Los apoyos a damnificados por los sismos, sin claridad

Marcos Méndez Lara
El Sur de Acapulco

Aunque los gobiernos federal y estatal anunciaron cuantiosos recursos financieros para apoyar a los miles de damnificados que sufrieron daños parciales o totales en sus viviendas por el sismo del 20 de marzo de 2012, lo cierto es que no hay ninguna claridad sobre los diferentes apoyos que se han brindado ni el número de beneficiarios  ni cómo han sido aplicados estos recursos.
Las dependencias federales y del gobierno del estado han hecho un manejo disperso y confuso de la información, de tal manera que no hay ninguna certeza de que los recursos se hayan canalizado a quienes realmente lo necesitan o que se hayan evitado los criterios partidistas.
De los “comités comunitarios de transparencia”, únicos actores no gubernamentales para vigilar la entrega de apoyos, no hay evidencia de que estén funcionando y en todo caso son insuficientes para vigilar la gran cantidad de recursos financieros que se ejercen en la región.

Los recursos del Fonden

El 26 de marzo, la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia para 19 municipios del estado de Guerrero tras el sismo de 7.4 grados richter ocurrido el 20 de marzo, con lo que se activaron los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). A partir de esta declaratoria, las autoridades tendrían recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.
De acuerdo con datos de esta dependencia, la población que resultó afectada fue de 32,716 personas de 19 municipios de la Costa Chica y Montaña.
Para apoyar de manera inmediata a esta población, con recursos del Fonden se entregaron 26,179 despensas, 27 mil cobertores, 27 mil colchonetas, 20,120 pacas de láminas de cartón, 26,499 láminas galvanizadas, 10 mil litros de agua, 5 mil kits de limpieza y 6 mil kits de aseo personal, entre los apoyos más importantes. Según el Fonden, estos artículos tuvieron un valor de 19.8 millones de pesos y fueron parte de los apoyos inmediatos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Fonden.
Sin embargo, a Guerrero también se le autorizaron recursos financieros para realizar acciones de reconstrucción por 448.3 millones de pesos, de los cuales el Fonden aportaría 224.8 millones y el gobierno del estado 223.5 millones de pesos.
Estos recursos se invertirían en vivienda (420.2 millones de pesos), gastos de evaluación de vivienda (1.8 millones), reparación de carreteras (8.4 millones), infraestructura educativa (8.6 millones) e infraestructura de salud (9.1 millones de pesos).
Días más tarde, debido a las réplicas del sismo del 20 de marzo, se autorizó una ampliación por 18.5 millones, para un gran total de 466.8 millones de pesos, de los que el Fonden aportó 237.1 millones y el gobierno del estado 229.7 millones de pesos. Cabe mencionar que no se registra ninguna otra aportación de alguna dependencia federal.
El boletín de prensa donde se anunció la declaratoria de emergencia destacó que “los suministros de auxilio que se autoricen y adquieran (…) son ajenos a los procesos electorales y a los partidos políticos. Éstos tienen como exclusiva finalidad el apoyo a la población afectada, por lo que queda estrictamente prohibida la utilización de los mismos con fines distintos a la pronta y efectiva respuesta ante la situación de emergencia”. Sin embargo, hay información confusa, que pone en duda que así se haya hecho.

La ayuda local

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del gobierno del estado informó que entregó diversos apoyos sociales como despensas, cobertores, agua, láminas galvanizadas, pacas de láminas de cartón, colchonetas , entre otros,  destinados a 48,129 personas de 20 municipios. También brindó apoyo psicológico, entregó “aparatos funcionales diversos”, y proporcionó consultas y canalizaciones de pacientes a hospitales.
Sin embargo, no informó sobre el costo de estos apoyos “ya que el DIF Estatal solamente coordinó la entrega de los apoyos”, dice la dependencia en su respuesta a una solicitud de información.
Por su parte, la Secretaría de Finanzas y Administración informó que hizo entrega de despensas por 1.6 millones de pesos, lonas para techos con un importe de 5.6 millones; pacas de láminas con un valor de 2.4 millones, para un total de 9.6 millones de pesos.
La Secretaría de Desarrollo Social federal, a través del programa de empleo temporal inmediato, gastó 39.8 millones de pesos para 19,982 beneficiarios cuyas viviendas sufrieron algún tipo de daño, esto equivale a 1,180 pesos a cada beneficiario.
Adicionalmente la delegación estatal de la Sedesol hizo entrega de 52 mil láminas de fibrocemento y 8,100 láminas galvanizadas.

Inconsistencia en los datos de la Sedesol

Las diferentes áreas de la Secretaría de Desarrollo Social federal que brindaron apoyo a la población afectada no coinciden en sus cifras. Por ejemplo, la delegación estatal informó que se registraron un total de 18,753 viviendas afectadas (12,042 con daño menor, 4,259 con daño parcial y 2,452 con daño total).
En el caso de las viviendas con daño parcial se invirtieron 119.2 millones de pesos, mientras para las que sufrieron daño total los recursos canalizados son por 294.2 millones, para un gran total de 413.4 millones de pesos.
Sin embargo, otra área de la propia Sedesol federal, la Dirección General de Desarrollo Territorial señala que además de brindar “asesoría al gobierno del estado sobre evaluación de daños en viviendas” , gestionó recursos para “la reconstrucción de 6,711 viviendas ante el Fonden apoyando a igual número de familias, en 390 localidades de 32 municipios, con un monto de 431.8 millones de pesos”.
Es decir, entre los datos de la delegación estatal y la Dirección General de Desarrollo Territorial, ambas de la Sedesol federal,  hay una diferencia de poco más de 12 mil viviendas afectadas  y de 18.4 millones de pesos de inversión en la reconstrucción de casas.
En el portal electrónico del Fonden se indica que del total de recursos destinados a la reconstrucción de viviendas por 430 millones de pesos, el gobierno del estado y el Fonden invertirán en partes iguales; pero no menciona que la Sedesol federal aportará alguna cantidad para estas acciones, como lo asegura la delegación de esa dependencia en Guerrero.
Otro de los datos que no coinciden es que la Dirección General Ajunta de Seguimiento a Programas de la Sedesol federal informó que “la Unidad de Microrregiones también se encuentra realizando acciones con sus respectivos programas”, pero la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, también de la Sedesol federal, contradice esto al informar que “la Unidad de Microrregiones después de realizar la búsqueda en los archivos correspondientes, informan que no encontraron información al respecto”, es decir sobre el apoyo brindado durante el sismo del 20de marzo.

