martes, 20 de agosto de 2013

10 años con las mismas irregularidades: ASF

La Auditoría Superior de la Federación incluyó a Guerrero como uno de los estados que la década pasada reiteradamente ejerció con irregularidades los recursos provenientes de la federación, lo que motivó numerosas observaciones de la ASF al gobierno del estado porque encontró “insuficiencias en la gestión de sus fondos y programas, en la calidad de sus resultados, en la transparencia de su manejo y en su rendición de cuentas”.
Las revisiones practicadas a los fondos y programas financiados con recursos federales en el periodo 2000-2010 mostraron “una elevada incidencia y recurrencia de las observaciones”, según el documento Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010”, elaborado por la ASF.
Lo anterior significa que durante los gobiernos de René Juárez Cisneros y Zeferino Torreblanca Galindo –aunque las auditorías de 2011 han revelado que el gobierno de Ángel Aguirre Rivero también realiza este tipo de prácticas que infringen la normatividad federal-, los recursos federalizados se ejercieron de manera irregular, no obstante las observaciones que la ASF advertía oportunamente cada año.
En el documento elaborado por el órgano fiscalizador federal se identificaron y analizaron las principales observaciones formuladas en las auditorías practicadas en el periodo 2000-2010 a los fondos del Ramo General 33 (ocho fondos), así como al Seguro Popular y al Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).
De acuerdo con esta fuente, en el periodo de 2000-2010, el gasto federalizado programable para el estado de Guerrero ascendió a 260,895.7 millones de pesos.  
En este periodo la ASF realizó directamente 45 auditorías, a dicho gasto. El programa al que se le practicaron el mayor número de auditorías fue el Fondo de Infraestructura Social Municipal (Fism), con 14 revisiones en el periodo; el Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun), con cinco auditorías; el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (Faeb), con cinco revisiones; y los fondos de Aportaciones para la Seguridad Pública (Fasp) y de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), con cuatro auditorías cada uno.
FAEB
El fondo de aportaciones para la educación básica y normal es el fondo que recibe la mayor cantidad de recursos financieros en el estado. En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron a Guerrero a través del Faeb 100,485.5 millones de pesos, de un total de 260,895.7 que llegaron a Guerrero provenientes de la federación como gasto federalizado programable.
Como resultado de las cinco revisiones que realizó la ASF a este fondo, se promovieron 106 acciones, un promedio de 21 por auditoría.
Entre las principales irregularidades encontradas, la ASF destacó pagos a empleados que no realizaban tareas correspondientes al objetivo y fines del Faeb, o que no fueron localizados en los catálogos respectivos. Esta irregularidad se observó en 2007 y 2010, y el monto del último año fue mayor.
Asimismo, se realizaron pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo, para los cuales no se encontró su respectivo oficio de comisión. Este concepto se presentó en todas las auditorías, excepto en la de 2008.
Otra anomalía observada por el órgano fiscalizador federal fue la falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el Faeb, que se registró en las revisiones de 2002 y 2007, aunque su tendencia fue creciente.
También se advirtieron pagos de gastos correspondientes a ejercicios anteriores (en la revisión de 2010), así como pagos a trabajadores adscritos en centros de trabajo antes de la apertura del centro o después de haber sido clausurado.
El informe de la ASF también dio cuenta de pagos a personal que no contaba con un contrato de servicios que amparara la relación laboral o pagos fuera de lo estipulado en los contratos, irregularidad se presentó en 2002, 2007 y 2010; su tendencia fue ascendente en los dos últimos años en que se observó.
Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia en el periodo fueron deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad, falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la cuenta pública; así como falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran actualizados sus movimientos, incluida la información del Programa Carrera Magisterial.
Otro grupo de observaciones se vincula con el incumplimiento de metas y objetivos; esta irregularidad sólo se registró sobre todo en los ejercicios 2007 y 2010.
La SF también señaló que el gobierno del estado no enteró a otras dependencias públicas sobre las cuotas retenidas a los trabajadores o por la falta de retención de éstas. Está irregularidad fue recurrente en las revisiones de 2007 a 2009.
Finalmente, entre las irregularidades recurrentes, la auditoría superior mencionó que el Ejecutivo estatal no entregó los informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda sobre el ejercicio, destino y resultados del faeb o la información estuvo incompleta o se encontraron diferencias entre el monto reportado y los registros contables.
FASSA
El fondo de aportaciones para los servicios de salud es el segundo fondo que en Guerrero recibe más recursos de la federación. En el periodo 2000-2010 obtuvo un monto de 21,397.0 millones de pesos, que representa 8.2 por ciento del total de gasto federalizado programable en esa década. En las cuatro auditorías efectuadas se originaron 139 acciones, para un promedio de 34 por auditoría.
De acuerdo con el documento de la ASF, las principales deficiencias observadas al sistema estatal de salud fueron irregularidades sobre remuneraciones al personal, las cuales se presentaron todos los años, y de 2006 a 2008 tuvieron un incremento significativo.
