismo del 20 de marzo de 2012, que recibió 68.2 millones de pesos.

Declaratorias de emergencia

El 16 de septiembre de 2013, la Secretaría de Gobernación declaró emergencia extraordinaria en 49 municipios del estado por la presencia de lluvias severas ocurridas el día 14 de septiembre. Con esta acción, se activaron los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias.
La Segob dio cuenta del tipo de apoyos que se prestaron a la población afectada, que según esa dependencia, alcanzó a 238 mil 28 personas.
Por ejemplo, informó que entregó 216 mil 521 despensas, además de 238 mil 28 cobertores y colchonetas. Asimismo, distribuyó 2 mil impermeables e igual número guantes de carnaza y 150 rollos de hule.
La dependencia también entregó 200 mil costales, 59 mil 507 kits de limpieza y otros tantos de aseo personal. Fueron 914 mil 224 litros de agua entregados, 24 mil toallas sanitarias femeninas y 47 mil pañales de distintas etapas.
La Segob también informó sobre 20 servicios de arrendamiento de potabilizadoras de agua, 3 mil fletes, 200 bolsas para cadáver y 406 mil láminas “tipo b”.
El 21 de septiembre de 2013, la Secretaría de Gobernación emitió una segunda declaratoria de emergencia para 24 municipios del estado, a fin de atender a una población afectada de 76 mil 408 personas.
En esta ocasión, la dependencia repartió 34 mil 204 despensas, y 75 mil 408 cobertores e igual número de colchonetas. Igualmente, 400 impermeables y guantes de carnaza, así como 70 rollos de hule y 100 bolsas para cadáver.
Se entregaron también 10 mil costales, 19,102 kits de limpieza y otros tantos para el aseo personal, además de 15 mil litros de agua, 56 mil 50 pañales de diferentes etapas y 90 mil láminas tipo b.
En cuanto a herramientas de trabajo, la Segob informó que distribuyó 344 marros, 337 barretas, 765 carretillas, mil 500 palas, 800 zapapicos y 800 hachas.
Una tercera declaración de emergencia fue emitida el 22 de octubre por la Segob, en esta ocasión para un solo municipio por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 19, 20 y 21 de octubre de 2013.
Al día siguiente se dio otra declaración de emergencia para 10 municipios por la presencia de lluvias severas ocurridas los días 19, 20 y 21 de octubre de 2013.
El 29 de octubre se emitió la cuarta declaratoria de emergencia para siete municipios por la presencia de inundaciones pluviales y fluviales ocurridas los días 22 y 23 de octubre de 2013.

Los recursos financieros 2013

De acuerdo con información del documento “Gasto federal autorizado con cargo al
Ramo 23 y fideicomiso Fonden (por entidad federativa)”, en 2013 se le autorizaron recursos a Guerrero por 3,598.7 millones de pesos, cifra sin precedente en el estado. De hecho, es la segunda entidad que recibía más recursos, sólo detrás de Veracruz que obtuvo 5,718.4 millones de pesos.
Pero en otro documento, la Segob informa que en 2013 se autorizaron los siguientes presupuestos:
109.7 millones de pesos por “desastres de 2012 autorizados en 2013” (sismo del 15 de noviembre, ciclón “Ernesto” del 10 de agosto y sismo del 20 de marzo).
En el apartado “desastres de 2013 autorizados en 2013”, se enumera la lluvia severa del 18 de agosto con una autorización de recursos Fonden de 14.9 millones de pesos.
Asimismo, se incluye la atención a daños por el sismo del 21 de agosto, para lo cual se asignaron 57.1 millones de pesos.
Para atender las afectaciones de las lluvias torrenciales del 14 de septiembre se autorizaron recursos por 9,211.9 millones de pesos.
Y también se incluyen “lluvias severas del 15 y 16 de septiembre”, al que se le asignaron 1,327.4 millones de pesos.
En total, se autorizaron recursos por 10,611.4 millones de pesos. Para dar una idea de la magnitud de los recursos que se invirtieron en Guerrero provenientes del Fonden, el total a nivel nacional fue de 25,814.9 millones de pesos, es decir, a Guerrero se le autorizaron el 41.1 de los recursos totales para afectaciones de desastres en 2013.
Y si se suma una aportación estatal por 6,232.5 millones de pesos y 280.7 millones de diversas dependencias federales, se tiene un gran total, según el documento consultado, de 17,124.7 millones de pesos, que equivale a poco menos de la mitad del presupuesto total del estado de Guerrero durante un año.
Hay también un rubro denominado “desastres de 2013 autorizados en 2014”. En este punto, se han autorizado a la fecha en total 4,001.6 millones de pesos del Fonden para los siguientes fenómenos: a la “inundación fluvial del 22 al 23 de octubre 2013” se destinaron 277.5 millones, “lluvia severa del 14 de septiembre”, 3,177.2 millones, a la “lluvia severa del 15 y 16 de septiembre”, 507.7 millones y al “sismo del 21 de agosto”, 39.1 millones de pesos.
Si se suma sólo los recursos autorizados por el Fonden en 2013 y 2014 para el estado de Guerrero, se tiene un total de 14,613 millones de pesos.
¿Dónde se invirtieron estos recursos?, ¿qué comunidades y personas se han beneficiado?, ¿cuáles y dónde se construyen las obras con estos recursos?, ¿cuáles son las empresas que las construyen?
Estas son preguntas que la información publicada por el gobierno federal no responde.
Se trata de cuantiosos recursos destinados a una población que además de su alto grado de marginación resultó severamente afectada por los fenómenos naturales.
Si no hay transparencia, ningún discurso podrá convencer de que este dinero se está aplicando con honestidad y con eficacia.