El programa de fertilizante va por el Ramo 33

El Sur de Acapulco

En contra de las disposiciones que establece la Ley de Coordinación Fiscal, los ayuntamientos guerrerenses han utilizado dinero del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) del ramo 33 –recursos provenientes de la federación destinados sólo a obra pública- para la compra de fertilizante químico.
Guerrero es el único estado del país que subsidia este tipo de insumo agrícola y lo hace en detrimento de la construcción de infraestructura básica en las comunidades rurales, es decir, hay menos obra en el estado porque el dinero se gasta en la adquisición de fertilizante.
Este año la Secretaría de Desarrollo Social federal emitió nuevos lineamientos para el ejercicio del FISM del ramo 33, que siguen prohibiendo la compra de fertilizante, y en ninguna entidad se inconformaron tanto como sí lo hicieron funcionarios y políticos de Guerrero; esto porque en el resto de las entidades del país no promueven ni sostienen un programa de distribución de fertilizante creado de manera inducida y artificial en 1994 por el ex gobernador Rubén Figueroa con evidentes propósitos económicos y electorales.
Y el argumento para defender el programa sigue siendo el mismo: el apoyo a la seguridad alimentaria de miles de productores guerrerenses. Sin embargo, hay que destacar que la gran mayoría de los campesinos del país, muchos en condiciones de pobreza como los de Guerrero, cultivan granos básicos como maíz y frijol sin necesidad de utilizar fertilizante químico; es más, antes de 1994, el estado no tenía programa de fertilizante y la producción no era muy diferente de la que hoy se obtiene.

Modificaciones a la LCF

Antes de 2014, la ley de coordinación fiscal establecía la obligación de ejercer los recursos del FISM en 10 tipos de obras como agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, electrificación, caminos rurales, urbanización, infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de la vivienda e infraestructura productiva rural.
Sin embargo, en ninguno de estos tipos de obra autorizados se incluía la compra de fertilizante químico, por lo que todos los años, los ayuntamientos de Guerrero fueron observados debido a esta irregularidad por los órganos de control y fiscalización estatal y federal.
Las recientes modificaciones a la LCF, publicadas en diciembre de 2013, son más específicas en cuanto a las obras que deben construirse, pero en términos generales se refieren a los mismos rubros que había antes de la reforma, y tampoco entre éstos se incluyó la adquisición de insumos agrícolas en el catálogo de obras y acciones que se pueden realizar.
En abril de 2014, la titular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga, informó que con la reforma hacendaria se hicieron modificaciones a la ley de coordinación fiscal, que continuó con la desautorización de utilizar recursos del ramo 33 para la compra del fertilizante, aunque aclaró, según un boletín del gobierno del estado que “dadas las condiciones de pobreza y marginación en que se encuentra inmerso Guerrero, se analizarán alternativas para que los alcaldes puedan cumplir con la entrega del insumo agrícola, siempre y cuando el fertilizante sea de calidad, se realice una compra consolidada  y haya transparencia en el padrón de beneficiarios”.
Uno de los resultados de este anuncio fue que los ayuntamientos podrían utilizar hasta 20 por ciento de los recursos del FISM para la compra de fertilizante, es decir, por primera vez en la historia del programa de fertilizante se “legalizó” la adquisición del insumo con recursos federalizados provenientes del FISM.
Esto tendrá repercusiones negativas para el estado, porque es una manera de avalar, por parte de la federación, una supuesta mejor producción de granos básicos a costa del deterioro ambiental significativo en el campo de Guerrero y la persistencia de prácticas de corrupción y manipulación electoral.

Reacciones desproporcionadas

Las limitaciones que establecen los lineamientos de la Sedesol de no usar el dinero del FISM para comprar fertilizante irritó a funcionarios y a la clase política de Guerrero.
Los argumentos son que si no compran el fertilizante se pueden generar escenarios de conflicto en las poblaciones como el de Aguas Blancas, según advirtió la presidenta municipal de Tlalchapa, Guadalupe Eguiluz Bautista, quien comentó también que mientras el gobierno federal no dé otras alternativas a los campesinos del estado, no puede quitar de tajo un programa como el de fertilizante, como si hubiese sido un programa decidido desde la federación.
El diputado Bernardo Ortega Jiménez dijo que revisarán la viabilidad jurídica de promover una controversia constitucional, y agregó que si el Congreso local no tiene la facultad, “de todas maneras seremos parte de la lucha, porque desde mi punto de vista se está vulnerando el artículo 115 constitucional”.
Por su parte el coordinador del Comité de Planeación para el Desarrollo del estado de Guerrero, Víctor Aguirre Alcaide, dijo que los alcaldes interpondrán una controversia constitucional porque están siendo afectados en la autonomía de los municipios con el uso del dinero del ramo 33 para la adquisición del fertilizante.
Igualmente el presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, aseguró que “si es necesario que los alcaldes se manifiesten en rebeldía y no acaten esas disposiciones, pues lo vamos a hacer y vamos a respaldar a nuestros presidentes municipales”.
Sin embargo, ninguna de las declaraciones de funcionarios y políticos se refirió a la necesidad de hacer un cambio radical en el programa de fertilizante, buscando su uso apropiado y teniendo como meta la reconversión hacia el empleo de abonos orgánicos y menos dañinos para suelo y agua.
Tampoco nadie mencionó que el programa requiere ser transparente en el ejercicio de los recursos y en el padrón de beneficiarios, y que urgen mecanismos para garantizar la entrega de un producto de calidad.

El tamaño de las irregularidades

Se calcula que en promedio, a nivel estatal cerca del 20 por ciento de los recursos del FISM se aplican de manera irregular a la compra de fertilizante químico. Sin embargo, unos ayuntamientos gastan porcentajes más grandes que otros.
De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) correspondiente al ejercicio 2010, son 29 ayuntamientos de Guerrero invierten más de 20 por ciento de los recursos del FISM en la compra de fertilizante. Es decir, esos 29 gobiernos municipales, con los nuevos lineamientos de 2014, serían sancionados.
Algunos municipios han abusado de estos recursos federalizados y gastan más del 50 por ciento del FISM en la compra de fertilizante. Entre éstos se encuentran Apaxtla, que en 2010 utilizó 55 por ciento del FISM para adquirir fertilizante, Zitlala, que compró 51 por ciento con este fondo y General Heliodoro Castillo, con 50 por ciento.
Sin embargo, al parecer la irregularidad se incrementó en los últimos años porque el alcalde capitalino Mario Moreno informó hace unos días que cerca de 15 municipios requieren hasta 70 por ciento del FISM del ramo 33 para fertilizante.
Siguiendo el documento de 2010 de la Seder, otros ayuntamientos que emplean más del 20 por ciento del FISM son Coyuca de Catalán (49), Quechultenango (47 por ciento), Teloloapan (46), Cuetzala del Progeso (45), Zapotitlán Tablas (44), Tlalchapa (41), Arcelia (41), Cutzamala (41), Ahucuotzingo (41), Tixtla (40), Ajuchitlán (36), Pedro Ascencio Alquisiras (35).
Otros ayuntamientos que gastan grandes cantidades de recursos del FISM en fertilizante son Atlixtac (29 por ciento), Tecoanapa (29), Mochitlán (29), Cocula (26), San Miguel Totolapan (25), General Canuto Neri (25), Coahuayutla (25), Olinalá (25), Alcozahuaca (25), Ayutla (25), Leonardo Bravo (26), Chilapa (23), Mártir de Cuailapan (21), Copanatoyac (21), Huitzuco (21).
No se encontraron documentos que informen sobre la fecha en que los ayuntamientos de Guerrero comenzaron a utilizar recursos federalizados para la compra de fertilizante, pero es muy probable que haya comenzado en 2001, cuando este orden de gobierno fue incorporado al esquema financiero del programa de fertilizante.

Cómo regularizar el programa

En Guerrero, los esfuerzos para modificar la normatividad que impide utilizar los recursos federales del FISM en la adquisición de fertilizante no han sido pocos. La necesidad creciente de los ayuntamientos de financiar la entrega de fertilizante sin tener recursos para hacerlo se ha convertido en un gran problema, y sus intentos han apuntado a modificar las leyes.
El más reciente fue el exhorto del Congreso del estado al presidente Enrique Peña Nieto para que instruya a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, para que incluya la adquisición de fertilizante en el catálogo de acciones autorizadas en el FISM.
Otros de los intentos documentados de hacer “legal” la compra de fertilizante se dio en agosto de 2010, con la Ley del sistema de coordinación hacendaria del estado de Guerrero, en donde se propusieron adecuaciones para abrir “posibilidades de utilizar los recursos del fondo de infraestructura social municipal, para cubrir erogaciones hechas para la adquisición prioritaria de insumos agrícolas como el fertilizante”. 
Sin embargo, la comisión de diputados que analizó el documento desechó estas propuestas porque expusieron que los recursos del FISM son aportaciones federales que se transfieren a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal y de los municipios con un destino específico, es decir, “condicionan su gasto a la consecución y cumplimiento de los  objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley”.
Explicaron que en el caso de las aportaciones condicionadas, la potestad legislativa estatal no puede determinar autónomamente el destino de dichos recursos, porque no tiene atribuciones para orientar las erogaciones que se originan en impuestos que son competencia de la federación.
Y para argumentar que no se afectaba la autonomía municipal, afirmaron que “las aportaciones condicionadas, en tanto representan un gasto federal que se traslada a estados y municipios para su ejecución, otorgan al poder legislativo federal la potestad constitucional para determinar los rubros específicos en donde dichos fondos habrán de utilizarse; o para decirlo de otra manera, en este ámbito si cuenta con posibilidades de “etiquetar” los fondos y restringir, en consecuencia, la libre administración hacendaria de estados y municipios, sin que ello represente vulneración alguna a la autonomía financiera”.
Un punto importante que ningún funcionario o político comenta es que el programa de fertilizante puede ser financiado con recursos del ramo 28, ya que éstos no están etiquetados y los ayuntamientos pueden ejercerlos libremente.
En aquel intento de 2010 de legalizar el ejercicio de los recursos federales para la compra de fertilizante, se abordó ese punto en los siguientes términos: “Al margen del ramo 33, existe la posibilidad de aprovechar las participaciones incondicionadas que se transfieren a los estados y municipios, para la compra de fertilizante, ya que allí la autonomía financiera estatal y municipal lo permite”.

