Incipientes avances en el cumplimiento de la información de oficio

El Sur de Acapulco

Faltan 68 días para que se venza el plazo en el que las dependencias públicas deben subir toda su información de oficio a la plataforma nacional de transparencia, y los avances que se observan en Guerrero son todavía incipientes. De acuerdo con los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia, el 6 de noviembre de 2016 concluirá el periodo que marca la norma para que las más de 200 oficinas gubernamentales y organismos que reciben recursos del erario publiquen un catálogo que incluye 48 temas de información y adicionalmente datos específicos, según sean del Ejecutivo, Legislativo, ayuntamientos, organismos autónomos, etcétera.
El plazo se prevé en el transitorio segundo de los lineamientos técnicos, los cuales indican que “habrá un periodo de seis meses para que los sujetos obligados de los ámbitos federal, estatal y municipal incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional la información” correspondiente a sus obligaciones de oficio.
Los lineamientos técnicos se formularon debido a las enormes diferencias en la presentación y calidad de la información entre los distintos sujetos obligados, deficiencias que la mayoría de las veces servían como parapeto y excusa para publicar “información chatarra” –que en los hechos era lo mismo que ser opacos- y continuar con un discurso de transparencia.
Los lineamientos, publicados en el diario oficial de la federación el 4 de mayo de 2016, son obligatorios para todos los sujetos obligados del país y “tienen como propósito definir los formatos que se usarán para capturar la información prescrita en el Título Quinto de la Ley General para asegurar que sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable”.
Asimismo, “contemplan las especificaciones necesarias para la homologación en la presentación y publicación de la información, al tiempo que detallan los criterios mínimos, tanto de contenido como de forma, que los sujetos obligados deberán tomar en consideración al preparar la información que publicarán para cumplir con sus obligaciones de transparencia”.
Con esta norma se le cierra el paso a la simulación, que en Guerrero es cotidiana y común entre la mayoría de las dependencias públicas del estado, pues los lineamientos técnicos son suficientemente claros para la publicación de información de calidad, o de lo contrario, cada trimestre –periodo en que obligatoriamente deben ser actualizados los datos- serán sancionados por el órgano garante de la transparencia en Guerrero.
Se percibe que en el estado los sujetos obligados no están considerando con seriedad la nueva política nacional en materia de transparencia y acceso a la información, diseñada a partir de las modificaciones constitucionales al artículo sexto y de la aprobación tanto de la ley general de transparencia como la ley 207 de transparencia en el estado de Guerrero.
Independientemente de las acciones de las instituciones encargadas de exigir el cumplimiento de la ley, la propia norma incorporó un procedimiento de denuncia ciudadana por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. El artículo 103 de la ley de transparencia local a la letra dice que “Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley y demás disposiciones aplicables”, y dicho procedimiento se activará en noviembre, por lo que no será extraordinario que el órgano garante reciba decenas de estas demandas ciudadanas ante el incumplimiento de los sujetos obligados.

