martes, 21 de julio de 2015

La transparencia de Héctor Astudillo

El Sur de Acapulco
La transparencia y la rendición de cuentas no fueron temas atendidos suficientemente por las y los candidatos durante la reciente campaña electoral, no obstante que la crisis social y política del estado tuvo su origen precisamente en actos de corrupción, impunidad y pésimos gobiernos.
El candidato a gobernador, Héctor Astudillo Flores, que espera la resolución de los órganos jurisdiccionales, se perfila como la persona que gobernará el estado. Es un hombre del sistema, acotado por los poderes fácticos, las disposiciones de la presidencia de la República y los numerosos compromisos adquiridos durante la campaña, que le dejarán poco margen de maniobra.
Visto así, no se espera que proponga una política destacada en materia de transparencia y redición de cuentas, y en el mejor de los casos, sólo continuará el actual sistema de simulación que practican casi todas las dependencias públicas del estado. Los únicos cambios que se observarán durante su sexenio, serán el resultado de las exigencias del nuevo sistema nacional de transparencia, pero localmente, la administración de Astudillo Flores difícilmente tomará la iniciativa.
Los primeros pasos
Hace unos días se reunieron el todavía candidato Héctor Astudillo Flores, y el mandatario en funciones, Rogelio Ortega Martínez, para hablar sobre el proceso de entrega recepción de la administración estatal. Curiosamente, a este proceso le llamaron “acuerdo para la transparencia de la transición 2015”.
Sin embargo, la percepción inicial es que el término se utiliza de manera indiscriminada, al pactar una práctica que ellos mismos no han cumplido, pues los antecedentes de Astudillo Flores en sus cargos anteriores no lo dejan bien parado en materia de transparencia, y a Ortega Martínez, ni hablar, ha sido más opaco que su antecesor quien fue acusado de corrupción, malos manejos y también por no brindar información.
La petición de establecer un acuerdo por la transparencia durante la transición lo compromete a exigirse a sí mismo un programa similar para su gobierno. Dijo Héctor Astudillo: “que los guerrerenses se enteren del estado que guarda la administración estatal, cuentas claras, acciones de bien común, pero sobre todo transparencia y legalidad en los últimos meses que quedan del actual gobierno”, en un acto donde se reunió con los candidatos electos a diputados federales, locales y de ayuntamientos.
Malos antecedentes
Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) es un colectivo de organizaciones y ciudadanos que evalúa cada semestre la transparencia de los ayuntamientos de Guerrero. La última ocasión en que Astudillo Flores presidió la comuna de Chilpancingo, de 2008 a 2011, no le fue nada bien en las revisiones que se aplicaron.
La metodología de las evaluaciones Cimtra considera una serie de indicadores relacionados con la difusión de información sobre bienes y sus usos, obra pública, gasto, administración, urbanidad, consejos, participación ciudadana, cabildo y atención a la ciudadanía.
En la revisión aplicada en noviembre de 2009, obtuvo apenas 25 puntos de calificación (en una escala de 0 a cien); en agosto de 2010 subió a 30.8 puntos. En tanto que en marzo de 2011 ese porcentaje se desplomó a 10.8 puntos.
Para dimensionar la puntuación obtenida en Chilpancingo durante el gobierno de Astudillo, hay que comentar que municipios como Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan, ambos de Jalisco, alcanzaron puntuaciones de 94.4 y 89.9 por ciento, respectivamente.
Cuando fue diputado local en la LIX Legislatura del Congreso del estado, si bien no le correspondía directamente decidir sobre los asuntos de transparencia en ese órgano legislativo, sí tenía la facultad y el compromiso moral de tomar una posición sobre la opacidad del Congreso.
Cimtra también cuenta con un instrumento para evaluar a los legislativos estatales. En el caso del Congreso del estado de Guerrero se aplicó en octubre de 2013 y su calificación fue muy pobre: 18.1 puntos de cien posibles. Otros congresos, como el de Puebla, tienen calificaciones relevantes de 73.6 por ciento.
