E
l Sur de Acapulco
El gobierno del
estado nuevamente desacató la Ley de Coordinación Fiscal porque a la fecha no
ha publicado el monto de los recursos correspondientes a los municipios por
concepto de obra púbica y fortalecimiento municipal.
De acuerdo con
los artículos 35 y 36 de dicha norma, el Ejecutivo del estado deberá dar a
conocer en el periódico oficial del estado, antes del 31 de enero, el
presupuesto del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de
Fortalecimiento municipal (Fortamun) y su distribución entre los municipios de
la entidad.
Sin embargo, al
17 de febrero ni en la página del periódico oficial ni en la dirección
electrónica de la Consejería Jurídica del Ejecutivo ha sido publicada esta
información, incluso en las oficinas del periódico oficial nadie sabe cuándo se
publicarán.
La información
sobre los recursos que se destinarán a la obra pública municipal y al
fortalecimiento municipal en 2014 es muy relevante, pues tanto los
ayuntamientos como las y los guerrerenses, con estos datos, tienen un referente
sobre de los montos que ejercerán los 81 municipios, especialmente del FISM,
que son los recursos más importantes provenientes de la federación que reciben
los municipios para inversión en infraestructura básica.
Con esta
información, las comunidades guerrerenses, sus autoridades locales, comisarios
municipales, delegados, comisariados ejidales, integrantes de comités de obra y
ciudadanos en general, pueden conocer cuánto se destina a su municipio y exigir
cuentas a los ayuntamientos sobre el ejercicio de estos recursos.
Opacidad en el presupuesto de egresos
Los recursos del
FISM tampoco se pueden consultar en el presupuesto de egresos del estado del
ejercicio 2014, simplemente porque el gobierno del estado tampoco ha publicado
ese documento, aun cuando hay una liga electrónica en el periódico oficial,
pero sin la información correspondiente.
Por su parte, el
Congreso del estado, aunque el 21 de diciembre emitió un boletín en el que
asegura que “el Congreso de Guerrero aprobó, en sesión plenaria, el Paquete Económico
2014 que considera un Presupuesto de Egresos que asciende a 42 mil 417.8 millones de pesos”, el decreto que
contiene dicha información tampoco aparece publicado en su portal electrónico.
En ambos casos,
la ley de transparencia del estado, la ley general de contabilidad
gubernamental y el propio decreto del presupuesto obligan a estos poderes del
estado a hacer público ese documento. Pero no ha sido así.
El único
referente que hasta hoy está disponible para tener un dato aproximado del monto
total de los recursos del FISM y del Fortamun es la Ley
número 435 de ingresos del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal
2014, en la cual se pronostica que la federación enviará recursos por 4,638.9
para el caso del FISM.
Cabe destacar
que de acuerdo con los decretos de presupuestos de egresos del estado de los
últimos tres años, de manera global los municipios guerrerenses se repartieron
3,149.2 millones de pesos en 2011, al siguiente año fueron 3,865.2 millones y
en 2013 la cifra alcanzó los 4,097.4 millones.
Para el caso del
Fortamun, en la ley de ingresos del ejercicio 2014 se previeron 1,768 millones
de pesos. Si se compran con los montos del último trienio, el presupuesto de
egresos de 2011 consideró 1,429.7 millones, en 2012, 1,513.5 millones y en
2013, 1,614.1 millones de pesos.
Todas estas
cifras son aproximadas, ya que no existen datos precisos y públicos, aun cuando
ya es amplia la normatividad acerca de dar a conocer este tipo de información,
y que en Guerrero todavía se escatima abierta.
FISM y Fortamun, directos a municipios
Tradicionalmente,
las transferencias federales han representado la principal fuente de recursos con
que cuentan las entidades federativas y los municipios, ya que el porcentaje de
estos recursos en la mayoría de los municipios es de más de 95 por ciento.
