El derecho de acceso a la información, letra muerta en Ayutla

El Sur de Acapulco

A cien días de que comenzó su gestión el gobierno de Héctor Astudillo Flores y a más de cuatro meses de que se inició una nueva administración en el ayuntamiento de Ayutla de los Libres, estos dos órdenes de gobierno no atendieron las solicitudes de información que presentaron los ciudadanos, ni tampoco cumplen todavía con sus obligaciones de transparencia establecidas en la legislación local.
Lo anterior se desprende de un proyecto de promoción del derecho de acceso a la información que se ejecuta con habitantes indígenas de colonias populares de la cabecera municipal de Ayutla, una de cuyas actividades fue la presentación de más de 50 solicitudes de información ante diversas dependencias del gobierno federal, estatal y en el ayuntamiento de Ayutla –encabezada por la alcaldesa Hortensia Aldaco Quintana–, la mayoría de las cuales no recibieron respuesta.
Las actividades del proyecto se realizaron durante los meses de noviembre y diciembre de 2015, con el financiamiento del Programa de Sensibilización de Derechos (Prosede) del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El proyecto

Se realizaron ocho talleres de promoción del derecho de acceso a la información en otras tantas colonias de la cabecera municipal de Ayutla, así como la gestión de solicitudes de información y visitas de seguimiento. Participaron en los talleres un total de 213 personas de ocho colonias, la mayor parte fueron mujeres, con 178 asistentes, que representan 76.7 por ciento del total. La colonia donde se registró mayor asistencia fue la Luis Donaldo Colosio, con 38 personas; y la que menos tuvo fue la colonia Justicia Agraria, con 17 participantes.
En total, se presentaron 51 solicitudes de información, de las cuales 14 fueron al Ayuntamiento de Ayutla, 23 al gobierno del estado (Sedesol, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Instituto Guerrerense de Infraestructura Educativa) y 14 al gobierno federal (Sedesol, Comisión Nacional del Agua, Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Semarnat).
En el caso de las solicitudes al Ayuntamiento, se realizaron los oficios correspondientes y se presentaron personalmente en las oficinas del Ayuntamiento, unas firmadas por el facilitador de Comunica AC, otras por los propios vecinos. Cabe mencionar que un Ayuntamiento como Ayutla debe tener un mecanismo electrónico para la presentación de solicitudes de información, pero evidentemente no cuenta con él.
En el caso de las peticiones al gobierno del estado y el federal, el coordinador regional del proyecto creó una cuenta en los sistemas Info Mex y otra en Info Guerrero. Las cuentas se abrieron a nombre de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa, y se anotó a su presidenta como responsable.