La asociación civil Comunicación para el Desarrollo Comunitario realizó un monitoreo a las dependencias públicas del estado a través de la revisión a los portales electrónicos a efecto de registrar el nivel de cumplimiento de la información de oficio.
En 2013, el Congreso local obtuvo apenas nueve puntos porcentuales, apenas arriba de la mayoría de los ayuntamientos que regularmente obtienen entre cero y cinco puntos. En esa revisión, el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa fue la dependencia que obtuvo mayor puntaje con 69 por ciento.
En el siguiente ejercicio, 2014, el Congreso subió su puntuación en su nivel de cumplimiento en las obligaciones de transparencia a 46 puntos, pero continuó entre las dependencias más opacas. En 2014, Acapulco fue el que encabezó ese monitoreo con 93 puntos.
Es decir, los espacios institucionales donde Astudillo Flores ha desempeñado un cargo, no se han caracterizado por su transparencia.
Punto a favor
Astudillo Flores fue uno de los tres únicos candidatos a la gubernatura en Guerrero, de nueve que compitieron, en publicar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de interés, como parte de una iniciativa ciudadana organizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana, denominada Candidato Transparente.
Aunque fue una práctica transparente, a partir de la información que publicó el candidato recibió una andanada de críticas sobre el monto de su salario, y especialmente el extraño hallazgo de que él no cuenta con ninguna propiedad, y su esposa sí tiene hasta 12 bienes inmuebles ubicados en Guerrero y el Distrito Federal.
En esa ocasión, Astudillo Flores reportó ingresos anuales por 885 mil pesos por su labor como diputado del Congreso del estado. Sin embargo, su cónyuge, según esos documentos, percibe 3 millones 521 mil 244 pesos al año.
Los únicos bienes que Astudillo admite tener son dos camionetas Jeep con un valor de 428 mil pesos cada una, adquiridas de contado en 2014, y dos cuentas de cheques de 9 mil 300 pesos en conjunto.
No está de más comentar que en eso consiste el escrutinio público al que aspiramos como sociedad democrática, y por eso se requiere de la transparencia de los datos y la información gubernamental a efecto de que puedan ser valorados, criticados por la ciudadanía.
Las promesas de campaña
En varias ocasiones, el candidato Héctor Astudillo emitió declaraciones sobre el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. No se observó en ninguna de ellas una sola propuesta que modifique de raíz el actual sistema de la rendición de cuentas en el estado, sino más bien emitió ideas sueltas y muchas promesas, que ni en conjunto configuran una política bien pensada y sólida sobre el tema.
Sus opiniones sobre el tema de transparencia estuvieron cargados más de buenos deseos que de ideas concretas; en ninguna propuesta fue específico para explicar de qué manera implementaría sus ideas, y esto, de acuerdo con lo que regularmente prometen los candidatos, se convierte en una simulación más que en una realidad.
En una entrevista concedida a Radio y Televisión de Guerrero, publicada en las redes sociales el 26 de marzo de 2015, el aspirante a gobernador comentó que enfrentaría la corrupción predicando con el ejemplo. “Si el jefe comienza a robar, los de abajo van a querer robar. Creo que de lo que se trata es que el futuro gobernador de Guerrero asuma una actitud de terminar con lo que se pueda de corrupción, y éste va a ser un punto para recuperar la confianza de la gente”.
También comentó que “Hay que buscar mecanismos de mayor transparencia, de cumplimiento sobre el manejo de los recursos públicos. Creo que son varias cosas que confluyen en un todo, y seguramente si se logran hacer, habrá más transparencia en todo.”
Días después, el 16 de abril, el candidato Héctor Astudillo firmó 50 compromisos con empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana, entre los que destacan transparentar sus bienes y rendir cuentas periódicamente sobre su administración.
Además, dijo que si llegaba a ser gobernador del estado, haría transparentes trimestralmente las adquisiciones de la entidad, y consideraría como proveedoras a las empresas locales. También dijo que crearía una comisión para monitorear el desarrollo económico.