Más sobre la calidad del fertilizante

Trascendió que la Seder es la que recomienda o hasta impone las empresas proveedoras de fertilizante a los ayuntamientos, es decir, no se decide en el municipio la empresa que provee del insumo a los productores. Esto lo dijeron algunos alcaldes que fueron consultados, quienes añadieron que también la Seder decide qué empresas son revisadas para analizar la calidad del fertilizante, pues no hay un criterio homogéneo sino a discreción de los funcionarios.
Como se informó en la edición anterior de Monitor de Guerrero, los resultados de las revisiones a la calidad del fertilizante están en la más completa oscuridad, ninguna dependencia (Seder, Contraloría general y Auditoría General del Estado) ha informado al respecto, no obstante que las reglas de operación las facultan para hacer ese tipo de revisiones.
Tampoco ninguna ha informado sobre las empresas proveedoras de fertilizante sancionadas y “boletinadas”, ya que al ser requeridas mediante una solicitud de información, dos respondieron (Contraloría y AGE) que es información “inexistente”, y la Seder simplemente no respondió.

Fraude a los campesinos con fertilizante de pésima calidad

El Sur de Acapulco

No obstante las evidencias, los órganos de control y fiscalización del estado y la Secretaría de Desarrollo Rural hacen caso omiso a las graves irregularidades que cometen los ayuntamientos al engañar a los campesinos dotándolos de fertilizante de pésima calidad.

No es una noticia nueva, ya que los bajísimos niveles de calidad del insumo han sido denunciadas por los productores desde hace muchos años al observar los malos resultados luego de la aplicación del insumo en sus parcelas; incluso las dependencias del gobierno del estado que tienen a su cargo la normatividad y el control del programa de fertilizante (Seder y Contraloría General del estado) reconocen el engaño y la violación a las reglas de operación, pero no hacen nada por remediarlo, por lo menos no de manera pública.
El programa de fertilizante es una piñata de casi mil millones de pesos anuales -aportados por gobierno estatal, ayuntamiento y productores- que se ha salido del control gubernamental, pues nadie se hace responsable de los graves daños al suelo y agua por su aplicación desmedida, su uso clientelar y político, el gasto de recursos públicos que deberían destinarse a obra púbica y la enorme corrupción que se puede localizar sin dificultad en las licitaciones y en la entrega de fertilizante que no cumple con las especificaciones que establecen las reglas de operación.
Hoy, como en otros años en que se ha visto en riesgo por los cuestionamientos de la federación, el programa de fertilizante está en la mesa de debate teniendo muchos defensores en el gobierno del estado, los ayuntamientos y en algunos partidos políticos que dicen ayudar al campo guerrerense manteniendo un programa tan pernicioso.
Sabiendo que es electoralmente incorrecto afirmar que el programa de fertilizante subsidiado ha sido un desastre para Guerrero, esos mismos políticos que hoy defienden la permanencia del programa saben de la corrupción, el clientelismo y el enorme daño que el insumo le provoca en el suelo y el agua, y no hacen nada, mucho menos proponen cambios estructurales para usar otro tipo de insumos menos dañinos para el ambiente y que realmente contribuyan a incrementar la producción.
La compra y entrega de fertilizante de bajísima calidad es sólo uno de los eslabones que los defensores del programa no quieren ver o minimizan, pero que constituye un fraude al erario público y sobre todo un atraco a los campesinos que dicen apoyar.
Y las dependencias responsables del control, vigilancia y fiscalización del programa sólo ven cómo se deteriora el campo guerrerense sin una firme intervención.
Las muestras
Con el apoyo de la asociación civil Comunicación para el Desarrollo Comunitario (Comunica), en varias localidades de los municipios de Ayutla de los Libres y San Marcos se acopiaron muestras de suelo y fertilizante para ser enviadas a un laboratorio a efecto de ratificar o no lo que era un secreto a voces, pero que nunca se ha informado de manera oficial: que el fertilizante entregado por los ayuntamientos a los productores no coincide con las fórmulas químicas que establece la normatividad del programa.
En dichas localidades –cuyos nombres se omiten para que no afectarlas- los productores han denunciado desde hace varios años y ante diferentes alcaldes que el fertilizante ya no tiene el mismo efecto en los cultivos que antes.
A los campesinos de estos sitios, Comunica AC les propuso hacer un análisis sobre la fertilidad de sus suelos y la composición química del fertilizante, a efecto de constatar el cumplimiento o no de las normas establecidas en las reglas de operación.
Fertilizante entregado en 2013
Como parte del paquete de fertilizante que los ayuntamientos entregaron en 2013 a comunidades rurales de San Marcos y Ayutla de los Libres, se encuentra el sulfato de amonio. De éste, las reglas de operación especifican que debe contener 20.5 por ciento de nitrógeno y ser 100 soluble al agua.
Los resultados del análisis revelaron valores muy por debajo de estas especificaciones que establece la norma, de entre 4.8 y 13 por ciento, lo que indica niveles muy bajos de calidad.
En el caso del fosfato diamónico (DAP), la norma exige que debe contener 18 por ciento de nitrógeno y 46 por ciento de fósforo y ser entregado en sacos de polipropileno de 50 kg.
El laboratorio entregó los siguientes resultados al analizar el DAP: en cuanto nitrógeno, se encontraron porcentajes de entre 5 y 12.3 por ciento, mientras que en fósforo, los porcentajes variaron entre 6.2 y 15.2 por ciento, muy por debajo de lo que establece la norma, que es de 46 por ciento.
Finalmente, las reglas de operación dicen que el producto denominado fosfonitrato debe contener 33 por ciento de nitrógeno y 3 por ciento de fósforo. Sin embargo, los análisis realizados dieron como resultado valores muy variados.
Para el caso del nitrógeno, los porcentajes estuvieron entre 4.7  y 22.3 por ciento. Mientras que en las muestras acopiadas no se encontró rastro de fósforo.
Como se observa en los resultados de Ayutla y San Marcos, ninguno de los diferentes tipos de fertilizante analizados alcanzaron las los porcentajes que exigen las reglas de operación, de hecho están muy por debajo de lo que recomiendan a los proveedores.
Esto constituye una irregularidad grave que cada año se comete en contra de los productores de granos básicos, y aunque no se sabe con precisión cuántos ayuntamientos guerrerenses lo hacen, se presume que son la mayoría.
Las reglas de operación