La versión de la Sedesol estatal

En el ámbito estatal tampoco coinciden las cifras. En respuesta a una solicitud de información, la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado informó que se destinaron 700 millones de pesos a la atención de los daños parciales y totales en las viviendas, de los cuales 350 millones serían aportados por el gobierno estatal y el resto por la Sedesol federal.
Estos datos no coinciden con los 430 millones de pesos que informa el Fonden para el mismo fin ni con los 413.4 millones que registra la delegación estatal de la Sedesol.
Asimismo, la Sedesol estatal recomendó acudir a la Sefina porque ésta se encontraba “en posibilidades de informar de qué partidas presupuestales se utilizó dicho recurso”. Cabe mencionar que éste es un recurso muy utilizado por las dependencias del Ejecutivo del estado para no informar respecto de las finanzas públicas estatales, y generalmente se refieren a la Sefina como la dependencia a la que se debe solicitar este tipo de información.
Por tal motivo, se presentó una solicitud para conocer el monto de los recursos del gobierno del estado para la atención de los daños, dependencias que ejecutaron el gasto y los conceptos de apoyo que se brindaron.
Pero la Sefina informó escuetamente que apoyó con despensas por 1.6 millones de pesos, lonas para techos con un importe de 5.6 millones; pacas de láminas con un valor de 2.4 millones de pesos. Sólo eso. Y recomendó solicitar la información a las dependencias y entidades estatales Dif, Sedesol, Invisur, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil.

El caso de las viviendas

A finales de junio de 2012, la titular de la Sedesol estatal, Beatriz Mojica Morga, informó que el gobierno del estado se encargaría de construir 1,294 viviendas que presentaron daños totales y 1, 848 con daños parciales, en cuyo proceso participan 53 empresas constructoras del estado. Por su parte el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jorge Enrique Díaz Jiménez, informó que a finales de agosto, habrían de concluirse los trabajos de construcción y rehabilitación de viviendas.
Se presentó entonces una solicitud de información a la Sedesol estatal sobre el presupuesto destinado a la reconstrucción y origen de los recursos; nombre de constructoras que se encargarían de construir las nuevas viviendas; mecanismos y fundamento legal en que se eligieron a dichas empresas; padrón de beneficiarios de vivienda.
Pero la Sedesol estatal afirmó que no cuenta con esta información y sugirió pedirla a la Seduop, dependencia a la que se le presentaron los mismos requerimientos, pero también dijo no tener esos datos  y recomendó solicitarla al Invisur…
Para aclarar este nudo informativo, se solicitó una entrevista con la secretaria de desarrollo social, Beatriz Mojica, entrevista que no negó, pero tampoco concedió.

La vigilancia ciudadana

En abril pasado, el gobierno del estado anunció la integración de comités ciudadanos en cada una de las comunidades afectadas, “para garantizar que los apoyos que se están entregando sean de manera transparente y directa a las familias que salieron perjudicas por el terremoto del pasado 20 de marzo”. De acuerdo con el boletín de la Sedesol estatal, los comités ciudadanos tienen la finalidad de que los propios habitantes de las comunidades vigilen la entrega de los apoyos a las familias que fueron afectadas.
Para conocer más sobre estas figuras comunitarias, se presentó una solicitud de información sobre el número de comités constituidos, comunidades y municipios donde se instalaron, funciones y formas de operación, así como los reportes, informes o evaluaciones entregados por estos comités.
La Sedesol estatal respondió que se integraron 43 “comités comunitarios de transparencia” en 16 municipios de la Costa Chica y Montaña.  “Esto permitió, dijo la dependencia, que no hubiera ningún tipo de desvío de los materiales entregados en cada comunidad. Lo anterior en virtud de que los integrantes de estos comités son los que mejor conocen a los ciudadanos de su comunidad”.
Sin embargo, la dependencia no entregó ningún reporte, informe o evaluación formulado por estos comités, por lo que no se descarta que estas contralorías sociales, al igual que en otros programas sociales, sean sólo decorativas. No hay evidencia de lo contrario.
Al cruzar la información, se encontró que en municipios reportados con alto número de viviendas afectadas por el siniestro no se reportó la integración de comités comunitarios de transparencia, como Ometepec (2,579 viviendas dañadas parcial o totalmente), Xochistlahuaca (1,007 viviendas afectadas) o San Luis Acatlán (454 casas).
En cambio, en municipios con menos reportes de daños a viviendas si se integraron los comités comunitarios, como es el caso del municipio de Olinalá (con cinco viviendas dañadas), Tlalixtaquilla (no reporta daños en viviendas) y Copanatoyac (con 27 reportes de viviendas afectadas).

Los números detrás de la formación de maestros

Marcos Méndez Lara
El Sur de Acapulco

En la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa son muy pocos los que conocen el monto y los conceptos en que se gasta el presupuesto destinado a este centro educativo. Ni siquiera el director de la escuela conoce con detalle los recursos que se invierten, ya que la mayor parte de éstos son ejercidos de manera directa por la Secretaría de Educación en Guerrero, y él, como autoridad formal, prácticamente no tienen ninguna injerencia en la administración del dinero.