Indicadores del poco avance

En Guerrero no se observan ni nadie ha anunciado avances que permitan vislumbrar que las dependencias del estado cumplirán en tiempo y forma con esta obligación clave para la transparencia en la entidad. Esto es motivo de preocupación por la opacidad que continuará prevaleciendo, pues no se percibe que los sujetos obligados estén trabajando en la sistematización ni en el llenado de formatos que requiere la nueva ley.
El propio Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Datos Personales (Itaigro) reconoció que en la fecha perentoria no se habían integrado las unidades ni los comités de transparencia –áreas clave para elaborar y dirigir este trabajo–. Así, por ejemplo, el Itaigro publicó una relación de sujetos obligados “que no dieron cumplimiento con los artículos 52, 56, séptimo y noveno transitorios de la Ley 207 de Transparencia” –para la integración de sus unidades y comités de transparencia, principalmente-, y destaca que fueron 141, de 207, los sujetos incumplidos, es decir, 68.1 por ciento del total. Esto refleja la gravedad y dimensión de lo que se viene para noviembre.
El órgano garante subraya que 57 de las dependencias incumplidas son del Ejecutivo del estado –lo que contrasta con el discurso de transparencia que adoptó el gobernador Héctor Astudillo Flores–; 64 son ayuntamientos, entre los que sobresalen Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Taxco, Chilapa, Ayutla, Iguala, San Luis Acatlán y Tixtla; tampoco cumplieron 12 sindicatos y cuatro fideicomisos o fondos públicos, entre otros.
Otro indicador de la percepción de los pocos avances es la revisión de los portales. En el caso de los ayuntamientos, al revisarse las páginas web de algunos de los municipios con más población, la mayoría de éstos publica la información relacionada con la anterior ley y ésta casi siempre se presenta desactualizada. El ayuntamiento de Chilpancingo, por ejemplo, cuyo portal tradicionalmente ha sido poco accesible y con información desactualizada e incompleta, solamente tiene la liga correspondiente a la Ley 207 de Transparencia, pero todavía sin ningún contenido.
El ayuntamiento de Iguala publica buena parte de la información de oficio de la Ley 374, pero casi toda es desactualizada, es decir correspondiente a 2015 y años anteriores. No hace ninguna referencia a la nueva ley 207 de transparencia. En el caso del ayuntamiento de Taxco, no cuenta ni con información de la ley 374 ni de la actual y vigente.
El portal del municipio de Zihuatanejo de Azueta sólo contiene información de la ley anterior y ninguna mención a la ley que actualmente nos rige. Por su parte, Acapulco, aun cuando tiene la mayoría de su información de oficio vigente, ésta corresponde a la ley que rigió al estado hasta el 5 de mayo de 2016. De la ley 207 de transparencia no se menciona nada.
Otros municipios como Teloloapan, Pungarabato, Tixtla, Coyuca de Benítez, publican de manera parcial y con información que no corresponde ni a una ni a otra ley. Mientras que ayuntamientos como Chilapa, Coyuca de Benítez, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Tlapa, Petatlán, Huamuxtitlán, Ajuchitlán del Progreso, aunque tienen un portal, no publican ninguna de sus obligaciones de transparencia.
Muchos ayuntamientos ni siquiera tienen un portal electrónico, tal es el caso de Cujinicuilapa, Zitlala, Coahuayutla, Florencio Villarreal, Juan R. Escudero, Tecoanapa, Atlixtac, San Marcos, Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Alpoyeca, Tepecoacuilco, Arcelia, Azoyú, Cuautpec, incluyendo a municipios que reciben muchos recursos como Ayutla de los Libres, mientras que otros tienen o simulan fallas en sus páginas electrónicas como Atoyac, Ometepec y Quechultenango.
Por cierto, el único ayuntamiento que está publicando información de acuerdo con las nuevas disposiciones y formatos de la ley 207 de transparencia –aun cuando en este momento es aún muy parcial- es el de Eduardo Neri.

Gobierno del estado y otros

En el caso de las dependencias del Ejecutivo, la utilización de los formatos y la presentación de la información no son homogéneas. La Secretaría de Finanzas y Administración, la General de Gobierno, Salud, entre otros, aunque publican los títulos de los temas correspondientes a la ley 207, éstos no contienen ninguna información; por otra parte, algunas secretarías como la de desarrollo urbano, obras públicas y ordenamiento territorial, la particular del gobernador, la de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural, Educación, medio ambiente y recursos naturales, o la secretaría de contraloría y transparencia gubernamental, conservan los formatos de la ley 374, aunque la información que incluyen es desactualizada. De hecho, con el pretexto de que entraría en vigor una nueva ley y de que son un gobierno que recién asumió sus funciones, en lo que va de la administración de Astudillo Flores no se ha visto ningún avance en la publicación de información de oficio, ni de la anterior ni de la actual ley de transparencia, y ya llevan 10 meses.
Otra institución que se prepara para la nueva ley de transparencia es el Congreso del estado, que ya publica parcialmente información sobre los nuevos temas. Pero otras dependencias ni siquiera publican cabalmente los rubros de la anterior ley, mucho menos de la vigente, como es el caso de la página electrónica del Poder judicial del estado de Guerrero, la de la Universidad Autónoma de Guerrero o la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos.
El Itaigro, en su nuevo portal, incluye parcialmente información de las dos leyes en esta etapa de transición, pero tampoco se observan avances significativos.
Hay cerca de 50 instituciones y organismos que reciben recursos públicos y con la ley general de transparencia se convirtieron en “sujetos obligados”; de éstos, se desconoce si estén trabajando en los preparativos para la difusión de su información de oficio. Es el caso de los sindicatos, partidos políticos y varias dependencias públicas que no estaban registradas.

