Simulación en las licitaciones del programa de fertilizante
Segunda parte
Marcos Méndez Lara, el Sur de Acapulco

Las licitaciones para la adquisición del fertilizante subsidiado en los municipios de Guerrero se realizan en la más completa opacidad en detrimento de miles de productores que reciben un agroquímico caro, adulterado y de baja calidad.

Hasta hoy, no obstante las evidencias de irregularidades, no se conocen públicamente observaciones ni sanciones de los órganos de control municipales ni del estado en contra de esta práctica que vienen realizando los ayuntamientos desde 2001, año en que el gobierno del estado decidió la “municipalización” del programa de fertilizante transfiriéndoles casi toda la operación incluyendo la licitación para la compra del producto.
Desde ese año y hasta la fecha, el proceso de licitación es uno de los asuntos que se les cuestiona fuertemente a los ayuntamientos, porque se presume que hay irregularidades en la manera cómo se lleva a cabo el proceso
No se tienen datos concluyentes sobre lo que sucede en los 81 municipios del estado, pero hay  testimonios que indican que los procesos de licitación acusan graves irregularidades, pues los comités de adquisiciones municipales donde se analizan y emiten los fallos sobre el fertilizante son integrados “a modo” para cubrir los intereses del presidente municipal, es decir, no hay presencia ni de regidores ni tampoco los productores beneficiarios dan fe de dichos procesos.
El diputado y dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), Sebastián de la Rosa Peláez, comentó que en los municipios se ejecutan licitaciones “indebidas”, ya que los presidentes municipales, desde que son candidatos, se relacionan con los proveedores de fertilizante y obtienen de ellos apoyo financiero para sus campañas electorales, y una vez que son electos, tienen el compromiso de comprar el insumo a estos proveedores.
Así comienza, según describió el dirigente, una serie de complicidades que repercuten en la calidad del producto. “El bulto no trae el peso que se indica, contiene entre tres y cinco kilos menos; tampoco contiene el componente químico que debe traer, porque el presidente municipal hace una licitación indebida, es decir, el presidente se lleva su mochada, pues le quitan tres kilos al bulto y esos tres kilos multiplicados por miles de beneficiarios, se traducen en la ganancia del alcalde” según denuncia del De la Rosa Peláez.
La forma de operar de los ayuntamientos también fue corroborada por el primer director del programa de fertilizante del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, Martín Mora Aguirre.
“Aparentemente sí realizan la licitación, es decir, si yo soy el proveedor, le busco y presento tres propuestas de diferentes precios al alcalde para cumplir con la normativa, pero las tres propuestas son del mismo proveedor, y realmente no hay licitación sino una simulación”.
Y agregó que “fue mala decisión descentralizar el programa a los municipios, en un principio se pensó en que de esa manera iba a crecer el programa, porque el municipio aportaba, pero se vició y tocó fondo. El programa, así como está, no funciona, es un negocio de muchos presidentes, y es un negocio también de muchos productores y no se diga de los proveedores”.

Comités de adquisiciones a modo

El ayuntamiento de Tixtla es sólo un ejemplo de la manera como los gobiernos municipales licitan la compra de fertilizante, en este caso, a cargo de un comité de adquisiciones integrado sólo por cuatro personas, todas ellas cercanas al presidente municipal.
En un documento oficial de ese ayuntamiento, fechado el 23 de marzo de 2010, se emite el fallo y adjudicación de contrato relativo a la compra de fertilizante con el argumento siguiente: “Por mayoría, el comité considera pertinente informar a los presentes que derivado del procedimiento desarrollado hasta estas etapas, la única empresa que presentó su propuesta técnica y económica y que además cumplió con todos los requisitos legales, técnicos y económicos fue la empresa Distribuidora Guerrerense de Productos Agropecuarios SA de CV”.
El monto del contrato fue por la cantidad de 15.3 millones de pesos, y el acta se firmó por los integrantes del comité de adquisiciones, es decir, el presidente municipal, el síndico, el secretario general y el tesorero del ayuntamiento. No hay intervención de regidores, ni de productores o sus organizaciones ni presencia de los órganos de control estatal o municipales.
En este mismo municipio, el 10 de septiembre de 2010, el “finiquito de adquisición de fertilizante 2010” se firmó únicamente por el presidente municipal y el tesorero.
Otro caso es el ayuntamiento de Chilpancingo, en una entrevista a principios de año, el secretario de desarrollo rural de Chilpancingo, Lenin Carbajal Cabrera, explicó que “utilizamos la modalidad de licitación pública por invitación. Ha ganado un proveedor por los precios, por la cercanía, y eso nos beneficia porque el ayuntamiento no tiene bodegas ni vehículos, y que el proveedor esté en Chilpancingo nos facilita las cosas, pues la mayoría están en Monterrey, Guadalajara y Veracruz”.
Y mencionó la integración del comité de adquisiciones y arrendamientos del municipio “en donde están el presidente, el síndico y un regidor y algunos funcionarios de la administración pública. Se les hace del conocimiento a los comités de todas las comunidades, pero no están dentro de la figura del comité de adquisiciones”.
Sin embargo, semanas después se solicitaron al gobierno municipal de Chilpancingo las actas de fallo y adjudicación de contratos para la compra de fertilizante de los ejercicios 2009 al 2012, y el ayuntamiento negó esos documentos con el argumento de que son confidenciales.
La documentación “que solicita está clasificada como información confidencial debido a que contiene información de hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico y administrativo de las personas físicas y morales que participan en dicho proceso de licitación, por lo que estos datos requieren del consentimiento de dichas personas que intervienen en el proceso indicado y no se cuenta con la autorización correspondiente”, respondió la Secretaría de la Función Pública del ayuntamiento de Chilpancingo.
Las actas del comité de adquisiciones y los contratos con las empresas de fertilizante son documentos públicos, por lo que actualmente está en proceso un recurso de revisión en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información para que el ayuntamiento capitalino entregue dichos documentos y conocer quiénes integran el comité de adquisiciones, las empresas que proveen el fertilizante y los costos del insumo.