Esta falta de información hacia los alumnos, maestros, directivos y padres de familia sobre lo que sucede con el presupuesto y la manera discrecional como se manejan los recursos se suma a los numerosos problemas que aquejan a la institución –algunos incluso son consecuencia de esta práctica-, como la baja calidad educativa, instalaciones abandonadas, falta de equipo, deficiencias que la colocan en un estado vulnerable tal que los más críticos de este tipo de educación lo utilizan como argumento para demandar la desaparición de la escuela.
El ejercicio del presupuesto de la normal de Ayotzinapa se ha convertido en un mecanismo de control de las autoridades educativas, pero también esta discrecionalidad es motivo de la constante movilización de los alumnos que buscan arrancar parte de esos recursos para la cobertura de sus demandas. Un juego que ha sido muy costoso, no sólo para la calidad educativa y el prestigio de la escuela, sino por las “molestias” que provocan las movilizaciones  de los jóvenes en un sector de la sociedad y sobre todo, por el lamentable saldo de estudiantes heridos y fallecidos a lo largo de varios años.

La danza de las cifras

Existen nueve escuelas normales públicas en el estado, con una matrícula de ingreso de 790 jóvenes. También operan tres centros de actualización del magisterio (Iguala, Chilpancingo y Acapulco) en el que se preparan 910 docentes. Los planteles de la Escuela Normal Rural Raúl I. Burgos de Ayotzinapa y el Centro Regional de Educación Normal Adolfo López Mateos, son las escuelas donde más alumnos ingresan, con 140; le siguen el Escuela Normal Regional de la Montaña con 100 jóvenes, y la Centenaria Escuela Normal del Estado Ignacio Manuel Altamirano, con 90 estudiantes.
Pero también existen 12 planteles privados que se dedican a preparar docentes, por lo que la saturación de esta profesión ya es evidente, debido a la falta de planeación y a la toma de decisiones firmes para promover otras carreras acordes con las necesidades del estado.
En materia presupuestal, nada es claro en la Secretaría de Educación de Guerrero. Los recursos invertidos en las escuelas normales durante 2011 fueron del orden de 46.1 millones de pesos, de los cuales 10.1 millones se destinaron a la Normal de Ayotzinapa.
Sin embargo, los presupuestos que anuncia la Secretaría de Educación de Guerrero para los ejercicios de 2005 a 2011, destinados a la Normal de Ayotzinapa tienen una trayectoria errática. En 2005, por ejemplo, se le asignó un presupuesto global de 6.1 millones de pesos (no incluye los salarios de los docentes) y en 2011 fue de 10.1 millones. Sin embargo, en 2007 se registra un presupuesto de 10.8 millones de pesos (mayor que el de 2011) pero al año siguiente disminuye a 4.4 millones de pesos.
Si son ciertos los datos que ofrece la dependencia –obtenidos por una resolución del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, luego de que la SEG no atendió en tiempo una solicitud de información- los recursos para la alimentación de los alumnos son bajísimos, ya que en 2005  se presupuestaban 2.2 millones de pesos anuales que equivalían a 17.90 pesos por alumno por día, si se calculan 500 alumnos durante 250 días en un año. El caso más dramático es el de 2008, cuando se tienen registrados 1.1 millones de pesos para alimentación de los jóvenes, lo que equivale a 9.1 pesos diarios.
Asimismo, el dinero destinado al mantenimiento del plantel es muy reducido. En 2005, 2008 y 2011, por ejemplo, la SEG no registra ninguna cantidad para este concepto, mientras que en 2009 y 2010 se tienen montos de 9 mil 300 y 2 mil 200 pesos, respectivamente. Hay un año atípico, 2007, en el que se invirtieron 678 mil 295 pesos.
Independientemente de estas cifras, personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos visitó el plantel y observó que “las condiciones de uso y mantenimiento en las que se encontraban (las instalaciones de la escuela) no cumplían con los requisitos de higiene y salubridad que permitiera la existencia de un ambiente digno y decoroso para el ejercicio efectivo de los derechos a la educación, protección a la salud, vivienda y desarrollo”.
Estos bajísimos presupuestos y situación de las instalaciones contrastan con el anuncio que hizo el gobernador del estado, en junio pasado, para destinar 30 millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura de la Normal Raúl Isidro Burgos.

La información como control

De acuerdo con el director de la Normal de Ayotzinapa, Humberto Santos Bautista, en el plantel trabajan 162 personas, de las cuales 52 son docentes y el resto son personal administrativo y de intendencia (veladores, médicos, cocineros). Los salarios que perciben son de lo más variado, ya que van de los 3 mil pesos mensuales que obtienen algunos empleados que están por contrato, hasta 30 mil pesos que ganan los profesores que se ubican en las categorías más altas y cuentan con tiempo competo.
Santos Bautista reconoció que a él no se le toma en cuenta para  el ejercicio de los recursos. “Hay un presupuesto global para la escuela, pero no se conoce exactamente a qué rubros se destina. Por ejemplo, además de la comida, hay gastos para uniformes deportivos, para la escolta y esto sale directamente de la SEG o esta misma dependencia hace las compras; pero hay otros rubros como los recursos que los chamacos reciben para clausura, su aniversario, para el día del maestro, para el día de las madres, etc., esto la secretaría lo negocia directamente con los estudiantes. No está mal que los estudiantes desarrollen sus capacidades autogestivas, pero hay que hacerlas trasparentes.”

