viernes, 30 de marzo de 2012

La contraloría social en la UPOEG

Marcos Méndez Lara,  el Sur de Acapulco
En los pueblos y comunidades de Guerrero cada vez se manifiesta más la inconformidad y el descontento de la gente por las obras y servicios que los gobiernos de los tres órdenes le proporcionan a la gente, sobre todo en las poblaciones más apartadas.
Aunque las autoridades y los sindicatos respectivos lo nieguen o digan que no es un problema generalizado, hay miles de maestros que no cumplen con los días y horarios que debieran estar frente a grupo, además de muchas escuelas en pésimas condiciones.
En los centros de salud, lo cotidiano no solo es el ausentismo de médicos y enfermeras, sino la  carencia de lo más elemental como medicamentos y el equipo básico necesario para prestar una atención de calidad mínima.
En el ámbito de la infraestructura básica, los grandes problemas se resumen en escasez de obras, no concluidas o de mala calidad; un caso específico actual es el de las carreteras que están en proceso de construcción, en donde existen numerosos problemas, y los únicos perjudicados son los que serían beneficiarios.
Cada año, cientos de millones de pesos se despilfarran por la falta de planeación, porque no hay políticas públicas que contribuyan al uso eficiente y eficaz de los recursos y también por la corrupción. Todo esto en detrimento del disfrute pleno de los derechos a la salud, educación, seguridad, acceso a servicios básicos de miles de hombres y mujeres guerrerenses.
En este marco, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que tuvo su origen a partir del descontento por las altas tarifas eléctricas que se cobran en los pueblos, comenzó a procesar también aquella problemática tan frecuente en las comunidades rurales de Guerrero. Hoy día, por ejemplo, están acopiando información en comunidades donde tienen influencia (inicialmente listas de escuelas que presentan problemas de ausentismo) para presentarla y gestionarla ante las autoridades que correspondan.
Pero también han comenzado a manejar el término de contraloría social, como un mecanismo para vigilar que las obras y servicios a que tienen derecho se  concreten y se realicen bien. Es un avance importante, y en los siguientes pasos muy probablemente se encontrarán con los siguientes obstáculos:
1. No existe en el estado una normatividad fuerte que promueva la participación ciudadana en el control y vigilancia de las acciones gubernamentales, excepto la Ley de Participación Ciudadana, que no es adecuada para las condiciones del estado y privilegia las modalidades de participación ciudadana directa como el plebiscito, referéndum y la iniciativa popular –sospechosamente la revocación de mandato no la propone-. Pero es una ley muerta, que desde 2007 nadie usa.
Los pocos mecanismos de participación que contienen algunas leyes, como los comités de obra en el caso de la infraestructura social municipal, no tienen facultades más allá de hacer denuncias ante las instancias correspondientes sobre las irregularidades que detectaron; y generalmente dichas denuncias se pierden en la maraña de procedimientos y normas sin que logre modificarse o solucionarse la irregularidad denunciada. Así, ¿la contraloría social para qué?
2. La UPOEG coloca a los comisarios y delegados municipales como actores principales para realizar acciones de contraloría social. La desventaja es que éstos requieren de un proceso de sensibilización y formación intensivas que se perdería en el momento en que es electo otro comisario, si no se encuentran formas de preservar esta experiencia como crear consejos regionales de comisario y ex comisarios, comités comunitarios de apoyo a las comisarías, etc.
3. La prestación de servicios de calidad en educación y salud pasa necesariamente por los sindicatos de estos dos sectores. Se requieren acuerdos firmes no sólo con las autoridades, sino  también compromisos de parte de las organizaciones gremiales para lograr una mejor atención a la ciudadanía en las comunidades rurales.
4. Es un gran avance que la UPOEG tenga la intención de incidir en la calidad y la cantidad de obras y servicios que les proporciona el gobierno. Los retos que aquí se bocetan no son imposibles de superar y forman parte del trabajo que tienen por delante.