El documento que regula la operación del programa de fertilizante describe las características técnicas de calidad y cantidad de fertilizante que debe entregarse a los productores. Por ejemplo, dice que en el caso de los fertilizantes químicos “éstos deberán cumplir con lo especificado en la etiqueta, con respecto al peso y al contenido, es decir, el porcentaje del elemento en cuestión (nitrógeno, fósforo y otro).”
Asimismo, las reglas de operación señalan que los ayuntamientos “expresarán en las bases de su licitación la exigencia de los proveedores de que el suministro de fertilizante” tenga característica muy específicas, y describe la presentación que deben tener cada uno de los productos que se entregan a los campesinos, como la composición química, su apariencia, el tipo de envase y el peso de cada saco. 
Más adelante las reglas indican que para la adquisición del fertilizante, los ayuntamientos se obligan a contratar “empresas que no estén boletinadas” por los órganos fiscalizadores y que cumplan con la norma oficial mexicana.
En este punto, cabe mencionar que pese a las irregularidades en la adquisición y distribución de fertilizante, la Contraloría General del estado y la Seder nunca han hecho pública ninguna lista de empresas boletinadas ni sancionadas.
En la normatividad también se establece que la calidad y cantidad del fertilizante que se entregue será únicamente responsabilidad de los ayuntamientos, aunque destaca que el gobierno del estado se reserva el derecho de supervisar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por lo proveedores.
Para el control y la vigilancia de la operación del programa, las reglas de operación indican que la Seder, la Contraloría  y la Auditoría General del estado son las dependencias facultadas para realizar visitas periódicas a los ayuntamientos, y podrán revisar entre otros aspectos: volúmenes recibidos y entregados a los comités locales y las especificaciones del fertilizante entregado o por entregar.
La Seder reconoce el fraude
En un cuadro de resultados que se obtuvo mediante una solicitud de información, la Seder da cuenta de los resultados del análisis a las muestras de fertilizante enviadas al “laboratorio de Chapingo”.  Aunque se le solicitó información sobre los resultados de los últimos cuatro años, la dependencia sólo entregó los resultados de marzo de 2011.
Esta información que entregó la Seder parece corresponder con los resultados que la dependencia difundió en marzo de 2012, en donde se reconoció el fraude que se comete en contra de los productores al entregarles fertilizante adulterado.
En aquella ocasión, la Seder expuso que 40 por ciento del fertilizante que reciben los campesinos guerrerenses está adulterado y no cumple con la composición que establecen las reglas de operación del programa. Esta información la obtuvo a partir de 32 muestras aplicadas por la Contraloría General del Estado en 16 municipios del estado.
Dentro de este porcentaje, la Seder destacó que en 18 por ciento del total muestreado se descubrió que el producto analizado no es fertilizante, mientras que en 24 por ciento, lo que distribuyen los ayuntamientos es algo que se asemeja al insumo.
Los resultados analizados por región indican que de las cuatro muestras tomadas en dos municipios de la zona Centro, una no es fertilizante, otra se asemeja al producto, y las otras dos sí son el producto. En la Costa Chica se obtuvieron seis muestras en tres municipios, de las cuales tres muestras se asemejan al producto, una muestra no es fertilizante y las dos restantes si corresponden al producto.
En dos municipios de la Costa Grande se obtuvieron cuatro muestras con los siguientes resultados: una muestra no es fertilizante, otra se asemeja al producto, y dos sí son fertilizante. En el caso de la Montaña, cuatro municipios fueron elegidos para ocho muestras; de éstas, tres no son fertilizante, una se asemeja al producto y las cuatro restantes si son fertilizante.
En las regiones Norte y Tierra Caliente se obtuvieron los resultados menos irregulares. En el primer caso, se tomaron cuatro muestras en dos municipios obteniéndose que una muestra se asemejaba al producto y las otras tres restantes sí correspondían al producto. En Tierra Caliente, de las seis muestras en tres municipios se obtuvo que una muestra se asemejó al producto y las otras cinco sí eran fertilizante.
A la Contraloría General del estado también se le solicitó información sobre los resultados de los análisis a la calidad del fertilizante realizados por la dependencia. Sin embargo, el órgano de control respondió que la información “no es de su competencia”, aun cuando en solicitudes de meses anteriores reconoció que sí contaba con esa información, pero que no la entregaba porque era información “reservada”.
Las reglas de operación del programa de fertilizante facultan a la Contraloría a hacer este tipo de análisis de calidad del fertilizante, por lo que no hay ningún motivo para que evada la responsabilidad de revisar los paquetes de fertilizante que se entregan y difundir los resultados cuando detecte irregularidades.
Suelos y fertilizante
Es muy probable que los ayuntamientos tampoco entreguen a los productores el tipo de fertilizante que requieren los suelos de cada región. 
Dicen las reglas de operación que de acuerdo con el pH del suelo, los ayuntamientos entregarán un paquete de fertilizante apropiado para cada terreno.
Las muestras obtenidas de las comunidades participantes en el proyecto se enviaron a la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y Ambientales de la Universidad Autónoma de Guerrero, que opera junto con la Fundación Produce de Guerrero AC un programa de análisis de suelos.
Como resultado, se encontraron en San Marcos y Ayutla suelos que van de ligeramente ácidos a ácidos; y en relación con el contenido de materia orgánica, los resultados mostraron niveles que van de bajo a óptimo.
Con estos resultados, la institución universitaria recomendó un tipo específico de fertilizante, pero en el caso de Ayutla, el presidente municipal, Severo Castro Godinez, aun cuando se le dieron a conocer los resultados de los análisis de suelo y fertilizante, se negó a proporcionar el tipo de fertilizante recomendando y responsabilizó al gobierno del estado de la baja calidad del insumo.
Cabe recordar que Castro Godínez es alcalde surgido del Partido Verde Ecologista de México, pero ni así se interesó por modificar las condiciones del uso inapropiado que se hace del fertilizante en su municipio.
Antes de reclamar airadamente a la federación por limitar el uso de los recursos del ramo33 para la compra de fertilizante, los defensores del programa deberían proponer cómo poner orden y control a este programa que siempre ha sido un desastre para el estado.