Órganos de control

De acuerdo con las reglas de operación del programa de fertilizante, la Contraloría General y la Auditoría General del Estado tienen facultades para revisar, entre otros asuntos, la documentación comprobatoria y el expediente operativo integrado por los ayuntamientos, entre cuyos documentos se encuentran “el proceso de licitación del fertilizante” y “facturas de la compra de fertilizante”.
Al respecto, según información de la Subcontraloría de Auditoría, cada año se realizan auditorías a los ayuntamientos que incluyen la licitación del fertilizante revisándose los montos y el cumplimiento de la publicación, presentación de propuestas, que el adjudicado realmente haya presentado la propuesta de precio más baja y que el producto sea de buena calidad.
Sin embargo, no se conocen públicamente los resultados ni las observaciones o sanciones aplicados a los ayuntamientos del estado, no obstante que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información establece que todas las dependencias públicas deberán difundir cada cuatro meses el número y el tipo de auditorías y el órgano que las realizó, el total de observaciones y las sanciones o medidas correctivas impuestas y el seguimiento de los resultados de las auditorías.

“Desmunicipalizar” el programa
En varios de sus discursos de este año, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que enviaría una iniciativa de ley al Congreso del Estado, para transparentar las adquisiciones de fertilizantes. Lo que se busca, dijo, es que “las adquisiciones se hagan de manera consolidada, es decir que no compre un ayuntamiento por su lado y el otro en un lugar distinto con un precio diferente, porque tenemos que decirlo, eso ha generado mucha corrupción”, manifestó el mandatario estatal.
Lo anterior significa que el proceso de licitación se le quitaría a los ayuntamientos para regresarlo al gobierno del estado, como era antes de 2001. Sin embargo, Aguirre Rivero advirtió que las compras consolidadas deberán realizarse con la participación de un organismo ciudadano que vigile la transparencia y aplicación de los recursos.
Es éste el punto clave para que esa propuesta realmente beneficie a los productores del estado, según expresó la asociación civil Incidencia Social. “Un consejo ciudadano con funciones de contraloría social debe nacer con ciertas características mínimas como autonomía, es decir, capacidad para tomar sus propias decisiones; sin esta cualidad, el consejo ciudadano difícilmente podrá ejercer funciones de vigilancia en las adquisiciones gubernamentales, pues la autonomía forma parte de la especificidad de un real control social”.
Y añadió que el organismo ciudadano para el programa de fertilizante también debe tener facultades para incidir en las decisiones, es decir, debe contar con suficientes recursos de poder para que su actuación tenga consecuencias en caso de encontrar irregularidades, es decir, “dotar de ‘dientes’ a esta figura; si no es así, terminará siendo un consejo decorativo, débil, con facultades sólo para presentar denuncias, y como sabemos, eso sirve de muy poco”.

Distribuyen ayuntamientos fertilizante adulterado

Marcos Méndez Lara, el Sur de Acapulco
Primera parte

Cuarenta por ciento del fertilizante que reciben los campesinos guerrerenses está adulterado y no cumple con la composición que establecen las reglas de operación del programa de fertilizante subsidiado, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Rural  (SDR) obtenidos a partir de 32 muestras aplicadas por la Contraloría General del Estado en 16 municipios del estado.

Lo más grave es que en 18 por ciento del total muestreado se descubrió que el producto analizado no es fertilizante, mientras que en 24 por ciento, lo que distribuyen los ayuntamientos es algo que se asemeja al insumo.
Desde que nació en el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, el programa de fertilizante ha sido manipulado y objeto de varias formas de corrupción que se expresan en los procesos de licitación para la adquisición del insumo donde no se cumple con la norma, padrones de productores y superficie cultivable inflados, exclusión de beneficiarios de nuevo ingreso, la reventa del insumo en Guerrero y otros estados y la distribución de fertilizante de dudosa calidad.
En 18 años de operación, ningún gobierno estatal ni municipal ni el Congreso del Estado han aplicado medidas para corregir estas irregularidades, por lo que buena parte de los casi 800 millones de pesos que se invierten cada año se aplican o desvían a objetivos diferentes del apoyo de los productores de granos básicos de menores recursos.

Fertilizante que no es

Desde hace varios años, los campesinos han denunciado la adulteración de la composición del fertilizante que recomiendan las reglas de operación y también el menor peso que contiene cada saco.
Sobre este asunto, el ex Secretario de Desarrollo Rural, Sofío Ramírez reconoció ante la prensa “que se está engañando a los campesinos con el programa de fertilizante, pues el químico que se entrega en algunos municipios no cuenta con la fórmula correcta”. Sin embargo, cuando fue titular de la dependencia no aplicó ninguna medida correctiva.
Gerardo León Hurtado, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC-Roja) opinó que el fertilizante que distribuyen los ayuntamientos, es pobre, y esto porque “hay acuerdos que hacen con las fábricas procesadoras, es tierra lo que están dando, y nadie cuida nada, simplemente porque hay grandes complicidades. Los presidentes municipales, de todos los colores, ahí encuentran su cajita de ahorro”.
Por su parte, Celerino Tlacotempa Zapoteco, coordinador estatal de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, destacó que “tenemos conocimiento de que el fertilizante que están entregando los ayuntamientos está adulterado; se han realizado estudios, y donde mejor les va, les dan tierrita, y donde peor les va, le agregan alguna sustancia química que tiene colorante”.
Al respecto, la SDR presentó los datos de un análisis realizado a las muestras recolectadas en el 2010 por la Contraloría General del Estado a los fertilizantes distribuidos por los ayuntamientos. Se analizaron 32 muestras en 16 municipios de seis regiones del estado. Esta información fue publicada  durante unas semanas en el portal de la dependencia, pero luego desapareció y hoy se encuentran en la opacidad.
Los resultados analizados por región indican que de las cuatro muestras tomadas en dos municipios de la zona Centro, una no es fertilizante, otra se asemeja al producto, y las otras dos sí son el producto. En la Costa Chica se obtuvieron seis muestras en tres municipios, de las cuales tres muestras se asemejan al producto, una muestra no es fertilizante y las dos restantes si corresponden al producto.
En dos municipios de la Costa Grande se obtuvieron cuatro muestras con los siguientes resultados: una muestra no es fertilizante, otra se asemeja al producto, y dos sí son fertilizante. En el caso de la Montaña, cuatro municipios fueron elegidos para ocho muestras; de éstas, tres no son fertilizante, una se asemeja al producto y las cuatro restantes si son fertilizante.
En las regiones Norte y Tierra Caliente se obtuvieron los resultados menos irregulares. En el primer caso, se tomaron cuatro muestras en dos municipios obteniéndose que una muestra se asemejaba al producto y las otras tres restantes sí correspondían al producto. En Tierra Caliente, de las seis muestras en tres municipios se obtuvo que una muestra se asemejó al producto y las otras cinco sí eran fertilizante.

