viernes, 27 de mayo de 2011

Participación ciudadana

El Sur de acapulco

Hace unas semanas, diferentes organizaciones campesinas de Guerrero presentaron ante la LIX Legislatura del Congreso del Estado una propuesta para modificar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del estado (LDRSEG), empleando para ello los oficios de un legislador local. La propuesta vale la pena ser destacada por diferentes motivos:
1. El documento es resultado de un proceso participativo (por medio de foros, encuentros e innumerables  reuniones de trabajo) cuya iniciativa y organización se originaron en las propias organizaciones campesinas. No es fácil logar este tipo de articulaciones, sobre todo en un sector donde han prevalecido los desencuentros y hasta los conflictos entre las diferentes agrupaciones; pero la experiencia es de resaltarse también porque los trabajos enfrentaron no pocas dificultades, desde el bloqueo de funcionarios del gobierno el estado y legisladores del Congreso, hasta las discrepancias propiciadas por las agendas electorales de cada organización, que estuvieron a punto de finiquitar el proceso.
2. Independientemente del contenido final de la ley, lo más importante es que se trata de un ejercicio ciudadano que ha buscado tomar parte en un asunto público como es la confección de una ley que los afecta directamente.
Esto no se ve todos los días, pues hasta hoy, la ciudadanía sólo es “consultada” –por mandato de diferentes normas- pero cuyas propuestas generalmente no son tomadas en cuenta por quienes diseñan y legislan las leyes convirtiéndose en actos de simulación.
La virtud de este ejercicio es que se realizó por la vía ciudadana y es pertinente replicarlo en otros asuntos y sectores; es ya un antecedente muy relevante de participación ciudadana.
3. En los hechos, el Frente Permanente de Organizaciones Sociales de Guerrero, como se autodenominó este grupo, está ejerciendo un derecho establecido en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (iniciativa popular), que permite que las y los ciudadanos presenten ante el Congreso iniciativas para la “creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes”.  
Sin embargo, como dice en los transitorios de esa ley, ese derecho no podrá ejercerse de manera formal hasta en tanto los diputados locales no tengan a bien modificar el artículo 50 de la Constitución guerrerense, en donde se especifica quiénes pueden presentar iniciativas de ley. Por eso la iniciativa del Frente de Organizaciones se presentó por medio de un diputado local.  
4. Más difícil que participar en su diseño y elaboración, para este frente de organizaciones será encontrar los mecanismos para la instrumentación de la LDRSEG, en caso que sea aprobada por la actual Legislatura.  
Es un mal que aqueja no solo a esta ley, sino a muchas que en el papel son excelentes, pero cuando se trata de su aplicación, son letra muerta. El mejor ejemplo es la flamante Ley de Participación Ciudadana, que fue aprobada en junio de 2008 y nada de lo contiene se ha puesto en marcha. Y el mismo destino parece esperarle a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública cuyas obligaciones nadie las está cumpliendo o lo están haciendo de manera parcial.
Las organizaciones del Frente tendrán un enorme reto para hacer realidad lo que proponen. En este país ya no es suficiente que los derechos y obligaciones de los ciudadanos estén reconocidos y garantizados en las leyes, sino que eso es solo parte de una lucha de largo plazo que incluye la presión social para hacerlas valer.
De todo. Ayer jueves concluyó el Simposium Nacional de Rendición de Cuentas, convocado por la Auditoría General del Estado. De lo más destacado fue el panel “Rendición de cuentas y su importancia en la democracia”, en donde se resaltó la importancia de los mecanismos de control ciudadano para la rendición de cuentas. Vale la pena apostarle a este tipo de eventos para contribuir a crear una cultura de rendición de cuentas.  

viernes, 13 de mayo de 2011

¿Qué hacer con los municipios opacos?

