Afecta a la obra pública disputa de Sedesol y gobierno estatal

El Sur de Acapulco
Una escaramuza entre el gobierno del estado y la Secretaría de Desarrollo Social federal provocó que se hiciera un cálculo equivocado en la distribución de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal que se entregaron a los ayuntamientos en 2012.
La equivocación, observada por la Auditoría Superior de la Federación, fue de 586 millones de pesos y afectó el presupuesto de obra pública de 51 de los 81 municipios del estado.
De acuerdo con los resultados de la auditoría financiera y cumplimiento aplicada por la ASF a los recursos del FISM, el gobierno de Guerrero no aplicó la fórmula que establece la Ley de Coordinación Fiscal tendiendo como resultado que la población de 51 municipios no recibió obra pública por un monto muy elevado de recursos.
De acuerdo con el documento de la ASF, el municipio que resultó más afectado fue Ayutla de los Libres, que en 2012 dejó de recibir recursos por 54.9 millones de pesos. El municipio de Atlixtac es el segundo de la lista, pues no recibió 33.8 millones; Cochoapa el Grande se vio afectado con 30.4 millones menos; mientras que Tecoanapa dejó de recibir 30 millones de pesos.
También se encuentran en la lista de municipios perjudicados Ometepec, con 29.6 millones de pesos, Metlatónoc, con 28.7 millones, San Luis Acatlán, con 26.1 millones; Atoyac de Álvarez, con 23.4 millones y Quechultenango, con 23 millones de pesos.
El conflicto
De acuerdo con los resultados de la auditoría practicada a los recursos del FISM, la ASF consideró que en términos generales, el gobierno del estado de Guerrero no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, “donde destaca el incumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal respecto de la distribución municipal de los recursos FISM correspondiente al ejercicio fiscal 2012, lo que generó que 51 municipios recibieran menos recursos que los que les correspondían por un total de 586,027.7 miles de pesos.”
También  agregó que el gobierno estatal no firmó el Convenio para acordar la metodología, fuentes de información y mecanismo de distribución del FISM (…), lo que restó transparencia y certeza en el proceso de la distribución de los recursos”.
Por su parte, el gobierno del estado respondió a estas observaciones que si bien la ley de coordinación fiscal establece los criterios de distribución, también subrayó que “Con objeto de apoyar a las entidades en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar en los primeros diez días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal”.
De acuerdo con la versión del Ejecutivo del estado, la Sedesol federal no publicó “las variables y fuentes de información” sino hasta el 17 de febrero de 2012; y alegó que la propia ley de coordinación fiscal exige que la distribución de los recursos del FISM a los municipios se publique en el periódico oficial antes del 31 de enero.
De esta manera, el gobierno del estado denunció que la Sedesol no publicó las variables y fuentes para determinar la distribución del FISM “en la fecha obligada, incumpliendo con ello la ley y afectando la base técnica y jurídica” que se requería para dar cumplimiento a la ley de coordinación fiscal, “por lo que se vio obligado a determinar las variables y fórmulas para la determinación de la distribución del fondo, sin contar con los lineamientos,” concluyó el argumento del gobierno del estado.
El análisis del gobierno del estado
De acuerdo con el análisis que realizó el Ejecutivo estatal, si se hubiesen aplicado los lineamientos de la Sedesol en 2012 y comparado con los montos que recibieron los ayuntamientos en 2011, se tendrían diferencias significativas, y “esta situación no hubiese sido viable, dado el impacto social y económico de afectación a todos los municipios”.
Al revisar el análisis del Ejecutivo del estado, se observa que efectivamente se hubieren afectado muchos municipios, 47 en total, pero no hace un balance entre las dos propuestas para determinar si realmente se afectaría más a los que tienen grados de marginación más altos.
Lo cierto es que hay hechos consumados y con la decisión que tomó el gobierno de estado en el ejercicio 2012 se afectaron 51 ayuntamientos, con un importe de 586 millones de pesos.
Fondo de Infraestructura Social Estatal
La Auditoría General del Estado de Guerrero revisó los recursos del Fondo de Infraestructura Social del Estado (FISE), que son recursos provenientes de la federación destinados a obra pública pero administrados directamente por el gobierno del estado.
De manera particular revisó a dos dependencias, a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capaseg), cuyas obras, si se suman los montos invertidos, dan un monto del orden de 82.3 millones de pesos (17.3 por ciento del presupuesto total del FISE); y a la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria (Cicaeg), que ejerció 386.2 millones, es decir, 72.5 por ciento de los recursos totales del FISE).
Uno de los resultados que la AGE expuso en su informe final fue que “el control interno para la gestión del fondo en el estado es deficiente, ya que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de su objetivo, la observancia de la normativa y la transparencia en la operación del fondo”.
El órgano fiscalizador del estado emitió un dictamen negativo al gobierno del estado, porque “no cumplió las disposiciones normativas aplicables” y entre los resultados que destaca están 35.5 millones de pesos por falta de documentación comprobatoria, 21 mil 200 pesos pagados por una obra de mala calidad, y se determinaron errores y omisiones de la información financiera por 256 mil  pesos.
Asimismo, la AGE concluyó que el Ejecutivo estatal “no cumplió de manera adecuada con los objetivos del fondo, debido a que no efectuó obras de mayor alcance que beneficien a la población en rezago social ni tuvo una adecuada transparencia en la gestión de los recursos del fondo”.
Al respecto, señaló que el gobierno del estado “cumplió parcialmente” los objetivos y metas del fondo, ya que el 26.1 por ciento de las obras revisadas se encuentra en proceso, las cuales aún están en ejecución; el 11.8 por ciento de las obras terminadas no operan adecuadamente, y el 5.8 por ciento no operan; adicionalmente, el 14.4 por ciento de las obras realizadas no beneficiaron a la población en rezago social y pobreza extrema.
De manera particular, la AGE observó que la Cicaeg no presentó la documentación comprobatoria que justifique el gasto por 24.5 millones de pesos; asimismo, esta dependencia tuvo rendimientos generados por 91 mil pesos, los cuales no fueron aplicados.
Por otra parte, la Secretaría de Finanzas y Administración transfirió a la Cicaeg recursos por casi 11 millones de pesos correspondientes a reintegros del ejercicio fiscal 2012, de los cuales se desconoce su aplicación y destino, debido a que no se presentó la documentación comprobatoria que aclarare esta situación.
Revisiones del FISM en la zona Centro
Como parte del paquete de auditorías del ejercicio 2012, la ASF revisó el ejercicio de los recursos del FISM en tres municipios guerrerenses de la región centro del estado: Chilapa, José Joaquín de Herrera y Quechultenango.
Entre otros hallazgos, el órgano fiscalizador observó que los tres municipios no difunden entre la población, a través de su página electrónica de internet, ni en los medios oficiales de difusión, el avance físico de las obras.
Adicionalmente, los municipios no dieron a conocer a sus habitantes, al inicio del ejercicio, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio publicó el cierre del ejercicio 2012, para dar a conocer a sus habitantes los resultados alcanzados, como lo establece la ley de coordinación fiscal.
Cabe mencionar que la ASF consideró que los municipios revisados tienen un órgano de participación activo y funcional. Dice en el rubro de participación social que “se comprobó que se constituyó y operó en el municipio el órgano de planeación participativa denominado Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual priorizó y aprobó las obras del fondo; asimismo, promovió la participación de los habitantes durante todas las etapas del gasto”.
Al respecto, y a reserva de conocer los indicadores que maneja la ASF, lo cierto es que este tipo de órganos de participación son muy cuestionables porque con mucha frecuencia no cumplen su función de planeación y programación de obras de manera democrática. Es cierto, sí se realizan las reuniones de Coplademun, pero éstas funcionan para validar decisiones tomadas de manera unipersonal por los alcaldes.
De manera particular, la ASF determinó en el caso del municipio de Chilapa que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” por un monto de seis  millones de pesos por el pago, con los recursos del FISM, de rubros no autorizados”.
En el caso del José Joaquín de Herrera, la ASF consideró que en términos generales y respecto de la muestra auditada, cumplió las disposiciones normativas aplicables, excepto por  observaciones que se refieren principalmente al pago de una obra fuera de los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal por 81 mil pesos y 171 mil pesos aplicados en conceptos de gastos que no corresponden a la naturaleza de gastos indirectos y desarrollo institucional; asimismo, no se favoreció la transparencia, ni la rendición de cuentas; se privilegiaron obras de urbanización en contraste con las obras de infraestructura básica aun cuando el municipio presenta déficits importantes en estos rubros, lo que limitó su contribución al objetivo de la política pública.
Finalmente, del municipio de Quechultenango, el órgano fiscalizador indicó que tiene una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública, a pesar de las insuficiencias para atender de manera puntual la transparencia y rendición de cuentas de los recursos aportados por la federación y que se canalizó una parte de las aportaciones recibidas vía FISM a obras de infraestructura urbana a las cuales destinó el 16.3 por ciento del total ejercido, en el cual dicha inversión benefició a localidades que presentan las mayores carencias sociales.
¿Y los 30 mil millones de pesos del Plan Nuevo Guerrero?
No hay nada claro en los recursos prometidos por el presidente Enrique Peña Nieto para la reconstrucción de Guerrero. Una vez que se apaciguaron figurada y realmente las aguas en la entidad, nadie sabe sí se invertirá ese dinero y en qué.
Tan opaca es la Presidencia de la República como el gobierno del estado, pues no hay información siquiera aproximada sobre estos recursos en ningún sitio público, las fuentes informales –con el riesgo que eso implica– son la única opción.
Se sabe por ejemplo, que el presupuesto de egresos del estado de Guerrero –el gobierno del estado sigue sin publicarlo– apenas tuvo un incremento de 1.3 por ciento, es decir, del orden de mil 288 millones de pesos para llegar a casi 41 mil 500 millones de pesos.
El incremento de recursos para 2014 es prácticamente insignificante frente a las enormes carencias que dejaron las lluvias de septiembre.
También se conoce que el gasto federal en el estado será de unos 14 mil 500 millones de pesos, que comparados con los 6 mil 726 millones de 2013, habrá un incremento de 7 mil 774 millones de pesos. Pero resulta que de estos recursos, 7 mil millones provienen del Fondo de Desastres Naturales, por lo que, en todo caso, son los únicos recursos adicionales fuera de lo que ya se invertía en el estado en años anteriores.
¿Dónde están los 30 mil millones que anunció Peña Nieto? Si las autoridades esconden la información, habrá que preguntar al Consejo Estatal de Restauración de Guerrero, una de cuyas funciones es precisamente la transparencia de las acciones del Plan Guerrero.