Ninguna sanción
Para conocer la versión de la Contraloría General del Estado sobre este fraude a los campesinos guerrerenses y al erario público por la adulteración del fertilizante, se presentó una solicitud de información acerca de los resultados de los análisis realizados a las muestras recolectadas en 2010 y 2011 a los fertilizantes distribuidos por los ayuntamientos.
Al respecto, la dependencia no quiso dar ninguna información porque los resultados “se encuentran clasificados como reservados, debido a que contienen información que forma parte de un proceso de verificación y su publicación pudiera afectar la adecuada toma de decisiones para las instituciones correspondientes”.
Se solicitó entonces información sobre los casos jurídicamente concluidos, pues el argumento de la Contraloría General para negar la información es que los de 2010 y 2011 estaban en proceso de verificación.
Los datos que se solicitaron a la Contraloría fueron el nombre de las empresas, los ayuntamientos, el motivo y la sanción que han recibido quienes resultaron responsables de fabricar, vender o distribuir fertilizante adulterado de casos concluidos. Asimismo, se solicitaron copias o versiones públicas de los documentos que describen los procedimientos que se siguen a esas empresas o ayuntamientos.
La respuesta de la Contraloría fue escueta: “en los archivos de la Contraloría General no existe documento alguno”.
Es decir, no obstante que es una práctica que tiene varios años, hasta hoy la adulteración del fertilizante que reciben casi 300 mil campesinos en el estado y en el que se gastan casi 800 millones de pesos, sigue impune.

La reventa

Aunque miles de productores encuentran en el fertilizante una opción para producir los alimentos que consumen, muchos otros también tienen esta alternativa para obtener ingresos, pero sin sembrar.
Sobre este problema, según versiones de prensa, el ex titular de la SDR, Sofío Ramírez, afirmó que más de la mitad del fertilizante subsidiado a los productores guerrerenses es revendido a campesinos de otras entidades como Oaxaca y Puebla.
En municipios como Cutzamala, de acuerdo con Martín Mora, ex Director del Programa de Fertilizante, “los que están inscritos en el programa, no son los que siembran, sino los que ya no trabajan el campo y son el papá, la mamá, la hija, y toda la familia adquiere un paquete. Hay familias que tienen hasta 12 paquetes y los pueden vender en 60 mil, y ellos solo pagan 12 mil, entonces dicen, para qué siembro si me voy a ganar 48 mil pesos”.
La SDR hizo un ejercicio de comparación entre las superficies agrícolas cultivables de granos básicos registradas por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera; Procampo, INEGI, y las que reportan los ayuntamientos dentro del programa de fertilizante.
Según estas cifras del ciclo primavera-verano 2010, la superficie que registra el INEGI en todo el estado es de 468,154 hectáreas, que comparada con las 504,328 hectáreas que reportan los ayuntamientos, hay una diferencia de 36,174 hectáreas, que aparentemente corresponden al fertilizante adicional que se entrega a personas que no siembran. Si este comparativo se hace entre la superficie que tiene registrada el Procampo y lo que reportan los ayuntamientos, la diferencia se amplía considerablemente a 112,675 hectárea adicionales.
Nadie duda pues de que un  gran porcentaje del fertilizante subsidiado con recursos públicos se destina a la reventa, y hoy es día que las autoridades no aplican medidas para evitarlo.

El ITAIG, entre la simulación y la opacidad

El ITAIG, entre la simulación y la opacidad

Marcos Méndez Lara, el Sur de Acapulco

A seis años de que fue creado, el organismo que nació para garantizar la transparencia y el acceso a la información en Guerrero no ha cumplido su cometido, pues los indicadores en materia de transparencia ubican al estado entre los más bajos del país, y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero (ITAIG) no ha sido un factor que contribuya a mejorarlos.
Al contrario, en sus cinco informes de labores (al 14 de mayo, el sexto no había sido publicado) y en muchas de las declaraciones públicas emitidas por sus tres comisionados se observa un discurso de simulación, casi cómplice con las más de 150 dependencias y entidades públicas o sujetos obligados del estado que no han cumplido con sus obligaciones de transparencia.
Y no obstante el abierto desacato tanto de los ayuntamientos del trienio anterior como los actuales, y del gobierno de Zeferino Torreblanca como del de Ángel Aguirre Rivero, y de las últimas dos Legislaturas del Congreso, no se observa firmeza en la aplicación de la ley por parte del ITAIG para amonestar o sancionar a servidores públicos que abiertamente niegan, retardan y manipulan dolosamente la información que están obligados a difundir o entregar a los ciudadanos que la soliciten.
Igualmente, se observan muy pocas acciones efectivas, con impactos probados, que promuevan una cultura de transparencia y de rendición de cuentas entre la ciudadanía y los sujetos obligados más allá de cursos aislados, firma de convenios o repartición limitada de folletería.
Incluso, al igual que los demás sujetos obligados del estado, el órgano garante de la transparencia no cumple con su obligación de publicar la información pública de oficio, ya que, por ejemplo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información dice que debe hacer público un catálogo de 22 rubros de información de oficio más nueve adicionales. Sin embargo, lejos de ser un ejemplo para las dependencias públicas del estado, el ITAIG tiene nueve temas de información en los que no publica nada; seis en los que publica información incompleta; y uno con información que no corresponde.
Como parte de sus funciones para garantizar que se cumpla la ley, el ITAIG debe revisar y evaluar cada cuatro meses que las dependencias gubernamentales publiquen su información de oficio.
Pero a la fecha, no ha realizado ninguna evaluación, no obstante el evidente desacato generalizado que hay en esta materia y que ha sido documentada por agrupaciones de la sociedad civil como la Unicam-Sur, Comunica AC y el colectivo Cimtra.
Al respecto, el consejero presidente del ITAIG, Marco Cueva, aseguró que ya están realizando monitoreos a las páginas electrónicas de los sujetos obligados, “ahorita llevaremos un 60 por ciento de avance”, y el primer reporte –que debieron realizar en marzo de 2011- dijo que estaría listo en octubre o noviembre de 2011, lo cual no sucedió, o por lo menos no se ha hecho público.
Cueva González reconoció que “de los 152 sujetos obligados que tenemos, desafortunadamente nadie cumple al 100 por ciento con la información de oficio tal como aparece en la ley”, pero no se refirió a alguna sanción, sino que “en principio exhortamos para que cumplan con la ley. Nosotros hemos practicado el exhorto, la buena fe, voluntad, para que cumplan con la ley”. Pero ya son seis años de tolerar la opacidad.
El ITAIG tampoco ha elaborado los lineamientos para presentar toda la información de oficio en formatos sencillos, como lo mandata el artículo 14 de la ley, y que contribuiría en mucho a tener portales electrónicos con información útil, accesible y ordenada, y no información chatarra, con ligas rotas, archivos pesados, como ha sido hasta hoy.
También ha sido omiso para elaborar, junto con el Consejo Estatal de Archivos, los criterios para la organización, clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como para la organización de los archivos públicos.