Revisión al FAEB

El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) se integra con recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados para que éstos presten los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros.
Aunque son recursos “etiquetados”, es decir, destinados  a financiar acciones específicas del ramo educativo,  los gobiernos estatales con frecuencia los utilizan como propios. En el caso de Guerrero, según la revisión que realizó la Auditoría Superior de la Federación al FAEB del ejercicio 2010, el 4.1% del total de recursos ejercidos del FAEB se destinó a rubros que no corresponden a los fines de la educación básica o normal; y ejemplifica que 0.5% del total de trabajadores financiados con FAEB corresponde a personal que no imparte directamente educación básica y normal (304 trabajadores), de los cuales, 0.6% estuvo comisionado a las agrupaciones sindicales diversas (414 personas).
En términos generales, la ASF consideró que el gobierno del estado de Guerrero no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, y destacó los siguientes: pagos a centros de trabajo no financiables por el FAEB por 7.6 millones de pesos, pagos a trabajadores asignados en un centro de trabajo no localizado en el catálogo general por 128 mil 900 pesos; pagos a categorías no financiables con el fondo por 159.8 millones; pagos a personal que no contó con el contrato respectivo de honorarios y realizar pagos por compensaciones las cuales no se encuentran estipuladas en los contratos por 70.5 millones.
Asimismo, pagos por concepto de estímulos, bonos y compensaciones los cuales no son financiables con el fondo por 83.4 millones de pesos, pagos a empleados que contaban con algún tipo de licencia sin goce de sueldo por 2.7 millones; pagos a empleados que se encuentran comisionados a alguna sección sindical por 51 millones; pagos a empleados que cuentan con distinto nivel de carrera magisterial al reportado por 7.6 millones.
La ASF también reportó pagos de diversos gastos de operación a partidas no financiables con el fondo por 63.6 millones de pesos; pagos de cuotas SAR, FOVISSSTE de ejercicios anteriores a 2010 por 230.6 millones; pagos por concepto de intereses, recargos y actualizaciones de cuotas ISR, IVA, SAR, FOVISSSTE e ISSSTE de los ejercicios 2001 al 2010 por 44.4 millones de pesos, y pagos a 14 trabajadores comisionados al SNTE y no identificados como personal laboral por 5.4 millones de pesos.

La transparencia como demanda

La transparencia del presupuesto de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se ha convertido también en una demanda del pliego petitorio de los estudiantes de ese plantel, según se reseña en la información que publica el gobierno del estado en su página electrónica.
De acuerdo con esta fuente, en una de las reuniones de junio pasado entre autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero y el comité estudiantil de la normal se acordaron una serie de puntos, entre los que destaca que “se entregará (a los estudiantes) información sobre el presupuesto solicitado, asignado y ejercido para la Normal a partir de 2011, así como del que se entrega mensualmente para los gastos de la escuela en 2012”.
Durante esta reunión se acordó también “la entrega de información relativa a los presupuestos designados por las diversas dependencias que están vinculadas a la Normal, con la finalidad de fortalecer la transparencia en la aplicación de dichos recursos, además de que se deberá considerar en los presupuestos raciones para días inhábiles y guardias vacacionales para 200 alumnos”
Otro de los puntos fundamentales es la intervención que podrán tener los jóvenes en cualquier proyecto educativo que se realice en la escuela normal, pues acordaron que “los proyectos que atiendan la agenda educativa de la Normal de Ayotzinapa deberán ser conocidos por el Comité Estudiantil, y que se asegure su participación en el diseño y ejecución de programas académicos y actividades relativas a la calidad educativa de esa institución”.

Un proyecto educativo diferente

Además de la transparencia y de la rendición de cuentas de todas las actividades y recursos en la Normal de Ayotzinapa, otro de los factores para contribuir al fortalecimiento de la escuela es el desarrollo de un proyecto educativo diferente, que a decir de Santos Bautista, fue el motivo por el que aceptó hacerse cargo de la dirección del plantel.
“Un proyecto académico que incluya formación docente adecuada a las necesidades actuales, ya que Ayotzinapa es una escuela para formar maestros rurales en un estado eminentemente rural, pero paradójicamente con mucho desconocimiento de la situación rural por parte de maestros y funcionarios de la propia SEG. Y cuando digo que no conocen, no me refiero a las rutas o caminos, sino que culturalmente desconocen todo sobre estas comunidades, hay una desvinculación con el medio rural”
Agregó el directivo de la escuela normal que para desarrollar un proyecto de esta naturaleza es necesario conjuntar voluntades, pues si la sociedad no exige maestros mejor formados, si no exige transparencia en los recursos que se invierten, y si el gobierno no impulsa y apoya este proyecto, no se podrá avanzar mucho.
Este trabajo para diseñar y proponer un nuevo proyecto académico en la Normal de Ayotzinapa que impulsa Santos Bautista tiene su sustento en una de las recomendaciones emitidas por la CNDH al gobierno del estado: “Se revisen las políticas públicas en materia educativa, con el objetivo de que los alcances de éstas beneficien a todos los habitantes del estado de Guerrero, y se implemente un programa emergente que atienda las necesidades de las escuelas normales rurales, especialmente la “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa”.
“Lo que sí me queda claro –concluye Humberto Santos Bautista- es que si no hay un cambio en la educación para maestros no sé qué vaya a pasar con la institución, y no solo habló de Ayotzinapa, sino de todas las normales y de la educación en general. Creo se tiene la oportunidad histórica con base en la recomendación de la CNDH, y si la escuela logra transformarse, va a ser un referente no sólo estatal sino nacional. Desde luego es un cambio cultural difícil porque toca intereses, complejo por los diferentes actores que intervienen, pero no hay otra alternativa, debe darse ese cambio, esa transformación educativa integral en el que todos participen y que contemplen un proyecto vinculado a las necesidades del estado para que los alumnos encuentren un espacio de trabajo”.

 

 

El ayuntamiento de Chilpancingo concluye su gobierno en la opacidad

El Sur de Acapulco

Marcos Méndez Lara

El ayuntamiento que gobierna al segundo municipio más importante del estado, Chilpancingo, mantuvo durante tres años y medio un perfil de opacidad en sus finanzas y en el ejercicio de los recursos públicos.

La  manera oscura en que manejan las licitaciones para la compra de fertilizante, los resultados de la revisión a la cuenta pública del ayuntamiento capitalino emitidos por la Auditoría Superior de la Federación y las calificaciones obtenidas por este gobierno en el ejercicio que realiza el grupo Ciudadanos por Municipios Transparentes, son ejemplos de la manera poco transparente en que se ha conducido el gobierno de Chilpancingo.
Esto contrasta con los mensajes de su portal electrónico, en donde el ayuntamiento presume que “en materia de transparencia, Chilpancingo se destaca como el primer Municipio en firmar el convenio institucional de colaboración entre El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (ITAIG)”.
Igualmente, se jacta de haber recibido en febrero pasado un reconocimiento por parte de los comisionados del ITAIG “por apoyar el fortalecimiento de la cultura de la transparencia informativa”. Pero los hechos, dicen lo contrario.

