martes, 26 de junio de 2012

Las deudas que nos dejan los ayuntamientos
Marcos Méndez Lara, el Sur de Acapulco

A unos meses de que sean relevados, al menos 35 gobiernos municipales guerrerenses dejarán como herencia a los ayuntamientos entrantes y a la población de su municipio una deuda global por 668.8 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto sin contar los adeudos que no se informan de manera pública como pago de la energía eléctrica, teléfono, agua y los adeudos con otros proveedores, ya que de acuerdo con el Consejo de Estabilización del Sistema Financiero, en algunas entidades federativas la diferencia llega a ser hasta tres veces superior al monto de la deuda registrada en la SHCP, debido a que los estados y municipios sólo están obligados a registrar los financiamientos vinculados con sus participaciones federales.

Las deudas, según la SHCP
Hasta el 31 de marzo de 2012, la Secretaría de Hacienda reportó que 35 municipios de Guerrero tenían una deuda por 668.8 millones de pesos; esto significa que el estado se ubica en el lugar 15 a nivel nacional entre las entidades con mayor endeudamiento de sus municipios.
De este total, 480.8 millones corresponde a la deuda del ayuntamiento de Acapulco, que significan 71 por ciento de la deuda total de los municipios guerrerenses. De hecho, este municipio se ubica entre los 20 más endeudados del país, que globalmente suman 1,010 ayuntamientos que tienen deuda registrada hasta el 31 de marzo.   
Por el tamaño de su deuda, después de Acapulco le siguen los municipios de Ahuacuotzingo, con 47.3 millones, Apaxtla de Castrejón con 14.1 millones, Chilpancingo 12.9 millones, Atenango con 9.5, Atlixtac nueve millones, Atoyac con 8.3 y Ayutla con 7.2 millones de pesos.
Entre los que tienen menor deuda están Zihuatanejo y Zapotitlán con 200 mil pesos cada uno, Xalpatláhuac y la Unión, con 300 mil pesos, Tlapa 400 mil, Tlalchapa y Tlacochistlahuaca con medio millón de pesos, Tepecoacuilco con 600 mil y Teloloapan, Tecpan y Tecoanapa con 800 mil pesos de deuda registrada.
Cabe recordar que al 31 de diciembre de 2008, la Secretaría de Hacienda no reportaba ningún adeudo entre los municipios de Guerrero, por lo que los montos que se informan corresponden totalmente a deudas contraídas por los ayuntamientos que están por salir.
Los primeros registros de la dependencia federal corresponden a diciembre de 2009, es decir, un año después de que asumieron el cargo las autoridades de los ayuntamientos actuales. A esa fecha ya eran 20 los gobiernos municipales con deuda por un monto de 556.8 millones de pesos.

Anticipos de participaciones federales
En 2011, una buena parte de los ayuntamientos de Guerrero solicitaron al gobierno del estado recursos financieros para pagar compromisos de ese año (sueldos, aguinaldos, gasto corriente) con cargo a las participaciones de 2012; es decir, en 2011 se gastaron recursos federales que estaban destinados a cubrir la operación de los ayuntamientos en 2012.
Lo anterior significa que las administraciones municipales entrantes en septiembre llegarán con presupuestos recortados y no tendrán para cubrir los costos por la administración del ayuntamiento y seguramente recurrirán a la fórmula de pedir más dinero prestado.
De acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, 47 municipios guerrerenses (58% del total) solicitaron y recibieron anticipos en 2011 a cuenta de de sus participaciones de 2012, es decir, recursos provenientes de la federación y destinados a los estados y municipios para cubrir salarios, gratificaciones de fin de año, gasto corriente, entre otros conceptos.
El monto global entregado de manera anticipada fue por 264.8 millones de pesos, de los cuales 170 millones (64%) correspondieron al ayuntamiento de Acapulco, y 10 millones a cada uno de los gobiernos municipales de Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo; en conjunto estos cuatro ayuntamientos se llevaron 75 por ciento de total de los anticipos.
No hay un partido que se haya distinguido por este tipo de prácticas, ya que 25 son de origen priista, 20 del PRD, uno del entonces partido Convergencia y uno del Partido Verde Ecologista de México.