Esta irregularidad se debió principalmente al pago de compensaciones y bonos a mandos medios y superiores por importes mayores a los autorizados, o sin el sustento normativo, pagos posteriores a la fecha de baja de empleados, pagos mayores en relación con lo estipulado en los contratos de personal eventual o falta de contratos, otorgamiento de la “medida de fin de año” a trabajadores que no tienen derecho, comisiones sindicales otorgadas sin autorización o de forma extemporánea o por personas que carecen de facultades para ello, y comisiones de personal a otras dependencias, pago de plazas precarias (personal regularizado) sin autorización o por un monto superior al autorizado, entre otras.
Asimismo, se detectaron recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo, principalmente por préstamos y anticipos a comprobar y laudos, entre otros.
Respecto de los impuestos, la ASF registró que el gobierno del estado cometió irregularidades en el pago de impuestos, ya que cubrió indebidamente con recursos del Fassa por el pago en efectivo de la medida de fin de año a los trabajadores, pago de actualizaciones, recargos y multas por el entero extemporáneo del impuesto sobre la renta o de cuotas obrero‐patronales, y pago indebido con recursos del fondo del impuesto local sobre nóminas.
En el sector salud de Guerrero se encontraron también deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, recetas no surtidas de forma completa, irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, no se instrumentaron las medidas necesarias para agilizar la entrega de recursos del fondo, se utilizaron dos o más cuentas para el manejo del recurso, no se informó a los órganos de control y fiscalización federales de las cuentas bancarias, deficiencias en la contabilidad, irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el personal, falta de transparencia en la gestión del fondo, y deficiencias en el control interno, en virtud de que estas irregularidades tuvieron una tendencia creciente o constante.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
Los recursos del Fism provienen de la federación y se destinan exclusivamente a los municipios para la construcción de obra pública. En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado de Guerrero 21,382.3 millones de pesos de este fondo; la ASF realizó en el mismo lapso 14 auditorías al Fism para la revisión de las cuentas públicas 2004, 2007, 2008, 2009 y 2010.
De las 14 revisiones realizadas se promovieron 150 acciones, 45 fueron pliegos de observaciones, que se promovieron principalmente por obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, obra pagada no ejecutada, obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, retención de recursos del fondo, entre otras.
El órgano fiscalizador federal también promovió 69 recomendaciones por la falta en la entrega de informes a la Sedesol y a la Secretaría de Hacienda sobre el avance del Fism, y por encontrar casos como deficiencias en el control interno, en las metas y objetivos del fondo, en la difusión de los recursos del fondo, la planeación y los resultados obtenidos.
Según la ASF, el municipio que presentó el mayor número de acciones promovidas fue Acapulco, con 33, en la revisión de la cuenta pública 2004.
Las irregularidades vinculadas con los mayores montos de recuperaciones determinadas en los años fiscalizados, fueron los traspasos de recursos con o sin intereses reintegrados, esta irregularidad se presentó en todos los años de revisión en los municipios de Acapulco, Acatepec, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Iguala, San Luis Acatlán y Xochistlahuaca. Los municipios auditados en 2008 representaron el 94.1 por ciento de esta irregularidad en el periodo.
Otra anomalía recurrente por los municipios en el periodo fue la construcción de obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la normatividad, que se registró en casi todas las revisiones 2004, 2007, 2009 y 2010, en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Coyuca de Catalán, Heliodoro Castillo, San Luis Acatlán, Taxco y Xochistlahuaca.
De igual manera, se construyeron obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, y esto se registró en casi todos los años de auditoría en Acapulco, Chilpancingo, Coyuca de Benítez y Taxco.
El órgano fiscalizador federal también informó sobre irregularidades encontradas en las adjudicaciones y licitaciones que no observaron la normativa o a deficiencias en el procedimiento de adquisición de bienes, servicios y productos. Tales anomalías se presentaron en casi todos los años de revisión, a excepción de 2008.
En materia de participación social se encontraron insuficiencias, específicamente en la falta o irregularidades en la solicitud de obras de los beneficiarios y en las actas de entrega-recepción o en la autorización de las obras por el cabildo o el Coplademun, por la inadecuada operación de los comités comunitarios; esta irregularidad se presentó en 2007, 2009 y 2010.
Se encontró asimismo una falta de transparencia en los ayuntamientos, ya que éstos no publicaron en los medios de difusión y en la página de internet municipal u otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados de este fondo de infraestructura o hubo irregularidades en la publicación.
En el mismo rubro, la ASF advirtió que los ayuntamientos no difundieron el monto recibido del fondo, las obras y acciones a realizar, ubicación, metas, beneficiarios y al final del ejercicio, los resultados alcanzados, o existieron irregularidades en la difusión del fondo.
Continúan las irregularidades
Los fondos Faeb, Fassa y Fism en conjunto recibieron 143,264.8 millones de pesos, que representan el 55 por ciento de los recursos federalizados programables asignados al estado de Guerrero en el periodo 2000-2010. Pero también son los que más observaciones registraron y tuvieron mayor recurrencia en los señalamientos de irregularidades.
Pero las anomalías reiteradas año con año no ha concluido, pues la ASF, en las revisiones más recientes a la cuenta pública, ha encontrado que las administraciones estatal y municipales continúan cometiendo las mismas irregularidades.

martes, 6 de agosto de 2013

Sin acceso a la educación: Desolador futuro para los jóvenes guerrerenses


Miles de jóvenes guerrerenses están condenados a no ingresar a las escuelas de educación media superior y superior, simplemente porque no existe la oferta educativa suficiente ni sus familias tienen las condiciones socioeconómicas para hacer realidad su derecho a la educación, que el gobierno les debería garantizar.