La licitación de fertilizante

El 7 de marzo de 2012 presentamos ante el ayuntamiento de Chilpancingo, una solicitud de información para que entregara, entre otros documentos, las actas del comité de adquisiciones referentes a la licitación del fertilizante que ese gobierno municipal distribuye entre los campesinos. La información que se requirió fue de los ejercicios de 2009 a 2012.
El ayuntamiento respondió hasta el 4 de mayo (fuera del tiempo que establece la ley) con la entrega de varios documentos, que efectivamente sí se solicitaron, pero no entregó ninguna información sobre la licitación del fertilizante.
Al respecto, la Secretaría de la Función Pública del ayuntamiento argumentó que “lo que solicita está clasificado como información confidencial debido a que contiene información de hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico y administrativo de las personas físicas y morales que participan en dicho proceso de licitación, por lo que estos datos requieren del consentimiento de dichas personas que intervienen en el proceso indicado y no se cuenta con la autorización correspondiente de lo antes mencionado”.
Una licitación es un hecho público y quienes en ella intervienen (personas físicas y morales) también adquieren ese carácter público en este acto, porque concursan y en su caso reciben recursos provenientes de los impuestos de todos los mexicanos.
Por tal motivo, el 7 de mayo se presentó una queja ante el ITAIG señalando la improcedencia de lo dicho por el ayuntamiento. Un mes después, el 4 de junio, el ITAIG emitió una resolución en donde ordenó al ayuntamiento capitalino entregar la información solicitada dándole un plazo de 10 días.
Asimismo, en la resolución se lee que el ayuntamiento de Chilpancingo no rindió el informe para responder a la queja, por lo que recibió un apercibimiento “para que en los subsecuentes requerimientos cumpla en los términos correspondientes”.

Los documentos entregados

Aunque se solicitaron únicamente las actas del comité de adquisiciones sobre la licitación del programa de fertilizante, el ayuntamiento de Chilpancingo presentó una carpeta de más de 250 páginas y advirtió que las copias serían pagadas por el solicitante. Era ésta una forma de desalentar la entrega. Sin embargo, aceptamos pagar las copias, pues la ley previene que los solicitantes de información cubrirán el costo de los documentos que le sean entregados.
En los papeles encontramos que el Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del municipio de Chilpancingo lo integran el alcalde y síndico, así como los secretarios de obras públicas, de finanzas municipales y desarrollo social y humano. Pero también forma parte del comité, el regidor del Partido Acción Nacional, Fortunato Guerrero Gómez, quien con su firma avala todas las actas de dicho comité.
Uno de los puntos que develan la intención de los funcionarios del ayuntamiento de ocultar información clave es que en el acta de fallo para la compra de fertilizante del ejercicio 2011, inexplicablemente no aparece una hoja, precisamente donde se da a conocer el nombre de la empresa a la que se le adjudica el contrato por alrededor de 17.3 millones de pesos.
Asimismo, en el ejercicio 2010, también de manera poco creíble, siete hojas aparecen ilegibles por una impresión defectuosa –sólo siete, de 250-, cuatro de las cuales corresponden precisamente al fallo de licitación del fertilizante de ese año y en las que buscaron ocultar el nombre de la empresa adjudicada.
Hubo pues, un intento deliberado por ocultar el nombre de la empresa adjudicada. Sin embargo, por información localizada en otras fuentes, se sabe que en las cuatro licitaciones del actual ayuntamiento municipal de Chilpancingo, la empresa adjudicada es “C. Miguel Ángel Moreno Montaño y/o Fertilizantes del Centro”.
El monto que se “concursó” durante estos tres años y medio, sólo por la compra de fertilizante es del orden de 65 millones de pesos.
La pregunta es ¿si todos los procesos de licitación se realizaron legal y legítimamente, por qué ocultar tan burdamente la información?

La revisión de la ASF

Como resultado de la más reciente revisión al ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2010 al ayuntamiento de Chilpancingo,  la Auditoría Superior de la Federación emitió un dictamen negativo para este municipio.
En su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, la ASF consideró que el gobierno municipal capitalino “en términos generales y respecto de la muestra auditada (…) no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, respecto de las operaciones examinadas” y destacó que el ayuntamiento aplicó recursos financieros en obras y acciones que no beneficiaron a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema y en rubros no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal.
En materia de transparencia, el órgano fiscalizador federal se refirió a varias omisiones del ayuntamiento de Chilpancingo. Por ejemplo, no informó a sus “habitantes el monto de los recursos recibidos mediante el FISM, las obras y acciones por realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios; ni al término del ejercicio, los resultados alcanzados, sólo publicó de manera parcial la inversión a ejercer de diversas obras”.
Tampoco remitió ningún informe a la Sedesol federal sobre la utilización de los recursos del fondo.
Asimismo, la SF comprobó que los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo no fueron publicados por el municipio en el órgano local oficial de difusión, ni se pusieron a disposición del público en general a través de su página electrónica de Internet o de otros medios locales de difusión.
Respecto de la participación social, la ASF encontró que el ayuntamiento capitalino construyó obras que no fueron solicitadas por la ciudadanía y en ninguna obra halló evidencia de que la gente participara en la programación, destino, aplicación, vigilancia, ejecución, control, seguimiento y evaluación de sus obras, como lo establece la ley.
El órgano fiscalizador también señala que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal en 2010 no realizó ninguna sesión; tampoco se priorizan las obras y acciones realizadas; no se cuenta con la autorización detallada de las obras por el cabildo y no se evalúan, ni se da seguimiento a las obras y acciones del fondo.
Igualmente se encontraron irregularidades en ocho obras, que no se realizaron por contrato, y que las mismas exceden el monto máximo para adjudicación directa.