 

Con irregularidades, la cuenta pública de la Secretaría de Salud

El Sur de Acapulco
Como en años anteriores, la Secretaría de Salud de Guerrero aparece como una de las dependencias con más irregularidades en las revisiones que realizaron tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Auditoría General del Estado a los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 33 (FASSA) del ejercicio 2012.
Al igual que en el gobierno de Zeferino Torreblanca, en el de Ángel Aguirre, los órganos fiscalizadores encontraron irregularidades en el gasto y en la operación del sector salud, que en 2012 tuvo un presupuesto de poco más de 3 mil millones de pesos.
En el informe de la auditoría financiera con enfoque de desempeño realizada al ejercicio 2012, la ASF encontró que en la Secretaría de Salud se ejercieron 6.5 millones de pesos en conceptos no autorizados para su pago con recursos enviados por la federación para el FASSA.
Entre los gastos no autorizados destacan el festejo del Día del Odontólogo (donde se gastaron 108 mil pesos), el apoyo económico para un evento ciclista por 200 mil pesos; el pago de seguros para autos del programa de caravanas por 196 mil pesos; reparaciones vehiculares del programa de caravanas por 11 mil, y regalos por el día de la enfermera por 6 mil 500 pesos.
También hubo gastos no autorizados en el pago de autobuses para el traslado de jugadores de la selección sindical por 18 mil pesos, el aseguramiento de los vehículos asignados al Instituto Estatal de Cancerología por 3 mil 200 pesos y la renta de sanitario portátil para cubrir el evento del 202 aniversario de la proclamación de la independencia, donde se gastaron 142 mil pesos.
Otros gastos no autorizados son un donativo al Instituto Estatal de Cancerología por 139 mil pesos y otro al Instituto Estatal de Oftalmología por 17 mil pesos; arbitraje médico por 65 mil pesos y compra de equipos de vacuna antirrábica canina para la inmunización activa de perros y gatos, por 5.6 millones de pesos.
Como resultado de los gastos no autorizados que efectuó la Secretaría de Salud con dinero del FASSA, la ASF determinó la presunción de un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por un monto de 6.5 millones de pesos.
Adicionalmente, la ASF advirtió que este tipo de irregularidades también fueron encontrados en la revisión de la cuenta pública del año 2011.
En cuanto a gastos de operación, el informe del órgano fiscalizador federal subrayó que la Secretaría de Salud del estado no presentó documentación comprobatoria por 30.2 millones de pesos, aunque con la intervención de la ASF, el gobierno del estado proporcionó documentación comprobatoria por 28.5 millones de pesos.
Sin embargo, en este rubro también se observaron erogaciones en conceptos no autorizados para su pago con recursos del FASSA por 102 mil 400 pesos y que no corresponden a los objetivos del fondo, además de que está pendiente de aclararse un monto de 1.6 millones de pesos, por lo que la ASF expresó que se presume un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por un monto de 1.7 millones de pesos.
En cuanto a la plantilla de personal, la ASF revisó una muestra de 25 expedientes de personal con categoría de médico especialista financiados con recursos del FASSA y verificó que 12 servidores públicos no contaban con la documentación que acreditara el perfil académico correspondiente y 76 expedientes no fueron proporcionados por la Secretaría de Salud, lo que ocasionó pagos no justificados de sueldos por 31.2 millones de pesos, y la falta de documentos no permitió verificar la relación laboral y que las remuneraciones se ajustaron a lo pactado.
En este rubro también se advirtió reincidencia, toda vez que fue observado por la ASF en la revisión de la cuenta pública 2011. El estado, con la intervención de la ASF, proporcionó las 12 cédulas profesionales, pero está pendiente lo referente a los 76 expedientes no proporcionados, por lo que la Contraloría General del Estado de Guerrero inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, cuenta bancaria del fondo, por el pago de remuneraciones con recursos del FASSA a personal que no cuenta con su expediente que acredite su perfil académico, lo que ocasionó pagos no justificados por concepto de sueldos, ya que impidió verificar la relación laboral y que las remuneraciones se ajustaron a lo pactado.
Plantilla y nómina
De acuerdo con el informe de la ASF, no existe congruencia entre las plazas registradas y autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las consideradas en nómina por la Secretaría de Salud, ya que se encontraron en nómina 120 plazas no autorizadas y en contraparte, no se ocuparon cinco plazas autorizadas por la SHCP.
Asimismo, la Secretaría de Salud realizó pagos con recursos del FASSA por 2.2 millones de pesos a 149 servidores públicos posteriores a la fecha de su baja; esta irregularidad también se repitió, ya que fue observada por la ASF en la revisión de la cuenta pública 2011, aunque con la intervención de este órgano se solventó lo observado.
Al revisar las licencias por comisión sindical con goce de sueldo otorgadas por la Secretaría de Salud a 72 servidores públicos, se verificó que las autorizaciones se emitieron de manera extemporánea, por lo que se realizaron pagos no autorizados con recursos del fondo por poco más de nueve millones de pesos. Si bien el gobierno del estado durante la auditoría proporcionó documentación que justifica la autorización extemporánea de comisiones sindicales, la Contraloría General del Estado inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas.
Por otra parte, en la revisión de una muestra de 118 contratos de personal eventual financiados por el FASSA, se encontró que la Secretaría de Salud realizó pagos improcedentes por 31.2 millones de pesos, toda vez que no proporcionó 69 contratos y los 49 restantes no se formalizaron. Cabe mencionar que el gobierno del estado, luego de la intervención de la ASF, justificó 50 contratos, pero quedan pendientes 68 contratos por un monto de 10.1 millones de pesos, por lo que se presume un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por esa cantidad.
Asimismo, la ASF solicitó que el gobierno del estado de Guerrero aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 152.9 millones de pesos porque no se logró identificar el importe de pago del impuesto sobre la renta del FASSA, y lo emplazó a que en caso de no lograr su justificación o respaldo documental, el gobierno del estado procederá al entero de recursos al fondo.
La ASF también descubrió que la Secretaría de Salud no reportó retenciones de las cuotas y aportaciones de seguridad social (ISSSTE) correspondientes a las remuneraciones pagadas al personal financiado con recursos del FASSA, quedando pendientes de enterar 33.7 millones de pesos, por lo que se promovió el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal para que el ISSSTE audite a la Secretaría de Salud a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no presentó evidencia del entero.
La Secretaría de Salud realizó pagos por concepto de impuesto sobre nóminas por 34.6 millones de pesos con recursos del FASSA 2012, concepto no contemplado para su pago con recursos del fondo.
Licitaciones
En materia de licitaciones, la Secretaría de Salud realizó 11 adjudicaciones directas para la compra de medicamentos con recursos del FASSA 2012, pero lo hizo sin considerar un proceso licitatorio que garantizara las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad, financiamiento y transparencia.
Por otra parte, en la revisión de siete procesos de invitación de cuando menos tres personas, se observó que la Secretaría de Salud no se ajustó al procedimiento de adjudicación, ni realizó las juntas de aclaraciones de apertura, de propuestas técnicas y económicas; además, no consta en el expediente el fallo mediante el cual se observen las causas por las cuales se determinó al proveedor ganador.
La dependencia no aplicó penas convencionales (60 mil pesos) a los proveedores que no cumplieron sus compromisos, por lo que se presume un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal
Finalmente, con la revisión de una muestra de 157 recetas proporcionadas por las unidades médicas, se constató que no fueron requisitadas en su totalidad y no existe evidencia de que los medicamentos hayan sido entregados, ni de que los faltantes se surtieron posteriormente.
La ASF reportó que la Secretaría de Salud envió a la SHCP la información del formato único, a nivel fondo e indicadores; sin embargo, la información no se puso a disposición del público en general en el periódico local del estado ni en su página de internet; asimismo, la información que remitió carece de congruencia y calidad.
La revisión de la AGE
La Auditoría General del Estado también realizó a la Secretaría de Salud y en el mismo ejercicio una auditoría financiera y de cumplimiento.
Entre las irregularidades que encontró la AGE, destaca que en la dependencia no se tienen lineamientos específicos para detectar los medicamentos de lento o nulo movimiento que permitan, en su caso, promover su desplazamiento a otras unidades médicas que los requieran y, así, prevenir su eventual caducidad.
Asimismo, se encontró que el abasto de insumos médicos y medicamentos en los centros de salud de la región de la Montaña no se realiza en tiempo y forma.
Otra observación de la AGE fue que en la revisión de una muestra de 150 recetas médicas, se encontró que fueron recetados 343 medicamentos, de los cuales, 95 no fueron entregados y ocho no corresponden al cuadro básico de medicamentos.
En general, la AGE considera que el gobierno del estado de Guerrero no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, en lo relativo al objetivo antes citado.
Cuentas públicas
La Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado de Guerrero establece que la Auditoría General del Estado debe entregar al Congreso del estado un informe anual de resultados de la revisión de las cuentas públicas.
Dice el artículo 38 de dicha ley que este informe tendrá carácter público y deberá difundirse en la página de internet de la AGE.
Entre otros datos, el informe que debe publicar el órgano fiscalizador deberá contener las auditorías practicadas, los dictámenes de revisión de cada auditoría, y la propuesta de calificación de las cuentas públicas; la evaluación y resultados de la gestión financiera; la evaluación del desempeño en el cumplimiento y grado de avance dado al plan estatal de desarrollo y a los planes municipal de desarrollo, respectivamente, así como los programas aprobados en relación con la consecución de sus objetivos y metas.
Asimismo, el informe de la AGE debe contener información sobre el cumplimiento dado a las leyes de ingresos y a los presupuestos de egresos, estatales y municipales; el dictamen que establezca el monto de los presuntos daños y perjuicios a la hacienda pública estatal o municipal, o al patrimonio de las entidades fiscalizables, que se hubieran detectado durante el proceso de fiscalización; los pliegos preventivos de observaciones que haya emitido, con las solventaciones, justificaciones o aclaraciones que las entidades fiscalizables hayan presentado.
También el documento deberá contener los procedimientos de responsabilidades iniciados y el número de denuncias de hechos instauradas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
Sin embargo, el informe anual de resultados de la revisión de la cuenta pública 2012, que se obtuvo mediante una solicitud de información porque no se localizó en la página electrónica de la AGE, no contiene toda la información importante que exige el artículo 39 de la ley de fiscalización ni tampoco se presenta en un sitio accesible de su página electrónica. Es un informe que aún no se hace público como lo establece la ley.

