Lo que respiramos en Chilpancingo: incertidumbre en la calidad del aire

Cada año la población de Chilpancingo sufre los estragos de la mala calidad del aire durante los meses en que ocurren los incendios forestales, pues son visibles los efectos en la salud de los capitalinos -en ojos y vías respiratorias, particularmente- como consecuencia de las quemazones de vegetación que se producen en los bosques que aún se conservan alrededor de la capital guerrerense.

No obstante que es un fenómeno  que se presenta año tras año, ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ni la Secretaría de Salud, ni la Subsecretaría de Protección Civil, tampoco el ayuntamiento de Chilpancingo cuentan de manera individual o en conjunto, con planes, programas o acciones que prevengan y combatan las consecuencias  dañinas de estos siniestros en la salud de los chilpancingueños, ya que la mayor parte de los recursos de estas dependencias se destina a sofocar los incendios, y en menor medida, a su prevención; pero de las consecuencias que provocan, nada.

De acuerdo con las respuestas a una serie de solicitudes de información presentadas ante las instituciones que teóricamente deberían atender el problema, no se encontró evidencia de una coordinación efectiva entre ellas ni documentos que prueben que en Chilpancingo hay prácticas sistemáticas y permanentes de medición de la calidad del aire, estrategias para enfrentar una situación de emergencia o programas para el mejoramiento de la calidad del aire.

Semaren, sin recursos

De acuerdo con la normatividad, es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno del estado (Semaren) la dependencia encargada de realizar acciones que contribuyan a prevenir y controlar la contaminación atmosférica.

En su manual de organización, se establece que la Semaren tiene la atribución de “evaluar la calidad del ambiente y establecer, promover y coordinar el sistema estatal de información ambiental que deberá incluir los sistemas de monitoreo atmosférico, de suelos y de cuerpos de agua de jurisdicción estatal (…).”

Y es en el reglamento interior de esa institución donde se describen las funciones específicas que la Semaren debe cumplir, especialmente a través de su Dirección de Emisiones a la Atmósfera. Sin embargo, la mayor parte de estas funciones no se cumple o está en proceso.

Por ejemplo, la Semaren debe “participar y apoyar a los gobiernos municipales en la elaboración de los programas de calidad del aire y en la gestión del monitoreo ambiental”. Sin embargo, la dependencia comentó, como respuesta a un requerimiento de información, que no han realizado ninguna acción al respecto.

También reconoció que no tienen ninguna participación en el diseño, establecimiento y actualización de los programas de contingencias ambientales atmosféricas que debería realizar en coordinación con los municipios y la federación.

Otra de las acciones que tampoco efectúa la Semaren es la elaboración del inventario de emisiones a la atmósfera y el apoyo a las actividades estatales y municipales para el desarrollo de inventarios en esos niveles; de hecho, la dependencia argumentó que sólo cuentan con el inventario de 2009 y “no se ha actualizado en razón de no contar con presupuesto autorizado para este rubro.”

La dependencia informó que no ha establecido ni operado el Sistema Estatal de Monitoreo Atmosférico, ni elaborado el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas en coordinación con Protección Civil del estado ni tampoco instrumentado y operado el registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Todas éstas, funciones que aparecen en el reglamento interior de la Semaren.

Pocos monitoreos

La Semaren es la dependencia gubernamental responsable de establecer y coordinar los programas de monitoreo de la calidad del aire en el estado. Al respecto, en una de sus respuestas a solicitudes de información, reconoció que en Chilpancingo “se hacen monitoreos parciales en temporadas críticas en razón de no contar con las condiciones técnicas adecuadas de las unidades de monitoreo por falta de recurso para este programa.”

Agregó que la dependencia sólo cuenta con dos unidades móviles de monitoreo que se emplean sobre todo para “cubrir las zonas donde se registran mayor número de incendios forestales en la entidad” y en el resto del año, las unidades se utilizan “en función de los acuerdos a que se llegue con los presidentes municipales para instalar las unidades en sus municipios”

Respecto del monitoreo que se realiza en la capital, la dependencia informó que del periodo del 1 de enero al 30 de mayo de 2013, las dos unidades se utilizaron para el monitoreo de la calidad del aire en Chilpancingo, sin embargo, “una unidad [estuvo] monitoreando parcialmente en el vivero Forestal Vicente Guerrero y la otra parada por falta de mantenimiento.”

Adicionalmente, la Semaren comentó que “los días que fue posible monitorear fueron intermitentes en virtud de que en las instalaciones del vivero forestal Vicente Guerrero se presentan constantemente problemas de fallas de energía, y se corta el suministro eléctrico a los equipos”.

Asimismo, dio a conocer los resultados del monitoreo de sólo 14 días –todas correspondientes al mes de mayo de 2013-, aunque en otra de sus respuestas informó que únicamente se monitorearon ocho días de enero a mayo y “solo uno se encontró fuera de norma, lo que significa que no se presentaban las condiciones para hablar de una contingencia ambiental, no se activaron los protocolos para declarar una situación de riesgo, por lo que no hay declaraciones de prensa, ni audios, sino solamente las acciones que en materia de combate de incendios forestales se realizaron”.

Sin embargo, la percepción ciudadana respecto a la calidad del aire, es otra.

Nula coordinación 

Aun cuando la Dirección General de Medio Ambiente, Prevención y Contaminación del Agua de la Semaren dio a conocer que ante una situación de emergencia, son las “dependencias del sector (Semaren, Semarnat, Protección civil, Salud, Profepa) quienes determinan las acciones a realizar”, cuando se consultó a varias de ellas sobre los programas que tienen para prevenir y controlar los efectos de la contaminación atmosférica, éstas respondieron que este problema no era de su competencia.

A la Secretaría de Salud del gobierno del estado, por ejemplo, se le preguntó si cuentan con un programa que atendiera las consecuencias de la mala calidad del aire, qué área las atiende y cuántos recursos se le destinan. La secretaría respondió que “La información (…) no se encuentra en esta dependencia, pero le sugerimos que su solicitud sea enviada a las dependencias sugeridas (Procuraduría de protección ecológica del estado, Semaren y Subsecretaría de seguridad pública y protección civil).

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil ante los mismos requerimientos respondió que “esta Secretaría no está en condiciones de proporcionarle los datos requeridos,  en razón de que es competencia de la Secretaría de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado (SEMAREN)”, y agregó que “La Subsecretaría de Protección Civil a través de la Dirección General de Atención a Desastres brinda el servicio de Combate de incendios forestales y urbanos que lleva a cabo en predios forestales, ejidos, en las instituciones educativas, comercios y viviendas particulares, como medida preventiva ante un posible daño a la salud de las personas”.

Respecto al ayuntamiento de Chilpancingo, en su respuesta a una solicitud de información sobre las acciones que la demarcación realiza en torno a esta problemática, la unidad de transparencia informó que solicitó la información a la Semaren “con quien mantenemos una efectiva vinculación de trabajo, apoyo, información y responsabilidades compartidas en este rubro”.

Es decir, el ayuntamiento de Chilpancingo no informó de ninguna acción y tampoco confirmó si cuenta con un área específica dentro de la estructura municipal; de hecho, la información entregada corresponde a un informe de la Semaren realizada en diciembre de 2011.

 ¿Se rebasan los niveles permisibles?

No obstante que la Semaren justificó que en ciudades grandes como el distrito federal “existen programas de contingencia ambiental, en Guerrero no se han instaurado, gracias a la situación geográfica de Guerrero, ya que el aire continuo las dispersa”.

En el mismo tenor, el ayuntamiento de Chilpancingo, haciendo eco de la información de la Semaren, afirmó que en la capital guerrerense “no se manejan niveles de contaminación como en otras grandes urbes del país, por lo que las acciones tomadas en casos emergentes son de tipo preventivo, donde su busca regular a los generadores de contaminación atmosféricos a la par de mantener una vigilancia de las condiciones de la calidad del aire”.