En qué se gastan los recursos
El artículo 5 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Guerrero señala claramente que “Todos los empréstitos o créditos que contrate el Estado de Guerrero y los Municipios (…), así como sus organismos descentralizados, empresas de participación estatal o municipal, organismos municipales, fideicomisos públicos o cualquier Entidad Pública, con participación del Estado o de algún Municipio, se destinarán a inversiones públicas productivas”.
Asimismo, el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado establece que “los empréstitos, deudas contraídas, así como la enajenación de bienes” deberán ser publicadas por los ayuntamientos en sus portales electrónicos.
Sin embargo, hay una total opacidad al respecto. Ninguno de los ayuntamientos hace públicas sus deudas o lo hace de manera aislada y por lo tanto nadie conoce los montos exactos ni en qué se gastaron los recursos obtenidos mediante el endeudamiento.
Se revisaron las páginas electrónicas de los ayuntamientos de Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Ahuacuotzingo (el segundo municipio más endeudado, según la SHCP), Apaxtla y Atenango, y no contienen información respecto de sus deudas o la tienen de manera aislada y desactualizada, ya que los datos que presentan son de 2009 o 2010.
Algunos ayuntamientos publican sus informes de gobierno, que  son el único mecanismo de rendición de cuentas de los gobiernos municipales con la ciudadanía, pero tampoco incluye ninguna información sobre el endeudamiento de los ayuntamientos.
El ayuntamiento de Acapulco en su primer informe, en contraste con la falta de información útil de su portal, describió que “Este gobierno parte de la premisa de que una sociedad participativa es una sociedad debidamente informada. La información cumple un papel importante en un gobierno democrático como el que presido, por ello se han implementado programas y acciones que  permiten mantener a la sociedad debidamente informada del quehacer gubernamental”, dijo el entonces alcalde Manuel Añorve Baños, pero no mencionó nada sobre la deuda que ya comenzaba a acumular el gobierno municipal de manera alarmante.

Endeudamiento acelerado en el país
La Auditoría General de la Federación advirtió sobre el crecimiento acelerado del saldo de la deuda pública de las entidades federativas y municipios porque “puede poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas locales, debido a que las obligaciones financieras se cubren en su gran mayoría con cargo en las participaciones fiscales”.
Cabe mencionar que la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 50 establece que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, se pueden afectar para garantizar obligaciones financieras que se contraigan con la Federación y las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, siempre que cuenten con autorización de la legislatura local y se inscriban en el registro que coordina la SHCP y en su equivalente del ámbito local.
En el documento “Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011” la AGF señala que la deuda municipal en todo el país registró en 2006 un monto de 15,017.5 millones de pesos y en 2010 se incrementó a 36,416.1 millones.
Asimismo, informó que son nueve las entidades federativas cuyos municipios tienen el 71.2% del endeudamiento total municipal que equivale a 25,928.6 millones de pesos: Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas, Sonora y Morelos.
Y aunque de manera global Guerrero no aparece entre los estados con los municipio más endeudados, si tiene a uno, Acapulco, que se ubica entre los 20 que presentan mayor deuda en el país y cuyo monto de endeudamiento equivale a 71 por ciento de lo que deben los 35 municipios guerrerenses, según la Secretaría de Hacienda.
Finalmente, la AGF destacó entre las causas del endeudamiento y su crecimiento, la elevada dependencia de los recursos de origen federal y debilidad de los ingresos obtenidos de la recaudación propia; las limitadas facultades y capacidades recaudatorias de los gobiernos de las entidades federativas y municipios; la política de gasto local con déficit presupuestario y primario crecientes; la regulación débil, insuficiente e imprecisa de la deuda pública; y la opacidad y casi nula rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos obtenidos mediante financiamiento, especialmente de los municipios.

martes, 12 de junio de 2012

Simulación en las licitaciones del programa de fertilizante
Segunda parte
Marcos Méndez Lara, el Sur de Acapulco