En un estado que ocupa los últimos lugares en pobreza, el futuro que les espera a los excluidos de la educación es desolador, incluso se presenta más crudo para quienes ni siquiera pueden cursar o interrumpen sus estudios del nivel bachillerato, pues en el mejor de los casos, se emplearán en los trabajos peor pagados o engrosarán las filas del desempleo, y en el peor escenario, formarán parte del crimen organizado.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) considera que  para superar el umbral de pobreza es indispensable contar con al menos dos años de educación en el nivel bachillerato, por lo que quienes no ingresan o no concluyen la educación media quedan expuestos a un alto grado de vulnerabilidad social, pues sus ingresos laborales tenderán a ser bajos y tendrán un elevado riesgo de transformarse en personas excluidas del desarrollo, concluye el organismo.
Y no ha bastado que la Cámara de Diputados aprobara en octubre de 2011 una reforma constitucional que establece la obligatoriedad de la educación media superior, a partir de la que el Estado tendría la obligación de garantizar el acceso al bachillerato, y los padres y tutores, de enviar a sus hijos a cursar ese nivel educativo en planteles públicos o privados.
Con o sin reforma constitucional, la realidad es que hoy, un gran porcentaje de jóvenes guerrerenses, por falta de espacios en las escuelas y por la precariedad de sus condiciones socioeconómicas, no podrán continuar sus estudios –se les endilgará además el estigma social de ninis, muchachos que ni estudian ni trabajan-, y quedarán a merced de las actividades ilícitas que hoy día convulsionan a un estado que ya de por sí tiene muchos y graves conflictos.
Los datos duros
Los niveles medio superior (15 a 18 años) y superior (19-23 años) presentan los mayores problemas de cobertura, deserción y eficiencia terminal, en relación con otros niveles educativos, es decir, el problema no se reduce a la falta de espacios para miles de jóvenes que quieren estudiar, sino que los que logran colarse, tienen altas probabilidades de no concluir o continuar sus estudios.
Según las cifras de la Secretaría de Educación Pública, en el periodo 2010-2011 había 341 planteles del nivel medio superior (incluyendo los tipos de sostenimiento autónomo, estatal, federal y particular) en donde se inscribieron 114 mil cinco alumnos guerrerenses que recibieron instrucción educativa de 6 mil 252 docentes (con un promedio de 18.2 alumnos por docente).
También con datos de la SEP, en el periodo 2011-2012, el nivel medio superior (preparatorias, bachilleratos, Conalep) presentó una cobertura (comparación entre la demanda atendida y la población que de acuerdo con su edad, está en posibilidades de cursar este nivel educativo) de apenas 58 por ciento.
Lo anterior significa que poco menos de la mitad de los jóvenes de entre 15 y 18 años que viven en el estado no podrá estudiar el bachillerato porque el Estado no es capaz de garantizarles un lugar en este nivel educativo.
Esta información fue corroborada por el subsecretario de Educación Media y Superior de la SEG, Arturo Salgado Urióstegui, quien en declaraciones publicadas en este diario, reconoció que Guerrero ocupaba el último lugar en el ámbito nacional de cobertura en educación media superior.
El funcionario agregó que se crearán 100 centros de bachillerato intercultural, además de que la dependencia presentó una propuesta de telebachillerato para localidades pequeñas; asimismo, informó que se están formalizando dos escuelas del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) y 18 Colegios de Bachilleres por cooperación que ya están funcionando, con lo que se busca escalar al lugar 30 a nivel nacional.
Según las proyecciones de la dependencia educativa, en 2015 se estima alcanzar una cobertura de 71 por ciento, lo que parece difícil, pues faltan dos años y se deben logar alrededor de 15 puntos porcentuales.
Pero también hay un rezago en el índice de atención a la demanda (comparación entre la demanda atendida y la población potencial que solicitó el servicio). Al respecto, durante 2011-2012 se atendió solo a 85.3 por ciento de los jóvenes guerrerenses que solicitaron estudiar este nivel educativo.
Como respuesta a esta falta de atención, en varias regiones del estado han surgido iniciativas informales –algunas no muy legítimas- que pugnan por abrir más espacios educativos destinados a los jóvenes estudiantes del nivel medio superior y superior ante la falta de opciones en el sistema educativo formal.
Es el caso de las preparatorias populares y los colegios de bachilleres por cooperación, y de varios centros de educación superior como la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, la Latinoamericana y del Caribe, y la Indígena del Estado de Guerrero, que se sostienen de la cooperación y solidaridad de los padres de familia y sin instalaciones adecuadas.
Alta reprobación y baja eficiencia terminal
Adicional a la falta de lugares para estudiar, el nivel medio superior también presenta graves problemas de reprobación, deserción y bajo índice de eficiencia terminal.
En cuanto al índice de reprobación, las estadísticas oficiales del sistema educativo registran que Guerrero tiene 33.2 por ciento como índice de reprobación. Al respecto, los resultados más recientes de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares mostraron que en matemáticas, 45 por ciento de los jóvenes de escuelas públicas del último año de bachillerato que realizaron la prueba tuvieron una calificación de insuficiente, y sólo 9.7 por ciento de excelente. Para el caso de escuelas privadas, los resultados fueron de 54.6 por ciento y 7.6 por ciento de insuficientes y excelentes, respectivamente.
