martes, 20 de agosto de 2013

10 años con las mismas irregularidades: ASF

La Auditoría Superior de la Federación incluyó a Guerrero como uno de los estados que la década pasada reiteradamente ejerció con irregularidades los recursos provenientes de la federación, lo que motivó numerosas observaciones de la ASF al gobierno del estado porque encontró “insuficiencias en la gestión de sus fondos y programas, en la calidad de sus resultados, en la transparencia de su manejo y en su rendición de cuentas”.
Las revisiones practicadas a los fondos y programas financiados con recursos federales en el periodo 2000-2010 mostraron “una elevada incidencia y recurrencia de las observaciones”, según el documento Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010”, elaborado por la ASF.
Lo anterior significa que durante los gobiernos de René Juárez Cisneros y Zeferino Torreblanca Galindo –aunque las auditorías de 2011 han revelado que el gobierno de Ángel Aguirre Rivero también realiza este tipo de prácticas que infringen la normatividad federal-, los recursos federalizados se ejercieron de manera irregular, no obstante las observaciones que la ASF advertía oportunamente cada año.
En el documento elaborado por el órgano fiscalizador federal se identificaron y analizaron las principales observaciones formuladas en las auditorías practicadas en el periodo 2000-2010 a los fondos del Ramo General 33 (ocho fondos), así como al Seguro Popular y al Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).
De acuerdo con esta fuente, en el periodo de 2000-2010, el gasto federalizado programable para el estado de Guerrero ascendió a 260,895.7 millones de pesos.  
En este periodo la ASF realizó directamente 45 auditorías, a dicho gasto. El programa al que se le practicaron el mayor número de auditorías fue el Fondo de Infraestructura Social Municipal (Fism), con 14 revisiones en el periodo; el Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun), con cinco auditorías; el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (Faeb), con cinco revisiones; y los fondos de Aportaciones para la Seguridad Pública (Fasp) y de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), con cuatro auditorías cada uno.
FAEB
El fondo de aportaciones para la educación básica y normal es el fondo que recibe la mayor cantidad de recursos financieros en el estado. En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron a Guerrero a través del Faeb 100,485.5 millones de pesos, de un total de 260,895.7 que llegaron a Guerrero provenientes de la federación como gasto federalizado programable.
Como resultado de las cinco revisiones que realizó la ASF a este fondo, se promovieron 106 acciones, un promedio de 21 por auditoría.
Entre las principales irregularidades encontradas, la ASF destacó pagos a empleados que no realizaban tareas correspondientes al objetivo y fines del Faeb, o que no fueron localizados en los catálogos respectivos. Esta irregularidad se observó en 2007 y 2010, y el monto del último año fue mayor.
Asimismo, se realizaron pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo, para los cuales no se encontró su respectivo oficio de comisión. Este concepto se presentó en todas las auditorías, excepto en la de 2008.
Otra anomalía observada por el órgano fiscalizador federal fue la falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el Faeb, que se registró en las revisiones de 2002 y 2007, aunque su tendencia fue creciente.
También se advirtieron pagos de gastos correspondientes a ejercicios anteriores (en la revisión de 2010), así como pagos a trabajadores adscritos en centros de trabajo antes de la apertura del centro o después de haber sido clausurado.
El informe de la ASF también dio cuenta de pagos a personal que no contaba con un contrato de servicios que amparara la relación laboral o pagos fuera de lo estipulado en los contratos, irregularidad se presentó en 2002, 2007 y 2010; su tendencia fue ascendente en los dos últimos años en que se observó.
Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia en el periodo fueron deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad, falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la cuenta pública; así como falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran actualizados sus movimientos, incluida la información del Programa Carrera Magisterial.
Otro grupo de observaciones se vincula con el incumplimiento de metas y objetivos; esta irregularidad sólo se registró sobre todo en los ejercicios 2007 y 2010.
La SF también señaló que el gobierno del estado no enteró a otras dependencias públicas sobre las cuotas retenidas a los trabajadores o por la falta de retención de éstas. Está irregularidad fue recurrente en las revisiones de 2007 a 2009.
Finalmente, entre las irregularidades recurrentes, la auditoría superior mencionó que el Ejecutivo estatal no entregó los informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda sobre el ejercicio, destino y resultados del faeb o la información estuvo incompleta o se encontraron diferencias entre el monto reportado y los registros contables.