Gobierno del estado no difunde información del Ramo 33

El Sur de Acapulco
El gobierno del estado nuevamente desacató la Ley de Coordinación Fiscal porque a la fecha no ha publicado el monto de los recursos correspondientes a los municipios por concepto de obra púbica y fortalecimiento municipal.
De acuerdo con los artículos 35 y 36 de dicha norma, el Ejecutivo del estado deberá dar a conocer en el periódico oficial del estado, antes del 31 de enero, el presupuesto del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Fortalecimiento municipal (Fortamun) y su distribución entre los municipios de la entidad.
Sin embargo, al 17 de febrero ni en la página del periódico oficial ni en la dirección electrónica de la Consejería Jurídica del Ejecutivo ha sido publicada esta información, incluso en las oficinas del periódico oficial nadie sabe cuándo se publicarán.
La información sobre los recursos que se destinarán a la obra pública municipal y al fortalecimiento municipal en 2014 es muy relevante, pues tanto los ayuntamientos como las y los guerrerenses, con estos datos, tienen un referente sobre de los montos que ejercerán los 81 municipios, especialmente del FISM, que son los recursos más importantes provenientes de la federación que reciben los municipios para inversión en infraestructura básica.
Con esta información, las comunidades guerrerenses, sus autoridades locales, comisarios municipales, delegados, comisariados ejidales, integrantes de comités de obra y ciudadanos en general, pueden conocer cuánto se destina a su municipio y exigir cuentas a los ayuntamientos sobre el ejercicio de estos recursos.
Opacidad en el presupuesto de egresos
Los recursos del FISM tampoco se pueden consultar en el presupuesto de egresos del estado del ejercicio 2014, simplemente porque el gobierno del estado tampoco ha publicado ese documento, aun cuando hay una liga electrónica en el periódico oficial, pero sin la información correspondiente.
Por su parte, el Congreso del estado, aunque el 21 de diciembre emitió un boletín en el que asegura que  “el Congreso de Guerrero aprobó, en sesión plenaria, el Paquete Económico 2014 que considera un Presupuesto de Egresos que asciende a 42 mil 417.8 millones de pesos”, el decreto que contiene dicha información tampoco aparece publicado en su portal electrónico.
En ambos casos, la ley de transparencia del estado, la ley general de contabilidad gubernamental y el propio decreto del presupuesto obligan a estos poderes del estado a hacer público ese documento. Pero no ha sido así.
El único referente que hasta hoy está disponible para tener un dato aproximado del monto total de los recursos del FISM y del Fortamun es la Ley número 435 de ingresos del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2014, en la cual se pronostica que la federación enviará recursos por 4,638.9 para el caso del FISM.
Cabe destacar que de acuerdo con los decretos de presupuestos de egresos del estado de los últimos tres años, de manera global los municipios guerrerenses se repartieron 3,149.2 millones de pesos en 2011, al siguiente año fueron 3,865.2 millones y en 2013 la cifra alcanzó los 4,097.4 millones.
Para el caso del Fortamun, en la ley de ingresos del ejercicio 2014 se previeron 1,768 millones de pesos. Si se compran con los montos del último trienio, el presupuesto de egresos de 2011 consideró 1,429.7 millones, en 2012, 1,513.5 millones y en 2013, 1,614.1 millones de pesos.
Todas estas cifras son aproximadas, ya que no existen datos precisos y públicos, aun cuando ya es amplia la normatividad acerca de dar a conocer este tipo de información, y que en Guerrero todavía se escatima abierta.
FISM y Fortamun, directos a municipios
Tradicionalmente, las transferencias federales han representado la principal fuente de recursos con que cuentan las entidades federativas y los municipios, ya que el porcentaje de estos recursos en la mayoría de los municipios es de más de 95 por ciento.
En México, existen dos grandes rubros de transferencias federales: las participaciones o ramo 28, con una finalidad resarcitoria (aquellos estados que recauden más impuestos recibirán más recursos), y las aportaciones o ramo 33, con objetivos compensatorios (que se asignan de acuerdo a los rezagos y necesidades que presentan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura y desarrollo social).
Respecto de los recursos del ramo 28, los estados y municipios deciden libremente su ejercicio, por lo general, se utiliza para pagar a los empleados y funcionarios de los gobiernos estatal y municipales, energía eléctrica, gasolina, papelería, renta de oficinas y en cualquier producto o servicio que sirva a los gobiernos para cumplir sus objetivos.
Con los recursos del ramo 33 se financian obras y acciones específicas, son recursos que vienen etiquetados o condicionados a cumplir determinados objetivos.
El ramo 33 se compone de ocho fondos, pero sólo dos se destinan directamente a los municipios: el FISM y el Fortamun. De manera específica, el FIMS fue creado para inversiones en obras de agua potable, drenaje, energía eléctrica, caminos rurales, mejoramiento de vivienda popular y alcantarillado, entre otras obras básicas. No se puede usar para salarios de funcionarios ni otros usos no autorizados.
La experiencia de Oaxaca
En el estado de Oaxaca existe una experiencia casi única en el país relativa a la gestión, vigilancia y rendición de cuentas de los recursos de los ramos 28 y 33; esta modelo de participación es promovido por el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, una organización nacida en California, Estados Unidos, para atender las demandas de los migrantes, y que extendió su acción hacia las comunidades de origen de esos migrantes.
Además de los logros de sus luchas en el país del norte, en varias regiones de Oaxaca han promovido opciones en las comunidades de origen para contrarrestar la migración.
El trabajo más fuerte del FIOB en Oaxaca se centra en la gestión de las obras de infraestructura social, es decir, agua potable, electrificación, construcción de puentes, pavimentación, drenaje, escuelas, que son obras de mayor importancia para las comunidades.
“También estamos preocupados en la implementación de proyectos que generen empleos para las comunidades, pero mientras no se tenga agua potable, energía, escuela, no podemos pasar a esa etapa de pensar en un empleo”, afirmó Bernardo Ramírez Bautista, coordinador de esa agrupación.
Hace 13 años, el FIOB comenzó a trabajar esta vertiente con las autoridades municipales, especialmente con la gestión de información de los recursos del Ramo 28 y Ramo 33.
“Consideramos que la clave está en llevar la información a la gente para que tengan conocimiento de cómo hacer el reclamo de estos recursos para su comunidad, qué proceso se debe llevar a cabo”, consideró Ramírez Bautista.
Uno de los logros de esa y otras organizaciones fue la modificación de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Oaxaca, a efecto de que las localidades de los municipios reciban y administren directamente recursos de los ramos 28 y 33 (“Las Agencias Municipales y de Policía recibirán mensualmente de los Ayuntamientos, los montos que el propio Ayuntamiento destine en su presupuesto de egresos a cada una de ellas, de los recursos que ingresen a la hacienda municipal, derivados de participaciones federales, fondos de aportaciones federales, impuestos, productos, derechos y aprovechamientos municipales, a través de sus autoridades municipales auxiliares”).
Afirmó el coordinador del FIOB que a principio de cada año van a las localidades e informan sobre estos fondos. “Convocamos a un taller una vez que tenemos el periódico oficial (con la asignación de recursos para cada municipio) y el censo del INEGI (para conocer el número de habitantes de cada localidad). Con estos documentos decimos a la gente cuántos recursos corresponden a su comunidad, esto para darles la herramienta que les permita negociar con los alcaldes”.
La exigencia de información y transparencia en los gobiernos municipales son temas clave en los que más se ha involucrado el FIOB. “Siempre hemos dicho que pelearemos por que los recursos lleguen a nuestra comunidad, pues a ella corresponden,  y también buscamos involucrar a las autoridades para que sean parte del Consejo de Desarrollo Social Municipal, a efecto de que ellos se enteren, para que exijan saber dónde se está aplicando el recurso.
Finalmente, entre los compromisos que tienen las autoridades auxiliares es la rendición de cuentas, aseguró el coordinador del FIOB, es decir deben decir y justificar a su comunidad en qué se gasta el recurso del ramo 28 que reciben y las obras que construyen de manera directa con el FISM del ramo 33.
En Guerrero, nada
En Guerrero, no se tiene una legislación que permita a las localidades rurales del estado recibir y administrar de manera directa los recursos de los ramos 28 y 33. Es más, ni siquiera se les consulta ni mucho menos se permite su participación en la programación, ejecución y evaluación de las obras, aun cuando el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal federal así lo exige.
Tampoco se sabe de alguna organización estatal que impulse este tipo de demandas ni se conocen experiencias en las que las comunidades rurales guerrerenses hayan presionado y logrado que los ayuntamientos les distribuyan recursos para la construcción de obras.
En Guerrero lo que sí se ha visto cada año son movimientos muy localizados en los municipios donde las personas, encabezadas por sus comisarios municipales, expresan su descontento por la falta de construcción de obra pública, porque se realizan sin calidad o porque los recursos públicos se ejercen sin transparencia.
Sin embargo, estos movimientos regularmente no trascienden más allá de la manifestación de un descontento, en parte porque las dependencias públicas a donde acuden los inconformes (Auditoría General del Estado, Contraloría del estado y Congreso local) no les resuelven nada, en parte porque no hay una legislación fuerte que obligue a los ayuntamientos a distribuir recursos y a sancionarlos si no lo hacen, y tampoco porque no hay una articulación entre los diferentes movimientos.
En el estado tampoco se logra la vigilancia ciudadana de los recursos públicos que se emplean en la construcción de obras, pues los instrumentos que prevé la normatividad para este fin, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, los vocales de control y vigilancia y los comités de obra, simplemente no funcionan o están cooptados por los ayuntamientos.
Los recursos destinados a obra pública municipal en Guerrero están pues a merced de la discrecionalidad de los alcaldes,  que los ejercen sin transparencia ni eficacia, por lo que los beneficios que llegan a la población son magros.
Sigue las sorpresas en el ITAIG
El órgano garante de la transparencia en Guerrero, ejemplo que debería ser de administración eficiente, eficaz y transparente, da otra vez la nota negativa. En esta ocasión, están involucrados los tres ex consejeros del organismo.
Un primer caso fue el enroque que se dio entre el ITAIG y la Unidad Académica de la UAG, pues horas después de que Roberto Rodríguez Saldaña tomara posesión como nuevo consejero, renunció al cargo de director de la Unidad Académica de Derecho de la UAG y lo cedió al consejero saliente del ITAIG, Ernesto Araujo Carranza.
El otro escándalo fue la noticia de que los tres ex consejeros se autorizaron (al estilo en que lo hacen los diputados) un bono de retiro de casi un millón de pesos para cada uno.
Lo curioso es que dos de ellos) María Antonia Cárcamo Cortez y Marcos Ignacio Cueva González) participaron de manera ilegal en la convocatoria abierta para la elección de nuevos consejeros y en sus exposiciones enfatizaron precisamente la falta de presupuesto en el instituto como un obstáculo para mejorar los niveles de transparencia en el estado.
Hoy, los nuevos consejeros trabajarán con un presupuesto reducido; ojalá eso no sea pretexto para que continúen la grosera inactividad de sus antecesores.