Los datos que publica la SEP también indican que en Guerrero se presentó una deserción de 12.8 por ciento en este nivel educativo en el periodo 2010-2011.
Por otra parte, el índice de eficiencia terminal (proporción entre el número de alumnos que ingresan y los que egresan de una misma generación) se encuentra entre los más bajos del sistema educativo, ya que apenas es de 64.5 por ciento, es decir, de cada 10 alumnos que ingresas al nivel medio superior, sólo seis egresan satisfactoriamente.
Sobre este problema, el subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán, reconoció que la deserción es un fenómeno que “afecta anualmente a cerca de 650 mil jóvenes [en el país], lo que significa un promedio de casi 1,800 por día, de ellos, alrededor de dos de cada tres lo hace en el primer año”.
El funcionario aseguró que el abandono escolar no solo se explica por la falta de recursos económicos de las familias, pues dijo que influyen el bajo desempeño escolar, altos niveles de reprobación, los embarazos tempranos, los peligros y riesgos que enfrentan los jóvenes como las adicciones, la violencia y el escaso interés que entre ellos despiertan los contenidos curriculares.
Pero en el ámbito estatal la situación es más grave, ya que en la de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, según el rector Floriberto González González,  al menos la mitad de los jóvenes que ingresan a la institución, desertan principalmente por motivos económicos.
En su informe de evaluación de la Política Pública de Educación Superior, la Auditoría Superior de la Federación reseñó que “existen diversas situaciones que influyen en este comportamiento, entre otras: los escenarios de inseguridad que en algunas entidades federativas dificultan la retención de los estudiantes y la reprobación, ausentismo, cambio de residencia, embarazo, falta de apoyo por parte de la familia, cambio de escuela, matrimonio”.
Este fenómeno que explica la SEP en el informe de la ASF aún no se ha cuantificado con precisión. La inseguridad y los desplazamientos que ocurren en muchas localidades del estado de Guerrero sin duda incrementarán los índices de deserción, reprobación y baja eficiencia terminal de los alumnos de la educación media superior.
Educación superior
De acuerdo con el informe elaborado por la ASF, la problemática de este nivel educativo en el país se ha caracterizado por la insuficiente cobertura educativa, deficiencias en la formación de los docentes, brechas en el acceso al servicio de educación superior entre distintos grupos de la población, insuficiencia en el crecimiento de los recursos para atender las demandas de la educación superior, desarticulación en los planes y programas de estudio con el sector productivo.
Para el ciclo 2011-2012 el total de jóvenes en el rango de edad para cursar estudios de nivel superior (19-23 años) ascendió a 9.9 millones, de los cuales 3.5 millones estaban en condiciones de demandar el servicio y fueron atendidos 3.2 millones de alumnos.
El porcentaje de cobertura en educación superior de los servicios escolarizados pasó de 25.9 por ciento en el ciclo escolar 2006-2007 a 32.8 por ciento en el de 2011-2012.
Para el ciclo escolar 2011-2012, 26 entidades federativas alcanzaron un porcentaje de cobertura igual o superior al 25 por ciento; de éstas, cuatro superaron el 40 por ciento de cobertura: Nuevo León (40.4), Sonora (41.2), Nayarit (41.4) y Distrito Federal (68.8). En contraste, en tres estados la cobertura no superó el 20 por ciento: Quintana Roo (18.6), Chiapas (19) y Oaxaca (19.4%). Guerrero alcanzó apenas 22.7 por ciento de cobertura en el nivel superior.
Aunque no se encontraron cifras precisas sobre la atención a la demanda para el caso de Guerrero, lo cierto es que en el estado cada año se registran diferentes manifestaciones de los jóvenes que demandan un sitio para estudiar.
Sobre este asunto, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, informó que para el ciclo escolar 2013-2014, en nivel licenciatura 11 mil 68 jóvenes realizaron el examen de admisión en esta institución, pero reconoció que sólo hay espacio para 6 mil 900, lo que significa que más 4 mil aspirantes serán rechazados.
Y aunque agregó que se hacen esfuerzos para incrementar la matrícula -400 nuevos espacios, según el propio rector-, parecen irrisorios frente a la demanda de espacios educativos.
De acuerdo con cifras oficiales, 54 mil 769 jóvenes guerrerenses cursan el nivel superior en sus diferentes modalidades (autónoma, estatal, federal y particular) en 75 instituciones y 130 planteles. Según estas cifras, esa cantidad de alumnos, que equivale a poco menos de la mitad de los que ingresaron al nivel medio superior, es atendida por 4 mil 50 profesores en las diferentes carreras de este nivel educativo.
Futuro desolador
La situación de los jóvenes guerrerenses es delicada. La falta de planeación en las décadas anteriores, donde nadie previó el crecimiento sostenido de la población juvenil y por lo tanto la demanda de nuevos espacios educativos, hoy está cobrando un alto precio.