Sobre las adquisiciones, cabe recordar que Ángel Aguirre Rivero también prometió hacer transparentes esos procesos, incluso propuso la creación de un consejo ciudadano que se encargaría de vigilar tanto la obra pública como las adquisiciones del gobierno. Sobra decir, que esa promesa del ex gobernador, como la mayoría de las que hizo en su campaña, fueron una simulación. ¿Qué hará Héctor Astudillo para este compromiso sea cumplido?
El 24 de abril, ante empresarios del Consejo Coordinador Empresarial de Chilpancingo, el aspirante Héctor Astudillo se comprometió a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses “en el entendido de que el pueblo de Guerrero demanda que sus gobernantes sean transparentes”. Ofreció además que anexaría las cuentas públicas aprobadas por el Congreso de las dos ocasiones en que fue presidente municipal de Chilpancingo, según la prensa.
Como se sabe, el primer compromiso sí lo cumplió (la presentación de sus declaraciones), pero no se sabe nada de las cuentas públicas del ayuntamiento de Chilpancingo, documentos que todavía hoy serían útiles para el escrutinio ciudadano, si se difundieran.
En ese encuentro con empresarios también dijo que se apegaría a la Ley de Contabilidad Gubernamental para que los ciudadanos conozcan en qué gasta el gobierno del estado, y que su gobierno luchará contra la corrupción, el nepotismo y abonará a la transparencia.
El 7 de mayo de 2015, en el foro Ideas por Guerrero, y con el tema rendición de cuentas, transparencia y ética pública, el candidato se comprometió a impulsar un código de ética para los funcionarios y una comisión anticorrupción en el estado.
Del mismo acto, en las redes sociales se difundió el video de la intervención del candidato en torno al tema. De sí mismo dijo: “Héctor Astudillo ha sido funcionario público y las ocasiones en que hemos tenido responsabilidades públicas hemos demostrado nuestro ánimo de hacer bien las cosas en lo que respecta al manejo de los recursos públicos”.
Recordó que en dos ocasiones fue presidente municipal constitucional de Chilpancingo, y se ufanó de que en ambas “tuve la oportunidad de comprobar correctamente todo lo que manejé. En los últimos tiempos, fui nuevamente presidente de 2008 a 2010, y todas las cuentas públicas, de cuando fui presidente municipal, han sido aprobadas por el gobierno del estado, no tengo pendientes de cuando he sido responsable de la administración pública municipal, lo puedo decir en pocas palabras, no quedé a deber ni un ladrillo”.
Y aunque todos los presentes aplaudieron mucho esta última ocurrencia del candidato, lo cierto es que públicamente no son conocidas sus cuentas públicas.
Tal vez los planteamientos más específicos del candidato Astudillo Flores en materia de transparencia y rendición de cuentas los expresó durante el segundo debate en que participó junto con otros ocho candidatos y candidatas al gobierno del estado, el 20 de mayo.
Ahí se comprometió a crear el sistema estatal anticorrupción, “que contará con los controles necesarios para minimizar los actos de corrupción y castigar hasta sus últimas consecuencias a los corruptos”. Agregó el aspirante que la corrupción es el costo social más alto que pagan los ciudadanos, ya que se desvían presupuestos y quedan obras inconclusas y de mala calidad.
También propuso que todos los funcionarios, “absolutamente todos”, tendrán la obligación de hacer sus tres declaraciones, patrimonial, de impuestos y de conflicto de intereses.
Concluyó que su gobierno dará un impulso sin precedentes a la participación ciudadana y con ello los guerrerenses dejarán de ser espectadores para convertirse en protagonistas de cambio en el estado.
“Junto con la implementación de un programa de prevención de la violencia y el delito y para garantizar que nuestros esfuerzos por castigar la corrupción sean eficaces impulsaremos la creación de observatorios ciudadanos que supervisen la aplicación correcta de los recursos públicos”.
Aunque muy pobres las propuestas, ya las emitió y quedaron registradas como compromisos públicos. Ya se verá si las cumple o sólo le fueron útiles para llegar al Ejecutivo del estado.