Con irregularidades, el proceso de selección de candidatos del ITAIG

El Sur de Acapulco
Hasta ayer lunes, la Comisión de Gobierno del Congreso del estado había entrevistado a 14 de los 22 aspirantes a ser consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Guerrero (ITAIG)que los diputados seleccionaron para la segunda etapa.
El proceso de selección de los tres consejeros del órgano garante es importante para el estado porque de la decisión que tomen los legisladores guerrerenses dependerá en alguna medida lo que suceda en materia de transparencia y rendición de cuentas en los próximos años, y además descubrirá si realmente hay una vocación democrática o autoritaria de los diputados al conducir un proceso abierto y transparente o uno en el que se privilegian los criterios políticos antes que los profesionales.   
Se trata de un ejercicio en el que por vez primera se abrieron al público las entrevistas de los diputados con los aspirantes, por lo que, quien lo ha querido, ha podido enterarse quiénes son las o los candidatos con mejores condiciones para desempeñar tan importante cargo.
Sin embargo, para que estas entrevistas públicas sean realmente parte de un proceso transparente y abierto a la ciudadanía, la decisión de los diputados de la Comisión de Gobierno y del propio pleno del Congreso debe coincidir en lo esencial con la opinión de quienes estuvimos presentes en las presentaciones de los aspirantes, pues no debería haber diferencias para señalar a aquellos candidatos o candidatas que durante las entrevistas mostraron conocimiento, experiencia y actitud para ejercer el cargo.
Si esta coincidencia no se produce, estaremos hablando de que sólo se trató de un acto en el que sólo se simuló un proceso transparente y así habrá de denunciarse.
Los funcionarios
Sin ninguna explicación, el Congreso del estado, en su primera revisión dejó pasar a la segunda etapa a varios candidatos a consejeros del ITAIG, que son funcionarios en activo contraviniendo la fracción IX del artículo 87 de la ley de transparencia. No se sabe exactamente por qué, pero entre los 22 aspirantes a ser entrevistados se eligieron a servidores públicos. El diputado Bernardo Ortega, que fue entrevistado al respecto, no atinó a contestar por qué.
Destacan, entre los casos más sonados, el de los consejeros María Antonia Cárcamo Cortez y el de Marcos Ignacio Cueva González. Su argumento se basa en que la ley de transparencia se modificó en 2010 y junto con ella la denominación del órgano garante. La lógica que argumentan es que durante cuatro años (de 2006 a 2010) fueron comisionados de la Caipegro y a partir de 2010, consejeros del ITAIG; por lo tanto, en 2010 no fueron ratificados, sino simplemente electos para el ITAIG y eso los hace elegibles para aspirar a una “ratificación”.
En entrevista con los medios, la consejera presidenta Cárcamo Cortez esgrimió  más a menos ese argumento, por lo que estamos entonces ante una trampa de interpretación de la ley –en la que cayeron los diputados-, de la que se aprovecharon dos de los tres actuales consejeros.
Lo que sí es cierto es que en la práctica estamos ante una segunda ratificación, pues los actuales consejeros fueron electos y ratificados para ser integrantes del órgano de transparencia estatal (aunque con diferente nombre), para cumplir con más o menos las mismas funciones, con objetivos muy similares y sobre todo en ambos casos, para garantizar que  se cumpliera la ley.
También habría que preguntar a los consejeros con qué autoridad moral piden una oportunidad para estar por cuatro años más en el cargo, si hay una opinión generalizada de que su trabajo fue poco eficiente. Si bien no existe un estudio que compruebe esto, si existen muchas evidencias del tipo de trabajo que realizaron en ese tiempo.
Cárcamo Cortez y Cueva González ya hicieron su presentación como aspirantes a repetir en el cargo, pero los diputados no cuestionaron su carácter de funcionarios, ya que los actuales consejeros tienen un un doble impedimento, por su ratificación de 2010 y por ser servidores públicos en activo. Tampoco cuestionaron su pobre desempeño a lo largo de ocho años.
Los dos consejeros presentaron un plan de trabajo que da continuidad a sus actuales actividades, no propusieron nada nuevo, y aunque hicieron gala de un conocimiento que les dio estar ocho años en el cargo, no se percibió una reflexión ni análisis profundos sobre la situación del estado.
Otros funcionarios que fueron entrevistados son el director de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (la ley orgánica de la UAG describe las diferentes modalidades que existen para el personal que labora en esa institución, y diferencia claramente las que son propiamente para las autoridades universitarias de las del personal docente y de investigación. La función de dirección de una facultad o unidad académica no es de docencia ni de investigación).
También a Octavio Armando Domínguez Torres, funcionario de la Auditoría General del Estado (él mismo reconoció su participación activa en el programa Diez municipios transparentes, iniciado por la AGE apenas a finales de 2012 y desarrollado durante 2013).
Otro de los candidatos que aparece en los directorios gubernamentales es Florencio Leguizamo Herrera, servidor público de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Y entre los aspirantes que hoy comienzan sus presentaciones está el caso de Hipólito Mendoza Urbano, quien fue coordinador jurídico y titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Itaig, y actualmente es el coordinador ejecutivo de ese organismo con los actuales consejeros.
Presentaciones sin diagnóstico
Una de las constantes observadas hasta el día de ayer, es que la mayoría de las y los aspirantes no presentaron un diagnóstico certero sobre la transparencia y la rendición de cuentas -lo que mostró una gran desconocimiento del tema- y por lo tanto los planes de trabajo fueron realizados a partir de bases débiles y se sustentaron más bien en las ideas que tienen los participantes sobre la transparencia, pero no en lo que sucede en el estado.