La concentración de recursos materiales y humanos en el nivel educativo básico –en donde por cierto se tiene una cobertura de ciento por ciento, pero cuyos malos resultados repercuten negativamente en los siguientes niveles educativos-, son sólo una parte de esa mala planeación que ha perjudicado la cobertura y la calidad de los niveles medio superior y superior. 
Y al parecer la solución no está en el corto plazo, pues de acuerdo con las proyecciones poblacionales, para el periodo 2005-2050, que elabora el Consejo Nacional de Población, la población de 16 a 18 años constituye un bono demográfico que apenas comenzará a decrecer, de modo sistemático, a partir de 2017.

martes, 23 de julio de 2013

Lo que respiramos en Chilpancingo: incertidumbre en la calidad del aire

Cada año la población de Chilpancingo sufre los estragos de la mala calidad del aire durante los meses en que ocurren los incendios forestales, pues son visibles los efectos en la salud de los capitalinos -en ojos y vías respiratorias, particularmente- como consecuencia de las quemazones de vegetación que se producen en los bosques que aún se conservan alrededor de la capital guerrerense.
No obstante que es un fenómeno  que se presenta año tras año, ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ni la Secretaría de Salud, ni la Subsecretaría de Protección Civil, tampoco el ayuntamiento de Chilpancingo cuentan de manera individual o en conjunto, con planes, programas o acciones que prevengan y combatan las consecuencias  dañinas de estos siniestros en la salud de los chilpancingueños, ya que la mayor parte de los recursos de estas dependencias se destina a sofocar los incendios, y en menor medida, a su prevención; pero de las consecuencias que provocan, nada.
De acuerdo con las respuestas a una serie de solicitudes de información presentadas ante las instituciones que teóricamente deberían atender el problema, no se encontró evidencia de una coordinación efectiva entre ellas ni documentos que prueben que en Chilpancingo hay prácticas sistemáticas y permanentes de medición de la calidad del aire, estrategias para enfrentar una situación de emergencia o programas para el mejoramiento de la calidad del aire.
Semaren, sin recursos
De acuerdo con la normatividad, es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno del estado (Semaren) la dependencia encargada de realizar acciones que contribuyan a prevenir y controlar la contaminación atmosférica.
En su manual de organización, se establece que la Semaren tiene la atribución de “evaluar la calidad del ambiente y establecer, promover y coordinar el sistema estatal de información ambiental que deberá incluir los sistemas de monitoreo atmosférico, de suelos y de cuerpos de agua de jurisdicción estatal (…).”
Y es en el reglamento interior de esa institución donde se describen las funciones específicas que la Semaren debe cumplir, especialmente a través de su Dirección de Emisiones a la Atmósfera. Sin embargo, la mayor parte de estas funciones no se cumple o está en proceso.
Por ejemplo, la Semaren debe “participar y apoyar a los gobiernos municipales en la elaboración de los programas de calidad del aire y en la gestión del monitoreo ambiental”. Sin embargo, la dependencia comentó, como respuesta a un requerimiento de información, que no han realizado ninguna acción al respecto.
También reconoció que no tienen ninguna participación en el diseño, establecimiento y actualización de los programas de contingencias ambientales atmosféricas que debería realizar en coordinación con los municipios y la federación.
Otra de las acciones que tampoco efectúa la Semaren es la elaboración del inventario de emisiones a la atmósfera y el apoyo a las actividades estatales y municipales para el desarrollo de inventarios en esos niveles; de hecho, la dependencia argumentó que sólo cuentan con el inventario de 2009 y “no se ha actualizado en razón de no contar con presupuesto autorizado para este rubro.”
La dependencia informó que no ha establecido ni operado el Sistema Estatal de Monitoreo Atmosférico, ni elaborado el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas en coordinación con Protección Civil del estado ni tampoco instrumentado y operado el registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Todas éstas, funciones que aparecen en el reglamento interior de la Semaren.

Pocos monitoreos
La Semaren es la dependencia gubernamental responsable de establecer y coordinar los programas de monitoreo de la calidad del aire en el estado. Al respecto, en una de sus respuestas a solicitudes de información, reconoció que en Chilpancingo “se hacen monitoreos parciales en temporadas críticas en razón de no contar con las condiciones técnicas adecuadas de las unidades de monitoreo por falta de recurso para este programa.”
Agregó que la dependencia sólo cuenta con dos unidades móviles de monitoreo que se emplean sobre todo para “cubrir las zonas donde se registran mayor número de incendios forestales en la entidad” y en el resto del año, las unidades se utilizan “en función de los acuerdos a que se llegue con los presidentes municipales para instalar las unidades en sus municipios”
Respecto del monitoreo que se realiza en la capital, la dependencia informó que del periodo del 1 de enero al 30 de mayo de 2013, las dos unidades se utilizaron para el monitoreo de la calidad del aire en Chilpancingo, sin embargo, “una unidad [estuvo] monitoreando parcialmente en el vivero Forestal Vicente Guerrero y la otra parada por falta de mantenimiento.”
Adicionalmente, la Semaren comentó que “los días que fue posible monitorear fueron intermitentes en virtud de que en las instalaciones del vivero forestal Vicente Guerrero se presentan constantemente problemas de fallas de energía, y se corta el suministro eléctrico a los equipos”.