Sin embargo, desde la administración estatal anterior se reconoció el problema de la mala calidad del aire en la capital, ya que cada año aumentaban de manera considerable el número de partículas suspendidas en época de incendios.

Incluso ese fue el motivo principal por el que el gobierno de Zeferino Torreblanca decidió la adquisición e instalación de unidades móvil de monitoreo atmosférico en Acapulco y Chilpancingo, con la finalidad de tener un “diagnóstico exacto” sobre la calidad del aire en estas dos ciudades durante la temporada de incendios forestales.

Incluso la administración actual, para tener acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), en dos ocasiones en 2013 solicitó ante el gobierno federal la declaratoria de emergencia a efecto de atender las afectaciones causadas por los incendios forestales.

El argumento del gobierno del estado para solicitar la declaratoria es “que se presentan afectaciones directas a la población guerrerense”, según el boletín del gobierno estatal. La misma fuente informó que “en las últimas 48 horas (10-12 de mayo) se ha incrementado la contaminación atmosférica, misma que rebasa el número de partículas de 25 micras que determina la Norma Oficial Mexicana (NOM) y que afecta directamente a las personas que padecen enfermedades respiratorias crónicas y a menores.

Ante el gobierno federal se presenta un escenario muy grave, pero  la población capitalina no cuenta con información precisa sobre la calidad del aire.

El problema

Cada año, entre los meses de enero y junio, se producen incendios forestales en más de 60 municipios de Guerrero. De acuerdo con estadística que presenta la enciclopedia guerrerense, los principales municipios con problemas de incendios son Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Ayutla de los Libres, Atoyac de Álvarez, Petatlán, Acapulco, Atenango del Río, Zihuatanejo de Azueta, Coyuca de Catalán, San Luis Acatlán, Eduardo Neri, Tlacoachistlahuaca, Huamuxtitlán, Huitzuco, Tlapa, Mochitlán, Cocula, Ajuchitlán del Progreso, Atlixtac y Quechultenango.

Sobre sale de este grupo el municipio de Chilpancingo, que hasta el mes de mayo de 2013 se habían registrado 145 incendios forestales en todo el estado, y de éstos 54 correspondieron a Chilpancingo, con una superficie afectada de 4 mil 600 hectáreas.

Según información del gobierno del estado, 73 por ciento de los incendios en Guerrero, se ocasionan por la quema del Tlacolol.

En la Montaña, los ayuntamientos más transparentes de Guerrero

El Sur de Acapulco

Metlatónoc, el segundo municipio más pobre del estado, es la institución pública más transparente de Guerrero, por encima de todas las dependencias del Ejecutivo estatal, los organismos autónomos, el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia, e incluso muy por arriba de otros ayuntamientos considerados “grandes” como Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo o Taxco.

Junto con Metlatónoc, otros ayuntamientos han sorprendido por el nivel de cumplimiento de la información pública de oficio que difunden –principal indicador para medir su transparencia-, todos ellos considerados por el Consejo Nacional de Población como municipios de muy alta marginación como Alcozauca, Tlacoachistlahuaca, Acatepec, José Joaquín Herrera, Cochoapa el Grande y Atlixtac.

Es la primera vez, desde que se aprobó la primera ley de transparencia en el estado de Guerrero, hace ya casi siete años, que un grupo de municipios destaca no por su opacidad, sino por difundir información que le exige la ley. 

La medición de la transparencia de estos municipios se basó en la metodología diseñada por la asociación ciudadana Comunicación para el Desarrollo Comunitario, que asignó puntajes específicos según el cumplimiento parcial o total del catálogo de temas de información de oficio que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado en su artículo 13.

Si se comparan los resultados de estos municipios con los obtenidos por otras dependencias del estado en semanas anteriores -aplicando la misma metodología- se tiene que el que más puntos alcanzó fue el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa, con 69 por ciento de cumplimiento, seguido por la Secretaría de Finanzas y Administración con 64 por ciento, el parque Papagayo, con 62 por ciento y la secretaría particular del Ejecutivo con 60 puntos porcentuales.

En contraste, los municipios más pobres, que abrieron portales electrónicos en las últimas semanas, alcanzaron puntajes de 83 por ciento, en el caso de Metlatónoc, 79 por ciento en Alcozauca, 78 por ciento de Tlacoachistlahuaca, 73 para Acatepec y 71 en el caso del ayuntamiento de José Joaquín Herrera, lo que los coloca entre los primeros del estado.

Con estos porcentajes registrados en los ayuntamientos, muy lejos quedaron instituciones como el Congreso del estado, que sólo obtuvo nueve puntos, el Tribunal Superior de Justicia, con seis por ciento o el Tribunal Electoral del estado, que alcanzó únicamente tres puntos.

También se ubican muy por arriba de otros ayuntamientos con más población y recursos como el de Chilpancingo, que obtuvo 23 por ciento, Iguala de la Independencia, que registró siete por ciento, y Taxco, que alcanzó sólo seis puntos en la publicación de su información de oficio.

Promovidos por la Auditoría General del Estado, varios municipios con los más altos índices de marginación en el estado, hoy se encuentran entre las instituciones públicas más transparentes.

El único municipio, dentro del paquete de 10 demarcaciones auspiciadas por el órgano fiscalizador estatal, que no subió ninguna información a su portal electrónico fue el de Zapotitlán Tablas, y los que alcanzaron bajos porcentajes fueron Xochistlahuaca (con 37 por ciento de cumplimiento) y Copalillo (26 por ciento). Los restantes siete ayuntamientos están por arriba de 50 por ciento de calificación.

No echar las campanas al vuelo

Aun con estos puntajes, a los ayuntamientos que hoy destacan en el ámbito estatal les quedan varios pendientes en la difusión de temas clave y de mucha importancia para la  ciudadanía, como el presupuesto asignado a los municipios de los últimos tres años, así como los informes cuatrimestrales de su ejecución.

No se puede argumentar, como explican en sus portales, que son gobiernos nuevos para no publicar los presupuestos de las administraciones anteriores, pues la ley no considera esta salvedad, sino que es un compromiso institucional con la ciudadanía.

Es el mismo caso de la publicación de las cuentas públicas, en donde los ayuntamientos indicaron que las que corresponden a su administración aún no han sido aprobadas por el Congreso del estado; sin embargo, el compromiso con la transparencia debería incluir también las cuentas públicas de los gobiernos anteriores.

Asimismo, sólo cinco de los 10 municipios publicaron su plan municipal de desarrollo, y la mayoría informa que a la fecha no se han aplicado auditorías a sus administraciones.

Otra información que no se publica o se hace de manera muy parcial corresponde a los contratos o convenios celebrados por los ayuntamientos con particulares u otros organismos gubernamentales, así como el listado de los servicios que ofrece y los programas que administra que incluye información sobre los trámites a realizar para tener acceso a ellos.

El desafío inmediato

La transparencia por sí sola no mejora la calidad de los servicios públicos municipales ni contribuye a hacer honesto y eficaz el ejercicio de los recursos públicos. Se requiere de la participación de la ciudadanía para dar una utilidad social a la información que se transparenta.

El trabajo que ya realizaron estos municipios debe complementarse con una activa promoción para que la población que gobiernan conozca el quehacer gubernamental y luego procesar la retroalimentación que emita la ciudadanía.

Además de mejorar y actualizar los portales electrónicos, que hoy los colocan en los primeros lugares de transparencia a nivel estatal, los ayuntamientos tendrán que poner en marcha las acciones necesarias para incorporar la participación informada de los diferentes sectores del municipio a la vigilancia del quehacer gubernamental, del ejercicio de los recursos, e incluso en la toma de decisiones, como se establece no sólo en la ley de transparencia, sino en otras leyes como la de planeación, la de coordinación fiscal y la orgánica del municipio libre.

