martes, 12 de noviembre de 2013

Luego de las lluvias torrenciales, sequía de información

El Sur de Acapulco

El presidente Enrique Peña Nieto anunció en días pasados recursos por 30 mil millones de pesos, que serán canalizados a través del Plan Nuevo Guerrero a la reconstrucción de la infraestructura del estado y para mitigar los efectos que dejaron entre las familias los fenómenos metereológicos de septiembre pasado. La cantidad es inusitada y representa poco más de dos terceras partes del presupuesto anual del estado de Guerrero.
De acuerdo con la información de la presidencia de la república, el plan anunciado es resultado de un “gran acuerdo político nacional de amplio beneficio social para la entidad, diseñado para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social incluyente en un marco de transparencia y participación ciudadana”. Lo dicho por el mandatario no es banal, pues si no se ensayan esquemas efectivos de transparencia y participación ciudadana, es muy alta la probabilidad de que los cuantiosos recursos que se anunciaron sean desviados o por lo menos ejercidos sin tener impactos importantes.
Más allá de este discurso, repetido desde el 13 de septiembre por el propio mandatario y por la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, no habido sin embargo claridad en las acciones gubernamentales del gobierno federal, ni del gobierno de Ángel Aguirre y mucho menos de los municipales. La falta de información ha sido la constante antes, durante y después del desastre provocado por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
La escaramuza entre los gobiernos estatal y federal respecto de las responsabilidades de prevenir a la población con oportunidad sobre la gravedad de la tormenta tropical y lo que se venía, fue solo un ejemplo de esa falta de oficio y coordinación entre ambos órdenes de gobierno para proporcionar información suficiente, oportuna y por los canales apropiados a efecto de disminuir los riesgos entre la población.
Pero también se ha observado la falta de información detallada de las acciones gubernamentales y sobre todo con respecto de la ayuda que proviene de fuera del estado, ya que no hay claridad sobre los recursos que han llegado y sí muchas promesas de que se harán transparentes.
Pero la transparencia no son declaraciones ni el anuncio de números gruesos; es sobre todo la voluntad de mostrar a la ciudadanía el detalle del ejercicio de los recursos para que ésta juzgue si se están gastando bien.
A pesar del anuncio presidencial, hoy prevalecen muchas dudas: ¿de dónde saldrá los recursos del Plan Nuevo Guerrero? ¿Qué participación tendrán en su ejercicio cada uno de los tres órdenes de gobierno? ¿Quiénes vigilarán esos recursos? ¿De qué manera se informará a la ciudadanía? ¿Dónde se puede consultar la información sobre los apoyos entregados por los gobiernos y la sociedad civil?
Antes de la desgracia, escasa información
Ninguna entidad gubernamental quiso responsabilizarse de la falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno ni de la criminal ausencia de información a la ciudadanía, antes de que comenzaran las torrenciales lluvias en Guerrero.
Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, hizo el primer disparo y reveló que “mucho antes” de la contingencia climática alertó personalmente a los gobernadores de Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa. “Pregúntenle ustedes a los propios gobernadores si no personalmente les estuve hablando mucho antes de que esto sucediera. Con todos esos gobernadores estuve hablando antes”, indicó el funcionario.
El subsecretario de Protección Civil del gobierno del estado, Constantino González Vargas, quiso defender al gobierno local diciendo que sí se alertó a la población y que se hicieron labores de prevención; por eso se evitó un desastre de mayores magnitudes, se ufanó.
Según reseñaron los diarios locales, la alerta de la que habló el funcionario de protección civil se limitó a una declaración radiofónica y a la emisión, el día 12 de septiembre, de un boletín, pero aseguró que la Subsecretaría que encabeza estuvo preparada para atender la alerta porque tenía un plan operativo diseñado para el puente de las fiestas patrias.
Por su parte, el director de protección civil del ayuntamiento de Acapulco, Efrén Valdés Ramírez, también declaró que “como Ayuntamiento se hicieron las alertas, se hizo aviso de lluvias severas, y manejamos en tiempo y forma, tan es así que el viernes y sábado por la noche, acompañado de funcionarios, anduvimos trabajando”.
También el gobernador Ángel Aguirre Rivero le entró a la escaramuza y afirmó que su gobierno atendió los protocolos de advertencia de la tormenta Manuel en tiempo y forma, que en su momento se deslindarían responsabilidades y que desde la contingencia asignó tareas a su personal para atender todas las regiones sin ninguna distinción.
Pero más allá de estos deslindes, lo cierto es que la falta de información hacia la ciudadanía sin duda acrecentó el riesgo y los daños personales y materiales de miles de guerrerenses, sin que a la fecha haya responsables por estas omisiones.
Desconfianza ganada a pulso
Diferentes voces se han pronunciado por que los recursos financieros y materiales que llegan al estado se ejerzan y distribuyan con transparencia y con una efectiva rendición de cuentas, ya que hay una legítima desconfianza por la forma en que las entidades gubernamentales hacen uso de estos recursos luego de desastres como el de septiembre.
El Foro Permanente de Organizaciones Sociales de Guerrero –integrado por 40 agrupaciones- publicó el 3 de octubre un desplegado que tituló “A cuenta gotas y sin transparencia el apoyo gubernamental a zonas rurales afectadas por la tormenta tropical Manuel”, donde expresó varias propuestas para atender las secuelas del meteoro en territorio guerrerense.
En un lugar muy destacado, la agrupación propuso “Que los recursos extraordinarios que lleguen al estado (no solo los del fondo nacional de desastres) se manejen con absoluta transparencia, sin burocratismo y sin intermediarios; los actores políticos con propósitos electoreros y las organizaciones creadas coyunturalmente con fines aviesos, deben abstenerse de usar esta causa social para sus propósitos particulares”.