Asimismo, dio a conocer los resultados del monitoreo de sólo 14 días –todas correspondientes al mes de mayo de 2013-, aunque en otra de sus respuestas informó que únicamente se monitorearon ocho días de enero a mayo y “solo uno se encontró fuera de norma, lo que significa que no se presentaban las condiciones para hablar de una contingencia ambiental, no se activaron los protocolos para declarar una situación de riesgo, por lo que no hay declaraciones de prensa, ni audios, sino solamente las acciones que en materia de combate de incendios forestales se realizaron”.
Sin embargo, la percepción ciudadana respecto a la calidad del aire, es otra.
Nula coordinación 
Aun cuando la Dirección General de Medio Ambiente, Prevención y Contaminación del Agua de la Semaren dio a conocer que ante una situación de emergencia, son las “dependencias del sector (Semaren, Semarnat, Protección civil, Salud, Profepa) quienes determinan las acciones a realizar”, cuando se consultó a varias de ellas sobre los programas que tienen para prevenir y controlar los efectos de la contaminación atmosférica, éstas respondieron que este problema no era de su competencia.
A la Secretaría de Salud del gobierno del estado, por ejemplo, se le preguntó si cuentan con un programa que atendiera las consecuencias de la mala calidad del aire, qué área las atiende y cuántos recursos se le destinan. La secretaría respondió que “La información (…) no se encuentra en esta dependencia, pero le sugerimos que su solicitud sea enviada a las dependencias sugeridas (Procuraduría de protección ecológica del estado, Semaren y Subsecretaría de seguridad pública y protección civil).
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil ante los mismos requerimientos respondió que “esta Secretaría no está en condiciones de proporcionarle los datos requeridos,  en razón de que es competencia de la Secretaría de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado (SEMAREN)”, y agregó que “La Subsecretaría de Protección Civil a través de la Dirección General de Atención a Desastres brinda el servicio de Combate de incendios forestales y urbanos que lleva a cabo en predios forestales, ejidos, en las instituciones educativas, comercios y viviendas particulares, como medida preventiva ante un posible daño a la salud de las personas”.
Respecto al ayuntamiento de Chilpancingo, en su respuesta a una solicitud de información sobre las acciones que la demarcación realiza en torno a esta problemática, la unidad de transparencia informó que solicitó la información a la Semaren “con quien mantenemos una efectiva vinculación de trabajo, apoyo, información y responsabilidades compartidas en este rubro”.
Es decir, el ayuntamiento de Chilpancingo no informó de ninguna acción y tampoco confirmó si cuenta con un área específica dentro de la estructura municipal; de hecho, la información entregada corresponde a un informe de la Semaren realizada en diciembre de 2011.
 ¿Se rebasan los niveles permisibles?
No obstante que la Semaren justificó que en ciudades grandes como el distrito federal “existen programas de contingencia ambiental, en Guerrero no se han instaurado, gracias a la situación geográfica de Guerrero, ya que el aire continuo las dispersa”.
En el mismo tenor, el ayuntamiento de Chilpancingo, haciendo eco de la información de la Semaren, afirmó que en la capital guerrerense “no se manejan niveles de contaminación como en otras grandes urbes del país, por lo que las acciones tomadas en casos emergentes son de tipo preventivo, donde su busca regular a los generadores de contaminación atmosféricos a la par de mantener una vigilancia de las condiciones de la calidad del aire”.
Sin embargo, desde la administración estatal anterior se reconoció el problema de la mala calidad del aire en la capital, ya que cada año aumentaban de manera considerable el número de partículas suspendidas en época de incendios.
Incluso ese fue el motivo principal por el que el gobierno de Zeferino Torreblanca decidió la adquisición e instalación de unidades móvil de monitoreo atmosférico en Acapulco y Chilpancingo, con la finalidad de tener un “diagnóstico exacto” sobre la calidad del aire en estas dos ciudades durante la temporada de incendios forestales.
Incluso la administración actual, para tener acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), en dos ocasiones en 2013 solicitó ante el gobierno federal la declaratoria de emergencia a efecto de atender las afectaciones causadas por los incendios forestales.
El argumento del gobierno del estado para solicitar la declaratoria es “que se presentan afectaciones directas a la población guerrerense”, según el boletín del gobierno estatal. La misma fuente informó que “en las últimas 48 horas (10-12 de mayo) se ha incrementado la contaminación atmosférica, misma que rebasa el número de partículas de 25 micras que determina la Norma Oficial Mexicana (NOM) y que afecta directamente a las personas que padecen enfermedades respiratorias crónicas y a menores.
Ante el gobierno federal se presenta un escenario muy grave, pero  la población capitalina no cuenta con información precisa sobre la calidad del aire.
El problema
Cada año, entre los meses de enero y junio, se producen incendios forestales en más de 60 municipios de Guerrero. De acuerdo con estadística que presenta la enciclopedia guerrerense, los principales municipios con problemas de incendios son Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Ayutla de los Libres, Atoyac de Álvarez, Petatlán, Acapulco, Atenango del Río, Zihuatanejo de Azueta, Coyuca de Catalán, San Luis Acatlán, Eduardo Neri, Tlacoachistlahuaca, Huamuxtitlán, Huitzuco, Tlapa, Mochitlán, Cocula, Ajuchitlán del Progreso, Atlixtac y Quechultenango.