Acapulco y Chilpancingo, opacos en el gasto federalizado

El Sur de Acapulco

Los ayuntamientos de Acapulco y Chilpancingo obtuvieron dictámenes negativos en las auditorías financieras y de cumplimiento aplicadas a  los recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun) del ejercicio 2012, en donde la Auditoría General del Estado consideró que ambos municipios no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables.
Esta información no es una filtración, sino la realidad de la rendición de cuentas en  Guerrero, que a los diputados del Congreso del estado les incomoda difundir entre la ciudadanía.
Los datos provienen del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, que se publica en el portal electrónico de la Auditoría Superior de la Federación http://asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Paginas/Master.htm, y forma parte del programa de auditorías del ejercicio 2012, que en el caso de Guerrero incluyó la revisión del ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal en tres municipios (Chilapa, José Joaquín Herrera y Quechultenango), así como del Fortamun en los ayuntamientos de Chilpancingo y Acapulco, es decir, los dos municipios que reciben los mayores montos de recursos provenientes de la Federación en el estado de Guerrero.
En el caso de Acapulco, la federación envió 352.8 millones de pesos del Fortamun, que representaron 7.6 por ciento del total de los recursos obtenidos por el municipio en 2012.
Esta inversión se distribuyó principalmente al Subsemun (15.6 millones), saneamiento financiero (96.1 millones), “dignificación salarial” (pago de nómina) (153.8 millones), adquisiciones (12.1 millones), programas especiales de seguridad y prevención del delito (18.1 millones), protección civil (16.7 millones); proyectos especiales de infraestructura de bacheo (18.9 millones) y alumbrado público (10.4 millones de pesos).
En este periodo, la AGE determinó 15 resultados con observación, entre ellos, que el ayuntamiento no presentó documentación comprobatoria por 68 millones de pesos; 2.9 millones se pagaron en un obra que reportó nulo avance en su programación; 198 mil pesos por pagos improcedentes en una obra, y 29 mil pesos por la falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimientos; todo lo anterior, en detrimento de los beneficios esperados del fondo para el municipio.
Asimismo, el ayuntamiento de Acapulco no presentó la evidencia documental que acredite la entrega de los informes trimestrales del ejercicio fiscal 2012 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el destino, ejercicio y resultados del fondo. También sobre el tema de transparencia, el municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes, al inicio del ejercicio, el monto recibido del Fortamun del año 2012, las obras y acciones por realizar, su costo, ubicación, tipo de obra, metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio reportó los resultados alcanzados, como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal.
Lo anterior significa que el municipio de Acapulco no sólo fue opaco con la ciudadanía que lo eligió, sino que también omitió información estratégica a las dependencias que controlan el gasto.
El ayuntamiento tampoco presentó la autorización del Congreso del estado para la adquisición de deuda pública y la evidencia documental que acredite que la inscribió en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios.
Al revisarse las nóminas pagadas con recursos del Fortamun, se constató que el municipio de Acapulco no enteró a la instancia respectiva las retenciones del Impuesto Sobre la Renta.
El municipio no presentó los expedientes y documentación comprobatoria de 16 obras por un monto total de 10.8 millones de pesos, no obstante que en la balanza de comprobación y el reporte de avance físico-financiero, registró estos recursos el monto total ejercido.
Igualmente, el ayuntamiento no presentó el expediente técnico o unitario de una acción reportada con un avance nulo por 2.9 millones de pesos.
Una obra revisada no cumplió con el plazo de ejecución de los trabajos, ya que durante la visita de campo se encontró inconclusa, además de que no existe evidencia de que el municipio haya aplicado las sanciones correspondientes al contratista debido al retraso en la ejecución de los trabajos.
En la obra de rehabilitación del centro de salud en la colonia Cumbres de Llano Largo, se realizaron pagos improcedentes por 198 mil 500 pesos.
Chilpancingo
Los recursos del Fortamun destinados al municipio de Chilpancingo fueron por 107.9 millones de pesos y representaron 20.3 por ciento de los ingresos totales del municipio.
La AGE consideró que el control interno para la gestión del fondo fue deficiente, ya que las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades fueron insuficientes, lo que afectó el cumplimiento de su objetivo, la observancia de la normativa y la transparencia en la operación del Fortamun.
El órgano fiscalizador local agregó que el municipio realizó una gestión inadecuada de los recursos del fondo, ya que se determinaron irregularidades por 11.8 millones de pesos, además de que no dio a conocer entre los habitantes, como lo marca la ley,  el monto recibido, las obras, su costo, ubicación, metas y beneficiarios.
Entre las irregularidades detectadas destacó que el municipio carece de la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones de los recursos del fondo por 3.1 millones de pesos. Asimismo, no presentó la documentación comprobatoria -con requisitos fiscales- por el pago de alimentos del personal operativo de seguridad pública por 255 mil pesos.
El municipio presentó facturas por el arrendamiento de camiones, equipo para recolección de residuos sólidos y patrullas por 1.1 millones de pesos a nombre de la empresa arrendadora, cuando debían ser a nombre del ayuntamiento.
Igualmente no enteró las retenciones salariales de los meses de octubre y noviembre de 2012 a la instancia correspondiente, por 1.1 millones de pesos. Además, no presentó los contratos firmados que demuestren el consentimiento de los trabajadores para que se genere el descuento.
El municipio pagó recargos por 55 mil pesos por el envío extemporáneo de las contribuciones del 2 por ciento del impuesto sobre nómina a la Sefina, además de que pagó 277 mil pesos de sueldos y salarios a comisarios, sin presentar la documentación comprobatoria.
También se encontró que los recibos de nómina de los salarios pagados con recursos del fondo no disponen de la firma que acredite la recepción del pago por 898 mil de pesos. Asimismo, pagó 794 mil pesos a trabajadores que no fueron localizados en su área de trabajo.
Un asunto muy grave es que durante la revisión se detectó que el ayuntamiento de Chilpancingo careció en 2012 de un programa de seguridad pública que orientara sus acciones en esta materia.
En otro asunto, el municipio no presentó los expedientes técnicos de 26 obras, por 3.3 millones de pesos, lo que impidió verificar la congruencia entre las cantidades de obra pagadas y las ejecutadas y el nivel de cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Adicionalmente, el ayuntamiento no presentó el expediente técnico y unitario del servicio de rehabilitación y mantenimiento de la red de alumbrado público, que acredite los trabajos realizados por 600 mil pesos.
Finalmente, se encontró que el municipio adquirió vehículos y luminarias por un millón de pesos con un proveedor cuya actividad comercial no corresponde con su registro ante la SHCP.
Por una rendición de cuentas ciudadana
Más allá de la disputa política y mediática entre diferentes grupos dentro del Congreso del estado por la captura y el control de la fiscalización superior en el estado, el resultado de las revisiones al ejercicio de los recursos de las dependencias públicas y ayuntamientos guerrerenses, por la AGE o la Auditoría Superior de la Federación, sigue colocando en entredicho la rendición de cuentas en el estado y ratifica la persistencia del manejo irregular de los recursos.
No vale que los diputados y otros funcionarios protesten airadamente por la “filtración” de los informes de cuenta pública de algunos ayuntamientos, cuando es una de las escasas formas  que tienen los ciudadanos de enterarse de las irregularidades en el ejercicio de los recursos ante la opacidad de quienes los ejercen.
Cuando un gobierno realiza buenas prácticas y es transparente no teme a las filtraciones ni a auditorías institucionales ni al escrutinio ciudadano. Quienes desviaron recursos en su gobierno, sean diputados, alcaldes, gobernadores, regidores o funcionarios,  sospecharán en todo momento que hay ofensivas políticas en su contra.
Por ello es ya muy indispensable que la fiscalización de los recursos no sólo esté en manos de los políticos, sino que comiencen a pensarse y diseñarse mecanismos de intervención ciudadana. Si no es así, la rendición de cuentas siempre estará en entredicho.
Pero ésta será una lucha que deberá darse desde la ciudadanía, pues la clase política no legislará en favor de la transparencia –a menos que sea un mandato constitucional, como fue el caso de la ley de transparencia- ni establecerá mecanismos eficaces para la rendición de cuentas hacia los ciudadanos.
Por fin
Recientemente se publicaron en el periódico oficial del estado los montos y el calendario de ministraciones del FISM y del Fortamun, que son los recursos que llegan directamente a los municipios de Guerrero provenientes de la federación. Esta información que debió publicarse antes del 31 de enero, según la Ley de Coordinación Fiscal, el gobierno del estado la dio a conocer hasta marzo –aun cuando la fecha del periódico oficial del estado es de enero-.
En 2014 se invertirán en el FISM 4,409.5 millones de pesos destinados a los 81 municipios de la entidad. Destaca por sus mayores montos, Acapulco, que recibirá 492.2 millones de pesos, Chilapa con 224.9 millones, Chilpancingo 151.7 millones, Ayutla de los Libres con 144.4 millones y Acatepec 141.5 millones. Estos cinco municipios se llevan una cuarta parte del monto total del estado que se destina a obra pública municipal.
En el caso del Fondo para el Fortalecimiento Municipal, el monto global para el estado de Guerrero es de 1,730.2 millones de pesos. Acapulco es el municipio que en 2014 recibirá mayores recursos de este fondo con 403.3 millones de pesos, Chilpancingo, con 123.4 millones, Iguala, 71.6 millones, y Chilapa, con 61.6 millones y Zihuatanejo 60.3 millones de pesos.
Para que los ciudadanos conozcan el monto de los recursos que envió la federación a su municipio para obra pública, consultar: http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/?paged=11
Trampas en el decreto de consejeros
El Congreso del estado publicó el decreto número 443 por el que se designa a los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Guerrero.
Es curioso, pero el documento parece incluir algunos párrafos que responden o quieren invalidar los argumentos por los que se cuestionó la legalidad y legitimidad de la decisión de los diputados.
Por ejemplo, innecesariamente buscan destacar el número de mujeres que participaron en cada etapa del proceso de selección, cuando el espíritu de la ley de transparencia, al reclamar equidad de género, se refiere a la integración final del ITAIG, no a las fases previas.
Asimismo, al describir el currículo de Roberto Rodríguez Saldaña, con alguna ingenuidad colocan su última actividad laboral en los siguientes términos: “Catedrático, impartiendo la materia de Teoría General del Derecho. Universidad Autónoma de Guerrero. Actualmente”.
Su cargo de director de la Unidad Académica de Derecho de la UAG, que desempeñó de 2010 a 2014, y por la cual se le cuestionó, aparece en medio de otras actividades menos importantes, como buscando esconder su reciente desempeño como servidor público y que lo hacía inelegible para ser consejero.
En este tenor, en el currículo de Crescencio Almazán Tolentino se omite inexplicablemente uno de los cargos públicos más relevantes que ha desempeñado el hoy consejero, como es la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social, cargo por el cual se le impugna porque no renunció a tiempo.