No responden

Ninguna de las 14 solicitudes de información presentadas ante el ayuntamiento de Ayutla fueron respondidas en los plazos que marca la ley. Una vez transcurrido el plazo legal, como corresponde cuando no hay respuesta a una solicitud, se presentaron los respectivos recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero (ITAIG) los días 8 y 19 de enero de 2016. Actualmente están en proceso de estudio y resolución.
Cabe mencionar que esta falta de respuesta a las solicitudes de información y también de transparencia –a la fecha, el ayuntamiento no cuenta con portal electrónico u otro mecanismos que le permita cumplir con su información de oficio– contrasta con el despliegue de publicidad, en redes sociales y periódicos, de las actividades que realiza la presidenta municipal como promoción personal.
Entre la información que se solicitó al ayuntamiento destacan los expedientes técnicos de diversas obras, así como información específica de obras que afectan a la ciudadanía por falta de mantenimiento o por haber sido mal realizadas. También se requirió la propuesta de inversión del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 del ejercicio 2015, y la descripción y reglas de operación de los programas de apoyo a la población en situación de pobreza.
Destaca también el oficio donde se solicitó la inversión municipal canalizada al programa de fertilizante, los resultados de los análisis realizados al producto y las empresas proveedoras de fertilizante contratadas por el Ayuntamiento de Ayutla. Esta pregunta surgió porque los productores perciben que el insumo ya no “les rinde” como en años anteriores.
Toda esta información es competencia del gobierno municipal de Ayutla de los Libres y, sin embargo, no hubo ninguna respuesta.
Una actitud similar encontramos entre algunas secretarías del Ejecutivo que encabeza Héctor Astudillo Flores. Lleva ya 100 días de gobierno y las unidades de transparencia de estas dependencias no responden las solicitudes de información que se les presentan.
Como resultado de este ejercicio de promoción del derecho de acceso a la información en el municipio de Ayutla, auspiciado por el Prosede del INAI, se presentaron 23 solicitudes de información por medio de la plataforma Info Guerrero, de las cuales 13 fueron para la Secretaría de Salud, tres para la Secretaría de Desarrollo Social, igual número para la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, y dos para el Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa.
Predominaron las solicitudes para conocer acerca de los servicios de salud, pues hay una tensión muy grande entre la “pésima” atención que reciben y lo que los vecinos consideran que debe ser una “adecuada” atención, por lo que pidieron conocer, del hospital general de Ayutla, horarios de médicos, cuadro básico de medicamentos, cantidad de especialistas, enfermeras, servicio de ambulancias, enfermedades que atiende, costo de los servicios para afiliados y no afiliados al Seguro Popular, etc.).
Todas las solicitudes de la Secretaría de Salud no fueron respondidas por la dependencia, por lo que se presentaron los correspondientes recursos de revisión ante el ITAIG el 19 de enero de 2016, y actualmente están en proceso de resolución.
Asimismo, tres solicitudes se le hicieron a la Capaseg, y tampoco respondió nada. En este caso se requirió principalmente información sobre proyectos de agua potable y drenaje construidos en el municipio de Ayutla. La solicitud presentada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (antes Seder), tampoco fue respondida.
Es decir, de las dependencias del gobierno del estado, soló respondió la Sedesol (3 solicitudes), el IGIFE (2), Seduop (1) y Secretaría de Seguridad y Protección Civil (1). Esto significa que el Ejecutivo del estado fue omiso en responder en 17 (73.9 por ciento) de las 23 solicitudes que se le presentaron en este proyecto. Una cantidad que no lo deja bien parado.
Respecto de las solicitudes del orden federal, se presentaron un total de 14 peticiones ante diversas dependencias federales, entre las que destacan la Secretaría de Desarrollo Social (7 solicitudes), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (3), la Comisión Nacional del Agua (2), y las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (1) y la de Economía (1).
Los habitantes de las colonias de Ayutla solicitaron particularmente información sobre requisitos y reglas de operación de los programas sociales del gobierno federal, así como datos sobre diversas obras que se construyen en el municipio.
Dos dependencias solicitaron prórroga para responder, tres dijeron que lo solicitado no es de su competencia y dos declararon la inexistencia de la información. No se presentó ningún recurso de revisión pues todas las solicitudes fueron respondidas en tiempo y forma.

Las lecciones

El proyecto que ejecutamos en Ayutla evidenció las dificultades técnicas, de disposición política, de impunidad, etcétera, que obstaculizan el ejercicio del derecho a la información entre los guerrerenses. Una de ellas es el escaso acceso de la gran mayoría de los habitantes de las colonias populares –y de las comunidades rurales del estado– a una computadora que les permita presentar solicitudes de información por la vía electrónica e incluso, ver la información de oficio que publican las dependencias.
Los índices de analfabetismo y analfabetismo digital y la barrera del idioma también son dificultades adicionales para el acceso a la información, sin contar que el planteamiento de preguntas pertinentes y conocer la lógica del funcionamiento de las dependencias tienen de por sí su grado de dificultad.
En estas circunstancias, es necesaria la mediación de las organizaciones sociales y civiles para apoyar los procesos de promoción del derecho de acceso a la información, mediante un acompañamiento que incluya una intervención pedagógica dirigida a que estos sectores se “apropien” de las herramientas suficientes para el ejercicio de este derecho. Por eso la difusión que hacen el órgano garante y el gobierno del estado para que la gente solicite información no tiene ninguna eficacia en este sector de la población, ya que no va acompañada de este proceso pedagógico.
Pero las mayores dificultades se ubican en los procedimientos y prácticas institucionales para solicitar información. Como se observa en el proyecto ejecutado en Ayutla, 31 de 51 solicitudes de información, que representan un altísimo 60 por ciento, no fueron respondidas en el tiempo que establece la ley, y no es casual que sean todas ellas del ámbito municipal y estatal, donde persisten con mucha frecuencia estas prácticas de opacidad.
Desde luego, se presentaron 31 recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado, órgano que estará a prueba en sus procedimientos tanto en el análisis de los casos como en el cumplimiento de sus resoluciones y aplicación de las sanciones correspondientes.
Si no hay respuestas expeditas, si no hay resoluciones firmes y especialmente, si no se hacen cumplir dichas resoluciones, la promoción del derecho a saber no enraizará y la gente lo percibirá como una simulación.
La expectativa es que las dificultades que hoy se observan tanto en el ejercicio de acceso a la información como en la publicación de información de oficio se subsanen en alguna medida con la incorporación de Guerrero al Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que es una de las novedades que incluye la nueva Ley General de Transparencia, que por cierto, el Congreso del estado deberá armonizar antes del 4 de mayo.