El tamaño de la tarea

La dimensión del trabajo que deben realizar los sujetos obligados para la publicación de su información de oficio es muy grande, e inevitablemente incumplirán con la ley si no asumen que la transparencia implica hoy, no sólo la disposición y voluntad auténticas para dar a conocer el quehacer gubernamental, sino cambios significativos en el interior de las organizaciones burocráticas como capacitación, establecimiento de políticas y procedimientos de gestión, acondicionamiento de espacios físicos, inversión en equipo, etc.
Un solo ejemplo es suficiente para retratar el tamaño de las tareas. Antes de esta nueva política nacional de transparencia no había lineamientos técnicos y los sujetos obligados de Guerrero publicaban información que no correspondía u omitían los temas sobre licitaciones públicas e información de los proveedores.
Hoy, la fracción XXVIII del capítulo de las obligaciones de transparencia comunes (artículo 81 de la ley 207) exige a todas las dependencias públicas a difundir “la información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados”.
Los datos mínimos que deberán contener las licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida son la convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo, los nombres de los participantes o invitados, el nombre del ganador y las razones que lo justifican, el área solicitante y la responsable de su ejecución, los dictámenes y fallo de adjudicación, el contrato, los mecanismos de vigilancia y supervisión, la partida presupuestal de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable; el origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados, entre otros datos.
En el caso de las adjudicaciones directas se deberá publicar la propuesta enviada por el participante, los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo, la autorización del ejercicio de la opción; el nombre de la persona física o moral adjudicada, la unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución, el número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra, los informes de avance sobre las obras o servicios contratados.
Éste es sólo uno de los 48 temas de transparencia comunes que deberán publicar todas las dependencias públicas de Guerrero en la plataforma nacional de transparencia. Sin duda, es un reto que podrá solventarse si existe la disposición de quienes encabezan a los sujetos obligados; si no es así, se llenarán de sanciones.

Guerrero no aporta a los servicios ambientales

El Sur de Acapulco

Durante los gobiernos de Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez se perdieron o desviaron millones de pesos que se habían comprometido para pagar a campesinos dueños o poseedores de recursos forestales por concepto de servicios ambientales. El gobierno del estado se había comprometido, mediante un instrumento jurídico firmado por Ángel Aguirre Rivero y Humberto Zapata Añorve, a aportar recursos financieros en colaboración con el gobierno federal –a través de la Comisión Nacional Forestal– para cubrir el pago destinado a incentivar y apoyar la protección y conservación de 14 mil 615 hectáreas de 17 ejidos y comunidades del estado. Pero sin ninguna explicación, el dinero desapareció y los beneficiarios sólo recibieron una ministración de ocho que estaban programadas.

La historia del desfalco

Aunque en el interior de los ejidos y comunidades comenzaron las manifestaciones de descontento desde 2014, las noticias de la retención de los recursos del programa para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes, se difundieron también en la prensa. El 25 de mayo de 2015, por ejemplo, campesinos de la sierra denunciaron que les habían retenido un millón 300 mil pesos de los programas servicios ambientales, cultivo y caminos forestales que debieron haber sido entregados a ejidos de 11 municipios de la región en el ejercicio fiscal del 2014.
De acuerdo con testimonios de los inconformes, el pretexto que les presentó el gobierno del estado para el retraso en el pago de servicios ambientales fue “la veda electoral”, y que por tanto los pagos se reanudarían hasta después del 7 de junio de 2015, “cuando los campesinos no quieren elecciones, ellos quieren comer, quieren satisfacer sus necesidades básicas, no les interesa el voto”, dijeron en aquella ocasión.
Asimismo se quejaron porque aun cuando el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez “ya declaró a la Sierra como la octava región económica” –lo cual a la postre resultó falso–, todavía no se ve ningún beneficio social ni ambiental en esa región, y ninguno de los tres órdenes de gobierno “le mete mano” para lograr el desarrollo social en esa región.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal, en 2010 esa dependencia federal aportó recursos a un fondo concurrente por 51.7 millones de pesos para beneficiar a nueve entidades, teniendo como contraparte a organizaciones de la sociedad civil, un organismo operador de agua y un ayuntamiento.
En 2011, la Conafor invirtió en servicios ambientales un monto de 83.7 millones de pesos en 16 estados, y en este año destacaron como aportantes algunos gobiernos estatales, la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil. Cabe mencionar que en este año, el gobierno municipal de Chilpancingo, específicamente a través de su organismo operador de agua potable, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo, fue una de las contrapartes de la Conafor estableciéndose un convenio por cinco años. Se desconoce si el ayuntamiento capitalino concluyó con su compromiso.
Para 2012 la suma invertida en servicios ambientales se incrementó a 151 millones de pesos, para invertirse en 16 estados. Fue precisamente en este año cuando el gobierno del estado de Guerrero, a través de la ex Secretaría de Desarrollo Rural, se incorporó a este esquema concurrente de pago por servicios ambientales, por un lapso de ocho años, es decir los campesinos tendrían que haber recibido apoyos financieros hasta 2020. Pero la historia fue diferente y en el mejor de los casos sólo recibieron uno de los pagos, de ocho que estaban pactados.
También en 2012, el ayuntamiento de Taxco se incorporó al programa de pago por servicios ambientales y en el 2013 lo hizo el gobierno municipal de Zihuatanejo; al siguiente año, en 2014, también participó la iniciativa privada a través de la Empresa Agrícola Téllez de Iguala.