Afecta a la obra pública disputa de Sedesol y gobierno estatal

El Sur de Acapulco
Una escaramuza entre el gobierno del estado y la Secretaría de Desarrollo Social federal provocó que se hiciera un cálculo equivocado en la distribución de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal que se entregaron a los ayuntamientos en 2012.
La equivocación, observada por la Auditoría Superior de la Federación, fue de 586 millones de pesos y afectó el presupuesto de obra pública de 51 de los 81 municipios del estado.
De acuerdo con los resultados de la auditoría financiera y cumplimiento aplicada por la ASF a los recursos del FISM, el gobierno de Guerrero no aplicó la fórmula que establece la Ley de Coordinación Fiscal tendiendo como resultado que la población de 51 municipios no recibió obra pública por un monto muy elevado de recursos.
De acuerdo con el documento de la ASF, el municipio que resultó más afectado fue Ayutla de los Libres, que en 2012 dejó de recibir recursos por 54.9 millones de pesos. El municipio de Atlixtac es el segundo de la lista, pues no recibió 33.8 millones; Cochoapa el Grande se vio afectado con 30.4 millones menos; mientras que Tecoanapa dejó de recibir 30 millones de pesos.
También se encuentran en la lista de municipios perjudicados Ometepec, con 29.6 millones de pesos, Metlatónoc, con 28.7 millones, San Luis Acatlán, con 26.1 millones; Atoyac de Álvarez, con 23.4 millones y Quechultenango, con 23 millones de pesos.
El conflicto
De acuerdo con los resultados de la auditoría practicada a los recursos del FISM, la ASF consideró que en términos generales, el gobierno del estado de Guerrero no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, “donde destaca el incumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal respecto de la distribución municipal de los recursos FISM correspondiente al ejercicio fiscal 2012, lo que generó que 51 municipios recibieran menos recursos que los que les correspondían por un total de 586,027.7 miles de pesos.”
También  agregó que el gobierno estatal no firmó el Convenio para acordar la metodología, fuentes de información y mecanismo de distribución del FISM (…), lo que restó transparencia y certeza en el proceso de la distribución de los recursos”.
Por su parte, el gobierno del estado respondió a estas observaciones que si bien la ley de coordinación fiscal establece los criterios de distribución, también subrayó que “Con objeto de apoyar a las entidades en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar en los primeros diez días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal”.
De acuerdo con la versión del Ejecutivo del estado, la Sedesol federal no publicó “las variables y fuentes de información” sino hasta el 17 de febrero de 2012; y alegó que la propia ley de coordinación fiscal exige que la distribución de los recursos del FISM a los municipios se publique en el periódico oficial antes del 31 de enero.
De esta manera, el gobierno del estado denunció que la Sedesol no publicó las variables y fuentes para determinar la distribución del FISM “en la fecha obligada, incumpliendo con ello la ley y afectando la base técnica y jurídica” que se requería para dar cumplimiento a la ley de coordinación fiscal, “por lo que se vio obligado a determinar las variables y fórmulas para la determinación de la distribución del fondo, sin contar con los lineamientos,” concluyó el argumento del gobierno del estado.
El análisis del gobierno del estado
De acuerdo con el análisis que realizó el Ejecutivo estatal, si se hubiesen aplicado los lineamientos de la Sedesol en 2012 y comparado con los montos que recibieron los ayuntamientos en 2011, se tendrían diferencias significativas, y “esta situación no hubiese sido viable, dado el impacto social y económico de afectación a todos los municipios”.
Al revisar el análisis del Ejecutivo del estado, se observa que efectivamente se hubieren afectado muchos municipios, 47 en total, pero no hace un balance entre las dos propuestas para determinar si realmente se afectaría más a los que tienen grados de marginación más altos.
Lo cierto es que hay hechos consumados y con la decisión que tomó el gobierno de estado en el ejercicio 2012 se afectaron 51 ayuntamientos, con un importe de 586 millones de pesos.
Fondo de Infraestructura Social Estatal
La Auditoría General del Estado de Guerrero revisó los recursos del Fondo de Infraestructura Social del Estado (FISE), que son recursos provenientes de la federación destinados a obra pública pero administrados directamente por el gobierno del estado.
De manera particular revisó a dos dependencias, a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capaseg), cuyas obras, si se suman los montos invertidos, dan un monto del orden de 82.3 millones de pesos (17.3 por ciento del presupuesto total del FISE); y a la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria (Cicaeg), que ejerció 386.2 millones, es decir, 72.5 por ciento de los recursos totales del FISE).
Uno de los resultados que la AGE expuso en su informe final fue que “el control interno para la gestión del fondo en el estado es deficiente, ya que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de su objetivo, la observancia de la normativa y la transparencia en la operación del fondo”.
El órgano fiscalizador del estado emitió un dictamen negativo al gobierno del estado, porque “no cumplió las disposiciones normativas aplicables” y entre los resultados que destaca están 35.5 millones de pesos por falta de documentación comprobatoria, 21 mil 200 pesos pagados por una obra de mala calidad, y se determinaron errores y omisiones de la información financiera por 256 mil  pesos.
Asimismo, la AGE concluyó que el Ejecutivo estatal “no cumplió de manera adecuada con los objetivos del fondo, debido a que no efectuó obras de mayor alcance que beneficien a la población en rezago social ni tuvo una adecuada transparencia en la gestión de los recursos del fondo”.
Al respecto, señaló que el gobierno del estado “cumplió parcialmente” los objetivos y metas del fondo, ya que el 26.1 por ciento de las obras revisadas se encuentra en proceso, las cuales aún están en ejecución; el 11.8 por ciento de las obras terminadas no operan adecuadamente, y el 5.8 por ciento no operan; adicionalmente, el 14.4 por ciento de las obras realizadas no beneficiaron a la población en rezago social y pobreza extrema.
De manera particular, la AGE observó que la Cicaeg no presentó la documentación comprobatoria que justifique el gasto por 24.5 millones de pesos; asimismo, esta dependencia tuvo rendimientos generados por 91 mil pesos, los cuales no fueron aplicados.
Por otra parte, la Secretaría de Finanzas y Administración transfirió a la Cicaeg recursos por casi 11 millones de pesos correspondientes a reintegros del ejercicio fiscal 2012, de los cuales se desconoce su aplicación y destino, debido a que no se presentó la documentación comprobatoria que aclarare esta situación.
Revisiones del FISM en la zona Centro
Como parte del paquete de auditorías del ejercicio 2012, la ASF revisó el ejercicio de los recursos del FISM en tres municipios guerrerenses de la región centro del estado: Chilapa, José Joaquín de Herrera y Quechultenango.
Entre otros hallazgos, el órgano fiscalizador observó que los tres municipios no difunden entre la población, a través de su página electrónica de internet, ni en los medios oficiales de difusión, el avance físico de las obras.
Adicionalmente, los municipios no dieron a conocer a sus habitantes, al inicio del ejercicio, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio publicó el cierre del ejercicio 2012, para dar a conocer a sus habitantes los resultados alcanzados, como lo establece la ley de coordinación fiscal.
Cabe mencionar que la ASF consideró que los municipios revisados tienen un órgano de participación activo y funcional. Dice en el rubro de participación social que “se comprobó que se constituyó y operó en el municipio el órgano de planeación participativa denominado Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual priorizó y aprobó las obras del fondo; asimismo, promovió la participación de los habitantes durante todas las etapas del gasto”.
Al respecto, y a reserva de conocer los indicadores que maneja la ASF, lo cierto es que este tipo de órganos de participación son muy cuestionables porque con mucha frecuencia no cumplen su función de planeación y programación de obras de manera democrática. Es cierto, sí se realizan las reuniones de Coplademun, pero éstas funcionan para validar decisiones tomadas de manera unipersonal por los alcaldes.
De manera particular, la ASF determinó en el caso del municipio de Chilapa que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” por un monto de seis  millones de pesos por el pago, con los recursos del FISM, de rubros no autorizados”.
En el caso del José Joaquín de Herrera, la ASF consideró que en términos generales y respecto de la muestra auditada, cumplió las disposiciones normativas aplicables, excepto por  observaciones que se refieren principalmente al pago de una obra fuera de los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal por 81 mil pesos y 171 mil pesos aplicados en conceptos de gastos que no corresponden a la naturaleza de gastos indirectos y desarrollo institucional; asimismo, no se favoreció la transparencia, ni la rendición de cuentas; se privilegiaron obras de urbanización en contraste con las obras de infraestructura básica aun cuando el municipio presenta déficits importantes en estos rubros, lo que limitó su contribución al objetivo de la política pública.
Finalmente, del municipio de Quechultenango, el órgano fiscalizador indicó que tiene una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública, a pesar de las insuficiencias para atender de manera puntual la transparencia y rendición de cuentas de los recursos aportados por la federación y que se canalizó una parte de las aportaciones recibidas vía FISM a obras de infraestructura urbana a las cuales destinó el 16.3 por ciento del total ejercido, en el cual dicha inversión benefició a localidades que presentan las mayores carencias sociales.
¿Y los 30 mil millones de pesos del Plan Nuevo Guerrero?
No hay nada claro en los recursos prometidos por el presidente Enrique Peña Nieto para la reconstrucción de Guerrero. Una vez que se apaciguaron figurada y realmente las aguas en la entidad, nadie sabe sí se invertirá ese dinero y en qué.
Tan opaca es la Presidencia de la República como el gobierno del estado, pues no hay información siquiera aproximada sobre estos recursos en ningún sitio público, las fuentes informales –con el riesgo que eso implica– son la única opción.
Se sabe por ejemplo, que el presupuesto de egresos del estado de Guerrero –el gobierno del estado sigue sin publicarlo– apenas tuvo un incremento de 1.3 por ciento, es decir, del orden de mil 288 millones de pesos para llegar a casi 41 mil 500 millones de pesos.
El incremento de recursos para 2014 es prácticamente insignificante frente a las enormes carencias que dejaron las lluvias de septiembre.
También se conoce que el gasto federal en el estado será de unos 14 mil 500 millones de pesos, que comparados con los 6 mil 726 millones de 2013, habrá un incremento de 7 mil 774 millones de pesos. Pero resulta que de estos recursos, 7 mil millones provienen del Fondo de Desastres Naturales, por lo que, en todo caso, son los únicos recursos adicionales fuera de lo que ya se invertía en el estado en años anteriores.
¿Dónde están los 30 mil millones que anunció Peña Nieto? Si las autoridades esconden la información, habrá que preguntar al Consejo Estatal de Restauración de Guerrero, una de cuyas funciones es precisamente la transparencia de las acciones del Plan Guerrero.