La simulación

Desde su primer informe de actividades en 2006, el Instituto falseó las cifras de las solicitudes de información presentadas en el estado al sumar todas aquellas que le enviaban los ayuntamientos sin ningún criterio de distinción. Se tienen documentos emitidos por el propio ITAIG en donde se aprecia que muchos oficios se hicieron pasar por solicitudes de información pero realmente correspondían a demandas de obras, servicios, empleo, proyectos que hacían los ciudadanos a sus respectivos gobiernos municipales, lo que disparó las cifras que han presentado públicamente.
En un recuento de solicitudes de información registradas por el Instituto, se tienen comportamientos atípicos de municipios como Azoyú, que en un solo año recibió 1,719 solicitudes, Zirándaro (1,321), Tecoanapa (480 en dos años) e Ilatenco (291 peticiones), que representan respectivamente 16, 12, 4 y 3% del total de solicitudes presentadas en el estado, es decir, solo en estos cuatro municipios se presentaron más de un tercio de solicitudes de información en Guerrero en seis años.
Al hacer un comparativo con sujetos obligados que llevan un control más estricto de sus solicitudes, basta mencionar que todas las dependencias del Ejecutivo del estado juntas hasta 2010 recibieron un promedio de 221 solicitudes por año, mientras que en el Congreso estatal ese número total promedio por año apenas fue de 55 solicitudes.
Al respecto, el comisionado presidente del ITAIG señala que “lo que recabamos es lo que nos envían los sujetos obligados, especialmente los municipios, desafortunadamente a veces no mandan los soportes. Con todos esos errores tendremos más cuidado, poder analizar con cuidado lo que son solicitudes de información y las que no lo son”.
Sin embargo, los comisionados sabían que de las 291 solicitudes supuestamente presentadas ante el ayuntamiento de Iliatenco en 2010, 289 fueron peticiones verbales sobre fechas de pago de programas sociales, y que de las 654 registradas por el ITAIG en el ayuntamiento de Chilpancingo, solo 138 fueron peticiones formales presentadas ante la unidad de transparencia de ese gobierno municipal. Aun así, las dieron por buenas y las incluyeron en su informe público.

Más presupuesto, igual opacidad

En 2011, el ITAIG incrementó de manera sustancial su presupuesto, en casi 50 por ciento, al pasar de 6.4 a 9.4 millones de pesos. En 2012, el presupuesto que ejercerá el instituto es del orden de 9.6 millones de pesos.
Al respecto, Marco Cueva comentó que con “el 50 % adicional se está viendo la posibilidad de comprar equipo para que el ITAIG opere directamente el (sistema automatizado) Info Guerrero. También para abrir más espacios para la gente que está laborando, tenemos un solo vehículo, y también prestaciones para los empleados”.
Sin embargo, no hay evidencias de que este incremento se haya traducido en resultados palpables en materia de transparencia y rendición de cuentas. De hecho, el órgano garante no cuenta con indicadores de gestión ni de desempeño, como lo ordena la ley de transparencia, con los que podría evaluar el trabajo realizado.
Son muchos los pendientes que tiene el ITAIG y muchas las actividades que le ordena la ley que ni siquiera ha iniciado, por ejemplo, la revisión cuatrimestral de las información de oficio y aplicar las sanciones que correspondan, apoyar a los ayuntamientos con medidas eficaces para que cumplan plenamente con la ley; e implementar mecanismos de observación y contraloría ciudadana que permitan a la población utilizar la transparencia para vigilar y evaluar el desempeño de los sujetos obligados.

La opacidad del programa de fertilizante

El Sur de Acapulco
Desde 1994, el programa de fertilizante subsidiado forma parte de la política agrícola en Guerrero, al que se le destinan muchísimos recursos financieros que en algunos años han alcanzado hasta 65% del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR).
Es un programa donde participan del Ejecutivo del estado, los 81 municipios y casi 300 mil productores de granos básicos –en teoría de bajos recursos- que en conjunto aportan casi 800 millones de pesos anuales para la compra de fertilizante químico.

Desde sus inicios, el programa ha sido muy cuestionado por el daño que el producto provoca en el suelo por su uso inadecuado, porque no ha contribuido a incrementar la producción no obstante los miles de millones de pesos que se han invertido, porque ha propiciado una fuerte dependencia de los campesinos hacia el insumo, y por el uso político y electoral que se ha dado al programa.

Estos vicios y aberraciones son posibles porque no existe un cuadro efectivo de control, vigilancia y evaluación sobre la operación y los resultados del programa. Por ejemplo, aunque los órganos indicados por las reglas de operación para la vigilancia y fiscalización (Contraloría y Auditoría General del Estado) realizan auditorías y revisiones, sus resultados no tienen consecuencias para el mejoramiento de la operación y la transparencia del programa, tales como sanciones a los que infringen la norma o la implantación de medidas preventivas para evitar la actuación discrecional en tres aspectos clave del programa: el proceso de licitación, la revisión y actualización del padrón de beneficiarios, la calidad del producto.

No obstante que la normatividad sobre la transparencia y la rendición de cuentas se ha robustecido en los últimos seis años, esto no ha sido suficiente para lograr que la SDR tenga niveles mínimos de transparencia. Tampoco las reglas de operación ni ninguna otra norma posibilitan la habilitación de mecanismos de control y vigilancia ciudadanos, como la formación de contralorías sociales con capacidades que rebasen la mera denuncia, para evitar la “manga ancha” y la discrecionalidad en la operación del programa.