Si esos ayuntamientos no dan este segundo paso, los primeros lugares en transparencia que ocupan actualmente, de nada servirán a la ciudadanía y en poco contribuirán a mejorar la función pública municipal.

Los portales electrónicos de los municipios se pueden consultar en: Metlatónoc (https://sites.google.com/site/metlatonocguerrero/), Acatepec (https://sites.google.com/site/acatepecguerrero/), Alcozauca de Guerrero (https://sites.google.com/site/alcozaucaguerrero/), Atlixtac (https://sites.google.com/site/atlixtacguerrero/), Cochoapa el Grande (https://sites.google.com/site/cochoapaelgrandegro/), Copalillo (https://sites.google.com/site/copalilloguerrero/), José Joaquín de Herrera (https://sites.google.com/site/josejoaquindeherreragro/), Tlacoachistlahuaca (http://www.tlacoachistlahuaca.gob.mx/), Xochistlahuaca (https://sites.google.com/site/xochistlahuacagro/), Zapotitlán Tablas (https://sites.google.com/site/zapotitlantablasgro/)

Los bemoles de la transparencia “digital”

Este primer paso el que han dado las administraciones de varios municipios guerrerenses, es sólo un pequeño avance, porque mientras no se encuentren los mecanismos para que esta transparencia se convierta en una política permanente de los gobiernos municipales, y se involucre  a los ciudadanos, será una transparencia decorativa.

Por ejemplo, se debe pensar que los habitantes de los 10 municipios están entre los que menos acceso tienen a la tecnología, especialmente al internet.

Según un diagnóstico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en las 630 localidades urbanas que existen en México, 40 por ciento de los hogares tienen computadora y 30 por ciento conexiones a internet; mientras, en las 188 mil 539 comunidades rurales, 6 por ciento de los hogares tienen computadoras y sólo tres por ciento acceso a internet.

Ante este panorama, las administraciones municipales deben poner en práctica otros medios, además del internet, para informar a la población, pues es muy bajo el porcentaje de personas que tienen acceso a esta tecnología.

Otra circunstancia muy relevante es el idioma. En la mayoría de los municipios de esta oleada de transparencia tiene altos porcentajes de población que habla lenguas diferentes del español, incluso muchos son monolingües, por lo que también es un gran reto encontrar cómo hacer transparente la información más allá de los portales electrónicos y sobre todo, en su propio idioma. Es un pendiente que existe en la agenda de la transparencia.

Mejora su transparencia ayuntamiento de Acapulco

Por cierto, en los últimos días, el ayuntamiento de Acapulco ha mejorado su portal electrónico sustancialmente, ya que ha subido información que hasta hoy, ningún municipio lo ha hecho.

Por ejemplo, la administración porteña ya subió la propuesta de inversión de acciones y obras de infraestructura social del ejercicio 2013, el plan municipal de desarrollo, un apartado bastante aceptable de los trámites y servicios de que presta el ayuntamiento, el presupuesto de egresos, la ley de ingresos e informes sobre el ejercicio de los fondos federales, entre otros documentos importantes sobre este gobierno municipal. Vale la pena revisar el sitio: http://www.acapulco.gob.mx/transparencia/    

Dónde quedó la información del Fortamun

En otro asunto, el gobierno del estado apenas publicó el decreto en el que da a conocer  la distribución del Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal,  Fortamun, del ejercicio 2013.

Lo anterior, no obstante que la Ley de Coordinación Fiscal, que regula las aportaciones del Ramo 33, especifica que esta información deberá publicarse “en sus respectivos órganos oficiales de difusión [de los estados] a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable”.

Al no aparecer en el periódico oficial, esta información se solicitó a varias dependencias que hipotéticamente la deberían poseer, por ejemplo, el Comité de Planeación para el Desarrollo de Guerrero (Copladeg), presentando una solicitud de información, pero como respuesta esta dependencia expresó que “la información que solicitó no se encuentra en los archivos de esta entidad por no ser de nuestra competencia. Por tal motivo, para darle trámite a su solicitud deberá de ser presentada en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de Secretaría General de Gobierno”.

Se solicitó entonces la misma información a la Secretaría General de Gobierno, pero ésta respondió exactamente lo mismo, que no es de su competencia, y nos remitió otra vez al Copladeg para solicitarla. Así de coordinadas están las dependencias.

También se solicitó en las oficinas del Periódico Oficial del estado, y ahí respondieron que nada sabían de la publicación de ese acuerdo.

Finalmente, en respuesta a un requerimiento de información ante la Consejería Jurídica del poder Ejecutivo, esta dependencia comentó que “hago de su conocimiento que la información solicitada (…) podrá usted consultarla en el sitio web del Periódico Oficial del Gobierno del Estado; el ordenamiento se encuentra en etapa de digitalización, razón por la cual no se encuentra en el Portal del Gobierno del Estado en el sitio “Leyes y Reglamentos”, a cargo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado”.

Sin embargo, por lo menos en los ocho días anteriores, se buscó este acuerdo en la página electrónica del gobierno del estado, en la sección correspondiente al periódico oficial, y el acuerdo no estaba. Hoy, la distribución de los recursos del Fortamun entre los 81 municipios del estado  ya se puede consultar en la dirección http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2013/07/PERIODICO-08-ALCANCE-I.pdf

También, los ciudadanos de Guerrero pueden consultar cuántos recursos llegan a sus municipios para obra pública en http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2013/02/PERIODICO-09-ALCANCE-II.pdf