FASSA
El fondo de aportaciones para los servicios de salud es el segundo fondo que en Guerrero recibe más recursos de la federación. En el periodo 2000-2010 obtuvo un monto de 21,397.0 millones de pesos, que representa 8.2 por ciento del total de gasto federalizado programable en esa década. En las cuatro auditorías efectuadas se originaron 139 acciones, para un promedio de 34 por auditoría.
De acuerdo con el documento de la ASF, las principales deficiencias observadas al sistema estatal de salud fueron irregularidades sobre remuneraciones al personal, las cuales se presentaron todos los años, y de 2006 a 2008 tuvieron un incremento significativo.
Esta irregularidad se debió principalmente al pago de compensaciones y bonos a mandos medios y superiores por importes mayores a los autorizados, o sin el sustento normativo, pagos posteriores a la fecha de baja de empleados, pagos mayores en relación con lo estipulado en los contratos de personal eventual o falta de contratos, otorgamiento de la “medida de fin de año” a trabajadores que no tienen derecho, comisiones sindicales otorgadas sin autorización o de forma extemporánea o por personas que carecen de facultades para ello, y comisiones de personal a otras dependencias, pago de plazas precarias (personal regularizado) sin autorización o por un monto superior al autorizado, entre otras.
Asimismo, se detectaron recursos aplicados en acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo, principalmente por préstamos y anticipos a comprobar y laudos, entre otros.
Respecto de los impuestos, la ASF registró que el gobierno del estado cometió irregularidades en el pago de impuestos, ya que cubrió indebidamente con recursos del Fassa por el pago en efectivo de la medida de fin de año a los trabajadores, pago de actualizaciones, recargos y multas por el entero extemporáneo del impuesto sobre la renta o de cuotas obrero‐patronales, y pago indebido con recursos del fondo del impuesto local sobre nóminas.
En el sector salud de Guerrero se encontraron también deficiencias en la gestión y en el manejo del medicamento, recetas no surtidas de forma completa, irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, no se instrumentaron las medidas necesarias para agilizar la entrega de recursos del fondo, se utilizaron dos o más cuentas para el manejo del recurso, no se informó a los órganos de control y fiscalización federales de las cuentas bancarias, deficiencias en la contabilidad, irregularidades sobre la administración y otros aspectos generales relacionados con el personal, falta de transparencia en la gestión del fondo, y deficiencias en el control interno, en virtud de que estas irregularidades tuvieron una tendencia creciente o constante.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
Los recursos del Fism provienen de la federación y se destinan exclusivamente a los municipios para la construcción de obra pública. En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado de Guerrero 21,382.3 millones de pesos de este fondo; la ASF realizó en el mismo lapso 14 auditorías al Fism para la revisión de las cuentas públicas 2004, 2007, 2008, 2009 y 2010.
De las 14 revisiones realizadas se promovieron 150 acciones, 45 fueron pliegos de observaciones, que se promovieron principalmente por obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, obra pagada no ejecutada, obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, retención de recursos del fondo, entre otras.
El órgano fiscalizador federal también promovió 69 recomendaciones por la falta en la entrega de informes a la Sedesol y a la Secretaría de Hacienda sobre el avance del Fism, y por encontrar casos como deficiencias en el control interno, en las metas y objetivos del fondo, en la difusión de los recursos del fondo, la planeación y los resultados obtenidos.
Según la ASF, el municipio que presentó el mayor número de acciones promovidas fue Acapulco, con 33, en la revisión de la cuenta pública 2004.
Las irregularidades vinculadas con los mayores montos de recuperaciones determinadas en los años fiscalizados, fueron los traspasos de recursos con o sin intereses reintegrados, esta irregularidad se presentó en todos los años de revisión en los municipios de Acapulco, Acatepec, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Iguala, San Luis Acatlán y Xochistlahuaca. Los municipios auditados en 2008 representaron el 94.1 por ciento de esta irregularidad en el periodo.
Otra anomalía recurrente por los municipios en el periodo fue la construcción de obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la normatividad, que se registró en casi todas las revisiones 2004, 2007, 2009 y 2010, en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Coyuca de Catalán, Heliodoro Castillo, San Luis Acatlán, Taxco y Xochistlahuaca.
De igual manera, se construyeron obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, y esto se registró en casi todos los años de auditoría en Acapulco, Chilpancingo, Coyuca de Benítez y Taxco.