Hace algunas semanas presentamos 15 solicitudes de información ante la SDR, Contraloría General del Estado, Auditoría General del Estado y la Secretaría de Finanzas y Administración. Particularmente con la SDR, que tiene la mayor parte de la información sobre el programa de fertilizante, tuvimos serios problemas para que la entregara, desde la negación de datos hasta negligencia y mala fe de parte de los funcionarios responsables.

Ante la falta de respuestas satisfactorias, interpusimos ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero recursos de revisión (quejas) y denuncias en contra de funcionarios. Como respuesta, se logró conseguir gran parte de la información solicitada en poder de la SDR y sendos apercibimientos del órgano garante al responsable de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de esta dependencia conminándolo para que en lo sucesivo no obstaculizara el libre ejercicio del derecho de acceso a la información.

También como reacción a los recursos de revisión, se había logrado que la SDR subiera a su portal electrónico documentos clave como el padrón de beneficiarios (esencial para hacer la depuración) y la mecánica operativa de 2012; pero dichos documentos ya fueron retirados.

El programa de fertilizante es el mejor ejemplo de la manera poco transparente y discrecional con que operan los programas y se ejercen los recursos financieros en la SDR.

Las organizaciones campesinas, que tuvieron un exitoso proceso para diseñar y empujar la aprobación de una nueva versión de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y que hoy buscan reactivar el papel del Consejo Guerrerense de Desarrollo Rural Sustentable para que realmente tenga incidencia en las políticas hacia el campo, tienen también el reto de exigir la apertura y transparencia de la SDR y participar en el diseño, planeación, seguimiento y evaluación de los programas y acciones. Es un reto grande, pero que vale la pena.

De todo. Los informes de gobierno, las comparecencias de los secretarios, son la única forma en que el Ejecutivo estatal rinde cuentas –aunque sea de manera muy limitada- a las y los guerrerenses, pero ahora ya ni eso, porque las comparecencias relativas al primer informe de Ángel Aguirre Rivero son a puerta cerrada. Será interesante saber cuáles son sus logros, qué ha cambiado en relación con el gobierno anterior, y sobre todo, en base a qué mediarán los diputados los resultados de un año de gobierno si no hay siquiera Plan Estatal de Desarrollo.  

La opacidad del programa de fertilizante

Guerrero Transparente
Marcos Méndez Lara, El Sur
Desde 1994, el programa de fertilizante subsidiado forma parte de la política agrícola en Guerrero, al que se le destinan muchísimos recursos financieros que en algunos años han alcanzado hasta 65 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR).
Es un programa donde participan el Ejecutivo del estado, los 81 municipios y casi 300 mil productores de granos básicos –en teoría de bajos recursos– que en conjunto aportan casi 800 millones de pesos anuales para la compra de fertilizante químico.
Desde sus inicios, el programa ha sido muy cuestionado por el daño que el producto provoca en el suelo por su uso inadecuado, porque no ha contribuido a incrementar la producción no obstante los miles de millones de pesos que se han invertido, porque ha propiciado una fuerte dependencia de los campesinos hacia el insumo, y por el uso político y electoral que se le ha dado.
Estos vicios y aberraciones son posibles porque no existe un cuadro efectivo de control, vigilancia y evaluación sobre la operación y los resultados del programa. Por ejemplo, aunque los órganos indicados por las reglas de operación para la vigilancia y fiscalización (Contraloría y Auditoría General del Estado) realizan auditorías y revisiones, sus resultados no tienen consecuencias para el mejoramiento de la operación y la transparencia del programa, tales como sanciones a los que infringen la norma o la implantación de medidas preventivas para evitar la actuación discrecional en tres aspectos clave del programa: el proceso de licitación, la revisión y actualización del padrón de beneficiarios, la calidad del producto.
No obstante que la normatividad sobre la transparencia y la rendición de cuentas se ha robustecido en los últimos seis años, esto no ha sido suficiente para lograr que la SDR tenga niveles mínimos de transparencia. Tampoco las reglas de operación ni ninguna otra norma posibilitan la habilitación de mecanismos ciudadanos de control y vigilancia, como la formación de contralorías sociales con capacidades que rebasen la mera denuncia, para evitar la “manga ancha” y la discrecionalidad en la operación del programa.
Hace algunas semanas presentamos 15 solicitudes de información ante la SDR, Contraloría General del Estado, Auditoría General del Estado y la Secretaría de Finanzas y Administración. Particularmente con la SDR, que tiene la mayor parte de la información sobre el programa de fertilizante, tuvimos serios problemas para que la entregara, desde la negación de datos hasta negligencia y mala fe de parte de los funcionarios responsables.
Ante la falta de respuestas satisfactorias, interpusimos ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero recursos de revisión (quejas) y denuncias en contra de funcionarios. Como respuesta, se logró conseguir gran parte de la información solicitada en poder de la SDR y sendos apercibimientos del órgano garante al responsable de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de esta dependencia conminándolo para que en lo sucesivo no obstaculizara el libre ejercicio del derecho de acceso a la información.
También como reacción a los recursos de revisión, se había logrado que la SDR subiera a su portal electrónico documentos clave como el padrón de beneficiarios (esencial para hacer la depuración) y la mecánica operativa de 2012; pero dichos documentos ya fueron retirados.
El programa de fertilizante es el mejor ejemplo de la manera poco transparente y discrecional con que operan los programas y se ejercen los recursos financieros en la SDR.
Las organizaciones campesinas, que tuvieron un exitoso proceso para diseñar y empujar la aprobación de una nueva versión de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y que hoy buscan reactivar el papel del Consejo Guerrerense de Desarrollo Rural Sustentable para que realmente tenga incidencia en las políticas hacia el campo, tienen también el reto de exigir la apertura y transparencia de la SDR y participar en el diseño, planeación, seguimiento y evaluación de los programas y acciones. Es un reto grande, pero que vale la pena.
De todo. Los informes de gobierno, las comparecencias de los secretarios, son la única forma en que el Ejecutivo estatal rinde cuentas –aunque sea de manera muy limitada– a las y los guerrerenses, pero ahora ya ni eso, porque las comparecencias relativas al primer informe de Ángel Aguirre Rivero son a puerta cerrada. Será interesante saber cuáles son sus logros, qué ha cambiado en relación con el gobierno anterior, y sobre todo, en base a qué mediarán los diputados los resultados de un año de gobierno si no hay siquiera Plan Estatal de Desarrollo.