Por qué no se difunden las cuentas públicas gubernamentales

La difusión de los informes de su cuenta pública entre amplios sectores de la sociedad, es uno de los puntos más oscuros de las dependencias gubernamentales de Guerrero, ya que la publicación de esta información prácticamente desnudaría el ejercicio de gobierno y permitiría a la ciudadanía vigilar lo que hacen sus gobernantes.
A la fecha, esta limitada forma de rendición de cuentas no goza de credibilidad, ya que durante muchos años la decisión de aprobar o no la cuenta pública se ha utilizado como instrumento de presión política entre los diferentes adversarios políticos incrustados en las estructuras gubernamentales; amén de que sus resultados casi nunca son accesibles a la mayoría de la ciudadanía, ya sea porque nadie se preocupa por elaborar versiones sencillas y accesibles a grandes públicos o simplemente porque ninguna dependencia gubernamental ha publicado su cuenta pública a siete años de que se reglamentó el derecho de acceso a la información en el estado.
La definición que da la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado, aprobada en febrero de 2012, para las cuentas públicas es que son informes que las dependencias públicas gubernamentales “deben rendir con el objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera durante cada ejercicio fiscal, a efecto de comprobar si se ajustaron a los criterios y disposiciones jurídicas aplicables y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de gobierno”.
Y agrega la ley que las “entidades fiscalizables”, es decir, las dependencias gubernamentales que están obligadas a presentar su cuenta pública cada año, son entre otros el gobierno estatal, ayuntamientos, Congreso, Suprema Corte de Justicia, organismos autónomos, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos, estatales y municipales.
Opacidad en la cuenta pública
Aunque la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado establece la obligación de publicar, como uno de los temas de la información de oficio, “las cuentas públicas y los informes cuatrimestrales o anuales, según el caso, una vez que sean aprobadas por el Congreso del estado”, prácticamente todas las dependencias gubernamentales en Guerrero hacen caso omiso a este requerimiento legal o publican información que no corresponde a esta apartado del artículo 13, fracción XIV, de la citada ley.
Si se revisan los portales electrónicos u otros mecanismos de difusión de las oficinas públicas, se observará que casi ninguna institución da a conocer su cuenta pública; es uno de los puntos oscuros que las dependencias públicas se niegan a dar a conocer, aun cuando se les solicite directamente por la vía de una solicitud de información formal amparada en la ley de transparencia.
Hicimos el ejercicio de solicitar los informes de cuenta pública ante varias dependencias, de los ejercicios 2005 a 2011 –que se supone son los que a la fecha ya fueron aprobados por el Congreso y por lo tanto ya pueden hacerse públicos–.
Para el caso del Tribunal Superior de Justicia del estado, que en su portal electrónico no difunde éste ni muchos otros datos que le exige la ley, se requisitó el formato que tienen en su página para solicitar información, pero el Tribunal ni siquiera acusó de recibido ni sus funcionarios entregaron los informes que se les requirieron.
La misma experiencia se tuvo con el Instituto Electoral del Estado, al solicitarle por vía electrónica sus informes de cuenta pública, pero tampoco hubo respuesta ni siquiera acuse de recibido a la solicitud presentada.  Aun cuando el IEEG presenta en su portal electrónico más información que la mayoría de las dependencias del estado, no da a conocer los informes de su cuenta pública.
Por su parte, al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado, órgano garante de que se cumpla la ley de transparencia estatal, se le requirió la misma información, y aunque sí respondió, los documentos que proporcionó no corresponden a los de su cuenta pública, ya que son un resumen del presupuesto ejercido por capítulo durante varios años.
En el portal electrónico del ITAIG sólo se encontraron en el apartado correspondiente las fechas de presentación de su cuenta pública ante la AGE, pero de los informes, nada se sabe.
La respuesta de la Unidad de Transparencia del Congreso del estado al requerimiento de sus cuentas públicas fue la más peculiar. Respondió que “como es del conocimiento la presente LX Legislatura al Honorable Congreso, con fecha 13 de septiembre del año en curso (2012), inició su ejercicio constitucional por tal motivo actualmente nos encontramos en el proceso de entrega-recepción, por lo consiguiente se le sugiere acudir a la Auditoría General del Estado para acceder a dicha información”.
Es decir, el órgano legislativo guerrerense delegó a otra dependencia su obligación de publicar la cuenta pública. La ley de transparencia no considera excepciones para hacer pública la información, ni aunque se trate de transiciones entre una administración y otra.
Por cierto, la LIX Legislatura del Congreso local aprobó la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, destacando en los antecedentes que “El Congreso del Estado, consciente de que una de las demandas más sentidas de la ciudadanía guerrerense, es aquella que reclama el ejercicio de una administración honesta que maneje con eficiencia, eficacia, probidad y transparencia los recursos públicos, y que exija un escrutinio cada vez más enfático sobre el ejercicio de gobierno, ha venido avanzando en el fortalecimiento de un sistema de rendición de cuentas que tenga la capacidad de revisar con profesionalismo la parte final, y la más sensible, del proceso presupuestal de nuestra entidad”.
Sin embargo, en sus tres años de gestión nunca publicó la información de oficio, menos sus informes de cuenta pública, como tampoco lo hizo la LVIII Legislatura, que aprobó la primera ley de acceso a la información en el estado en 2006.
Finalmente, a la AGE se le solicitaron los informes de cuenta pública tanto del Ejecutivo estatal como del Congreso del estado de los años 2005 a 2010, y no obstante que la AGE es el órgano fiscalizador que precisamente se encarga de la revisión de las cuentas públicas de todas las dependencias públicas del estado, la dependencia solicitó una prórroga “por razones de búsqueda y localización”.
En relación a la cuenta pública del Congreso, la Unidad de Transparencia de la AGE respondió “que después de una búsqueda minuciosa en los archivos de nuestra Institución, se conserva en nuestro poder únicamente los Informes Anuales de Cuenta Pública del año 2010 y 2011, esto se debe al cambio de administración de la Auditoría General del Estado, el cual no dejó constancia de los informes anuales anteriores.”
Y más adelante sostuvo que los informes de cuenta pública son ¡información reservada!, y aludió al artículo 50 de la Ley de Fiscalización Superior del estado y al 33 de la ley de transparencia para justificarlo, lo cual evidentemente no corresponde.
La Unidad de Transparencia envió después otro oficio de respuesta en donde informó sobre las fechas y números de los decretos que contienen los informes de revisión aprobados por el Congreso del estado.
Más allá de esta respuesta, lo cierto es que la propia AGE tampoco publica los documentos correspondientes a su cuenta pública aprobados por el Congreso del estado. En su portal electrónico únicamente se da a conocer el oficio con que el órgano fiscalizador estatal hizo entrega al Congreso de estos documentos y un “comparativo de egresos presupuestados vs egresos ejercidos” por capítulo, y solo referidos a los recursos estatales, no a los que provienen de la federación.
Más adelante, la AGE hace una incorrecta interpretación de la fracción XIV, artículo 13 de la ley de transparencia, y da a conocer el estado de las cuentas públicas de algunas dependencias públicas del estado, pero no la propia, como es el espíritu de ese artículo.
Por cierto, una de las observaciones que saltan del portal electrónico de la AGE es que sólo da a conocer información acerca de las cuentas públicas de los ayuntamientos, los organismos públicos descentralizados y organismos autónomos, pero nada publica sobre el Ejecutivo del estado, el Congreso, el Tribunal Superior de Justicia, de los cuales también recibe la cuenta pública para su revisión. Tampoco da a conocer los nombres de los servidores públicos sancionados por la no presentación de la cuenta pública.
El miedo a publicar las cuentas públicas
Una respuesta del porqué no se difunden masivamente las cuentas públicas es que contiene información clave que desnuda casi por completo el ejercicio de los recursos financieros y la gestión de las dependencias públicas, y nadie tiene la intención de exponerse al escrutinio público, que es la finalidad de la rendición de cuentas.
Los informes de cuenta pública deben presentarse semestral y anualmente para su revisión ante la AGE, y entre otros debe contener documentos sobre el estado de la situación financiera, la plantilla de personal autorizada que incluya todas las percepciones, la política de ingresos y gastos del año correspondiente, la tarifa de viáticos y la relación de su parque vehicular; las nóminas y listas de raya y el inventario de los bienes muebles e inmuebles.
Asimismo, las entidades fiscalizables deben entregar un comparativo detallado de los ingresos reales contra el presupuesto autorizado y el análisis de las principales variaciones. También con detalle se presentarán por cada uno de los diferentes tipos de ramos federales, fondos de aportaciones y programas que se manejen.
La cuenta pública también incluye la aplicación de los recursos provenientes del gobierno federal por cada ramo o programa y el gasto de administración a detalle pues debe incluir gasto corriente, inversión, financiamientos y otros rubros.
Las dependencias también deberán presentar información relativa a la evaluación al desempeño, en las que se incluyan los indicadores con sus respectivas metas; el avance o cumplimiento del programa operativo anual, y en caso de manejar recursos del ramo 33, deberán presentar los apéndices estadísticos de cada uno de los fondos.
En cuanto a obra pública, las dependencias incluirán en su cuenta pública el programa de inversión anual en obras y acciones, el reporte de los avances físicos y financieros de éstas en el periodo que se reporta, los contratos de obra pública, arrendamientos y prestaciones de servicios y el padrón de proveedores.
Estos son sólo algunos documentos y evidencias que deben presentar las entidades fiscalizables como parte de su cuenta pública. Y aunque aparentemente son entregados de manera periódica a la AGE, los ciudadanos nada saben de éstos.
Acercar las cuentas públicas a los ciudadanos
Las y los ciudadanos pocas veces tienen acceso a estos informes de cuenta pública, en parte por la complejidad y el grado de especialización que se requiere para su interpretación, pero en mayor medida porque no hay la voluntad ni la disposición de difundirlas ampliamente por parte de quienes elaboran, fiscalizan y aprueban estos documentos.
Para hacer posible el escrutinio ciudadano que establecen las diferentes leyes federales y del estado se requiere que instituciones como el ITAIG, la AGE, la Contraloría General del Estado, se pronuncien al respecto y contribuyan a acercar esta información a sectores amplios de la población.
Sería una medida socialmente útil más allá del discurso.