En México,
existen dos grandes rubros de transferencias federales: las participaciones o
ramo 28, con una finalidad resarcitoria (aquellos estados que recauden más
impuestos recibirán más recursos), y las aportaciones o ramo 33, con objetivos
compensatorios (que se asignan de acuerdo a los rezagos y necesidades que
presentan las entidades federativas en materia de salud, educación,
infraestructura y desarrollo social).
Respecto de los
recursos del ramo 28, los estados y municipios deciden libremente su ejercicio,
por lo general, se utiliza para pagar a los empleados y funcionarios de los
gobiernos estatal y municipales, energía eléctrica, gasolina, papelería, renta
de oficinas y en cualquier producto o servicio que sirva a los gobiernos para
cumplir sus objetivos.
Con los recursos
del ramo 33 se financian obras y acciones específicas, son recursos que vienen
etiquetados o condicionados a cumplir determinados objetivos.
El ramo 33 se
compone de ocho fondos, pero sólo dos se destinan directamente a los
municipios: el FISM y el Fortamun. De manera específica, el FIMS fue creado
para inversiones en obras de agua potable, drenaje, energía eléctrica, caminos
rurales, mejoramiento de vivienda popular y alcantarillado, entre otras obras
básicas. No se puede usar para salarios de funcionarios ni otros usos no
autorizados.
La experiencia de Oaxaca
En el estado de
Oaxaca existe una experiencia casi única en el país relativa a la gestión,
vigilancia y rendición de cuentas de los recursos de los ramos 28 y 33; esta
modelo de participación es promovido por el Frente Indígena de Organizaciones
Binacionales, una organización nacida en California, Estados Unidos, para
atender las demandas de los migrantes, y que extendió su acción hacia las
comunidades de origen de esos migrantes.
Además de los
logros de sus luchas en el país del norte, en varias regiones de Oaxaca han
promovido opciones en las comunidades de origen para contrarrestar la
migración.
El trabajo más
fuerte del FIOB en Oaxaca se centra en la gestión de las obras de
infraestructura social, es decir, agua potable, electrificación, construcción
de puentes, pavimentación, drenaje, escuelas, que son obras de mayor
importancia para las comunidades.
“También estamos
preocupados en la implementación de proyectos que generen empleos para las
comunidades, pero mientras no se tenga agua potable, energía, escuela, no
podemos pasar a esa etapa de pensar en un empleo”, afirmó Bernardo Ramírez
Bautista, coordinador de esa agrupación.
Hace 13 años, el
FIOB comenzó a trabajar esta vertiente con las autoridades municipales,
especialmente con la gestión de información de los recursos del Ramo 28 y Ramo
33.
“Consideramos
que la clave está en llevar la información a la gente para que tengan
conocimiento de cómo hacer el reclamo de estos recursos para su comunidad, qué
proceso se debe llevar a cabo”, consideró Ramírez Bautista.
Uno de los
logros de esa y otras organizaciones fue la modificación de la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Oaxaca, a efecto de que las localidades de
los municipios reciban y administren directamente recursos de los ramos 28 y 33
(“Las Agencias Municipales y de Policía recibirán mensualmente de los
Ayuntamientos, los montos que el propio Ayuntamiento destine en su presupuesto
de egresos a cada una de ellas, de los recursos que ingresen a la hacienda
municipal, derivados de participaciones federales, fondos de aportaciones
federales, impuestos, productos, derechos y aprovechamientos municipales, a
través de sus autoridades municipales auxiliares”).
Afirmó el coordinador del FIOB que a principio
de cada año van a las localidades e informan sobre estos fondos. “Convocamos a
un taller una vez que tenemos el periódico oficial (con la asignación de
recursos para cada municipio) y el censo del INEGI (para conocer el número de
habitantes de cada localidad). Con estos documentos decimos a la gente cuántos
recursos corresponden a su comunidad, esto para darles la herramienta que les
permita negociar con los alcaldes”.
La exigencia de
información y transparencia en los gobiernos municipales son temas clave en los
que más se ha involucrado el FIOB. “Siempre hemos dicho que pelearemos por que
los recursos lleguen a nuestra comunidad, pues a ella corresponden, y también buscamos involucrar a las
autoridades para que sean parte del Consejo de Desarrollo Social Municipal, a
efecto de que ellos se enteren, para que exijan saber dónde se está aplicando
el recurso.