Las licitaciones para la adquisición del fertilizante subsidiado en los municipios de Guerrero se realizan en la más completa opacidad en detrimento de miles de productores que reciben un agroquímico caro, adulterado y de baja calidad.
Hasta hoy, no obstante las evidencias de irregularidades, no se conocen públicamente observaciones ni sanciones de los órganos de control municipales ni del estado en contra de esta práctica que vienen realizando los ayuntamientos desde 2001, año en que el gobierno del estado decidió la “municipalización” del programa de fertilizante transfiriéndoles casi toda la operación incluyendo la licitación para la compra del producto.
Desde ese año y hasta la fecha, el proceso de licitación es uno de los asuntos que se les cuestiona fuertemente a los ayuntamientos, porque se presume que hay irregularidades en la manera cómo se lleva a cabo el proceso
No se tienen datos concluyentes sobre lo que sucede en los 81 municipios del estado, pero hay  testimonios que indican que los procesos de licitación acusan graves irregularidades, pues los comités de adquisiciones municipales donde se analizan y emiten los fallos sobre el fertilizante son integrados “a modo” para cubrir los intereses del presidente municipal, es decir, no hay presencia ni de regidores ni tampoco los productores beneficiarios dan fe de dichos procesos.
El diputado y dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), Sebastián de la Rosa Peláez, comentó que en los municipios se ejecutan licitaciones “indebidas”, ya que los presidentes municipales, desde que son candidatos, se relacionan con los proveedores de fertilizante y obtienen de ellos apoyo financiero para sus campañas electorales, y una vez que son electos, tienen el compromiso de comprar el insumo a estos proveedores.
Así comienza, según describió el dirigente, una serie de complicidades que repercuten en la calidad del producto. “El bulto no trae el peso que se indica, contiene entre tres y cinco kilos menos; tampoco contiene el componente químico que debe traer, porque el presidente municipal hace una licitación indebida, es decir, el presidente se lleva su mochada, pues le quitan tres kilos al bulto y esos tres kilos multiplicados por miles de beneficiarios, se traducen en la ganancia del alcalde” según denuncia del De la Rosa Peláez.
La forma de operar de los ayuntamientos también fue corroborada por el primer director del programa de fertilizante del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, Martín Mora Aguirre.
“Aparentemente sí realizan la licitación, es decir, si yo soy el proveedor, le busco y presento tres propuestas de diferentes precios al alcalde para cumplir con la normativa, pero las tres propuestas son del mismo proveedor, y realmente no hay licitación sino una simulación”.
Y agregó que “fue mala decisión descentralizar el programa a los municipios, en un principio se pensó en que de esa manera iba a crecer el programa, porque el municipio aportaba, pero se vició y tocó fondo. El programa, así como está, no funciona, es un negocio de muchos presidentes, y es un negocio también de muchos productores y no se diga de los proveedores”.

Comités de adquisiciones a modo
El ayuntamiento de Tixtla es sólo un ejemplo de la manera como los gobiernos municipales licitan la compra de fertilizante, en este caso, a cargo de un comité de adquisiciones integrado sólo por cuatro personas, todas ellas cercanas al presidente municipal.
En un documento oficial de ese ayuntamiento, fechado el 23 de marzo de 2010, se emite el fallo y adjudicación de contrato relativo a la compra de fertilizante con el argumento siguiente: “Por mayoría, el comité considera pertinente informar a los presentes que derivado del procedimiento desarrollado hasta estas etapas, la única empresa que presentó su propuesta técnica y económica y que además cumplió con todos los requisitos legales, técnicos y económicos fue la empresa Distribuidora Guerrerense de Productos Agropecuarios SA de CV”.
El monto del contrato fue por la cantidad de 15.3 millones de pesos, y el acta se firmó por los integrantes del comité de adquisiciones, es decir, el presidente municipal, el síndico, el secretario general y el tesorero del ayuntamiento. No hay intervención de regidores, ni de productores o sus organizaciones ni presencia de los órganos de control estatal o municipales.
En este mismo municipio, el 10 de septiembre de 2010, el “finiquito de adquisición de fertilizante 2010” se firmó únicamente por el presidente municipal y el tesorero.
Otro caso es el ayuntamiento de Chilpancingo, en una entrevista a principios de año, el secretario de desarrollo rural de Chilpancingo, Lenin Carbajal Cabrera, explicó que “utilizamos la modalidad de licitación pública por invitación. Ha ganado un proveedor por los precios, por la cercanía, y eso nos beneficia porque el ayuntamiento no tiene bodegas ni vehículos, y que el proveedor esté en Chilpancingo nos facilita las cosas, pues la mayoría están en Monterrey, Guadalajara y Veracruz”.
Y mencionó la integración del comité de adquisiciones y arrendamientos del municipio “en donde están el presidente, el síndico y un regidor y algunos funcionarios de la administración pública. Se les hace del conocimiento a los comités de todas las comunidades, pero no están dentro de la figura del comité de adquisiciones”.
Sin embargo, semanas después se solicitaron al gobierno municipal de Chilpancingo las actas de fallo y adjudicación de contratos para la compra de fertilizante de los ejercicios 2009 al 2012, y el ayuntamiento negó esos documentos con el argumento de que son confidenciales.
La documentación “que solicita está clasificada como información confidencial debido a que contiene información de hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico y administrativo de las personas físicas y morales que participan en dicho proceso de licitación, por lo que estos datos requieren del consentimiento de dichas personas que intervienen en el proceso indicado y no se cuenta con la autorización correspondiente”, respondió la Secretaría de la Función Pública del ayuntamiento de Chilpancingo.
Las actas del comité de adquisiciones y los contratos con las empresas de fertilizante son documentos públicos, por lo que actualmente está en proceso un recurso de revisión en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información para que el ayuntamiento capitalino entregue dichos documentos y conocer quiénes integran el comité de adquisiciones, las empresas que proveen el fertilizante y los costos del insumo.