Primer monitoreo a la transparencia de las dependencias de Guerrero

El Sur de Acapulco

De acuerdo con un monitoreo realizado por la organización Comunicación para el Desarrollo Comunitario (Comunica AC), los ayuntamientos ya no son los únicos que se encuentran a la vanguardia de la opacidad en Guerrero, sino que dependencias como el Congreso del estado y los tribunales Superior de justicia y Electoral del estado presentaron también muy bajos niveles de transparencia. Incluso el propio Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero (Itaig), el órgano garante de que se cumpla la ley, no alcanza ni la mitad de las obligaciones de transparencia que le establece la ley.
A siete años de que entró en vigor la Ley de Acceso a la Información Pública del estado, todavía ninguna de las dependencias públicas que tienen la obligación de difundir información, cumple cabalmente con lo que ordena el marco jurídico.
Desde 2006 han pasado dos gobiernos estatales, tres legislaturas en el Congreso, tres administraciones municipales y numerosos funcionarios, pero hasta hoy ninguna dependencia puede jactarse de cumplir cabalmente con el artículo 13 de la ley de transparencia, lo que reduce de manera importante la posibilidad de que la ciudadanía conozca las actividades, programas, presupuestos, etc., que realiza en cada dependencia.
No obstante este evidente desacato, hasta hoy ha habido ninguna sanción ni siquiera una llamada de atención –ni siquiera un monitoreo público- de parte del Itaig que ponga orden y haga cumplir la ley a las dependencias que tienen esta obligación.
El monitoreo
De acuerdo con la ley de transparencia, corresponde al Itaig evaluar que las dependencias públicas cumplan con su información pública de oficio, pero a la fecha este organismo no ha realizado ningún monitoreo y tampoco ha aplicado alguna sanción.
Ante esta pasividad del instituto de transparencia, algunos organismos ciudadanos han tomado la iniciativa para realizar monitoreos de la transparencia en el estado, por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos, el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) cada semestre evalúa el nivel de opacidad de este orden de gobierno. Sin embargo, hasta hoy ninguna organización había realizado y hecho público ningún monitoreo sobre las demás dependencias públicas.
Comunicación para el desarrollo Comunitario es la organización ciudadana que realizó este primer ejercicio de monitoreo, que consistió en la revisión de los portales electrónicos de una muestra de 30 dependencias públicas de las 160 que se registran en el estado. El trabajo se realizó durante la tercera semana de marzo del presente año.
La mecánica de trabajo fue la revisión de las páginas electrónicas de las dependencias muestreadas o seleccionadas para certificar que cumplieran con el catálogo de 22 temas de información que están obligadas a difundir, según el artículo 13 de la ley de transparencia.
Los resultados son significativos, ya que mostraron que no sólo los ayuntamientos se encuentran a la vanguardia de la opacidad, sino que la mayoría de las dependencias públicas del estado presentaron altos niveles de opacidad, pues ninguna cumple plenamente con las exigencias de la ley.
Los resultados
Sólo siete de las 30 dependencias de la muestra registraron más de 50 por ciento de cumplimiento, pero ninguna alcanzó 70 por ciento. Otras 10 instituciones se ubicaron entre 20 y 50 por ciento, y 13 no alcanzaron ni siquiera 20 por ciento de cumplimiento al artículo 13 de la ley de transparencia.
La institución que logró la mayor calificación fue el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa, con un 69 por ciento de cumplimiento de su información pública de oficio; le siguieron, la Secretaría de Finanzas y Administración, con 64.3 por ciento de cumplimiento, el parque Papagayo, con 62.5 por ciento, la Secretaría Particular del Ejecutivo con 60 por ciento, y el Conalep, que obtuvo 58.9 puntos porcentuales.
A la mitad de la tabla quedaron instituciones como la Secretaría de Salud, con 57.1 por ciento, la Secretaría de Desarrollo Rural (51 por ciento), el Consejo Estatal del Cocotero (48 puntos), y Radio y Televisión de Guerrero, Secretaría de Fomento Turístico y la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con 46 por ciento.
Al igual que las evaluaciones que ha realizado el colectivo Cimtra en tres años, los ayuntamientos obtuvieron las peores calificaciones del estudio. Por ejemplo, cinco municipios de la muestra obtuvieron cero de calificación: Zihuatanejo, Cocula, Chilapa, Apaxta y Atlamajalcingo. Mientras que el resto no alcanzó ni un tercio de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia: Chilpancingo, por ejemplo, apenas obtuvo 22.8 por ciento de cumplimiento, Acapulco 21.4 por ciento, Iguala 7.1 por ciento y Taxco con 6 por ciento. Le siguieron Coyuca de Benítez (5.2 por ciento), Tlapa (4.2 por ciento) y Copala (uno por ciento).
Entre las peores calificaciones generales, destacaron las que obtuvieron el Congreso del estado que sólo alcanzó 9.6 por ciento, el Tribunal Superior de Justicia de la entidad, con apenas 6.5 por ciento de cumplimiento, y el Tribunal Electoral del estado, con sólo tres por ciento. Es decir, porcentaje más bajos que algunos ayuntamientos guerrerenses.
Cabe resaltar que el organismo que tiene la función de garantizar que se cumplan los preceptos que establece la ley de transparencia, el Itaig, no cumple ni siquiera con la mitad (48 por ciento) de sus obligaciones de información pública de oficio.
Los temas más opacos
Del catálogo de 22 temas de información pública de oficio que las dependencias están obligadas a poner a disposición del público, hay algunos rubros que han permanecido especialmente opacos, lo que acentúa de manera significativa la falta de transparencia, ya que son temas clave, útiles a la ciudadanía para el seguimiento de las actividades y los avances en el ejercicio del presupuesto.
Por ejemplo, ninguna dependencia cumple plenamente con la obligación de publicar información sobre el presupuesto asignado que además debe ser desglosado por programa, así como tampoco dan a conocer sus informes cuatrimestrales de los últimos tres ejercicios fiscales.
Son muy pocas las dependencias que difunden esta información, y las que sí lo hacen, lo realizan parcialmente porque publican sólo el presupuesto anual general sin desglosarlo por programa. Ninguna dependencia en Guerrero da a conocer los avances cuatrimestrales en el ejercicio de sus recursos.
Otro de los temas en donde se observó una muy acentuada ausencia de información es la que se refiere a los planes estatal y municipales de desarrollo, los cuales deben estar vinculados con sus programas operativos anuales y sectoriales y sus respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas y los avances físicos y financieros de cada una de éstas. Respecto de los indicadores de gestión, agrega la ley de transparencia, deberá difundirse una justificación de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento.
Al respecto, la mayoría de las instituciones omitieron información sobre este tema, o lo que difundieron es muy diferente a lo que exige la ley. Son muy pocas las dependencias que dan a conocer sus planes de desarrollo (el Ejecutivo estatal y un par de  ayuntamientos), pero nadie en el estado desagrega estos planes en programas anuales y menos publican metas e indicadores de gestión, con lo que se reduce sustancialmente o nulifica la posibilidad del monitoreo ciudadano, que es uno de los objetivos propuestos en la ley de transparencia.
En el caso del Ejecutivo del estado, cabe recordar que el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo gastó cuantiosos recursos financieros en capacitación y asesoría para obtener los  indicadores de cada dependencia, pero éstos ya no existen o no son utilizados por la administración de Aguirre Rivero.
Otro de los aspectos que presenta una gran opacidad son los informes de auditorías y otras revisiones que las oficinas públicas deberían publicar cuatrimestralmente; sin embargo, es uno de los puntos más oscuros en la entidad, ya que no sólo las dependencias no dan a conocer esta información, sino que los órganos locales de revisión o fiscalización (Contraloría del estado, Auditoría General del estado) omiten publicarla. La Auditoría Superior de la Federación es la única fuente que da a conocer los resultados de auditorías a dependencias de Guerrero en sus revisiones a los recursos federales.
La publicación de las cuentas públicas y los informes cuatrimestrales o anuales -una vez que sean aprobados por el Congreso del estado-, es otro de los temas opacos entre las dependencias de Guerrero. En el mejor de los casos las dependencias publican un oficio simple donde informan que entregaron este documento a la Auditoría General del Estado, pero no el desglose de la cuenta pública.
En el caso del Ejecutivo del estado, las dependencias informaron que no tienen atribuciones para publicar su cuenta pública, pues argumentan que es una facultad de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado. Pero al revisar el portal electrónico de esta dependencia, solo se observó la cuenta pública general del gobierno del estado, es decir, no hay forma de conocer de manera desglosada los informes de cuenta pública específicos de cada dependencia, para su monitoreo y seguimiento.
Excepto un par de dependencias, en Guerrero nadie da a conocer los contratos o convenios que celebra, y esto debería hacerse mediante un listado que relacione el número de contrato, su fecha de celebración, el nombre o razón del contratante o proveedor, el servicio contratado y el monto del valor total de la contratación.
Tampoco ninguna dependencia da a conocer el nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas a quienes, por cualquier motivo, les entregan recursos públicos federales, estatales o municipales, en su caso, así como el monto correspondiente, no obstante que en el Ejecutivo estatal y los ayuntamientos hay un manejo discrecional de los recursos  a personas y organizaciones.
Hay otros temas del catálogo de información pública de oficio en donde sí se han aplicado las dependencias, pero no es información relevante para conocer su eficiencia y eficacia. Entre otros rubros que sí difunden está el directorio de sus servidores públicos, el marco normativo aplicable a la dependencia, el nombre, domicilio, teléfono y dirección electrónica oficiales del titular de la unidad de transparencia y acceso a la información –que de acuerdo con la ley de transparencia, cada dependencia debe tener-, y el listado de los servicios que ofrece y los programas que administra, incluso los trámites para acceder a ellos y la población objetivo a quien van dirigidos.
Finalmente, entre los hallazgos de este monitoreo realizado por Comunica AC destacó que no hay una actualización ni sistematización permanente de la información, pues la ley de transparencia ordena que la actualización debe ser cuatrimestral y el Itaig “expedirá las normas de operación, los criterios y lineamientos pertinentes con el propósito de establecer formatos sencillos, entendibles y claros para la consulta pronta y expedita de la información”.
Sin embargo, después de siete años dichos lineamientos no existen y la mayor parte de la información que se publica en los portales está desactualizada, y en el caso de las dependencias del Ejecutivo estatal, hay datos que no se han modificado desde la administración de Zeferino Torreblanca Galindo.