El convenio

Para conocer los términos y compromisos entre el gobierno federal y el gobierno del estado, se presentaron solicitudes de información ante ambas dependencias requiriendo el convenio que habían firmado para concretar las aportaciones pactadas.
La hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural respondió a la solicitud, aun cuando fue una de las dependencias que signaron el documento jurídico, que “no se encontraron convenios entre el gobierno del estado y el gobierno federal para la ejecución de programas para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales, a través de fondos concurrentes de la Comisión Nacional Forestal”.
En cambio, la Conafor sí entregó copia del convenio de colaboración firmado en 2012. Ahí se estipuló que ambas dependencias aportarían recursos financieros concurrentes para el pago por servicios ambientales en beneficio de una superficie de 14 mil 615 hectáreas.
En la segunda cláusula se establece que las dependencias “acuerdan integrar un fondo concurrente” por un monto total de 59.8 millones de pesos, “a partir de la firma y hasta el término de la vigencia del presente convenio con una duración de ocho años”, es decir, hasta 2020. De acuerdo con esta cláusula, cada una de las partes se obligaba a aportar 29.9 millones de pesos las cuales se entregarían “en ocho ministraciones anuales”.
Además de la creación de un fideicomiso local para el manejo de los recursos financieros comprometidos, el gobierno del estado se obligaba a “establecer los mecanismos que aseguren transparencia en el ejercicio de los recursos en conjunto con una estrategia de comunicación sobre logros de objetivos de conservación”. Evidentemente esto nunca se cumplió y todavía hoy se desconoce el destino de los recursos.
Según consta en el convenio, con este programa se había programado beneficiar a 17 núcleos agrarios del estado de Guerrero, con superficies que van de las 400 a las mil 200 hectáreas en cada uno de ellos. La superficie total cubierta con el pago por servicios ambientales era de 14 mil 615 hectáreas.
De la región norte de la entidad se tenía previsto beneficiar a los núcleos agrarios de San Martín Pachivia, Santiago, Coatepec Costales, Acatepan, Huixtac y sus anexos, San Pedro, San Felipe Chichila y San Francisco Acuitlapan.
De Tecoanapa y Ayutla, los ejidos de San Francisco, Tepetates y Xalpatláhuac; de Chilpancingo, los núcleos agrarios de Palo Blanco y Tepozonalco; de los Pueblos Santos, Río Verde, Santa Bárbara y San Miguel. Y finalmente, los ejidos Los Humedales y Santa Lucía y sus anexos.
Sin embargo, de acuerdo con testimonios de autoridades ejidales y de bienes comunales, así como de técnicos que prestaron asesoría a estos núcleos agrarios, los campesinos sólo recibieron el primer pago, de ocho que estaban comprometidos.
¿Dónde quedó el resto de los recursos? ¿Hacia dónde fueron reprogramados? ¿Por qué en el gobierno del estado es frecuente el incumplimiento de sus compromisos con dependencias federales en detrimento de miles de guerrerenses? ¿Hasta cuándo se dejará de engañar a los campesinos?