La contraloría social en la UPOEG

Marcos Méndez Lara,  el Sur de Acapulco

En los pueblos y comunidades de Guerrero cada vez se manifiesta más la inconformidad y el descontento de la gente por las obras y servicios que los gobiernos de los tres órdenes le proporcionan a la gente, sobre todo en las poblaciones más apartadas.

Aunque las autoridades y los sindicatos respectivos lo nieguen o digan que no es un problema generalizado, hay miles de maestros que no cumplen con los días y horarios que debieran estar frente a grupo, además de muchas escuelas en pésimas condiciones.

En los centros de salud, lo cotidiano no solo es el ausentismo de médicos y enfermeras, sino la  carencia de lo más elemental como medicamentos y el equipo básico necesario para prestar una atención de calidad mínima.

En el ámbito de la infraestructura básica, los grandes problemas se resumen en escasez de obras, no concluidas o de mala calidad; un caso específico actual es el de las carreteras que están en proceso de construcción, en donde existen numerosos problemas, y los únicos perjudicados son los que serían beneficiarios.

Cada año, cientos de millones de pesos se despilfarran por la falta de planeación, porque no hay políticas públicas que contribuyan al uso eficiente y eficaz de los recursos y también por la corrupción. Todo esto en detrimento del disfrute pleno de los derechos a la salud, educación, seguridad, acceso a servicios básicos de miles de hombres y mujeres guerrerenses.

En este marco, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que tuvo su origen a partir del descontento por las altas tarifas eléctricas que se cobran en los pueblos, comenzó a procesar también aquella problemática tan frecuente en las comunidades rurales de Guerrero. Hoy día, por ejemplo, están acopiando información en comunidades donde tienen influencia (inicialmente listas de escuelas que presentan problemas de ausentismo) para presentarla y gestionarla ante las autoridades que correspondan.

Pero también han comenzado a manejar el término de contraloría social, como un mecanismo para vigilar que las obras y servicios a que tienen derecho se  concreten y se realicen bien. Es un avance importante, y en los siguientes pasos muy probablemente se encontrarán con los siguientes obstáculos:

1. No existe en el estado una normatividad fuerte que promueva la participación ciudadana en el control y vigilancia de las acciones gubernamentales, excepto la Ley de Participación Ciudadana, que no es adecuada para las condiciones del estado y privilegia las modalidades de participación ciudadana directa como el plebiscito, referéndum y la iniciativa popular –sospechosamente la revocación de mandato no la propone-. Pero es una ley muerta, que desde 2007 nadie usa.

Los pocos mecanismos de participación que contienen algunas leyes, como los comités de obra en el caso de la infraestructura social municipal, no tienen facultades más allá de hacer denuncias ante las instancias correspondientes sobre las irregularidades que detectaron; y generalmente dichas denuncias se pierden en la maraña de procedimientos y normas sin que logre modificarse o solucionarse la irregularidad denunciada. Así, ¿la contraloría social para qué?

2. La UPOEG coloca a los comisarios y delegados municipales como actores principales para realizar acciones de contraloría social. La desventaja es que éstos requieren de un proceso de sensibilización y formación intensivas que se perdería en el momento en que es electo otro comisario, si no se encuentran formas de preservar esta experiencia como crear consejos regionales de comisario y ex comisarios, comités comunitarios de apoyo a las comisarías, etc.

3. La prestación de servicios de calidad en educación y salud pasa necesariamente por los sindicatos de estos dos sectores. Se requieren acuerdos firmes no sólo con las autoridades, sino  también compromisos de parte de las organizaciones gremiales para lograr una mejor atención a la ciudadanía en las comunidades rurales.

4. Es un gran avance que la UPOEG tenga la intención de incidir en la calidad y la cantidad de obras y servicios que les proporciona el gobierno. Los retos que aquí se bocetan no son imposibles de superar y forman parte del trabajo que tienen por delante.

El modelo de transparencia del gobierno estatal

Marcos Méndez Lara, el Sur de Acapulco

La Coordinación General de Fortalecimiento Municipal (CGFM) recibió a finales de 2011 el reconocimiento de la Dirección General de Transparencia del gobierno del estado “por haber cumplido en tiempo y forma con la obligación de subir a su portal oficial la información pública [de oficio]”.

El boletín del Ejecutivo estatal que reseña esta noticia coloca a la Coordinación y a otras cuatro dependencias, como modelos de transparencia del actual gobierno, o por lo menos como las dependencias más avanzadas en esta materia. Veamos los asegunes del caso.

1. De ninguna manera puede afirmarse que se cumplió en “tiempo y forma” con la obligación de subir la información de oficio, pues independientemente del cambio de gobierno, esa información debió estar publicada de manera completa en el mes de noviembre de 2010.

2. En el portal de la CGFM se publican varios temas que si bien permiten cubrir el requisito formal, no son útiles para evaluar el desempeño ni para dar seguimiento a las actividades de esta oficina pública. Es el caso de los indicadores de gestión, que además de mal diseñados, no registran los avances de 2011.

También es el caso del presupuesto asignado a la CGFM, pues sólo se da a conocer el de 2011, y la ley especifica claramente que deben publicarse los tres últimos ejercicios fiscales, desglosados por programa, y además presentarse los informes cuatrimestrales sobre su ejecución.

Respecto a la cuenta pública, si bien es integrada y concentrada por la Secretaría de Finanzas y Administración, no se indica en dónde se puede localizar la que corresponde a la CGFM (la Sefina no publica en ningún sitio los informes de la cuenta pública general del estado de Guerrero aprobados por el Congreso del Estado).

Tampoco hay información sobre los contratos y proveedores, los servicios contratados ni los montos de las contrataciones de la dependencia, y si este registro corresponde a otra oficina, no hay ninguna referencia que lo indique o vincule con ella.

3. Hay mucha información desactualizada. Los tabuladores salariales, por ejemplo, corresponden a 2011, y los tabuladores de viáticos a 2010. No se aclara en ningún lado si éstos son vigentes en 2012.

Asimismo, hay cuatro temas del quehacer gubernamental que están pendientes de publicar, y además no se atienden los rubros de información adicional del Ejecutivo estatal que se indican en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

4. En septiembre de 2011, la CGFM y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Guerrero firmaron un convenio de colaboración “para que de una manera conjunta coordinen la elaboración y ejecución de diversas actividades y estrategias dirigidas al fortalecimiento de la cultura sobre la transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y la protección de datos personales”.