Órganos de control
De acuerdo con las reglas de operación del programa de fertilizante, la Contraloría General y la Auditoría General del Estado tienen facultades para revisar, entre otros asuntos, la documentación comprobatoria y el expediente operativo integrado por los ayuntamientos, entre cuyos documentos se encuentran “el proceso de licitación del fertilizante” y “facturas de la compra de fertilizante”.
Al respecto, según información de la Subcontraloría de Auditoría, cada año se realizan auditorías a los ayuntamientos que incluyen la licitación del fertilizante revisándose los montos y el cumplimiento de la publicación, presentación de propuestas, que el adjudicado realmente haya presentado la propuesta de precio más baja y que el producto sea de buena calidad.
Sin embargo, no se conocen públicamente los resultados ni las observaciones o sanciones aplicados a los ayuntamientos del estado, no obstante que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información establece que todas las dependencias públicas deberán difundir cada cuatro meses el número y el tipo de auditorías y el órgano que las realizó, el total de observaciones y las sanciones o medidas correctivas impuestas y el seguimiento de los resultados de las auditorías.

“Desmunicipalizar” el programa
En varios de sus discursos de este año, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que enviaría una iniciativa de ley al Congreso del Estado, para transparentar las adquisiciones de fertilizantes. Lo que se busca, dijo, es que “las adquisiciones se hagan de manera consolidada, es decir que no compre un ayuntamiento por su lado y el otro en un lugar distinto con un precio diferente, porque tenemos que decirlo, eso ha generado mucha corrupción”, manifestó el mandatario estatal.
Lo anterior significa que el proceso de licitación se le quitaría a los ayuntamientos para regresarlo al gobierno del estado, como era antes de 2001. Sin embargo, Aguirre Rivero advirtió que las compras consolidadas deberán realizarse con la participación de un organismo ciudadano que vigile la transparencia y aplicación de los recursos.
Es éste el punto clave para que esa propuesta realmente beneficie a los productores del estado, según expresó la asociación civil Incidencia Social. “Un consejo ciudadano con funciones de contraloría social debe nacer con ciertas características mínimas como autonomía, es decir, capacidad para tomar sus propias decisiones; sin esta cualidad, el consejo ciudadano difícilmente podrá ejercer funciones de vigilancia en las adquisiciones gubernamentales, pues la autonomía forma parte de la especificidad de un real control social”.
Y añadió que el organismo ciudadano para el programa de fertilizante también debe tener facultades para incidir en las decisiones, es decir, debe contar con suficientes recursos de poder para que su actuación tenga consecuencias en caso de encontrar irregularidades, es decir, “dotar de ‘dientes’ a esta figura; si no es así, terminará siendo un consejo decorativo, débil, con facultades sólo para presentar denuncias, y como sabemos, eso sirve de muy poco”.