Finalmente,
entre los compromisos que tienen las autoridades auxiliares es la rendición de
cuentas, aseguró el coordinador del FIOB, es decir deben decir y justificar a
su comunidad en qué se gasta el recurso del ramo 28 que reciben y las obras que
construyen de manera directa con el FISM del ramo 33.
En Guerrero, nada
En Guerrero, no
se tiene una legislación que permita a las localidades rurales del estado
recibir y administrar de manera directa los recursos de los ramos 28 y 33. Es
más, ni siquiera se les consulta ni mucho menos se permite su participación en
la programación, ejecución y evaluación de las obras, aun cuando el artículo 33
de la Ley de Coordinación Fiscal federal así lo exige.
Tampoco se sabe
de alguna organización estatal que impulse este tipo de demandas ni se conocen
experiencias en las que las comunidades rurales guerrerenses hayan presionado y
logrado que los ayuntamientos les distribuyan recursos para la construcción de
obras.
En Guerrero lo
que sí se ha visto cada año son movimientos muy localizados en los municipios
donde las personas, encabezadas por sus comisarios municipales, expresan su
descontento por la falta de construcción de obra pública, porque se realizan
sin calidad o porque los recursos públicos se ejercen sin transparencia.
Sin embargo,
estos movimientos regularmente no trascienden más allá de la manifestación de
un descontento, en parte porque las dependencias públicas a donde acuden los
inconformes (Auditoría General del Estado, Contraloría del estado y Congreso
local) no les resuelven nada, en parte porque no hay una legislación fuerte que
obligue a los ayuntamientos a distribuir recursos y a sancionarlos si no lo
hacen, y tampoco porque no hay una articulación entre los diferentes
movimientos.
En el estado
tampoco se logra la vigilancia ciudadana de los recursos públicos que se
emplean en la construcción de obras, pues los instrumentos que prevé la
normatividad para este fin, el Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal, los vocales de control y vigilancia y los comités de obra,
simplemente no funcionan o están cooptados por los ayuntamientos.
Los recursos
destinados a obra pública municipal en Guerrero están pues a merced de la
discrecionalidad de los alcaldes, que
los ejercen sin transparencia ni eficacia, por lo que los beneficios que llegan
a la población son magros.
Sigue las sorpresas en el ITAIG
El órgano
garante de la transparencia en Guerrero, ejemplo que debería ser de
administración eficiente, eficaz y transparente, da otra vez la nota negativa. En
esta ocasión, están involucrados los tres ex consejeros del organismo.
Un primer caso
fue el enroque que se dio entre el ITAIG y la Unidad Académica de la UAG, pues
horas después de que Roberto Rodríguez Saldaña tomara posesión como nuevo
consejero, renunció al cargo de director de la Unidad Académica de Derecho de
la UAG y lo cedió al consejero saliente del ITAIG, Ernesto Araujo Carranza.
El otro
escándalo fue la noticia de que los tres ex consejeros se autorizaron (al
estilo en que lo hacen los diputados) un bono de retiro de casi un millón de
pesos para cada uno.
Lo curioso es
que dos de ellos) María Antonia Cárcamo Cortez y Marcos Ignacio Cueva González)
participaron de manera ilegal en la convocatoria abierta para la elección de
nuevos consejeros y en sus exposiciones enfatizaron precisamente la falta de
presupuesto en el instituto como un obstáculo para mejorar los niveles de
transparencia en el estado.
Hoy, los nuevos
consejeros trabajarán con un presupuesto reducido; ojalá eso no sea pretexto para
que continúen la grosera inactividad de sus antecesores.
El Sur de Acapulco
Hasta ayer
lunes, la Comisión de Gobierno del Congreso del estado había entrevistado a 14
de los 22 aspirantes a ser consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a
la Información del estado de Guerrero (ITAIG)que los diputados seleccionaron
para la segunda etapa.