Muchas promesas, poca agua en Chilpancingo

El Sur de Acapulco

Chilpancingo no resolverá en este 2013 su problema de abastecimiento de agua potable, no obstante que a principios de 2012, en una visita a esta ciudad capital, el hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto empeñó su palabra con los chilpancingueños de dar solución al histórico problema de falta de agua para uso doméstico.
Aunque se han presupuestado cuantiosos recursos financieros para el ejercicio 2013, los habitantes de la capital no han notado ningún cambio, antes al contrario, en el presente año el problema se recrudeció y se ha vivido una de las peores crisis en la dotación del líquido.
Las dependencias que vigilan la normatividad u operan el servicio de agua potable no atinan a dar certidumbre a los sedientos ciudadanos. Ni el ayuntamiento de Chilpancingo, ni la Comisión Nacional del Agua ni la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del gobierno del estado han hecho público algún programa o conjunto de acciones para dar solución integral al problema del agua; por sus declaraciones, parece que ni siquiera hay una buena coordinación entre ellas, por lo que, aun cuando hay dinero presupuestado como nunca antes, no existe un plan maestro de largo plazo que guíe las acciones de las dependencias que deberían garantizar este derecho a miles de chilpancingueños.
El compromiso de Peña Nieto
En abril de 2012, el hoy presidente Peña Nieto llegó a Chilpancingo como candidato para abordar el que quizás sea el principal problema de la capital, junto con el de la inseguridad: la falta de agua potable.
Durante muchos años, los habitantes de esta ciudad han sufrido la escasez debido a los errores de quienes han tenido en sus manos resolver el problema, y de quienes sólo han toreado el problema, como es el caso de los sucesivos presidentes municipales de los últimos años.
Sin embargo, Peña Nieto, tal vez sin conocer la complejidad del reto que implicaba, se comprometió con los chilpancingueños a resolver el problema, y al estilo de cuando era candidato a gobernador del estado de México, firmó este compromiso ante notario público para “ampliar y acrecentar el abasto de agua potable, para que llegue el agua a todos los habitantes de Chilpancingo”, según consignó la prensa.
Ya con la instrucción presidencial, el director general de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, se reunió con el gobernador Ángel Aguirre y afirmó que “se trabajará para cumplir los compromisos del gobierno de la República en materia hídrica, para atender las necesidades de los habitantes de la entidad. En ese sentido, la Conagua entregará el triple del líquido en las condiciones actuales para Chilpancingo, con miras a continuar así los próximos 15 años”. La declaración del funcionario federal se difundió en un comunicado de prensa de la dependencia.
En la versión que recogió el gobierno del estado sobre este evento y que publicó en su portal electrónico, el director de la Conagua “se comprometió a que en un plazo de un año, con el concurso del gobierno del estado y municipio, Chilpancingo podría triplicar la capacidad de distribución de agua potable para dar respuesta a un añejo reclamo de los capitalinos”.
Sin embargo, el compromiso del titular de la Conagua fue muy temerario, pues es casi imposible que en un año, es decir, en febrero de 2014 se logre traer tres veces más agua a Chilpancingo.
Sin documento rector
Un hecho muy grave para los capitalinos respecto de sus expectativas de contar con un servicio regular de agua, es que no existe un plan maestro de largo plazo que contribuya a guiar las acciones y las obras que progresivamente deben realizarse para aliviar el problema, lo que pone en riesgo las grandes inversiones que por vez primera presupuestó el gobierno federal.
En ninguna dependencia municipal, ni del gobierno del estado ni de la federación se encontró evidencia de que se haya elaborado dicho plan maestro, no obstante que la falta de agua en la ciudad es un problema que tiene muchos años, lo que parece revelar que este asunto se está atendiendo de manera improvisada.
Tanto al ayuntamiento, como a la Conagua y a la Capaseg se les requirió, por la vía de una solicitud de información, la presentación de este plan maestro. Sin embargo, los tres órdenes de gobierno respondieron que no existe un documento como el que se solicitó.
En el caso de la Capaseg, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información emitió un resolutivo donde señaló que “la información solicitada relativa al plan maestro de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, jurídicamente no ha lugar a ordenar su entrega, debido a que la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero declaró la inexistencia de la citada información, en virtud de que no se tienen los elementos de convicción que permitan revelar su existencia”.
Por su parte, la Conagua también respondió que no cuenta con un documento de planeación para resolver el problema de agua potable. El Comité de Información de esa dependencia indicó que “en cumplimiento a la resolución del Pleno de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (…) determinó procedente confirmar la inexistencia de la información relativa a ‘plan maestro para el abastecimiento de agua potable para Chilpancingo, y el desglose de la inversión que fue anunciada por el gobierno federal para el abastecimiento de agua potable, por monto y acciones a realizarse, en 2013 y en los próximos años’”.
Finalmente, el ayuntamiento de la capital, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo, contestó al requerimiento de información sobre la entrega del plan maestro para el abastecimiento de agua para Chilpancingo “que no se cuenta con dicho documento, existe el proyecto de elaboración para el presente ejercicio de manera conjunta entre Capaseg y Conagua”.