Evaluación CIMTRA

Aunque Chilpancingo se encuentra entre los municipios “mejor” calificados del estado de Guerrero en materia de transparencia, según la evaluación que realizan ciudadanos y organizaciones del capítulo en Guerrero de Cimtra, lo cierto es que si se dimensiona esta calificación no hay motivo para vanagloriarse.
La escala que establece la metodología Cimtra es de 0 a 100, y las cuatro evaluaciones realizadas a la fecha colocan al ayuntamiento de Chilpancingo en un promedio de 21 puntos, muy lejos del gobierno municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, que tiene 83 puntos; Tlajomulco y Zapopan, ambos de Jalisco, que tienen 76; o del ayuntamiento de Puebla, que suma 71 puntos.
En la última evaluación, el mayor puntaje que obtuvo un municipio guerrerense (Acapulco) fue de 20, siguiéndole Chilpancingo con 18 puntos, Taxco con 13, San Marcos 12, Chilapa 11 y Huamuxtitlán con 10.
De ahí en fuera, los 24 municipios restantes evaluados tuvieron calificaciones debajo de los 10 puntos destacando entre ellos Juan R. Escudero y Atlamajalcingo del Monte, que obtuvieron cero puntos, y Florencio Villarreal, San Luis Acatlán, Tlacochistlahuaca, Xochistlahuaca, Alcozauca, Malinaltepec, Alpoyeca y Benito Juárez, que solo tuvieron un punto de cien posibles. 
No es pues ningún orgullo estar entre los mejor evaluados de Guerrero.

Las deudas que nos dejan los ayuntamientos
Marcos Méndez Lara, el Sur de Acapulco

A unos meses de que sean relevados, al menos 35 gobiernos municipales guerrerenses dejarán como herencia a los ayuntamientos entrantes y a la población de su municipio una deuda global por 668.8 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto sin contar los adeudos que no se informan de manera pública como pago de la energía eléctrica, teléfono, agua y los adeudos con otros proveedores, ya que de acuerdo con el Consejo de Estabilización del Sistema Financiero, en algunas entidades federativas la diferencia llega a ser hasta tres veces superior al monto de la deuda registrada en la SHCP, debido a que los estados y municipios sólo están obligados a registrar los financiamientos vinculados con sus participaciones federales.

Las deudas, según la SHCP

Hasta el 31 de marzo de 2012, la Secretaría de Hacienda reportó que 35 municipios de Guerrero tenían una deuda por 668.8 millones de pesos; esto significa que el estado se ubica en el lugar 15 a nivel nacional entre las entidades con mayor endeudamiento de sus municipios.
De este total, 480.8 millones corresponde a la deuda del ayuntamiento de Acapulco, que significan 71 por ciento de la deuda total de los municipios guerrerenses. De hecho, este municipio se ubica entre los 20 más endeudados del país, que globalmente suman 1,010 ayuntamientos que tienen deuda registrada hasta el 31 de marzo.   
Por el tamaño de su deuda, después de Acapulco le siguen los municipios de Ahuacuotzingo, con 47.3 millones, Apaxtla de Castrejón con 14.1 millones, Chilpancingo 12.9 millones, Atenango con 9.5, Atlixtac nueve millones, Atoyac con 8.3 y Ayutla con 7.2 millones de pesos.
Entre los que tienen menor deuda están Zihuatanejo y Zapotitlán con 200 mil pesos cada uno, Xalpatláhuac y la Unión, con 300 mil pesos, Tlapa 400 mil, Tlalchapa y Tlacochistlahuaca con medio millón de pesos, Tepecoacuilco con 600 mil y Teloloapan, Tecpan y Tecoanapa con 800 mil pesos de deuda registrada.
Cabe recordar que al 31 de diciembre de 2008, la Secretaría de Hacienda no reportaba ningún adeudo entre los municipios de Guerrero, por lo que los montos que se informan corresponden totalmente a deudas contraídas por los ayuntamientos que están por salir.
Los primeros registros de la dependencia federal corresponden a diciembre de 2009, es decir, un año después de que asumieron el cargo las autoridades de los ayuntamientos actuales. A esa fecha ya eran 20 los gobiernos municipales con deuda por un monto de 556.8 millones de pesos.

Anticipos de participaciones federales
En 2011, una buena parte de los ayuntamientos de Guerrero solicitaron al gobierno del estado recursos financieros para pagar compromisos de ese año (sueldos, aguinaldos, gasto corriente) con cargo a las participaciones de 2012; es decir, en 2011 se gastaron recursos federales que estaban destinados a cubrir la operación de los ayuntamientos en 2012.
Lo anterior significa que las administraciones municipales entrantes en septiembre llegarán con presupuestos recortados y no tendrán para cubrir los costos por la administración del ayuntamiento y seguramente recurrirán a la fórmula de pedir más dinero prestado.
De acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, 47 municipios guerrerenses (58% del total) solicitaron y recibieron anticipos en 2011 a cuenta de de sus participaciones de 2012, es decir, recursos provenientes de la federación y destinados a los estados y municipios para cubrir salarios, gratificaciones de fin de año, gasto corriente, entre otros conceptos.
El monto global entregado de manera anticipada fue por 264.8 millones de pesos, de los cuales 170 millones (64%) correspondieron al ayuntamiento de Acapulco, y 10 millones a cada uno de los gobiernos municipales de Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo; en conjunto estos cuatro ayuntamientos se llevaron 75 por ciento de total de los anticipos.
No hay un partido que se haya distinguido por este tipo de prácticas, ya que 25 son de origen priista, 20 del PRD, uno del entonces partido Convergencia y uno del Partido Verde Ecologista de México.