Gobierno del estado no difunde información del Ramo 33

El Sur de Acapulco
El gobierno del estado nuevamente desacató la Ley de Coordinación Fiscal porque a la fecha no ha publicado el monto de los recursos correspondientes a los municipios por concepto de obra púbica y fortalecimiento municipal.
De acuerdo con los artículos 35 y 36 de dicha norma, el Ejecutivo del estado deberá dar a conocer en el periódico oficial del estado, antes del 31 de enero, el presupuesto del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Fortalecimiento municipal (Fortamun) y su distribución entre los municipios de la entidad.
Sin embargo, al 17 de febrero ni en la página del periódico oficial ni en la dirección electrónica de la Consejería Jurídica del Ejecutivo ha sido publicada esta información, incluso en las oficinas del periódico oficial nadie sabe cuándo se publicarán.
La información sobre los recursos que se destinarán a la obra pública municipal y al fortalecimiento municipal en 2014 es muy relevante, pues tanto los ayuntamientos como las y los guerrerenses, con estos datos, tienen un referente sobre de los montos que ejercerán los 81 municipios, especialmente del FISM, que son los recursos más importantes provenientes de la federación que reciben los municipios para inversión en infraestructura básica.
Con esta información, las comunidades guerrerenses, sus autoridades locales, comisarios municipales, delegados, comisariados ejidales, integrantes de comités de obra y ciudadanos en general, pueden conocer cuánto se destina a su municipio y exigir cuentas a los ayuntamientos sobre el ejercicio de estos recursos.
Opacidad en el presupuesto de egresos
Los recursos del FISM tampoco se pueden consultar en el presupuesto de egresos del estado del ejercicio 2014, simplemente porque el gobierno del estado tampoco ha publicado ese documento, aun cuando hay una liga electrónica en el periódico oficial, pero sin la información correspondiente.
Por su parte, el Congreso del estado, aunque el 21 de diciembre emitió un boletín en el que asegura que  “el Congreso de Guerrero aprobó, en sesión plenaria, el Paquete Económico 2014 que considera un Presupuesto de Egresos que asciende a 42 mil 417.8 millones de pesos”, el decreto que contiene dicha información tampoco aparece publicado en su portal electrónico.
En ambos casos, la ley de transparencia del estado, la ley general de contabilidad gubernamental y el propio decreto del presupuesto obligan a estos poderes del estado a hacer público ese documento. Pero no ha sido así.
El único referente que hasta hoy está disponible para tener un dato aproximado del monto total de los recursos del FISM y del Fortamun es la Ley número 435 de ingresos del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2014, en la cual se pronostica que la federación enviará recursos por 4,638.9 para el caso del FISM.
Cabe destacar que de acuerdo con los decretos de presupuestos de egresos del estado de los últimos tres años, de manera global los municipios guerrerenses se repartieron 3,149.2 millones de pesos en 2011, al siguiente año fueron 3,865.2 millones y en 2013 la cifra alcanzó los 4,097.4 millones.
Para el caso del Fortamun, en la ley de ingresos del ejercicio 2014 se previeron 1,768 millones de pesos. Si se compran con los montos del último trienio, el presupuesto de egresos de 2011 consideró 1,429.7 millones, en 2012, 1,513.5 millones y en 2013, 1,614.1 millones de pesos.
Todas estas cifras son aproximadas, ya que no existen datos precisos y públicos, aun cuando ya es amplia la normatividad acerca de dar a conocer este tipo de información, y que en Guerrero todavía se escatima abierta.
FISM y Fortamun, directos a municipios
Tradicionalmente, las transferencias federales han representado la principal fuente de recursos con que cuentan las entidades federativas y los municipios, ya que el porcentaje de estos recursos en la mayoría de los municipios es de más de 95 por ciento.
En México, existen dos grandes rubros de transferencias federales: las participaciones o ramo 28, con una finalidad resarcitoria (aquellos estados que recauden más impuestos recibirán más recursos), y las aportaciones o ramo 33, con objetivos compensatorios (que se asignan de acuerdo a los rezagos y necesidades que presentan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura y desarrollo social).
Respecto de los recursos del ramo 28, los estados y municipios deciden libremente su ejercicio, por lo general, se utiliza para pagar a los empleados y funcionarios de los gobiernos estatal y municipales, energía eléctrica, gasolina, papelería, renta de oficinas y en cualquier producto o servicio que sirva a los gobiernos para cumplir sus objetivos.
Con los recursos del ramo 33 se financian obras y acciones específicas, son recursos que vienen etiquetados o condicionados a cumplir determinados objetivos.
El ramo 33 se compone de ocho fondos, pero sólo dos se destinan directamente a los municipios: el FISM y el Fortamun. De manera específica, el FIMS fue creado para inversiones en obras de agua potable, drenaje, energía eléctrica, caminos rurales, mejoramiento de vivienda popular y alcantarillado, entre otras obras básicas. No se puede usar para salarios de funcionarios ni otros usos no autorizados.
La experiencia de Oaxaca
En el estado de Oaxaca existe una experiencia casi única en el país relativa a la gestión, vigilancia y rendición de cuentas de los recursos de los ramos 28 y 33; esta modelo de participación es promovido por el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, una organización nacida en California, Estados Unidos, para atender las demandas de los migrantes, y que extendió su acción hacia las comunidades de origen de esos migrantes.
Además de los logros de sus luchas en el país del norte, en varias regiones de Oaxaca han promovido opciones en las comunidades de origen para contrarrestar la migración.
El trabajo más fuerte del FIOB en Oaxaca se centra en la gestión de las obras de infraestructura social, es decir, agua potable, electrificación, construcción de puentes, pavimentación, drenaje, escuelas, que son obras de mayor importancia para las comunidades.
“También estamos preocupados en la implementación de proyectos que generen empleos para las comunidades, pero mientras no se tenga agua potable, energía, escuela, no podemos pasar a esa etapa de pensar en un empleo”, afirmó Bernardo Ramírez Bautista, coordinador de esa agrupación.
Hace 13 años, el FIOB comenzó a trabajar esta vertiente con las autoridades municipales, especialmente con la gestión de información de los recursos del Ramo 28 y Ramo 33.
“Consideramos que la clave está en llevar la información a la gente para que tengan conocimiento de cómo hacer el reclamo de estos recursos para su comunidad, qué proceso se debe llevar a cabo”, consideró Ramírez Bautista.
Uno de los logros de esa y otras organizaciones fue la modificación de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Oaxaca, a efecto de que las localidades de los municipios reciban y administren directamente recursos de los ramos 28 y 33 (“Las Agencias Municipales y de Policía recibirán mensualmente de los Ayuntamientos, los montos que el propio Ayuntamiento destine en su presupuesto de egresos a cada una de ellas, de los recursos que ingresen a la hacienda municipal, derivados de participaciones federales, fondos de aportaciones federales, impuestos, productos, derechos y aprovechamientos municipales, a través de sus autoridades municipales auxiliares”).
Afirmó el coordinador del FIOB que a principio de cada año van a las localidades e informan sobre estos fondos. “Convocamos a un taller una vez que tenemos el periódico oficial (con la asignación de recursos para cada municipio) y el censo del INEGI (para conocer el número de habitantes de cada localidad). Con estos documentos decimos a la gente cuántos recursos corresponden a su comunidad, esto para darles la herramienta que les permita negociar con los alcaldes”.
La exigencia de información y transparencia en los gobiernos municipales son temas clave en los que más se ha involucrado el FIOB. “Siempre hemos dicho que pelearemos por que los recursos lleguen a nuestra comunidad, pues a ella corresponden,  y también buscamos involucrar a las autoridades para que sean parte del Consejo de Desarrollo Social Municipal, a efecto de que ellos se enteren, para que exijan saber dónde se está aplicando el recurso.
Finalmente, entre los compromisos que tienen las autoridades auxiliares es la rendición de cuentas, aseguró el coordinador del FIOB, es decir deben decir y justificar a su comunidad en qué se gasta el recurso del ramo 28 que reciben y las obras que construyen de manera directa con el FISM del ramo 33.
En Guerrero, nada
En Guerrero, no se tiene una legislación que permita a las localidades rurales del estado recibir y administrar de manera directa los recursos de los ramos 28 y 33. Es más, ni siquiera se les consulta ni mucho menos se permite su participación en la programación, ejecución y evaluación de las obras, aun cuando el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal federal así lo exige.
Tampoco se sabe de alguna organización estatal que impulse este tipo de demandas ni se conocen experiencias en las que las comunidades rurales guerrerenses hayan presionado y logrado que los ayuntamientos les distribuyan recursos para la construcción de obras.
En Guerrero lo que sí se ha visto cada año son movimientos muy localizados en los municipios donde las personas, encabezadas por sus comisarios municipales, expresan su descontento por la falta de construcción de obra pública, porque se realizan sin calidad o porque los recursos públicos se ejercen sin transparencia.
Sin embargo, estos movimientos regularmente no trascienden más allá de la manifestación de un descontento, en parte porque las dependencias públicas a donde acuden los inconformes (Auditoría General del Estado, Contraloría del estado y Congreso local) no les resuelven nada, en parte porque no hay una legislación fuerte que obligue a los ayuntamientos a distribuir recursos y a sancionarlos si no lo hacen, y tampoco porque no hay una articulación entre los diferentes movimientos.
En el estado tampoco se logra la vigilancia ciudadana de los recursos públicos que se emplean en la construcción de obras, pues los instrumentos que prevé la normatividad para este fin, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, los vocales de control y vigilancia y los comités de obra, simplemente no funcionan o están cooptados por los ayuntamientos.
Los recursos destinados a obra pública municipal en Guerrero están pues a merced de la discrecionalidad de los alcaldes,  que los ejercen sin transparencia ni eficacia, por lo que los beneficios que llegan a la población son magros.
Sigue las sorpresas en el ITAIG
El órgano garante de la transparencia en Guerrero, ejemplo que debería ser de administración eficiente, eficaz y transparente, da otra vez la nota negativa. En esta ocasión, están involucrados los tres ex consejeros del organismo.
Un primer caso fue el enroque que se dio entre el ITAIG y la Unidad Académica de la UAG, pues horas después de que Roberto Rodríguez Saldaña tomara posesión como nuevo consejero, renunció al cargo de director de la Unidad Académica de Derecho de la UAG y lo cedió al consejero saliente del ITAIG, Ernesto Araujo Carranza.
El otro escándalo fue la noticia de que los tres ex consejeros se autorizaron (al estilo en que lo hacen los diputados) un bono de retiro de casi un millón de pesos para cada uno.
Lo curioso es que dos de ellos) María Antonia Cárcamo Cortez y Marcos Ignacio Cueva González) participaron de manera ilegal en la convocatoria abierta para la elección de nuevos consejeros y en sus exposiciones enfatizaron precisamente la falta de presupuesto en el instituto como un obstáculo para mejorar los niveles de transparencia en el estado.
Hoy, los nuevos consejeros trabajarán con un presupuesto reducido; ojalá eso no sea pretexto para que continúen la grosera inactividad de sus antecesores.