Hay indicadores básicos para obtener este diagnóstico estatal y casi nadie se refirió a ellos, en parte porque no existen estudios profundos para el estado o porque los que existen se refieren a aspectos muy específicos. De hecho, ese diagnóstico sobre la realidad de Guerrero no existe porque el ITAIG nunca lo promovió o realizó, aun cuando era parte de su responsabilidad.
Un primer indicador básico de la transparencia es el del cumplimiento de la información de oficio de los sujetos obligados, es decir, de la publicación de datos básicos del quehacer gubernamental de las dependencias públicas.
Los diputados de la Comisión de Gobierno se sintieron confundidos cuando algunos de los candidatos les presentaron resultados de estudios sobre los niveles de transparencia de las dependencias, y éstos fueron diferentes, evidentemente por la diferencia de enfoques y metodologías.
En Guerrero, destaca en este campo las evaluaciones que realiza el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, que coloca a los ayuntamientos entre los últimos lugares en transparencia a nivel nacional. (ver http://cimtra.org.mx/) Pocos entrevistados se refirieron a la opacidad de los ayuntamientos como un problema prioritario.
Pero la falta de transparencia no es un problema sólo de este orden de gobierno, en el Ejecutivo del estado también prevalecen altos niveles de opacidad, al igual que en el poder judicial y especialmente en el legislativo, lo cual ningún candidato a ser consejero atinó a decirlo frente a los legisladores. Es más, hubo quien se atrevió a decir que de acuerdo con el monitoreo Métrica de la Transparencia, el Congreso del estado tenía “altas calificaciones” (ver http://www.metricadetransparencia.cide.edu/metrica.html)
El acceso a la información también es un indicador relevante que debe formar parte de cualquier diagnóstico que se haga sobre la materia.
Al respecto, no obstante las cifras “infladas” que presentó el ITAIG en los primeros cinco años después de que se legisló en Guerrero el derecho de acceso a la información, sabemos por algunas revisiones que han hecho las organizaciones civiles, que de 2006 a 2011, el número de solicitudes de información presentadas por las y los guerrerenses fue muy bajo.
También por ejercicios de monitoreo realizados por estas agrupaciones, conocimos la férrea oposición de los funcionarios públicos a entregar información. Y aunque la ciudadanía ha refinado las preguntas que hace y enfoca más el tipo de información que solicita, todavía hay muchas resistencias de parte de las dependencias públicas, aunque esto no se refleja necesariamente en el número de recursos de revisión o quejas presentadas ante el ITAIG debido a la desconfianza hacia este organismo, la falta de una cultura de la denuncia o simplemente por rehuir a los trámites que deben presentarse y a los que deben darles seguimiento.
Desde febrero de 2011, el número de solicitudes de información se incrementó notablemente, de 250 que se presentaban en promedio cada año en las dependencias del ejecutivo del estado, a poco más de 1,500 que se presentaron en 2013.
Este aumento fue resultado de la puesta en marcha de una plataforma electrónica para la recepción y procesamiento de solicitudes de información denominada Info Gro –que por cierto, muchos de los aspirantes a ser consejeros nunca habían oído o no sabían exactamente cuál es su función y mecánica de operación-, pues antes, la ley de 2006 incluían la aberrante obligación de presentar las solicitudes de información de manera personal en las oficinas de las dependencias, lo que hacía inviable el ejercicio de este derecho a las y los ciudadanos de municipios lejanos como Cuajiniculapa, la Unión, Zirándaro, etc.
Hoy lo deseable y urgente es que este sistema InforGro incluya a otros sujetos obligados, especialmente a los ayuntamientos, que es en los que se encuentra mayor resistencia a la entrega de información.
Hubo mucha preocupación de los aspirantes a consejeros y de los diputados de la Comisión de Gobierno por el número de unidades de transparencia que existen en el estado. Realmente no son un indicador importante porque la experiencia muestra que en las dependencias que tienen una unidad de transparencia, no necesariamente son transparentes y tampoco facilitan el acceso a la información; mucho menos significa que las dependencias que tienen unidades de transparencia cuenten con una política consistente de rendición de cuentas.
El desconocimiento sobre estos mecanismos es tal que incluso el diputado Mario Ramos del Carmen dijo que no era conveniente tener unidades de transparencia y contralorías internas, porque habría duplicidad de funciones y eso es “oneroso”, explicó. Sin embargo, ambas realizan funciones muy diferentes y están reglamentadas por distintas leyes.    
Lo que faltó
Las exposiciones se centraron en propuestas de capacitación y difusión, inclusión de temas en las escuelas y modificaciones a la ley, como algunas de las formas de elevar los niveles de transparencia. Lo que casi nadie mencionó –sólo un diputado lo recalcó, pero no los candidatos- que la transparencia es sólo un medio, un instrumento para alcanzar objetivos como inhibir la corrupción, mejorar la gestión pública y sobre todo, promover la intervención de los ciudadanos para vigilar que esto sea posible.
Y mientras la mayoría propuso mecanismos sobre cómo mejorar los niveles de transparencia, nadie lo hizo en cómo hacer que la gente se apropie de la información pública para hacer posible el ejercicio de otros derechos como el de la salud, la educación, vivienda, alimentación ni cómo puede incorporarse la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión gubernamental, como insistentemente preguntaba el diputado Héctor Apreza Patrón, sin que nadie atinara a responder de manera concreta.
Sobre los ayuntamientos, los pocos que se refirieron a su problemática enfatizaron la falta de capacidades administrativas y técnicas para cumplir con las obligaciones de transparencia, sin embargo, casi nadie se refirió a que es un problema en el que pesa más la disposición y voluntad de los alcaldes para hacer de su gobierno una práctica constante de transparencia.
De manera global, en esta primera parte de presentaciones de aspirantes a consejeros del ITAIG se observó poco conocimiento y experiencia tanto de candidatos como de los diputados que los examinaron. Ojalá no sea mal augurio y se seleccione a los perores candidatos.