martes, 7 de julio de 2015

El gobierno de Ortega, tan opaco como el de Aguirre

El Sur de Acapulco
El gobierno de Rogelio Ortega Martínez no ha modificado la situación del estado de Guerrero, no por lo menos en materia de transparencia gubernamental ni en los instrumentos de acceso a la información. Ha sido tan opaco como su antecesor, Ángel Heladio Aguirre Rivero, con el agravante de que Ortega Martínez se presentó con la bandera de académico-investigador, no político, que llegó a recomponer un estado en llamas.
Más allá del discurso que se ha construido, como un gobernador conciliador, de diálogo, que llegó a pacificar el estado, los hechos lo desnudan, y en el caso que nos ocupa, no ha hecho nada para mejorar el nivel de transparencia en el Ejecutivo ni mejorado la rendición de cuentas. Es más, en tan sólo ocho meses ya le explotaron dos asuntos en los que se presume corrupción, uno, relativo al cobro de salarios tanto en el gobierno como en la UAG de sus amigos y familiares, y el segundo, al otorgamiento de contratos a supuestos operadores electorales de la ex candidata perredista al gobierno del estado.
Esto ha generado una percepción muy poco favorable al actual gobernador, a pesar de los miles de pesos que se invierten en entrevistas pagadas en los medios nacionales tratando de recomponer la imagen de un gobierno poco eficaz, fallido.
Ortega encuentra desvíos
El primer anuncio importante del gobierno de Ortega Martínez en materia de rendición de cuentas fue una declaración de su secretario general de gobierno de que las arcas públicas estaban vacías. La interpretación de esta noticia era que el ex gobernador Aguirre y sus cómplices dejaron en bancarrota las finanzas del estado.
De acuerdo con la gravedad de lo que expuso David Cienfuegos, todo parecía indicar que habría denuncias penales en contra de quienes depredaron al erario, pero pasaron los días y no pasó nada, ni una palabra sobre las finanzas del estado, sólo discursos que comenzaron a simular que todo estaba bien.
El anuncio se hizo el 27 de noviembre de 2014, apenas transcurridos 30 días de que Ortega Martínez asumiera el gobierno del estado, David Cienfuegos Salgado, secretario general de gobierno, denunció ante la Asociación Civil Acapulco que la nueva administración había encontrado las arcas vacías, deudas millonarias y promesas incumplidas.
Según la reseña de este diario, Cienfuegos Salgado enfatizó que el de Ortega Martínez era “un gobierno que se encuentra prácticamente atado de manos al llegar y enfrentar las arcas vacías y muchos compromisos ineludibles, y por otro lado muchas promesas que están incumplidas”.
Explicó que la contabilidad gubernamental está marcada por “prácticas inmorales” que será difícil erradicar, y reveló que a su llegada a la secretaría general de Gobierno encontró que había subsecretarios que tenían “compensaciones discrecionales” de hasta 40 mil pesos, pues no ganaban lo mismo.
También comentó que encontró “faltantes”, porque no había recursos necesarios para desarrollar actividades cotidianas, pero dijo que le correspondía a la Sefina informar sobre ese tema y acotó que no se puede hablar de desvió de recursos, según El Sur de aquella fecha.
“Mientras no se agoten los procedimientos ni se cumplan con los plazos no sabremos si se comprobó o no el dinero que no se encuentra en las arcas del gobierno del estado”, dijo.
El funcionario también adelantó que el gobierno del estado establecería un sistema para transparentar toda su información.
La transparencia de Ortega
El mismo día en que el secretario general de Gobierno denunció las arcas vacías, Ortega presentó su plan de gobierno que incluía 27 acciones “inmediatas, sustantivas”; el anuncio lo hizo en un salón del Centro de Convenciones el Forum Mundo Imperial de Acapulco.
Especialmente la acción número 21 dice textualmente: “Transparentar el uso de los recursos públicos a través de auditorías financieras y acceso a la información de las dependencias del gobierno del estado y organismos públicos descentralizados”.