El órgano fiscalizador federal también informó sobre irregularidades encontradas en las adjudicaciones y licitaciones que no observaron la normativa o a deficiencias en el procedimiento de adquisición de bienes, servicios y productos. Tales anomalías se presentaron en casi todos los años de revisión, a excepción de 2008.
En materia de participación social se encontraron insuficiencias, específicamente en la falta o irregularidades en la solicitud de obras de los beneficiarios y en las actas de entrega-recepción o en la autorización de las obras por el cabildo o el Coplademun, por la inadecuada operación de los comités comunitarios; esta irregularidad se presentó en 2007, 2009 y 2010.
Se encontró asimismo una falta de transparencia en los ayuntamientos, ya que éstos no publicaron en los medios de difusión y en la página de internet municipal u otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados de este fondo de infraestructura o hubo irregularidades en la publicación.
En el mismo rubro, la ASF advirtió que los ayuntamientos no difundieron el monto recibido del fondo, las obras y acciones a realizar, ubicación, metas, beneficiarios y al final del ejercicio, los resultados alcanzados, o existieron irregularidades en la difusión del fondo.
Continúan las irregularidades
Los fondos Faeb, Fassa y Fism en conjunto recibieron 143,264.8 millones de pesos, que representan el 55 por ciento de los recursos federalizados programables asignados al estado de Guerrero en el periodo 2000-2010. Pero también son los que más observaciones registraron y tuvieron mayor recurrencia en los señalamientos de irregularidades.
Pero las anomalías reiteradas año con año no ha concluido, pues la ASF, en las revisiones más recientes a la cuenta pública, ha encontrado que las administraciones estatal y municipales continúan cometiendo las mismas irregularidades.

martes, 6 de agosto de 2013

Sin acceso a la educación: Desolador futuro para los jóvenes guerrerenses


Miles de jóvenes guerrerenses están condenados a no ingresar a las escuelas de educación media superior y superior, simplemente porque no existe la oferta educativa suficiente ni sus familias tienen las condiciones socioeconómicas para hacer realidad su derecho a la educación, que el gobierno les debería garantizar.
En un estado que ocupa los últimos lugares en pobreza, el futuro que les espera a los excluidos de la educación es desolador, incluso se presenta más crudo para quienes ni siquiera pueden cursar o interrumpen sus estudios del nivel bachillerato, pues en el mejor de los casos, se emplearán en los trabajos peor pagados o engrosarán las filas del desempleo, y en el peor escenario, formarán parte del crimen organizado.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) considera que  para superar el umbral de pobreza es indispensable contar con al menos dos años de educación en el nivel bachillerato, por lo que quienes no ingresan o no concluyen la educación media quedan expuestos a un alto grado de vulnerabilidad social, pues sus ingresos laborales tenderán a ser bajos y tendrán un elevado riesgo de transformarse en personas excluidas del desarrollo, concluye el organismo.
Y no ha bastado que la Cámara de Diputados aprobara en octubre de 2011 una reforma constitucional que establece la obligatoriedad de la educación media superior, a partir de la que el Estado tendría la obligación de garantizar el acceso al bachillerato, y los padres y tutores, de enviar a sus hijos a cursar ese nivel educativo en planteles públicos o privados.
Con o sin reforma constitucional, la realidad es que hoy, un gran porcentaje de jóvenes guerrerenses, por falta de espacios en las escuelas y por la precariedad de sus condiciones socioeconómicas, no podrán continuar sus estudios –se les endilgará además el estigma social de ninis, muchachos que ni estudian ni trabajan-, y quedarán a merced de las actividades ilícitas que hoy día convulsionan a un estado que ya de por sí tiene muchos y graves conflictos.
Los datos duros
Los niveles medio superior (15 a 18 años) y superior (19-23 años) presentan los mayores problemas de cobertura, deserción y eficiencia terminal, en relación con otros niveles educativos, es decir, el problema no se reduce a la falta de espacios para miles de jóvenes que quieren estudiar, sino que los que logran colarse, tienen altas probabilidades de no concluir o continuar sus estudios.
Según las cifras de la Secretaría de Educación Pública, en el periodo 2010-2011 había 341 planteles del nivel medio superior (incluyendo los tipos de sostenimiento autónomo, estatal, federal y particular) en donde se inscribieron 114 mil cinco alumnos guerrerenses que recibieron instrucción educativa de 6 mil 252 docentes (con un promedio de 18.2 alumnos por docente).