No obstante la respuesta de la Capach, en mayo el alcalde Mario Moreno mencionó que existe un proyecto integral de agua para esta capital, autorizado por el Presidente de la República, y cuyos trabajos terminarían en el 2015 con una inversión general de mil 50 millones de pesos.
Las evidencias anteriores indican que no se tiene un documento rector que permita una adecuada planeación de acciones para la resolución de manera integral del problema y que garantice el ejercicio eficaz de los recursos financieros.
¿De dónde traer agua?
No obstante que se anunciaron mil millones de pesos de inversión, a la fecha no se cuenta con una fuente segura y suficiente que permita traer más agua a la capital, lo que genera gran incertidumbre sobre si se resolverá el problema en el corto plazo.
El subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua, Oscar Jorge Hernández López, dijo en abril pasado que se están determinando las actuales y futuras fuentes de agua, que satisfagan la demanda de la población. Agregó que se realizan estudios hidrológicos y de calidad del agua, y de manera específica se refirió a que se ha considerado “iniciar un estudio en la cuenca La Esperanza, en Mochitlán-río Azul, y el río Mezcala.
Por su parte, el alcalde Mario Moreno informó que el agua del río Balsas podría ser la nueva fuente de captación ya que aportaría por lo menos 600 litros por segundo adicionales. No descartó otras fuentes de captación como Azinyahualco (cuyos habitantes se negaron a que de su territorio se extraiga el líquido para surtir a la capital), la perforación de más pozos en el sistema Mochitlán, el bombeo de más agua de Acahuizotla y El Borbollón entre otras.
Ante la falta de certeza sobre la fuente de abastecimiento, tanto la Conagua como el ayuntamiento anunciaron que “primero vamos a fortalecer las redes de distribución interna”, ya que se ha diagnosticado que por el mal estado en el que se encuentran, se desperdicia una gran cantidad del líquido.
El alcalde Mario Moreno destacó que las tuberías tienen hasta 60 años de antigüedad, y por ello se encuentra taponada o destruida, lo que impide que el agua llegue a las llaves de la población, o en otros casos se desperdicia por las fugas, aunado al mal estado de las válvulas.
Asimismo, el subdirector general de la Conagua precisó que en Chilpancingo se rehabilitarán de manera integral 27 kilómetros del acueducto Acahuizotla, que se encuentra muy deteriorado; 15 kilómetros de líneas de interconexión entre tanques; rehabilitación y equipamiento de tres plantas de bombeo; la construcción de un tanque, la rehabilitación de 40 kilómetros de la red de distribución y de 320 válvulas y cajas de operación.
La danza de los millones
Luego de que el candidato Peña Nieto hizo su compromiso con los habitantes de Chilpancingo, comenzaron a manejarse diferentes cifras para resolver el complejo problema de la falta de agua.
Por ejemplo, a principio de febrero, el gobernador del estado, el presidente municipal capitalino, el director de la Capaseg y el titular de la Conagua “acordaron revisar y concretar proyectos en materia de abastecimiento e infraestructura de agua potable y alcantarillado para el municipio de Chilpancingo con una inversión este año de 590 millones de pesos”, según el boletín de prensa del gobierno del estado.
El 22 de marzo, en una reunión con el presidente Peña Nieto para firmar el Convenio de Coordinación entre la federación, el gobierno del estado y el ayuntamiento de Chilpancingo, para incrementar el abasto de agua potable en la ciudad, Mario Moreno dio una cantidad diferente. Señaló que “a través de este convenio, contamos ya en una primera etapa, con 500 millones de pesos para iniciar los trabajos que traerán más agua a la capital”.
Durante la firma de otro convenio, el 19 de abril, el mismo alcalde aseguró que para fortalecer las redes de distribución interna se invertirán 200 millones de pesos, con los que se eficientará el suministro.
Finalmente, en mayo dijo que “de acuerdo con el proyecto integral de agua para Chilpancingo, los trabajos terminarían en el 2015 con una inversión global de mil 50 millones de pesos”.
Opacidad en el sector
Coincidentemente, las tres dependencias a las que recurrimos para solicitar información sobre las acciones para resolver el problema de agua en la capital de Guerrero, omitieron o retardaron la información que se les requirió, por lo que en los tres casos se presentaron recursos de revisión o quejas ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, en el caso de las dependencias del estado, y ante el IFAI, en el caso de la Conagua.
El ayuntamiento de Chilpancingo, además de que no cuenta con un medio electrónico para la recepción y respuesta de solicitudes de información como lo ordena la ley, no entregó la propuesta de inversión del municipio del ejercicio 2013 ni el plan municipal de desarrollo 2012-2015 de Chilpancingo, no obstante que son documentos a todas luces públicos. Esta información hubiera sido útil para dar a conocer la planeación del ayuntamiento y las inversiones del presente año en materia de agua potable.
Por su parte, la Capaseg no respondió al requerimiento de información que se le presentó. La dependencia argumentó “que con motivo de la toma de las instalaciones del Palacio de Gobierno por los maestros de la CETEG (…) es probable que los servidores del sistema  (Infogro) hayan quedado desactivados y por ello se nos dificultó el acceso al mismo”.
Finalmente, la Conagua sin mediar explicación omitió responder a la petición del “plan maestro para el abastecimiento de agua potable para Chilpancingo, y el desglose de la inversión que fue anunciada por el gobierno federal para el abastecimiento de agua potable, por monto y acciones a realizarse, en 2013 y en los próximos años”, por lo que el IFAI, luego de presentar una queja en contra de la Conagua, obligó a la dependencia a declarar la inexistencia de esta información.

Continuaron irregularidades en el Seguro Popular con AAR (II y última)