La elección de consejeros del Itaig, un mal inicio

El Sur de Acapulco

 

El proceso de selección de los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (Itaig), actualmente en curso, es una muestra de lo que sólo sucede en Guerrero: la aspiración a repetir en el cargo, por tercera ocasión consecutiva, de dos consejeros en funciones, y la inscripción de varios funcionarios a sabiendas de que no son elegibles; además de un Congreso del Estado, órgano responsable de tomar la decisión sobre el relevo de los consejeros, que informa a cuenta gotas los pasos que se siguen, lo que da pie a que este proceso se perciba que se están cocinando oscuros acuerdos en detrimento de una elección pulcra y abierta a la ciudadanía.

Los aspirantes del Itaig
El Itaig es el organismo del que salieron el mayor número de aspirantes para el actual proceso de selección de consejeros.
María Antonia Cárcamo Cortez y Marcos Ignacio Cuevas González son consejeros en funciones, y aunque ya fueron ratificados o reelectos en 2010 y además son actualmente funcionarios (o servidores públicos como se autodefinen en su página electrónica), su apuesta es buscar resquicios en la ley que les permitan ocupar por tercera ocasión el puesto, lo que sería un caso único en el país.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Guerrero prohíbe una segunda relección de los consejeros y además pone límites a la inscripción de funcionarios que no hayan renunciado a sus cargos públicos en un periodo de entre dos y tres años. 
Otro ex funcionario que trabajó en el Itaig y que se inscribió para participar en el proceso es   Roberto Rodríguez Saldaña, quien fue secretario ejecutivo de ese organismo y actualmente es director de la Facultad de Derecho, es decir, funcionario de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Asimismo, Hipólito Mendoza Urbano fue coordinador jurídico y titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Itaig, y actualmente es el coordinador ejecutivo de ese organismo con los actuales consejeros.
Estos funcionarios, junto con los actuales consejeros, son o fueron parte de un organismo que durante ocho años funcionó con muchas deficiencias en su operación, pues se tiene documentada la pasividad de su desempeño en prácticamente todos los ámbitos en los que tenía facultades para actuar, como la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información, el apoyo a los ayuntamientos, su vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y la aplicación de sanciones ejemplares para quienes no cumplieran con la ley.
Salvo que haya un acuerdo político para que en el estado continúe la opacidad y la falta de promoción del derecho a saber, los pobres resultados del organismo en ocho años ponen contra la pared a los consejeros y funcionarios y ex funcionarios ligados al Itaig, y no se les auguran muchas posibilidades de ser electos o reelectos por tercera ocasión.
Otros funcionarios
En la lista de 35 aspirantes que publicó el Congreso del estado en los medios aparecen nombres de funcionarios que no renunciaron en los dos o tres años que establece la ley para ser elegibles.
Es el caso de Fernando Hinterholzer Diestel, ex delegado federal del trabajo en Guerrero, quien de acuerdo con la página electrónica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tomó posesión de ese cargo el primero de agosto de 2011, y aunque la información oficial no dice cuándo renunció, se sabe que no han transcurrido dos años desde su dimisión.
Otro de los candidatos que aparece en los directorios gubernamentales es Florencio Leguizamo Herrera, que en el portal electrónico de la Secretaría de Finanzas y Administración se menciona que se desempeña como jefe de departamento de coordinación fiscal federal.
Octavio Armando Domínguez Torres es otro servidor público, en este caso de la Auditoría General del Estado, que se inscribió para ser consejero del Itaig. En la página electrónica de la AGE aparece en el directorio como coordinador de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de esa institución.
Asimismo, Nayeli Valdovinos Ventura también tiene un empleo en una dependencia pública. Se desempeña como jefa de la unidad técnica del servicio profesional electoral del Instituto Electoral del estado de Guerrero.
En diversos documentos en la red, también aparece Ramón Mercado Mendiola como coordinador del programa  "guerreros por la alfabetización", que es parte de la dirección municipal de educación del ayuntamiento de Chilpancingo.
Cresencio Almazán Tolentino fue funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado, cuando era titular David Jiménez Rumbo, específicamente como jefe de la unidad de asuntos jurídicos. Sin embargo, al parecer no renunció dentro de los dos años previos que exigen la ley de transparencia, ya que se encontraron documentos firmados por él en su calidad de funcionario público –acuerdos para la emisión de reglas de operación de los programas que opera la Sedesol- con fecha de 26 de enero de 2012.
Otro caso es el de Xavier Epigmenio Carreto Arredondo, quien en el directorio de servidores públicos  de  la Secretaría de Educación Guerrero aparece como jefe del departamento de fomento a la investigación.
Estos son sólo algunos ejemplos de aspirantes que se inscribieron para participar en el proceso de selección de consejeros del Itaig, no obstante que trabajan o trabajaron como funcionarios en los últimos dos años en alguna dependencia pública y que no los hace elegibles para ser considerados en la terna.
Observatorio ciudadano
Las malas decisiones de los diputados de la LVIII y LIX legislaturas del Congreso del estado de Guerrero, respecto de la elección y ratificación de los actuales consejeros, fue el motivo para que un grupo de ciudadanos, periodistas y representantes de organizaciones civiles y sociales expresaron su interés por la vigilancia del proceso de renovación de los consejeros del Itaig, ya que del perfil que tengan los designados y su compromiso social, así como la forma en que se lleve el proceso, dependerá en gran medida el futuro del organismo.
A principios de diciembre pasado, días después de que se emitió la convocatoria para seleccionar a los consejeros, varias organizaciones no gubernamentales, periodistas y ciudadanos preocupados por los “bajos niveles de transparencia y acceso a la información pública que presentan las instituciones gubernamentales de Guerrero” se integraron en un observatorio ciudadano para la vigilancia del proceso de selección de los consejeros del Itaig, así como del desempeño que tendrá ese organismos en los próximos meses.
Entre las organizaciones que se adhirieron al observatorio están Comunicación para el Desarrollo Comunitario, Ciudadanos y Ciudadanas por el Mejoramiento de la Gestión Pública, Colectivo Trinchera, la Universidad Campesina del Sur, Ciudadanos Solidarios para el Desarrollo, Guerrero Transparente, Colores, Ciudadanos por Municipios Transparentes y México Infórmate.
Hasta hoy, el observatorio ciudadano está en espera de que se publique la lista depurada de aspirantes que serán entrevistados por la comisión de gobierno del Congreso del Estado, a efecto de conocer el perfil de cada participante.
La experiencia de Puebla
La tentación de imponer en los órganos garantes locales a consejeros con criterios políticos por encima del perfil profesional y el compromiso con la ciudadanía de los aspirantes, no es sólo un asunto del estado de Guerrero, sino de las legislaturas de muchos estados del país.
En Puebla, recientemente se tuvo una experiencia similar, cuando organizaciones y ciudadanos de ese estado se organizaron en un observatorio para dar seguimiento al proceso de selección vigilando que se cumplieran los procedimientos y etapas que señalaba la ley de transparencia poblana.
De acuerdo con Lilia Vélez Iglesias, que participó activamente en la vigilancia del proceso de renovación de los consejeros poblanos, su estrategia fue la de revisar y analizar lo que establecía la ley y contrastarla con lo que hacían los legisladores poblanos.
Asimismo, crearon una cuenta de tuiter y un blog para difundir cada una de las acciones que realizaban los integrantes del observatorio ciudadano.
Algunos de los aspectos que vigilaron fueron: la publicación de los expedientes de cada uno de los aspirantes, los resultados de las comparecencias de éstos ante los diputados, así como las razones por las que se seleccionaron a cada uno de los aspirantes.
Otra acción del observatorio fue solicitar al Congreso la posibilidad de participar en la evaluación de los perfiles de los aspirantes a través de la formulación de preguntas y estar presentes en la sesión en la que hicieron las entrevistas (la ley de transparencia de Puebla establece que las entrevistas a los candidatos no son abiertas al público).
También solicitaron el apoyo de organizaciones locales y nacionales como el Colectivo por la Transparencia, México Infórmate y Fundar, Centro de Análisis e Información.
Aunque finalmente, pese a la vigilancia del observatorio ciudadano, eligieron a un comisionado cercano al gobernador Rafael Moreno Valle, y que no era el mejor perfil, el seguimiento del observatorio lo que hizo fue justo poner en evidencia esta situación. 
En un comunicado expresaron que “con la decisión tomada por la mayoría de las y los diputados del Congreso de Puebla se pone en riesgo la independencia de la CAIP. El C. Federico González
Magaña apoyó en 2010 la candidatura del hoy titular del Ejecutivo estatal”.
Agregaron que “con su decisión, la mayoría de las y los diputados del Congreso de Puebla perdió una oportunidad para contribuir al fortalecimiento de la CAIP a través de un perfil capaz e independiente. Optaron, en cambio, por un candidato cuestionado por sus vínculos con el Ejecutivo estatal.
Y advirtieron que “las organizaciones de la sociedad civil que vigilamos el proceso y participamos en él estaremos atentas al desempeño del C. Federico González Magaña, así como pendientes de sus posiciones a la hora de resolver los recursos de revisión que sean analizados por la CAIP”.
Tardía, la vigilancia de obra pública
Ya pasaron casi tres años de que tomó posesión el gobernador Ángel Aguirre Rivero, y apenas les tomó protesta, el 16 de enero, a los ciudadanos que integrarán el Consejo ciudadano para la vigilancia de las adquisiciones y la obra pública, organismo que fue una de las propuestas más sonadas en la campaña del entonces candidato a la gubernatura para prevenir y combatir la corrupción gubernamental. Concretamente la propuesta de creación del consejo la hizo durante el debate entre candidatos a la gubernatura, realizado el 18 de enero de 2011.
Pero fue hasta finales de octubre de 2011 cuando Aguirre Rivero envió la iniciativa de decreto de creación del consejo al Congreso del estado para su análisis y aprobación.
Los diputados locales aprobaron el decreto hasta el 7 de febrero de 2012, y su publicación se realizó el 17 de febrero del mismo año. Durante casi dos años, el organismo ciudadano no entró en funciones porque el gobernador estatal no envió la terna al Congreso del estado para elegir a los integrantes, no obstante que el artículo segundo transitorio de ese documento jurídico ordena que “El Consejo deberá instalarse dentro de los treinta días siguientes a la publicación de este Decreto”.
Y fue hasta el miércoles 16 de enero, que los diputados aprobaron la terna, y al día siguiente, el gobernador les tomó posesión.
El consejo ciudadano está integrado por José Luis Sánchez Ortiz, presidente del Grupo ACA; Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Coparmex Acapulco; Fernando Meléndez Cortés, ex presidente de la Coparmex Chilpancingo; Marco Antonio Aguileta Flores, director general de Grupo Fórmula Acapulco; Héctor Iglesias Aragón, director general de Televisa Acapulco; Sergio Salmerón Salmerón, integrante del Colegio de Licenciados en Turismo del Estado y gerente general del Hotel Playa Suites; Ezequiel Larumbe Radilla, presidente de la Barra de Abogados de Acapulco, Colegio de Abogados, AC, y Luis Enrique Herrera Pérez, ex presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero, AC.
No se augura un desempeño exitoso del consejo, pues el decreto no le da facultades relevantes en la toma de decisiones; ni tampoco le garantiza su autonomía en su funcionamiento, por lo que estará a merced del  presupuesto público. No sería extraño que fuera un organismo decorativo más.