Así también, Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), manifestó la necesidad de crear un comité de vigilancia de los recursos destinados a la reconstrucción de Guerrero tras el paso de la tormenta Manuel, pues consideró que se corre el riesgo de que “se los chinguen”.
Las asociaciones de profesionales también externaron su preocupación por la vigilancia de las acciones gubernamentales, pues representantes de colegios de ingenieros, arquitectos y académicos de instituciones de nivel superior plantearon que la reconstrucción de Chilpancingo se realice con orden. Afirmaron que su preocupación es vigilar la reconstrucción de la capital del estado, “que enfrenta la mayor contingencia de su historia en cuanto a la destrucción de infraestructura urbana”.
La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) también se refirió la transparencia en la distribución de los apoyos; su dirigente, Nicolás Chávez Adame, aseguró que no realizarían marchas y se concentrarían en vigilar la entrega de víveres que según su información, seguían almacenados en bodegas.
Agregó que a algunos pueblos de la Montaña y la Sierra no les ha llegado el apoyo alimentario, porque “los víveres los están almacenando para las futuras campañas, tanto del gobernador como de diputados y presidentes municipales”.
Pero la falta de información también se extendió a otros campos como el de las labores de rescate. Por ejemplo, damnificados de La Pintada, del municipio de Atoyac, que estaban refugiados en Acapulco reprocharon la lentitud de las autoridades para el rescate de los cuerpos de sus familiares sepultados por el alud de tierra y especialmente que no hubiera información sobre los trabajos que se realizaban.
Y en otra protesta, habitantes de cinco colonias ubicadas en los alrededores de la presa Cerrito Rico, en Chilpancingo, se inconformaron en las oficinas de la Comisión Nacional de Agua para exigir información sobre los niveles del agua de dicha presa, ya que muchos han escuchado cada vez con más frecuencia ruidos debajo de sus casas. Incluso, el representante de los colonos destacó que luego de hablar con autoridades, se llegó a un acuerdo de formar un Comité de Vigilancia y Protección que se encargará de informar oportunamente de cualquier incidencia o anormalidad de la presa Cerrito Rico, en coordinación con las autoridades.
Luego del desastre
La secretaria de Desarrollo Social federal, Rosario Robles se ha referido con insistencia a la transparencia del ejercicio de los recursos destinados a apoyar a los damnificados y a los trabajos de reconstrucción. Con los reflectores puestos en Guerrero, sin duda el presidente de la república envió un mensaje al gobierno estatal y a la opinión pública nacional e internacional para no repetir las experiencias de desastres anteriores donde se denunciaron desvíos en los recursos.
La titular de la Sedesol aseguró el 4 de octubre que se trabajaba en el diseño de “el Consejo para la Reconstrucción de Guerrero, en el que participarán el gobierno federal, estatal y municipal y donde la sociedad civil tendrá la contraloría de los recursos que van a llegar del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para la reconstrucción”.
Y dos días después, Robles Berlanga informó que la organización “Transparencia Mexicana vigilará el proceso de reconstrucción en el estado de Guerrero, donde se considera la pronta aplicación de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Desastres para la reconstrucción de vivienda, así como los componentes de Atención a Desastres en el Sector Agropecuario y Pesquero (Cadena), para la reactivación del campo, entre otros programas del gobierno federal”.
Precisamente en el periodo posterior a las tormentas se acuñó la frase de que la ayuda se entregaría “casa por casa”, aludiendo supuestamente a la entrega directa de los beneficios a los afectados, sin intermediarios.
Y como parte de esta intención, la Sedesol comenzó a publicar los avances en la entrega de apoyos por concepto del Programa de Empleo Temporal Inmediato, en el que se tienen programados en todo el país recursos por 188.7 millones de pesos, de los cuales a Guerrero corresponden 66.1 millones.
Sin embargo, su portal electrónico no publica los padrones de los beneficiarios ni ninguna otra información relacionada con el apoyo a los afectados, a no ser los boletines de prensa de la dependencia que sólo manejan números totales, no desglosados.
La presidencia de la república también abrió recientemente el micrositio Transparencia Reconstrucción Mx (http://www.presidencia.gob.mx/fonden/) donde publica información relacionada con los recursos del Fondo de Desastres Naturales, pero igualmente sólo proporciona datos generales, no suficientes para un seguimiento puntual de la acción gubernamental.
El gobierno de estado por su parte comenzó a publicar información relacionada con los recursos destinados a atender las consecuencias de la tormenta Manuel hasta que no se anunció el Plan Nuevo Guerrero.
El activismo y las visitas constantes de Peña Nieto al estado y su discurso respecto de la transparencia, parece que despertaron en el gobierno estatal su vocación proveedora de información y hoy se publican de manera permanente alertas por la temporada de lluvias, una actualizada sección de transparencia financiera y hasta un reporte diario del clima y sismos. Pero de los recursos financieros locales destinados al desastre, aún nada.
El Consejo ciudadano
En el marco de la presentación del Plan Nuevo Guerrero, Enrique Peña Nieto anunció la creación de un Consejo Estatal de Restauración de Guerrero en un acto en el que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, destacó que “en el ejercicio de los recursos federales de este Plan [Nuevo Guerrero] se introducirán nuevas formas de participación y vigilancia ciudadana como es un sistema de obra pública abierta que permitirá a la ciudadanía verificar, en tiempo real, el costo y avance de las obras”.
Habrá que observar el funcionamiento de este Consejo para saber si se concretará el compromiso presidencial por la transparencia.