Sobre sale de este grupo el municipio de Chilpancingo, que hasta el mes de mayo de 2013 se habían registrado 145 incendios forestales en todo el estado, y de éstos 54 correspondieron a Chilpancingo, con una superficie afectada de 4 mil 600 hectáreas.
Según información del gobierno del estado, 73 por ciento de los incendios en Guerrero, se ocasionan por la quema del Tlacolol.

martes, 9 de julio de 2013

En la Montaña, los ayuntamientos más transparentes de Guerrero

El Sur de Acapulco
Metlatónoc, el segundo municipio más pobre del estado, es la institución pública más transparente de Guerrero, por encima de todas las dependencias del Ejecutivo estatal, los organismos autónomos, el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia, e incluso muy por arriba de otros ayuntamientos considerados “grandes” como Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo o Taxco.
Junto con Metlatónoc, otros ayuntamientos han sorprendido por el nivel de cumplimiento de la información pública de oficio que difunden –principal indicador para medir su transparencia-, todos ellos considerados por el Consejo Nacional de Población como municipios de muy alta marginación como Alcozauca, Tlacoachistlahuaca, Acatepec, José Joaquín Herrera, Cochoapa el Grande y Atlixtac.
Es la primera vez, desde que se aprobó la primera ley de transparencia en el estado de Guerrero, hace ya casi siete años, que un grupo de municipios destaca no por su opacidad, sino por difundir información que le exige la ley. 
La medición de la transparencia de estos municipios se basó en la metodología diseñada por la asociación ciudadana Comunicación para el Desarrollo Comunitario, que asignó puntajes específicos según el cumplimiento parcial o total del catálogo de temas de información de oficio que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado en su artículo 13.
Si se comparan los resultados de estos municipios con los obtenidos por otras dependencias del estado en semanas anteriores -aplicando la misma metodología- se tiene que el que más puntos alcanzó fue el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa, con 69 por ciento de cumplimiento, seguido por la Secretaría de Finanzas y Administración con 64 por ciento, el parque Papagayo, con 62 por ciento y la secretaría particular del Ejecutivo con 60 puntos porcentuales.
En contraste, los municipios más pobres, que abrieron portales electrónicos en las últimas semanas, alcanzaron puntajes de 83 por ciento, en el caso de Metlatónoc, 79 por ciento en Alcozauca, 78 por ciento de Tlacoachistlahuaca, 73 para Acatepec y 71 en el caso del ayuntamiento de José Joaquín Herrera, lo que los coloca entre los primeros del estado.
Con estos porcentajes registrados en los ayuntamientos, muy lejos quedaron instituciones como el Congreso del estado, que sólo obtuvo nueve puntos, el Tribunal Superior de Justicia, con seis por ciento o el Tribunal Electoral del estado, que alcanzó únicamente tres puntos.
También se ubican muy por arriba de otros ayuntamientos con más población y recursos como el de Chilpancingo, que obtuvo 23 por ciento, Iguala de la Independencia, que registró siete por ciento, y Taxco, que alcanzó sólo seis puntos en la publicación de su información de oficio.
Promovidos por la Auditoría General del Estado, varios municipios con los más altos índices de marginación en el estado, hoy se encuentran entre las instituciones públicas más transparentes.
El único municipio, dentro del paquete de 10 demarcaciones auspiciadas por el órgano fiscalizador estatal, que no subió ninguna información a su portal electrónico fue el de Zapotitlán Tablas, y los que alcanzaron bajos porcentajes fueron Xochistlahuaca (con 37 por ciento de cumplimiento) y Copalillo (26 por ciento). Los restantes siete ayuntamientos están por arriba de 50 por ciento de calificación.
No echar las campanas al vuelo
Aun con estos puntajes, a los ayuntamientos que hoy destacan en el ámbito estatal les quedan varios pendientes en la difusión de temas clave y de mucha importancia para la  ciudadanía, como el presupuesto asignado a los municipios de los últimos tres años, así como los informes cuatrimestrales de su ejecución.
No se puede argumentar, como explican en sus portales, que son gobiernos nuevos para no publicar los presupuestos de las administraciones anteriores, pues la ley no considera esta salvedad, sino que es un compromiso institucional con la ciudadanía.
Es el mismo caso de la publicación de las cuentas públicas, en donde los ayuntamientos indicaron que las que corresponden a su administración aún no han sido aprobadas por el Congreso del estado; sin embargo, el compromiso con la transparencia debería incluir también las cuentas públicas de los gobiernos anteriores.
Asimismo, sólo cinco de los 10 municipios publicaron su plan municipal de desarrollo, y la mayoría informa que a la fecha no se han aplicado auditorías a sus administraciones.
Otra información que no se publica o se hace de manera muy parcial corresponde a los contratos o convenios celebrados por los ayuntamientos con particulares u otros organismos gubernamentales, así como el listado de los servicios que ofrece y los programas que administra que incluye información sobre los trámites a realizar para tener acceso a ellos.
El desafío inmediato
La transparencia por sí sola no mejora la calidad de los servicios públicos municipales ni contribuye a hacer honesto y eficaz el ejercicio de los recursos públicos. Se requiere de la participación de la ciudadanía para dar una utilidad social a la información que se transparenta.