El proceso de
selección de los tres consejeros del órgano garante es importante para el
estado porque de la decisión que tomen los legisladores guerrerenses dependerá
en alguna medida lo que suceda en materia de transparencia y rendición de
cuentas en los próximos años, y además descubrirá si realmente hay una vocación
democrática o autoritaria de los diputados al conducir un proceso abierto y transparente
o uno en el que se privilegian los criterios políticos antes que los
profesionales.
Se trata de un ejercicio
en el que por vez primera se abrieron al público las entrevistas de los
diputados con los aspirantes, por lo que, quien lo ha querido, ha podido
enterarse quiénes son las o los candidatos con mejores condiciones para
desempeñar tan importante cargo.
Sin embargo, para
que estas entrevistas públicas sean realmente parte de un proceso transparente
y abierto a la ciudadanía, la decisión de los diputados de la Comisión de
Gobierno y del propio pleno del Congreso debe coincidir en lo esencial con la
opinión de quienes estuvimos presentes en las presentaciones de los aspirantes,
pues no debería haber diferencias para señalar a aquellos candidatos o
candidatas que durante las entrevistas mostraron conocimiento, experiencia y
actitud para ejercer el cargo.
Si esta coincidencia
no se produce, estaremos hablando de que sólo se trató de un acto en el que
sólo se simuló un proceso transparente y así habrá de denunciarse.
Los funcionarios
Sin ninguna
explicación, el Congreso del estado, en su primera revisión dejó pasar a la
segunda etapa a varios candidatos a consejeros del ITAIG, que son funcionarios
en activo contraviniendo la fracción IX del artículo 87 de la ley de
transparencia. No se sabe exactamente por qué, pero entre los 22 aspirantes a
ser entrevistados se eligieron a servidores públicos. El diputado Bernardo
Ortega, que fue entrevistado al respecto, no atinó a contestar por qué.
Destacan, entre
los casos más sonados, el de los consejeros María Antonia Cárcamo Cortez y el
de Marcos Ignacio Cueva González. Su argumento se basa en que la ley de
transparencia se modificó en 2010 y junto con ella la denominación del órgano
garante. La lógica que argumentan es que durante cuatro años (de 2006 a 2010)
fueron comisionados de la Caipegro y a partir de 2010, consejeros del ITAIG;
por lo tanto, en 2010 no fueron ratificados, sino simplemente electos para el
ITAIG y eso los hace elegibles para aspirar a una “ratificación”.
En entrevista
con los medios, la consejera presidenta Cárcamo Cortez esgrimió más a menos ese argumento, por lo que estamos
entonces ante una trampa de interpretación de la ley –en la que cayeron los
diputados-, de la que se aprovecharon dos de los tres actuales consejeros.
Lo que sí es
cierto es que en la práctica estamos ante una segunda ratificación, pues los
actuales consejeros fueron electos y ratificados para ser integrantes del
órgano de transparencia estatal (aunque con diferente nombre), para cumplir con
más o menos las mismas funciones, con objetivos muy similares y sobre todo en
ambos casos, para garantizar que se
cumpliera la ley.
También habría
que preguntar a los consejeros con qué autoridad moral piden una oportunidad
para estar por cuatro años más en el cargo, si hay una opinión generalizada de
que su trabajo fue poco eficiente. Si bien no existe un estudio que compruebe
esto, si existen muchas evidencias del tipo de trabajo que realizaron en ese
tiempo.
Cárcamo Cortez y
Cueva González ya hicieron su presentación como aspirantes a repetir en el
cargo, pero los diputados no cuestionaron su carácter de funcionarios, ya que los
actuales consejeros tienen un un doble impedimento, por su ratificación de 2010
y por ser servidores públicos en activo. Tampoco cuestionaron su pobre
desempeño a lo largo de ocho años.
Los dos
consejeros presentaron un plan de trabajo que da continuidad a sus actuales
actividades, no propusieron nada nuevo, y aunque hicieron gala de un
conocimiento que les dio estar ocho años en el cargo, no se percibió una
reflexión ni análisis profundos sobre la situación del estado.