¿Y la contraloría social?

El gobierno de Astudillo en diferentes discursos se ha referido a la participación ciudadana como un componente importante de su gobierno. Sin embargo, el tipo de participación que concibe es la misma que la de sus antecesores: una participación que sólo acompañe, que aporte mano de obra, que opine sobre las acciones de gobierno, pero que no sea parte de la toma de decisiones. Es decir, una participación limitada y hasta decorativa.
Uno de los propósitos del proyecto del derecho a saber en el municipio de Ayutla de los Libres fue promover la vigilancia ciudadana a través de contralorías, como una forma de participación ciudadana. Pero esto es materialmente imposible, si no hay información pública y abierta hacia los ciudadanos, como en esta ocasión fue el caso del Ayuntamiento de Ayutla y del gobierno del estado, aunque la cerrazón suele ser generalizada entre las dependencias de la entidad.
Los esfuerzos que realizan instituciones como el Prosede del INAI para promover los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, derivados de una política sistemática de la dependencia, en los estados y municipios del país se diluyen fácilmente porque persisten resistencias muy fuertes a la transparencia y la rendición de cuentas.
Además de contar con mejores mecanismos que faciliten el acceso a la información e incrementen los niveles de transparencia en el estado, sería una excelente iniciativa incluir un tipo de contraloría social con capacidad de decisión, autonomía, nacida de la sociedad, con acceso a la información pública, como un componente importante del entramado que actualmente se diseña en torno al Sistema Estatal Anticorrupción, y lo sería más en un estado que tiene altos índices de marginación, como Guerrero.
Pero no, Guerrero siempre ha estado a expensas de las políticas nacionales, y ésta no será la excepción.

El foro de transparencia de Astudillo

El Sur de Acapulco

La transparencia y la rendición de cuentas son temas de reciente inclusión en los planes estatales de desarrollo. Antes de la administración de Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011), los gobernadores apenas enunciaban en estos documentos frases aisladas e incompletas respecto al ejercicio transparente de los recursos y sobre el propósito de informar a la ciudadanía de los resultados de gobierno. Fue hasta 2006, al entrar en vigor la ley de transparencia del estado, cuando los más recientes mandatarios se vieron obligados a considerar estos temas en sus planes de desarrollo de manera más consistente.
Sin embargo, enunciada o no la transparencia en los planes estatales de desarrollo, las prácticas de opacidad de las administraciones no son muy diferentes una de otra. Apenas se perciben diferencias entre los gobiernos de Francisco Ruiz Massieu y el de Ángel Aguirre Rivero, o entre el de Rubén Figueroa Alcocer y el de René Juárez Cisneros.
Vistas así, todas las políticas y acciones en materia de transparencia y rendición de cuentas que se proponen en los planes de desarrollo han sido sólo buenos propósitos, giros retóricos y letra muerta, ya que los logros, al final de las gestiones, son imperceptibles en comparación con los altos índices de opacidad, los escándalos de corrupción y en general, el descrédito con el que concluyen las administraciones.
El jueves anterior, el gobierno de Héctor Astudillo Flores organizó el Foro Especial de Transparencia, en la cabecera municipal de Taxco, al que por cierto no asistió. No soy muy optimista de que las ideas que ahí se emitieron sean utilizadas para construir una política clara y consistente de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Y sostengo esto porque tradicionalmente en Guerrero los foros de consulta para confeccionar documentos como un plan estatal de desarrollo sólo se utilizan para cumplir un requisito legal (ley estatal de planeación), pero sobre todo, para legitimar políticas que regularmente ya están cocinadas; y también para cubrir al gobierno que las organiza con el barniz de la participación ciudadana.
En los foros convocados por el gobierno de Astudillo no hubo discusión ni análisis –base de un verdadero foro participativo– porque los formatos no se pensaron para ese fin; pocos conocen las propuestas, y al contrario de los que dicen los organizadores, no pueden ser consultadas en el internet. Tampoco hay representación ciudadana y de especialistas de la sociedad civil para hacer la sistematización, y en su caso, la elección de las mejores propuestas; y menos hay alguna garantía de que las ideas de los foros se reflejen en el Plan Estatal de Desarrollo. Así ha sucedido en todos los casos.
Según los organizadores, en este foro se presentaron 250 ponencias. Por tratarse de un acto político más que de análisis, no podían anunciar menos, incluso trascendió que muchas de esas ponencias fueron elaboradas por empleados de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, por encargo de sus jefes. Es difícil comprobarlo, pero tampoco son muy extrañas este tipo de prácticas para simular que hay participación.