Para conocer cómo y en qué se avanzó respecto de este convenio, el 30 de enero de 2012 solicité a la CGFM las acciones realizadas, y escuetamente me respondieron  que “(…) en todas sus actividades internas y capacitaciones realizadas en las diferentes regiones del Estado, promueve la Transparencia, como un medio eficiente de comunicación y rendición de cuentas, así como un medio de publicación y difusión de sus programas, por lo que se exhorta a funcionarios municipales y ciudadanía, que usen los medios electrónicos”.

Hice la misma petición al ITAIG el 14 de febrero del mismo año, pero a diferencia de la Coordinación, sus respuestas fueron muy concretas y las acompañaron de documentos que comprobaban sus dichos.

5. Los ayuntamientos son los sujetos obligados más opacos del estado, y sin embargo, el gobierno del estado no tiene una estrategia para contribuir a su transparencia, por lo menos no desde la Coordinación de Fortalecimiento Municipal, que sería la dependencia natural para emprender un proyecto en esta materia.

6. Esos son algunos datos que opacan el reconocimiento que recibió la CGFM por su transparencia. Si ésta es la dependencia modelo de transparencia, cómo estarán las demás.

Marquelia en rebelión

Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco, 2 de marzo de 2012

El conflicto que se vive en el municipio de Marquelia entre comisarios municipales y autoridades del ayuntamiento es un asunto que se observa cada vez con más frecuencia en los municipios de Guerrero.

En los últimos años se pueden recordar varios movimientos ciudadanos en los que todas o la mayor parte de las llamadas autoridades auxiliares del ayuntamiento, es decir, los delegados y comisarios municipales se inconformaron por la manera en que sus autoridades ejercían los recursos públicos.

 Tal es el caso del Consejo Ciudadano Popular (2006-2007) en Atoyac de Álvarez, el Frente Amplio Ciudadano (2006-2008) de San Luis Acatlán o el Consejo Ciudadano (2006-2007) de Chilapa de Álvarez. Más recientemente (2010-2011) tenemos el movimiento de comisarios municipales de Atlamajalncingo del Monte, y hoy, al Consejo Consultivo de Comisarios Municipales de Marquelia.

La constante en todos estos movimientos es un profundo descontento en contra de su ayuntamiento por la falta de obras públicas u otras acciones de beneficio social en las localidades rurales (que a veces son el único beneficio colectivo directo que reciben de los gobiernos de los tres órdenes).

Estos movimientos han trascendido los límites del municipio porque se agotaron las posibilidades de acuerdo y negociación en el espacio municipal, y generalmente los comisarios acuden al Congreso y al gobierno del estado en busca de una respuesta a sus planteamientos.

La intransigencia que encuentran en los ayuntamientos los obliga a demandar el desafuero y juicio político para el presidente municipal, auditorías a todos los programas y acciones del gobierno municipal y también exigen que sean las localidades las que ejerzan parte de los recursos de obra pública.

Sin embargo, los diputados locales parece que tienen un acuerdo no escrito para no tocar a los presidentes municipales, pues únicamente se dedican a administrar este tipo de conflictos, darles largas, y desactivarlos; no actúan ni aunque se les presenten evidencias contundentes de las anomalías e irregularidades que comenten los ayuntamientos.

En Marquelia inicialmente eran dos las demandas fundamentales: la construcción de obras en las 16 localidades del municipio y la transparencia de los recursos. Sin embargo, el alcalde Joaquín Jesús Rico Santana, del Partido Verde Ecologista, maniobró para no atender las demandas de los comisarios del municipio, y el conflicto escaló.

Hoy esas demandas de transparencia y construcción de obras siguen vigentes, pues los comisarios exigen la “publicación y difusión del estado en el que se encuentra la situación financiera  y la cuenta pública del municipio de Marquelia, tanto en los faltantes de obra pública, como en la revisión y solución inmediata de los adeudos del ayuntamiento, incluyendo los laudos pendientes, para el conocimiento de los pueblos de Marquelia y del pueblo de Guerrero”.

Pero también “la ejecución inmediata del programa de obras autorizado por el ejecutivo del estado para los pueblos y comunidades”, y solución “a la problemática integral del agua potable y del drenaje sanitario en la cabecera municipal”.

Y ante la desatención del gobierno local, plantean el desconocimiento del presidente municipal (a través de la figura de revocación de mandato) y acción penal en contra de él y de su cabildo  “por la malversación y desviación de los recursos del erario público del municipio”.

El riesgo de que no se cumplan las principales demandas de los comisarios municipales es muy alto, pues la mayor parte de ellas le corresponde atenderlas al Congreso del Estado, dados los antecedentes de su actuación en este tipo de conflictos y en particular, por el momento actual en que se está desmantelando el  órgano legislativo (se han suspendido varias sesiones por falta de quórum) por la desbandada de diputados que tienen la mira en las elecciones de julio próximo.

Es lamentable que este tipo de conflictos no sean resueltos, y que la única autoridad que puede intervenir, el Congreso del Estado, tenga una actitud pasiva y evasiva. Eso da el mensaje para que otros presidentes municipales hagan lo mismo con toda impunidad.

¿Cómo se puede construir la institucionalidad en Guerrero para que las y los ciudadanos no tengan que salir a las calles a bloquear carreteras para exigir sus derechos? 

Fraude electrónico a la transparencia

Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco

La opacidad informativa en el ámbito público está ganando mucho terreno en el estado, y hoy los recursos electrónicos también están sirviendo para dificultar o de plano bloquear la obligación que tienen las oficinas públicas gubernamentales de informar amplia y permanentemente a las y los guerrerenses.

Los portales electrónicos son un recurso muy útil y de bajo costo para hacer llegar información pública a amplios sectores de la población. Sin embargo, hoy vemos que se emplea precisamente para lo contrario, es decir, para evitar que la gente se entere de lo que hace el gobierno.

1. Hay un notorio retroceso en cuanto a lo que publicaba en su portal electrónico el Ejecutivo estatal anterior y la información que hoy encontramos en esas páginas. De hecho, a excepción de los directorios y organigramas y otras informaciones que necesariamente tuvieron que modificarse con el cambio de gobierno, casi todo lo que se publica hoy en estos sitios web es información que se creó y “subió” en el gobierno anterior, y que al consultarse hoy tienen el agravante de que los datos evidentemente están desactualizados.