En qué se gastan los recursos

El artículo 5 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Guerrero señala claramente que “Todos los empréstitos o créditos que contrate el Estado de Guerrero y los Municipios (…), así como sus organismos descentralizados, empresas de participación estatal o municipal, organismos municipales, fideicomisos públicos o cualquier Entidad Pública, con participación del Estado o de algún Municipio, se destinarán a inversiones públicas productivas”.
Asimismo, el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado establece que “los empréstitos, deudas contraídas, así como la enajenación de bienes” deberán ser publicadas por los ayuntamientos en sus portales electrónicos.
Sin embargo, hay una total opacidad al respecto. Ninguno de los ayuntamientos hace públicas sus deudas o lo hace de manera aislada y por lo tanto nadie conoce los montos exactos ni en qué se gastaron los recursos obtenidos mediante el endeudamiento.
Se revisaron las páginas electrónicas de los ayuntamientos de Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Ahuacuotzingo (el segundo municipio más endeudado, según la SHCP), Apaxtla y Atenango, y no contienen información respecto de sus deudas o la tienen de manera aislada y desactualizada, ya que los datos que presentan son de 2009 o 2010.
Algunos ayuntamientos publican sus informes de gobierno, que  son el único mecanismo de rendición de cuentas de los gobiernos municipales con la ciudadanía, pero tampoco incluye ninguna información sobre el endeudamiento de los ayuntamientos.
El ayuntamiento de Acapulco en su primer informe, en contraste con la falta de información útil de su portal, describió que “Este gobierno parte de la premisa de que una sociedad participativa es una sociedad debidamente informada. La información cumple un papel importante en un gobierno democrático como el que presido, por ello se han implementado programas y acciones que  permiten mantener a la sociedad debidamente informada del quehacer gubernamental”, dijo el entonces alcalde Manuel Añorve Baños, pero no mencionó nada sobre la deuda que ya comenzaba a acumular el gobierno municipal de manera alarmante.

Endeudamiento acelerado en el país

La Auditoría General de la Federación advirtió sobre el crecimiento acelerado del saldo de la deuda pública de las entidades federativas y municipios porque “puede poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas locales, debido a que las obligaciones financieras se cubren en su gran mayoría con cargo en las participaciones fiscales”.
Cabe mencionar que la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 50 establece que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, se pueden afectar para garantizar obligaciones financieras que se contraigan con la Federación y las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, siempre que cuenten con autorización de la legislatura local y se inscriban en el registro que coordina la SHCP y en su equivalente del ámbito local.
En el documento “Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011” la AGF señala que la deuda municipal en todo el país registró en 2006 un monto de 15,017.5 millones de pesos y en 2010 se incrementó a 36,416.1 millones.
Asimismo, informó que son nueve las entidades federativas cuyos municipios tienen el 71.2% del endeudamiento total municipal que equivale a 25,928.6 millones de pesos: Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas, Sonora y Morelos.
Y aunque de manera global Guerrero no aparece entre los estados con los municipio más endeudados, si tiene a uno, Acapulco, que se ubica entre los 20 que presentan mayor deuda en el país y cuyo monto de endeudamiento equivale a 71 por ciento de lo que deben los 35 municipios guerrerenses, según la Secretaría de Hacienda.
Finalmente, la AGF destacó entre las causas del endeudamiento y su crecimiento, la elevada dependencia de los recursos de origen federal y debilidad de los ingresos obtenidos de la recaudación propia; las limitadas facultades y capacidades recaudatorias de los gobiernos de las entidades federativas y municipios; la política de gasto local con déficit presupuestario y primario crecientes; la regulación débil, insuficiente e imprecisa de la deuda pública; y la opacidad y casi nula rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos obtenidos mediante financiamiento, especialmente de los municipios.

Simulación en las licitaciones del programa de fertilizante
Segunda parte
Marcos Méndez Lara, el Sur de Acapulco

Las licitaciones para la adquisición del fertilizante subsidiado en los municipios de Guerrero se realizan en la más completa opacidad en detrimento de miles de productores que reciben un agroquímico caro, adulterado y de baja calidad.

Hasta hoy, no obstante las evidencias de irregularidades, no se conocen públicamente observaciones ni sanciones de los órganos de control municipales ni del estado en contra de esta práctica que vienen realizando los ayuntamientos desde 2001, año en que el gobierno del estado decidió la “municipalización” del programa de fertilizante transfiriéndoles casi toda la operación incluyendo la licitación para la compra del producto.
Desde ese año y hasta la fecha, el proceso de licitación es uno de los asuntos que se les cuestiona fuertemente a los ayuntamientos, porque se presume que hay irregularidades en la manera cómo se lleva a cabo el proceso
No se tienen datos concluyentes sobre lo que sucede en los 81 municipios del estado, pero hay  testimonios que indican que los procesos de licitación acusan graves irregularidades, pues los comités de adquisiciones municipales donde se analizan y emiten los fallos sobre el fertilizante son integrados “a modo” para cubrir los intereses del presidente municipal, es decir, no hay presencia ni de regidores ni tampoco los productores beneficiarios dan fe de dichos procesos.
El diputado y dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), Sebastián de la Rosa Peláez, comentó que en los municipios se ejecutan licitaciones “indebidas”, ya que los presidentes municipales, desde que son candidatos, se relacionan con los proveedores de fertilizante y obtienen de ellos apoyo financiero para sus campañas electorales, y una vez que son electos, tienen el compromiso de comprar el insumo a estos proveedores.
Así comienza, según describió el dirigente, una serie de complicidades que repercuten en la calidad del producto. “El bulto no trae el peso que se indica, contiene entre tres y cinco kilos menos; tampoco contiene el componente químico que debe traer, porque el presidente municipal hace una licitación indebida, es decir, el presidente se lleva su mochada, pues le quitan tres kilos al bulto y esos tres kilos multiplicados por miles de beneficiarios, se traducen en la ganancia del alcalde” según denuncia del De la Rosa Peláez.
La forma de operar de los ayuntamientos también fue corroborada por el primer director del programa de fertilizante del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, Martín Mora Aguirre.
“Aparentemente sí realizan la licitación, es decir, si yo soy el proveedor, le busco y presento tres propuestas de diferentes precios al alcalde para cumplir con la normativa, pero las tres propuestas son del mismo proveedor, y realmente no hay licitación sino una simulación”.
Y agregó que “fue mala decisión descentralizar el programa a los municipios, en un principio se pensó en que de esa manera iba a crecer el programa, porque el municipio aportaba, pero se vició y tocó fondo. El programa, así como está, no funciona, es un negocio de muchos presidentes, y es un negocio también de muchos productores y no se diga de los proveedores”.