Las propuestas

Las ideas principales vertidas en el foro se pueden resumir en dos hechos ya sabidos en Guerrero: uno, que las dependencias públicas no son transparentes y tampoco rinden cuentas; y dos, que es inminente y obligatoria la incorporación de las entidades federativas, entre ellas Guerrero, a los sistemas nacional de transparencia y nacional anticorrupción.
El ponente invitado, Filiberto Otero Salas, puso el dedo en la llaga: hay plazos perentorios, que marca la Constitución, para que los estados se suban a esta política nacional. En el caso del sistema nacional de transparencia, las legislaturas estatales tienen de plazo hasta el 4 de mayo de 2016 para armonizar las leyes locales a la Ley General de Transparencia.
Para el caso del sistema nacional anticorrupción, cuyas bases constitucionales se aprobaron el 27 de mayo de 2015, el plazo para los estados se vence el 27 de noviembre de 2016, por lo que todos los actores que están involucrados deben de iniciar ya los trabajos de armonización de leyes y de construcción del sistema estatal anticorrupción.
Otero Salas fue contundente con el diagnóstico: “Se debe partir de que el estado de Guerrero no cuenta con los medios, instrumentos, normas e instituciones a través de los cuales se pueda conformar un sistema integral de rendición de cuentas para poder enfrentar la corrupción en las diferentes áreas del gobierno”.
El trabajo que está por delante, explicó el académico, debe iniciarse con un estudio cuidadoso de las normas que regulan la actuación de las autoridades, pero deben analizarse también el modo y la forma en que el cumplimiento de las leyes es vigilado y controlado.
“Se deben estudiar los procedimientos que se siguen en el estado para justificar la rendición de cuentas; se deben evaluar los resultados que dichos procedimientos ofrecen. Una vez realizado el estudio, se debe proceder a elaborar la propuesta de reformas a la constitución”. Dimensionó las modificaciones que es necesario realizar a las leyes secundarias, y enumeró algunas que requerirán cambios en el corto plazo: la ley de transparencia, la de responsabilidades de los servidores públicos, fiscalización, presupuesto y disciplina fiscal, del sistema de coordinación hacendaria, de planeación, de hacienda, de deuda pública, del código de procedimientos administrativos. Y legislar una nueva que dé origen al sistema estatal anticorrupción.
Para ello, propuso también crear, a través de un decreto del Ejecutivo del estado, un órgano interinstitucional que prepare la instrumentación y el diseño de todas las reformas encaminadas a crear el sistema estatal anticorrupción y la adhesión al sistema nacional de transparencia y acceso a la información.
El gobierno de Astudillo y el Congreso del estado no la tienen fácil. Otros estados ya realizan los trabajos necesarios para cumplir en tiempo y forma con esta obligación nacional, y en Guerrero no se sabe si hay algún avance sobre los cambios legislativos y la adecuación de instituciones.
Es muy probable que en el foro de mañana miércoles, al presentar su programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción, Astudillo Flores dé inicio a los trabajos para modificar lo que es obligatorio.