El trabajo que ya realizaron estos municipios debe complementarse con una activa promoción para que la población que gobiernan conozca el quehacer gubernamental y luego procesar la retroalimentación que emita la ciudadanía.
Además de mejorar y actualizar los portales electrónicos, que hoy los colocan en los primeros lugares de transparencia a nivel estatal, los ayuntamientos tendrán que poner en marcha las acciones necesarias para incorporar la participación informada de los diferentes sectores del municipio a la vigilancia del quehacer gubernamental, del ejercicio de los recursos, e incluso en la toma de decisiones, como se establece no sólo en la ley de transparencia, sino en otras leyes como la de planeación, la de coordinación fiscal y la orgánica del municipio libre.
Si esos ayuntamientos no dan este segundo paso, los primeros lugares en transparencia que ocupan actualmente, de nada servirán a la ciudadanía y en poco contribuirán a mejorar la función pública municipal.
Los bemoles de la transparencia “digital”
Este primer paso el que han dado las administraciones de varios municipios guerrerenses, es sólo un pequeño avance, porque mientras no se encuentren los mecanismos para que esta transparencia se convierta en una política permanente de los gobiernos municipales, y se involucre  a los ciudadanos, será una transparencia decorativa.
Por ejemplo, se debe pensar que los habitantes de los 10 municipios están entre los que menos acceso tienen a la tecnología, especialmente al internet.
Según un diagnóstico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en las 630 localidades urbanas que existen en México, 40 por ciento de los hogares tienen computadora y 30 por ciento conexiones a internet; mientras, en las 188 mil 539 comunidades rurales, 6 por ciento de los hogares tienen computadoras y sólo tres por ciento acceso a internet.
Ante este panorama, las administraciones municipales deben poner en práctica otros medios, además del internet, para informar a la población, pues es muy bajo el porcentaje de personas que tienen acceso a esta tecnología.
Otra circunstancia muy relevante es el idioma. En la mayoría de los municipios de esta oleada de transparencia tiene altos porcentajes de población que habla lenguas diferentes del español, incluso muchos son monolingües, por lo que también es un gran reto encontrar cómo hacer transparente la información más allá de los portales electrónicos y sobre todo, en su propio idioma. Es un pendiente que existe en la agenda de la transparencia.
Mejora su transparencia ayuntamiento de Acapulco
Por cierto, en los últimos días, el ayuntamiento de Acapulco ha mejorado su portal electrónico sustancialmente, ya que ha subido información que hasta hoy, ningún municipio lo ha hecho.
Por ejemplo, la administración porteña ya subió la propuesta de inversión de acciones y obras de infraestructura social del ejercicio 2013, el plan municipal de desarrollo, un apartado bastante aceptable de los trámites y servicios de que presta el ayuntamiento, el presupuesto de egresos, la ley de ingresos e informes sobre el ejercicio de los fondos federales, entre otros documentos importantes sobre este gobierno municipal. Vale la pena revisar el sitio: http://www.acapulco.gob.mx/transparencia/    
Dónde quedó la información del Fortamun
En otro asunto, el gobierno del estado apenas publicó el decreto en el que da a conocer  la distribución del Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal,  Fortamun, del ejercicio 2013.
Lo anterior, no obstante que la Ley de Coordinación Fiscal, que regula las aportaciones del Ramo 33, especifica que esta información deberá publicarse “en sus respectivos órganos oficiales de difusión [de los estados] a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable”.
Al no aparecer en el periódico oficial, esta información se solicitó a varias dependencias que hipotéticamente la deberían poseer, por ejemplo, el Comité de Planeación para el Desarrollo de Guerrero (Copladeg), presentando una solicitud de información, pero como respuesta esta dependencia expresó que “la información que solicitó no se encuentra en los archivos de esta entidad por no ser de nuestra competencia. Por tal motivo, para darle trámite a su solicitud deberá de ser presentada en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de Secretaría General de Gobierno”.
Se solicitó entonces la misma información a la Secretaría General de Gobierno, pero ésta respondió exactamente lo mismo, que no es de su competencia, y nos remitió otra vez al Copladeg para solicitarla. Así de coordinadas están las dependencias.
También se solicitó en las oficinas del Periódico Oficial del estado, y ahí respondieron que nada sabían de la publicación de ese acuerdo.
Finalmente, en respuesta a un requerimiento de información ante la Consejería Jurídica del poder Ejecutivo, esta dependencia comentó que “hago de su conocimiento que la información solicitada (…) podrá usted consultarla en el sitio web del Periódico Oficial del Gobierno del Estado; el ordenamiento se encuentra en etapa de digitalización, razón por la cual no se encuentra en el Portal del Gobierno del Estado en el sitio “Leyes y Reglamentos”, a cargo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado”.
Sin embargo, por lo menos en los ocho días anteriores, se buscó este acuerdo en la página electrónica del gobierno del estado, en la sección correspondiente al periódico oficial, y el acuerdo no estaba. Hoy, la distribución de los recursos del Fortamun entre los 81 municipios del estado  ya se puede consultar en la dirección http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2013/07/PERIODICO-08-ALCANCE-I.pdf
También, los ciudadanos de Guerrero pueden consultar cuántos recursos llegan a sus municipios para obra pública en http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2013/02/PERIODICO-09-ALCANCE-II.pdf