Con irregularidades, el proceso de selección de candidatos del ITAIG

El Sur de Acapulco
Hasta ayer lunes, la Comisión de Gobierno del Congreso del estado había entrevistado a 14 de los 22 aspirantes a ser consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Guerrero (ITAIG)que los diputados seleccionaron para la segunda etapa.
El proceso de selección de los tres consejeros del órgano garante es importante para el estado porque de la decisión que tomen los legisladores guerrerenses dependerá en alguna medida lo que suceda en materia de transparencia y rendición de cuentas en los próximos años, y además descubrirá si realmente hay una vocación democrática o autoritaria de los diputados al conducir un proceso abierto y transparente o uno en el que se privilegian los criterios políticos antes que los profesionales.   
Se trata de un ejercicio en el que por vez primera se abrieron al público las entrevistas de los diputados con los aspirantes, por lo que, quien lo ha querido, ha podido enterarse quiénes son las o los candidatos con mejores condiciones para desempeñar tan importante cargo.
Sin embargo, para que estas entrevistas públicas sean realmente parte de un proceso transparente y abierto a la ciudadanía, la decisión de los diputados de la Comisión de Gobierno y del propio pleno del Congreso debe coincidir en lo esencial con la opinión de quienes estuvimos presentes en las presentaciones de los aspirantes, pues no debería haber diferencias para señalar a aquellos candidatos o candidatas que durante las entrevistas mostraron conocimiento, experiencia y actitud para ejercer el cargo.
Si esta coincidencia no se produce, estaremos hablando de que sólo se trató de un acto en el que sólo se simuló un proceso transparente y así habrá de denunciarse.
Los funcionarios
Sin ninguna explicación, el Congreso del estado, en su primera revisión dejó pasar a la segunda etapa a varios candidatos a consejeros del ITAIG, que son funcionarios en activo contraviniendo la fracción IX del artículo 87 de la ley de transparencia. No se sabe exactamente por qué, pero entre los 22 aspirantes a ser entrevistados se eligieron a servidores públicos. El diputado Bernardo Ortega, que fue entrevistado al respecto, no atinó a contestar por qué.
Destacan, entre los casos más sonados, el de los consejeros María Antonia Cárcamo Cortez y el de Marcos Ignacio Cueva González. Su argumento se basa en que la ley de transparencia se modificó en 2010 y junto con ella la denominación del órgano garante. La lógica que argumentan es que durante cuatro años (de 2006 a 2010) fueron comisionados de la Caipegro y a partir de 2010, consejeros del ITAIG; por lo tanto, en 2010 no fueron ratificados, sino simplemente electos para el ITAIG y eso los hace elegibles para aspirar a una “ratificación”.
En entrevista con los medios, la consejera presidenta Cárcamo Cortez esgrimió  más a menos ese argumento, por lo que estamos entonces ante una trampa de interpretación de la ley –en la que cayeron los diputados-, de la que se aprovecharon dos de los tres actuales consejeros.
Lo que sí es cierto es que en la práctica estamos ante una segunda ratificación, pues los actuales consejeros fueron electos y ratificados para ser integrantes del órgano de transparencia estatal (aunque con diferente nombre), para cumplir con más o menos las mismas funciones, con objetivos muy similares y sobre todo en ambos casos, para garantizar que  se cumpliera la ley.
También habría que preguntar a los consejeros con qué autoridad moral piden una oportunidad para estar por cuatro años más en el cargo, si hay una opinión generalizada de que su trabajo fue poco eficiente. Si bien no existe un estudio que compruebe esto, si existen muchas evidencias del tipo de trabajo que realizaron en ese tiempo.
Cárcamo Cortez y Cueva González ya hicieron su presentación como aspirantes a repetir en el cargo, pero los diputados no cuestionaron su carácter de funcionarios, ya que los actuales consejeros tienen un un doble impedimento, por su ratificación de 2010 y por ser servidores públicos en activo. Tampoco cuestionaron su pobre desempeño a lo largo de ocho años.
Los dos consejeros presentaron un plan de trabajo que da continuidad a sus actuales actividades, no propusieron nada nuevo, y aunque hicieron gala de un conocimiento que les dio estar ocho años en el cargo, no se percibió una reflexión ni análisis profundos sobre la situación del estado.
Otros funcionarios que fueron entrevistados son el director de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (la ley orgánica de la UAG describe las diferentes modalidades que existen para el personal que labora en esa institución, y diferencia claramente las que son propiamente para las autoridades universitarias de las del personal docente y de investigación. La función de dirección de una facultad o unidad académica no es de docencia ni de investigación).
También a Octavio Armando Domínguez Torres, funcionario de la Auditoría General del Estado (él mismo reconoció su participación activa en el programa Diez municipios transparentes, iniciado por la AGE apenas a finales de 2012 y desarrollado durante 2013).
Otro de los candidatos que aparece en los directorios gubernamentales es Florencio Leguizamo Herrera, servidor público de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Y entre los aspirantes que hoy comienzan sus presentaciones está el caso de Hipólito Mendoza Urbano, quien fue coordinador jurídico y titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Itaig, y actualmente es el coordinador ejecutivo de ese organismo con los actuales consejeros.
Presentaciones sin diagnóstico
Una de las constantes observadas hasta el día de ayer, es que la mayoría de las y los aspirantes no presentaron un diagnóstico certero sobre la transparencia y la rendición de cuentas -lo que mostró una gran desconocimiento del tema- y por lo tanto los planes de trabajo fueron realizados a partir de bases débiles y se sustentaron más bien en las ideas que tienen los participantes sobre la transparencia, pero no en lo que sucede en el estado.
Hay indicadores básicos para obtener este diagnóstico estatal y casi nadie se refirió a ellos, en parte porque no existen estudios profundos para el estado o porque los que existen se refieren a aspectos muy específicos. De hecho, ese diagnóstico sobre la realidad de Guerrero no existe porque el ITAIG nunca lo promovió o realizó, aun cuando era parte de su responsabilidad.
Un primer indicador básico de la transparencia es el del cumplimiento de la información de oficio de los sujetos obligados, es decir, de la publicación de datos básicos del quehacer gubernamental de las dependencias públicas.
Los diputados de la Comisión de Gobierno se sintieron confundidos cuando algunos de los candidatos les presentaron resultados de estudios sobre los niveles de transparencia de las dependencias, y éstos fueron diferentes, evidentemente por la diferencia de enfoques y metodologías.
En Guerrero, destaca en este campo las evaluaciones que realiza el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, que coloca a los ayuntamientos entre los últimos lugares en transparencia a nivel nacional. (ver http://cimtra.org.mx/) Pocos entrevistados se refirieron a la opacidad de los ayuntamientos como un problema prioritario.
Pero la falta de transparencia no es un problema sólo de este orden de gobierno, en el Ejecutivo del estado también prevalecen altos niveles de opacidad, al igual que en el poder judicial y especialmente en el legislativo, lo cual ningún candidato a ser consejero atinó a decirlo frente a los legisladores. Es más, hubo quien se atrevió a decir que de acuerdo con el monitoreo Métrica de la Transparencia, el Congreso del estado tenía “altas calificaciones” (ver http://www.metricadetransparencia.cide.edu/metrica.html)
El acceso a la información también es un indicador relevante que debe formar parte de cualquier diagnóstico que se haga sobre la materia.
Al respecto, no obstante las cifras “infladas” que presentó el ITAIG en los primeros cinco años después de que se legisló en Guerrero el derecho de acceso a la información, sabemos por algunas revisiones que han hecho las organizaciones civiles, que de 2006 a 2011, el número de solicitudes de información presentadas por las y los guerrerenses fue muy bajo.
También por ejercicios de monitoreo realizados por estas agrupaciones, conocimos la férrea oposición de los funcionarios públicos a entregar información. Y aunque la ciudadanía ha refinado las preguntas que hace y enfoca más el tipo de información que solicita, todavía hay muchas resistencias de parte de las dependencias públicas, aunque esto no se refleja necesariamente en el número de recursos de revisión o quejas presentadas ante el ITAIG debido a la desconfianza hacia este organismo, la falta de una cultura de la denuncia o simplemente por rehuir a los trámites que deben presentarse y a los que deben darles seguimiento.
Desde febrero de 2011, el número de solicitudes de información se incrementó notablemente, de 250 que se presentaban en promedio cada año en las dependencias del ejecutivo del estado, a poco más de 1,500 que se presentaron en 2013.
Este aumento fue resultado de la puesta en marcha de una plataforma electrónica para la recepción y procesamiento de solicitudes de información denominada Info Gro –que por cierto, muchos de los aspirantes a ser consejeros nunca habían oído o no sabían exactamente cuál es su función y mecánica de operación-, pues antes, la ley de 2006 incluían la aberrante obligación de presentar las solicitudes de información de manera personal en las oficinas de las dependencias, lo que hacía inviable el ejercicio de este derecho a las y los ciudadanos de municipios lejanos como Cuajiniculapa, la Unión, Zirándaro, etc.
Hoy lo deseable y urgente es que este sistema InforGro incluya a otros sujetos obligados, especialmente a los ayuntamientos, que es en los que se encuentra mayor resistencia a la entrega de información.
Hubo mucha preocupación de los aspirantes a consejeros y de los diputados de la Comisión de Gobierno por el número de unidades de transparencia que existen en el estado. Realmente no son un indicador importante porque la experiencia muestra que en las dependencias que tienen una unidad de transparencia, no necesariamente son transparentes y tampoco facilitan el acceso a la información; mucho menos significa que las dependencias que tienen unidades de transparencia cuenten con una política consistente de rendición de cuentas.
El desconocimiento sobre estos mecanismos es tal que incluso el diputado Mario Ramos del Carmen dijo que no era conveniente tener unidades de transparencia y contralorías internas, porque habría duplicidad de funciones y eso es “oneroso”, explicó. Sin embargo, ambas realizan funciones muy diferentes y están reglamentadas por distintas leyes.    
Lo que faltó
Las exposiciones se centraron en propuestas de capacitación y difusión, inclusión de temas en las escuelas y modificaciones a la ley, como algunas de las formas de elevar los niveles de transparencia. Lo que casi nadie mencionó –sólo un diputado lo recalcó, pero no los candidatos- que la transparencia es sólo un medio, un instrumento para alcanzar objetivos como inhibir la corrupción, mejorar la gestión pública y sobre todo, promover la intervención de los ciudadanos para vigilar que esto sea posible.
Y mientras la mayoría propuso mecanismos sobre cómo mejorar los niveles de transparencia, nadie lo hizo en cómo hacer que la gente se apropie de la información pública para hacer posible el ejercicio de otros derechos como el de la salud, la educación, vivienda, alimentación ni cómo puede incorporarse la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión gubernamental, como insistentemente preguntaba el diputado Héctor Apreza Patrón, sin que nadie atinara a responder de manera concreta.
Sobre los ayuntamientos, los pocos que se refirieron a su problemática enfatizaron la falta de capacidades administrativas y técnicas para cumplir con las obligaciones de transparencia, sin embargo, casi nadie se refirió a que es un problema en el que pesa más la disposición y voluntad de los alcaldes para hacer de su gobierno una práctica constante de transparencia.
De manera global, en esta primera parte de presentaciones de aspirantes a consejeros del ITAIG se observó poco conocimiento y experiencia tanto de candidatos como de los diputados que los examinaron. Ojalá no sea mal augurio y se seleccione a los perores candidatos.