La transparencia en los planes estatales de desarrollo

Desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1983), se introdujo como un componente de la gestión gubernamental, la planeación del desarrollo; posteriormente, cada estado legisló su propia ley de planeación (la primera de Guerrero en 1991, la vigente, en 2008). Esta ley es la que obliga a los gobiernos estatales a elaborar un Plan Estatal de Desarrollo.
El documento elaborado en la administración de Alejandro Cervantes Delgado, no consideró la transparencia ni la rendición de cuentas en ninguno de sus aparatados.
En el caso del gobierno de José Francisco Ruiz Massieu (1987-1993), el tema tampoco fue importante, al menos en el plan, y sólo consideró que las acciones y decisiones de gobierno se informarían a través de los medios de comunicación; también se comprometió a “Garantizar la vigencia del derecho de acceso a la información”, pero no describió mediante qué mecanismos. Asimismo, en el renglón de planeación y finanzas públicas, Ruiz Massieu propuso el “manejo de las finanzas públicas bajo criterios de transparencia, honestidad y eficiencia”.
Al Plan Estatal de Desarrollo del gobierno de Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996) tampoco le mereció ninguna importancia la transparencia gubernamental. En el tema de modernización administrativa propuso “reforzar la Contraloría del Estado y fortalecer los órganos administrativo que regulan y controlan el ejercicio público; actualizar el sistema de control y gestión interna y establecer los sistemas de control y evaluación del gasto público”. Ni una palabra más sobre la transparencia.
El gobierno interino de Ángel Aguirre (1996-1999) también contó con su plan de desarrollo. En el renglón de Libertad de expresión y prensa, y derecho a la información propuso la constitución de un “consejo de participación ciudadana para vigilar el cumplimiento de la libertad de expresión y el derecho a la información”.
En el rubro de Honestidad y eficiencia de la administración pública consideró hacer “una reforma de gobierno para que la función pública sea realizada con eficiencia administrativa y transparencia en el manejo de los recursos”, y entre sus estrategias, “establecer mecanismos eficientes de rendición de cuentas del gobierno estatal y de los ayuntamientos sobre el ejercicio de los recursos y uso del patrimonio”.
Por vez primera, se incluía la vigilancia ciudadana: “consolidar la Contraloría Social como mecanismo de supervisión y vigilancia comunitaria en el ejercicio del gasto público”.
Por otra parte, en el gobierno de René Juárez Cisneros (1999-2005) se consideraron la transparencia, rendición de cuentas y contraloría social. Por ejemplo, en el capítulo de Rendición de cuentas a la sociedad, se establecía que “Para que las instituciones y sus responsable cumplan sus objetivos y funciones, deben existir mecanismos que los obliguen a rendir cuentas a la sociedad y que al mismo tiempo les den instrumentos a las y los ciudadanos para solicitarlas”.
Asimismo, en el apartado de Modernización de la Administración Pública propuso la estrategia de “Establecer mecanismos para la rendición de cuentas y la participación social, de manera que se refuerce la relación estrecha y cercana de la sociedad, y que asegure una administración pública más eficiente, eficaz y honesta”, y entre las acciones consideró la actualización de la Ley Estatal de Adquisiciones y Obra Pública, para “hacer transparentes y públicos los mecanismos administrativos de asignación de contratos, adquisiciones, licencias y concesiones por ser áreas susceptibles a mayor corrupción”. En este gobierno también se dijo que se mejorarían los sistemas de la contraloría social.
Los programas estatales de desarrollo de Torreblanca y Aguirre

En 2005 ya se habían legislado leyes de transparencia y acceso a la información en varios estados y obligaba a los gobiernos a abordar este tipo de prácticas. A partir del gobierno de Zeferino Torreblanca (2005-2011) fue notoria la inclusión de objetivos y políticas de una manera más específica.
Así, el Plan Estatal de Desarrollo de la administración zeferinista se propuso “establecer un sistema de gobierno honesto y eficiente que garantice resultados en la operación y aplicación de los recursos con transparencia y cumplimiento con el principio de rendición de cuentas”.
Se planteó lograr esto mediante estrategias como informar a la sociedad de forma periódica, oportuna y transparente sobre la aplicación y utilización de recursos públicos federales y estatales, proponer una reforma integral al marco jurídico de fiscalización estatal y municipal, establecer políticas y acciones integrales de combate a la corrupción dentro de la administración pública estatal.
Otras estrategias fueron desarrollar sistemas de administración digital que agilicen y den soporte a los procesos de gestión pública y hagan transparente su operación, generar un marco jurídico y normativo que garantice el derecho a la información y constituir la Comisión Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En el Plan Estatal de Desarrollo del segundo periodo de Ángel Aguirre se propuso “hacer de la transparencia y rendición de cuentas un fundamento de la gestión gubernamental del estado”, y entre las estrategias destacó la incorporación plena de la ciudadanía en la vigilancia y seguimiento del uso de los recursos públicos, y del desempeño de los servidores públicos, así como impulsar los ordenamientos legales que den certeza a la conformación y funcionamiento de consejos consultivos de participación ciudadana, juntas vecinales o comunitarias, y demás instancias.
También propuso establecer mecanismos para una contraloría social efectiva, y promover la participación de los ciudadanos en la evaluación de las acciones de buen gobierno; crear un centro de denuncia anónima ciudadana, como medio accesible y confiable para que se puedan denunciar actos ilegales o de corrupción.
Finalmente, propuso “mejorar y modernizar el portal de transparencia, para que resuelva las necesidades específicas de información de los ciudadanos, y para que las dependencias cumplan con las obligaciones previstas en la Ley de Transparencia”.
En el gobierno de Astudillo Flores no hay que hacer cuentas alegres. La experiencia dice que aun cuando establezca en el Plan Estatal de Desarrollo una política de transparencia consistente, ésta se quedará en un buen propósito; las acciones que se pongan en práctica serán resultado inercial de las políticas que se llevan a cabo en el nivel nacional.