 

2013: avances insignificantes en transparencia

El Sur de Acapulco

2013 fue un año de avances desiguales en los ámbitos local y nacional en materia de transparencia y rendición de cuentas. Mientras en el plano nacional destacó la aprobación de las reformas a la constitución federal que se prevé fortalecerán los mecanismos de transparencia y acceso a la información, en Guerrero los avances se limitaron a un mínimo e insuficiente avance en el cumplimiento de la información de oficio de algunas dependencias, especialmente de una decena de ayuntamientos ubicados en regiones marginadas.

En el ámbito local también destacaron una inusitada actividad del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero, -a unos meses de que sean relevados los actuales consejeros y a ocho años de que fueron electos, tiempo en el que observaron una pasmosa inactividad-; una tibia respuesta del gobierno del estado a las exigencias de transparencia del gobierno federal, luego de la tormenta tropical Manuel y la llegada de recursos; y la eterna opacidad del Congreso del estado, que en 2013 siguió destacando como una de las entidades públicas más opacas del estado, sin que en el corto plazo se vislumbre una mínima perspectiva de cambio.
Cloroscuros en los municipios
En el nivel municipal, 2013 fue un año de contrastes, ya que mientras unos cuantos  ayuntamientos realizaron esfuerzos por cumplir con sus obligaciones de transparencia, la mayoría se mantuvo en los umbrales de la opacidad.
En el año anterior, llamó la atención el trabajo que realizaron 10 ayuntamientos localizados en las regiones más pobres del estado para incrementar sus niveles de transparencia. Auspiciados por un programa de la Auditoría General del Estado, estos municipios recibieron capacitación y asesoría para elevar sus niveles de transparencia y los colocó entre lo más destacable en el estado de Guerrero en la materia.
Fue la primera vez, desde que se aprobó la ley de transparencia en el estado de Guerrero, hace ocho  años, que un grupo de municipios sobresalía no por su opacidad, sino por difundir información que le exige la ley. 
De acuerdo con la evaluación del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), en el segundo semestre de 2013, los dos municipios más pobres del estado encabezaron el ranking de la transparencia. Cochoapa el Grande fue el mejor posicionado, ya que en relación con la evaluación de 2012, avanzó 44 puntos porcentuales. Le siguieron el municipio de Metlatónoc con 43 por ciento, y el de Copalillo, que registró un incremento de 30 puntos.
Sin embargo, de manera global, los ayuntamientos guerrerenses se ubicaron en el umbral de la opacidad, pues aunque algunos observaron avances que no se habían registrado en los últimos cuatro años, ningún gobierno municipal de Guerrero alcanzó siquiera 50 puntos porcentuales en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, y la mayoría obtuvo pésimas calificaciones de menos de diez puntos.
Otro dato desalentador de 2013 es que cuatro ayuntamientos guerrerenses (Chilpancingo, Acapulco, Atoyac e Iguala) firmaron el Acuerdo por la Transparencia Municipal, que no era otra cosa que asumir el compromiso de cumplir con la ley de transparencia. No obstante la suscripción pública de este acuerdo, -excepto el ayuntamiento de Acapulco, que avanzó parcialmente- los otros tres municipios nada hicieron por mejorar los niveles de transparencia de sus demarcaciones, y lo que se observó fue más bien lo contrario, decrementos en sus niveles de transparencia durante 2013.
Otros sujetos obligados
El monitoreo realizado a mediados de 2013 por la organización Comunicación para el Desarrollo Comunitario AC corroboró que los ayuntamientos no eran las únicas dependencias opacas en Guerrero, sino que sujetos obligados como el Congreso del estado y los tribunales Superior de Justicia y Electoral del estado y muchas dependencias del Ejecutivo local presentaron muy bajos niveles de transparencia.
En 2013, ninguna de las dependencias públicas que tienen la obligación de difundir información, cumplió cabalmente con lo que ordena el marco jurídico. Desde 2006 han pasado dos gobiernos estatales, tres legislaturas en el Congreso, tres administraciones municipales y numerosos funcionarios, pero hasta hoy ninguna dependencia puede jactarse de cumplir cabalmente con el artículo 13 de la ley de transparencia.
Durante el primer trimestre de 2013, se revisaron los portales electrónicos de una muestra de 30 dependencias públicas, de las 150 que se registran en el estado, para certificar que cumplieran con el catálogo de 22 temas de información que están obligadas a difundir. Los resultados mostraron que no sólo los ayuntamientos se encuentran a la vanguardia de la opacidad, sino que la mayoría de las dependencias públicas del estado presentaron altos niveles de opacidad.
Los resultados indicaron que sólo siete de las 30 dependencias de la muestra registraron más de 50 por ciento de cumplimiento, pero ninguna alcanzó 70 por ciento. Otras 10 instituciones se ubicaron entre 20 y 50 por ciento, y 13 no alcanzaron ni siquiera 20 por ciento de cumplimiento al artículo 13 de la ley de transparencia.
Entre las peores calificaciones generales, destacaron las que obtuvieron el Congreso del estado que sólo alcanzó 9.6 por ciento, el Tribunal Superior de Justicia de la entidad, con apenas 6.5 por ciento de cumplimiento, y el Tribunal Electoral del estado, con sólo tres por ciento. Es decir, porcentaje más bajos que algunos ayuntamientos guerrerenses.
Cabe resaltar que el organismo que tiene la función de garantizar que se cumplan la ley de transparencia, el ITAIG, en ese periodo no cumplió ni siquiera con la mitad (48 por ciento) de sus obligaciones de información pública de oficio.
En el caso de las dependencias del Ejecutivo estatal, hacia finales de año comenzaron a subir información a sus portales electrónicos, en buena medida por la presión del gobierno federal que canalizó recursos financieros y en especie hacia el estado de Guerrero, luego de los desastres provocados por la tormenta tropical Manuel.
Las consecuencias del fenómeno metereológico fueron tan impactantes, que los reflectores estuvieron puestos en Guerrero, por lo que el presidente de la república buscó que el gobierno estatal no repitiera las experiencias de desastres anteriores donde se denunciaron desvíos en los recursos.
Incluso en el marco de la presentación del Plan Nuevo Guerrero, mediante el que se canalizarían recursos por 30 mil millones de pesos al estado, Enrique Peña Nieto anunció la creación de un Consejo Estatal de Restauración de Guerrero como un mecanismo de participación y vigilancia ciudadana que permitiría a la ciudadanía verificar el costo y avance de las obras.
La composición del consejo estatal dejó mucho que desear, pues predominan personajes ligados a la empresa privada, amén de que las reuniones que realizaron en 2013, fueron prácticamente herméticas y sin información a la ciudadanía.