El Sur de Acapulco

¿Qué hace falta para que los ayuntamientos de Guerrero sean transparentes y rindan cuentas?
Muchísimo: voluntad política, aplicación de las leyes, el apoyo de los gobiernos estatal y federal y una exigencia manifiesta de la ciudadanía para poder ejercer este derecho.
Apenas hace un par de días, el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), que en su capítulo Guerrero se integra por organizaciones civiles y ciudadanos, ratificó lo que ese mismo colectivo obtuvo en sus evaluaciones anteriores, lo que otras organizaciones con metodologías diferentes han percibido, y lo que la población concluye de su relación con los ayuntamientos: los gobiernos municipales están reprobados en transparencia.
De acuerdo con la tercera evaluación que realizó Cimtra-Guerrero, los municipios del estado obtuvieron en promedio 2.8 de calificación, en una escala de 100. Nuestro municipio mejor evaluado, Acapulco, obtuvo apenas 23 puntos, muy lejos de municipios como Chihuahua (90), Puebla (90) o Tamazula, Jal. (79).
El colectivo Cimtra a nivel nacional evaluó a 98 municipios de 13 estados. Entre los 30 últimos lugares, 24 corresponden a Guerrero. Es decir, aunque hay una tendencia nacional de los municipios hacia la opacidad, es en Guerrero donde esta proclividad es mucho más acentuada.
Dentro del propio estado de Guerrero hay diferencias muy grandes. Por ejemplo, todos los municipios evaluados de la región Montaña (Alcozauca, Atlamajalcingo, Cochoapa, Huamuxtitlán, Metlatónoc y Tlapa) tuvieron valores de 0, es decir, completamente opacos. Y otros 10 municipios tienen calificaciones de 10%.
Lo preocupante de la situación es que los resultados de la evaluación Cimtra, antes de hacerlos públicos, se les dan a conocer a las autoridades de los municipios, y no ha habido ni una sola voz que se pronuncie sobre alguna intención por mejorar.
Por eso creemos que uno de los factores relevantes para la transparencia y la rendición de cuentas en los municipios es precisamente la voluntad política de las autoridades municipales, sobre todo el presidente municipal. Sin ella, como hasta hoy ha sido el caso, no podrá haber ningún avance.
El otro factor que comentamos al principio es que las leyes relativas a esta materia realmente se apliquen. En Guerrero tenemos una Ley de Transparencia y Acceso a la Información que obliga a los ayuntamientos a transparentar 35 rubros de información;  la Ley Orgánica del Municipios Libre y la Ley de Participación Ciudadana, también establecen obligaciones muy claras para los ayuntamientos respecto de hacer pública su información.
En el plano federal, obviamente está el sexto constitucional, y las Leyes de Coordinación Fiscal y General de Desarrollo Social, principalmente. Es decir, hay un marco normativo suficiente en materia de transparencia y el acceso a la información para los municipios, sin embargo, curiosamente nadie lo cumple, ni los propios ayuntamientos ni las dependencias responsables de hacerlo valer. Ése es el otro problema grave.
El desinterés y la falta voluntad política para la transparencia y la rendición de cuentas es un problema que las y los ciudadanos organizados o no, deben abordar y considerar en sus agendas, simplemente porque tener acceso a la información pública gubernamental es un derecho que abre muchas posibilidades para el ejercicio de otros derechos. Es el espacio ciudadano desde donde se vislumbra la única posibilidad de lograr avances.
De todo. Datos del Instituto de Transparencia y Acceso a la información del estado de Guerrero señalan que 43 ayuntamientos (53%) no cumplieron su obligación de entregar un informe anual de las solicitudes de información que recibieron y el estado que guardan. También dice que los ayuntamientos obligados a tener página electrónica (los de más de 70 mil habitantes) para hacer transparente su quehacer, si están cumpliendo formalmente; lo que no menciona el ITAIG es que esas páginas no contienen la información pública obligatoria que exige la ley o ésta es parcial… Más para el pesimismo: La página electrónica de la Auditoría General del Estado informa que 26 ayuntamientos no han cumplido con la entrega de su cuenta pública de 2010, y otros 34 la presentaron fuera de tiempo. Algo hay que hacer urgentemente con los municipios.