Otros
funcionarios que fueron entrevistados son el director de la facultad de derecho
de la Universidad Autónoma de Guerrero (la ley orgánica de la UAG describe las
diferentes modalidades que existen para el personal que labora en esa
institución, y diferencia claramente las que son propiamente para las
autoridades universitarias de las del personal docente y de investigación. La
función de dirección de una facultad o unidad académica no es de docencia ni de
investigación).
También a Octavio
Armando Domínguez Torres, funcionario de la Auditoría General del Estado (él
mismo reconoció su participación activa en el programa Diez municipios
transparentes, iniciado por la AGE apenas a finales de 2012 y desarrollado durante
2013).
Otro de los candidatos que aparece en los directorios gubernamentales es
Florencio Leguizamo Herrera, servidor público de la Secretaría de Finanzas y
Administración.
Y entre los
aspirantes que hoy comienzan sus presentaciones está el caso de Hipólito Mendoza
Urbano, quien fue coordinador jurídico y titular de la Unidad de Transparencia
y Acceso a la Información del Itaig, y actualmente es el coordinador ejecutivo
de ese organismo con los actuales consejeros.
Presentaciones sin diagnóstico
Una de las
constantes observadas hasta el día de ayer, es que la mayoría de las y los
aspirantes no presentaron un diagnóstico certero sobre la transparencia y la rendición
de cuentas -lo que mostró una gran desconocimiento del tema- y por lo tanto los
planes de trabajo fueron realizados a partir de bases débiles y se sustentaron
más bien en las ideas que tienen los participantes sobre la transparencia, pero
no en lo que sucede en el estado.
Hay indicadores
básicos para obtener este diagnóstico estatal y casi nadie se refirió a ellos,
en parte porque no existen estudios profundos para el estado o porque los que
existen se refieren a aspectos muy específicos. De hecho, ese diagnóstico sobre
la realidad de Guerrero no existe porque el ITAIG nunca lo promovió o realizó,
aun cuando era parte de su responsabilidad.
Un primer
indicador básico de la transparencia es el del cumplimiento de la información
de oficio de los sujetos obligados, es decir, de la publicación de datos
básicos del quehacer gubernamental de las dependencias públicas.
Los diputados de
la Comisión de Gobierno se sintieron confundidos cuando algunos de los
candidatos les presentaron resultados de estudios sobre los niveles de transparencia
de las dependencias, y éstos fueron diferentes, evidentemente por la diferencia
de enfoques y metodologías.
En Guerrero,
destaca en este campo las evaluaciones que realiza el colectivo Ciudadanos por
Municipios Transparentes, que coloca a los ayuntamientos entre los últimos
lugares en transparencia a nivel nacional. (ver http://cimtra.org.mx/) Pocos entrevistados se refirieron a la
opacidad de los ayuntamientos como un problema prioritario.
Pero la falta de
transparencia no es un problema sólo de este orden de gobierno, en el Ejecutivo
del estado también prevalecen altos niveles de opacidad, al igual que en el
poder judicial y especialmente en el legislativo, lo cual ningún candidato a
ser consejero atinó a decirlo frente a los legisladores. Es más, hubo quien se
atrevió a decir que de acuerdo con el monitoreo Métrica de la Transparencia, el
Congreso del estado tenía “altas calificaciones” (ver
http://www.metricadetransparencia.cide.edu/metrica.html)
El acceso a la
información también es un indicador relevante que debe formar parte de
cualquier diagnóstico que se haga sobre la materia.
Al respecto, no
obstante las cifras “infladas” que presentó el ITAIG en los primeros cinco años
después de que se legisló en Guerrero el derecho de acceso a la información,
sabemos por algunas revisiones que han hecho las organizaciones civiles, que de
2006 a 2011, el número de solicitudes de información presentadas por las y los
guerrerenses fue muy bajo.