El retroceso también se expresa en que los operadores de las páginas electrónicas, que deberían publicar información útil sobre el quehacer de las dependencias públicas, ya encontraron el modo para trasladar a los medios electrónicos las estrategias que emplea la burocracia para disuadir, ablandar o ignorar a un ciudadano exigente de sus derechos que se planta en sus oficinas.

Es decir, casi todas las entidades públicas del gobierno del estado “cumplen” con el requisito de publicar la información de oficio, pero ninguna realmente lo hace, porque los operadores utilizan sus conocimientos para diseñar y operar la simulación.

Por eso encontramos muchos vínculos rotos o que no llevan a la información que indican las etiquetas, información “chatarra” que no es útil a nadie o páginas que no abren y bloquean las computadoras. O sea, muchas formas que tienen el propósito de desalentar a cualquier interesado que busca la información generada por su gobierno.

2. En el ejercicio del derecho de acceso a la información, el fraude electrónico también está siendo cada vez más frecuente. El procedimiento que hemos observado es más o menos así.

En Guerrero contamos con un sistema electrónico para la recepción y respuesta automatizadas a solicitudes de información pública que presentan las y los ciudadanos a las dependencias del Ejecutivo estatal. Para utilizar este recurso, es necesario registrarse y crear una cuenta que le permita entrar al sistema y revisar el estado de sus solicitudes.

A partir de la puesta en marcha del sistema InfoGro en febrero de 2011, las solicitudes de información se dispararon; de 221 que en promedio recibía cada año el gobierno del estado, en 2011 se incrementaron a poco m{as de mil en once meses, es decir más de cuatro veces.

Son evidentes pues, las ventajas de este sistema electrónico, que permiten a las y los ciudadanos hacer solicitudes de información sin hacer acto de presencia en las muchas veces truculentas oficinas públicas.  

Sin embargo, estos beneficios que proporciona el InfoGro son anulados cuando las respuestas que emiten las dependencias son para negar la información sin ninguna justificación.

Las argucias que utilizan son: responder que la información solicitada se encuentra disponible en la página web, y no lo está.

Asimismo, decir que la información está en posesión de una dependencia diferente, como fue el caso de la Secretaría de Desarrollo Rural, a la que se le solicitó la entrega del Libro Blanco de la dependencia, pero respondió que esa información no la tenía la Seder, sino en la Secretaría de Finanzas y Administración.

Y en otras ocasiones responden con la misma pregunta que uno le hace a la dependencia, tal vez con el fin de que se registre como respondida la solicitud en el sistema.

Todas estas argucias no son errores involuntarios, sino estrategias dolosamente operadas, que ameritan sanciones para los responsables, como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del estado de Guerrero.

Es necesario ya comenzar a denunciar formalmente a los servidores públicos que están obstruyendo el ejercicio de este derecho.

Transparencia y los diálogos por la paz y la convivencia

Marcos Méndez Lara, el Sur de Acapulco

La Jornada Diálogos por la Paz y la Convivencia, realizada la semana anterior en Acapulco, fue un muy buen ejercicio de participación ciudadana, organizada por agrupaciones civiles, instituciones educativas y personas a título personal de Acapulco, con un formato que permitió expresar a toda persona que lo quiso, sus puntos de vista, comentarios, opiniones y propuestas.

Al foro no llegó el número de personas que se esperaba, y la asistencia fue más bien escasa. Sin embargo, aunque es deseable que un buen número de personas se involucre e interese en la gestión de sus problemas, la participación de las y los ciudadanos generalmente no se da a la primera ni masivamente, porque es un proceso, a veces muy largo, de sensibilización y convencimiento.

La poca asistencia del sábado anterior también se explica por la naturaleza de los problemas que se abordaron, relacionados con la violencia, la inseguridad, la impunidad, la violación a los derechos humanos, pues la gente prefiere no estar visible ni expresar sus denuncias de manera pública, por seguridad, por su incredulidad en los aparatos de procuración y administración de la justicia.

Para los medios de comunicación la jornada también pasó inadvertida, y es explicable porque para la lógica periodística, un proceso de articulación de ciudadanos no es “nota”, pero en el contexto de la participación ciudadana sí es algo trascendente como ejercicio en el que no hay personajes públicos visibles o funcionarios a quien tomarles declaración, sino la predominancia de ciudadanos y ciudadanas.

En dos mesas de trabajo, las 70 personas que participamos abordamos temas muy cercanos a la gente en estos tiempos, como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la seguridad pública, educación y cultura para la paz, derechos humanos y atención a víctimas de la violencia, transparencia y rendición de cuentas.

Desde luego, hubo diversidad de expresiones, desde aquellos que hicieron una denuncia sobre lo que está sucediendo en su familia, barrio o colonia por la violencia y la inseguridad, hasta propuestas de solución muy generales sobre la situación en el estado y específicas sobre cómo atacar problemas muy puntuales.

En casi todas las participaciones, verbales y escritas, hubo un denominador común: la ausencia del Estado para garantizar los derechos sociales, económicos y ciudadanos de las y los guerrerenses; es decir, los tres órdenes de gobierno no han sido capaces de establecer las condiciones mínimas para que la gente viva en paz, con seguridad, con un trabajo digno, educación, salud.

Pero también las distintas expresiones en el foro tuvieron en común el llamado a las y los ciudadanos para presionar y exigir que esos gobiernos y sus instituciones cumplan con su responsabilidad de garantizar derechos, y esto puede lograrse mediante diferentes formas de participación ciudadana.

En la mesa de transparencia y rendición de cuentas se comentó que para incidir (modificar, mejorar) lo que hace el gobierno, es necesario, primero, tener información. El diagnóstico presentado en este tema es que las dependencias públicas del estado son opacas, obstaculizan el acceso a la información y no rinden cuentas.

Como formas específicas de participación ciudadana que pueden tener consecuencias en los programas y acciones de gobierno se propusieron observatorios ciudadanos, monitoreos y vigilancia a través de contralorías sociales.

Asimismo, mecanismos verticales de rendición de cuentas, en los que los gobiernos informen y justifiquen sus acciones ante las y los ciudadanos, para que éstos analicen y juzguen los actos gubernamentales. 

Fueron muchas las propuestas en este primer foro ciudadano, quizás todavía muy generales; será un gran reto traducirlas a propuestas más específicas y sobre todo, ponerlas en práctica.