viernes, 16 de marzo de 2012

El modelo de transparencia del gobierno estatal

Marcos Méndez Lara, el Sur de Acapulco

La Coordinación General de Fortalecimiento Municipal (CGFM) recibió a finales de 2011 el reconocimiento de la Dirección General de Transparencia del gobierno del estado “por haber cumplido en tiempo y forma con la obligación de subir a su portal oficial la información pública [de oficio]”.
El boletín del Ejecutivo estatal que reseña esta noticia coloca a la Coordinación y a otras cuatro dependencias, como modelos de transparencia del actual gobierno, o por lo menos como las dependencias más avanzadas en esta materia. Veamos los asegunes del caso.
1. De ninguna manera puede afirmarse que se cumplió en “tiempo y forma” con la obligación de subir la información de oficio, pues independientemente del cambio de gobierno, esa información debió estar publicada de manera completa en el mes de noviembre de 2010.
2. En el portal de la CGFM se publican varios temas que si bien permiten cubrir el requisito formal, no son útiles para evaluar el desempeño ni para dar seguimiento a las actividades de esta oficina pública. Es el caso de los indicadores de gestión, que además de mal diseñados, no registran los avances de 2011.
También es el caso del presupuesto asignado a la CGFM, pues sólo se da a conocer el de 2011, y la ley especifica claramente que deben publicarse los tres últimos ejercicios fiscales, desglosados por programa, y además presentarse los informes cuatrimestrales sobre su ejecución.
Respecto a la cuenta pública, si bien es integrada y concentrada por la Secretaría de Finanzas y Administración, no se indica en dónde se puede localizar la que corresponde a la CGFM (la Sefina no publica en ningún sitio los informes de la cuenta pública general del estado de Guerrero aprobados por el Congreso del Estado).
Tampoco hay información sobre los contratos y proveedores, los servicios contratados ni los montos de las contrataciones de la dependencia, y si este registro corresponde a otra oficina, no hay ninguna referencia que lo indique o vincule con ella.
3. Hay mucha información desactualizada. Los tabuladores salariales, por ejemplo, corresponden a 2011, y los tabuladores de viáticos a 2010. No se aclara en ningún lado si éstos son vigentes en 2012.
Asimismo, hay cuatro temas del quehacer gubernamental que están pendientes de publicar, y además no se atienden los rubros de información adicional del Ejecutivo estatal que se indican en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.
4. En septiembre de 2011, la CGFM y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Guerrero firmaron un convenio de colaboración “para que de una manera conjunta coordinen la elaboración y ejecución de diversas actividades y estrategias dirigidas al fortalecimiento de la cultura sobre la transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y la protección de datos personales”.
Para conocer cómo y en qué se avanzó respecto de este convenio, el 30 de enero de 2012 solicité a la CGFM las acciones realizadas, y escuetamente me respondieron  que “(…) en todas sus actividades internas y capacitaciones realizadas en las diferentes regiones del Estado, promueve la Transparencia, como un medio eficiente de comunicación y rendición de cuentas, así como un medio de publicación y difusión de sus programas, por lo que se exhorta a funcionarios municipales y ciudadanía, que usen los medios electrónicos”.
Hice la misma petición al ITAIG el 14 de febrero del mismo año, pero a diferencia de la Coordinación, sus respuestas fueron muy concretas y las acompañaron de documentos que comprobaban sus dichos.
5. Los ayuntamientos son los sujetos obligados más opacos del estado, y sin embargo, el gobierno del estado no tiene una estrategia para contribuir a su transparencia, por lo menos no desde la Coordinación de Fortalecimiento Municipal, que sería la dependencia natural para emprender un proyecto en esta materia.
6. Esos son algunos datos que opacan el reconocimiento que recibió la CGFM por su transparencia. Si ésta es la dependencia modelo de transparencia, cómo estarán las demás.