Otro dato relevante de 2013 fue que las solicitudes de información presentadas ante dependencias del Ejecutivo estatal disminuyeron sensiblemente de 1,612 registradas en 2012 a 1,251 en el año anterior, para una caída de 22.3 por ciento. Sin duda es un dato desalentador y grave para el estado.  
Órgano garante
Durante ocho años, fue evidente la pasividad del ITAIG en tareas sustanciales como la de promover la transparencia y el acceso a la información y ser un verdadero órgano garante de la ley. Pero a unos meses de que los actuales consejeros concluyan su encargo –en febrero de 2014-, la institución comenzó a realizar algunas de las actividades que no se hicieron durante ocho años.
Por ejemplo, si se revisa el portal electrónico del ITAIG, se observará que es el más completo en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en todo el estado; también, que en los últimos meses de 2013, el órgano garante inició la revisión de la información de oficio de las dependencias y hasta las emplazó a cumplir o de los contrario serían sancionadas.
Esto no sería criticable si los consejeros hubieran realizado éstas y otras muchas actividades a lo largo de ocho años que estuvieron en el cargo, y no a tres meses de que ya se van.
El Congreso, el eterno opaco
Las vicisitudes de un ciudadano ejemplifican claramente la cara opaca que ha mostrado el Congreso del estado a lo largo de muchos años. En julio de 2013 solicitó al órgano legislativo publicar en su portal de internet y recibir en su correo “la información pública de oficio establecida en el artículo 13 de la Ley 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública  del Estado de Guerrero”, es decir, la solicitud era un exhorto a los legisladores para que cumplieran una ley vigente.
El Congreso respondió a este requerimiento que “la información de oficio que señala el artículo 13 de la ley (…), se encuentra disponible en la página de este H. Congreso del Estado de Guerrero, en el portal de transparencia".
Evidentemente, dicha información no está publicada en el portal del Congreso, incluso hoy, cualquier persona que revise la página electrónica observará una falta importante de información, sin que haya un mecanismo que obligue al Congreso a publicarla.
En agosto de 2013, el ciudadano presentó un recurso de revisión ante el ITAIG, y éste resolvió en su favor el 12 de noviembre: “se ordena al H. Congreso del Estado de Guerrero, que publique en su portal electrónico oficial, la información pública de oficio faltante (…) del artículo 13 de la Ley”.
Agregó el ITAIG que para cumplir con la resolución “se le confiere un plazo de diez días hábiles (…) debiendo comunicar a este instituto de transparencia, por escrito, una vez que haya cumplido con dicha obligación, apercibido que de no hacerlo, se hará acreedor a las sanciones subsecuentes establecidas en la Ley respectiva”.
Transcurrieron los 10 días hábiles y el portal electrónico del Congreso permanece inalterable, sin información. Desconocemos si hay una sanción de por medio, pero es muy probable que en este caso también haya impunidad (incluida la inacción del ITAIG) y que los ciudadanos tengamos la certeza de que el órgano legislativo del que emanan las leyes, sea el más reacio a cumplir con la ley de transparencia.
Ámbito nacional
Entre los acontecimientos relevantes en el plano nacional, se tiene la reforma a la Constitución federal mediante la que se homogenizan algunos requisitos mínimos entre los estados en materia de transparencia.
Asimismo, se fortalece a los órganos garantes federal y de los estados, a los cuales se les deberá dar autonomía constitucional (en Guerrero, le ley de transparencia le otorga autonomía al ITAIG, pero se requiere que se incorpore en la constitución local).
En el caso del Instituto Federal de Acceso a la Información (ITAIG), la reforma le permite que tenga plena autonomía, aun cuando por ejemplo, la Consejería Jurídica de la Presidencia puede impugnar las resoluciones del IFAI por cuestiones de seguridad nacional).
Igualmente, el IFAI podrá atraer casos en los que ciudadanos sientan que en sus estados no les respondieron adecuadamente.
Otro reforma importante es que el IFAI será la autoridad en materia de transparencia para los entidades y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y especialmente para los órganos autónomos. Y además los partidos políticos, fideicomisos, sindicatos y personas físicas y morales que reciban recursos públicos serán sujetos obligados directos de la Ley de Transparencia.
La nota mala es que estas reformas constitucionales, para entrar en vigor, deben ser aprobadas por la mayoría de las legislaturas estatales.
A diferencia de la reforma energética, que también requería el aval de los congresos locales y que en un santiamén fue aprobada, las reformas a la ley de transparencia cerraron el 2013 con la aprobación de sólo ocho legislaturas de los estados. 

ITAIG, ocho años de opacidad en Guerrero

El Congreso del estado de Guerrero recientemente emitió la convocatoria para relevar a los actuales comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAIG), que dejarán el organismo en febrero de 2014, luego de ocupar el cargo durante ocho años y en dos periodos consecutivos.
La elección de los comisionados no es un asunto banal si se considera que Guerrero es un estado con muy bajos niveles de participación ciudadana en los asuntos públicos, y también de amplia discrecionalidad en la toma de decisiones gubernamentales, corrupción y pobreza en los resultados de la acción gubernamental.
La transparencia y la efectiva rendición de cuentas son aspectos que generan y potencian un contrapeso ciudadano al poder del gobierno. Pero eso requiere de la promoción, la reflexión permanente, hablar públicamente sobre estos asuntos y también hacer consciente entre la ciudadanía su derecho a exigirlas en tanto que son obligaciones gubernamentales.
Pero la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, que luego devino en ITAIG, no contribuyó en ocho años a mejorar la transparencia y el acceso a la información en el estado, no obstante que era el organismo clave y obligado para hacerlo, de acuerdo con la normatividad.
Hay muchos testimonios y pruebas documentales del pobre desempeño de este organismo, además de que los indicadores principales de cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de acceso a la información de las  dependencias púbicas también son muy bajos, en gran parte por la poca eficacia de la acción del ITAIG, encargado de promoverlos.
La elección de los consejeros del ITAIG será un proceso fundamental para lo que sucederá en los próximos años en materia de rendición de cuentas gubernamental. Si el Congreso del estado decide una elección donde se privilegie a consejeros sin el perfil profesional apropiado y sin compromiso con la ciudadanía, Guerrero continuará ocupando un lugar importante entre los estados más opacos.   