Comités de adquisiciones a modo

El ayuntamiento de Tixtla es sólo un ejemplo de la manera como los gobiernos municipales licitan la compra de fertilizante, en este caso, a cargo de un comité de adquisiciones integrado sólo por cuatro personas, todas ellas cercanas al presidente municipal.
En un documento oficial de ese ayuntamiento, fechado el 23 de marzo de 2010, se emite el fallo y adjudicación de contrato relativo a la compra de fertilizante con el argumento siguiente: “Por mayoría, el comité considera pertinente informar a los presentes que derivado del procedimiento desarrollado hasta estas etapas, la única empresa que presentó su propuesta técnica y económica y que además cumplió con todos los requisitos legales, técnicos y económicos fue la empresa Distribuidora Guerrerense de Productos Agropecuarios SA de CV”.
El monto del contrato fue por la cantidad de 15.3 millones de pesos, y el acta se firmó por los integrantes del comité de adquisiciones, es decir, el presidente municipal, el síndico, el secretario general y el tesorero del ayuntamiento. No hay intervención de regidores, ni de productores o sus organizaciones ni presencia de los órganos de control estatal o municipales.
En este mismo municipio, el 10 de septiembre de 2010, el “finiquito de adquisición de fertilizante 2010” se firmó únicamente por el presidente municipal y el tesorero.
Otro caso es el ayuntamiento de Chilpancingo, en una entrevista a principios de año, el secretario de desarrollo rural de Chilpancingo, Lenin Carbajal Cabrera, explicó que “utilizamos la modalidad de licitación pública por invitación. Ha ganado un proveedor por los precios, por la cercanía, y eso nos beneficia porque el ayuntamiento no tiene bodegas ni vehículos, y que el proveedor esté en Chilpancingo nos facilita las cosas, pues la mayoría están en Monterrey, Guadalajara y Veracruz”.
Y mencionó la integración del comité de adquisiciones y arrendamientos del municipio “en donde están el presidente, el síndico y un regidor y algunos funcionarios de la administración pública. Se les hace del conocimiento a los comités de todas las comunidades, pero no están dentro de la figura del comité de adquisiciones”.
Sin embargo, semanas después se solicitaron al gobierno municipal de Chilpancingo las actas de fallo y adjudicación de contratos para la compra de fertilizante de los ejercicios 2009 al 2012, y el ayuntamiento negó esos documentos con el argumento de que son confidenciales.
La documentación “que solicita está clasificada como información confidencial debido a que contiene información de hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico y administrativo de las personas físicas y morales que participan en dicho proceso de licitación, por lo que estos datos requieren del consentimiento de dichas personas que intervienen en el proceso indicado y no se cuenta con la autorización correspondiente”, respondió la Secretaría de la Función Pública del ayuntamiento de Chilpancingo.
Las actas del comité de adquisiciones y los contratos con las empresas de fertilizante son documentos públicos, por lo que actualmente está en proceso un recurso de revisión en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información para que el ayuntamiento capitalino entregue dichos documentos y conocer quiénes integran el comité de adquisiciones, las empresas que proveen el fertilizante y los costos del insumo.

Órganos de control

De acuerdo con las reglas de operación del programa de fertilizante, la Contraloría General y la Auditoría General del Estado tienen facultades para revisar, entre otros asuntos, la documentación comprobatoria y el expediente operativo integrado por los ayuntamientos, entre cuyos documentos se encuentran “el proceso de licitación del fertilizante” y “facturas de la compra de fertilizante”.
Al respecto, según información de la Subcontraloría de Auditoría, cada año se realizan auditorías a los ayuntamientos que incluyen la licitación del fertilizante revisándose los montos y el cumplimiento de la publicación, presentación de propuestas, que el adjudicado realmente haya presentado la propuesta de precio más baja y que el producto sea de buena calidad.
Sin embargo, no se conocen públicamente los resultados ni las observaciones o sanciones aplicados a los ayuntamientos del estado, no obstante que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información establece que todas las dependencias públicas deberán difundir cada cuatro meses el número y el tipo de auditorías y el órgano que las realizó, el total de observaciones y las sanciones o medidas correctivas impuestas y el seguimiento de los resultados de las auditorías.

“Desmunicipalizar” el programa
En varios de sus discursos de este año, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que enviaría una iniciativa de ley al Congreso del Estado, para transparentar las adquisiciones de fertilizantes. Lo que se busca, dijo, es que “las adquisiciones se hagan de manera consolidada, es decir que no compre un ayuntamiento por su lado y el otro en un lugar distinto con un precio diferente, porque tenemos que decirlo, eso ha generado mucha corrupción”, manifestó el mandatario estatal.
Lo anterior significa que el proceso de licitación se le quitaría a los ayuntamientos para regresarlo al gobierno del estado, como era antes de 2001. Sin embargo, Aguirre Rivero advirtió que las compras consolidadas deberán realizarse con la participación de un organismo ciudadano que vigile la transparencia y aplicación de los recursos.
Es éste el punto clave para que esa propuesta realmente beneficie a los productores del estado, según expresó la asociación civil Incidencia Social. “Un consejo ciudadano con funciones de contraloría social debe nacer con ciertas características mínimas como autonomía, es decir, capacidad para tomar sus propias decisiones; sin esta cualidad, el consejo ciudadano difícilmente podrá ejercer funciones de vigilancia en las adquisiciones gubernamentales, pues la autonomía forma parte de la especificidad de un real control social”.
Y añadió que el organismo ciudadano para el programa de fertilizante también debe tener facultades para incidir en las decisiones, es decir, debe contar con suficientes recursos de poder para que su actuación tenga consecuencias en caso de encontrar irregularidades, es decir, “dotar de ‘dientes’ a esta figura; si no es así, terminará siendo un consejo decorativo, débil, con facultades sólo para presentar denuncias, y como sabemos, eso sirve de muy poco”.