También por
ejercicios de monitoreo realizados por estas agrupaciones, conocimos la férrea
oposición de los funcionarios públicos a entregar información. Y aunque la
ciudadanía ha refinado las preguntas que hace y enfoca más el tipo de
información que solicita, todavía hay muchas resistencias de parte de las
dependencias públicas, aunque esto no se refleja necesariamente en el número de
recursos de revisión o quejas presentadas ante el ITAIG debido a la
desconfianza hacia este organismo, la falta de una cultura de la denuncia o
simplemente por rehuir a los trámites que deben presentarse y a los que deben
darles seguimiento.
Desde febrero de
2011, el número de solicitudes de información se incrementó notablemente, de
250 que se presentaban en promedio cada año en las dependencias del ejecutivo del
estado, a poco más de 1,500 que se presentaron en 2013.
Este aumento fue
resultado de la puesta en marcha de una plataforma electrónica para la
recepción y procesamiento de solicitudes de información denominada Info Gro
–que por cierto, muchos de los aspirantes a ser consejeros nunca habían oído o
no sabían exactamente cuál es su función y mecánica de operación-, pues antes,
la ley de 2006 incluían la aberrante obligación de presentar las solicitudes de
información de manera personal en las oficinas de las dependencias, lo que
hacía inviable el ejercicio de este derecho a las y los ciudadanos de
municipios lejanos como Cuajiniculapa, la Unión, Zirándaro, etc.
Hoy lo deseable
y urgente es que este sistema InforGro incluya a otros sujetos obligados, especialmente
a los ayuntamientos, que es en los que se encuentra mayor resistencia a la
entrega de información.
Hubo mucha
preocupación de los aspirantes a consejeros y de los diputados de la Comisión
de Gobierno por el número de unidades de transparencia que existen en el
estado. Realmente no son un indicador importante porque la experiencia muestra
que en las dependencias que tienen una unidad de transparencia, no
necesariamente son transparentes y tampoco facilitan el acceso a la información;
mucho menos significa que las dependencias que tienen unidades de transparencia
cuenten con una política consistente de rendición de cuentas.
El
desconocimiento sobre estos mecanismos es tal que incluso el diputado Mario
Ramos del Carmen dijo que no era conveniente tener unidades de transparencia y
contralorías internas, porque habría duplicidad de funciones y eso es
“oneroso”, explicó. Sin embargo, ambas realizan funciones muy diferentes y
están reglamentadas por distintas leyes.
Lo que faltó
Las exposiciones
se centraron en propuestas de capacitación y difusión, inclusión de temas en
las escuelas y modificaciones a la ley, como algunas de las formas de elevar
los niveles de transparencia. Lo que casi nadie mencionó –sólo un diputado lo
recalcó, pero no los candidatos- que la transparencia es sólo un medio, un
instrumento para alcanzar objetivos como inhibir la corrupción, mejorar la
gestión pública y sobre todo, promover la intervención de los ciudadanos para
vigilar que esto sea posible.
Y mientras la
mayoría propuso mecanismos sobre cómo mejorar los niveles de transparencia,
nadie lo hizo en cómo hacer que la gente se apropie de la información pública
para hacer posible el ejercicio de otros derechos como el de la salud, la
educación, vivienda, alimentación ni cómo puede incorporarse la participación
ciudadana en la vigilancia de la gestión gubernamental, como insistentemente
preguntaba el diputado Héctor Apreza Patrón, sin que nadie atinara a responder
de manera concreta.
Sobre los
ayuntamientos, los pocos que se refirieron a su problemática enfatizaron la
falta de capacidades administrativas y técnicas para cumplir con las
obligaciones de transparencia, sin embargo, casi nadie se refirió a que es un
problema en el que pesa más la disposición y voluntad de los alcaldes para hacer
de su gobierno una práctica constante de transparencia.
De manera
global, en esta primera parte de presentaciones de aspirantes a consejeros del
ITAIG se observó poco conocimiento y experiencia tanto de candidatos como de
los diputados que los examinaron. Ojalá no sea mal augurio y se seleccione a
los perores candidatos.