Sin embargo, hoy todavía se espera esa anunciada política de transparencia y acceso a la información. Faltan cuatro meses para que concluya su mandato y no se vislumbra ninguna estrategia que modifique, ya no de raíz las estratagemas de la opacidad que tradicionalmente son características en el Ejecutivo del estado, sino por lo menos que aplique cambios de forma en los instrumentos actuales.
Acceso a la información
Respecto de los mecanismos y prácticas de acceso a la información, la actuación del gobierno de Ortega no ha sido mejor que la de Ángel Aguirre o Zeferino Torreblanca, más bien, han sido muy cuestionables y quizás peores que las de sus antecesores, no obstante las promesas de su plan de gobierno anunciado en noviembre de 2014.
El colmo es que desde hace varias semanas, el sistema electrónico que recibe y emite respuestas a las solicitudes de información contiene errores –como responder con archivos que no pueden abrirse– y nadie en el gobierno estatal hace nada. Tampoco el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado (Itaig), que debe vigilar y garantizar este derecho ciudadano.
Según el sistema Info Guerrero –plataforma electrónica para la recepción y respuesta de solicitudes– desde que entró Rogelio Ortega, en octubre de 2014, y hasta el 4 de julio de 2015 se presentaron 919 solicitudes de información. De este total, del 68.2 por ciento se entregó información a los ciudadanos vía Info Guerrero; en el 12.7 por ciento se les informó que correspondía a otra dependencia.
Las estadísticas del Info Guerrero también indicaron que en 10 por ciento de las solicitudes se les respondió que la información es inexistente, y en el 4.5 por ciento, que la información estaba públicamente disponibles (en los portales); en el 2 por ciento se contestó que la información era confidencial y en 1 por ciento, reservada.
Pero estos números no dicen mucho y hay que tomarlos con muchas reservas. Por ejemplo, en el rubro de “entrega de información a los solicitantes por vía Info Guerrero” sería más correcto decir: se les respondió, pero no necesariamente se les entregó la información. Los otros rubros también se emplean como excusas para no proporcionar la información solicitada, el Itaig tiene muchos análisis y resoluciones de cómo la famosa información inexistente, reservada o confidencial, incluso la que se dice que está públicamente disponible, con mucha frecuencia es utilizada por las dependencias del Ejecutivo como argumento para no entregar la información que les pide la ciudadanía.
Hay experiencias personales recientes que ejemplifican esta simulación. Por ejemplo, el 16 de febrero de 2015, presentamos la solicitud de información folio 00015615 ante la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) para pedir los “Informes de cuenta pública del gobierno del estado aprobadas por el Congreso del estado, de los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012”.
También se le solicitaron mediante el documento folio 00015715, de la misma fecha, los “Presupuestos de egresos del estado de Guerrero, publicados en el periódico oficial del estado, de los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015”.
Esta información, según la Ley de Transparencia, los ciudadanos ni siquiera tendrían que solicitarla, pues debe estar publicada obligatoriamente en su portal de transparencia; sin embargo, en ese espacio la dependencia difunde datos que no corresponden con las cuentas públicas y engañan a los lectores.
Esta omisión es más grave considerando que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado (artículo 22), la Sefina es la única dependencia facultada para “Concentrar, integrar y elaborar la Cuenta Pública Anual y el Presupuesto de Egresos”, del Ejecutivo del estado, es decir, si la Sefina no da a conocer la cuenta pública del Ejecutivo, ninguna otra dependencia lo hará (cabe mencionar que la cuenta pública del ejercicio 2013 es la única difundida en el periódico oficial; el resto no aparecen).
La respuesta que dio la Sefina a las solicitudes de información es patética: “respecto de los informes de cuentas públicas aprobadas [sugieren que] sean solicitadas al H. Congreso del Estado” y los presupuestos de egresos recomiendan que “sean solicitados al Periódico Oficial del Gobierno del Estado (…), toda vez que la información solicitada su origen está en las Dependencias anteriormente citadas”.