El incumplimiento

Por medio de una solicitud de información, se requirió a la Conafor “los estados o municipios que han dejado de aportar al programa (de pago por servicios ambientales) de los ejercicios 2010 al 2015”. La dependencia informó que sólo tres entidades gubernamentales habían dejado de cubrir sus compromisos: dos del estado de Guerrero (gobierno del estado, en 2012; y el Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, en 2013); y uno de Quintana Roo (Instituto Forestal del estado de Quintana Roo).
En su respuesta, la Comisión Nacional Forestal no mencionó ninguna medida para sancionar a las entidades que no cumplieron con sus compromisos. Sólo hizo referencia a los lineamientos del programa de pago por servicios ambientales, que en su artículo 67 dice: “Para aquellas contrapartes que soliciten el desistimiento de aportación de fondos posterior a la asignación por parte del Comité Técnico Nacional y firma de convenio de colaboración, no podrán presentar cartas de intención en la convocatoria de los dos años siguientes a dicha cancelación o desistimiento…”
Y agregó, para prevenir este tipo de incumplimientos, que en las reglas de operación del ejercicio 2016 se incluyó que “las partes interesadas deberán demostrar que cuentan con solvencia económica para cumplir con los compromisos de pago propuestos para el convenio de colaboración, como requisito obligatorio, de lo contrario serán descalificadas sus cartas de intención”.
Los gobiernos de Ángel Aguirre y Rogelio Ortega Martínez engañaron a los dueños y poseedores de recursos forestales de 17 ejidos y comunidades del estado. Sólo les entregaron una mínima parte del pago por servicios ambientales al que tenían derecho y que fueron acordados en un documento jurídico. Nunca hubo ninguna explicación para ellos ni a la opinión pública, no se transparentó el ejercicio de los recursos, hubo un desprecio total hacia estos guerrerenses e impunidad para quienes desviaron estos recursos.

Qué son los servicios ambientales

El pago por servicios ambientales fue diseñado para proveer incentivos económicos a los dueños y poseedores de terrenos forestales (ejidos, comunidades y pequeños propietarios) y apoyar las prácticas de conservación y evitar el cambio de uso del suelo (deforestación) de los bosques.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el esquema de pago por servicios ambientales tiene el propósito de “impulsar el reconocimiento del valor de los servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas forestales, agroforestales y recursos naturales, además de la creación de mercados de estos servicios”.
La Comisión Nacional Forestal explica que los servicios ambientales del bosque “son los beneficios que la gente recibe de los diferentes ecosistemas forestales, ya sea de manera natural o por medio de su manejo sustentable (…) e influyen directamente en el mantenimiento de la vida, generando beneficios y bienestar para las personas y las comunidades”.
Ejemplifica que algunos servicios ambientales del bosque son la captación y filtración de agua, mitigación de los efectos del cambio climático, generación de oxígeno y asimilación de diversos contaminantes, protección de la biodiversidad, retención de suelo, refugio de fauna silvestre y belleza escénica, entre otros.
Regularmente, los servicios ambientales son gratuitos para la gente que disfruta de ellos, mientas que los dueños y poseedores de terrenos forestales que los proveen no son compensados en forma alguna por ello, y de ahí la creación de programas para apoyarlos.
Uno de esos programas es el de Mecanismos Locales de PSA a través de los Fondos Concurrentes de la Conafor, el cual ha propiciado la atracción de recursos complementarios de otros sectores, la inclusión de nuevos actores y la construcción de arreglos financieros e institucionales para dar respuesta a las necesidades de conservación de los recursos forestales y sus servicios ambientales.

El actual gobierno

En Guerrero poco se le apuesta e invierte en los temas medioambientales, no obstante que su descuido origina muchos de los problemas que presenta el estado como la mayor incidencia de algunas enfermedades, incendios, contaminación y falta de agua, y especialmente el aumento de los efectos devastadores de los fenómenos hidrometeorológicos, constantes en la entidad, debido a la deforestación y los cambios de uso de suelo.
Hace unas semanas se presentó una solicitud de información ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para requerir la descripción de programas, proyectos o acciones relacionadas con servicios ambientales, que la secretaría estuviera llevando a cabo en el ejercicio 2016.
La respuesta fue la siguiente: “se han revisado los expedientes, específicamente de la Dirección General de Recursos Naturales y en el período que solicita, informándole que esta Secretaría no está ejecutando ningún Programa de Servicios Ambientales”. Es decir, el actual gobierno de Héctor Astudillo Flores no dio seguimiento a los compromisos institucionales de las administraciones anteriores ni tampoco, por lo menos este año, se ha interesado por la aportación de recursos para el pago por servicios ambientales.
El apoyo a los campesinos por el concepto de servicios ambientales no estuvo considerado en los gobiernos anteriores ni está en los hechos operando en el gobierno de Héctor Astudillo. Falta esperar si en los próximos años pone en marcha una de las líneas de acción de su plan estatal de desarrollo que dice “Incentivar económicamente las iniciativas comunitarias de conservación de bosques”.