También con datos de la SEP, en el periodo 2011-2012, el nivel medio superior (preparatorias, bachilleratos, Conalep) presentó una cobertura (comparación entre la demanda atendida y la población que de acuerdo con su edad, está en posibilidades de cursar este nivel educativo) de apenas 58 por ciento.
Lo anterior significa que poco menos de la mitad de los jóvenes de entre 15 y 18 años que viven en el estado no podrá estudiar el bachillerato porque el Estado no es capaz de garantizarles un lugar en este nivel educativo.
Esta información fue corroborada por el subsecretario de Educación Media y Superior de la SEG, Arturo Salgado Urióstegui, quien en declaraciones publicadas en este diario, reconoció que Guerrero ocupaba el último lugar en el ámbito nacional de cobertura en educación media superior.
El funcionario agregó que se crearán 100 centros de bachillerato intercultural, además de que la dependencia presentó una propuesta de telebachillerato para localidades pequeñas; asimismo, informó que se están formalizando dos escuelas del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) y 18 Colegios de Bachilleres por cooperación que ya están funcionando, con lo que se busca escalar al lugar 30 a nivel nacional.
Según las proyecciones de la dependencia educativa, en 2015 se estima alcanzar una cobertura de 71 por ciento, lo que parece difícil, pues faltan dos años y se deben logar alrededor de 15 puntos porcentuales.
Pero también hay un rezago en el índice de atención a la demanda (comparación entre la demanda atendida y la población potencial que solicitó el servicio). Al respecto, durante 2011-2012 se atendió solo a 85.3 por ciento de los jóvenes guerrerenses que solicitaron estudiar este nivel educativo.
Como respuesta a esta falta de atención, en varias regiones del estado han surgido iniciativas informales –algunas no muy legítimas- que pugnan por abrir más espacios educativos destinados a los jóvenes estudiantes del nivel medio superior y superior ante la falta de opciones en el sistema educativo formal.
Es el caso de las preparatorias populares y los colegios de bachilleres por cooperación, y de varios centros de educación superior como la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, la Latinoamericana y del Caribe, y la Indígena del Estado de Guerrero, que se sostienen de la cooperación y solidaridad de los padres de familia y sin instalaciones adecuadas.
Alta reprobación y baja eficiencia terminal
Adicional a la falta de lugares para estudiar, el nivel medio superior también presenta graves problemas de reprobación, deserción y bajo índice de eficiencia terminal.
En cuanto al índice de reprobación, las estadísticas oficiales del sistema educativo registran que Guerrero tiene 33.2 por ciento como índice de reprobación. Al respecto, los resultados más recientes de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares mostraron que en matemáticas, 45 por ciento de los jóvenes de escuelas públicas del último año de bachillerato que realizaron la prueba tuvieron una calificación de insuficiente, y sólo 9.7 por ciento de excelente. Para el caso de escuelas privadas, los resultados fueron de 54.6 por ciento y 7.6 por ciento de insuficientes y excelentes, respectivamente.
Los datos que publica la SEP también indican que en Guerrero se presentó una deserción de 12.8 por ciento en este nivel educativo en el periodo 2010-2011.
Por otra parte, el índice de eficiencia terminal (proporción entre el número de alumnos que ingresan y los que egresan de una misma generación) se encuentra entre los más bajos del sistema educativo, ya que apenas es de 64.5 por ciento, es decir, de cada 10 alumnos que ingresas al nivel medio superior, sólo seis egresan satisfactoriamente.
Sobre este problema, el subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán, reconoció que la deserción es un fenómeno que “afecta anualmente a cerca de 650 mil jóvenes [en el país], lo que significa un promedio de casi 1,800 por día, de ellos, alrededor de dos de cada tres lo hace en el primer año”.
El funcionario aseguró que el abandono escolar no solo se explica por la falta de recursos económicos de las familias, pues dijo que influyen el bajo desempeño escolar, altos niveles de reprobación, los embarazos tempranos, los peligros y riesgos que enfrentan los jóvenes como las adicciones, la violencia y el escaso interés que entre ellos despiertan los contenidos curriculares.