El Sur de Acapulco

Aunque durante los últimos años de la administración de Zeferino Torrreblanca Galindo se denunciaron graves irregularidades en las finanzas y la operación del programa Seguro Popular, en el primero de Ángel Aguirre Rivero nada se corrigió y continuaron los manejos poco claros en este programa tan importante para los guerrerenses.
Lo anterior se desprende de la más reciente revisión financiera y de cumplimiento que realizaron la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría General del Estado de Guerrero al Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como programa Seguro Popular, en el ejercicio 2011.
De acuerdo con el informe de resultados emitido por el órgano fiscalizador de la federación, en el primer año de la administración de Aguirre Rivero se encontró un subejercicio de 42 por ciento del presupuesto federal transferido al gobierno del estado para el Seguro Popular. (http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gasto_Federalizado/2011_0767_a.pdf)
Según la misma fuente, los recursos federales enviados al estado durante 2011, por concepto de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal para este programa, fueron del orden de 1,903.7 millones de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2011, se devengaron 1,104.3 millones, lo que representó el 58 por ciento de los recursos transferidos.
La ASF señaló que este subejercicio en el Seguro Popular no es nuevo y se trata de una “reincidencia”, ya que también fue observado en la cuenta pública del 2010; es decir, mientras el presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2011 fue de 58 por ciento, un año atrás, en 2010, apenas fue de 55.5 por ciento.
De los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2011, se gastaron 51.8 por ciento en remuneraciones al personal, 30.2 por ciento en medicamentos, materiales de curación y otros insumos, 7.7 por ciento en pagos a terceros por servicios de salud; y 6.6 por ciento en gasto operativo en unidades médicas.
En su primer informe de gobierno correspondiente a 2011, el gobernador Aguirre Rivero no mencionó ni una palabra de este subejercicio, simplemente destinó dos párrafos al programa para mencionar que “el Seguro Popular tuvo un financiamiento en gasto corriente de 1,769 millones 281 mil pesos y en inversión 128 millones 775 mil pesos, con el fin de fortalecer la red de prestadores de servicios”.
Y destacó en aquella ocasión que “el Seguro Popular, a través de la campaña intensiva de afiliación, favoreció a 305,560 nuevas personas, con lo cual se alcanzó la meta máxima de 2,279,358 guerrerenses, cantidad que superó las metas requeridas para la declaratoria de la cobertura universal por parte del Gobierno Federal”.
Pero la pregunta es de qué manera atendió a esos 2.2 millones de personas que presumió en su informe de gobierno, si al concluir 2011 había gastado apenas poco más de la mitad del presupuesto que le envió la federación.
El Seguro Popular en Guerrero, sin controles
Una de las observaciones más relevantes de la ASF al programa es que en Guerrero  no se cuenta con mecanismos que aseguren la aplicación de la normatividad en la gestión y aplicación de los recursos federales del Seguro Popular, ni tampoco se tiene un código de ética que regule el actuar de los empleados a cargo de la operación.
Otro de los problemas graves es que no se subsanado la falta de controles -que persiste desde el gobierno anterior- para evitar tanto la adquisición de medicamentos a un precio superior al de referencia como la compra de medicinas no consideradas en el catálogo universal de servicios de salud; de hecho, es en este punto donde se observa mayor discrecionalidad para el desvío de recursos.
El órgano fiscalizador federal también señaló que en Guerrero no se tienen implementados controles para asegurar que los médicos especialistas cuenten con la documentación que avale la especialidad correspondiente ni tampoco se han instrumentado acciones que aseguren que se proporcione  información sobre la adquisición de medicamentos en forma completa y oportuna y sobre los avances en el ejercicio de los recursos transferidos se envíen de manera oportuna a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
De esta manera, la ASF concluyó que el control interno para la gestión de los recursos federales del Seguro Popular en Guerrero es deficiente, ya que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y la transparencia en su operación.
Destino de los recursos
No obstante las observaciones a la operación del Seguro Popular en el gobierno de Zeferino Torreblanca, en 2011 continuaron ejerciéndose recursos para pagar conceptos no autorizados por este programa. Así, por ejemplo, se destinaron recursos por 34.9 millones de pesos para el pago de facturas que amparan gastos que no correspondía pagar con recursos del Seguro Popular 2011.
También sobre el destino de los recursos, la auditoría de la ASF observó que el gobierno del estado ejerció 24.8 millones de pesos en conceptos no pactados para su pago con recursos del programa como son: bono de fin de año para el personal regularizado (21.9 millones), bono del trabajador (1.8 millones); bono día del trabajador de salud a personal eventual (584 mil pesos); bono día del trabajador del personal del gasto de operativo y del apoyo administrativo (243 mil pesos); ayuda para lentes y tesis (138 mil); bono día de las madres (97 mil pesos); día de reyes (54 mil pesos).
Junto con esta irregularidad, la revisión a la operación del Seguro Popular encontró que 38 empleados de la oficina central Chilpancingo no estaban directamente involucrados en la prestación de servicios de atención a los afiliados al programa, por lo que se realizaron pagos indebidos por 4.3 millones de pesos.
Igualmente, se pagó poco más de un millón de pesos en remuneraciones de nueve servidores públicos adscritos al Servicio Médico Forense de Chilpancingo y de Taxco, es decir, a áreas no autorizadas para financiarse con recursos del Seguro Popular.
En el caso de impuestos que debieron ser enterados a la federación, se encontró que el gobierno del estado retuvo a los trabajadores del Seguro Popular 16.9 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero la ASF no encontró evidencia de que se hayan enterado.
Adicionalmente, durante la revisión se verificó que no se enteraron al Servicio de Administración Tributaria 3.2 millones de pesos por concepto de ISR retenido por salarios.
También se observó que el gobierno estatal ejerció 35.7 millones de pesos para el pago de aportaciones patronales al Issste, Fovissste, sistema de ahorro para el retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ahorro solidario y seguro colectivo, es decir, conceptos no autorizados dentro del Seguro Popular.
Incluso, una de las “promociones” de la ASF fue dirigida al Sistema de Administración Tributaria para que instruyera a “quien corresponda con el propósito de que audite al Gobierno del estado de Guerrero (…) a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”  debido a que el estado no había enterado al SAT 3.2 millones de pesos por concepto de ISR retenido por salarios pagados y no había identificado haber enterado casi 17 millones de pesos.
Adquisiciones irregulares
Respecto a la adquisición de medicamentos, también se encontraron irregularidades. Por ejemplo, el gobierno del estado pagó 984 mil pesos en la compra de medicamentos no considerados en el programa, y además erogó 4.1 millones para la adquisición de medicamentos con un precio superior al de referencia. Esta observación es señalada por la ASF como una reincidencia, ya que es una práctica que el gobierno del estado no ha desterrado desde el gobierno del Zeferino Torreblanca.
Hay que recordar que en el ejercicio 2009, la organización Fundar, centro de investigación y análisis, descubrió que el gobierno del estado adquirió el medicamento Enalapril (30 tabletas 10mg), de 2.55 pesos, que era su precio de referencia, a 129.89 pesos.
En casi todas las observaciones, la ASF informa que en el transcurso de la auditoría, el gobierno del estado “proporcionó información y documentación con la que aclaró y justificó” el dinero gastado de manera irregular y además “acredita el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria del programa”, sin explicar de dónde obtuvo el gobierno del estado los recursos para resarcir la irregularidad detectada.
También en prácticamente todos los casos, la ASF advierte que “la Contraloría General del estado inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos”. Sin embargo, nadie sabe nada sobre los procedimientos ni mucho menos de sus resultados, por lo que no hay claridad sobre las consecuencias de la intervención del órgano fiscalizador federal.
Adquisiciones sin licitación
El gobierno del estado adjudicó de manera directa la adquisición de bienes por 230 millones de pesos, cuando por el monto del contrato debió adjudicarse por licitación pública; además, en el expediente no se localizó, ni el gobierno del estado presentó evidencia de que el proveedor contratado se encontraba inscrito en el padrón de proveedores de la administración pública estatal.
Tampoco se presentó el expediente técnico que ampare los procesos de licitación, adjudicación y contratación de la empresa a la que se le realizaron pagos por 176.2 millones de pesos por compra de medicamentos y material de curación, lo cual limitó la fiscalización para emitir una opinión sobre la razonabilidad de las operaciones realizadas.
En el informe de revisión, el gobierno del estado argumenta que este expediente técnico que contiene documentos sobre la contratación de la empresa se extravió, por lo que presentó un acta ministerial emitida el 3 de agosto de 2011, mediante la cual denunciaron el extravío del expediente técnico que contiene documentos oficiales correspondientes a la contratación con la empresa.
Poca transparencia
Finalmente, de acuerdo con la ASF, el gobierno del estado no cumplió con las obligaciones señaladas en la normatividad federal de enviar los informes trimestrales de la compra de servicios a prestadores privados, ni los semestrales de la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos; y los mensuales del avance del ejercicio de los recursos transferidos y el correspondiente al listado nominal de las plazas pagadas no se enviaron de manera oportuna.
Toda esta información tampoco se publicó en las páginas de internet de los Servicios de Salud ni del gobierno del estado en el apartado correspondiente al Seguro Popular.
Esta ha sido una práctica que viene desde el gobierno estatal anterior, ya que el órgano fiscalizador federal subrayó que esta anomalía observada en 2011 también fue encontrada en la revisión de la cuenta pública 2010.
A propósito del segundo informe
“Con los programas Guerrero Cumple Uniformando y Útiles Escolares, se atendió en su totalidad a la población estudiantil de 4,634 escuelas públicas de primaria, entregando 507,018 paquetes escolares, con un presupuesto de 101 millones 876 mil pesos”.
Es decir, que cada paquete costó 201 pesos. Habría que preguntar qué recibieron y qué piensan los padres de familia de este costo.