Si atendemos la afirmación que emitió el subsecretario de egresos, funcionario que firma la respuesta, la cuenta pública del Ejecutivo la elabora el Congreso del estado y los presupuestos de egresos se formulan en el periódico oficial, es decir, carga la responsabilidad de los presupuestos y la cuenta pública a otras dependencias.
Las respuestas de la Sefina ameritaron dos recursos de revisión ante el Itaig, que se presentaron el 12 de marzo de 2015. Han pasado casi cuatro meses y el ITAIG todavía no ha emitido una resolución a un par de recursos de revisión relativamente fáciles de resolver, ya que la ley de transparencia y acceso a la información dice claramente que la información que solicitamos –los presupuestos del estado y los informes de cuenta pública– es de la llamada información de oficio (artículo 13, fracción IX).
Otras omisiones
La Sefina no es la única omisa en responder solicitudes. Durante el periodo de Ortega Martínez son varias las solicitudes que se han respondido parcial o no satisfactoriamente o fuera del plazo que establece la normatividad, se trata de las siguientes dependencias del Ejecutivo del estado: la Secretaría de Educación de Guerrero (dos solicitudes), la Secretaría de Salud (dos), la Contraloría General del Estado (una) y la Secretaría de Desarrollo Rural (una). En todos los casos, se presentaron recursos de revisión ante el Itaig.
En el caso de la Secretaría de Educación de Guerrero se solicitaron, mediante folio 00065315 los “Programas estatales (descripción de beneficios y requisitos) de los que se puede beneficiar una Telesecundaria (cualquier modalidad) en el estado de Guerrero”. La segunda solicitud requirió la “Descripción de los recursos financieros, materiales y otros con los que se benefician las escuelas incorporadas al programa Tiempo Completo” (00065415).
En la Secretaría de Salud se pidió un “documento oficial que contenga información sobre los requisitos que debe cumplir un centro de salud para contar con médico y enfermera en las localidades rurales” (folio 00060215). Así como un “documento oficial que contenga los requisitos necesarios para establecer un centro de salud en una localidad rural” (folio 00060115).
Igualmente, a la Contraloría General del Estado se le presentó la siguiente solicitud: “Número de solicitudes de información presentadas ante el gobierno del estado de junio de 2006 a abril de 2015, desglosadas por año y por dependencia. -Información requerida en cada una de las solicitudes de información, desglosadas por año y dependencia”.
Y finalmente, a la Secretaría de Desarrollo Rural se le hizo la petición del “Presupuesto destinado por el gobierno del estado al sector pesquero en 2015. -Proyectos que se financiarán con esos recursos en 2015. -Monto del presupuesto destinado a pescadores y cooperativas de la localidad de San Andrés Playa Encantada, municipio de Acapulco en 2015. Proyectos pesqueros que se ejecutarán en San Andrés Playa Encantada en 2015”, con el número de folio 00067315.
A casi ninguna de las solicitudes presentadas hubo respuesta, o llegó a destiempo. Actualmente son analizadas por los consejeros del Itaig, para en su caso, ordenar que se entregue la información, y si continúa el desdén gubernamental por la transparencia, aplicar la sanción que corresponda.
La transparencia de Ortega
El gobierno de Rogelio Ortega Martínez no ha impulsado ninguna política de transparencia. Como sus antecesores, en esta materia cumple a medias con lo que le ordena la normatividad siguiendo de manera inercial y siempre retardada los cambios que se dictan en las leyes en el nivel nacional, pero no hay una iniciativa propia que deje ver esa supuesta disposición a la transparencia que contienen los discursos del mandatario.
Los portales electrónicos de las dependencias del Ejecutivo contienen la misma información que en tiempos de Ángel Aguirre, no hay nada nuevo. La información clave sigue sin aparecer en casi todas las áreas, no hay uniformidad en la presentación, y cada dependencia publica información de acuerdo con sus interpretaciones.
Actualmente se elabora un monitoreo a la transparencia de las dependencias del estado. En ediciones posteriores publicaremos los resultados, y se conocerá con criterios más objetivos el nivel de transparencia del Ejecutivo estatal.