Pero en el ámbito estatal la situación es más grave, ya que en la de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, según el rector Floriberto González González,  al menos la mitad de los jóvenes que ingresan a la institución, desertan principalmente por motivos económicos.
En su informe de evaluación de la Política Pública de Educación Superior, la Auditoría Superior de la Federación reseñó que “existen diversas situaciones que influyen en este comportamiento, entre otras: los escenarios de inseguridad que en algunas entidades federativas dificultan la retención de los estudiantes y la reprobación, ausentismo, cambio de residencia, embarazo, falta de apoyo por parte de la familia, cambio de escuela, matrimonio”.
Este fenómeno que explica la SEP en el informe de la ASF aún no se ha cuantificado con precisión. La inseguridad y los desplazamientos que ocurren en muchas localidades del estado de Guerrero sin duda incrementarán los índices de deserción, reprobación y baja eficiencia terminal de los alumnos de la educación media superior.
Educación superior
De acuerdo con el informe elaborado por la ASF, la problemática de este nivel educativo en el país se ha caracterizado por la insuficiente cobertura educativa, deficiencias en la formación de los docentes, brechas en el acceso al servicio de educación superior entre distintos grupos de la población, insuficiencia en el crecimiento de los recursos para atender las demandas de la educación superior, desarticulación en los planes y programas de estudio con el sector productivo.
Para el ciclo 2011-2012 el total de jóvenes en el rango de edad para cursar estudios de nivel superior (19-23 años) ascendió a 9.9 millones, de los cuales 3.5 millones estaban en condiciones de demandar el servicio y fueron atendidos 3.2 millones de alumnos.
El porcentaje de cobertura en educación superior de los servicios escolarizados pasó de 25.9 por ciento en el ciclo escolar 2006-2007 a 32.8 por ciento en el de 2011-2012.
Para el ciclo escolar 2011-2012, 26 entidades federativas alcanzaron un porcentaje de cobertura igual o superior al 25 por ciento; de éstas, cuatro superaron el 40 por ciento de cobertura: Nuevo León (40.4), Sonora (41.2), Nayarit (41.4) y Distrito Federal (68.8). En contraste, en tres estados la cobertura no superó el 20 por ciento: Quintana Roo (18.6), Chiapas (19) y Oaxaca (19.4%). Guerrero alcanzó apenas 22.7 por ciento de cobertura en el nivel superior.
Aunque no se encontraron cifras precisas sobre la atención a la demanda para el caso de Guerrero, lo cierto es que en el estado cada año se registran diferentes manifestaciones de los jóvenes que demandan un sitio para estudiar.
Sobre este asunto, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, informó que para el ciclo escolar 2013-2014, en nivel licenciatura 11 mil 68 jóvenes realizaron el examen de admisión en esta institución, pero reconoció que sólo hay espacio para 6 mil 900, lo que significa que más 4 mil aspirantes serán rechazados.
Y aunque agregó que se hacen esfuerzos para incrementar la matrícula -400 nuevos espacios, según el propio rector-, parecen irrisorios frente a la demanda de espacios educativos.
De acuerdo con cifras oficiales, 54 mil 769 jóvenes guerrerenses cursan el nivel superior en sus diferentes modalidades (autónoma, estatal, federal y particular) en 75 instituciones y 130 planteles. Según estas cifras, esa cantidad de alumnos, que equivale a poco menos de la mitad de los que ingresaron al nivel medio superior, es atendida por 4 mil 50 profesores en las diferentes carreras de este nivel educativo.
Futuro desolador
La situación de los jóvenes guerrerenses es delicada. La falta de planeación en las décadas anteriores, donde nadie previó el crecimiento sostenido de la población juvenil y por lo tanto la demanda de nuevos espacios educativos, hoy está cobrando un alto precio.
La concentración de recursos materiales y humanos en el nivel educativo básico –en donde por cierto se tiene una cobertura de ciento por ciento, pero cuyos malos resultados repercuten negativamente en los siguientes niveles educativos-, son sólo una parte de esa mala planeación que ha perjudicado la cobertura y la calidad de los niveles medio superior y superior. 
Y al parecer la solución no está en el corto plazo, pues de acuerdo con las proyecciones poblacionales, para el periodo 2005-2050, que elabora el Consejo Nacional de Población, la población de 16 a 18 años constituye un bono demográfico que apenas comenzará a decrecer, de modo sistemático, a partir de 2017.