Ocho años perdidos 

En la sesión del 9 de febrero de 2006, el Congreso del estado, a propuesta de la Comisión de Gobierno, eligió por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes a Ernesto Araujo Carranza, Marcos Ignacio Cueva González y María Antonia Cárcamo Cortés como comisionados de la Comisión para el Acceso a la Información Pública por un periodo de cuatro años.
A punto de concluir su encargo, a principios de 2010, nadie apostaba a la reelección de los comisionados, su pobre desempeño auguraba que serían relevados y habría nuevas personas para ocupar esos cargos durante el periodo del 9 de febrero de 2010 al 8 de febrero de 2014.   
Pero no fue así, los integrantes de la Comisión de Gobierno, especialmente los ex diputados locales Héctor Vicario Castrejón y Celestino Cesáreo Guzmán, maniobraron para la ratificación de los comisionados, sin importar los resultados del trabajo que habían realizado.
De acuerdo con el diario de debates del Congreso del estado correspondiente a la sesión de la ratificación, el ex diputado Sebastián de la Rosa Peláez denunció que no obstante que el procedimiento se presentaba como el voto libre e individual de cada diputado, “está claro que los acuerdos que se han procesado por esta legislatura es el de la ratificación de quienes hoy conforman la Caipegro”. 
Y aunque no cuestionó el procedimiento, De la Rosa Peláez sí reclamó el pobre desempeño de los integrantes de la ex Caipegro. “Sin pretender asumir una posición acusatoria y mucho menos de menoscabo al trabajo realizado por los actuales integrantes de la Caipegro, también estoy convencido que el trabajo que realizaron no es satisfactorio para el pueblo de Guerrero como para merecer la ratificación en ese encargo, y de hacerse así, habrá cuatro años más de estancamiento en esta materia”, reclamó. 
Al consumarse la ratificación, el ex diputado perredista comentó que “los ciudadanos guerrerenses deberán esperar otros cuatro años para contar con una verdadera institución que le sirva para conocer cómo  funciona los poderes públicos del Estado, cómo se administran  las finanzas de los tres poderes del Estado, con qué personal se cuenta en los organismos públicos, entre otros temas; pues la transparencia y el acceso a la información es un aspecto fundamental para la transición democrática en Guerrero”. 
Y concluía: “hoy es un mal día para la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública, es un mal día para la sociedad guerrerense que mira asombrada cómo los grupos de poder se siguen resistiendo a perder privilegios”.
La fracción priista en el Congreso local, en voz de la ex diputada Guadalupe Gómez Maganda, aseguró que “en el ánimo de los integrantes del Partido Revolucionario Institucional, si está el de ratificar a quienes han estado a cargo de la Caipegro, en función de que reconocemos su trabajo y que una vez que tengamos ya aprobada por este Congreso la ley correspondiente seguramente podrá rendir mejores frutos”. 
Finalmente, el ex diputado Victoriano Wences Real mencionó que “en la resolución para proponer a los integrantes de la Caipegro, procuramos que lejos de atender a intereses políticos o particulares, se privilegiara el profesionalismo, responsabilidad, conocimiento, ética y preparación de las ciudadanas y ciudadanos que aspiraron a ocupar tan alta responsabilidad.
Por eso los que hoy serán electos comisionados, esperemos que cumplan con las expectativas del pueblo de Guerrero”. 

Simulación y trabajo sin impacto

Durante ocho años, el ITAIG fue un organismo poco eficaz en su tarea de garantizar la transparencia y el acceso a la información en el estado; hubo mucha tibieza en su exigencia para que las dependencias públicas cumplieran con sus obligaciones de transparencia, simulación en el discurso, falseo de datos y una evidente falta de promoción de este derecho ciudadano.
Por ejemplo, de 2006 a la fecha hubo un abierto desacato tanto de los ayuntamientos del trienio anterior como los actuales, y del gobierno de Zeferino Torreblanca como del de Ángel Aguirre Rivero, y de las últimas dos Legislaturas del Congreso, y no obstante, no se observó firmeza en la aplicación de la ley por parte del ITAIG para amonestar o sancionar a servidores públicos que abiertamente negaron, retardaron y manipularon dolosamente la información que están obligados a difundir o entregar a los ciudadanos que la soliciten.
Igualmente, se observaron muy pocas acciones efectivas orientadas a promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas entre la ciudadanía y los sujetos obligados más allá de cursos aislados, firma de convenios o repartición limitada de folletería.
Desde sus primeros años, el organismo de la transparencia en Guerrero presentó cifras “infladas” sobre el número de solicitudes de información que los ciudadanos presentaban ante las dependencias, para aparentar que en Guerrero había una gran participación ciudadana en los asuntos públicos.
En diferentes ocasiones se le cuestionó y demostró a los comisionados que sus datos no correspondían a la realidad, y aún así continuaron publicándolos.
En diversas revisiones se encontró que la mayor parte de las solicitudes registradas por el ITAIG no eran requerimientos de información, sino solicitudes de empleo, de obra pública y otras. Por ejemplo, en 2007 se analizó el caso del ayuntamiento de Acapulco, que según el órgano garante tenía un total de 1,432 solicitudes presentadas, pero al hacer el revisión de los casos se encontró que sólo 53 (3.7 por ciento) correspondían a solicitudes efectivas.
Hubo otros casos extremos, como el del municipio de Zitlala, que según el ITAIG, de junio de 2006 a marzo de 2007 se presentaron 178 solicitudes, lo que equivalía a más del doble de las que tuvo el Ejecutivo en el mismo periodo; o el municipio de Zirándaro, que de marzo de 2007 a marzo de 2008 registró 1,321 solicitudes (de acuerdo con las cifras del ITAIG), es decir, una cuarta parte de todas las presentadas en el estado en ese periodo.
Otros datos atípicos fueron el del municipio de Azoyú, que en un solo año recibió 1,719 solicitudes, el ya comentado de Zirándaro (1,321), Tecoanapa (480 en dos años) e Ilatenco (291 peticiones), que representan respectivamente 16, 12, 4 y 3 por ciento del total de solicitudes presentadas en el estado hasta 2011, es decir, solo en estos cuatro municipios se presentaron más de un tercio de solicitudes de información en Guerrero en seis años.  
Adicionalmente, el ITAIG hizo gala de la suscripción de numerosos convenios de colaboración para promover y garantizar la transparencia. Sin embargo, los convenios fueron más de simulación que de acciones efectivas, pues ninguna de las dependencias públicas que firmaron convenios cumplieron cabalmente con sus obligaciones de transparencia, e incluso en no pocos casos, esas dependencias firmantes estuvieron involucradas en recursos de revisión presentados ante el ITAIG por obstaculizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos.
Incluso hubo casos en que los comisionados entregaron “reconocimientos” a alcaldes cuyos ayuntamientos se caracterizaron por su opacidad, como el de Manuel Añorve Baños y Héctor Astudillo Flores, ex alcaldes de Acapulco y Chilpancingo, respectivamente, que recibieron los parabienes del ITAIG en febrero de 2012.
Al igual que las demás dependencias gubernamentales, el órgano garante de la transparencia del estado nunca cumplió con su obligación de publicar su información de oficio, ya que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información dice que debe hacer público un catálogo de 22 rubros de información de oficio más nueve adicionales. Al respecto, en un monitoreo realizado en junio de 2013, de una muestra de 30 dependencias que fueron revisadas, el ITAIG ocupó la octava posición con apenas 48 por ciento de sus obligaciones de información de oficio.
El ITAIG tampoco elaboró los lineamientos para presentar toda la información de oficio en formatos sencillos, como lo mandata el artículo 14 de la ley, y que contribuiría en mucho a tener portales electrónicos con información útil, accesible y ordenada, y no información chatarra, con ligas rotas, archivos pesados, como ha sido hasta hoy.
También fue omiso en elaborar, junto con el Consejo Estatal de Archivos, los criterios para la organización, clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como para la organización de los archivos públicos.
De última hora, a dos meses de que dejen el cargo, los comisionados han iniciado algunas actividades que no hicieron en ocho años. Por ejemplo, en un boletín del 7 de noviembre amagan con sancionar a las dependencias que no cumplan con su información de oficio, cuando este incumplimiento ha sido permanente.
“Luego de que en la evaluación a los portales de internet a los denominados sujetos obligados realizada por el ITAIG se detectó un preocupante incumplimiento de las obligaciones de transparencia de parte de éstos, el órgano garante acordó otorgarles un plazo de 15 días hábiles para que actualice se información pública de oficio de lo contrario será acreedor a las medidas de apremio contempladas en la ley”, amenaza el ITAIG.
Son muchos los pendientes que deja el ITAIG y muchas las actividades que le ordena la ley y que nunca inició, por ejemplo, apoyar a los ayuntamientos con medidas eficaces para que cumplan plenamente con la ley e implementar mecanismos de observación y contraloría ciudadana que permitan a la población utilizar la transparencia para vigilar y evaluar el desempeño de los sujetos obligados.

Necesario, un observatorio

Los pésimos resultados de las decisiones de los legisladores en la elección de los comisionados están a la vista. Es necesario vigilar que los actuales diputados no cometan los mismos errores, y se elijan los mejores profesionales para ocupar esos cargos.
La creación de un observatorio ciudadano que vigile no sólo el proceso de selección, sino el desempeño de los comisionados, es una tarea que debe organizarse de inmediato para garantizar que el proceso se realizará con legalidad, transparencia y de cara a la ciudadanía. Invitamos a la ciudadanía en general a que se sume a esta iniciativa.