viernes, 2 de marzo de 2012

Marquelia en rebelión

Marcos Méndez Lara, El Sur de Acapulco, 2 de marzo de 2012

El conflicto que se vive en el municipio de Marquelia entre comisarios municipales y autoridades del ayuntamiento es un asunto que se observa cada vez con más frecuencia en los municipios de Guerrero.
En los últimos años se pueden recordar varios movimientos ciudadanos en los que todas o la mayor parte de las llamadas autoridades auxiliares del ayuntamiento, es decir, los delegados y comisarios municipales se inconformaron por la manera en que sus autoridades ejercían los recursos públicos.
 Tal es el caso del Consejo Ciudadano Popular (2006-2007) en Atoyac de Álvarez, el Frente Amplio Ciudadano (2006-2008) de San Luis Acatlán o el Consejo Ciudadano (2006-2007) de Chilapa de Álvarez. Más recientemente (2010-2011) tenemos el movimiento de comisarios municipales de Atlamajalncingo del Monte, y hoy, al Consejo Consultivo de Comisarios Municipales de Marquelia.

La constante en todos estos movimientos es un profundo descontento en contra de su ayuntamiento por la falta de obras públicas u otras acciones de beneficio social en las localidades rurales (que a veces son el único beneficio colectivo directo que reciben de los gobiernos de los tres órdenes).
Estos movimientos han trascendido los límites del municipio porque se agotaron las posibilidades de acuerdo y negociación en el espacio municipal, y generalmente los comisarios acuden al Congreso y al gobierno del estado en busca de una respuesta a sus planteamientos.
La intransigencia que encuentran en los ayuntamientos los obliga a demandar el desafuero y juicio político para el presidente municipal, auditorías a todos los programas y acciones del gobierno municipal y también exigen que sean las localidades las que ejerzan parte de los recursos de obra pública.

Sin embargo, los diputados locales parece que tienen un acuerdo no escrito para no tocar a los presidentes municipales, pues únicamente se dedican a administrar este tipo de conflictos, darles largas, y desactivarlos; no actúan ni aunque se les presenten evidencias contundentes de las anomalías e irregularidades que comenten los ayuntamientos.
En Marquelia inicialmente eran dos las demandas fundamentales: la construcción de obras en las 16 localidades del municipio y la transparencia de los recursos. Sin embargo, el alcalde Joaquín Jesús Rico Santana, del Partido Verde Ecologista, maniobró para no atender las demandas de los comisarios del municipio, y el conflicto escaló.

Hoy esas demandas de transparencia y construcción de obras siguen vigentes, pues los comisarios exigen la “publicación y difusión del estado en el que se encuentra la situación financiera  y la cuenta pública del municipio de Marquelia, tanto en los faltantes de obra pública, como en la revisión y solución inmediata de los adeudos del ayuntamiento, incluyendo los laudos pendientes, para el conocimiento de los pueblos de Marquelia y del pueblo de Guerrero”.
Pero también “la ejecución inmediata del programa de obras autorizado por el ejecutivo del estado para los pueblos y comunidades”, y solución “a la problemática integral del agua potable y del drenaje sanitario en la cabecera municipal”.
Y ante la desatención del gobierno local, plantean el desconocimiento del presidente municipal (a través de la figura de revocación de mandato) y acción penal en contra de él y de su cabildo  “por la malversación y desviación de los recursos del erario público del municipio”.

El riesgo de que no se cumplan las principales demandas de los comisarios municipales es muy alto, pues la mayor parte de ellas le corresponde atenderlas al Congreso del Estado, dados los antecedentes de su actuación en este tipo de conflictos y en particular, por el momento actual en que se está desmantelando el  órgano legislativo (se han suspendido varias sesiones por falta de quórum) por la desbandada de diputados que tienen la mira en las elecciones de julio próximo.
Es lamentable que este tipo de conflictos no sean resueltos, y que la única autoridad que puede intervenir, el Congreso del Estado, tenga una actitud pasiva y evasiva. Eso da el mensaje para que otros presidentes municipales hagan lo mismo con toda impunidad.

¿Cómo se puede construir la institucionalidad en Guerrero para que las y los ciudadanos no tengan que salir a las calles a bloquear carreteras para exigir sus derechos?